29.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/1

(1)

Recordando los objetivos asignados a la Comunidad Europea, en particular por el artículo 151 del Tratado,

(2)

Haciendo referencia a las disposiciones de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,

(3)

Vista la comunicación de la Comisión del 10 de mayo de 2007 relativa a una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización (1),

(4)

Recordando sus conclusiones del 24 de mayo de 2007 sobre la contribución de los sectores de la cultura y la creación a la consecución de los objetivos de Lisboa (2),

(5)

Teniendo en cuenta la experiencia derivada de la planificación y la ejecución de los planes de trabajo del Consejo para los periodos 2002-2004 y 2005-2007 (3),

(6)

Teniendo en cuenta los resultados del primer Foro cultural para Europa, celebrado en Lisboa los días 26 y 27 de septiembre de 2007,

(7)

Convencido de que la cultura y su especificidad, incluido el multilingüismo, son elementos clave del proceso de integración europea basado en unos valores y un patrimonio comunes, proceso que reconoce, respeta y promueve la diversidad cultural y el papel transversal de la cultura,

(8)

Subrayando que la cultura y la creatividad son importantes motores del desarrollo personal, la cohesión social, el crecimiento económico, la creación de empleo, la innovación y la competitividad,

(9)

Compartiendo la opinión de que el papel de la cultura debería reconocerse más ampliamente en la Agenda de Lisboa, en el nuevo ciclo que ésta inicia en 2008,

(10)

Considerando que la cultura debería desempeñar un papel importante en las relaciones exteriores de la UE como medio para reforzar la cooperación internacional,

(11)

Subrayando la sólida relación entre cultura y desarrollo, y acogiendo con satisfacción un papel más dinámico de los Estados miembros y de la Comunidad Europea en el contexto de su ayuda exterior respectiva, para estimular la aparición en los países en vías de desarrollo de un sector cultural dinámico, y tomando nota de la sugerencia de la Comisión de incrementar la puesta a disposición y la diversificación de la financiación en favor de un acceso creciente de la población local a la cultura, y de los bienes culturales de estos países a los mercados europeos,

(12)

Subrayando la importancia de profundizar en el diálogo intercultural a escala internacional, incluso con países en situación de fragilidad, y de implicar a los actores no gubernamentales, para fomentar un mayor conocimiento y una mayor comprensión.

1.

ACOGE CON SATISFACCIÓN la propuesta de la Comisión de definir una Agenda europea para la Cultura, considerándola un paso importante hacia un mayor desarrollo de la cooperación en el ámbito cultural y un incremento de la coherencia y de la notoriedad de la actuación europea en este ámbito, al tiempo que se consolida el papel transversal de la cultura.

2.

APRUEBA los tres objetivos estratégicos definidos en la Comunicación de la Comisión con vistas a configurar una Agenda Europea compartida para la Cultura, es decir:

3.

CONVIENE en que estos tres objetivos estratégicos deben especificarse del siguiente modo:

4.

HACE HINCAPIÉ en que la actuación para alcanzar estos objetivos debe tener un verdadero valor añadido europeo y llevarse a cabo con pleno respeto del principio de subsidiariedad, y que estas directrices comunes a escala de la UE no son óbice para que los Estados miembros definan y apliquen sus propios objetivos de política nacional.

5.

SUBRAYA que estos objetivos deben considerarse un marco flexible para orientar la actuación futura en el ámbito cultural.

6.

CONVIENE EN que un diálogo continuo, heterogéneo y flexible con los interlocutores de la cultura y en consulta con el sector a todos los niveles (local, regional, nacional y europeo) resulta fundamental tanto para el desarrollo como para la aplicación de la Agenda Europea para la Cultura.

7.

ACOGE CON SATISFACCIÓN la intención de la Comisión de identificar a los interlocutores representativos del sector y emprender una descripción del mismo, para establecer canales de comunicación y estructurar el diálogo con los interesados.

8.

CONVIENE, teniendo en cuenta el impacto positivo del primer Foro cultural celebrado en Lisboa los días 26 y 27 de septiembre de 2007, en que la interacción con la sociedad civil y dentro de ella, y tanto a escala nacional como europea, es un elemento importante para recabar el punto de vista de los interesados, en el contexto de la elaboración de informes periódicos.

9.

CONSIDERA que el nuevo planteamiento propuesto por la Comisión para la cooperación en el ámbito de la cultura, es decir, utilizando el método abierto de coordinación (MAC) de forma específicamente adaptada y teniendo en cuenta las particularidades del sector, proporcionará un marco flexible y no vinculante para estructurar la cooperación en torno a los objetivos estratégicos de la Agenda Europea para la Cultura y para estimular el intercambio de buenas prácticas.

10.

DECIDE lo siguiente:

11.

CONVIENE, de conformidad con la letra c) del punto 10, en que el plan de trabajo para el período 2008-2010 se concentrará en los ámbitos prioritarios de actuación establecidos en el anexo.

12.

El Consejo, en cooperación con la Comisión, podrá revisar la aplicación del MAC en el ámbito cultural a la luz de los progresos realizados, y teniendo en cuenta el ejercicio de información y evaluación mencionado en la letra e).

13.

Se mantendrá informados al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de la aplicación de los planes de trabajo.

14.

INVITA a la Comisión a proseguir su trabajo en el ámbito de las estadísticas sobre cultura en términos de definiciones y metodologías con objeto de conseguir la comparabilidad de los datos estadísticos para apoyar la formulación de normas y medidas empíricamente fundamentadas.

15.

ACOGE CON SATISFACCIÓN la creación por parte de la Comisión de un Grupo interservicios para asegurarse de que en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado se tengan en cuenta los aspectos culturales, tal como establece el artículo 151, apartado 4, del TCE.

16.

RECOMIENDA que se consolide el interfaz entre aspectos culturales y otras políticas comunitarias, mediante la coordinación entre las formaciones del Consejo pertinentes sobre las cuestiones que tengan un impacto en la cultura y mediante el establecimiento de un mecanismo efectivo y coherente de información periódica y seguimiento acerca de los aspectos culturales, de conformidad con otras disposiciones del Tratado.

17.

INVITA al Consejo Europeo a que apruebe las presentes conclusiones, que proporcionan un marco para la Agenda Europea para la Cultura.

