30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/1

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recomienda el reconocimiento de una Política Común Europea en materia de migración que permita una mayor cooperación y coordinación entre los Estados miembros y los países terceros.

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requiere con carácter urgente la creación de un Instrumento financiero destinado particularmente a los polos identificados como de mayor inmigración y a las zonas de tránsito que sufren las llegadas masivas de inmigrantes como Canarias, Ceuta, Lampedusa, Malta, Melilla y, en general, el sur de Italia: zonas donde la llegada en masa de inmigrantes constituye un problema de extrema gravedad.

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recomienda la adopción de todas las medidas necesarias para acabar con el tráfico de seres humanos y con las mafias que lo practican y pide que se eleve al rango de prioridad de la UE y se le dediquen los medios financieros adecuados. Es fundamental evitar la inmigración ilegal y luchar contra la economía sumergida que la promueve.

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hace hincapié en el importante papel que desarrollan los entes locales y regionales, tanto por su experiencia en las relaciones que mantienen con los países de origen como por las medidas que desarrollan para la integración de los inmigrantes, principalmente en materia de sanidad (que representa el mayor porcentaje de gasto público), vivienda, educación y empleo.

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propone crear un mecanismo de seguimiento de los dictámenes sobre inmigración, dirigido a asegurar su representación, a través del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales o de los ponentes, según los casos, en las diferentes iniciativas de la Comisión en esta materia. Este mecanismo permitiría su participación activa en las diferentes etapas del proceso legislativo: a) en la fase prelegislativa (consulta como parte interesada, análisis de impacto); b) en la fase de evaluación de la política (informes anuales de migración e integración).

1)

CONSIDERANDO que Europa está viviendo la mayor situación de urgencia migratoria de su historia; que, dado que el objetivo final de este fenómeno es el acceso al territorio europeo, no es un problema localizado únicamente en los Estados miembros y las regiones principalmente receptoras de esa inmigración, sino que debe ser considerado desde una perspectiva global de toda la UE, de los Estados miembros, de los países emisores y de tránsito de esta migración que, juntos, deben afrontar los nuevos desafíos que generan los movimientos migratorios día a día, incluyendo los movimientos de población migratoria en el interior de la UE, y que el Programa de La Haya decidido por el Consejo Europeo en noviembre de 2004 ya esboza un programa de trabajo para la creación de una política común de inmigración y la establece como una prioridad de la Unión;

2)

CONSIDERANDO que faltan datos estadísticos fiables para valorar con exactitud la relación entre la migración legal e ilegal y el fenómeno migratorio de manera global y que, por tanto, sigue siendo pertinente continuar con la tarea de la Red Europea de Migración para disponer de información objetiva y comparable, con el objeto de apoyar políticas comunes de inmigración y asilo;

3)

CONSIDERANDO que la integración de la población inmigrante debe ser considerada desde la perspectiva de su inserción en el mercado de trabajo, (con especial atención a las mujeres inmigrantes), pero también desde una perspectiva amplia que incluya, entre otros, el ámbito educativo, cultural, social y político;

4)

CONSIDERANDO que la integración es un proceso en dos direcciones, que presupone tanto la voluntad de los inmigrantes de integrarse en la sociedad de acogida y su responsabilidad a la hora de llevar esta voluntad a la práctica como la voluntad de los ciudadanos de la UE de aceptar incluir a los inmigrantes, siendo necesarias acciones de sensibilización y educación para influir positivamente en los comportamientos de ambos grupos;

5)

CONSIDERANDO que las colectividades locales y regionales, como receptores directos de esa inmigración y actores principales en la aplicación de medidas de integración (laboral, educativa, cultural, social y política), deberán jugar un papel esencial en la definición de la política de inmigración para asegurar la efectiva integración de los inmigrantes desde el nivel más cercano al ciudadano,

1.1

Estima, de acuerdo con lo expuesto anteriormente por él mismo en anteriores dictámenes sobre retorno de inmigrantes ilegales y sobre la aplicación regional y local del Programa de la Haya (1), que la inmigración debe ser considerada desde un punto de vista global que incluya una visión clara de las acciones más importantes que se han de emprender en el ámbito de la política migratoria y no se base en medidas fragmentadas. Hay que considerar todas las iniciativas legislativas, operativas y económicas necesarias para abordar el fenómeno desde su inicio, mediante la cooperación al desarrollo con los países de origen y la lucha contra el trafico ilícito de seres humanos, hasta su última fase, consistente en la adopción de las medidas necesarias para la integración de todos los inmigrantes instalados en nuestros países y la lucha contra la economía sumergida, que actúa como claro factor de llamada y que induce a la explotación; observa que las organizaciones delictivas contribuyen a fomentar la inmigración ilegal.

1.2

Subraya que, a pesar del aumento de la inmigración desde los años 80 y de que la UE es receptora de un gran número de inmigrantes de los países en vías de desarrollo (se calcula en 40 millones de personas en la actualidad), aún no existe una política europea común en materia de regulación de los flujos migratorios, por lo que los Estados miembros toman decisiones unilaterales que dificultan la adopción de una posición común.

