25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/1

—

destaca la importancia de las regiones en la búsqueda de soluciones prácticas —y la necesidad de más ayudas en este sentido por parte de la UE y de los Estados miembros— para el uso complementario de las ayudas a la investigación e innovación y los Fondos Estructurales, al tratarse de un elemento central para hacer avanzar la dimensión de la investigación e innovación de la Estrategia de Lisboa renovada a nivel regional y local;

—

comparte la necesidad de desarrollar estrategias regionales de investigación e innovación (RTDI) y de reforzar la gobernanza regional en el ámbito de la investigación y la innovación, aumentando el sentido de responsabilidad de todas las partes interesadas y, especialmente, del sector privado;

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pide que se emprendan nuevas actividades en el ámbito de la UE para alentar las sinergias de la financiación comunitaria a la investigación y el desarrollo, por ejemplo concediendo prioridad a las aplicaciones del 7o PM y el PCI que revistan particular importancia para una estrategia de innovación regional, o dedicando una parte importante y creciente de los Fondos Estructurales a la investigación y la innovación;

—

subraya la necesidad de favorecer una combinación de políticas más sofisticada y un equilibrio entre el fomento de los actuales «polos de excelencia» y la creación de nuevos. Por consiguiente, si bien reconoce que el 7o PM pone de relieve el principio de excelencia, considera que el PCI y el propio 7o PM deberían revestir una dimensión territorial;

—

pide a la Comisión que garantice una coordinación eficaz de la financiación de las redes interregionales en virtud de los Fondos Estructurales, el 7o PM y el PCI en el ámbito de la investigación y la innovación, con inclusión de la difusión de los resultados y las buenas prácticas y una mayor interacción entre sus diferentes «comunidades».

Ponente

:

Jyrki MYLLYVIRTA (FI-PPE), Alcalde de la ciudad de Lahti

1.

acoge con especial satisfacción las conclusiones aprobadas por el Consejo de Competitividad celebrado el 25 de junio de 2007 sobre el tema «Un apoyo más eficaz a la investigación y la innovación: coordinación del uso del Programa marco de investigación y los Fondos Estructurales — Respuesta al informe CREST» (1), en las que el Consejo instaba a los Estados miembros y a las regiones a poner en práctica las directrices CREST de forma voluntaria y, en particular, instaba al CDR a hacer un seguimiento en la materia. Por su parte, el CDR pide al Consejo que examine de nuevo este asunto a la luz del presente dictamen del Comité de las Regiones;

2.

reconoce la necesidad de mejorar las sinergias entre las políticas de la UE en materia de cohesión, investigación e innovación en función de sus respectivos objetivos y, en particular, la necesidad de un uso eficaz y coordinado por parte de los Estados miembros y las regiones de sus instrumentos financieros. Como pone de manifiesto en su «Estudio sobre la capacidad estructural y la motivación de los entes locales y regionales en el ámbito de la I+D» (2), el CDR ha destacado en numerosos dictámenes la importancia de las regiones en la búsqueda de soluciones prácticas —y la necesidad de más ayudas en este sentido por parte de la UE y de los Estados miembros— para el uso complementario de las ayudas a la investigación y los Fondos Estructurales, en particular en los nuevos Estados miembros;

3.

está de acuerdo con el Consejo y la Comisión en que se trata de un elemento central para hacer avanzar la dimensión de la investigación e innovación de la Estrategia de Lisboa renovada a nivel regional y local, que permitirá mejorar los resultados en materia de investigación e innovación en las regiones de la UE. El CDR destaca que los institutos de investigación y sus formas de trabajar son versátiles, y que se puede generar conocimiento nuevo en cualquier institución, independientemente de su tamaño o tipo. Incluso las instituciones pequeñas pueden producir conocimientos de interés mundial en especialidades restringidas, en particular cuando forman parte de redes mundiales y colaboran con empresas basadas en el conocimiento;

4.

acoge favorablemente, en consonancia con las sugerencias del estudio del CDR en la materia al cual se remite, el mayor potencial en la concepción del 7o Programa Marco de Investigación y Desarrollo (7o PM), los Fondos Estructurales, el Programa para la Competitividad y la Innovación (PCI) y el Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (FEADER), porque favorecen un uso más coordinado por parte de las regiones para fomentar la investigación y la innovación. Gracias en particular a un marco temporal común y a un aumento de los recursos es posible obtener importantes resultados a través de mayores sinergias. El 7o Programa Marco está dotado en la actualidad de un presupuesto de 54 000 millones de euros para el período 2007-2013 destinado a la investigación y la innovación; se ha reservado asimismo aproximadamente el 10 % de esta cantidad, equivalente a unos 45 000 millones de euros, en los Fondos Estructurales. Además, dispone de una cantidad similar procedente de la cofinanciación nacional. Ello demuestra la importancia y el potencial de los Fondos Estructurales en relación con el presupuesto total del 7o PM;

5.

dado que las conclusiones del Consejo y las directrices CREST se centran únicamente en el uso coordinado de los Fondos Estructurales y el 7o PM, el CDR manifiesta su deseo de que se amplíe la perspectiva, como de hecho se sugiere en la Comunicación de la Comisión en la materia, y se considere el potencial del Programa para la Competitividad y la Innovación y, en cierta medida, también del Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural;

6.

recuerda que la Estrategia de Lisboa renovada en 2005 situó la investigación y la innovación, vectores considerados esenciales del crecimiento y la competitividad, en el centro de la política europea en la materia y considera que la «Estrategia de la innovación de amplia base para Europa», respaldada por la cumbre informal de Lahti en octubre de 2006, es un importante paso adelante a este respecto. Con el fin de respaldar nuevas inversiones en la investigación y la innovación en las regiones de la UE, el CDR pide al Consejo Europeo de primavera de 2008 que refuerce la dimensión de investigación e innovación de la nueva generación de directrices integradas para el crecimiento y el empleo en el marco del ciclo de gobernanza de la Estrategia de Lisboa 2008-2011;

7.

conviene en que es necesaria una evaluación más detallada de la cobertura territorial de las posibles sinergias. Ello implica reforzar el análisis a nivel regional del potencial y las necesidades de investigación e innovación, principalmente mediante la mejora de los datos estadísticos y cualitativos disponibles a través de, por ejemplo, iniciativas comunitarias, como la base de datos Cifras Clave Regionales o los sistemas de seguimiento de las políticas, como el Esquema Orientativo de la Innovación y Erawatch, que están siendo ampliados a nivel regional;

8.

propone que los estudios de evaluación intermedia y ex-post de los instrumentos financieros de la UE incluyan un examen relativo a la interdependencia con otros instrumentos, con el fin de generar sinergias que permitan sostener la investigación y la innovación en la regiones de la UE;

9.

destaca que el proceso destinado a aumentar el potencial de investigación e innovación en Europa para conseguir una ventaja competitiva sostenible solo se puede conseguir con la participación de las ciudades y las autoridades regionales. Gracias a su proximidad física, son los principales catalizadores del conocimiento y la innovación en Europa. Un número creciente de regiones europeas está haciendo de la investigación y la innovación una prioridad máxima de su financiación pública;

10.

destaca que se necesitan acciones adicionales con el fin de alcanzar los objetivos ambiciosos de la Estrategia de Lisboa renovada y el objetivo de Barcelona de utilizar al menos un 3 % del PIB de la UE en I+D de aquí a 2010 —sabiendo que dos tercios de las inversiones deben proceder del sector privado— y garantizar la cohesión económica y social en la UE. Reitera que solo se puede aumentar la capacidad de investigación e innovación de las regiones europeas gracias a un compromiso compartido y acciones coordinadas por parte de los Estados miembros, la UE y las regiones. La financiación comunitaria siempre representa una pequeña proporción del gasto público total en investigación e innovación y es importante que la política comunitaria fomente el aumento y la coordinación de las inversiones de los Estados miembros. Además de la contribución pública, la UE necesita, en particular, un mayor compromiso del sector privado;

11.

desea que se garantice un uso coordinado del 7o PM, los Fondos Estructurales y el PCI, pues es esencial para la competitividad de la UE y la sinergia mutua entre la política de cohesión, la política de investigación y la política de innovación a escala nacional y regional. El desarrollo de las zonas rurales es también parte inherente del desarrollo regional y debe sincronizarse con otras políticas, incluidas las políticas de investigación e innovación;

12.

considera que el 7o PM, que refuerza la competitividad de Europa, desempeña una función crucial en la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación, pero al mismo tiempo debe complementar el trabajo de investigación nacional y respaldar de forma prioritaria los proyectos que no se pueden realizar a nivel nacional. La puesta en común de los recursos de varios Estados miembros puede favorecer tanto los intereses europeos como los nacionales;

13.

se congratula de que el 7o PM refuerce la dimensión regional del respaldo de la UE a la investigación mediante iniciativas como «Regiones del Conocimiento 2» y «Potencial de investigación». No obstante, el volumen de estas iniciativas específicas es demasiado limitado, por lo que el CDR recomienda su desarrollo, y pide a la Comisión que proporcione también a las autoridades regionales una distribución regional de la financiación del 7o PM;

14.

reitera su opinión manifestada en un dictamen anterior sobre el Instituto Europeo de Tecnología (IET), según la cual es necesario garantizar la integración y posibilidades de participación de las regiones y de las PYME, incluso en los proyectos de cooperación comunitarios de gran envergadura como el IET; por ejemplo, el concepto del IET de las «comunidades de conocimiento e innovación» debería emplearse para establecer vínculos con la industria y los entes locales y regionales;

15.

comparte el énfasis que pone el CREST en la necesidad de desarrollar estrategias de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (RTDI) y reforzar la gobernanza regional en el ámbito de la investigación y la innovación. Una parte importante a este respecto consiste en desarrollar una estrategia específica para combinar la utilización del 7o PM y los Fondos Estructurales con el fin de desarrollar una estrategia de investigación e innovación. Se debe tener en cuenta la necesidad de un apoyo coordinado en una fase temprana de la planificación, por ejemplo a través de un enfoque de abajo arriba, para establecer los objetivos estratégicos de investigación e innovación en los programas operativos. A tal fin, se podría prever una reserva de financiación en los programas operativos, como ocurre en algunas regiones de la UE;

16.

observa que la coordinación de los principales instrumentos comunitarios, como el 7o PM, los Fondos Estructurales y el PCI, no es una simple cuestión de intenciones políticas, sino también un reto en términos de coherencia política. Garantizar la coherencia política en el caso de los programas a varios niveles y multilaterales requiere la existencia de un sistema eficaz de gobernanza a múltiples niveles;

17.

considera que, para fomentar la competitividad internacional de Europa, el PCI debería centrarse en la fase de innovación y de reproducción, mientras que el 7o PM debería prestar más atención a la fase de investigación y desarrollo. Ello debería evitar déficits de financiación entre la investigación, el desarrollo y su aplicación;

18.

sugiere, tal como recomienda en su estudio, considerar una prioridad específica las aplicaciones del 7o PM y el PCI que resulten importantes para la innovación regional. Una opción podría ser conceder prioridad a las aplicaciones del 7o PM y el PCI que revistan particular importancia para una estrategia de innovación regional, siempre y cuando cumplan los criterios de una investigación de calidad;

19.

pide a la Comisión que ponga mayor énfasis en la posibilidad de utilizar los Fondos Estructurales para invertir en investigación e innovación. El CDR reconoce la necesidad de dedicar una parte importante y creciente de los Fondos Estructurales a la investigación y la innovación, como se ha hecho con los programas de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013 en el marco de la Estrategia de Lisboa, y de seguir, por ejemplo, la recomendación del informe Aho titulado «Crear una Europa innovadora», respaldada por el Comité consultivo EURAB, de destinar al menos un 20 % de la inversión a la innovación y el conocimiento en los futuros programas de los Fondos Estructurales, a condición de que sean parte integrante del proceso de puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa en la Unión Europea;

20.

propone que se introduzcan nuevos incentivos en el marco de los Fondos Estructurales para sostener la investigación y la innovación. Tales incentivos podrían incluir unos porcentajes de financiación diferenciada que favorezcan la inversión en proyectos de investigación e innovación y la reducción de la contribución (por ejemplo un 10 %) de los beneficiarios nacionales o regionales, con el fin de tener en cuenta los supuestos riesgos y la amortización a largo plazo, que caracteriza a numerosas actividades de investigación e innovación, en particular las que exigen la creación de nueva infraestructura;

21.

destaca la función especial que desempeña la política de cohesión en el fomento de la actividad de innovación y la posibilidad de utilizar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para financiar los viveros de empresas y los parques científicos (infraestructura y conexiones). Se trata de importantes formas de difundir el conocimiento destinado a los mercados y contribuir a establecer conexiones entre las PYME y las universidades. Por su parte, el Fondo Social Europeo (FSE) puede prestar un apoyo financiero para el desarrollo de competencias (formación, servicios de orientación, etc.), así como para el desarrollo y la modernización de las estructuras y los sistemas educativos. Durante el período de programación 2007-2013 se hará más hincapié que en períodos anteriores en el refuerzo de la investigación y la innovación mediante la transferencia de conocimientos;

22.

destaca la importancia de la comunicación y la explotación de conocimientos y señala que el conocimiento debería transmitirse de modo que pueda formar parte de la actividad de producción. Las soluciones y los métodos desarrollados deben estar abiertos a todos, en particular a las PYME en las zonas en las que no existan institutos de investigación de alto nivel o universidades. En la práctica, esto se podría hacer en el marco de las agrupaciones regionales. Se debería considerar la posibilidad de un uso más extenso en Europa de las denominadas «oficinas de agrupación» (cluster offices), instauradas en algunos países para facilitar la difusión de conocimientos;

23.

acoge con particular satisfacción las recomendaciones del CREST encaminadas a aumentar las competencias de las PYME en el ámbito de la investigación y desarrollar su capacidad para utilizar los conocimientos generados en otros ámbitos. Señala, no obstante, que la aplicación de las directrices del CREST en las regiones sólo podrá hacerse con carácter voluntario, ya que la programación conjunta de los programas (por parte de la Comisión y de las regiones) ya está cerrada. Los Fondos Estructurales deberían utilizarse para las actividades de puesta en red, la formación y la cualificación de las PYME, con el fin de que puedan participar en el 7o PM y para establecer conexiones internacionales y transnacionales. El PCI debería utilizarse para ayudar a las PYME a superar un posible desfase en la fase de innovación;

24.

subraya la importancia de una actividad descentralizada en el ámbito de la innovación, también en las ciudades y las regiones más pequeñas. Las redes de centros de competencia coordinados a nivel nacional (como en Finlandia) o regional son un ejemplo de un sistema que combina el potencial y los recursos locales y regionales en materia de investigación y empresas con las políticas y la financiación a nivel nacional y comunitario. Los centros de conocimiento forman agrupaciones en sus respectivos ámbitos de especialidad y participan en redes internacionales;

25.

hace hincapié en la función clave que desempeñan las estrategias regionales en materia de investigación e innovación para vincular a las diferentes partes interesadas de una región con la estrategia. Como se destaca en el estudio del CDR, estas estrategias pueden fortalecer las instituciones de investigación situándolas en entornos innovadores, aumentar el sentido de responsabilidad de todas las partes interesadas y, por consiguiente, garantizar un sistema de investigación e innovación regional más fuerte. Es esencial que los diferentes programas disponibles garanticen su apoyo en las distintas fases de creación de una nueva infraestructura de investigación;

26.

destaca la importancia de adoptar un enfoque centrado en las estrategias regionales de investigación e innovación que incluya la identificación de proyectos emblemáticos. A tal fin, se deben adoptar diferentes enfoques de forma equilibrada. Uno de estos enfoques, recomendado por el CREST, consiste en seleccionar prioridades a nivel regional que sean complementarias de las del 7o PM y el PCI, con el fin de incrementar las posibilidades de vincular los sistemas regionales de investigación e innovación con la financiación de la UE;

27.

reconoce las diferentes opciones que ofrecen en la actualidad los Fondos Estructurales y el 7o PM, tanto para sostener unos sistemas eficientes en materia de educación y formación para investigadores y empresas en las regiones de la UE, como para crear o potenciar las infraestructuras de investigación e innovación; en este contexto, suscribe la recomendación formulada por el CREST de obtener el máximo beneficio. El CDR acoge favorablemente la iniciativa del Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI) de elaborar un análisis a principios de 2008 sobre los aspectos regionales de las infraestructuras paneuropeas de investigación y pide, en particular, que los nuevos Estados miembros participen en esta acción;

28.

reitera su petición de fondos comunes para la investigación y la innovación como nuevas formas de cooperación institucional entre el sector público y el privado a nivel local y regional, y subraya que el desarrollo de las capacidades en el ámbito de la investigación y la innovación es una tarea constante;

29.

comparte, en relación con el análisis de la Comisión, la preocupación de que la inversión comunitaria en investigación y las actividades de investigación se concentran en muy amplia medida en unas pocas regiones. El CDR observa con preocupación que el gasto en investigación y desarrollo en más de 100 regiones europeas está por debajo del 1 % del PNB;

30.

subraya que la políticas europeas de investigación, innovación y cohesión deberían perseguir objetivos complementarios y colaborar con el fin de mejorar la investigación y el desarrollo en Europa. Esto implica el continuo desafío de alcanzar un apoyo equilibrado entre la excelencia y la cohesión. Dado que la investigación y la innovación son esenciales para el crecimiento, la UE debería favorecer una combinación de políticas más sofisticada y un equilibrio entre el fomento de los actuales «polos de excelencia» y la creación de nuevos;

31.

reitera su petición de que en los Fondos Estructurales se aumente el porcentaje de recursos destinados a la inversión en actividades públicas de investigación e innovación de gran calidad en las regiones de la UE, en virtud del objetivo de convergencia o del objetivo de competitividad regional y de empleo. Reconoce que la política de cohesión persigue un enfoque integrado y, por tanto, la investigación no debe considerarse de forma aislada, sino en conexión con la innovación;

32.

destaca que, a pesar de que el 7o PM y el PCI no son instrumentos de cohesión como tales, inevitablemente influyen en la cohesión. El CDR ha pedido en ocasiones anteriores que se tenga en cuenta el objetivo de cohesión en todas las políticas sectoriales europeas. Por consiguiente, si bien reconoce que el 7o PM pone de relieve el principio de excelencia, considera que merecería la pena plantearse si el PCI y el propio 7o PM deberían revestir una dimensión territorial;

33.

acoge favorablemente las recomendaciones del CREST sobre la manera en que las regiones pueden hacer el mejor uso posible de los Fondos Estructurales y del 7o PM, con el fin de orientar sus sistemas de investigación e innovación a la excelencia y la obtención del nivel de competitividad necesario a nivel europeo o internacional. Ello incluye la mejora de las redes regionales entre los institutos de investigación, las universidades, las PYME y otros operadores relevantes para la creación de agrupaciones, plataformas y polos tecnológicos regionales. Es necesario ayudar a estas redes a que entren en contacto con proyectos y programas europeos de colaboración en el ámbito de la investigación y la innovación, por ejemplo ERA-Net y las plataformas tecnológicas europeas, así como con redes internacionales de investigadores y empresas activas en el sector;

34.

pide a este respecto a la Comisión Europea que prosiga con sus acciones en este ámbito, por ejemplo las «Regiones del conocimiento», previstas en el 7o PM, «Las regiones, por el cambio económico», prevista en el FEDER, e «Innova-Inno», en el PCI. El CDR destaca asimismo que los Fondos Estructurales deberían desempeñar una función de apoyo para aumentar la capacidad científica, tecnológica, empresarial y de gestión de los operadores locales y regionales, en particular las PYME, para que puedan participar en los proyectos del 7o PM y el PCI;

35.

insta, como ya mencionaba en su estudio, a que se dé un giro importante en la utilización de la financiación comunitaria, especialmente de los Fondos Estructurales por parte de las regiones, sobre todo para fomentar la demanda de investigación e innovación, impulsando una innovación abierta y orientada hacia el usuario como un potencial regional. La ausencia de unos mecanismos de absorción que permitan aprovechar la base de conocimientos global es el principal obstáculo que impide a las regiones beneficiarse de una innovación abierta;

36.

toma nota de las críticas relativas a los solapamientos en el apoyo a las infraestructuras de investigación con arreglo a los Fondos Estructurales y al 7o PM, y a este respecto subraya la necesidad de una coordinación más eficaz y un enfoque centrado en la inversión en infraestructuras de I+D basándose en esos dos instrumentos comunitarios, con el fin de equilibrar el enfoque entre cohesión y excelencia y de prestar un apoyo adecuado a las diferentes fases de creación de una infraestructura;

37.

recuerda en este contexto la opinión del CDR según la cual el concepto de «excelencia» en el ámbito del Espacio Europeo de Investigación y la financiación de la investigación europea y nacional también deben tener en cuenta los centros de investigación de menor tamaño y altamente especializados y a los operadores que realizan actividades de investigación menos intensivas. Estos últimos son esenciales para la aplicación de la innovación y el desarrollo de conocimientos de interés mundial en sectores reducidos de especialización. La investigación no debería concentrarse únicamente en la alta tecnología, pues la investigación en el ámbito de las tecnologías menos avanzadas puede resultar importantísima para la innovación y el desarrollo en las regiones;

38.

considera que el uso de la financiación comunitaria para orientar los sistemas de investigación e innovación hacia la excelencia es un reto crucial para las regiones con arreglo al objetivo de «competitividad regional y empleo» de los Fondos Estructurales. Las regiones no pueden estar plenamente seguras de recibir fondos del 7o PM y, por otra parte, disponen de muchos menos recursos con cargo a los Fondos Estructurales que en períodos anteriores;

39.

hace hincapié en la importancia de las acciones previstas por la Comisión Europea con el fin de:

40.

subraya la importancia de utilizar los nuevos programas de cooperación y comunicación con arreglo a los Fondos Estructurales y los programas Interreg IV C y Urbact. Estos programas permiten difundir las ventajas a través de la iniciativa y las actividades de puesta en red en el marco de «Las regiones, por el cambio económico», y ello incluso directamente de una región a otra que pueda y quiera beneficiarse de los resultados obtenidos por una región más avanzada gracias al éxito de un proyecto;

41.

insta a la Comisión a que garantice una coordinación eficaz de la financiación de las redes interregionales en virtud de los Fondos Estructurales, el 7o PM y el PCI en el ámbito de la investigación y la innovación, con inclusión de la difusión de los resultados y las buenas prácticas y una mayor interacción entre sus diferentes «comunidades».