29.11.2007   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/5

29.11.2007   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/6

1.

Mediante la Decisión 95/319/CE, la Comisión creó un Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo para supervisar, sobre la base de una estrecha cooperación entre sus miembros y la Comisión, la aplicación efectiva y equivalente del Derecho secundario comunitario en materia de salud y seguridad en el trabajo.

2.

El artículo 5, apartado 2, de dicha Decisión establece que los miembros del Comité serán nombrados por la Comisión a propuesta de los Estados miembros.

3.

El artículo 5, apartado 3, establece que el mandato de los miembros del Comité será de tres años.

4.

El anterior mandato del Comité expiró el 31 de diciembre de 2006. Por consiguiente, es necesario nombrar miembros para el próximo mandato (del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009).

5.

Conforme al artículo 5, apartado 2, los Estados miembros han propuesto los nombres de sus representantes a la Comisión.

6.

La Comisión, con arreglo a las propuestas hechas por los Estados miembros, nombra a los siguientes representantes como miembros del Comité por un período de tres años, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009.

29.11.2007   

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C 287/8

29.11.2007   

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C 287/10

29.11.2007   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/12

A.

La presente Comunicación se adopta con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («Acuerdo EEE») y en el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia («Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción»).

B.

La Comisión Europea (en lo sucesivo, la «Comisión») ha adoptado una comunicación denominada Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (1). Este acto no vinculante contiene un conjunto de principios y normas por los que se rige la Comisión en el ámbito de la competencia. Asimismo, explica cómo se propone la Comisión tramitar las denuncias.

C.

El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que el mencionado acto es pertinente para el EEE. Con objeto de mantener las mismas condiciones de competencia y de garantizar la aplicación uniforme de las normas de competencia del EEE en todo el Espacio Económico Europeo, el Órgano de Vigilancia de la AELC adopta la presente Comunicación en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Se propone seguir los principios y normas establecidos en esta Comunicación cuando aplique las normas de competencia del EEE a un asunto concreto (2).

D.

En particular, el propósito de la presente Comunicación es explicar en detalle cómo se propone el Órgano de Vigilancia de la AELC tramitar las denuncias sobre presuntas infracciones de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE.

E.

La presente Comunicación se aplicará a los asuntos sobre los cuales el Órgano de Vigilancia sea la autoridad de supervisión competente con arreglo al articulo 56 del Acuerdo EEE.

1.

El capítulo II de la Parte I del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (en lo sucesivo, el «capítulo II») (3) establece un sistema por el cual el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia y órganos jurisdiccionales de los Estados de la AELC pueden aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. En concreto, el capítulo II reconoce la complementariedad de las funciones del Órgano de Vigilancia y de las autoridades de competencia de los Estados de la AELC, en tanto que autoridades garantes del interés público, y de los órganos jurisdiccionales de los Estados de la AELC, que resuelven litigios entre particulares para salvaguardar los derechos de los particulares que se derivan de los artículos 53 y 54.

2.

Con arreglo al capítulo II, las autoridades de competencia pueden centrar su atención en la investigación de las infracciones graves de los artículos 53 y 54, que a menudo son difíciles de detectar. Al ejercer su actividad de control de la aplicación de la normativa, pueden recurrir a la información facilitada por las empresas y los consumidores del mercado.

3.

Por tanto, el Órgano de Vigilancia de la AELC desea animar a los ciudadanos y empresas a que se dirijan a las autoridades de competencia para informarlas de las infracciones de la normativa de competencia de las que tengan sospecha. En caso de dirigirse al Órgano de Vigilancia, hay dos formas de hacerlo, la primera presentando una denuncia con arreglo al artículo 7, apartado 2, del capítulo II. De acuerdo con los artículos 5 a 9 del capítulo III de la Parte I del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (en lo sucesivo, el «capítulo III») (4), tales denuncias han de cumplir determinados requisitos.

4.

La segunda vía consiste en facilitar información sobre el mercado, fórmula que no ha de ajustarse a los requisitos de las denuncias con arreglo al artículo 7, apartado 2, del capítulo II. Esta información sobre presuntas infracciones de los artículos 53 y 54 puede servir de punto de partida para una investigación del Órgano de Vigilancia (5). Puede facilitarse información sobre presuntas infracciones en la siguiente dirección:

5.

Sin perjuicio de la interpretación de los capítulos II y III por parte del Tribunal de la AELC, la presente Comunicación tiene por finalidad ofrecer asesoramiento a los ciudadanos y empresas que traten de hallar remedio a las infracciones de las normas de competencia de las que tengan sospecha. Se compone de dos partes principales:

6.

La presente Comunicación no aborda las siguientes situaciones:

7.

Dependiendo de la naturaleza de la denuncia, el denunciante puede presentarla ante un órgano jurisdiccional nacional o ante una autoridad de competencia de un Estado de la AELC que se guía por el interés público. El presente capítulo se propone ofrecer a los denunciantes potenciales la información necesaria a la hora de decidir si se dirigen al Órgano de Vigilancia de la AELC, a las autoridades de competencia de un Estado de la AELC o a un órgano jurisdiccional nacional.

8.

Mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar los derechos de los particulares y, por tanto, resolver los asuntos que se les someten, las autoridades de competencia no pueden investigar todas las denuncias, sino que deben establecer prioridades en la tramitación de asuntos. El Órgano de Vigilancia de la AELC, al que el artículo 55, apartado 1, del Acuerdo EEE atribuye la función de velar por el cumplimiento de los principios enunciados en los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE, es responsable de definir y aplicar las orientaciones de la política de competencia del EEE (7). De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión, con objeto de desarrollar sus funciones de forma eficaz, está facultada para atribuir diferentes grados de prioridad a las denuncias que recibe con arreglo a los artículos 81 u 82 del Tratado CE (8). El Órgano de Vigilancia considera que un principio similar es aplicable al Órgano de Vigilancia en el contexto del Acuerdo EEE.

9.

El capítulo II faculta a los órganos jurisdiccionales y autoridades de competencia de los Estados de la AELC a aplicar íntegramente, junto con el Órgano de Vigilancia de la AELC, los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Uno de los objetivos principales del capítulo II consiste en que los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC participen de forma efectiva en la aplicación de los artículos 53 y 54 (9).