1.3

Observa además que no se debe esperar a que ocurran acontecimientos de graves consecuencias en relación con la gestión de los flujos migratorios. Estas situaciones de emergencia no pueden ser requisito previo para el establecimiento de los convenios de asociación.

1.4

Considera que los convenios de asociación que se suscriban con los países terceros deberán integrar los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de manera que se establezca una verdadera relación o vínculo de interdependencia entre la migración y el desarrollo, como se recomienda en el Informe del Parlamento Europeo sobre desarrollo y migración (2).

1.5

Confirma que la actuación que se debe desarrollar primordialmente para evitar el fenómeno migratorio de tipo descontrolado es la cooperación al desarrollo integral mediante proyectos generadores de empleo, la creación de un foro económico y comercial, la creación de redes de universidades, la creación de fondos de microcréditos para inmigrantes, la implementación de medidas que faciliten a los inmigrantes su colaboración al desarrollo de sus propios países, la instalación de infraestructuras, sobre todo aquellas destinadas a proporcionar agua potable (el 42 % de la población de África no tiene acceso al agua potable), electricidad (solo el 20 % dispone de un acceso regular a la red eléctrica), centros de salud y escuelas. Todo ello teniendo en cuenta que el eje prioritario ha de ser la colaboración al fortalecimiento institucional, creando en los países destinatarios de la ayuda al desarrollo una serie de condiciones previas, como son la transparencia en la gestión y la democratización de estructuras, necesarias para que la recepción y el aprovechamiento de esa ayuda sean efectivos. Se trata con ello, en suma, de potenciar la calidad, más que la cantidad, de la cooperación al desarrollo; es de especial importancia garantizar un alto grado de transparencia en la utilización de las ayudas, de modo que éstas verdaderamente sean fuente de desarrollo.

1.6

Hace hincapié en el importante papel que desarrollan los entes locales y regionales tanto por su experiencia en las relaciones que mantienen con los países de origen, como por las medidas que desarrollan para la integración de los inmigrantes, principalmente en materia de sanidad (que representa el mayor porcentaje de gasto público), vivienda, educación y empleo; En la cooperación con los países de origen las autoridades locales y regionales han concluido múltiples acuerdos y proyectos; entre otros, cabe citar las casas de acogida para jóvenes en retorno, abiertas por la Comunidad de Madrid en Marruecos dentro del marco del programa AENEAS.

1.7

Recuerda la Declaración de la 5a Conferencia de Parlamentos de las Regiones Capitales de la UE, reunidos los días 26 y 27 de abril de 2006, en la que se reconoce que las Regiones Capitales de la UE por su prosperidad y dinamismo constituyen fuertes polos de atracción para las personas de países terceros que buscan nuevas perspectivas de progreso y, de acuerdo con esto, considera que deben implementarse medidas que eviten llegadas masivas fuera de los cauces regulares por pasos fronterizos aeroportuarios, portuarios y terrestres, así como que desarrollen una planificación adecuada conducente a la integración de estas personas en las demás regiones de nuestros países.

1.8

Recuerda, asimismo, la posición de las Regiones Capitales, que apuestan por el desarrollo de una política europea común de inmigración que aborde de forma integral todas las cuestiones que afectan a la integración plena de los inmigrantes en la sociedad. Sólo a través de la integración se conseguirá que compartan los valores de convivencia democrática y respeto de los derechos humanos que inspiran los sistemas políticos integrantes de la UE. En este sentido, llama la atención sobre la importancia del desarrollo de iniciativas que formen a los inmigrantes en la lengua o lenguas oficiales y la cultura de la sociedad de acogida, así como aquellas que les hagan sentir importantes para ésta y corresponsables de su futuro.

1.9

Considera que la inmigración es un reto para todos: todos tenemos un papel que realizar, desde las administraciones -europea, nacional, regional y local-, hasta los ciudadanos europeos y los propios inmigrantes. Sólo así podremos solucionar sus problemas y aprovechar -todos, sus países de origen también- las oportunidades que ofrece.

1.10

Estima, por lo tanto, que es necesario mejorar la cooperación:

1.11

Recomienda lo siguiente:

1.12

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas para la canalización de las remesas que envían los inmigrantes hacia inversiones productivas en sus países de origen, facilitando el acceso de éstos a microcréditos. En este sentido apunta la conveniencia de canalizar esas remesas para su conexión con las inversiones efectuadas a través de los fondos de cooperación al desarrollo. Recomienda por añadidura instituir la obligación de derivar la deuda condonada hacia inversiones productivas que a su vez puedan conectarse con las citadas remesas, de modo que al inmigrante inversor la operación de inversión de sus ahorros en esos proyectos le resulte la opción más rentable.

1.13

Insta, en esa línea, al establecimiento de un fondo de garantía para asegurar la perennidad de los microproyectos y maximizar su efecto sobre el desarrollo y apoya la instauración de un foro económico y comercial y de redes formadas por profesionales procedentes de la Unión Europea y de los países en vía de desarrollo.