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/7

—

atribuye gran importancia al papel desempeñado por las ciencias de la vida y la biotecnología en la competitividad internacional y el desarrollo sostenible de la UE. Se declara dispuesto a hacer todo lo necesario para contribuir eficazmente al éxito de la estrategia de la UE al nivel regional. A tal fin será preciso sopesar las posibilidades y riesgos, y evaluar las ventajas que tendrá para el ciudadano cada medida individual de la estrategia;

—

destaca el papel clave de las ciudades y regiones con vistas a aglutinar capacidades y reforzar su competitividad en el contexto internacional mediante la cooperación regional y transfronteriza, la creación y agrupación de proyectos biotecnológicos regionales y la reagrupación de investigadores, industrias e inversores;

—

insta a las ciudades y regiones a respaldar la transferencia tecnológica y la innovación de la ciencia básica a la industria. Las ciudades y regiones deberán mejorar en la medida de sus posibilidades la asignación de capital riesgo, también el destinado a la cooperación transfronteriza, y respaldarán a los usuarios en el registro de patentes de invenciones biotecnológicas, así como en la utilización de esas patentes. Las instituciones financieras a escala regional y nacional, y también en particular a escala de la UE, deberían elaborar programas de ayuda en los que se prevea un reparto de los riesgos que afrontan las PYME en el sector de la biotecnología;

—

propone, por tanto, que se realicen debates sociales bien informados sobre las ventajas y los riesgos de las ciencias de la vida y la biotecnología. Muchas ciudades y regiones ya están respaldando, en la medida de sus capacidades, campañas informativas para la opinión pública sobre los fundamentos científicos, los métodos y los ámbitos de aplicación de la biotecnología, así como las exigencias jurídicas y los aspectos éticos asociados a ese sector. Es preciso seguir aplicando con determinación estas iniciativas en las que también deberán aportar su contribución los sectores de la investigación, la industria y la administración.

Ponente

:

Karl DÖHLER (DE/PPE), Miembro del Parlamento del Estado federado de Baviera

1.

atribuye gran importancia al papel desempeñado por las ciencias de la vida y la biotecnología en la competitividad internacional y el desarrollo sostenible de la UE. Entre sus principales campos de aplicación cabe destacar el sector de la medicina y farmacológico, la transformación industrial y la producción primaria (prioritariamente, alimentos y piensos, y también materias primas renovables y energías alternativas). Así se consiguen nuevas soluciones para resolver los problemas urgentes que surgen en la sanidad, el envejecimiento demográfico, la alimentación de una población mundial creciente, el suministro de energía y el calentamiento climático;

2.

comparte la opinión de la Comisión Europea de que las ciencias de la vida y la biotecnología contribuyen de manera considerable a cumplir los objetivos fundamentales de las políticas de la UE, como la salud y el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la creación de empleo; por este motivo, acoge con agrado la estrategia de la Comisión Europea para fomentar las ciencias de la vida y la biotecnología y reconoce los buenos resultados conseguidos con la aplicación de la estrategia;

3.

destaca que el recurso a la biotecnología tiene que ir acompañado de un amplio debate social sobre los riesgos y ventajas que entraña, incluidas las cuestiones éticas, para mejorar la aceptación de estas tecnologías en la opinión pública; para ello es indispensable que se transmitan conocimientos sobre los fundamentos científicos;

4.

acoge con satisfacción la creación de redes europeas de regiones y agrupaciones activas en el ámbito de la biotecnología y de las ciencias de la vida, y pide a la Comisión Europea que las apoye, con el fin de estimular el intercambio de experiencias, la elaboración conjunta de proyectos y el posicionamiento común en el proceso político europeo;

5.

es consciente de que las ciudades y regiones tienen una influencia determinante en la promoción de las ciencias de la vida y la biotecnología. En comparación con el resto de los países, las agrupaciones biotecnológicas europeas son relativamente pequeñas; por consiguiente, su integración en una red tiene una importancia decisiva para la competitividad. La creación de agrupaciones, la reagrupación de investigadores, industrias e inversores, la difusión de los avances tecnológicos a la opinión pública y la cooperación regional y transfronteriza, así como la agrupación de proyectos biotecnológicos regionales, dependen del apoyo de las ciudades y regiones con vistas a aglutinar capacidades y reforzar su competitividad en el contexto internacional;

6.

reconoce que es necesario seguir llevando a cabo con determinación muchas acciones y se declara dispuesto a hacer todo lo necesario para contribuir eficazmente a ello al nivel regional. A tal fin será preciso sopesar las posibilidades y riesgos, y evaluar las ventajas que tendrá para el ciudadano cada medida individual de la estrategia;

7.

destaca que las ciudades y regiones contribuyen en la medida de sus posibilidades a fomentar la investigación y el desarrollo del mercado de las aplicaciones de las ciencias de la vida y de la biotecnología, así como de la bioeconomía europea basada en el conocimiento. Exhorta a las ciudades y regiones a que contribuyan a familiarizar a los usuarios con el marco reglamentario y los procedimientos administrativos vigentes en el ámbito de la biotecnología. Para mejorar la coordinación de la investigación, la Comisión Europea no sólo debería colaborar con los Estados miembros, sino que además debería crear plataformas regionales o, si fuese necesario, incorporar directamente a agrupaciones regionales en los trabajos de la Comisión;

8.

respalda la promoción de la competitividad, la transferencia tecnológica y la innovación de la ciencia a la industria: es preciso reforzar el sentimiento de que los resultados de la investigación tienen un potencial comercial; es necesario fomentar la creación de empresas y los intercambios entre la investigación y la industria. Las ciudades y regiones mejorarán en la medida de sus posibilidades la asignación de capital riesgo, también el destinado a la cooperación transfronteriza, y respaldarán a los usuarios en el registro de patentes de invenciones biotecnológicas, así como en la utilización de esas patentes. Las instituciones financieras a escala regional y nacional, y también en particular a escala de la UE, deberían elaborar programas de ayuda en los que se prevea un reparto de los riesgos que afrontan las PYME en el sector de la biotecnología;

9.

estima necesario mejorar la situación del mercado laboral ayudando a encontrar empleo y fomentando medidas de formación y perfeccionamiento de la mano de obra. Sería preciso atraer a los científicos y otros perfiles profesionales necesarios para el desarrollo de empresas biotecnológicas y evitar la emigración de los trabajadores y, en caso necesario, recuperar trabajadores altamente cualificados que puedan haberse formado o adquirido experiencia profesional fuera de Europa, proporcionándoles condiciones atractivas;

10.

señala que la biotecnología ofrece, gracias a sus aplicaciones en el ámbito de la salud y en los productos alimentarios y los piensos, alternativas con buenas perspectivas de futuro en la industria química. Actualmente, el 85 % de la demanda mundial de enzimas se produce en Europa. Los procedimientos enzimáticos y biocatalíticos auguran importantes ahorros de recursos y energía, y ofrecen, por lo tanto, enfoques innovadores para una organización sostenible de la economía;

11.

es consciente de la postura crítica de la opinión pública, sobre todo frente a las aplicaciones biotecnológicas en el sector de los alimentos y de los piensos. El actual rechazo generalizado de la tecnología genética en la agricultura por parte de la mayoría de los consumidores se ve contrarrestado, no obstante, con una actitud claramente positiva entre la opinión pública al comprobar las ventajas sanitarias y ecológicas del producto;

12.

propone, por tanto, que se realicen debates sociales bien informados sobre las ventajas y los riesgos de las ciencias de la vida y la biotecnología. Muchas ciudades y regiones ya están respaldando, en la medida de sus capacidades, campañas informativas para la opinión pública sobre los fundamentos científicos, los métodos y los ámbitos de aplicación de la biotecnología, así como las exigencias jurídicas y los aspectos éticos asociados a ese sector. Es preciso seguir aplicando con determinación estas iniciativas;

13.

pide a los investigadores, a la industria y a la administración que contribuyan a este objetivo; todos los grupos relevantes de partes interesadas deben incorporarse conjuntamente a un foro que les permita participar en el diálogo. Las ciudades y regiones deberían respaldar más los proyectos de investigación sobre las cuestiones socioeconómicas y éticas de la biotecnología y apoyar la difusión de los resultados de esas investigaciones. Deberían crear redes de expertos que puedan pronunciarse de manera específica sobre las cuestiones pertinentes de seguridad, socioeconómicas y éticas. Las ciudades y regiones pueden respaldar procedimientos racionales, científicos y transparentes de decisión para la autorización de productos;

14.

pide a la Comisión Europea que, con motivo de la aprobación de proyectos del séptimo programa marco de investigación, conceda mayor importancia a la fase de difusión profesional a la opinión pública de los resultados de la investigación; en lo que se refiere al contenido de la investigación; en lo que se refiere al contenido de la investigación, convendría también seguir desarrollando proyectos dedicados a las aplicaciones de la tecnología genética en la agricultura, la investigación de los riesgos y las cuestiones medioambientales y económicas en este sector;

15.

comparte la opinión de la Comisión Europea sobre la importancia de la biotecnología aplicada a la asistencia médica desde el punto de vista económico y de la salud pública. Expresa su apoyo a un continuo progreso en la simplificación y clarificación legislativa en este sector, ya que los rápidos avances tecnológicos han frenado el progreso de este sector como resultado de la inseguridad jurídica. Sería recomendable la elaboración de directrices y recomendaciones internacionales encaminadas a eliminar las barreras y facilitar el desarrollo de estas aplicaciones;

16.

considera igualmente que la biotecnología moderna puede contribuir al crecimiento sostenible de la agricultura. Apoya la postura de la Comisión Europea, según la cual debe ser posible defender la coexistencia en condiciones de igualdad de todos los tipos de agricultura, incluidos los cultivos modificados genéticamente, tradicionales y ecológicos. Señala, no obstante, que las condiciones topográficas, climáticas o derivadas de las estructuras agrarias pueden hacer imposible la coexistencia a nivel regional de formas de producción agrícola convencionales y ecológicas, por una parte, y, por otra, del uso agrícola de plantas modificadas genéticamente. Los consumidores, debidamente informados, deberían ser los que decidan sobre el éxito que tendrán los productos de la biotecnología moderna en el mercado. Así pues, algunas ciudades y regiones considerarán que existen ventajas asociadas a la utilización de la biotecnología agrícola, mientras que otras regiones utilizarán métodos de cultivo tradicionales o ecológicos;

17.

considera que la coexistencia de las distintas prácticas agrícolas reviste una importancia decisiva, no sólo en términos de buenas prácticas agrícolas, sino también con vistas a establecer una información, coordinación y cooperación tolerante y fiable entre los agricultores con explotaciones colindantes. El Comité pide a la Comisión Europea que elabore directrices para la coexistencia y establezca cuanto antes límites máximos factibles para los etiquetados de semillas que contengan rastros de organismos modificados genéticamente (OMG). También será preciso encontrar una solución para organismos que todavía no hayan sido autorizados en la UE, pero que ya lo hayan sido en otros países y declarados seguros según criterios comparables;

18.

considera prioritario investigar medidas adecuadas de prácticas agrícolas para garantizar la agricultura tradicional y ecológica, su coexistencia sostenible con cultivos modificados genéticamente, posibles repercusiones a largo plazo de los OMG, así como beneficios y riesgos de los OMG que se cultiven como materia prima renovable destinada a ser utilizada en los procedimientos industriales. Es partidario de que se adopte un programa de acción encaminado a conservar, caracterizar, recolectar y utilizar los recursos genéticos en la agricultura de la UE;

19.

acoge con satisfacción el marco jurídico existente en el sector de las ciencias de la vida y la biotecnología, pero señala que se siguen precisando medidas para mejorar la coherencia entre los distintos ámbitos jurídicos, por ejemplo en las reglamentaciones sobre la protección de la propiedad intelectual. Además, con vistas a la competitividad de la UE en el sector de la biotecnología, se deberían examinar posibilidades de adaptación del marco jurídico al nivel internacional general. Las ciudades y regiones se comprometen, en el marco de sus competencias, a aplicar de manera uniforme el derecho comunitario; a estos efectos, debería producirse un intercambio interregional e internacional;

20.

considera necesario mejorar el estado actual de conocimientos en el sector de las ciencias de la vida, en particular respecto a la formación y perfeccionamiento de los trabajadores y enseñantes. Convendría fomentar un diálogo interdisciplinario entre los científicos;

21.

recomienda clarificar la legislación sobre la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la investigación pública e informar a los universitarios sobre la importancia que tiene la aplicación comercial de los resultados de la investigación. Para ello también será preciso fomentar el diálogo internacional;

22.

considera necesario mejorar el capital de base de la industria biotecnológica, en especial de las PYME, a través de inversiones en la investigación y el desarrollo tecnológico y en la creación de empresas, a través del fomento de la transferencia de tecnologías y a través de la financiación comercial de empresas. El desarrollo de la industria de la biotecnología en Europa debe continuar apoyándose en criterios uniformes;

23.

apoya que la Comisión Europea identifique los bioproductos como un mercado líder en su iniciativa de mercado líder («Lead Market») y pide a la Comisión Europea que, al elaborar sus medidas para promocionar y fortalecer esos mercados líderes, tenga en cuenta el potencial existente en las regiones europeas;

24.

pide que se intensifiquen los esfuerzos en materia de apertura y transparencia de las plataformas tecnológicas activas europeas en los ámbitos de las ciencias de la vida y de la biotecnología, para que, además de la industria y de las comunidades de investigadores, puedan participar otras partes interesadas, como los entes locales y regionales y, en particular, las PYME;

25.

respalda, con vistas a la coordinación de los programas de investigación nacionales y regionales, una mayor participación de las regiones con un sector desarrollado de biotecnología en la iniciativa ERA-Net del séptimo programa marco de investigación;

26.

acoge con agrado la consolidación del papel desempeñado por el Grupo Europeo sobre la Ética. Se debería fomentar la cooperación entre la Unión Europea y los niveles nacional y regional para el análisis de cuestiones éticas y socioeconómicas. Su función debería ser desarrollar directrices éticas, por ejemplo para la investigación de las células madre, los biobancos, los xenotrasplantes, las pruebas genéticas y los experimentos con animales;

27.

apoya que se sigan aplicando medidas relativas a los materiales de referencia y la validación de los métodos de detección y se pronuncia a favor de que se desarrollen métodos para el seguimiento de las repercusiones nocivas de organismos, alimentos y piensos modificados genéticamente. Aplaude el papel líder desempeñado por la Comisión Europea en la elaboración de directrices, normas y recomendaciones internacionales, en particular en el ámbito de la seguridad de los alimentos;

28.

declara estar dispuesto, en colaboración con la Comisión Europea y los Estados miembros, a revisar la política de investigación con vistas a establecer una combinación adecuada de técnicas tradicionales y modernas. Se propone contribuir a la organización de cooperaciones eficaces de investigación entre países en vías de desarrollo y la UE. También se deberá prestar apoyo a organizaciones subregionales, regionales e internacionales, en particular los centros internacionales de investigación agraria;

29.

acoge favorablemente las actividades de la Comisión Europea encaminadas a lograr una utilización segura y eficaz de la biotecnología moderna en los países en desarrollo y a apoyar sus capacidades de evaluación y gestión de los riesgos. Junto con la comunidad internacional, se deben concretar las medidas de investigación para combatir el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades asociadas a la pobreza. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión Europea y los Estados miembros para respaldar la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos en los países en desarrollo;

30.

pide que se refuerce la función prospectiva de todos los servicios de la Comisión Europea, en particular desde el punto de vista tecnológico, para identificar en fase temprana los nuevos problemas que puedan surgir. Es preciso analizar la pertinencia, coherencia y eficacia de la legislación y la política, su aplicación y sus repercusiones sociales y económicas.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/11

—

hace hincapié en la considerable contribución económica que las actividades de voluntariado aportan a las economías locales, regionales, nacionales y de la UE a través de: a) los recursos humanos complementarios que aportan a la actividad socioeconómica; y b) la creación de capital social y una mejor calidad de vida, que puede constituir un factor decisivo para la inversión y la creación de empleo;

—

hace hincapié, sin embargo, en que el voluntariado no debería percibirse en ningún contexto como una alternativa o sustitutivo del personal contratado;

—

insta a los Estados miembros a recabar datos estadísticos precisos acerca de la intervención del voluntariado también a nivel local y regional para apoyar el desarrollo de iniciativas apropiadas a ambos niveles;

—

considera que se debería prestar una mayor atención a las cuestiones relativas al estatus jurídico del voluntariado y recomienda que, cuando proceda, se conceda al voluntariado un estatus jurídico claramente definido y compatible en todos los Estados miembros de la UE en lo que se refiere a los desplazamientos transfronterizos por razones de voluntariado;

—

considera que el voluntariado reviste una importante dimensión comunitaria y, por lo tanto, desearía un planteamiento político más coherente y global, en particular:

Ponente

:

Sr. MCDONNELL (IE/ALDE), Miembro del Ayuntamiento de Galway y del Ente Regional del Oeste

1.

considera que el voluntariado, a los fines de este dictamen, presenta tres características definitorias: no es una actividad lucrativa, se realiza por voluntad propia y redunda en beneficio de alguien distinto al propio voluntario o su familia. Estas características abarcan un amplio espectro de actividades de voluntariado: formales o informales, por periodos cortos o largos, de tiempo parcial o de plena dedicación (por ejemplo, el servicio voluntario);

2.

reconoce que el voluntariado constituye un elemento clave de la ciudadanía activa y la democracia a todos los niveles, ya que las personas comprometidas en actividades de voluntariado trabajan directa o indirectamente por mejorar la sociedad para todos a nivel local, regional y nacional;

3.

reconoce que los grupos excluidos socialmente son menos propicios a realizar actividades de voluntariado y que es importante que se les anime a participar y se sientan necesarios como voluntarios;

4.

reconoce el papel que el voluntariado desempeña en el desarrollo de países en todo el mundo y la considerable importancia del voluntariado para la reducción de la pobreza mundial y el fomento del diálogo internacional;

5.

reconoce el papel que el voluntariado puede desempeñar a nivel local, nacional e internacional a la hora de abordar asuntos relativos al cambio climático y, además, contribuir a la protección civil, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y la mejor integración de las personas discapacitadas y los inmigrantes;

6.

hace hincapié en la considerable contribución económica que las actividades de voluntariado aportan a las economías locales, regionales, nacionales y de la UE a través de: a) los recursos humanos complementarios que aportan a la actividad socioeconómica (1), y b) la creación de capital social y una mejor calidad de vida, que puede constituir un factor decisivo para la inversión y la creación de empleo. La investigación demuestra que el capital social está positiva y directamente relacionado con los niveles de crecimiento de las regiones europeas (2). Asimismo, acepta plenamente que también se considere que el capital social «refuerza a ambas partes y produce efectos beneficiosos en el crecimiento económico, así como en otros ámbitos fundamentales, como el control social, la inclusión, la sanidad, la gobernanza, las instituciones y la capacitación democrática» (3);

7.

subraya los beneficios que reporta el voluntariado a la empleabilidad de una persona mediante la participación en un sistema de servicios voluntario (4). El CDR estima, además, que los grupos más vulnerables de la sociedad (inmigrantes, minorías, desempleados, personas sin hogar, adictas a sustancias o que han abandonado el sistema escolar) tienen de este modo la posibilidad de transformar sus vidas, participar activamente en la sociedad a través de capacidades y competencias adquiridas, acceder a empleos mejor remunerados o volver a recibir una educación. Gracias a esta oportunidad, personas de todos los orígenes sociales contribuyen juntos al bien común, además de a la cohesión social, la diversidad y el respeto;

8.

subraya el «valor añadido» que puede aportar el voluntariado a las actividades de apoyo social, como proyectos de ofrecimiento para personas con discapacidades que no pueden necesariamente realizarse con apoyo remunerado;

9.

destaca el papel del voluntariado en la aportación de respuestas nuevas e innovadoras a los problemas sociales emergentes y como plataforma de experimentación en la provisión de nuevos servicios y oportunidades de empleo;

10.

hace hincapié, sin embargo, en que el voluntariado no debería percibirse en ningún contexto como una alternativa o sustitutivo del personal contratado;

11.

subraya los efectos positivos del voluntariado en la salud humana y la reducción potencial de costes que puede suponer para el gasto de los servicios sanitarios locales, regionales y nacionales. Las investigaciones han demostrado que el voluntariado puede provocar un efecto particularmente positivo en la salud de las personas de edad avanzada (5). Estos beneficios para la salud pueden producirse en personas de todas las edades, desde los jóvenes a los jubilados, y pueden desempeñar un papel preventivo en lo que se refiere a las enfermedades físicas y mentales;

12.

señala el importante papel que el voluntariado puede desempeñar con respecto al aprendizaje permanente, permitiendo a las personas adquirir nuevas capacidades que contribuyan a su desarrollo personal, social y cultural, y que aumenten y adapten su empleabilidad a un contexto económico en constante cambio; especialmente, se considera muy positivo el desarrollo del voluntariado en la escuela para inculcar los valores que incorpora el voluntariado;

13.

subraya que el voluntariado favorece las acciones de desarrollo local y facilita la correcta aplicación de numerosas iniciativas financiadas por la UE, como el programa Leader. Esta actividad contrarresta los efectos negativos de la globalización y contribuye a garantizar un desarrollo económico local sostenible;

14.

anima a una mayor colaboración entre los entes públicos y las organizaciones de voluntarios en el desarrollo de las políticas públicas pertinentes para contribuir a que éstas satisfagan mejor las necesidades del sector del voluntariado;

15.

destaca la necesidad de abordar inmediatamente la falta de unas estadísticas completas y precisas a nivel nacional o comunitario sobre la contribución económica del voluntariado. De ahí que el Comité de las Regiones acoja satisfactoriamente el compromiso de Bélgica, Francia, la República Checa, Italia y Eslovaquia por aplicar el manual sobre los organismos sin ánimo de lucro en el marco del sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas;

16.

insta a los Estados miembros a recabar datos estadísticos precisos acerca de la intervención del voluntariado también a nivel local y regional para apoyar el desarrollo de iniciativas apropiadas a ambos niveles;

17.

pide a la Comisión Europea que lleve a cabo una compilación de datos más sistemática sobre los voluntarios y los servicios que prestan, y está a favor de que se incluya el voluntariado como categoría específica de las Cuentas Estadísticas de Eurostat a fin de evaluar con exactitud el valor económico del voluntariado;

18.

recomienda la realización de investigaciones comparativas sobre voluntariado en toda la UE con vistas a obtener datos sobre sus tendencias de desarrollo, alcance y características a nivel nacional, regional y local. Esto permitirá indicar claramente cuáles son las similitudes y diferencias culturales en relación con la infraestructura y las actividades voluntarias;

19.

recomienda que se proceda a la investigación a escala de la UE para determinar experiencias de mejores prácticas en la promoción y apoyo al voluntariado a nivel local y regional. En función de las conclusiones de la investigación, las zonas con más experiencia histórica en voluntariado podrían ayudar a otras regiones y municipios a crear nuevas iniciativas;

20.

considera que se debería prestar una mayor atención a la falta de estatus jurídico del voluntariado, haciendo especial hincapié en sus derechos y obligaciones, y recomienda que, cuando proceda, se conceda al voluntariado un estatus jurídico claramente definido y compatible en todos los Estados miembros de la UE en lo que se refiere a los desplazamientos transfronterizos por razones de voluntariado;