10.

Asimismo, el artículo 3 del capítulo II establece que los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC deben aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE a todos los acuerdos o prácticas que puedan afectar al comercio entre las Partes Contratantes del Acuerdo. Además, los artículos 11 y 15 del capítulo II crean una serie de mecanismos a través de los cuales los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC cooperan con el Órgano de Vigilancia en la aplicación de los artículos 53 y 54.

11.

En este nuevo marco legislativo, el Órgano de Vigilancia de la AELC tiene previsto centrar sus recursos en este ámbito en torno a las siguientes líneas generales:

12.

Los tribunales comunitarios han sostenido de forma sistemática que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen por misión salvaguardar los derechos de los particulares derivados del efecto directo del artículo 81, apartado 1, y del artículo 82 del Tratado CE (11). Del artículo 7 y del Protocolo 35 del Acuerdo EEE se deriva que la legislación del EEE no implica una transferencia de poderes legislativos. Por tanto, la legislación del EEE no exige que los particulares y agentes económicos puedan invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales normas del EEE no adaptadas al ordenamiento jurídico nacional (12). No obstante, de conformidad con el Protocolo 35, los Estados de la AELC tienen la obligación de garantizar, si fuere necesario mediante una disposición legislativa separada, que en caso de conflicto entre normas del EEE adaptadas y otras disposiciones legales, prevalecerán las primeras. De acuerdo con el Tribunal de la AELC, es inherente a la naturaleza de tal disposición que, en caso de conflicto entre una norma del EEE adaptada y una disposición nacional, los particulares y los agentes económicos deben poder invocar y reivindicar a escala nacional todo derecho que pueda derivarse de disposiciones del Acuerdo EEE, puesto que, una vez incorporadas al respectivo ordenamiento jurídico nacional, son parte integrante del mismo, siempre que dichas disposiciones sean incondicionales y suficientemente precisas (13).

13.

Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden pronunciarse sobre la nulidad o validez de contratos y sólo los órganos jurisdiccionales nacionales pueden conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a un particular en caso de infracción de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Todo particular puede solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento que restrinja o falsee la competencia, con objeto de garantizar la plena efectividad de las normas de competencia del EEE. Tales acciones de reclamación de daños y perjuicios pueden contribuir de forma significativa al mantenimiento de una competencia efectiva en el territorio cubierto por el Acuerdo EEE al disuadir a las empresas de que suscriban o apliquen acuerdos o prácticas restrictivos (14).

14.

El capítulo II tiene expresamente en cuenta que a los órganos jurisdiccionales nacionales les corresponde una función esencial en la aplicación de las normas de competencia del EEE (15). Al hacer extensiva la facultad de aplicar el artículo 53, apartado 3, a los órganos jurisdiccionales nacionales, el capítulo II elimina la posibilidad de que las empresas demoren los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales nacionales mediante una notificación al Órgano de Vigilancia de la AELC, de tal modo que desaparece un obstáculo a los litigios entre particulares que existía con arreglo a las normas previas.

15.

Sin perjuicio del derecho o la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de someter un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el artículo 15, apartado 1, del capítulo II establece expresamente que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar dictámenes o información al Órgano de Vigilancia de la AELC. Esta disposición tiene por objetivo facilitar la aplicación de los artículos 53 y 54 por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales (16).

16.

El recurso a los órganos jurisdiccionales nacionales presenta las siguientes ventajas para los denunciantes:

17.

El hecho de que un denunciante pueda asegurar la protección de sus derechos mediante una acción ante un juez nacional constituye un elemento importante que el Órgano de Vigilancia de la AELC podría tener en cuenta en su apreciación del interés con arreglo al Acuerdo EEE de investigar una denuncia (20).

18.

El Órgano de Vigilancia de la AELC sostiene que el nuevo sistema de aplicación establecido por el capítulo II refuerza las posibilidades de que los denunciantes reclamen y obtengan reparación efectiva ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

19.

El capítulo II crea un sistema por el cual el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC tienen la facultad de aplicar plenamente los artículos 53 y 54 (artículo 5). También fomenta la aplicación descentralizada por parte de las autoridades de competencia de los Estados de la AELC, pues establece la posibilidad de intercambiar información (artículo 12) y de prestarse asistencia recíproca en las investigaciones (artículo 22).

20.

El capítulo II no regula el reparto de tareas entre el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC, pero somete la actual distribución de los asuntos a la cooperación entre el Órgano de Vigilancia y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC en el seno de la Red de Competencia de la AELC. El capítulo II persigue el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de los artículos 53 y 54 mediante una distribución de asuntos flexible entre las diversas autoridades competentes de la AELC.

21.

En una Comunicación separada se han establecido orientaciones sobre el reparto de asuntos entre el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC (21). El asesoramiento que ofrece dicha Comunicación, que se refiere a las relaciones entre las diversas autoridades de competencia de la AELC, revestirá interés para los denunciantes al permitirles presentar su denuncia a la autoridad probablemente mejor situada para tramitar su asunto.

22.

En particular, la Comunicación sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia de la AELC establece lo siguiente (22):

«Se puede considerar que una autoridad está bien situada para tramitar un asunto si se cumplen todas y cada una de estas tres condiciones:

Estos criterios indican que debe existir un vínculo material entre la infracción y el territorio de un Estado de la AELC para que se considere bien situada a la autoridad de competencia de dicho Estado. Puede esperarse que en la mayoría de los casos las autoridades de los Estados de la AELC donde la competencia se ve afectada apreciablemente por una infracción estarán bien situadas siempre que puedan poner fin efectivamente a la infracción a través de acciones individuales o concurrentes, a menos que el Órgano de Vigilancia esté mejor situado (véanse los puntos […]).

De ello se deduce que generalmente una única autoridad puede estar en buena situación para tramitar los acuerdos o prácticas que afectan de forma apreciable a la competencia principalmente en su territorio. […]

Además, la acción de una única autoridad nacional de competencia podría también ser apropiada cuando, aunque más de una autoridad pueda estar bien situada, la acción de una sola sea suficiente para poner fin a la totalidad de la infracción. […]

Una acción concurrente de dos o tres autoridades puede ser apropiada cuando un acuerdo o práctica tenga efectos sustanciales sobre la competencia principalmente en sus territorios respectivos y la acción de una sola autoridad no sea suficiente para poner fin a la infracción o sancionarla adecuadamente. […]

Las autoridades que tramiten un asunto de forma concurrente tratarán de coordinar su actuación en la medida de lo posible. A tal fin, pueden estimar oportuno designar a una de ellas como coordinadora para delegarle tareas como, por ejemplo, la coordinación de las investigaciones, si bien cada autoridad será responsable del desarrollo de su propio procedimiento.