1.14

Solicita a los Estados miembros que se asocien con los entes locales y regionales en la elaboración de las políticas migratorias y en el establecimiento de los planes nacionales para la integración y el empleo que se elaboran, ya que las medidas necesarias para su ejecución se ponen en práctica en los ámbitos local y regional.

1.15

Requiere con carácter urgente la creación de un Instrumento financiero destinado particularmente a los polos identificados como de mayor inmigración y a las zonas de tránsito que sufren las llegadas masivas de inmigrantes como Canarias, Ceuta, Lampedusa, Malta, Melilla y, en general, el sur de Italia: zonas donde la llegada en masa de inmigrantes constituye un problema de extrema gravedad, dada la falta de medios para dispensarles un trato humanitario adecuado. Ha de recordarse que la diferencia de renta entre ambos lados de la frontera exterior sur de la UE es la mayor del mundo.

1.16

Pide a la UE y a los Estados miembros que tomen en consideración el carácter particular del fenómeno de la inmigración irregular masiva que entra por las costas de los territorios insulares de la UE, de la tragedia humanitaria que representa y de las consecuencias que entraña en cuanto a la seguridad y la cohesión del territorio europeo. la UE debe aprovechar el potencial de las regiones que componen su frontera marítima como plataforma para el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas con los países terceros.

1.17

Estima, de acuerdo con lo expuesto por él mismo en los anteriores Dictámenes sobre reagrupación familiar, sobre aplicación local y regional del Programa de La Haya y sobre el Libro Verde relativo a una política de retorno de los residentes ilegales; y en línea con lo manifestado por el Parlamento Europeo en su Informe sobre desarrollo y migración (3), que deben tomarse medidas dirigidas a aumentar la seguridad jurídica existente en materia de migración y, esto, en varios ámbitos:

1.18

Promueve, en línea con lo ya defendido anteriormente por él mismo en el Dictamen sobre el «Libro Verde relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales» (4), que se desarrollen medidas para favorecer el retorno voluntario y dar prioridad a éste, frente al forzoso. Sería positivo el establecimiento de incentivos para que los potenciales inmigrantes permanezcan en el propio país de origen. En el caso del retorno forzoso, se debe prestar especial atención a los colectivos de personas vulnerables. En cualquier caso, es imprescindible la colaboración con los países de origen.

1.19

Recuerda que, de acuerdo con los convenios internacionales sobre la infancia, el interés superior del niño, siempre que sea posible, exige que éste crezca en su entorno familiar. La ayuda debe prestarse en los países de origen, donde se les debe educar y formar para encontrar trabajo allí, cerca de sus familias. De hecho la convención de derechos del niño obliga a los Estados a luchar contra los traslados ilícitos a otros países.

1.20

Expresa su deseo de que la gestión del Fondo Europeo para la Integración tenga en cuenta las exigencias específicas de los entes regionales y locales y apoya la participación de estos últimos en la negociación de los programas nacionales, así como en los programas operativos correspondientes;

1.21

Insta igualmente a la Comisión, en línea con el Informe del Parlamento Europeo sobre desarrollo y migración, a que prepare los instrumentos financieros necesarios para la integración de los inmigrantes en la vida política y social del país de acogida mediante la formación lingüística, cultural y cívica, sin menoscabo de la preservación debida a la identidad de los inmigrantes. Además, destaca que también deben ser tenidos en cuenta los problemas específicos de la integración de los descendientes (hijos/as y nietos/as) de inmigrantes.

1.22

Subraya el área de educación, que es la política que más y mejor facilita la integración, ya que la tasa de éxito escolar de los inmigrantes se sitúa en niveles alarmantemente inferiores a la media del resto de ciudadanos de la UE. Recuerda que es esencial para la integración de los inmigrantes la articulación de los instrumentos necesarios para su inserción en el sistema educativo, así como en el mercado de trabajo. Para ello, propone:

1.23

Estima importante, en línea con lo expuesto por la Comisión en su Manual para la integración:

2.1

Estima, en cuanto a la inmigración legal, que no se debe olvidar que son precisamente aquellos que por sus capacidades emigran los que pueden estimular el desarrollo de sus países de origen.

2.2

Considera que la fuga de cerebros, como ya ha resaltado en su Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o voluntariado» (5), debe tomarse en consideración, de manera que, si bien hay que fomentar las posibilidades que ofrecen para la economía de nuestros países, hay que facilitarles también el retorno a sus países de origen para que favorezcan su desarrollo, así como ofrecer la posibilidad de volver de nuevo para continuar su formación o para completarla constituyéndose así un continuo flujo de experiencias y beneficios para el país de origen y para el de acogida.

2.3

Estima que la migración circular constituye una importante baza para reforzar la contribución positiva de las migraciones al desarrollo.