21.

hace hincapié en que, por regla general, los obstáculos al voluntariado —como la falta de un seguro o la supresión de prestaciones estatales como las de la seguridad social— deberían desaparecer y que deberían adoptarse marcos jurídicos adecuados para garantizarlo;

22.

aboga por que los entes locales y regionales respalden los esfuerzos por establecer una estructura para apoyar y facilitar el voluntariado, al mismo tiempo que se mantiene la autonomía de este sector. A modo de ejemplo, la existencia de centros de voluntarios con sede en municipios u otra infraestructura adecuada puede contribuir al fomento del trabajo voluntario, aportando información sobre oportunidades de voluntariado y «profesionalizando» las prácticas de gestión de voluntarios entre las organizaciones que recurren a ellos;

23.

señala que para el reconocimiento del voluntariado ya existen (6) certificados de competencias descentralizados que dan fe de las cualificaciones, los conocimientos y la experiencia adquiridos con el voluntariado y destaca el potencial para vincular los sistemas existentes al Europass CV con el fin de fomentar el reconocimiento comunitario de experiencias de voluntariado pertinentes en lo que se refiere a la empleabilidad;

24.

señala, asimismo, el potencial que tendría un premio comunitario para organizaciones de voluntarios y del sector empresarial con el fin de destacar ejemplos de mejores prácticas y excelencia en la promoción y el apoyo al voluntariado. Dicho premio podría otorgarse anualmente para fomentar el debate a nivel de la UE sobre asuntos como el apoyo y la gestión de voluntarios;

25.

subraya que, por lo que respecta al voluntariado con niños y adultos vulnerables, la ausencia de un procedimiento coordinado a escala comunitaria de certificados de antecedentes penales implica la imposibilidad por parte de los inmigrantes de cumplir con las condiciones establecidas por los Estados miembros y las organizaciones de voluntarios dirigidas a proteger de posibles abusos a los niños y adultos vulnerables;

26.

se congratula por los esfuerzos de algunas Direcciones Generales (en particular la DG de Educación y Cultura) por adoptar un enfoque más comprensivo a fin de utilizar la actividad voluntaria como medio de financiación de contrapartida en proyectos financiados por la UE. Por otro lado, hace hincapié en que la actividad de voluntariado debería considerarse un equivalente de la cofinanciación en otros programas de financiación comunitaria, una vez que el coste de esta actividad pueda calcularse adecuadamente. Esto contribuiría al reconocimiento directo del valor de que las organizaciones de voluntarios cuenten con ellos;

27.

reconoce la importancia de fomentar y apoyar las mejores prácticas en la gestión de voluntarios en las organizaciones que trabajan con ellos. Las investigaciones revelan que la aplicación de dichas mejores prácticas pueden conducir a mayores niveles de voluntariado en una organización y a un mejor mantenimiento de los voluntarios existentes (7);

28.

anima a las organizaciones con actividades de voluntariado a que utilicen las aptitudes y la energía de sus voluntarios de una manera estratégica, planificada y basada en las correspondientes políticas para contribuir a impulsar la eficiencia organizativa y generar experiencias memorables en este ámbito;

29.

señala el papel clave que desempeña el voluntariado en el desarrollo personal del individuo: aporta una perspectiva nueva de la sociedad y también puede aumentar la autoestima y la confianza de una persona, permitiéndole desempeñar un papel más importante en la sociedad en general. La tarea del trabajador voluntario también reviste una gran importancia tanto para el desarrollo económico y cultural como para el desarrollo social a escala local y regional;

30.

reconoce la importancia que puede tener el voluntariado en la integración a nivel local, regional y nacional de comunidades nuevas e históricamente excluidas. El voluntariado permite que personas y grupos encuentren a otras personas procedentes de ámbitos diferentes en un contexto positivo y de apoyo mutuo;

31.

advierte del peligro de que la Unión Europea centre excesivamente su apoyo al voluntariado en los jóvenes y subraya que se trata de actividades en las que todas las partes de la sociedad pueden desempeñar un papel pleno y gratificante;

32.

por lo tanto, dado el envejecimiento de su población, alienta a la UE a fomentar el voluntariado entre las personas de edad avanzada teniendo en cuenta: a) las experiencias y capacidades aprendidas a lo largo de la vida de estas personas, y b) los comprobados beneficios para la salud del voluntariado. Un excelente ejemplo de ello son las Active Retirement Associations (asociaciones de jubilación activa) de Irlanda;

33.

reconoce que el voluntariado tiene un papel esencial que desempeñar en la lucha contra el aislamiento social entre las personas y grupos gracias a: a) la provisión de apoyo social a niños y adultos vulnerables, y b) la posibilidad que tiene el propio voluntario de establecer nuevas redes y así reducir su aislamiento;

34.

señala el papel que pueden desempeñar el voluntariado y determinados proyectos específicos en la promoción del diálogo intergeneracional y en la comprensión de esta sociedad en constante cambio (8);

35.

pide que se cree una iniciativa de financiación en el programa de hermanamientos de ciudades para permitir la realización de proyectos de intercambio de voluntarios con objeto de fomentar las redes locales y regionales de la UE y la ciudadanía activa;

36.

hace hincapié en que el voluntariado constituye un elemento clave en el fomento de un equilibro saludable entre la vida profesional y privada de los trabajadores de la UE, así como en la organización de actividades y redes fuera del ámbito laboral;

37.

recomienda fomentar el voluntariado en las agencias de servicios públicos a nivel local y regional, promoviendo el voluntariado local por parte de su personal o desarrollando iniciativas y asociaciones de voluntariado (9);

38.

respalda el desarrollo de vínculos sostenibles entre las empresas y las organizaciones locales de voluntarios a fin de fomentar la responsabilidad social de las empresas, que se basa en los recursos humanos y, además, genera asistencia financiera por parte de las empresas. Esto podría hacerse en colaboración con las PYME implantadas en el lugar, así como con las organizaciones empresariales representativas a nivel regional y local, que deberían propiciar que la dirección fomente el voluntariado entre el personal;

39.

considera que el voluntariado reviste una importante dimensión comunitaria y, por lo tanto, desearía un planteamiento político más coherente y global, en particular:

40.

recomienda a la Comisión que dé el visto bueno a los programas de acción que permitan el desarrollo de proyectos transnacionales europeos de voluntariado en los que participe toda la población de la Unión Europea y no sólo los jóvenes;

41.

recomienda que 2012 se declare el Año Europeo de la Ciudadanía Activa a través del Voluntariado, de modo que constituya un punto de referencia para el fomento del voluntariado y la aplicación de iniciativas dirigidas a abordar asuntos planteados en este dictamen;

42.

reconoce que, debido al carácter horizontal del voluntariado en el marco de las políticas comunitarias y a su importancia con respecto a las acciones de la UE en diversos sectores, se requiere una mayor coordinación de las políticas y actividades en vigor para comprometerse adecuadamente con los asuntos planteados en este dictamen;

43.

anima al Parlamento Europeo a mostrarse más activo a la hora de tratar el aspecto horizontal del voluntariado. Además, un punto de acceso único en la Comisión Europea contribuiría a desarrollar el potencial del voluntariado en distintos ámbitos políticos, aparte de la ciudadanía y los temas de juventud;

44.

se compromete a contribuir al fomento de las recomendaciones expuestas en este dictamen en colaboración con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, cuando así proceda.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/16

—

pide que a partir de ahora, en el contexto de la Estrategia de Lisboa, se recoja en los debates el papel de los entes locales y regionales en el ámbito de la flexiguridad, a fin de reflejar su verdadera importancia tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. Los entes locales y regionales, esenciales a la hora de aplicar las políticas de flexiguridad, crean mercados laborales dinámicos, ayudan a los ciudadanos a incorporarse al trabajo y proporcionan protección a quienes están fuera del mercado laboral: por todo ello deberían participar en las primeras fases de la formulación de las políticas;

—

urge a la Comisión Europea a recurrir siempre que sea posible al método comunitario e insiste en que el método abierto de coordinación, que gana progresivamente terreno en la política de desarrollo de la UE, debe pasar a ser más inclusivo e implicar a distintas partes interesadas, incluidos los gobiernos locales y regionales, en cuyas esferas se aplica habitualmente dicha política;

—

pide que el proceso de revisión inter pares de Lisboa, que ya existe para los gobiernos de los Estados miembros, se amplíe para que los entes locales y regionales y otras partes interesadas puedan beneficiarse de los intercambios inter pares en toda la UE y estudiar distintas formas de flexiguridad;

—

recomienda celebrar «cumbres» anuales para mejorar la interacción participativa a escala europea entre instituciones de la UE y el CDR, con vistas a facilitar la elaboración de los programas de trabajo, las consultas y la puesta en común de información sobre cuestiones relativas a la flexiguridad y la agenda de Lisboa en general. Además, se aprovecharían las reuniones de diálogo estructurado entre el CDR y la Comisión y la Plataforma de seguimiento de la Estrategia de Lisboa.

Ponente

:

Sr. QUAYLE (UK/PSE), Consejo municipal de Trafford

1.

pide que a partir de ahora, en el contexto de la Estrategia de Lisboa, se recoja en los debates el papel de los entes locales y regionales en el ámbito de la flexiguridad, a fin de reflejar su verdadera importancia tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. Los entes locales y regionales, esenciales a la hora de aplicar las políticas de flexiguridad, crean mercados laborales dinámicos, ayudan a los ciudadanos a incorporarse al trabajo y proporcionan protección a quienes están fuera del mercado laboral: por todo ello deberían participar en las primeras fases de la formulación de las políticas;

2.

urge a la Comisión Europea a recurrir siempre que sea posible al método comunitario e insiste en que el método abierto de coordinación, que gana progresivamente terreno en la política de desarrollo de la UE, debe pasar a ser más inclusivo e implicar a distintas partes interesadas, incluidos los gobiernos locales y regionales, en cuyas esferas se aplica habitualmente dicha política;

3.

pide que el proceso de revisión inter pares de Lisboa, que ya existe para los gobiernos de los Estados miembros, se amplíe para que los entes locales y regionales y otras partes interesadas puedan beneficiarse de los intercambios inter pares en toda la UE y estudiar distintas formas de flexiguridad;

4.

recomienda celebrar «cumbres» anuales para mejorar la interacción participativa a escala europea entre instituciones de la UE y el CDR, con vistas a facilitar la elaboración de los programas de trabajo, las consultas y la puesta en común de información sobre cuestiones relativas a la flexiguridad y la agenda de Lisboa en general. Además, se aprovecharían las reuniones de diálogo estructurado entre el CDR y la Comisión y la Plataforma de seguimiento de la Estrategia de Lisboa;

5.

pide a la Comisión Europea que informe acerca de los resultados de los debates sobre la flexiguridad;

6.

recomienda que se mantengan debates descentralizados entre entes locales y regionales, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general sobre la flexiguridad y la forma de llevarla a la práctica;

7.

cree que los entes locales y regionales deberían tener el poder y los recursos económicos para intervenir en sus ámbitos correspondientes. La promoción de la flexiguridad no debe suponer un aumento de costes para el nivel local y regional, ni una merma de los derechos laborales;

8.

considera que únicamente garantizando una infraestructura amplia y durable que se sustente en unos servicios públicos definidos, organizados y financiados por los entes locales y regionales como, por ejemplo, las infraestructuras de transporte, la vivienda asequible y los centros de atención (infantil, a personas con discapacidad y ancianos) asequibles y accesibles desde el punto de vista económico y del tiempo, se ofrece una base sostenible para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa;

9.

señala, por consiguiente, que las normas europeas sobre competitividad, ayudas estatales y mercado interior deben apoyar la organización y financiación de los servicios sociales indispensables;

10.

considera que la flexiguridad, como concepto no debe ser un modelo único que pueda aplicarse del mismo modo en todos los Estados miembros, sino un concepto que debe ir definiéndose dado que tiene amplias consecuencias en algunos Estados miembros y poco impacto en otros;

11.

cree que el concepto de la flexiguridad debería combinar unos mercados laborales sólidos y flexibles con unos sistemas de seguridad social seguros para conseguir más fácilmente los objetivos de Lisboa de crecimiento económico, más y mejores empleos y consolidación de la cohesión social, reforzando así el modelo social europeo;

12.

apoya la creación de un mercado laboral accesible, integrador y flexible que incorpore y respalde las TIC y permita formas de trabajo variadas (trabajo desde casa, teletrabajo);

13.

considera que deberían tenerse más presentes el cambio demográfico y las cuestiones intergeneracionales. Deberían promoverse medidas para los trabajadores de más edad, como las relativas al trabajo flexible, las pensiones y la edad de jubilación, además de mejorar la formación. También es necesario fomentar el aprendizaje permanente, unas mejores medidas de formación y sistemas de tutoría para los jóvenes;

14.

considera que debería hacerse más referencia a las cuestiones de igualdad para las mujeres y para todo el mundo. Las mujeres, en el contexto de la Estrategia de Lisboa, sufren aún el desempleo mayoritariamente; además, muchas personas con discapacidad tienen mucho que aportar y un papel importante que desempeñar en el mercado laboral. Así pues, el concepto de flexiguridad debe incluir medidas que les permitan superar de forma sostenible esa distancia que aún existe;

15.

considera que la flexiguridad afecta tanto a los trabajadores con contrato de trabajo fijo como a los desempleados y las personas amenazadas por la exclusión social. La política de flexiguridad creará nuevas oportunidades de acceso al empleo para las categorías que se encuentran al margen del mercado de trabajo. Contribuirá también a reforzar la movilidad profesional y la rotación de puestos de trabajo de aquellos que disfrutan de un empleo estable. En este contexto, el Comité señala que la Comisión Europea se refiere al cambio de «seguridad en el puesto de trabajo» a «seguridad en el empleo» (lo que significa que ya no es posible considerar que un empleo para toda la vida es la situación normal);

16.

cree que, para que la flexiguridad se haga realidad, se necesitan la confianza mutua y el diálogo entre los interlocutores sociales, junto con su clara participación a escala europea, nacional, regional y local. A la hora de evaluar la aplicación de la flexiguridad, es muy difícil crear unos indicadores de seguimiento de validez universal. La aplicación de la flexiguridad en los Estados miembros debe evaluarse a partir de las circunstancias nacionales, teniendo presentes las condiciones políticas, legislativas, institucionales y laborales. Estas circunstancias deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la cooperación europea;

17.

en cuanto a la movilidad, considera que la flexiguridad interna es un importante componente del concepto, puesto que ofrece a los empresarios mejoras en productividad y competitividad y a los trabajadores períodos más prolongados en un mismo puesto de trabajo. Los entes locales y regionales deberían colaborar con los interlocutores sociales en el ámbito local para detectar y destruir los obstáculos a la flexiguridad interna (es decir, necesidad de que los trabajadores adquieran nuevas capacidades), con lo que se reducirían los despidos y los movimientos innecesarios;

18.

cree que la falta de protección social puede ser una amenaza para la flexibilidad del mercado laboral. Para reducir al mínimo este riesgo, es preciso desarrollar y concretar en igual medida los cuatro principios de la flexiguridad;

19.

si bien acoge con agrado la intención de la Comisión Europea de reducir la brecha entre los que están dentro del mercado laboral y los que están fuera de él, insta a que no se derive, como consecuencia, un riesgo para los derechos y la protección de los primeros (derechos y protección que, en algunos casos, son notablemente elementales);

20.

apoya la idea de que es necesario disponer de una legislación laboral justa e imparcial en todos los Estados miembros:

21.

observa que una política europea flexible en materia de mercado de trabajo debe analizar las condiciones de vida y necesidades de las poblaciones afectadas y tenerlas en cuenta. El término «flexiguridad» no debe servir para socavar unilateralmente las normas sociales regionales allí donde sean de aplicación;

22.

sugiere que expresiones como «disposiciones contractuales flexibles y fiables» son motivo de preocupación, ya que podrían justificar también una desregulación amplia de las condiciones laborales normales que condujese al aumento de los contratos laborales precarios;

23.

cree firmemente que la Estrategia de Lisboa trata tanto de la calidad como de la cantidad de puestos de trabajo, y que el empleo debe ofrecer algo más que prestaciones. Para ello, la UE y los Estados miembros deberían fomentar los empleos «de calidad» promoviendo la creación de mercados laborales integradores y sostenibles, y resolver los tristes problemas de la pobreza en situación de empleo y la discriminación, además de ocuparse de la «cantidad» promoviendo unas políticas activas del mercado de trabajo (PAML) para hacer frente al desempleo. Un empleo es la mejor protección contra la exclusión social: el desempleo y la inactividad pueden conducir a la desigualdad y a las divisiones en la sociedad;

24.

presume que la promoción de las PAML y la flexiguridad puede suponer más presión sobre los entes locales y regionales para que ayuden a quienes se encuentran más alejados del mercado laboral;

25.

cree que sólo es posible lograr un auténtico progreso delegando, localizando e incentivando, a escala nacional y europea, políticas activas del mercado laboral, programas de empleo y de capacitación, puesto que son muchos los programas y sistemas que imponen normas y criterios que, para grupos clave, pueden suponer un freno en el camino para abandonar el desempleo. Cuando corresponda, los entes locales y regionales deberían tener la posibilidad de flexibilizar las normas nacionales, como el tiempo que un desempleado necesita para solicitar una prestación antes de poder optar a la ayuda de las PAML, el tipo de ayuda y tutoría que deben recibir los solicitantes frecuentes o el tipo de formación que es posible recibir mientras se percibe la prestación;

26.

cree que los mercados laborales son subnacionales por naturaleza. Por ejemplo, los mercados laborales varían según el empleo y el salario locales y regionales, la existencia de industrias locales con necesidades concretas de capacitación, las bolsas locales de solicitantes de prestaciones, la falta de cualificación o el desempleo, además de los proveedores de asistencia a grupos desfavorecidos de las comunidades locales. Es preciso comprender y examinar las razones del desempleo: algunos grupos tienen tasas más altas de desempleo, como las personas con niños a su cargo, los trabajadores de más edad, los padres y madres sin pareja, las personas con discapacidades, ex presidiarios, algunas minorías étnicas y quienes tienen problemas de drogas, alcohol o salud mental;

27.

reconoce que los entes locales y regionales contratan, orientan y ayudan a quienes están más alejados del mercado laboral, adaptando y personalizando las PAML de los Estados miembros a las necesidades particulares y locales. Coordinan asociaciones con el sector privado y el voluntariado y también con el sector público para reunir a los distintos servicios y organizaciones necesarios para facilitar la entrada en el mundo laboral. Es preciso animarlos a que aprovechen enfoques y métodos nuevos e innovadores al objeto de aunar la política de empleo y la capacitación. Las asociaciones facilitan compartir prioridades y trabajar por los mismos objetivos. A menudo permiten aunar los recursos, evitan la duplicación de las actividades y hacen posible lograr unos resultados más precisos;

28.

cree que es necesaria una ayuda en forma de divulgación (que con frecuencia corre por cuenta de organizaciones de la comunidad), como respaldo antes y después de lograr un empleo, para garantizar que los nuevos trabajadores conserven su puesto en el mercado laboral;

29.

cree que se precisan servicios de orientación profesional efectivos y bien definidos que puedan proporcionar a quienes buscan trabajo el empleo más adecuado, teniendo presentes, en la medida de lo posible, sus intereses y competencias. La posibilidad de avanzar en el mercado laboral es siempre mayor cuando se está integrado en él que cuando se está al margen;

30.

subraya que los entes locales y regionales desempeñan un papel esencial porque pueden influir en el grado de capacitación ofreciendo formación y educación. También son importantes empleadores, por lo que tienen el deber de actualizar la capacitación de su personal y de la comunidad en general;

31.

cree que el aprendizaje permanente debería ser real y estar al alcance de las personas durante toda su vida. Habría que animar a todo el mundo a hacer realidad todo su potencial, potencial que debería ser reconocido y apoyado por los empleadores y por la sociedad. La calidad de las medidas de formación y perfeccionamiento profesional debería fomentarse, tanto antes como después de conseguir un empleo;

32.

considera crucial que se aliente a la gente a adquirir conocimientos empresariales que les permitan crear su propia empresa, fomentando así el crecimiento de las PYME, que son de naturaleza local, ya que contratan a gente de la zona, utilizan servicios locales e invierten en la zona;

33.

cree que los formadores deberían identificar mejor a quienes precisan de un aprendizaje asistido, ya que muchas personas analfabetas siguen trabajando en empleos mal remunerados sin que jamás salgan a la luz sus necesidades;

34.

recomienda que las medidas de formación y perfeccionamiento profesional, y en algunos casos también las de reciclaje profesional, corran en parte a cargo de los empleadores, pues ellos se benefician de los conocimientos de sus empleados y, por tanto, deberían invertir en el desarrollo de sus capacidades. Se necesitan unos recursos adecuados para que los entes locales y regionales asuman más responsabilidad en la protección del aprendizaje permanente en caso de que una mayor movilidad de los trabajadores reduzca la voluntad de los empresarios de formar a su personal;

35.

cree que los entes locales y regionales responden rápida y eficazmente al impacto de la reestructuración en el empleo, como los despidos a consecuencia de los cierres de fábricas. Tienen el conocimiento y la experiencia para desarrollar proyectos financiados por el Fondo Social Europeo y otros fondos para reciclar, asesorar y capacitar a los trabajadores afectados de modo que sus capacidades sean válidas para nuevos puestos de trabajo. Del mismo modo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización también debería estar a disposición de los entes locales y regionales para que éstos puedan reaccionar y ofrecer nueva formación y capacitación. La desaparición de un gran empleador tiene consecuencias a largo plazo en la comunidad local, así como en las capacidades de los jóvenes y sus perspectivas de empleo, da lugar a instalaciones abandonadas y repercute en los proveedores locales de bienes y servicios. El trabajo asociativo es clave para responder a estos retos, de forma que todas las organizaciones, incluidos los entes locales y regionales, las agencias públicas de empleo y capacitación, los sindicatos, los grupos de la comunidad y los órganos de la industria puedan coordinar sus actividades para garantizar una utilización eficaz de los recursos;

36.

aunque cree correcto que se capacite a la gente para que pueda adaptarse a los nuevos retos, considera que es necesario un cambio cultural para que se puedan corregir los riesgos en el mercado laboral, aunque este cambio de actitud sólo se conseguirá si los cuatro componentes de la flexiguridad no significan una merma de derechos laborales y los mecanismos de su puesta en marcha son sólidos y tienen la misma importancia;

37.

insta a que, a escala de la UE, haya más relación entre el debate sobre la flexiguridad y la agenda europea para la inclusión activa. La UE no debería perder de vista sus objetivos generales de inclusión social ni el modelo social europeo. Unos programas de bienestar social débiles son una barrera al mercado laboral flexible y, en último término, ralentizarán el crecimiento económico. La seguridad económica es un requisito previo para todos los trabajadores, independientemente de que ocupen puestos de poca, media o mucha responsabilidad. Además, unos sistemas de seguridad social adecuados deberían apoyar a los trabajadores cuando cambien de empleo y cuando se incorporen al mercado laboral;

38.

pide que se desarrolle un debate entre los gobiernos de los Estados miembros, los entes locales y regionales y los interlocutores sociales sobre el grado de seguridad social necesario para conseguir la flexiguridad. La eficacia de las transiciones viene determinada por la solidez de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros;

39.

cree que, al igual que las organizaciones no gubernamentales, los entes locales y regionales transmiten firmeza al exterior. Es preciso seguir protegiendo a los más vulnerables;

40.

reconoce que la tasa de desempleo sigue siendo contumazmente elevada en toda la UE y que hay personas atrapadas en la dependencia de las prestaciones sociales, muchas de ellas repetidamente. Cree que sólo es posible avanzar verdaderamente delegando, localizando e incentivando, a escala nacional y europea, programas de empleo y de capacitación;

41.

también en aquellos Estados miembros en los que los gobiernos nacionales fijen el presupuesto total para las prestaciones de la seguridad social y las intervenciones en el mercado laboral, los entes locales y regionales deberían tener la opción de gestionar estos fondos como consideren oportuno dentro del marco nacional, de tal forma que podrían utilizar el dinero del modo más eficaz posible para reducir el número de personas que reclaman prestaciones.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/21

—

constata que los ciudadanos de la Unión Europea desconocen, por lo general, los fundamentos de la construcción de la Unión Europea y sus perspectivas de evolución;

—

considera que este desconocimiento es aún más lamentable entre los jóvenes, que están llamados a construir su futuro económico y social en la Unión Europea y que, al mismo tiempo, es importante para el futuro de la Unión Europea que los jóvenes puedan comportarse como ciudadanos activos respecto de la Unión;

—

estima en este contexto que el Comité de las Regiones debe desempeñar un papel, por las responsabilidades que tienen en algunos países los entes regionales y locales en materia de educación de los jóvenes y por su proximidad a los jóvenes para animarlos a la participación ciudadana;

—

cree que, si bien es esencial que cualquier joven europeo reciba una educación adaptada a sus necesidades profesionales y a su desarrollo personal a lo largo de toda su vida, la misma importancia tiene que reciba durante su etapa escolar los elementos de conocimiento que le permitirán sentirse ciudadano de la Unión;

—

no pretende proponer que la Unión sustituya a las autoridades educativas de los Estados miembros, pero sí la anima a evaluar las prácticas y a proponer objetivos y las medidas necesarias para alcanzarlos;

—

subraya, en la línea de este objetivo, la pertinencia de las acciones de educación no formal que ya existen y que merece la pena desarrollar para completar la enseñanza formal en Europa, puesto que tales acciones, en general, indican una primera responsabilización libremente aceptada que es preludio de la ciudadanía activa.