El Órgano de Vigilancia de la AELC está particularmente bien situado cuando uno o varios acuerdos o prácticas, incluidas las redes de acuerdos o prácticas similares, tienen efectos sobre la competencia en más de tres Estados de la AELC (mercados transfronterizos que cubren más de tres Estados de la AELC o varios mercados nacionales).

Por otra parte, el Órgano de Vigilancia de la AELC está particularmente bien situado para tramitar un asunto si éste está estrechamente ligado a otras disposiciones del EEE cuya aplicación esté reservada a su competencia exclusiva o cuya aplicación por el Órgano de Vigilancia redunde en una mayor eficacia, así como en los casos en que el interés del EEE requiera la adopción de una decisión del Órgano de Vigilancia para, a raíz de la aparición de un problema de competencia nuevo, desarrollar la política de competencia del EEE o para velar por su observancia efectiva.»

23.

Dentro de la Red de Competencia de la AELC, la información relativa a asuntos que estén siendo objeto de investigación a raíz de una denuncia se pondrá a disposición de todos los miembros de la Red antes o inmediatamente después de adoptarse la primera medida formal de investigación (23). Cuando una misma denuncia haya sido presentada ante varias autoridades o cuando un asunto no haya sido sometido a una autoridad que esté bien situada, los miembros de la Red se esforzarán por determinar, dentro de un plazo indicativo de dos meses, qué autoridad o autoridades deberían instruir el asunto.

24.

A los propios denunciantes les corresponde una importante función en la labor de reducir aún más la necesidad potencial de que los asuntos originados por sus denuncias sean asignados a una autoridad distinta de la inicial, y para ello pueden remitirse a las orientaciones sobre el reparto de tareas en la Red establecidas en el presente capítulo a la hora de decidir dónde presentar su denuncia. Si, a pesar de todo, un asunto pasa a una autoridad distinta dentro de la Red, las empresas afectadas y el denunciante o los denunciantes serán informados lo antes posible por las autoridades de competencia correspondientes (24).

25.

El Órgano de Vigilancia de la AELC podrá desestimar una denuncia de conformidad con el artículo 13 del capítulo II alegando que la autoridad de competencia de un Estado de la AELC está instruyendo o ha instruido el asunto. Cuando lo haga, el Órgano de Vigilancia deberá indicar sin demora al denunciante, con arreglo al artículo 9 del capítulo III, la autoridad nacional de competencia que esté tramitando o haya tramitado el asunto.

26.

Con arreglo al artículo 7, apartado 2, del capítulo II, toda persona física o jurídica que acredite un interés legítimo (25) podrá presentar una denuncia solicitando al Órgano de Vigilancia de la AELC que constate la existencia de una infracción de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y exija que se ponga fin a tal infracción con arreglo al artículo 7, apartado 1, del capítulo II. A continuación se explica cuáles son los requisitos de las denuncias basadas en el artículo 7, apartado 2, del capítulo II, así como su evaluación y el procedimiento seguido por el Órgano de Vigilancia.

27.

El Órgano de Vigilancia de la AELC, a diferencia de los tribunales civiles, cuya tarea consiste en salvaguardar los derechos individuales de los particulares, es una autoridad administrativa que ha de actuar en función del interés público. Uno de los rasgos inherentes a la función del Órgano de Vigilancia en tanto que autoridad de competencia es que dispone de la facultad discrecional de establecer prioridades en su actividad de control de la aplicación de la normativa (26).

28.

El Órgano de Vigilancia de la AELC está facultado para atribuir distintos grados de prioridad a las denuncias que se le presentan y puede referirse como criterio de prioridad al interés que presenta un caso con arreglo al Acuerdo EEE (27). Puede desestimar una denuncia si considera que el asunto no presenta un interés suficiente con arreglo al Acuerdo EEE que justifique que se prosiga la investigación. Cuando el Órgano de Vigilancia desestima una denuncia, el denunciante tiene derecho a que el Órgano de Vigilancia adopte una decisión (28) sin perjuicio del artículo 7, apartado 3, del capítulo III.

29.

Sólo podrá presentarse una denuncia con arreglo al artículo 7, apartado 2, del capítulo II sobre una supuesta infracción de los artículos 53 o 54 con miras a que el Órgano de Vigilancia de la AELC adopte una decisión conforme al artículo 7, apartado 1, del capítulo II. Las denuncias de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del capítulo II deberán cumplir lo dispuesto en el formulario C mencionado en el artículo 5, apartado 1, del capítulo III.

30.

El formulario C está disponible en: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/faq/ y también se adjunta a la presente Comunicación. Las denuncias deberán enviarse en papel (3 copias) y, en la medida de lo posible, en copia electrónica. Además, los denunciantes deberán facilitar una versión no confidencial de la denuncia (artículo 5, apartado 2, del capítulo III). La transmisión electrónica al Órgano de Vigilancia de la AELC podrá realizarse desde la página web indicada, y las copias en papel deberán enviarse a la siguiente dirección:

31.

El formulario C exige que los denunciantes remitan información exhaustiva relativa a su denuncia. Asimismo, deberán facilitar copias de la documentación complementaria pertinente que esté razonablemente a su disposición y, en la medida de lo posible, proporcionar indicaciones de dónde podría el Órgano de Vigilancia de la AELC obtener la información y los documentos pertinentes que no estén a su alcance. En casos particulares, el Órgano de Vigilancia podrá dispensar a los denunciantes de la obligación de proporcionar parte de la información requerida por el formulario C (artículo 5, apartado 1, del capítulo III). El Órgano de Vigilancia considera que esta posibilidad puede facilitar, en particular, las denuncias por parte de asociaciones de consumidores en aquellos casos en que, tratándose de una denuncia por lo demás fundada, dichas asociaciones no tengan acceso a determinada información referente a las empresas denunciadas.