2.4

Apoya el objetivo fundamental que persigue la Comisión, que es garantizar un marco común de derechos a todos los nacionales de países terceros contratados legalmente y admitidos en un Estado miembro. Subraya especialmente que deberá abordar el tema del reconocimiento y homologación de títulos y otras cualificaciones para evitar que se produzcan situaciones en que los inmigrantes trabajen por debajo de sus cualificaciones.

2.5

Resalta la importancia del acceso al empleo para lograr la integración de los inmigrantes y señala el contraste existente entre el enfoque simplista que se centra únicamente en la necesidad de acoger a más inmigrantes y legalizar simplemente la mano de obra, frente a los esfuerzos regionales y locales para combatir la exclusión, la marginación, la xenofobia y la implementación de medidas para la inclusión de las mujeres, cuyo vínculo con los hijos deviene fundamental para la integración de la familia.

2.6

Considera que la migración legal deberá tomar en consideración la reagrupación familiar como uno de los ejes básicos de integración social de los inmigrantes, ya que de otro modo la estrategia resultará incompleta. No obstante, la reagrupación familiar como proceso catalizador de la integración ha de impulsarse en tanto en cuanto se circunscriba a la célula familiar integrada por padres, hijos y abuelos.

2.7

Subraya en este sentido la preocupación de los entes locales y regionales por la dimensión de género, ya que hay que tener en cuenta la doble discriminación que sufre la mujer no sólo por motivo de sexo sino también por su procedencia étnica. En este sentido pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen el diálogo con los países de origen con el fin de promover los derechos de la mujer y la igualdad de sexos.

2.8

Apoya las consideraciones de la Comisión relativas a los trabajadores temporeros y considera la necesidad de elaborar normas más favorables en materia de movilidad de mano de obra temporal. Es preciso, sin embargo, evitar que el trabajo de temporada se convierta en una cadena de inmigración irregular. Una posible vía para ello es ubicar el trabajo de los temporeros en el marco de proyectos de cooperación con los países de origen, de manera que estos trabajadores cuenten con el incentivo del regreso, una vez acabada la temporada, a dichos países de origen, para continuar trabajando insertados en un proyecto de cooperación. En el marco de esos proyectos de cooperación, además, se podría impulsar la llegada de trabajadores temporeros procedentes, no ya sólo de países geográficamente próximos, sino de otros más alejados, como los de Hispanoamérica, aprovechando el actual abaratamiento de los costes de viaje.

2.9

Estima imprescindible, de acuerdo con la Comisión, la mejora de la recogida de datos para el adecuado desarrollo de una política europea de inmigración, que en todo caso deberá tener como factor decisivo, a la hora de admitir inmigrantes, las necesidades de los mercados de trabajo. Es insostenible que el 90 % de los inmigrantes pasen por ser ilegales antes de llegar a ser legales.

2.10

Se felicita de la voluntad, manifestada por la Comisión Europea en el documento, de realzar, en ese sentido, el papel del Portal Europeo de la Movilidad Profesional, que ofrece en Internet la información de la red de cooperación EURES (Servicios europeos de empleo), cuyo propósito es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los trabajadores y empresarios, y así informar, orientar y asesorar a los candidatos a la movilidad tanto sobre las oportunidades de empleo como sobre las condiciones de vida y de trabajo en el Espacio Económico Europeo, ayudando, entre otros, a los empresarios que deseen contratar a trabajadores de otros países; el CDR podría contribuir señalando a la Comisión los portales web gestionados por las autoridades locales y regionales que pueden ser importantes fuentes de información para todos los agentes implicados (6).

2.11

Apoya la idea de la Comisión Europea de que Europa debe hacerse atractiva para los trabajadores cualificados, para los estudiantes más destacados y para los investigadores. Además, en el caso de los estudiantes, se debe permitir (al contrario de lo que ocurre actualmente en ciertos Estados miembros) que trabajen mientras estudian, ya que esto puede servirles de transición hacia el mercado de trabajo. Sería interesante la creación de programas específicos de movilidad para estudiantes extranjeros, tal y como se hace con carácter general en la UE a través de experiencias tan exitosas como las de Erasmus o Leonardo da Vinci, para evitar la fuga de cerebros y facilitar su formación, en cuanto inestimable capital humano para los países de origen.

2.12

Respalda que se estudie la emisión conjunta en determinados casos del permiso de residencia y del de trabajo, evitando trámites y aumentando el control; así mismo, propone la homologación de los permisos de trabajo y residencia en toda la Unión.

2.13

Recalca la afirmación de la Comisión Europea de que la inmigración no es solución al envejecimiento en Europa, es sólo un instrumento, que alivia, pero no resuelve por sí mismo, el problema del déficit demográfico en Europa.

2.14

Se felicita por la importancia que la Comisión Europea da en la Comunicación a la colaboración con los países origen de la inmigración y secunda la potenciación de los instrumentos financieros relativos a la inmigración ya existentes, así como la creación de otros nuevos específicos.