Ponente

:

Sra. du GRANRUT, Consejera regional de Picardía (FR/PPE)

1.

constata que los ciudadanos de los Estados miembros desconocen, por lo general, los fundamentos de la construcción de la Unión Europea y sus perspectivas de evolución;

2.

considera que este desconocimiento es aún más lamentable entre los jóvenes, que están llamados a construir su futuro económico y social en la Unión Europea y que, al mismo tiempo, es importante para el futuro de la Unión Europea que los jóvenes puedan comportarse como ciudadanos activos respecto de la Unión;

3.

cree que la ciudadanía europea, tal y como se presenta en el Tratado de Maastricht (1992) y se define más precisamente en el Tratado de Ámsterdam (apartado 1 del artículo 8) de 1997, ofrece ciertos derechos y privilegios importantes a todos los ciudadanos de la Unión Europea, algunos de los cuales afectan directamente a los jóvenes de la Unión: el derecho a viajar, vivir, trabajar o estudiar en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como el derecho de voto. La ciudadanía europea no sustituye a la ciudadanía nacional, sino que la completa;

4.

cree que, si bien es esencial que cualquier joven europeo reciba una educación adaptada a sus necesidades profesionales y a su desarrollo personal, la misma importancia tiene que reciba durante su etapa escolar los elementos de conocimiento que le permitirán sentirse ciudadano de la Unión;

5.

acoge con satisfacción el reconocimiento de la importancia de una ciudadanía europea que se hace activa en la Comunicación sobre el tema «Comunicar sobre Europa en asociación» (1), recientemente aprobada por la Comisión Europea, especialmente su enfoque práctico a la hora de facilitar al profesorado publicaciones y material informático sobre temas europeos. Alienta a la Comisión Europea a hacer realidad esta oferta lo antes posible;

6.

está de acuerdo en que, para que los jóvenes se sientan ciudadanos europeos, se precisa, por una parte, reconocer los fundamentos que constituyen la identidad europea, es decir, una educación positiva respecto de Europa —descubrir los valores compartidos, la historia común, la interacción de las culturas, la existencia de un mismo nivel de derechos y deberes sociales y políticos—, y, por otra parte, comprender que Europa es algo que les concierne en su vida cotidiana y en su futuro;

7.

extrae, de los resultados de un reciente sondeo (Eurobarómetro de julio de 2007), la conclusión de que, si bien la percepción de estos distintos fundamentos de la identidad europea es relativamente fácil para las «élites» europeas, el caso es bien distinto entre los ciudadanos jóvenes de la Unión. Es durante la formación escolar de todos los jóvenes cuando han de adquirir la noción esencial del fundamento de su ciudadanía europea;

8.

se felicita por el programa Urbact II, que otorga prioridad a la integración social de los jóvenes y por las acciones de información y comunicación surgidas de las distintas instituciones europeas, así como por los efectos positivos del programa Sócrates, y reconoce la eficacia de las agrupaciones de docentes y de las asociaciones juveniles o dirigidas a los jóvenes con la inquietud de iniciar a los alumnos o a sus miembros en las realidades europeas;

9.

acoge positivamente el intercambio de buenas prácticas a nivel regional y local en Europa, de modo que los niños y jóvenes tengan la posibilidad de aprender más sobre Europa y sus Estados miembros. Sigue persuadido, no obstante, de que, para lograr verdadera eficacia, es preciso emprender una acción general dirigida a todos los jóvenes en edad escolar, con el fin de lograr un auténtico sentimiento de ciudadanía europea;

10.

subraya, en la línea de este objetivo, la pertinencia de las acciones de educación no formal que ya existen y que merece la pena desarrollar para completar la enseñanza formal en Europa, puesto que tales acciones, en general, indican una primera responsabilización libremente aceptada que es preludio de la ciudadanía activa;

11.

alienta a utilizar el «Youthpass», que permite el reconocimiento del trabajo social de los jóvenes en el marco del programa Youth, y el Europass, que favorece la movilidad de los jóvenes trabajadores en Europa;

12.

es consciente de que la educación escolar es una obligación cuya responsabilidad corresponde a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión, si bien recuerda la decisión de los Ministros de Educación de garantizar a todos los jóvenes escolarizados una base de conocimientos que incluya unos conocimientos esenciales sobre la Unión Europea;

13.

no pretende proponer que la Unión sustituya a las autoridades educativas de los Estados miembros, pero sí le anima a evaluar las prácticas que buscan un mejor conocimiento de la Unión Europea;

14.

considera en este contexto que el Comité de las Regiones debe desempeñar un papel, por las responsabilidades que tienen en algunos países los entes regionales y locales en materia de educación de los jóvenes y por su proximidad a los jóvenes para animarlos a la participación ciudadana;

15.

apoya las acciones de comunicación que se espera que la Comisión emprenda para la ratificación del futuro Tratado de Lisboa;

16.

subraya que toda posible modificación o adición de elementos nuevos en las escuelas para fomentar la ciudadanía activa precisa una reflexión y una preparación minuciosa, y que sus efectos se dejarán sentir durante varios años;

17.

considera que el sentimiento de ciudadanía europea activa entre los jóvenes precisa la aceptación de la diversidad de la identidad europea. Este patrimonio de identidad se constituye a partir del conocimiento del pasado y de las tendencias de desarrollo de Europa, sus confrontaciones internas y sus valores, su riqueza cultural, sus tradiciones democráticas y, más recientemente, la afirmación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos;

18.

considera, en este contexto, que el arte y la cultura en general y la formación cultural formal e informal en particular tienen una gran importancia para el desarrollo de la ciudadanía activa de los jóvenes en la Unión;

19.

está convencido de que este conocimiento depende tanto de la educación formal como de la educación informal;

20.

invita a la Comisión Europea a actualizar la encuesta realizada por Eurydice sobre la educación para la ciudadanía en las escuelas europeas;

21.

sugiere que todas las materias relevantes impartidas en el marco de la educación formal se complementen con una dimensión europea. Esta enseñanza de apertura contribuirá a formar ciudadanos realistas en cuanto a la utilidad de la Unión Europea y con ambiciones respecto de su futuro;

22.

hace hincapié en la necesidad de fomentar el aprendizaje de varios idiomas: los jóvenes reconocen que el multilingüismo es un valor añadido para cualquier carrera profesional. Además, se felicita por las conclusiones del Grupo de expertos de alto nivel sobre el multilingüismo creado por el Comisario ORBAN, así como por la próxima Comunicación de la Comisión sobre el multilingüismo, del que los jóvenes han de ser los primeros beneficiarios;

23.

exhorta a que en los programas escolares se imparta una materia sobre la esencia, las competencias y el funcionamiento institucional de la Unión. Del mismo modo que todos los jóvenes reciben instrucción sobre las instituciones administrativas y políticas de su país, todo joven europeo deberá conocer las de la Unión Europea. Los entes locales y regionales pueden promocionar las acciones concretas que se llevan a cabo en su entorno, como la ayuda económica y solidaria de los Fondos Estructurales de la Unión;

24.

reconoce que deberá prestarse una atención especial a los jóvenes emigrantes o procedentes de medios desfavorecidos, a fin de responder a sus necesidades específicas, aunque también porque, si están mejor integrados, pueden ser una fuente de enriquecimiento cultural y de solidaridad para la colectividad. Por otra parte, se ha designado 2008 como Año Europeo del diálogo intercultural para mejorar el conocimiento y la comprensión de los demás países de Europa y del mundo;

25.

es consciente de que no es posible prestar más atención a las lenguas y a los contenidos europeos en las clases sin el impulso y el apoyo de los responsables políticos, administrativos y económicos de la educación, pero tampoco sin el propio personal docente, al que deberá ofrecerse, en caso necesario, la formación continua pertinente;

26.

observa con interés las iniciativas ya emprendidas por asociaciones educativas complementarias de la enseñanza pública;

27.

sugiere que se aprovechen al máximo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de lenguas relacionada con la UE y Europa, sobre todo Internet, que permite involucrar a los jóvenes en su formación y llegar a quienes no pueden disfrutar de una formación escolar normal;

28.

apoya la propuesta de centrarse en desarrollar y fomentar las posibilidades de las acciones de la educación no formal de los jóvenes, que es al menos tan importante como la educación formal a la hora de crear una ciudadanía europea dinámica;

29.

considera que la educación no formal constituye un peldaño esencial en la preparación de los jóvenes para la ciudadanía activa: adquisición voluntaria de responsabilidad en las asociaciones, apertura a los demás, percepción del bien común, interés por la vida pública, compromiso político local que conduce al interés por el destino político de la Unión;

30.

por estar centrada en la participación voluntaria de los jóvenes y por estar próxima a sus necesidades y aspiraciones, la educación no formal permite a los jóvenes adquirir capacidades nuevas, incluso complementarias a las materias escolares, y cualificaciones específicas. La gama de acciones que ofrece resulta especialmente adecuada para los jóvenes menos favorecidos. Por último, abre a los jóvenes la vía para tomar conciencia de que necesitan tener la capacidad de adaptarse a la evolución económica y social de la Unión;

31.

considera que los padres y sus conocimientos sobre la UE tienen un papel importante en el debate sobre la ciudadanía activa. En términos generales, convendría que los padres participasen en la transmisión del saber, porque a medida que Europa se desarrolla es necesario completar y actualizar constantemente los conocimientos sobre la UE;

32.

hace un llamamiento a los entes locales y regionales para que participen en el apoyo o la puesta en marcha de las iniciativas de esta educación para Europa hermanando centros escolares, fomentando materialmente las iniciativas de las asociaciones juveniles o dirigidas a los jóvenes, acogiendo clases de jóvenes europeos, abriendo sus estructuras de ocio o deportivas y sus propios centros, insistiendo en las competencias que comparten con las instituciones europeas;

33.

insiste en la necesidad de estimular la reflexión sobre los retos y las posibles vías para que los jóvenes europeos hagan suya una ciudadanía activa que les permita participar eficazmente en la economía de la Unión en un contexto de globalización y responsabilizarse de su evolución en el plano político;

34.

basa sus propuestas, por una parte, en la decisión de los Ministros de Educación de ofrecer a todos los jóvenes de Europa las competencias clave que permiten un verdadero conocimiento de la Unión Europea y, por otra parte, en el reciente programa de la Comisión, aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo, titulado «Europa para los ciudadanos» y fundamentado en las propuestas del Informe Beazley relativo a las medidas que han de tomarse para integrar la dimensión europea en los programas escolares;

35.

considera que la integración de la dimensión europea en las clases escolares constituye una base indispensable para que los jóvenes europeos de todos los Estados miembros hagan de la ciudadanía activa un sentimiento real y duradero. Esta dimensión europea tiene dos vertientes: la integración, en todas las materias relevantes que se imparten, del «prisma» europeo, es decir, de la vinculación de lo europeo a cada una de esas materias, y la enseñanza específica de la construcción de la Unión Europea, sus fundamentos, sus valores, sus instituciones, el funcionamiento de éstas y su repercusión en la vida cotidiana de los jóvenes, en su evolución y en su relación con el resto del mundo;

36.

se basa en las conclusiones del Grupo de alto nivel sobre el multilingüismo para proponer que se anime a los jóvenes europeos a conocer dos lenguas europeas además de su lengua materna. El multilingüismo permite no sólo abrirse a otras culturas, sino también a los intercambios económicos y profesionales, así como a la comunidad de la investigación y la innovación;

37.

sería deseable que se facilitara la movilidad de los jóvenes y de los profesores y su reconocimiento en los programas escolares o profesionales;

38.

recomienda la adopción de acciones apropiadas en las que participe activamente el personal docente, a fin de que pueda lograrse en las escuelas un entorno educativo seguro y basado en el respeto mutuo y en la cooperación, con vistas a impedir o afrontar la aparición de fenómenos de violencia e intolerancia entre los jóvenes;

39.

aboga por que se desarrollen acciones de las asociaciones educativas complementarias de la enseñanza pública y de la educación no formal dirigidas a los jóvenes en edad escolar, como hermanamientos, intercambios entre centros escolares, competiciones deportivas o actividades deportivas o lingüísticas durante los períodos de vacaciones escolares;

40.

acoge favorablemente el desarrollo de programas similares al de los jóvenes embajadores nombrados en el contexto de las escuelas de verano para los jóvenes, una iniciativa de la Asamblea de las Regiones de Europa. Se debería responsabilizar a los jóvenes, animándoles a comunicarse con otros jóvenes sobre distintos temas, como la ciudadanía activa. Convendría prestar mayor atención a la labor de exploración del concepto de ciudadanía en una Europa multicultural y afrontar cuestiones como las que plantean las sociedades multirreligiosas, el multiculturalismo en las escuelas y el lugar de trabajo, y ofrecer respuestas culturales a las cuestiones que preocupan a los jóvenes;

41.

hace un llamamiento a los entes regionales y locales para que fomenten materialmente estas iniciativas en favor de los jóvenes y las complementen con acciones específicas, como simulaciones de situaciones basadas en las instituciones europeas, similares a las de los ayuntamientos o las asambleas regionales de jóvenes, para que tomen conciencia de sus responsabilidades políticas europeas;

42.

sugiere que cada una de las acciones propuestas en el Programa «Europa para los ciudadanos» deje lugar a las iniciativas que parten de los jóvenes o se hayan concebido para ellos, tanto si se trata de los proyectos llamados populares como de programas nacidos en la sociedad civil, de la organización de actos de gran proyección o de acciones para preservar la memoria europea;

43.

sugiere que se evalúen los efectos de las acciones ya iniciadas por grupos de profesores y por asociaciones juveniles o dirigidas a los jóvenes, a fin de poder intercambiar y desarrollar las buenas prácticas de estas organizaciones e incorporarlas a los programas de acción de la Unión. Con la práctica es como se puede sensibilizar del modo más eficaz a los jóvenes a la ciudadanía activa: poniéndoles en una situación que les haga sentir que su opinión cuenta y tiene repercusiones directas en su propia vida. Los consejos de alumnos en las escuelas o, a un nivel más elevado, los comités locales de niños o de jóvenes constituyen al respecto otros tantos terrenos idóneos de ensayo. Los efectos directos de la actividad de estos últimos son especialmente perceptibles en los municipios pequeños;

44.

ello supondrá el reconocimiento oficial del papel de la educación no formal a la hora de integrar socialmente a los jóvenes, lograr que se adapten a los cambios del mercado laboral, que participen en la vida pública y, en último término, que se conviertan en ciudadanos activos y motivados;

45.

insiste en que la enseñanza sobre Europa deberá corresponder a sus objetivos ambiciosos, pues es esencial para el futuro de la Unión Europea y de sus ciudadanos. Favorece la necesaria renovación de los conceptos tradicionales de la educación para adaptar a los jóvenes ciudadanos de los Estados miembros a su futuro profesional y a su compromiso social y político en un mundo dominado por la globalización de la economía. Además, añade a la educación formal, complementada con la educación no formal, un objetivo cívico de participación en la construcción democrática de la Unión;

46.

señala expresamente que es indispensable y debe seguir desarrollándose la utilización activa de los programas comunitarios y nacionales, así como de los numerosos proyectos de las ONG, para el desarrollo de un amplio trabajo de formación cultural, formal e informal, en la UE.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/25

—

velará por que la necesaria revisión de la PAC no conduzca al desmantelamiento progresivo y a la renacionalización de esta política, sino que permita mantener una agricultura sostenible y la independencia alimentaria;

—

cree que la PAC representa una notable contribución a la cohesión territorial y que toda propuesta de cambio como resultado del chequeo de la PAC debe reflejar adecuadamente las particularidades regionales y los distintos sistemas de producción que existen en la Unión Europea;

—

considera que la PAC debe conducir, con un segundo pilar adaptado, a un desarrollo rural orientado hacia las nuevas condiciones de la agricultura, así como hacia un desarrollo rural más general en todas las zonas rurales de la UE;

—

reconoce la importancia de una financiación adecuada de las medidas para el desarrollo rural, pero, en línea con el principio de subsidiariedad y reconociendo el carácter comunitario de la modulación, cree que lo más apropiado es tomar las decisiones sobre la modulación en el nivel descentralizado correspondiente para reflejar mejor la diversidad de las necesidades locales y regionales. Los Estados miembros y las regiones deberían tener la posibilidad de destinar fondos a medidas del segundo pilar en función de las necesidades reales;

—

sin embargo, le inquietan los intentos de utilizar el desarrollo rural para agregar un número cada vez mayor de asuntos que podrían resultar problemáticos, y se pregunta si no sería mejor responder a algunos de estos retos a través de programas de desarrollo rural;

—

afirma que las regiones deben ser capaces de conservar un elemento de autosuficiencia alimentaria, incluidas aquellas con condiciones difíciles para los cultivos y la ganadería, y subraya la relación directa entre unos alimentos de alta calidad producidos localmente y la identidad regional que la PAC ha de salvaguardar;

—

cree que es necesario lograr un «aterrizaje suave» para el régimen de cuotas, a fin de facilitar su desaparición en marzo de 2015, y apoya su supresión gradual en el caso de la leche de aquí a 2015 con la ampliación paulatina de otras cuotas y la reducción de la tasa suplementaria. Deberá seguir habiendo una red de seguridad en caso de que los precios del mercado disminuyan excesivamente Dentro de este proceso se precisarán acuerdos especiales para ayudar al sector lácteo en regiones vulnerables.

Ponente

:

Sr. MURRAY, Miembro del Consejo de Meath y del Consejo Regional del Medio Este (IE/UEN-AE)

1.

considera necesario que la Política Agrícola Común (PAC) siga persiguiendo los objetivos de ofrecer a los ciudadanos de la UE alimentos de calidad a precios justos y a los agricultores un buen nivel de vida, conservar nuestro patrimonio rural y proteger el entorno rural, y cree que ha evolucionado para responder a los retos y a las nuevas necesidades; al mismo tiempo deben establecerse unas condiciones de competencia equitativas que permitan a la agricultura europea mantener su presencia en el comercio mundial, sin dejar de lado el concepto de preferencia comunitaria;

2.

declara que la PAC forma parte de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo destinados a garantizar la mejora de la competitividad de Europa; en este contexto, recuerda que el fundamento de la PAC debe seguir sirviendo de base para una acción pública para la defensa económica, social y medioambiental de un sector clave de Europa, aceptables tanto dentro como fuera de la Unión;

3.

cree que la PAC representa una notable contribución a la cohesión territorial y que toda propuesta de cambio como resultado del chequeo de la PAC debe reflejar adecuadamente las particularidades regionales y los distintos sistemas de producción que existen en la Unión Europea;

4.

considera que la PAC debe conducir, con un segundo pilar adaptado, a un desarrollo rural orientado hacia las nuevas condiciones de ejercicio de la profesión agrícola, pero también hacia un desarrollo rural más general en todas las zonas rurales de la Unión y, en particular, en los territorios más sensibles, como las zonas con desventajas naturales, las regiones de montaña, las islas o las regiones ultraperiféricas, e integrarlos en los grandes conjuntos geográficos de la Unión, como las zonas nórdicas y mediterráneas;

5.

ve en la agricultura el puntal de muchas comunidades rurales y, puesto que el modelo de producción de la UE es distinto del de otros grandes países que producen y exportan alimentos, considera que las políticas de ayuda a la renta deberían orientarse principalmente a proteger la viabilidad de las explotaciones y las granjas familiares y en activo, por ser las que fundamentalmente sostienen el modelo agrícola multifuncional de la UE;

6.

velará por que la necesaria revisión de la PAC no conduzca al desmantelamiento progresivo y la renacionalización de esta política, sino que permita mantener una agricultura sostenible y la independencia alimentaria de acuerdo con las normas europeas sobre seguridad alimentaria; además, insiste en los retos que supone esta política común para todas las regiones de la Unión y el conjunto de sus ciudadanos;

7.

recibe con agrado la oportunidad de contribuir al chequeo de la PAC y espera ser consultado sobre las propuestas legislativas de la Comisión a medida que avance el debate.