32.

Toda la correspondencia dirigida al Órgano de Vigilancia de la AELC que no cumpla los requisitos del artículo 5 del capítulo III y, por consiguiente, no constituya una denuncia en el sentido del artículo 7, apartado 2, del capítulo II, será considerada información general que, en caso de ser útil, podría servir de punto de partida para una investigación a iniciativa propia del Órgano de Vigilancia (véase el apartado 4).

33.

La condición formal de denunciante con arreglo artículo 7, apartado 2, del capítulo II se reserva a las personas físicas y jurídicas que puedan acreditar un interés legítimo (29). Se considera que los Estados de la AELC tienen un interés legítimo en todas las denuncias que decidan interponer.

34.

En muchos casos, la condición de interés legítimo no suscita dudas, pues los denunciantes están en una situación en la que se ven directa y adversamente afectados por la presunta infracción. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la condición del «interés legítimo» contenida en el artículo 7, apartado 2, requiere un análisis más detallado para concluir que se cumple. A este respecto, la mejor orientación consiste en exponer una serie no exhaustiva de ejemplos.

35.

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha sostenido que una asociación de empresas puede invocar un interés legítimo para presentar una denuncia sobre una práctica que afecte a sus miembros aunque la asociación no se vea directamente afectada, en tanto que empresa activa en el mercado de referencia, por la práctica denunciada, siempre y cuando esté facultada para representar los intereses de sus miembros y exista la probabilidad de que la práctica controvertida afecte adversamente a dichos intereses (30). Por el contrario, el Tribunal ha considerado que la Comisión estaba facultada para no tramitar la denuncia de una asociación de empresas cuyos miembros no se dedicaban al tipo de operaciones comerciales denunciadas (31).

36.

Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, el Órgano de Vigilancia considera que las empresas (directamente o a través de asociaciones habilitadas para representar sus intereses) pueden invocar un interés legítimo cuando operan en el mercado de referencia o cuando la práctica denunciada puede afectar directa y adversamente a sus intereses. El Órgano de Vigilancia considera que pueden invocar un interés legítimo, por ejemplo, las partes del acuerdo o práctica que sea objeto de la denuncia, los competidores cuyos intereses hayan sido supuestamente vulnerados por la práctica denunciada o las empresas excluidas de un sistema de distribución.

37.

Las asociaciones de consumidores también pueden presentar denuncias al Órgano de Vigilancia de la AELC (32). El Órgano de Vigilancia sostiene asimismo que pueden estar en condiciones de acreditar un interés legítimo los consumidores individuales cuyos intereses económicos se vean directa y adversamente afectados en la medida en que son compradores de los bienes o servicios objeto de la denuncia (33).

38.

Sin embargo, el Órgano de Vigilancia de la AELC no considera interés legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, el interés de personas u organizaciones que desean actuar sobre la base de consideraciones relativas al interés general sin acreditar que ellas o sus miembros pueden verse directa y adversamente afectados por la infracción (pro bono público).

39.

Las autoridades públicas municipales o regionales pueden estar en condiciones de acreditar un interés legítimo en tanto que compradores o usuarios de bienes o servicios afectados por la práctica denunciada. En cambio, no se considera que tienen un interés legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, del capítulo II si llaman la atención del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre presuntas infracciones pro bono público.

40.

Los denunciantes deben acreditar su interés legítimo. Si una persona física o jurídica que presenta una denuncia no logra acreditar un interés legítimo, el Órgano de Vigilancia de la AELC, sin perjuicio de su derecho a incoar el procedimiento a iniciativa propia, está facultado para no tramitar la denuncia. El Órgano de Vigilancia puede verificar el cumplimiento de esta condición en cualquier fase de la investigación (34).

41.

En consonancia con la jurisprudencia reiterada de los tribunales comunitarios y la práctica de la Comisión, el Órgano de Vigilancia de la AELC considera que no está obligado a investigar cada asunto (35) ni, por ende, a adoptar una decisión con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra a), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción sobre la existencia de una infracción de los artículos 53 o 54 del Acuerdo EEE (36), pero está facultado para atribuir distintos grados de prioridad a las denuncias que le sean presentadas y para apreciar el interés con arreglo al Acuerdo EEE con objeto de determinar el grado de prioridad que va a aplicar a las denuncias recibidas (37). Su posición solamente será distinta si la denuncia entra dentro de sus competencias exclusivas (38).

42.

No obstante, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha de examinar detalladamente los elementos de hecho y de derecho sobre los que haya llamado su atención el denunciante para apreciar el interés con arreglo al Acuerdo EEE de profundizar en la investigación de un asunto (39).

43.

La apreciación del interés con arreglo al Acuerdo EEE suscitado por una denuncia dependerá de las circunstancias de cada caso concreto. Por consiguiente, ni hay un número limitado de criterios de evaluación en los que pueda basarse el Órgano de Vigilancia, ni éste tiene forzosamente que recurrir exclusivamente a criterios determinados. Como las circunstancias de hecho y de derecho pueden diferir en una medida considerable de un caso a otro, se podrán aplicar criterios nuevos que no hayan sido considerados anteriormente (40). Cuando resulte oportuno, el Órgano de Vigilancia podrá dar prioridad a un solo criterio al apreciar el interés comunitario (41).

44.

Entre los criterios que se han considerado pertinentes a lo largo de la jurisprudencia para apreciar el interés con arreglo al Acuerdo EEE de cara a (proseguir) la investigación de un asunto destacan los siguientes:

45.

Si considera que un asunto no presenta un interés suficiente con arreglo al Acuerdo EEE para justificar (que se prosiga) la investigación, el Órgano de Vigilancia de la AELC puede desestimar la denuncia por este motivo. Tal decisión puede adoptarse bien antes de iniciarse la investigación, o bien después de haber adoptado medidas de investigación (48). Sin embargo, el Órgano de Vigilancia no está obligado a desestimar una denuncia por falta de interés suficiente con arreglo al Acuerdo EEE (49).

46.

El examen de una denuncia con arreglo a los artículos 53 y 54 se compone de dos aspectos: uno relativo a la determinación de los hechos para demostrar la existencia de una infracción de los artículos 53 u 54, y el otro relativo a la apreciación jurídica de la práctica denunciada.