2.15

Observa que en el plano interno las autoridades regionales y locales están, por sus competencias de gestión, directamente confrontadas a las cuestiones de la inmigración, por lo que subraya que pueden aportar un valor añadido muy importante a las actividades y debates de intercambio de experiencias que programa la Comisión Europea para el año 2007 en el ámbito de la sensibilización, la información y la formación (7).

2.16

Propone a la Comisión su contribución en la realización de los análisis de impacto que ésta ha anunciado que desea llevar a cabo antes de presentar propuestas concretas en materia de inmigración legal y en la consulta sistemática a las autoridades locales y regionales (8).

3.1

Apoya muy particularmente la necesidad de la cooperación con los países terceros para evitar la inmigración clandestina y, en ese sentido, apoya la decisión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre 2005 de aplicar el 3 % del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación a intensificar la ayuda financiera en aquellas áreas directamente ligadas a la inmigración.

3.2

Estima necesario el impulso de convenios de asociación con los países origen de la inmigración, que deberán anticiparse a potenciales situaciones de urgencia migratoria y humanitaria y que han de incluir acuerdos, tanto en materia de cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal y de retorno y repatriación de inmigrantes ilegales como de ayuda al desarrollo y de creación de oportunidades de empleo para la población autóctona de estos países.

3.3

Considera fundamental desarrollar todas las fuentes de información disponibles en los países de origen relativas la inmigración, su dimensión, la normativa existente y las posibilidades de canalización de ésta por vías regulares;

3.4

Apoya la gestión de la Comisión Europea dirigida a establecer un mecanismo de asistencia rápida a un Estado miembro cuando esté sometido a graves situaciones de presión en las fronteras exteriores. Insta al Consejo a dotar a la Comisión de medios suficientes para desarrollarlo adecuadamente.

3.5

Subraya en el documento presentado por la Comisión Europea la propuesta relativa a la necesidad de acabar con el tráfico de seres humanos y con las mafias que lo practican y pide que se eleve al rango de prioridad de la UE y se le dediquen los medios financieros adecuados. Es preciso tomar conciencia de la magnitud del drama humanitario que supone: según las estadísticas de diversas organizaciones internacionales, uno de cada tres inmigrantes fallece en el trayecto hacia el país de destino.

3.6

Advierte, en conexión con lo anterior, de la necesidad de evitar, por parte de los países europeos receptores, la delegación de la gestión del retorno de los inmigrantes en países fronterizos que no muestran un suficiente respeto a los derechos humanos, a fin de mantener el máximo control de los derechos humanos.

3.7

Enfatiza que, en este sentido, la Estrategia Europea sobre el Empleo y las directrices generales deben incitar al empleo regular con medidas como la reducción de los gastos no salariales de la mano de obra y la reducción de la presión fiscal sobre los trabajadores de bajo salario o poco cualificados, que pueden contribuir a disminuir las incitaciones al trabajo no declarado y, por consiguiente, a la contratación de inmigrantes clandestinos. Estas medidas de flexibilización del mercado de trabajo deben impulsar la contratación legal de inmigrantes.

3.8

Apoya el fomento de las campañas de información sobre las ventajas de la migración legal y los peligros de la inmigración ilegal, así como la iniciativa de la Comisión de lanzar un estudio en el año 2007 sobre las actuales prácticas y los efectos de las regularizaciones en los Estados miembros que servirá de base para futuras discusiones y el establecimiento de un marco jurídico común para la regularización a escala europea.

3.9

Considera oportuno que las representaciones diplomáticas de los Estados miembros, junto con los servicios de inteligencia, se coordinen a nivel comunitario para poder identificar y frenar, en colaboración con los entes locales competentes, a las organizaciones delictivas responsables del transporte ilegal de inmigrantes.

4.1

Está de acuerdo con el mandato de la futura red de migración consistente en proporcionar a la Comisión, a los Estados miembros, y al público en general, la información objetiva, fiable y comparable en el ámbito del asilo y la migración y apoya su puesta a disposición del público salvo aquella de carácter confidencial, siempre de acuerdo con las agencias de protección de datos.

4.2

Se muestra conforme con que las tareas concretas de recopilación de datos y análisis de la información, investigación, publicación de opiniones y recomendaciones y organización de actividad de sensibilización deben atribuirse a una estructura única, ya que la concentración genera economías de escala y facilita la coordinación, además.

4.3

Añade otra tarea: que la REM también se ocupe de la coordinación de la transposición de la legislación comunitaria realizada por los diversos países.

4.4

Sugiere, en línea con el Parlamento Europeo (9), a efectos de poder garantizar una cooperación estrecha entre los actores interesados y los órganos responsables de la recogida de información, nombrar a un enlace en cada uno de ellos y utilizar una web restringida al uso de los interesados y usuarios especializados. Asimismo será necesario un enlace entre los organismos nacionales e internacionales que se encarguen de estas cuestiones. Éstos deben buscar modos de cooperación para la solución de los problemas.