8.

comprueba, al igual que la Comisión, que la PAC se ha adaptado especialmente en los últimos quince años, sobre todo desde la reforma de 2003, fecha en que se decidió la realización de este chequeo para revisar las transformaciones más recientes y estudiar los nuevos retos, riesgos y oportunidades; recuerda que este chequeo aparece en un nuevo contexto mundial y europeo del comercio de productos alimentarios;

9.

subraya que el modelo agrícola multifuncional de la UE debe contribuir a combatir el cambio climático y encarnar los conceptos de sostenibilidad, competitividad, diversidad, autosuficiencia alimentaria, capacidad de respuesta a la sociedad, a los consumidores y al bien común. De ello forman parte integrante las buenas prácticas agrícolas, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales, y considera que el chequeo de la PAC debe servir para apoyar efectivamente el modelo de agricultura multifuncional de la UE;

10.

destaca la importancia del sector agroalimentario europeo y el valor fundamental de la seguridad y la inocuidad de los alimentos, teniendo en cuenta que la UE es, en estos momentos, el primer importador de productos agrícolas del mundo;

11.

considera que, a la hora de evaluar las recientes reformas de la PAC, habría sido de gran utilidad poder valorar sus efectos, sobre todo por lo que se refiere al número de personas que trabajan en las explotaciones agrícolas y el procesamiento de alimentos, la calidad de los alimentos, el medio ambiente y el bienestar de los animales, existencias y precio de los alimentos, así como el volumen de las importaciones de alimentos, y lamenta no haber dispuesto de esta información en el momento de comenzar el chequeo. Por otra parte, pide que los resultados de tales análisis y revisiones se comuniquen a escala regional antes de aprobar cualquier cambio legislativo;

12.

sin embargo, apoya la idea general del chequeo como forma de corregir anomalías en la aplicación de las recientes reformas y acogería favorablemente que las modalidades de su aplicación hicieran posible una planificación a largo plazo, que permitiera a las autoridades, al sector agroalimentario y a los agricultores llevar plenamente a la práctica los cambios acordados y adaptarse a las necesidades del mercado;

13.

cree que existe una enorme distancia entre la visión general de la PAC y la realidad, y que es preciso que los políticos reduzcan tal distancia. En una reciente encuesta del Eurobarómetro (1), el 88 % de los encuestados pensaba que la agricultura y las zonas rurales son importantes o muy importantes para el futuro de Europa. Al mismo tiempo, casi el 90 % respondía que conocía poco o nada de la PAC (el 54 % nunca había oído hablar de la PAC y el 34 % no sabía qué era). Por tanto, cree que es preciso evaluar más a fondo y difundir mejor la información sobre los objetivos y logros de la PAC;

14.

acoge positivamente las iniciativas para mejorar y simplificar la aplicación de la PAC, si bien subraya que tales iniciativas deben desarrollarse en todos los casos teniendo presentes a los usuarios finales.

15.

apoya todas las medidas razonables para simplificar más el RPU, puesto que las normas y los procedimientos burocráticos innecesariamente rígidos y complejos representan una carga y un coste considerables. No obstante, la modificación del RPU no debe basarse únicamente en la necesidad de una simplificación, sino que deberá responder a la necesidad de potenciar y defender el modelo multifuncional de la UE;

16.

respalda la propuesta de que los Estados miembros tengan la oportunidad de adaptarse y pasar paulatinamente del RPU histórico a una tasa «más uniforme» a medida que se acerca 2013, cuando lo consideren necesario, aunque cree que para ello se necesitará flexibilidad en la aplicación detallada de la tasa «más uniforme» en los Estados miembros y sus regiones. Esta flexibilidad deberá, además, contemplar las repercusiones que un desacoplamiento total podría tener en determinados sectores y regiones, así como las posibles graduaciones de las primas a favor de las explotaciones más multifuncionales y menos recompensadas por el mercado. También es deseable realizar un análisis de impacto en los Estados miembros para conocer la repercusión de este cambio, que puede ser profundo, en cuanto a sus probables efectos sobre el uso de la tierra, la estructura de las explotaciones, su propiedad y sucesión, el número de los distintos tipos de explotaciones, el equilibrio regional y la eficacia y competitividad globales de la agricultura;

17.

opina que, por lo que se refiere a los «nuevos» Estados miembros, es preciso analizar más detenidamente las consecuencias de abandonar el régimen de pago único simplificado (RPUS).

18.

reconoce que es preciso respetar la condicionalidad en materia de normas comunitarias medioambientales, de salud pública, salud animal y fitosanitarias, e insta a seguir trabajando para simplificar las leyes y normas innecesariamente complicadas, tanto las introducidas por la Comisión como en los Estados miembros;

19.

considera que la revisión de las exigencias medioambientales, que deben ser sometidas a revisión cuando se modifique la normativa (como la de los pesticidas), no debe tener como consecuencia su debilitamiento;

20.

subraya que la proporcionalidad, la transparencia y la coherencia deberían regir la normativa sobre condicionalidad para mejorar su accesibilidad y cumplimiento; pide que se realicen rápidamente las simplificaciones acometidas y decididas, se supriman las disposiciones menos relevantes de los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 y que las normas sobre condicionalidad se limiten a los aspectos que afecten directamente a los beneficiarios de pagos directos;

21.

acogería con especial agrado una mayor cooperación y coordinación entre las agencias encargadas de la inspección de las explotaciones, ya que ha aumentado tanto en número como en clases.

22.

considera que, en general, el APA se ve como medida de transición antes de llegar a la disociación total. Sin embargo, en un contexto regional, en el que los volúmenes de producción son reducidos y la propia región económicamente vulnerable, o en el que son obvios los beneficios sociales o medioambientales de la disociación parcial, la utilización del APA puede desempeñar una función de continuidad durante varios años. Así pues, respalda la propuesta de que se permita mantener el APA en estas condiciones, a fin de conservar un elemento de autosuficiencia regional y contribuir a garantizar un desarrollo regional equilibrado.

23.

considera que, habiendo transparencia en los pagos del RPU y dadas las recientes conclusiones del Tribunal de Cuentas, un nivel de pago máximo sería claramente aceptable en general y resultaría políticamente atrayente. Lo ideal, sin embargo, sería mejorar las evaluaciones de impacto para justificar los cambios propuestos, y el Comité acepta que puedan aplicarse ciertas limitaciones al nivel de pago máximo, por ejemplo, aplicando una reducción escalonada con un límite máximo;

24.

se ha propuesto un nivel de pago mínimo para aliviar aquellas situaciones en las que los costes administrativos sean superiores a los pagos efectuados; el Comité apoya esta propuesta, siempre que su formulación concreta no signifique un nuevo obstáculo para la viabilidad de las explotaciones familiares, y acogería positivamente los posibles ahorros en costes administrativos;

25.

avisa de que tal vez no sea sencillo clasificar a los «verdaderos» agricultores como tales por las dimensiones de su explotación, por ejemplo, ya que algunos cultivos y propiedades pueden ser muy intensivos en mano de obra mientras que otros dueños de grandes terrenos podrían tener problemas para que les reconocieran como «auténticos» agricultores. Considera que la viabilidad de los agricultores en activo, sobre todo los de explotaciones familiares más pequeñas, debería ser prioritaria en los pagos de ayudas;

26.

propone, al mismo tiempo, que las grandes explotaciones agrícolas no sean consideradas con independencia de su forma legal, desarrollo y estructura, puesto que una regresividad gradual, en ciertos casos, podría destruir las unidades competitivas y provocar reducciones sustanciales de puestos de trabajo;

27.

considera que el sector agroalimentario mundial está pasando de una época de eliminación de excedentes subvencionados y ayudas a los precios con instrumentos para el control de los volúmenes a otra que está más atenta al mercado. Ello se explica por unos cambios estructurales a mucho más largo plazo, como el aumento continuado de la demanda de alimentos, especialmente en Asia, y el efecto de las políticas para los biocombustibles. Los factores a corto plazo, como la sequía y los brotes de enfermedades, además de las fluctuaciones monetarias, también influyen en los cambios temporales de los precios. Los grandes cambios en el panorama de los mercados internacionales son especialmente claros en los sectores de la leche, los productos lácteos y los cereales;

28.

cree que aunque los instrumentos actuales de la política de mercado de la PAC son cada vez más innecesarios al fortalecerse los mercados internacionales de alimentos, estos mercados pueden resultar extremadamente volátiles. En consecuencia, para la estabilidad del mercado es preciso protegerlo de cambios súbitos y marcados en los precios y, por tanto, apoya que se mantengan instrumentos de mercado, a modo de «red de seguridad» para épocas de debilidad del mercado sin renunciar a los controles de oferta;

29.

propone que la Comisión siga analizando atentamente las perspectivas del mercado en todos los sectores y que publique informes periódicos sobre los cambios en el mercado, a fin de garantizar unas decisiones políticas bien informadas.

30.

acoge positivamente que se lleve a cabo una revisión completa del sistema de intervención en el sector de los cereales y comparte la opinión de la Comisión de que la intervención debe limitarse al trigo blando.

31.

apoya la propuesta de fijar en cero la retirada obligatoria de tierras, aunque sugiere que se mantenga la posibilidad reglamentaria de retirada obligatoria para responder a futuras debilidades del mercado, y respalda la aplicación de nuevas medidas para la protección del medio ambiente, como mantener pastos permanentes y proteger las franjas ribereñas.

32.

opina que, a diferencia de lo ocurrido en las últimas décadas, los mercados lácteos mundiales son hoy más fuertes y se podría esperar que se mantenga este crecimiento inducido por la demanda, no siendo menos cierto que existe una gran incertidumbre de los precios de los productos lácteos en ese mercado mundial. En este contexto, se debería producir un debate sobre el conjunto de los mecanismos que conforman la Organización Común de Mercado de la leche y los productos lácteos, al objeto de redefinir nuevos mecanismos para la regulación de este sector;

33.

cree que es necesario lograr un «aterrizaje suave» para el régimen de cuotas, a fin de facilitar su desaparición en marzo de 2015, y apoya su supresión gradual en el caso de la leche de aquí a 2015 con la ampliación paulatina de otras cuotas y la reducción de la tasa suplementaria. El ritmo y el calendario para la ampliación de las cuotas o para la reducción de la tasa suplementaria debería basarse en análisis anuales de las perspectivas de mercado realizados por la Comisión a partir de diciembre de 2007. Deberá seguir habiendo una red de seguridad en caso de que los precios del mercado disminuyan excesivamente. Dentro de este proceso se precisarán acuerdos especiales para ayudar al sector lácteo en regiones vulnerables;

34.

espera el informe de la Comisión sobre los resultados de las medidas para el control de la oferta en los sectores «menores» (forrajes desecados, almidón, lino y cáñamo).

35.

reconoce el potencial de la gestión de riesgos en un mercado global en rápido cambio y la posibilidad de mejorar las medidas concretas para el desarrollo rural a fin de responder al incremento de los riesgos; los mecanismos propuestos por la Comisión tienen un papel que cumplir, pero no pueden suplir las funciones que desempeñaban los principales instrumentos de gestión de mercados que existían en la PAC y que han sido desmantelados paulatinamente en los últimos años. Anima a seguir investigando y evaluando las posibles solicitudes.

36.

reconoce los daños que la agricultura intensiva ha ocasionado, por ejemplo, a la estructura del suelo y la biodiversidad, o contaminando los cursos de agua, aunque también subraya el papel de los agricultores como protectores del campo y la diversidad del paisaje agrícola tradicional de pequeñas explotaciones y acoge con agrado que la Comisión haya reconocido que la agricultura de la UE ha contribuido más que otros sectores a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que observa que la agricultura de muchas regiones de la UE está muy expuesta al cambio climático;

37.

apoya el llamamiento del reciente Libro Verde sobre la adaptación al cambio climático para que la agricultura contribuya más a mitigar los efectos del cambio climático. El cambio climático otorga una mayor importancia al papel que desempeña la actividad agrícola y silvícola como proveedora de servicios para el medio ambiente y el sistema ecológico. Las futuras revisiones de la PAC podrían brindar la oportunidad de incluir las acciones de adaptación en los programas de apoyo a la agricultura;

38.

reconoce la importancia vital de medidas para el desarrollo de las energías renovables y respalda el aumento de la investigación y las medidas para mejorar la respuesta de la UE a estas trascendentales cuestiones globales de la sostenibilidad; observa que el fomento de los cultivos energéticos con medidas e instrumentos nacionales y europeos aporta una importante contribución a la consecución de los objetivos comunitarios en política energética y climática y supone un importante potencial de valor añadido para la agricultura y las zonas rurales; señala en este contexto que la reducción de la prima a los cultivos energéticos ha perdido importancia y podrá relegarse en el futuro a la categoría de medida asociada;

39.

sin embargo, le inquietan los intentos de utilizar el desarrollo rural para agregar un número cada vez mayor de asuntos, algunos de los cuales podrían resultar incongruentes (como la silvicultura y la biodiversidad); en cualquier caso, se pregunta si no sería mejor responder a estos retos a través de programas de desarrollo rural.

40.

reconoce la importancia de una financiación adecuada de las medidas para el desarrollo rural, pero, en línea con el principio de subsidiariedad y reconociendo el carácter comunitario de la modulación, cree que lo más apropiado es tomar las decisiones sobre la modulación en el nivel descentralizado correspondiente. Para reflejar mejor la diversidad de las necesidades locales y regionales. Los Estados miembros y las regiones deberían tener la posibilidad de destinar fondos a medidas del segundo pilar en función de las necesidades reales;

41.

por otra parte, señala su preocupación por que la tendencia a una mayor modulación está poniendo en peligro la naturaleza comunitaria de la PAC y está socavando el principio de cohesión, puesto que la cofinanciación de medidas del segundo pilar resultará más difícil para las regiones y los Estados miembros más pobres.

42.

observa que la financiación disponible hasta 2013 está reduciéndose en términos de precios constantes, aunque los precios de mercado más altos en algunos sectores y la mayor eficiencia pueden permitir unos ahorros considerables; respalda la propuesta de que estos ahorros se orienten hacia nuevas medidas para el desarrollo rural como, por ejemplo, de investigación e innovación.

43.

desearía, en el contexto del proceso de consulta sobre la reforma del presupuesto de la UE, establecer una serie de prioridades políticas que cree que deberían estar muy presentes en todo debate sobre el papel y el funcionamiento futuros de la PAC.

44.

considera que, si bien la PAC ha conseguido adaptarse a diversos retos desde su creación, la Comisión y sus agentes deben esforzarse más por informar mejor a los ciudadanos sobre el propósito, los logros y las prioridades de la PAC, y que esto debería ser una prioridad de comunicación para la Comisión en el futuro;

45.

considera que, a medida que surgen nuevos retos, como el impacto en la agricultura y las políticas alimentarias de las políticas relativas a la energía y el cambio climático, la expansión de la UE que continúa, cuestiones de comercio internacional, etc., hay quien considera que se debe ampliar la naturaleza multifuncional de la PAC para incorporarle otros papeles; cree que en el proyecto de la UE ha de seguir ocupando un lugar destacado una PAC con los recursos precisos para el uso de la tierra, la alimentación y la agricultura. Las políticas medioambientales y energéticas también deben disponer de los recursos oportunos;

46.

subraya que el envejecimiento de la población de la UE influye notablemente en el sector agrícola y en las zonas rurales en general, y, al mismo tiempo, reconoce que la I+D y la innovación son esenciales para la competitividad de la agricultura europea; insta a que se ofrezcan una educación y una formación adecuadas, sobre todo para animar a los jóvenes a dedicarse al mundo de la agricultura;

47.

cree que, con unos recursos limitados, la prioridad en las ayudas a la renta debería centrarse en las explotaciones familiares en activo, y aquellas que activamente participan en el empleo y mantenimiento de la población rural.

48.

considera que, aunque el sector agroalimentario está ahora orientado al mercado, es esencial suministrar a los consumidores unos productos alimentarios seguros a precios razonables, y cree que es preciso afrontar el problema de la seguridad alimentaria a largo plazo en la UE;

49.

pide que se apliquen normas fitosanitarias, veterinarias y medioambientales uniformes a los productos alimentarios destinados al consumo en la UE, tanto si han sido producidos en ésta como en terceros países, e insta a que se dote a las autoridades de control en frontera, a la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de su función;

50.

cree que, puesto que los alimentos constituyen la segunda mayor industria de la UE, es vital mantener un sector alimentario eficiente y competitivo. La investigación debe tener los recursos precisos para respaldar el desarrollo de productos y también la educación, la formación y los servicios de asesoramiento a nuevos productores y jóvenes agricultores;

51.

considera que, para reducir al mínimo el transporte de alimentos y las emisiones de carbono, debería insistirse en promover los productos producidos dentro de la Unión Europea e informar a los consumidores, sobre todo los niños, de las ventajas de una alimentación saludable y de los alimentos producidos en la propia zona.

52.

cree que la PAC ha de reflejar adecuadamente las particularidades regionales que existen en la Unión Europea, así como proteger y valorizar, mejor que actualmente, la diversidad de actividades agrícolas y sistemas de producción, incluidos los ecológicos y los libres de organismos modificados genéticamente (OMG), además de responder mejor a las características regionales (como las de las regiones mediterráneas, las montañosas, las septentrionales y las regiones ultraperiféricas de la UE);

53.

afirma que las regiones deben ser capaces de conservar un elemento de autosuficiencia alimentaria, incluidas aquellas con condiciones difíciles para los cultivos y la ganadería, y subraya la relación directa entre unos alimentos de alta calidad producidos localmente y la identidad regional que la PAC ha de salvaguardar.

54.

se inquieta cada vez más por los problemas medioambientales y energéticos en general y por el calentamiento global en particular; considera que la política sobre el uso de la tierra tiene la máxima importancia. La agricultura debe innovar para adaptarse a los efectos del cambio climático y combatirlos;

55.

cree que la PAC debería estar más vinculada a otras políticas relevantes de la UE, como la política energética, la política regional, las políticas medioambientales y las de I+D, y pide una mejor coordinación de estas políticas en todas las instancias de gobierno;

56.

cree asimismo que la PAC posee una dimensión interna y otra externa, y considera que la PAC del futuro debe tener presente el papel de la UE en el mundo en desarrollo, abriendo mercados donde sea posible, y que debería fomentar la autosuficiencia alimentaria en los países en desarrollo transfiriendo tecnologías y conocimientos; es fundamental proceder a una valoración continua del impacto que la PAC tiene en los países en vías de desarrollo.

57.

considera que la evaluación de las repercusiones para las regiones rurales de las decisiones de la Unión podría aportar una dimensión en el proceso decisorio comunitario que permitiría tener en cuenta las condiciones específicas del mundo rural, tanto en la planificación de las decisiones como en el seguimiento de su aplicación. En esta evaluación de las repercusiones en el mundo rural hay que tener presente que éste presenta muchas diferencias en las distintas regiones de Europa, e incluso en un mismo Estado miembro, en función de su situación geográfica;

58.

considera que sería necesario definir con mayor precisión cuál es el ámbito del desarrollo sostenible y qué puede incluirse en el segundo pilar y, en relación con esta idea, cree igualmente que la PAC del futuro puede aprovecharse más para establecer alianzas y coordinar las políticas de ayuda entre zonas rurales y urbanas, en particular las periurbanas, donde puede haber grandes presiones sobre los recursos rurales. También se deberían tener en cuenta en todo el proceso decisorio de la Unión las condiciones específicas de las zonas poco habitadas y los inconvenientes que ocasionan las grandes distancias;

59.

desea fomentar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y sus comunidades adoptando un enfoque de desarrollo rural integrado: para ello han de proporcionarse servicios esenciales como la educación, la sanidad y los servicios postales, además de infraestructuras como la banda ancha y el transporte público;

60.

cree que para tomar decisiones más adecuadas, sobre todo en relación con las cuestiones generales del desarrollo rural, es preciso que los ámbitos local y regional estén más presentes y tengan más peso en los procesos de elaboración de políticas y toma de decisiones;

61.

se remite, en este contexto, a su Declaración sobre el desarrollo rural y la Estrategia de Lisboa (2) como valiosa contribución a la reflexión sobre el futuro de la PAC y el desarrollo rural.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/31

1.

se congratula de esta petición, dado que las regiones y ciudades de Europa desempeñan un papel fundamental en la realización de la Estrategia de Lisboa. De hecho, son los agentes clave en el ámbito de la innovación, la investigación y las políticas educativas; llevan a cabo más del 66 % de todas las inversiones públicas de la UE, y concentran cada vez en mayor medida los gastos de los Fondos Estructurales en objetivos relacionados con el crecimiento y el empleo;

2.

recuerda que el Tratado de Reforma de la UE aprobado en Lisboa añade la cohesión territorial como tercer objetivo de la Unión Europa, además de la cohesión económica y social, y que, por consiguiente, abordar las disparidades territoriales que afectan sobre todo a la competitividad global de la economía de la UE es una prioridad que hace que el papel de las regiones y ciudades sea más importante que nunca;

3.

acoge favorablemente el Informe estratégico de la Comisión Europea sobre las reformas económicas en Europa, que incluye una evaluación de los progresos realizados por los Estados miembros con propuestas de recomendaciones específicas para cada país, una propuesta de ratificación sustancial de las directrices integradas y una propuesta para un nuevo Programa Comunitario de Lisboa 2008-2010. Este Informe estratégico indica básicamente que la Estrategia de Lisboa ha demostrado su eficacia a través del establecimiento de un objetivo general de mayor crecimiento y más empleo en Europa. En este sentido, señala la creación de diversas asociaciones de cooperación entre las regiones cuyas actividades también están dirigidas a los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa como, por ejemplo, la Innovation Alliance, una asociación de cooperación que agrupa alrededor de veinte regiones europeas que ya han tenido éxito en el ámbito de la innovación y en la cual una serie de regiones ya cumplen con los criterios de Lisboa;

4.

no obstante, destaca que no todos los Estados miembros están poniendo en práctica programas de reforma al ritmo necesario, y que todavía queda mucho por hacer para llevar adelante las reformas;

5.

se congratula de la decisión del Consejo Europeo de 2006 de comprometer al CDR en la realización de la asociación para el crecimiento y el empleo a través de la presentación de un informe sobre los efectos de la Agenda de Lisboa revisada a nivel regional y local y pide al Consejo Europeo de primavera que dé mandato al CDR para que elabore informes regulares sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa y su seguimiento a nivel local y regional;

6.

considera que la Estrategia de Lisboa sólo puede tener éxito en su aplicación si los entes regionales y locales participan plenamente en los procesos de toma de decisiones, de aplicación y de seguimiento y reitera su compromiso para contribuir a la realización de la Estrategia sobre el crecimiento y el empleo sobre el terreno;

7.

cree firmemente que es necesario que exista una estrategia europea para impulsar la competitividad de Europa también después de 2010, que establezca una política comunitaria coordinada e integradora de reformas económicas con objeto de impulsar el crecimiento y el empleo y abordar los retos mundiales que deben afrontar en Europa todos los niveles de gobernanza;

8.

brinda su apoyo a la Comisión Europea para organizar una campaña de sensibilización a escala europea a fin de llamar la atención sobre esta estrategia y respaldarla ahora y en el futuro.