47.

Cuando la denuncia, a pesar de cumplir los requisitos del artículo 5 del capítulo III y del formulario C, no acredite suficientemente las alegaciones expuestas, podrá ser desestimada por este motivo (50). Para desestimar una denuncia sobre la base de que la práctica denunciada no infringe las normas de competencia del EEE o no entra en su ámbito de aplicación, el Órgano de Vigilancia no estará obligado a tener en cuenta circunstancias sobre las cuales el denunciante no haya llamado su atención y que sólo habría podido descubrir mediante una investigación del asunto (51).

48.

En la presente Comunicación no se pueden abordar de forma exhaustiva los criterios de la apreciación jurídica de los acuerdos o prácticas restrictivos con arreglo a los artículos 53 y 54. Ahora bien, los denunciantes potenciales deberían remitirse al extenso asesoramiento disponible en el Órgano de Vigilancia de la AELC (52), además de utilizar otras fuentes y, en concreto, la jurisprudencia del Tribunal de la AELC y los tribunales comunitarios y la práctica decisoria del Órgano de Vigilancia y de la Comisión (53). En los puntos siguientes se mencionan cuatro aspectos específicos y se proporcionan indicaciones sobre dónde encontrar más información.

49.

Para entrar en el ámbito de aplicación de los artículos 53 y 54, los acuerdos y prácticas han de afectar al comercio entre las Partes Contratantes del Acuerdo EEE. Cuando un acuerdo o práctica no cumple esta condición puede aplicarse la normativa de competencia nacional, pero no la del EEE. Puede obtenerse información extensa a este respecto en la Comunicación relativa al concepto de efecto sobre el comercio (54).

50.

Los acuerdos que entran en el ámbito de aplicación del artículo 53 pueden ser acuerdos que, por su importancia menor, se considera que no restringen la competencia de forma significativa. Puede obtenerse información a este respecto en la Comunicación de minimis del Órgano de Vigilancia de la AELC (55).

51.

Los acuerdos que reúnen las condiciones de un reglamento de exención por categorías se considera que reúnen las condiciones del artículo 53, apartado 3. Para que el Órgano de Vigilancia de la AELC pueda retirar el beneficio de la exención por categorías con arreglo al artículo 29 del capítulo II ha de concluir que, tras una evaluación individualizada, un acuerdo al que se aplica el reglamento de exención surte determinados efectos incompatibles con el artículo 53, apartado 3.

52.

Los acuerdos que restringen la competencia en el sentido del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE pueden reunir las condiciones del apartado 3 de dicho artículo. En virtud del artículo 1, apartado 2, del capítulo II, y sin que sea necesaria decisión administrativa previa alguna, tales acuerdos no están prohibidos. Puede obtenerse información sobre las condiciones que ha de reunir un acuerdo con arreglo al artículo 53, apartado 3, en la Comunicación sobre la aplicación del artículo 53, apartado 3 (56).

53.

Tal y como se ha recordado anteriormente, el Órgano de Vigilancia de la AELC no está obligado a llevar a cabo una investigación sobre la base de cada una de las denuncias presentadas con miras a determinar si se ha cometido una infracción. Con todo, está sujeto a la obligación de considerar detenidamente los elementos de hecho y de derecho sobre los que el denunciante haya llamado su atención, con objeto de apreciar si tales elementos constituyen indicios de una práctica que puede infringir los artículos 53 y 54 (57).

54.

El procedimiento del Órgano de Vigilancia en la tramitación de las denuncias consta de varias fases (58).

55.

En la primera fase, que se inicia a partir de la presentación de la denuncia, el Órgano de Vigilancia examina ésta y puede recabar más información para decidir qué curso le dará. Esta fase puede incluir un intercambio informal de puntos de vista entre el Órgano de Vigilancia y el denunciante para precisar los elementos de hecho y de derecho de la denuncia. En esta fase, el Órgano de Vigilancia puede dar una respuesta inicial al denunciante, así como brindarle la oportunidad de ampliar sus alegaciones a la luz de dicha respuesta inicial.

56.

En la segunda fase, el Órgano de Vigilancia puede investigar el asunto más en profundidad con miras a incoar un procedimiento con arreglo al artículo 7, apartado 1, del capítulo II contra las empresas denunciadas. Si el Órgano de Vigilancia considera que no hay motivos suficientes para dar curso a la denuncia, informará de sus razones al denunciante, brindándole la posibilidad de presentar observaciones complementarias dentro de un plazo que fijará a tal fin (artículo 7, apartado 1, del capítulo III).

57.

Si el denunciante no da a conocer sus observaciones en el plazo fijado por el Órgano de Vigilancia, se considerará que la denuncia ha sido retirada (artículo 7, apartado 3, del capítulo III). En todos los demás casos, en la tercera fase del procedimiento, el Órgano de Vigilancia tomará conocimiento de las observaciones remitidas por el denunciante y, o bien incoará un procedimiento contra la persona a quien se refiere la denuncia, o bien adoptará una decisión de desestimación (59).

58.

Cuando el Órgano de Vigilancia desestime una denuncia con arreglo al artículo 13 del capítulo II basándose en que otra autoridad está instruyendo o ha instruido el asunto, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del capítulo III.

59.

A lo largo de todo el procedimiento, los denunciantes estarán amparados por una serie de derechos, tal y como establecen en particular los artículos 6 a 8 del capítulo III. No obstante, los procedimientos del Órgano de Vigilancia en asuntos de competencia no constituyen procedimientos contradictorios entre el denunciante, por un lado, y las empresas sujetas a la investigación, por otro. En consecuencia, los derechos procesales de los denunciantes no son tan amplios como el derecho de defensa de las empresas contra las cuales se incoa el procedimiento de infracción (60).

60.

El Órgano de Vigilancia estará sujeto a la obligación de decidir sobre la denuncia en un plazo de tiempo razonable (61). Lo que constituye una duración razonable dependerá de las circunstancias de cada caso y, en particular, de su contexto, de las distintas fases procedimentales seguidas por el Órgano de Vigilancia, la conducta de las partes a lo largo del procedimiento, la complejidad del caso y su importancia para las distintas partes implicadas (62).

61.