4.5

Aconseja, en cuanto a la estructura de la Red, la opción 1, de Red adjunta a la Comisión porque facilita el control, la coordinación y la relación con las otras instituciones europeas. En cuanto a la función de los Puntos de Contacto Nacionales, deben ser los representantes nacionales los que se encarguen de la recogida de datos y del estudio de los problemas. El papel de los Puntos de Contacto debería estribar en recopilar, analizar -en la medida de lo posible- y transmitir la información a la Red y a los agentes nacionales una vez definidos y acordados en el ámbito nacional los deberes y actividades del punto de contacto. Su estatuto debería garantizar su independencia del gobierno de cada país y su estructura debería integrar a las regiones y a los entes locales. En todo caso la fluidez en la transmisión de la información debe estar garantizada.

4.6

Considera fundamental mediante esta Red:

5.1

Considera necesario potenciar los informes anuales de migración y desarrollo, que proporcionen las cifras que permitan planificar la inmigración y desarrollar una política migratoria adecuada. No se puede planificar las políticas públicas sin información suficiente, y menos en este ámbito.

5.2

Insta a favorecer el intercambio de información a través de las redes existentes y de la futura Red Europea de Migración, entre los países miembros, y entre estos y sus entidades locales y regionales. Todos los agentes implicados deben poder acceder al máximo de información posible.

5.3

Recalca que cualquier idea que se desee llevar a cabo deberá traducirse en programas, y cualquier programa o legislación que quiera desarrollarse deberá ser evaluado posteriormente para conocer su utilidad y su buena o mala gestión. Se congratula, por lo tanto, de la iniciativa de la Comisión de elaborar un Informe anual de evaluación sobre migración e integración.

5.4

Apoya la propuesta de la Comisión de establecer un foro anual de integración en el que los expertos, los inmigrantes, los responsables de las administraciones públicas, incluidos los niveles regional y local, y, en general, todos los agentes implicados compartan mejores prácticas y obtengan conclusiones aplicables. Considera de vital importancia el intercambio de mejores prácticas, donde los entes territoriales pueden prestar una contribución concreta, para lograr un avance y una homologación en los resultados de las políticas aplicadas en esta materia. En todo caso, deberán instrumentarse los medios necesarios para la obtención de datos amplios y precisos sobre el fenómeno migratorio, que serán considerados para la implementación de dichas políticas. Los informes anuales deberán ser tenidos en cuenta en este foro. Siempre debe existir contacto con todos los agentes implicados.

6.1

Recomienda el reconocimiento de una Política Común Europea en materia de migración que permita una mayor cooperación y coordinación entre los Estados miembros y los países terceros.

6.2

Considera fundamental mejorar la cantidad y calidad de los datos disponibles y conocer las necesidades del mercado laboral para el adecuado desarrollo de una política europea de inmigración y para el control de los flujos migratorios.

6.3

Recomienda la promoción del codesarrollo como vía para aprovechar el potencial que representan las comunidades de inmigrantes establecidos en los países de la Unión para el desarrollo de su país de origen, y aconseja el estudio de otras alternativas creativas para canalizar la inmigración legal que eliminen los obstáculos que existen para contratar a los inmigrantes en el país de origen.

6.4

Recomienda la adopción de todas las medidas necesarias para acabar con el tráfico de seres humanos y con las mafias que lo practican y pide que se eleve al rango de prioridad de la UE y se le dediquen los medios financieros adecuados. Es fundamental evitar la inmigración ilegal y luchar contra la economía sumergida que la promueve.

6.5

Confirma de nuevo que, en el plano interno, las autoridades regionales y locales están, por sus competencias de gestión, directamente confrontadas a las cuestiones de la inmigración, por lo que se propone crear un mecanismo de seguimiento de los dictámenes sobre inmigración, dirigido a asegurar su representación, a través del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales o de los ponentes, según los casos, en las diferentes iniciativas de la Comisión en esta materia. Este mecanismo permitiría su participación activa en las diferentes etapas del proceso legislativo:

6.6

Solicita, así, su representación en los grupos de trabajo formales e informales de la Comisión sobre política migratoria Cree que este seguimiento permitiría a la Comisión beneficiarse de la experiencia que las entidades locales y regionales obtienen sobre el terreno en materia de inmigración.

6.7

Solicita que la estructura de la REM integre a las regiones y a los entes locales.

6.8

Solicita, en cuanto al Portal web de inmigración que quiere crear la Comisión, su contribución, señalándole los portales web gestionados por las autoridades locales y regionales que pueden por su importancia ser fuentes de información para todos los agentes implicados.

6.9

Solicita la potenciación de los instrumentos jurídicos y financieros existentes, así como la creación de uno nuevo, dirigido a la integración, de forma específica mediante la educación, de los inmigrantes recién llegados y de sus descendientes (hijos/as y nietos/as).

6.10

Propone la celebración de la I cumbre sobre «el papel de las regiones europeas en la gestión de los flujos migratorios», con el objetivo de favorecer el intercambio de opiniones y experiencias entre nuestras regiones en esta materia.