1.

acoge con satisfacción que uno de los cambios principales de la Estrategia de Lisboa revisada aprobada en 2005 sea el concepto de «actuar a escala local», con el objetivo de subrayar el papel de los niveles regional y local;

2.

observa que, mientras que las regiones y ciudades de Europa están comprometidas con prácticamente todos los objetivos de crecimiento y empleo de la Estrategia de Lisboa, gran parte de ellas considera que la contribución de esta estrategia al logro de estos objetivos reviste escasa importancia;

3.

lamenta la existencia de esta «paradoja de Lisboa» y recuerda que una mayor adhesión a la agenda para el crecimiento y el empleo, tal y como se reivindica en la revisión de la Estrategia de Lisboa de 2005, sólo podrá lograrse si los diferentes niveles de gobierno (UE, nacional, regional y local) trabajan juntos para llevar a buen término la tarea;

4.

por consiguiente, pide una mayor cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, de conformidad con el principio de subsidiariedad, que haga posible una política más coherente, coordinada y eficaz y aumente el «valor añadido» que supone la existencia de una estrategia de crecimiento y empleo a escala europea.

5.

recuerda que los entes regionales y locales están profundamente comprometidos con los objetivos de Lisboa y que en ello muchos ven un potencial para reforzar su papel en el proceso de aplicación. Toma nota de la insatisfacción generalizada respecto de su participación en la aplicación, que demuestra que, pese a algunas mejoras, persiste un desfase en la aplicación que deberá abordarse en el próximo ciclo de gobernanza;

6.

recomienda que el seguimiento anual de la Comisión y las recomendaciones específicas para cada país incluyan de forma sistemática información sobre la participación de las partes interesadas;

7.

reitera su llamamiento para que los Estados miembros abran, de forma más sistemática, la participación a los entes regionales y locales en todas las fases del ciclo de la política de Lisboa, de conformidad con sus respectivas disposiciones constitucionales;

8.

pide que se invite al Grupo de trabajo de metodología de Lisboa del Comité de política económica;

9.

recomienda que se encomiende a Eurostat la tarea de presentar todos los datos estadísticos importantes en el nivel regional con objeto de compilar y publicar un informe de seguimiento estructural sobre la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

10.

considera que la política de cohesión europea es un instrumento importante para que las regiones y ciudades de Europa puedan cumplir los objetivos de la Estrategia para el crecimiento y el empleo sobre el terreno. La política de cohesión es la política de acompañamiento más importante destinada a reforzar la competitividad y el empleo en las regiones atrasadas;

11.

observa que en los requisitos para la asignación de fondos en el nuevo período de programación 2007-2013 de la política de cohesión se han introducido importantes cambios de primer orden por lo que respecta a los planes de gasto de las regiones y ciudades, en particular con el objetivo de incrementar el gasto en innovación. Además, valora positivamente que la asignación contribuya a alinear las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo con la misión clave de la política de cohesión y espera que la Comisión elabore propuestas después de que se hayan evaluado las experiencias realizadas en el actual periodo de programación sobre cómo la política de cohesión puede contribuir a la Estrategia de Lisboa en el futuro;

12.

comparte el punto de vista de la Comisión Europea (1) de que la «nueva política de cohesión 2007-2013 ha sentado las bases de un enfoque más estratégico de la planificación de las inversiones fundado sobre la Estrategia de Lisboa y de una mayor adhesión a esta estrategia sobre el terreno gracias a un mayor grado de descentralización de la gestión y al papel más importante otorgado a los socios». Lamenta, sin embargo, que la Comisión se limite a «trabajar más estrechamente con los Estados miembros utilizando los sistemas y procedimientos que han sido puestos en marcha para efectuar el seguimiento, la evaluación y el ajuste de los programas en función de las circunstancias y prioridades cambiantes». Insta a la Comisión a que reconozca debidamente el papel clave que las regiones y ciudades pueden desempeñar en este contexto;

13.

por consiguiente, pide mecanismos para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de elaboración de las políticas con objeto de desarrollar una estrategia efectiva en la que participen todas las autoridades a fin de cumplir los objetivos de Lisboa en el nivel regional y local. El Comité de las Regiones, en cooperación con las asociaciones nacionales y europeas de entes regionales y locales, está dispuesto a aportar su contribución a un planteamiento coordinado y participativo de estas características;

14.

destaca las nuevas oportunidades brindadas por las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) que permiten a las administraciones nacionales, regionales y locales desarrollar una cooperación territorial más sólida para una mejor y más eficaz aplicación de los objetivos de Lisboa en un ámbito determinado, mediante el desarrollo de proyectos concretos en las regiones transfronterizas, así como los que se realicen en el marco de la cooperación transnacional e interregional;

15.

habida cuenta del fundamento jurídico de la cohesión territorial en el nuevo Tratado de Lisboa, insta a la UE a que adopte disposiciones concretas y lleve a cabo acciones apropiadas para satisfacer las necesidades específicas de las regiones costeras, islas, zonas de montaña y regiones ultraperiféricas;

16.

considera, además, que la próxima revisión del presupuesto de la UE contribuirá a aumentar la conciencia de que únicamente el refuerzo de la política de cohesión después de 2013 podrá dar respuesta a las necesidades, desafíos y oportunidades territoriales específicos de las regiones y ciudades de Europa;

17.

reitera que es necesario seguir haciendo posible y facilitando la coordinación horizontal entre los Fondos Estructurales y otros programas de financiación europeos importantes, como el Programa marco para la innovación y la competitividad, el Séptimo programa marco y los programas de aprendizaje permanente a fin de maximizar el valor añadido de la financiación europea para la consecución de los objetivos de Lisboa;

18.

destaca que en un siglo XXI altamente competitivo el dinamismo económico debe estar presente en todos los niveles —UE, Estados miembros y regiones y municipios—, a fin de crear una sociedad estable y próspera en todos los territorios europeos. Reconoce que los entes regionales y locales pueden facilitar las condiciones que fomenten el crecimiento empresarial en sus territorios. Considera que el futuro de los territorios de Europa no puede configurarse únicamente sobre la base de una dinámica puramente competitiva.

19.

insta a la UE y a sus Estados miembros a que tengan en cuenta las prioridades de las regiones y ciudades en sus programas de desarrollo respectivos;

20.

considera que el Programa de Lisboa constituye una palanca fundamental para aumentar la conciencia sobre la agenda de crecimiento y empleo y el valor añadido que ésta aporta a la elaboración de las políticas nacionales, regionales y locales;

21.

encomienda a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Presidencia eslovena de la UE y al Consejo Europeo de primavera de 2008, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/34

—

considera que para abordar las cuestiones relativas a la salud pública y, en particular, los aspectos relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, es preciso integrar estrategias en diversos campos, de la alimentación al deporte, de la educación a los transportes, la producción y los consumidores, prestando especial atención al aspecto social del problema;

—

considera que la divulgación del conocimiento de las experiencias nacionales debería tenerse en cuenta y fomentarse en mayor medida a nivel comunitario para limitar la heterogeneidad de las intervenciones y crear instrumentos posteriores para una lucha eficaz contra los estilos de vida perjudiciales;

—

está convencido de que el fomento de las asociaciones constituye la respuesta más eficaz para resolver los problemas que generan la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, y considera absolutamente insuficiente un planteamiento único. El único planteamiento posible para prevenir los problemas de salud causados principalmente por una alimentación inadecuada consiste en conseguir la intervención de todas las partes interesadas a nivel internacional, nacional, regional y estrictamente local;

—

pide a la Comisión Europea que en el próximo periodo de programación financiera prevea recursos específicos, que se puedan utilizar en el marco de los Fondos Estructurales, con el fin de alcanzar los objetivos que se exponen en el presente dictamen;

—

recomienda que los Estados miembros y las regiones se esfuercen por proteger a sus ciudadanos de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, sobre todo a través de los canales de radio y televisión, promocionan alimentos con alto contenido en grasas o azúcares. Los Estados y las regiones podrían imponer «costes de publicidad» elevados e incluso exigir que en la etiqueta de determinados productos se recoja información adicional relativa a sus posibles efectos nocivos;

—

propugna que se refuercen las alianzas entre entes públicos y entes externos no sanitarios que desarrollan actividades en el ámbito de la producción (por ejemplo, en el sector agrario) y la distribución de alimentos, valorizando a los agentes que operan a nivel local.

Ponente

:

Sr. MAGNANI, Vicepresidente del Consejo Regional de Trentino-Alto Adigio (IT/ALDE)

1.

considera que la salud constituye una prioridad en todas las políticas y actividades comunitarias, que, por lo tanto, deberían garantizar un alto nivel de protección. De hecho, en virtud del artículo 152 del Tratado CE, la Comunidad debe desempeñar un papel activo para garantizar la protección de la salud humana adoptando, de conformidad con el principio de subsidiariedad, las medidas que no puedan adoptarse a nivel nacional;

2.

hace hincapié en que en la definición y aplicación de otras políticas o actividades comunitarias se deberían tener en cuenta las exigencias inherentes a la protección de los consumidores, dado que la Unión debe promover su derecho a la información, a la educación y a la organización en aras de la salvaguardia de sus propios intereses, por lo que puede fomentar una alimentación sana y unos estilos de vida saludables;

3.

recuerda que la acción comunitaria tiene por objeto mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades y afecciones y eliminar las fuentes de peligro para la salud humana, complementando así las políticas nacionales;

4.

insta, por tanto, a la Comisión a respetar las competencias de los Estados miembros en materia de organización y prestación de servicios sanitarios y de asistencia médica, aunque le reconoce la posibilidad —para aumentar la eficacia de las intervenciones— de proponer modelos operativos aplicados por las regiones que hayan alcanzado los mejores resultados; recuerda, asimismo, que en lo que se refiere a la promoción de la actividad física y el deporte, las acciones de la Unión Europea deben basarse necesariamente en las de los Estados miembros, así como en las de sus entes regionales y locales, con la posible participación de otras instituciones como los centros educativos universitarios y no universitarios;

5.

toma nota de que el Consejo ha instado reiteradamente a la Comisión a llevar a cabo acciones en el sector de la alimentación y de la actividad física. La consulta relativa al Libro Verde ha demostrado, además, que la contribución que se espera de la Unión implica la colaboración con diversos actores a nivel nacional, regional y local, y ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas comunitarias, por una parte, y la importancia de un planteamiento multisectorial, por otra;

6.

considera que el objetivo del Libro Blanco debe consistir en establecer un planteamiento integrado europeo para contribuir a la reducción de los problemas de salud debidos a la mala alimentación, la escasa actividad física, el sobrepeso y la obesidad. Considera asimismo que un instrumento indispensable a tal fin es establecer directrices metodológicas para favorecer a nivel regional y local la creación de redes entre los servicios verdaderamente operativos y eficientes;

7.

considera que para dar una respuesta idónea a los problemas relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad se debe fomentar tanto la complementariedad como la integración de los diversos sectores estratégicos pertinentes (enfoque horizontal) y de los diversos niveles de acción (enfoque vertical);

8.

comparte los objetivos del Libro Blanco y considera fundamental el papel de las regiones y de los entes locales en la elaboración de proyectos factibles capaces de reducir a todos los niveles los daños derivados de una alimentación y unos estilos de vida inapropiados;

9.

valora positivamente la posición de la Comisión según la cual, en diversos sectores, los principales niveles de acción no sólo son los nacionales y los locales, sino también los transnacionales caracterizados por la cooperación entre comunidades de distintos países que presentan elementos de homogeneidad cultural, territorial y social;

10.

recomienda, por tanto, que la acción de la Unión Europea se destine a complementar, mejorar, coordinar y difundir las acciones emprendidas a nivel nacional o regional, o a tratar asuntos que, de por sí, forman parte de las estrategias comunitarias;

11.

estima, en efecto, que una estrategia sólo puede ser eficaz si viene respaldada por actividades sobre el terreno e iniciativas concretas de los entes locales, y por eso considera deseable la intervención de las instituciones regionales y locales en las actividades comunitarias basadas en el artículo 152 del Tratado CE;

12.

subraya que la existencia de problemas relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad en los diversos Estados miembros no requiere necesariamente una solución única a nivel europeo;

13.

valora positivamente el hecho de que la Comisión reconozca la importancia de la diversidad de los regímenes alimentarios en los Estados miembros y de la diferencia en el enfoque estratégico aplicado en Europa, y que considere imprescindible seguir desarrollando acciones a escala regional y local, por ser éstos los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos, respecto a lo que afirma explícitamente: «Las intervenciones a estos niveles son vitales para adaptar a contextos locales específicos los planteamientos generales ya definidos y validados»;

14.

considera que la tarea de paliar los problemas de salud es un trabajo a largo plazo. Por este motivo, las inversiones económicas en medidas destinadas a combatir el sobrepeso y la obesidad deben plantearse en una perspectiva de varios años;

15.

considera que para abordar las cuestiones relativas a la salud pública y, en particular, los aspectos relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, es preciso integrar estrategias en diversos campos, de la alimentación al deporte, de la educación a los transportes, la producción y los consumidores, prestando especial atención al aspecto social del problema. Subraya, no obstante, que el aspecto sanitario es el que incide en mayor medida en los presupuestos y en la calidad de vida;

16.

reconoce como importante punto crítico el insuficiente registro de los actores que pueden intervenir, especialmente los públicos. Para realizar proyectos con una disponibilidad objetiva de recursos técnicos y económicos, comprobando la existencia de protocolos de integración y colaboración bien definidos, es necesario respetar dos prioridades: por una parte, inventariar regularmente los recursos existentes, sobre todo en el sector sanitario público; y por otra parte, preparar protocolos de colaboración antes de planificar cualquier intervención;

17.

considera que la prevención primaria, es decir, aquella que tiene lugar para evitar la aparición de enfermedades, es el planteamiento más eficaz para los problemas sanitarios vinculados al sobrepeso, la obesidad, las patologías cardiovasculares, la diabetes, los derrames cerebrales, etc. De hecho, se ha demostrado científicamente que la alimentación y el estilo de vida desempeñan un papel fundamental a la hora de prevenir la aparición de dichas enfermedades. A las personas con sobrepeso u obesas también se les deben aplicar proyectos de prevención secundaria, es decir, de control de las complicaciones, que no son sino intervenciones de tratamiento de la obesidad;

18.

considera indispensable actuar directamente en los determinantes de una alimentación sana y adecuada, al igual que en todos los demás factores que contribuyen al mantenimiento de un peso corporal adecuado, como la actividad física, la cultura, las costumbres y tradiciones, la información, el contexto socioeconómico, la producción agrícola, la industria alimentaria, las infraestructuras y los transportes;

19.

considera que las medidas deben dirigirse a atajar las causas originales de los riesgos para la salud, y que deben aplicarse a varios sectores estratégicos gubernamentales y a distintos niveles de gobierno, poniendo de relieve que los niveles regional y local son fundamentales para el éxito de los proyectos;

20.

considera fundamental que la estrategia propuesta por la Comisión implique la intervención de actores privados, como la industria alimentaria y la sociedad civil, y de actores locales, como los colegios, otros centros educativos y las organizaciones sanitarias, en los que se deberían establecer y potenciar servicios específicos;

21.

considera que la divulgación del conocimiento de las experiencias nacionales como, por ejemplo, la existencia de escuelas especializadas en ciencias de la alimentación para licenciados, debería tenerse en cuenta y fomentarse en mayor medida a nivel comunitario para limitar la heterogeneidad de las intervenciones y crear instrumentos posteriores para una lucha eficaz contra los estilos de vida perjudiciales;

22.

subraya la importancia de llevar a cabo una amplia actividad de seguimiento durante los próximos años. Considera, sin embargo, que es necesario un esfuerzo particular para intentar establecer en seguida qué actores técnicos y públicos tendrán la responsabilidad de esta función. Asimismo, es urgentemente necesario modificar los parámetros utilizados por los institutos de estadística para registrar los hábitos alimentarios de la población. Para establecer este registro se necesitan datos cuantitativos, aunque sean aproximativos. En este contexto, el Comité considera que también es importante hacer un seguimiento de las medidas aplicadas y medir sus efectos;

23.

está convencido de que el fomento de las asociaciones constituye la respuesta más eficaz para resolver los problemas que generan la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, y considera absolutamente insuficiente un planteamiento único. El único planteamiento posible para prevenir los problemas de salud causados principalmente por una alimentación inadecuada consiste en conseguir la intervención de todas las partes interesadas a nivel internacional, nacional, regional y estrictamente local;

24.

considera que sólo con un planteamiento que prevea la colaboración entre agentes públicos y entre éstos y agentes privados, incluidas las asociaciones de consumidores, se podrán producir cambios culturales, medioambientales y económicos que repercutirán en los comportamientos y las costumbres «nocivas» para la salud. Sin embargo, la coordinación y la supervisión deberán confiarse a actores institucionales públicos;

25.

subraya que en el ámbito social, también para superar las diferencias socioeconómicas en la población, las medidas dirigidas a promover unas pautas de consumo alimentario saludables deberían dirigirse a cada ciudadano y completarse al mismo tiempo con intervenciones «estructurales» en las que participen todos los interesados sucesivos: las iniciativas sobre conocimientos deberían integrarse en las políticas destinadas a garantizar un mejor acceso a los alimentos saludables;

26.

considera indispensable crear alianzas entre los responsables políticos en los ámbitos de la sanidad, la economía, la agricultura, el deporte y las políticas sociales, así como los productores, distribuidores, vendedores y consumidores;

27.

considera, por tanto, necesario establecer asociaciones para actuar a nivel europeo y reforzar las redes locales conforme a las medidas que se pongan en marcha, divulgando directrices metodológicas y científicas específicas. Considera, además, que es necesario fomentar la inclusión de las ciencias de la alimentación como materia recomendada en los planes de estudio universitarios del ámbito de la salud;

28.

aprueba y defiende el hecho de que la UE tenga la responsabilidad posterior de coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, estableciendo a tal fin directrices relativas a los conceptos de «consumidor informado», «propuestas para una dieta sana y equilibrada» y «actividad física», además de servir de apoyo científico con sus comités y con la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria);

29.

considera conveniente tener en cuenta la experiencia adquirida y las buenas prácticas desarrolladas dentro del Programa de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS);

30.

en ese sentido considera que la UE debe movilizarse —realizando un seguimiento de los esfuerzos de los Estados miembros— con el fin de favorecer la difusión y la comparación de experiencias, creando un círculo virtuoso que permita difundir y aplicar los modelos que hayan resultado más eficaces;

31.

subraya la importancia de proceder anualmente a una comparación entre las regiones europeas que hayan elaborado y aplicado el modelo de prevención con los mejores resultados; por este motivo, la Comisión debería examinar la posibilidad de crear una base de datos que permita a los Estados miembros compartir fácilmente sus diferentes experiencias en este terreno;

32.

pide a la Comisión Europea que en el próximo periodo de programación financiera prevea recursos específicos, que se puedan utilizar en el marco de los Fondos Estructurales, con el fin de alcanzar los objetivos que se exponen en el presente dictamen;

33.

acoge favorablemente el hecho de que la Comisión reconozca que las medidas que se deben aplicar en sus propios ámbitos de competencia tienen por objetivo respaldar o complementar las medidas de los Estados miembros. Recuerda que el apartado 2 del artículo 152 del Tratado CE estipula que la UE tiene el deber de fomentar la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito y, cuando resulte necesario, respaldar su acción; sostiene la posibilidad de que la Comisión, en estrecho contacto con los Estados miembros, emprenda cualquier iniciativa útil para promover la coordinación de las políticas y programas respectivos, y subraya la necesidad de que los Estados miembros centren sus medidas especialmente en los problemas relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad;

34.

en este sentido recomienda que los Estados miembros y las regiones se esfuercen por proteger a sus ciudadanos de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, sobre todo a través de los canales de radio y televisión, promocionan alimentos con alto contenido en grasas o azúcares. Por otro lado, los Estados y las regiones podrían imponer «costes de publicidad» elevados e incluso exigir que en la etiqueta de determinados productos se recoja información adicional relativa a sus posibles efectos nocivos (por ejemplo, se podría requerir la indicación de la presencia de grasas trans y del porcentaje de grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas). Considera, asimismo, que otra medida aplicable podría consistir en incentivar económicamente la utilización de ingredientes «saludables» y penalizar severamente, en sentido económico, la utilización de alimentos desequilibrados o inadecuados desde el punto de vista nutricional;

35.

considera que para potenciar la información sobre unos hábitos de vida sanos, en especial por lo que se refiere a los niños y los jóvenes, resulta especialmente útil la divulgación de la información a través de Internet. Los proyectos ya realizados representan una experiencia positiva que, entre otras cosas, ha revelado una eficacia sorprendente con relación a los costes;

36.

insta a los entes regionales y locales a proponer «alternativas saludables» a los comportamientos incorrectos, utilizando el planteamiento de los «ciclos de vida» e informando a los ciudadanos sobre las buenas prácticas que hay que seguir en el ámbito de la alimentación durante todo el ciclo vital;

37.

recuerda que en el ámbito de cada región se deben poner en marcha programas de formación y de información con el fin de prevenir, ya durante el periodo de gestación, aumentos rápidos y excesivos de peso, los cuales se reflejarán de forma precisa en el feto y en su futuro peso. Subraya, asimismo, la necesidad de evitar los aumentos excesivos de peso durante los primeros cinco meses de vida y la primera edad escolar, ya que condicionan una futura disposición al sobrepeso;

38.

en el ámbito del deporte juvenil recomienda fomentar tanto la práctica general del deporte entre los jóvenes come el deporte juvenil de élite, y que en ambos casos la práctica deportiva se caracterice por valores basados en el entusiasmo, el juego limpio y el derecho de todos a participar en función de sus posibilidades; al mismo tiempo se debería estimular la actividad física no sólo de cada persona, sino de toda la familia: una familia que «se mueve» produce hijos que se mueven;

39.

considera necesario luchar contra la cultura de la comodidad: la cultura de la producción industrial alimentaria es una trampa que ha transformado el placer de comer en una elección entre alimentos grasos y dulces, por un lado, y dietas restrictivas, por otro;

40.

lamenta que el placer del movimiento se reduzca a menudo a la realización de un «ejercicio», forma de actividad obligada a la que muchos se resisten;

41.