En principio, el Órgano de Vigilancia se esforzará por informar al denunciante del curso que se proponga dar a la denuncia en un plazo indicativo de cuatro meses a partir de la recepción de la misma. Por tanto, en función de las circunstancias del caso y, en particular, de la posible necesidad de solicitar información complementaria al denunciante o a terceros, el Órgano de Vigilancia, en principio, informará al denunciante en el plazo de cuatro meses sobre su intención de seguir o no investigando el asunto. Este plazo no constituye un plazo legal vinculante.

62.

En consecuencia, dentro de este plazo de cuatro meses, el Órgano de Vigilancia podrá comunicar al denunciante el curso que se proponga dar al asunto en tanto que respuesta inicial dentro de la primera fase del procedimiento (véase el punto 55). Asimismo, cuando el examen de la denuncia haya avanzado hasta la segunda fase (véase el punto 56), podrá proceder directamente a informar al denunciante sobre su evaluación provisional mediante carta con arreglo al artículo 7, apartado 1, del capítulo III.

63.

Para garantizar la tramitación más rápida posible de su denuncia, es aconsejable que el denunciante coopere con diligencia en el procedimiento (63), por ejemplo informando al Órgano de Vigilancia de toda evolución que se pueda producir.

64.

Cuando el Órgano de Vigilancia remita un pliego de cargos a las empresas denunciadas de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del capítulo III, el denunciante tendrá derecho a recibir una copia de este documento, de la que se habrán suprimido los secretos comerciales y demás información confidencial de las empresas interesadas (versión no confidencial del pliego de cargos; véase el artículo 6, apartado 1, del capítulo III). Se invitará al denunciante a comentar por escrito el pliego de cargos. A tal fin se fijará un plazo.

65.

Además, cuando resulte adecuado, el Órgano de Vigilancia podrá otorgar al denunciante, si así lo solicita en sus observaciones escritas, la posibilidad de formular su punto de vista durante la audiencia de las partes a las que se haya enviado un pliego de cargos (64).

66.

El denunciante podrá remitir, a iniciativa propia o a solicitud del Órgano de Vigilancia, documentos que contengan secretos comerciales u otro tipo de información confidencial. La información confidencial estará protegida por el Órgano de Vigilancia (65). Con arreglo al artículo 16 del capítulo III, los denunciantes tienen la obligación de indicar la información confidencial, de exponer las razones de tal confidencialidad y de facilitar una versión separada no confidencial cuando formulen sus observaciones con arreglo a los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, del capítulo III, y cuando ulteriormente presenten información adicional en el curso del mismo procedimiento. Además, el Órgano de Vigilancia podrá, en todos los demás casos, solicitar que los denunciantes que presenten documentos o declaraciones indiquen los documentos o declaraciones o las partes de éstos que consideren confidenciales. En particular, podrá establecer un plazo límite para que el denunciante especifique si considera que una información es confidencial y facilite una versión no confidencial, incluida una descripción concisa o una versión no confidencial de cada información suprimida.

67.

La calificación de una información de confidencial no impedirá al Órgano de Vigilancia divulgar ni utilizar la información cuando ello sea necesario para probar una infracción de los artículos 53 o 54 (66). Cuando haya secretos comerciales e información confidencial que sean necesarios para probar una infracción, el Órgano de Vigilancia deberá evaluar, con respecto a cada uno de los documentos, si la necesidad de divulgación es mayor que el daño que podría suponer tal divulgación.

68.

Cuando el Órgano de Vigilancia considere que no procede seguir examinando una denuncia al no haber un interés suficiente con arreglo al Acuerdo EEE para proseguir la investigación o por cualesquiera otros motivos, informará al denunciante mediante una carta en la que indicará la base jurídica (artículo 7, apartado 1, del capítulo III), expondrá los motivos que le hayan llevado a tomar tal decisión y facilitará al denunciante la oportunidad de presentar información u observaciones complementarias dentro de un plazo que fijará el Órgano de Vigilancia. Asimismo, indicará las consecuencias de una falta de respuesta con arreglo al artículo 7, apartado 3, del capítulo III, tal y como se explica a continuación.

69.

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, del capítulo III, el denunciante tendrá derecho a acceder a la información en la que el Órgano de Vigilancia haya basado su evaluación provisional. Normalmente, el acceso se facilitará adjuntando a la carta una copia de los documentos pertinentes.

70.

El plazo de que dispone el denunciante para la presentación de observaciones sobre la carta con arreglo al artículo 7, apartado 1, del capítulo III se fijará en consonancia con las circunstancias del caso. No será inferior a cuatro semanas (artículo 17, apartado 2, del capítulo III). Si el denunciante no responde dentro del plazo fijado, se considerará que la denuncia ha sido retirada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del capítulo III. Asimismo, el denunciante tendrá derecho a retirar su denuncia en cualquier momento si así lo desea.

71.

El denunciante podrá solicitar una ampliación del plazo para la presentación de observaciones. Dependiendo de las circunstancias del caso, el Órgano de Vigilancia podrá conceder tal ampliación.

72.

En ese caso, cuando el denunciante presente observaciones adicionales, el Órgano de Vigilancia tomará conocimiento de las mismas. Cuando, por su naturaleza, las observaciones propicien un cambio en la intención del Órgano de Vigilancia sobre el curso que dará a la denuncia, éste podrá incoar un procedimiento contra las empresas denunciadas. En este procedimiento, el denunciante disfrutará de los derechos procesales indicados anteriormente.

73.

Cuando las observaciones del denunciante no alteren la intención del Órgano de Vigilancia en cuanto al curso que dará al asunto, el Órgano de Vigilancia desestimará la denuncia mediante decisión (67).

74.

Cuando el Órgano de Vigilancia desestime una denuncia mediante decisión con arreglo al artículo 7, apartado 2, del capítulo III, deberá exponer los motivos correspondientes de acuerdo con el artículo 16 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, es decir, de una forma que resulte adecuada para el acto en cuestión y tome en consideración las circunstancias de cada caso individual.

75.

Al indicar los motivos se deberá exponer de forma clara e inequívoca el razonamiento seguido por el Órgano de Vigilancia de tal forma que permita al denunciante apreciar las razones de la decisión y permita al Tribunal de la AELC ejercer su facultad de revisión. No obstante, el Órgano de Vigilancia no estará obligado a definir su postura sobre todas las alegaciones que el denunciante aduzca en apoyo de su denuncia. Bastará con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia decisiva en el contexto de la decisión adoptada (68).