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/10

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La vivienda no es sólo una cuestión de ladrillos y cemento, sino que también afecta a las zonas y a las comunidades donde residimos. Afrontar la agenda de la vivienda implica trabajar en favor de zonas más seguras, más limpias y más verdes en nuestras ciudades y regiones, donde los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y sus interacciones. Las cuestiones relativas a la vivienda también se refieren al acceso al empleo, el transporte y los servicios, y a la creación de un entorno de alta calidad. Por lo tanto, aunque la vivienda no es competencia específica de la Unión Europea, muchas políticas comunitarias tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuestiones relativas a la vivienda. Esto incluye, en particular, políticas en materia de medio ambiente urbano, eficiencia energética, energías renovables, contaminación acústica y salud e igualmente la consecución del mercado interior de servicios y la política de competencia.

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Los nuevos Estados miembros pueden utilizar hasta el 3 % de la dotación de los programas operativos correspondientes o el 2 % de la dotación total del FEDER para la vivienda, y el dictamen contiene consejos prácticos y ejemplos de buenas prácticas de toda la UE para facilitar apoyo a este gasto, incluyendo ideas para optimizar la relación física entre el paisaje y los edificios, viviendas, empleos y servicios locales; la eficiencia energética y el desarrollo sostenible; y para evitar la formación de guetos en las zonas residenciales.

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Todos los Estados miembros pueden estudiar el papel de la formación en la creación de comunidades sostenibles. Formar a personas del lugar en las cualificaciones necesarias para mejorar sus zonas residenciales, desarrollar espacios verdes y mejorar la eficiencia energética puede proporcionar soluciones a los barrios en declive y representar una nueva fuente de empleo.

1.

El resultado del compromiso alcanzado por los Jefes de Gobierno en diciembre de 2005, donde se estableció que la vivienda era un coste subvencionable en los Fondos Estructurales sólo para los nuevos Estados miembros en una proporción limitada en virtud del Reglamento del FEDER (artículo 7.2): 3 % de la dotación de los programas operativos correspondientes o 2 % de la dotación total del FEDER. El gasto también está limitado a la vivienda plurifamiliar y la vivienda social y ha de realizarse en el marco de programas de desarrollo urbano. Se han creado nuevos instrumentos en virtud de los Fondos Estructurales mediante la cooperación entre la Comisión y el BEI, como JESSICA, que permitirán la financiación de proyectos en un contexto más amplio de desarrollo urbano;

2.

el hecho de que la vivienda no es competencia específica de la Unión Europea, aunque numerosas políticas tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuestiones relativas a la vivienda. Esto incluye, en particular, políticas en materia de medio ambiente urbano, eficiencia energética, energías renovables, contaminación acústica y salud e igualmente la consecución del mercado interior de servicios y la política de competencia;

3.

los entes locales y regionales de la Unión Europea son, por lo general, responsables de las cuestiones relativas a la vivienda en sus territorios, y los escenarios urbanos presentan el mayor desafío en cuestiones relativas a la vivienda;

4.

el acceso a una vivienda digna es una condición clave para mantener la cohesión social y territorial dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, existe una fuerte vinculación entre la vivienda y la Agenda de Lisboa. Una vivienda digna es fundamental para la competitividad de las regiones. Sin un número suficiente de viviendas de buena calidad, las regiones no pueden atraer y retener a los trabajadores, lo cual tiene como resultado un declive económico.

1.

La vivienda es uno de los factores clave para luchar contra la exclusión social y el desempleo, y hacer de nuestros pueblos, ciudades, zonas rurales y regiones mejores lugares para vivir y trabajar, fomentar la armonía en el interior de las comunidades y entre ellas, así como para contribuir a alcanzar los objetivos en materia de desarrollo sostenible;

2.

Muchas regiones y ciudades de la Unión Europea están experimentando, o necesitan experimentar, un proceso de renovación en zonas con viviendas de baja calidad, fracaso del mercado de la vivienda, y además con un declive de la base económica, un deterioro del tejido físico y de las infraestructuras sociales (educación, sanidad y relaciones en la comunidad) en sus barrios;

3.

La vivienda no es sólo una cuestión de ladrillos y cemento, sino que también afecta a las zonas y a las comunidades donde residimos. Afrontar la agenda de la vivienda implica trabajar en favor de zonas más seguras, más limpias y más verdes en nuestras ciudades y regiones, donde los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y sus interacciones. Las cuestiones relativas a la vivienda también se refieren al acceso al empleo, el transporte y los servicios, y a la creación de un entorno de alta calidad. Esta es la agenda de las «comunidades sostenibles». Es necesario abordar dos dimensiones de esta agenda: la territorial y la social.

1.1

Existe un legado de viviendas inadecuadas y de comunidades excluidas como resultado de décadas de abandono tanto en muchos de los antiguos como, y sobre todo, en los nuevos Estados miembros de la UE. En estos casos, la falta de inversión en la vivienda ha conducido a la marginación en guetos de las comunidades excluidas y más pobres, lo que ha originado descontento y ha tenido en ocasiones como consecuencia malestar social y violencia, como se ha observado recientemente en algunos Estados miembros.