reitera su apoyo a los juegos infantiles y juveniles: evidentemente, es fundamental —como se subraya en el Libro Blanco— profundizar en los conocimientos sobre los determinantes de las elecciones alimentarias y comportamentales, pero al mismo tiempo debe favorecerse, de una forma moderna, una nueva cultura social similar a la que fundamentaba las sociedades tradicionales, donde la obesidad y las enfermedades debidas a unos estilos de vida no saludables eran prácticamente inexistentes;

42.

insta a devolver el espacio físico al hombre y al ser humano: deben fomentarse los juegos infantiles y juveniles libres, ya sea en el contexto escolar como en la elección de los espacios de nuestros hogares y ciudades. Quitar espacio a los aparcamientos para dedicarlo a los juegos de patio significa prevenir no sólo el sobrepeso y la obesidad, sino también la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en Europa;

43.

en el ámbito de la planificación urbana recomienda establecer recorridos peatonales de acercamiento «seguro» a los centros escolares para los estudiantes de todo tipo y grado, así como instalaciones deportivas, áreas de juego para niños y centros de recreo seguros;

44.

apela a participar activamente en el proyecto Ciudades Saludables promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no se limita exclusivamente a una alimentación sana para las personas, sino que también abarca la conservación de un medio ambiente sano, una vida socialmente activa y una actividad física completa como fuente de salud;

45.

considera necesario planificar campañas periódicas de educación alimentaria (basadas en el principio de comer menos grasas animales y más fruta y verdura) y promover la elaboración de «directrices regionales» acordadas con la Comisión Europea;

46.

considera fundamental que los ciudadanos estén mejor informados sobre la importancia que tiene para su salud lo que comen y el estilo de vida que llevan, y subraya que hay que defenderlos de los mensajes publicitarios engañosos o, por lo menos, solapados. Para ello la UE podría aprovechar las competencias científicas de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), por ejemplo respecto a la composición de determinados alimentos, el uso de aditivos y la veracidad de los mensajes publicitarios y de los que se transmiten a través de las etiquetas;

47.

considera conveniente impulsar la realización de programas de educación alimentaria en los centros escolares de todo tipo y grado, con atención especial a la educación preescolar y primaria;

48.

para fomentar una alimentación sana desde la edad escolar insta a la implicación directa de los responsables de los comedores escolares, las familias, los profesores, los pediatras y los servicios médicos de los colegios, actores que pueden desempeñar un papel significativo en la educación alimentaria;

49.

considera necesario garantizar la vigilancia del fenómeno del sobrepeso y la obesidad, especialmente durante la edad escolar, sometiendo a evaluación las eventuales iniciativas de prevención que se emprendan y dedicando una atención especial a las alteraciones del comportamiento alimentario;

50.

acoge favorablemente la realización de intensas campañas informativas a gran escala haciendo uso de los principales medios de información, y respalda la producción de guías informativas para toda la población que contribuyan a valorizar también la actividad física cotidiana no vinculada a ambientes cerrados y especializados (gimnasios);

51.

insta a los entes regionales y locales a emprender iniciativas encaminadas a fomentar la actividad física, por ejemplo mediante la colocación en puntos estratégicos de los edificios públicos (como los accesos a los ascensores) de carteles que sugieran la posibilidad de subir a pie por las escaleras;

52.

propugna recalcar en mayor medida la importancia de la actividad física en los programas educativos escolares, comenzando por la educación básica. Para ello se debe informar adecuadamente a los profesores y animarles a valorizar los recursos estructurales presentes en todos los colegios, resaltando la dignidad y el valor de la actividad física;

53.

acoge favorablemente que se potencien las posibilidades de actividad física estructurada para adultos basadas en la colaboración entre los organismos públicos y los entes o asociaciones operativos en el territorio. Subraya la necesidad de favorecer el acceso a estas actividades (cuotas de inscripción y horarios adaptados a la población de referencia) y de controlar la calidad de las iniciativas propuestas (tipos de actividad, duración, espacios adecuados, sistema de transporte que facilite el acceso, formación y cualificación de los profesores);

54.

considera que los entes regionales y locales también pueden promover la actividad física de la población mediante la valorización de los recursos medioambientales del territorio, ya sea potenciando los recorridos urbanos (carriles para bicicletas, espacios para pasear y transportes sin motor que ofrezcan garantías de seguridad) o propiciando actividades de ocio en el territorio (paseos en bicicleta y a pie) en las que se tenga en cuenta el derecho a la movilidad de las personas con diferentes capacidades mediante la accesibilidad completa de los recorridos;

55.

considera necesario impartir formación a los profesionales de la sanidad sobre la importancia de fomentar la actividad física entre los ciudadanos. Los médicos generalistas deben conocer las recomendaciones internacionales basadas en pruebas de eficacia y poder disponer de toda la información relativa a los tipos de actividades que han de aconsejar y a las ofertas disponibles en el territorio de su competencia para poder desempeñar correctamente su función de asesoramiento ocasional. En la formación básica y continua del personal sanitario, y en especial de los médicos, debería incluirse el fomento de la salud;

56.

considera que los agentes privados desempeñan un papel determinante a la hora de orientar las elecciones de los consumidores y darles los medios para tomar decisiones que se orienten hacia un estilo de vida saludable: sus intervenciones en este ámbito pueden complementar las políticas gubernamentales y las iniciativas legislativas a nivel europeo y nacional;

57.

asimismo, con el fin de valorizar el planteamiento asociativo propuesto por la Comisión, acoge favorablemente la participación de los gestores de los grandes espacios multitudinarios (centros comerciales, outlet), los hosteleros y los distribuidores para la elaboración de platos saludables y su pertinente promoción mediante indicaciones precisas en los menús;

58.

insta a la industria alimentaria a que, de forma voluntaria o en colaboración con las asociaciones de consumidores, desarrolle «códigos de buen comportamiento» y «reformule» el aporte calórico y nutricional de los alimentos que produce, proponiendo incentivos incluso económicos para las empresas que decidan actuar en este sentido;

59.

está convencido de que el mundo de los medios de comunicación (televisión, radio, Internet y prensa) podría asociarse de diversas formas para intervenir en campañas de educación alimentaria y en la suscripción de códigos de autorregulación sobre la publicidad «perjudicial»;

60.

propugna que se refuercen las alianzas entre entes públicos y entes externos no sanitarios que desarrollan actividades en el ámbito de la producción (por ejemplo, en el sector agrario) y la distribución de alimentos, valorizando a los agentes que operan a nivel local;

61.

recuerda que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 152 del Tratado CE, la Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública;

62.

reconoce la conveniencia de que las regiones actúen en acuerdo y colaboración con los respectivos ministerios nacionales (de sanidad, políticas sociales, educación, etc.). A tal fin recomienda una colaboración con la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya se ha ofrecido para coordinar la labor de otros organismos internacionales (FAO, UNICEF, OIT, OCDE) en apoyo a la aplicación de iniciativas dirigidas a determinar las necesidades de cada región, describir la situación, las tendencias y las estrategias aplicadas, y recopilar, analizar y difundir las pruebas científicas relativas a la eficacia de las acciones realizadas;

63.

considera necesario colaborar con la OMS para crear un sistema de seguimiento en temas de alimentación y actividad física, en particular en vista de la aprobación del segundo Plan de Acción de Alimentación y Nutrición;

64.

subraya, en particular, la importancia de colaborar con los países que ya hayan desarrollado su propia estrategia sobre la obesidad al objeto de intercambiar experiencias y conocimientos;

65.

propugna valorizar los conocimientos sobre las costumbres y los estilos de vida locales que puedan contribuir a establecer comparaciones sobre el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades metabólicas (diabetes y enfermedades degenerativas). En este sentido, recuerda que la OMS ha promovido experiencias dirigidas a recuperar tratamientos tradicionales y estilos de vida saludables en diversas poblaciones y grupos étnicos;

66.

propugna la realización de estudios de tipo epidemiológico sobre el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, como afecciones que deben considerarse actualmente una verdadera emergencia.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/40

—

señala que el deporte es un medio importante para fomentar la integración de todas las capas de la población y observa que el deporte fomenta la capacidad de rendimiento de los individuos y trasmite valores fundamentales, como el juego limpio, la tolerancia y la solidaridad;

—

considera que una población fuerte y saludable —jóvenes y adultos, hombres y mujeres— constituye una base y una fuerza motriz para el crecimiento económico, la competitividad y, de manera general, para una mayor prosperidad en Europa, y, por tanto, aporta una contribución al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

—

acoge, por consiguiente, favorablemente el Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión por considerar que contribuirá a fomentar el deporte, en su calidad de fenómeno en auge de gran importancia desde la perspectiva de la educación, la salud, la vida social y la economía, y que puede impulsar de manera fundamental los objetivos estratégicos de solidaridad y bienestar de la Unión Europea;

—

expresa, no obstante, su preocupación por los objetivos formulados en el Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión, ya que en ellos puede reconocerse en definitiva una clara tendencia hacia la ampliación de las competencias comunitarias en el ámbito del deporte, cuyo propósito iría más allá del actual contenido de la Declaración de Niza y de las disposiciones vigentes de los Tratados;

—

está de acuerdo con la Comisión en que el diálogo con las partes interesadas del ámbito deportivo en el marco de un Foro Europeo del Deporte tiene un importante papel que desempeñar para contribuir al debate europeo sobre el deporte. Por ello, considera necesario, de conformidad con su papel, participar activamente en la configuración de este diálogo.

Ponente

:

Helma KUHN-THEIS (DE/PPE), Miembro del Parlamento del Sarre

1.

observa que el deporte es parte integrante de la sociedad europea y de la vida cotidiana de muchos ciudadanos;

2.

reitera que la práctica del deporte es beneficiosa para la salud y ayuda a prevenir enfermedades, en especial aquellas relacionadas con la falta de ejercicio y la mala alimentación;

3.

subraya que el deporte contribuye a la formación integral de las generaciones futuras y a completar el proceso educativo de los niños y los jóvenes, a crear un sentido de la responsabilidad y a construir personalidades estables;

4.

señala que el deporte es un medio importante para fomentar la integración de todas las capas de la población: la convivencia entre ciudadanos nacionales y extranjeros, personas sin discapacidad y personas con discapacidad; jóvenes y personas mayores no se desarrolla de manera tan fluida en casi ningún otro ámbito de la vida social;

5.

considera que una población fuerte y saludable —jóvenes y adultos, hombres y mujeres—, constituye una base y una fuerza motriz para el crecimiento económico, la competitividad y, de manera bastante general, para una mayor prosperidad en Europa, y, por tanto, aporta una contribución al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

6.

observa que el deporte fomenta la capacidad de rendimiento de los individuos y trasmite valores fundamentales, como el juego limpio, la tolerancia y la solidaridad;

7.

acoge, por consiguiente, favorablemente el Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión por considerar que contribuirá a fomentar el deporte, en su calidad de fenómeno en auge de gran importancia desde la perspectiva de la educación, la salud, la vida social y la economía, y que puede impulsar de manera fundamental los objetivos estratégicos de solidaridad y bienestar de la Unión Europea;

8.

estima que el sector del deporte, sin embargo, también tiene que hacer frente a los nuevos retos y amenazas que han surgido en la sociedad europea, como la presión comercial, la explotación de los jóvenes jugadores, el dopaje, el racismo, la violencia, la corrupción o el blanqueo de dinero;

9.

expresa, no obstante, su preocupación por los objetivos formulados en el Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión, ya que en ellos puede reconocerse en definitiva una clara tendencia hacia la ampliación de las competencias comunitarias en el ámbito del deporte, cuyo propósito iría más allá del actual contenido de la Declaración de Niza y de las disposiciones vigentes de los Tratados. No pueden ponerse en entredicho la autonomía de las organizaciones deportivas ni las competencias de los Estados miembros y de los entes regionales y locales. Insiste, por ello, expresamente en que la Comunidad debe tener únicamente competencias limitadas en el ámbito del deporte;

10.

se congratularía, no obstante, en este contexto de que la Comisión ayudara a los Estados miembros con acciones de apoyo, coordinación o complemento en el ámbito del deporte y promocionara sus valores sociales, educativos, sanitarios y culturales, sin menoscabar la autonomía y las competencias de los Estados miembros y las organizaciones deportivas;

11.

propone, teniendo en cuenta que no es viable que la Unión Europea cuente con un programa propio de fomento del deporte antes de 2011, que en el presupuesto de la UE para 2009 se introduzca una línea presupuestaria destinada a medidas preparatorias y proyectos pilotos para la aplicación del Libro Blanco sobre el deporte. Recomienda, por otra parte, que se difunda ampliamente la información relativa a las posibilidades actuales y futuras de participar en licitaciones públicas accesibles en el ámbito del deporte;

12.

se pronuncia a favor de integrar el deporte en mayor medida que hasta ahora en las políticas y los programas de ayuda de la UE. Desde el punto de vista del Comité de las Regiones, la introducción del deporte en el Tratado por el que se modificarán el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europa constituye un fundamento legislativo suficiente para justificar su toma en consideración explícita en el período de financiación futuro a partir de 2013 para acciones de apoyo, coordinación o complemento;

13.

pide a sus miembros que apoyen en el nivel regional la petición formulada en el Libro Blanco sobre el deporte para que se incluya el deporte en la aplicación al nivel regional de los instrumentos de fomento de la UE integrados en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural;

14.

valora positivamente que el Libro Blanco sobre el deporte señale como prioridad la integración del deporte en el resto de las políticas y pide a la Comisión que elabore informes regulares sobre su puesta en práctica;

15.

considera que la Comisión reconoce el problema y que con sus Libros Blancos complementarios relativos al deporte y a la «Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad» llama la atención sobre la necesidad de actuar a escala supranacional y apunta posibles soluciones;

16.

considera que la participación de las organizaciones deportivas en la mejora de la salud pública a través de la actividad física es algo evidente, ya que estas organizaciones, debido a su estructuración en asociaciones y federaciones, pueden llegar a un grupo de destinatarios muy amplio. Respalda el propósito de la Comisión de crear redes que faciliten el intercambio de experiencias, sobre todo en materia de buenas prácticas por lo que se refiere a los jóvenes, y de concentrar sus esfuerzos, desde el punto de vista conceptual y financiero, en el deporte de base. Destaca, además, la importancia de la cooperación entre los diferentes sectores en este ámbito, en la medida en que la actuación colectiva a escala comunitaria puede repercutir positivamente en las estructuras administrativas nacionales, que se encuentran divididas en varios sectores (deporte, salud, educación);

17.

propone al mismo tiempo a la Comisión que valorice expresamente el deporte espontáneo y no organizado, y que actúe para que tanto las organizaciones del mundo del deporte como los organismos públicos creen las condiciones idóneas para el desarrollo de este tipo de actividades;

18.

considera que la expectativa de prestaciones extraordinarias, basada predominantemente en razones comerciales y sociales sin la correspondiente estabilización ética, entraña, al igual que en otros ámbitos de la vida, un gran riesgo de que se recurra a métodos desleales para aumentar la eficacia;

19.

señala que el dopaje daña seriamente el espíritu de juego limpio y la imagen del deporte, y plantea una grave amenaza para la salud individual. Además, constituye un factor de desmotivación para otros deportistas;

20.

considera que, en el deporte de competición, muchos actores sociales tienen elevadas expectativas de rendimiento, no sólo por lo que se refiere a los deportistas profesionales. También en la etapa preliminar del deporte aficionado, así como en el deporte juvenil, ello ha hecho que en la actualidad se haya incrementado el riesgo de dopajes sucesivos;

21.

considera que el compromiso en favor de un deporte sin dopaje sólo podrá mantenerse si va unido a un control eficiente de este fenómeno; para ello es necesario un compromiso europeo e internacional contra el dopaje;

22.

recomienda un planteamiento mejor coordinado en la lucha contra el dopaje en la Unión Europea, en el que se tenga en cuenta la Convención de la Unesco contra el dopaje en el deporte y la necesidad de que exista una instancia profesional verdaderamente independiente en forma de institución de control antidopaje;

23.

considera que son los entes regionales y locales y las organizaciones deportivas los mejor situados para lanzar la necesaria llamada de atención mediante campañas de información sobre el dopaje en escuelas, clubes deportivos y actividades relacionadas con el deporte, y para llevar a cabo la transmisión de conocimientos. Por ello, hace un llamamiento en este sentido y se reafirma en su idea de que este tipo de actividades deben acompañarse y apoyarse en los niveles local y regional;

24.

acoge con satisfacción y respalda el impulso y el fomento del deporte y la actividad física mediante diferentes iniciativas políticas de la Comisión, así como la concesión de un distintivo europeo a los centros escolares que participen activamente en el impulso del ejercicio físico y a las asociaciones deportivas que cuiden de forma muy especial la calidad de sus servicios;

25.

subraya la importancia especial del movimiento, el juego y el deporte en la etapa preescolar para el desarrollo físico, psíquico, cognitivo y social de los niños y los jóvenes, considerando que son elementos indispensables de un proceso de educación y formación completo. Por ello insta a la Comisión a que dé una importancia especial al ámbito de las actividades físicas preescolares;

26.

recuerda, no obstante, que en todas las acciones de apoyo, coordinación o complemento de la Comisión en el ámbito del deporte y la educación deberán tomarse en consideración las competencias de los Estados miembros o de los correspondientes niveles subnacionales competentes en los Estados miembros;

27.

subraya la importancia especial del voluntariado y pide a la Comisión que haga ante todo hincapié en el compromiso con el ideal deportivo. Además, advierte del peligro de que el deporte sea considerado una actividad puramente económica, pues ello no ayuda a mejorar la imagen de conjunto y el fenómeno del deporte. El deporte profesional representa únicamente una mínima parte de todo el movimiento deportivo, algo sobre lo que en el Libro Blanco no se reflexiona en grado suficiente;

28.

considera que es precisamente en el ámbito deportivo donde el compromiso ciudadano está estrechamente vinculado al desarrollo de la sociedad, y que este compromiso, además de los objetivos puramente deportivos, también persigue metas sociales y comunitarias;

29.

considera que el apoyo al deporte de base a través del programa Europa con los Ciudadanos constituyen una medida encomiable;

30.

respalda, por lo que se refiere al programa Juventud en Acción, la propuesta de la Comisión de que se anime a los jóvenes a practicar el voluntariado en el deporte;

31.

se congratula de que la Comisión vaya a poner en marcha un estudio europeo sobre el voluntariado en el deporte, ya que éste puede constituir un instrumento útil para la futura distribución de las tareas, así como para la seguridad de planificación en el ámbito de las actividades de voluntariado en el deporte;

32.

considera que debe prestarse atención a la importancia particular del deporte para las personas con discapacidad;

33.

exhorta, por tanto, a los Estados miembros, a los entes regionales y locales y a las organizaciones deportivas a que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y a que garanticen que las sedes deportivas y sus instalaciones están preparadas para el acceso de las personas con movilidad reducida;

34.

considera que en los clubes y organizaciones debe fomentarse la formación de monitores, entrenadores, voluntarios y personal de acogida para el recibimiento de las personas con discapacidad;

35.

considera que el deporte contribuye a que las personas mayores conserven su potencial de actividades físicas y mentales tanto tiempo como sea posible y a que mantengan su autonomía para poder seguir viviendo de manera independiente sin la ayuda de otras personas. Tener y conservar la movilidad implica que las personas mayores pueden mantener sus contactos sociales y garantizar de forma autónoma su participación en la vida social. A ello puede contribuir también, entre otras cosas, la existencia de una oferta específica de actividades deportivas;

36.

comparte la opinión de que los Estados miembros deberían tener en cuenta el papel del deporte en el ámbito de la integración como parte de su programación en el marco del Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo de Integración;

37.

acoge con satisfacción los esfuerzos que se llevan a cabo en la actualidad en el nivel nacional e internacional mediante la creación de instancias centrales de información y de cooperación entre las autoridades policiales y las federaciones deportivas para combatir los actos violentos y racistas en el ámbito del deporte;

38.

señala que el desarrollo del Mundial de Fútbol 2006 en Alemania ha mostrado que esta cooperación funciona y que ha dado ya buenos resultados;

39.

anima a la Comisión a que fomente la utilización del deporte como herramienta en su política de desarrollo;

40.

propone, por consiguiente, a la Comisión que aproveche las experiencias y conocimientos adquiridos por las Naciones Unidas y los Estados miembros en el «Año Internacional del Deporte y la Educación 2005 — El deporte como medio para fomentar la educación, la salud, el desarrollo y la paz», y que, en caso necesario, desarrolle y prosiga los proyectos y las medidas actualmente en curso;

41.

considera que, de conformidad con el principio de subsidiaridad, no es necesario regular de manera uniforme en toda la UE la inmigración de deportistas procedentes de terceros países o hacerla objeto de mecanismos de emigración circulares. Por lo tanto, la inmigración de deportistas debe seguir siendo una competencia nacional;

42.

recomienda que las organizaciones deportivas europeas y los organizadores de acontecimientos deportivos establezcan objetivos medioambientales y se congratula de que la Comisión tenga previsto animarlos a participar en el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) y en los sistemas comunitarios de concesión de etiqueta ecológica, y que se proponga promover estos sistemas voluntarios durante los grandes acontecimientos deportivos;

43.

acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión vaya a considerar el deporte como parte del nuevo programa LIFE+;

44.

señala que el potencial económico del deporte por lo que se refiere al turismo no sólo se pone de manifiesto en los grandes acontecimientos deportivos, sino que también el deporte activo en el marco del turismo recreativo contribuye de manera considerable al desarrollo regional, y también, en particular, en el contexto de los cambios estructurales. Los conceptos estratégicos de las regiones se basan en gran medida en este tipo de actividades. Por ello, la Comisión debería seguir apoyando a las regiones en sus esfuerzos por hacer avanzar su desarrollo estructural mediante medidas adaptadas a las necesidades regionales. Anima, además, a los entes regionales y locales a que inviertan también en instalaciones deportivas o de ocio los recursos de los Fondos Estructurales de que disponen;

45.

expresa su preocupación por el hecho de que se manifieste el deseo de disponer de mejores bases de datos sin ponerse de acuerdo con los Estados miembros y las regiones europeas sobre los objetivos de una medida de estas características;

46.

señala que más estadísticas sobre el deporte y relacionadas con él, que constituyan un fin en sí mismas y no resulten verdaderamente necesarias para documentar mejor el valor añadido del deporte, podrían tener como consecuencia un aumento de la carga administrativa suplementaria de estas características, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos de desburocratización que se desarrollan a escala europea;

47.

pide, por esta razón, a la Comisión que intensifique el diálogo con los Estados miembros y, en particular, también con las regiones, para llegar, como primer paso, a un acuerdo sobre los objetivos de estas nuevas bases de datos. El objetivo debe ser minimizar las cargas administrativas adicionales que entraña la elaboración de estadísticas de este tipo;

48.