76.

Cuando el Órgano de Vigilancia desestime una denuncia en un asunto que también dé lugar a una decisión con arreglo al artículo 10 (declaración de inaplicabilidad de los artículos 53 o 54) o al artículo 9 (compromisos) del capítulo II, la decisión de desestimación de la denuncia podrá hacer referencia a aquella otra decisión adoptada sobre la base de las disposiciones citadas.

77.

Toda decisión de desestimación de una denuncia podrá ser objeto de recurso ante el Tribunal de la AELC (69).

78.

Toda decisión de desestimación de una denuncia impedirá al denunciante la solicitud de reapertura de la investigación, salvo en el supuesto de que aporte pruebas significativas nuevas. En consecuencia, la correspondencia nueva de un antiguo denunciante sobre la misma presunta infracción no podrá considerarse una denuncia nueva, salvo que se proporcionen al Órgano de Vigilancia pruebas significativas nuevas. No obstante, el Órgano de Vigilancia podrá reabrir el expediente cuando se den las oportunas circunstancias.

79.

La decisión de desestimación de una denuncia no implica un pronunciamiento definitivo sobre la existencia o inexistencia de una infracción de los artículos 53 o 54, incluso si el Órgano de Vigilancia ha evaluado los hechos sobre la base de dichos artículos. Las apreciaciones que el Órgano de Vigilancia efectúa en una decisión de desestimación de una denuncia no pueden impedir que el juez o la autoridad de competencia de un Estado de la AELC aplique los artículos 53 y 54 a los acuerdos y prácticas que le sean sometidos. Las apreciaciones del Órgano de Vigilancia de la AELC en una decisión de desestimación de una denuncia constituyen elementos de hecho que los órganos jurisdiccionales o autoridades de competencia de los Estados de la AELC pueden tomar en consideración al examinar si los acuerdos o la práctica en cuestión se ajustan a los artículos 53 y 54 (70).

80.

De conformidad con el artículo 8 del capítulo II, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá ordenar a iniciativa propia la adopción de medidas cautelares cuando exista el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia. El artículo 8 del capítulo II establece con claridad que los denunciantes con arreglo al artículo 7, apartado 2, del capítulo II no podrán solicitar la adopción de medidas cautelares. Las empresas pueden solicitar la adopción de medidas cautelares a los órganos jurisdiccionales de los Estados de la AELC que están bien situados para decidir sobre tales medidas (71).

81.

Puede que haya personas que deseen informar al Órgano de Vigilancia de la AELC sobre presuntas infracciones de los artículos 53 o 54 sin revelar su identidad a las empresas concernidas por sus alegaciones. Se invita a estas personas a que se pongan en contacto con el Órgano de Vigilancia. El Órgano de Vigilancia está obligado a respetar toda solicitud de anonimato de los informantes (72), salvo en el supuesto de que la solicitud esté manifiestamente injustificada.

29.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/27

Comisión Europea

Dirección General de Energía y Transportes

Dirección A — Asuntos Generales

DM 28, 6/109

B-1049 Bruselas

Fax (32-2) 296 41 04

—

Posible ayuda estatal a Flughafen Lübeck GmbH (gestor del aeropuerto) para la gestión del aeropuerto: la Ciudad Hanseática de Lübeck parece haber financiado la explotación del aeropuerto de diversas maneras, a saber, un acuerdo de transferencia de pérdidas, un contrato de arrendamiento favorable y garantías.

—

Posible ayuda estatal a Flughafen Lübeck GmbH mediante la financiación de infraestructuras: el Estado federado de Schleswig-Holstein ha proporcionado a Flughafen Lübeck GmbH por medio de la Ciudad Hanseática de Lübeck financiación para una serie de inversiones de construcción en el Aeropuerto de Lübeck (especialmente el establecimiento de un sistema de aterrizaje por instrumentos de categoría II (ILS Cat II)).

—

Posible ayuda estatal a Infratil en el contexto de la privatización de Flughafen Lübeck GmbH: Flughafen Lübeck GmbH se «privatizó», ya que la Ciudad Hanseática de Lübeck vendió el 90 % de las acciones de Flughafen Lübeck GmbH a Infratil, operador de infraestructuras establecido en Nueva Zelanda.

—

Posible ayuda estatal a Ryanair: en la relación entre Flughafen Lübeck GmbH y la compañía aérea de bajo coste Ryanair, esta última podría haberse beneficiado de ayuda estatal en forma de tasas de aterrizaje y tasas por pasajero, o una tasa combinada, inadecuadas, y de un acuerdo de comercialización.

—

la construcción y explotación de la infraestructura responden a un objetivo de interés general claramente definido (desarrollo regional, accesibilidad, etc.),

—

la infraestructura es necesaria y proporcionada al objetivo fijado,

—

la infraestructura ofrece perspectivas de utilización satisfactorias a medio plazo, en especial por lo que respecta al uso de infraestructuras existentes,

—

a la infraestructura puede acceder todo posible usuario en condiciones de igualdad y no discriminación,

—

el desarrollo del comercio no se ve afectado de manera contraria al interés de la Comunidad.

—

Apertura de nuevas rutas: las autoridades alemanas no han demostrado que la ayuda se limita a las nuevas rutas.

—

Viabilidad económica y reducción progresiva de la ayuda: las autoridades alemanas no han demostrado que la ayuda se limita a las nuevas rutas ni que se reduce progresivamente.

—

Ayuda relacionada con los costes de puesta en marcha: las autoridades alemanas no han demostrado que la ayuda se limita a los costes de puesta en marcha.

—

Publicidad y no discriminación: las autoridades alemanas no han demostrado que la ayuda se hubiera publicado y que estuviera disponible sobre una base no discriminatoria.

29.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/29

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

B-1049 Bruselas

Fax (32-2) 296 12 42

29.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/38

1.

El 16 de noviembre de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Motorola Inc. («Motorola», EE.UU.) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b) del citado Reglamento, de la totalidad de Vertex Standard («Vertex Standard», Japón) mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4910 — Motorola/Vertex Standard, a la siguiente dirección:

29.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 287/39