toma nota de que la Comisión pondrá en marcha un estudio para valorar la contribución directa e indirecta del deporte a la Agenda de Lisboa. Con todo, se pregunta si, habida cuenta de la falta de bases estadísticas que señala la Comisión, no existen limitaciones considerables para llevar a cabo una valoración científica bien fundada sobre la posible contribución del deporte a la Agenda de Lisboa. El Comité de las Regiones pide a la Comisión que le informe sobre los resultados del estudio;

49.

considera que los modelos de financiación sostenible para proporcionar ayuda a largo plazo a las organizaciones deportivas constituye una base insustituible para promover el deporte en los Estados miembros;

50.

estima que el apoyo al deporte de base es indispensable y recuerda que en muchos Estados miembros el deporte de base se financia en gran medida mediante subvenciones directas e indirectas a través de una tasa o retención sobre los servicios de lotería o de apuestas estatales o con licencia estatal;

51.

subraya en este contexto que los actuales monopolios estatales en los juegos de azar y en el ámbito de las apuestas deportivas —que se basan en razones imperiosas de interés general, como son la prevención de las ludopatías y el mantenimiento del orden público, y que, por consiguiente, persiguen estos objetivos— son, tal y como se establece en la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conformes al derecho europeo. En estos casos considera razonable que el dinero procedente de los juegos de azar, fenómeno indeseado en principio, se utilice para fines orientados al bienestar de la comunidad (por ejemplo, el deporte);

52.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea lleve a cabo un estudio independiente sobre la financiación en los Estados miembros del deporte de base y le pide que valore los resultados de este estudio antes de adoptar decisiones políticas que puedan poner en peligro el fomento del deporte de base por parte del Estado;

53.

pide a la Comisión que considere la necesidad de contar con métodos perfeccionados para valorar los efectos de las ayudas públicas al deporte. Los sistemas de ayudas nacionales, regionales y locales se ajustan a planteamientos diversos y sería deseable que se recurriera a estudios y comparativas para evaluar la importancia que, a efectos del deporte, revisten las distintas contribuciones públicas;

54.

apoya el punto de vista de la Comisión de defender el mantenimiento de las posibilidades actuales de aplicar tipos reducidos del IVA al deporte;

55.

reconoce, al igual que la Comisión, la autonomía de las organizaciones deportivas y de sus estructuras representativas y lamenta que en el Libro Blanco no se haga hincapié en la importancia de la autonomía de las federaciones, tal y como se declara y recoge en la Declaración de Niza;

56.

considera que la especificidad del deporte es una característica fundamental y constitutiva del deporte y lamenta que en el Libro Blanco falte una afirmación clara en este sentido; expresa su temor de que el hecho de proceder caso por caso para dar cuenta de la especificidad del deporte no resulte satisfactorio para las organizaciones deportivas y pueda llevar a una consolidación de la inseguridad jurídica actual;

57.

considera que los casos a los que se hace referencia en el Libro Blanco sobre la aceptación de restricciones, limitadas y proporcionadas, al principio de libre circulación, son razonables, apropiados y necesarios habida cuenta de la especificidad del deporte;

58.

considera que las normas sobre traspasos son indispensables para garantizar el equilibrio entre la capacidad competitiva de los clubes deportivos;

59.

se congratula de que la Comisión lleve a cabo una evaluación de impacto para obtener una visión clara de las actividades de los agentes de jugadores en la UE;

60.

propone que, en caso de que sea necesario actuar a nivel europeo, se concierten medidas de carácter estatal y federativo de común acuerdo con las federaciones internacionales;

61.

pide a la Comisión que se otorgue absoluta prioridad a la cooperación con los Estados miembros y las organizaciones deportivas en materia de protección de menores, tal y como se propone en el Libro Blanco sobre el deporte;

62.

se congratula de la intención de la Comisión de seguir supervisando la aplicación en los Estados miembros de la legislación de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de dinero en el sector del deporte;

63.

considera que el desarrollo de un sistema de licencias de los clubes, siempre que sea compatible con las disposiciones relativas a la competencia y al mercado interior, entra dentro de las competencias autónomas de las organizaciones deportivas;

64.

acoge con satisfacción que la Comisión vaya a seguir dando su apoyo al derecho a la información y al amplio acceso de los ciudadanos a la difusión de acontecimientos deportivos;

65.

considera, por ello, que la normativa europea vigente sobre el derecho de transmisión de resúmenes informativos breves es un medio importante y de eficacia demostrada para garantizar la libertad de información y la diversidad de opiniones;

66.

se declara, por lo tanto, partidario de que, en el curso de la próxima evaluación del marco jurídico europeo para los medios audiovisuales, se examine en qué medida sería adecuado extender el derecho de transmisión de resúmenes informativos breves también a otros medios de comunicación, como, por ejemplo, la radio;

67.

reafirma su reconocimiento de la importante función de la radiodifusión pública para garantizar la pluralidad. En su calidad de servicio público económicamente independiente, la radiodifusión pública está obligada a buscar —también por lo que se refiere a la transmisión de noticias sobre deportes minoritarios— el éxito publicitario, y ello fuera de la mera retransmisión de noticias atractivas para una gran masa de público;

68.

está de acuerdo con la Comisión en que el diálogo con las partes interesadas del ámbito deportivo en el marco de un Foro Europeo del Deporte tiene un importante papel que desempeñar para contribuir al debate europeo sobre el deporte. Por ello, considera necesario, de conformidad con su papel, participar activamente en la configuración de este diálogo. En este contexto, hace especial hincapié en la necesidad de organizar foros de encuentro entre los representantes de las diversas modalidades deportivas y de los propietarios de las instalaciones deportivas de carácter público para que debatan las necesidades, actuales y futuras, que plantean los estadios y centros deportivos. El Comité espera que, para cumplir este objetivo, la Comisión haga uso del diálogo estructurado;

69.

recomienda que se organicen seminarios destinados a los profesionales para informar y aportar clarificaciones a las organizaciones deportivas europeas sobre la aplicación del acervo comunitario;

70.

propone la organización de conferencias sobre el tema «Deporte y desarrollo regional», en cuyo marco se presenten los efectos positivos del deporte para el desarrollo regional y se identifiquen los ejemplos de buenas prácticas;

71.

recomienda que la Comisión propugne el desarrollo de asociaciones y proyectos interregionales transfronterizos (como, por ejemplo, el Grupo interregional europeo del deporte en la eurorregión SaarLorLux) y que los apoye de manera sostenible;

72.

considera que, al igual que en el Consejo de Europa, los movimientos deportivos de naturaleza no estatal deberían participar en mayor medida en el diálogo entre la Comisión Europea y los Estados miembros;

73.

señala en este contexto que, en el marco de la cooperación, deberán tenerse en cuenta las competencias de los Estados miembros en materia de deporte.

25.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 105/46

—

valora positivamente la intención de la Comisión Europea de recurrir a la iniciativa «La sinergia del Mar Negro» para imprimir una mayor eficacia a las acciones de desarrollo regional y local, aprovechando las mejores prácticas locales y regionales y promoviendo su divulgación e intercambio y las actuaciones en red, aunque también considera que se debe destacar con mayor claridad la importancia que revisten los entes locales y regionales en la buena aplicación de la estrategia;

—

acoge con satisfacción los recientes avances en el proceso de ampliación y la adhesión a la UE de Bulgaria y Rumanía el 1 de enero de 2007 como un paso más hacia la democratización y estabilización de la región del Mar Negro, al objeto de garantizar una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad tanto en la Unión Europea como en los países ribereños del Mar Negro. Las negociaciones de adhesión con Turquía representan otro avance en este sentido;

—

respalda la creación de una identidad marítima para la región del Mar Negro, para todas las partes interesadas en las distintas actividades marítimas. Hay que esforzarse por superar los problemas medioambientales y desarrollar el turismo, siempre y cuando se fomenten las culturas tradicionales y se preserve de manera más eficiente el patrimonio cultural y natural marítimo;

—

pide a la Comisión Europea que refuerce el papel del transporte en el marco de la futura política marítima, toda vez que el transporte es una de las actividades marítimas más importantes y transversales;

—

hace hincapié en la importancia de incluir a los entes locales y regionales de la región del Mar Negro en la elaboración y aplicación de las políticas comunitarias en materia de migración para una mejor gestión los flujos migratorios que, respetando plenamente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, deberá ceñirse en la medida de lo posible a la legalidad, recurriendo también a una amplia y estrecha colaboración recíproca entre los cuerpos y órganos encargados de su control;

—

expresa su apoyo a la emergente Eurorregión del Mar Negro con el ánimo de promover la cooperación local y regional entre los países de esta región y apoyar la estabilidad democrática, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible.

Ponente

:

Krasimir MIREV (BG/PSE), Alcalde de Targovishte

1.

valora positivamente la intención de la Comisión Europea de recurrir a la iniciativa «La sinergia del Mar Negro» para imprimir una mayor eficacia a las acciones de desarrollo regional y local, aprovechando las mejores prácticas locales y regionales y promoviendo su divulgación e intercambio y las actuaciones en red, aunque también considera que se debe destacar con mayor claridad la importancia que revisten los entes locales y regionales en la buena aplicación de la estrategia. Estas actuaciones supondrán un renovado impulso en la medida en que son instrumentos de la política comunitaria para la modernización económica, la mejora de la competitividad y el acercamiento entre la Unión Europea y sus ciudadanos;

2.

acoge con satisfacción los recientes avances en el proceso de ampliación y la adhesión a la UE de Bulgaria y Rumanía el 1 de enero de 2007 como un paso más hacia la democratización y estabilización de la región del Mar Negro, al objeto de garantizar una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad tanto en la Unión Europea como en los países ribereños del Mar Negro. Las negociaciones de adhesión con Turquía representan otro avance en este sentido;

3.

subraya la importancia de la perspectiva regional y local en el proceso de ampliación y reconoce el papel fundamental que desempeñan las políticas regionales y locales con vistas a garantizar la estabilidad interna, algo que depende de modo esencial de una base democrática;

4.

reitera su apoyo al proceso de adhesión, la Política Europea de Vecindad y la Asociación estratégica con la Federación Rusa y aboga por la participación del Comité de las Regiones y las demás instituciones europeas con el fin de apoyar la asociación en la zona del Mar Negro siguiendo el modelo de las asociaciones en la región euromediterránea, en la del Báltico y en la del Mar del Norte;

5.

señala que los entes regionales y locales de la región del Mar Negro desempeñan un papel fundamental en los siguientes ámbitos: el proceso de transición democrática y la buena gobernanza, el desarrollo de las capacidades administrativas, la consolidación de la paz, el diálogo entre las distintas culturas y confesiones, la emigración, la lucha contra la delincuencia, la energía, el transporte y la planificación de infraestructuras, la ordenación urbana y el desarrollo rural; y destaca asimismo el papel positivo que puede desempeñar en todos estos ámbitos la cooperación de los entes locales y regionales con la sociedad civil para responder a los intereses de la colectividad;

6.

subraya que la iniciativa «La sinergia del Mar Negro» entronca directamente con la vocación institucional del Comité de las Regiones, por lo que considera esencial que se aproveche su capacidad de acción y participación; además, pide que se haga uso de su función como garante de la representación uniforme de los sistemas regionales y locales de la Unión Europea;

7.

coincide con la Comisión Europea en que, a pesar de los considerables avances que se han registrado en los últimos años, siguen existiendo diferencias en el ritmo de las reformas económicas y en la calidad de la gobernanza de los distintos países de la región;

8.

es consciente de que la iniciativa de la Comisión no pretende ser una nueva estrategia para la región del Mar Negro, sino que se percibe como un proceso basado en las principales directrices de la UE para desarrollar la región, aprender, colaborar y divulgar las mejores prácticas a escala regional y local, por medio de la cooperación territorial, con vistas a lograr los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa pasa por reforzar la dimensión regional en el plano político.

9.

llama la atención sobre la situación crítica del medio ambiente en la región del Mar Negro, especialmente en el delta del Danubio y en las demás reservas naturales de la zona y, en particular, la creciente eutrofización (esto es, el incremento de la productividad primaria del ecosistema), que tiene efectos adversos para la biodiversidad, los humedales y la pesca, sin olvidar la contaminación causada por el petróleo y las aguas residuales;

10.

señala que es necesario llevar a cabo un análisis más profundo de la amenaza medioambiental en la región del Mar Negro (y en los ríos que surcan la región). Estas amenazas, que son consecuencia, entre otras cosas, del cambio climático y del consiguiente riesgo de desastres naturales, exigen una respuesta adecuada y el apoyo a proyectos de cooperación transfronteriza, cofinanciados por la Unión Europea, que contribuyan a mejorar la gestión de las situaciones urgentes en materia de seguridad civil;

11.

solicita a la Comisión Europea que respalde el uso de fuentes energéticas renovables, como la eólica o la mareomotriz, y estima también necesario un apoyo a las actividades complementarias de investigación e innovación en este ámbito;

12.

pide a la UE y a los gobiernos nacionales que redoblen sus esfuerzos para lograr grandes avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la investigación marina, como la biotecnología «azul» (aplicaciones marinas y acuáticas de la biotecnología), los sistemas de guía para la navegación y las actividades turísticas, y que afronten de ese modo las amenazas actuales y futuras, en particular por lo que respecta —entre otros— al cambio climático, la disminución de los recursos pesqueros, el turismo no sostenible y la evolución de las pautas demográficas en las poblaciones costeras;

13.

llama la atención sobre la necesidad de preservar mejor el patrimonio marítimo, teniendo en cuenta un posible incremento de la actividad turística vinculada al desarrollo de las culturas tradicionales;

14.

respalda la creación de una identidad marítima para la región del Mar Negro, para todas las partes interesadas en las distintas actividades marítimas. Hay que esforzarse por superar los problemas medioambientales y desarrollar el turismo, siempre y cuando se fomenten las culturas tradicionales y se preserve de manera más eficiente el patrimonio cultural y natural marítimo;

15.

recomienda a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales que respalden la creación de una pormenorizada base de datos regional para, con la información existente, detallar los aspectos económicos y medioambientales de los recursos marítimos específicos y su repercusión desde el punto de vista social;

16.

recomienda que se evalúen y coordinen planes estratégicos específicos, tomando como ejemplo los establecidos dentro de la Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino, en los que se propugne el establecimiento de regiones marinas más amplias, especialmente para las cuencas marítimas semiencerradas como el Mar Negro. Esta iniciativa deberá correr a cargo de los Estados miembros, a propuesta de la Comisión Europea;

17.

pide a la Comisión Europea que refuerce el papel del transporte en el marco de la futura política marítima, toda vez que el transporte es una de las actividades marítimas más importantes y transversales;

18.

pide a la Comisión Europea que anime a los Estados miembros a que lleven a cabo un seguimiento medioambiental más cuidadoso del grado de contaminación en las principales rutas marítimas y, con esta finalidad, considera que se podría emplear con éxito la nueva tecnología GMES;

19.

propone que se dé un nuevo impulso a los esfuerzos para concluir las terminales marítimas, empezando por aquellas que cuentan con unas claras características intermodales, sobre todo si se tienen en cuenta los retrasos en la realización de algunos proyectos TEN-T que afectan a la dimensión marítima;

20.

recomienda que se refuerce el papel de los puertos estratégicos como una prioridad para el desarrollo de la futura política marítima y, de un modo paralelo, que se encargue un estudio sobre las interconexiones entre los puertos principales y los secundarios, y sobre la posible deslocalización y desconcentración de algunas actividades portuarias a centros más pequeños;

21.

propone a la UE y a los gobiernos nacionales que regulen las actividades de extracción de recursos energéticos marítimos tradicionales como el petróleo y el gas, sobre la base de unas normas de seguridad medioambiental bien definidas; que se lleve a cabo un seguimiento efectivo de tales actividades; que se apoyen iniciativas dirigidas a mejorar o perfeccionar las instalaciones portuarias para la acogida de agua oleosa y se impulsen las innovaciones tecnológicas en el transporte y la manipulación del petróleo, recurriendo en especial a un mayor uso de los oleoductos terrestres;

22.

recomienda que se aseguren mejor las rutas marítimas y se examine la posibilidad de introducir la imposición de pilotaje para petroleros y otros buques con cargas peligrosas, así como de introducir una imposición de pilotaje general para las travesías de buques en zonas estrechas;

23.

considera que son necesarias acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y respalda el sistema para el comercio de los derechos de emisión;

24.

recomienda el estudio de medidas que pudieran ser necesarias para la protección de las costas, sobre la base de las distintas previsiones sobre el aumento del nivel del mar y el cambio de las condiciones climáticas;

25.

insta a la UE y a los gobiernos nacionales a que coordinen y ayuden a las regiones marinas a determinar la manera de proteger eficazmente el medio ambiente existente y, en particular, a crear zonas interregionales o internacionales de protección marina, a que formulen propuestas concretas para reducir significativamente los residuos radioactivos y la contaminación generada por los barcos (en particular, los gases emitidos, los vertidos y las aguas de lastre), y a que apoyen los esfuerzos encaminados a garantizar la calidad de los ecosistemas y los hábitats costeros y marinos, teniendo en cuenta además el importante impacto que la actividad económica puede tener en el medio marino, en concreto por el vertido de nutrientes al mar;

26.

hace hincapié en el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales a la hora de apoyar y celebrar las culturas de las comunidades de la región del Mar Negro, y solicita a la Comisión Europea que respalde la participación de los entes locales y regionales en los nuevos programas culturales de la UE (Cultura 2007);

27.

toma nota de los beneficios sociales y económicos que el desarrollo de la cultura y de la diversidad cultural reporta a los países de la región, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de Lisboa;

28.

resalta la necesidad de intensificar la cooperación intercultural y el diálogo entre confesiones para hacer uso de la diversidad cultural como un instrumento que permita unir a los pueblos en una Europa plurilingüe y multicultural;

29.

señala que es preciso concentrar los esfuerzos en el ámbito regional y local para mejorar la confianza en la región y lograr la resolución pacífica de los «conflictos congelados» mediante programas especiales de cooperación;

30.

reitera la necesidad de mantener un enfoque plurilingüe en una Europa ampliada, ya que constituye un instrumento crucial para la incorporación de la ciudadanía a un proyecto político común europeo;

31.

insta a la UE y a los gobiernos nacionales a que respalden programas y proyectos que favorezcan a nivel local y regional la cooperación interregional entre jóvenes;

32.

hace hincapié en la importancia de incluir a los entes locales y regionales de la región del Mar Negro en la elaboración y aplicación de las políticas comunitarias en materia de migración para una mejor gestión de los flujos migratorios que, respetando plenamente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, deberá ceñirse en la medida de lo posible a la legalidad, recurriendo también a una amplia y estrecha colaboración recíproca entre los cuerpos y órganos encargados de su control;

33.

respalda los instrumentos políticos de que dispone la UE para apoyar aquellas actividades que promueven la integración social de los inmigrantes mediante programas orientados específicamente a los entes locales y regionales;

34.

valora positivamente las iniciativas previstas por la Comisión Europea para luchar contra la inmigración ilegal y su apoyo al intercambio de mejores prácticas en este campo;

35.

propugna que los entes locales y regionales de la región del Mar Negro participen en el desarrollo y la ejecución de las políticas comunitarias en materia de migración, y señala que la elaboración de programas políticos comunes en este ámbito puede garantizar el futuro desarrollo económico con un mayor crecimiento de la economía y de la prosperidad regional;

36.

acoge con satisfacción las iniciativas de la UE sobre igualdad de oportunidades a nivel local y regional, e insta a los gobiernos nacionales a respaldarlas;

37.

valora los logros que se vienen registrando en la región desde 1989 gracias a iniciativas como la Cooperación Económica para el Mar Negro (BSEC) y la Asamblea Parlamentaria del BSEC (PABSEC);

38.

subraya la necesidad de desarrollar y coordinar las experiencias de las iniciativas regionales con valor añadido europeo que vinculan la región del Mar Negro a la UE, como el proceso de cooperación en el Danubio, con especial hincapié en la complementariedad territorial y temática;

39.

recomienda que se mejore la coordinación entre las distintas iniciativas locales y regionales en esta región y, en la medida de lo posible, que se establezcan los respectivos campos de acción para evitar solapamientos y conseguir resultados concretos;

40.

recomienda la divulgación de los ejemplos ya existentes de mejores prácticas regionales y locales, especialmente por lo que respecta a las agrupaciones económicas locales, las redes de investigación, las asociaciones público-privadas, la ordenación territorial y la buena gobernanza, y que se anime y apoye a los entes locales y regionales de los países de la región del Mar Negro para que desarrollen estos ejemplos de mejores prácticas;

41.

coincide con el Parlamento Europeo y la Comisión cuando hacen hincapié en el papel que desempeñan los entes locales y regionales en el ámbito de la comunicación y a la hora de promover el consenso ciudadano y de contribuir a una mayor transparencia y asunción de responsabilidades;

42.

acoge favorablemente todas las medidas adecuadas de la UE que contribuyan al desarrollo de los distintos países, especialmente en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como para ayudar a crear estructuras administrativas eficientes, que forzosamente deben incluir a los entes locales y regionales; en este sentido, acoge favorablemente también todos los proyectos que contribuyan a apoyar el desarrollo autónomo de una cooperación política y económica en la región;

43.

anima a la UE y a los gobiernos nacionales a respaldar programas y proyectos que fomenten la movilidad del personal administrativo regional y local como instrumento para estrechar contactos, intercambiar experiencias y conseguir mejores resultados;

44.

recomienda la participación de las organizaciones que reúnan a los representantes elegidos en el ámbito local para que expresen sus pareceres en el marco del actual diálogo político entre la UE y los países de la región;

45.

anima a los gobiernos nacionales de la región a respetar los principios de la Carta Europea de Autonomía Local;

46.

resalta el papel positivo que podrían desempeñar los entes locales y regionales y, en concreto, los alcaldes a la hora de desarrollar la sociedad civil en la región, especialmente en aquellos territorios donde las autoridades nacionales carecen de una fuerte tradición democrática;

47.

expresa su apoyo a la emergente Eurorregión del Mar Negro con el ánimo de promover la cooperación local y regional entre los países de esta región y apoyar la estabilidad democrática, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible;

48.

señala que existe margen para la colaboración con el Consejo de Europa en el marco de cooperación acordado entre ambas instituciones;

49.

recalca el papel de sus grupos de trabajo como un instrumento útil para respaldar a los entes locales y regionales de los países precandidatos y candidatos en sus esfuerzos por brindar más oportunidades y desarrollar el diálogo político necesario entre la UE y los países precandidatos y candidatos;

50.

valora positivamente la propuesta de la Comisión Europea para que, en esta región, la iniciativa se organice en el ámbito local y los socios asuman una responsabilidad compartida para llevarla a la práctica; propugna la inclusión de los entes locales y regionales en este proceso, ya que de este modo se facilitará un continuo desarrollo de los contactos entre las ciudades y municipios, las universidades, las instancias culturales y las organizaciones de la sociedad civil —incluidas las organizaciones de consumidores— del Mar Negro.