1.2

La ordenación urbana es un pilar fundamental de las estrategias futuras y es importante alinear las estrategias en materia de vivienda con las estrategias de las regiones con respecto al territorio. Los antiguos Estados miembros han experimentado tanto éxitos como fracasos en este ámbito, en sus esfuerzos por luchar contra el crecimiento desordenado de las ciudades y la congestión del tráfico y en favor de ciudades más atractivas y habitables, apoyando y creando un sentimiento de pertenencia a un nivel local o de barrio. Los nuevos Estados miembros deberán tomar en consideración estas experiencias si no quieren cometer errores similares.

1.3

Las actuaciones destinadas a la renovación de los barrios variarán en función de las circunstancias locales, pero deberían ser de conjunto e incluir medidas destinadas a mejorar la educación, la sanidad y otros servicios públicos, fomentando la formación, el empleo y las oportunidades económicas, introduciendo una gestión proactiva de los barrios, afrontando los comportamientos antisociales, mejorando la calidad y el diseño del entorno y garantizando buenos servicios de transporte. [Véase el anexo, ejemplo 4].

1.4

Deberá otorgarse prioridad a la reutilización de solares abandonados, a la regeneración de zonas industriales abandonadas (brownfield) a fin de mantener unas ciudades más compactas y evitar el crecimiento desordenado de las ciudades y su expansión hacia las comunidades rurales. Esto resulta con frecuencia más caro a corto plazo, pero existen beneficios a largo plazo en el cohesionamiento de las comunidades, la reutilización de los recursos y el empleo. Los subsidios e incentivos para las infraestructuras a nivel local y regional son instrumentos adecuados para dar prioridad a este aprovechamiento frente a la nueva construcción en terrenos no urbanizados previamente (greenfield).

1.5

Deberá otorgarse prioridad también a la recuperación, mantenimiento y mejora del patrimonio de vivienda construido con medidas de ayuda a la rehabilitación y reconstrucción así como al asentamiento de población joven en barrios de cascos históricos y de núcleos rurales de costa e interior en estado de abandono y con poblaciones envejecidas.

1.6

El establecimiento de colaboraciones público-privadas (CPP) para explotar las zonas abandonadas y proporcionar los medios para rehabilitar viviendas plurifamiliares en mal estado no sólo puede cambiar la apariencia física de dichas propiedades, sino también permitir que los barrios resulten lugares más atractivos para vivir y trabajar.

1.7

Los barrios compactos, con viviendas diseñadas con un alto nivel de calidad y de ocupación y dimensiones mixtas, poseen una densidad de desarrollo y población capaz de fomentar servicios integrados, comercios y transportes, garantizando así su viabilidad económica. La oferta de vivienda también deberá estar vinculada a la prestación de servicios públicos y a la atención prestada al mantenimiento de unos niveles óptimos de población a fin de poder mantener los servicios esenciales. En un momento de renovación urbana en la vivienda, mantener la población puede resultar difícil y los servicios pueden sufrir en consecuencia. Los Estados miembros deberían reconocer la importancia de la continuidad de los servicios en un momento de gran transformación en el seno de una comunidad.

1.8

Es necesaria una visión de conjunto con respecto al ordenamiento para comprender la relación física entre el paisaje y las edificaciones, los hogares, los puestos de trabajo y los servicios locales. Los proyectos han de encajar adecuadamente entre sí y en el espacio que los rodea. Cuando se renuevan o se crean nuevas viviendas, las regiones y los entes locales deben tomar en consideración cuestiones como el diseño, a fin de desalentar la delincuencia y crear zonas de calidad, desarrollo sostenible y patrimonio, además de las necesidades y aspiraciones de sus comunidades locales y el impacto más amplio sobre la cohesión.

1.9

La valoración de la historia y del patrimonio de un barrio puede ser un factor clave para atraer a inversores y residentes. La utilización de un rico patrimonio industrial o urbano, en lugar de disimularlo, puede contribuir a impulsar la recuperación y el cambio, creando lugares deseables para vivir con una identidad fuerte a fin de fomentar el sentimiento de orgullo en la comunidad. Por consiguiente, las decisiones relativas a lo que debería preservarse, remodelarse o demolerse no deberían producirse hasta que se hayan tomado en consideración los factores físicos, medioambientales, sociales y económicos.

1.10

Las empresas sociales, incluidas las Asociaciones de la Vivienda, ocupan un lugar importante en la renovación de los inmuebles en algunos Estados miembros, ya que tienen la capacidad de proporcionar estabilidad y abordar las cuestiones relativas a la integración y la accesibilidad de los suburbios, así como de proporcionar apoyo a las comunidades que se encuentran bajo presión. Las Asociaciones de la Vivienda, como proveedores de viviendas sociales, disponen de flexibilidad y de una relación directa con las comunidades que puede permitirles encontrar soluciones a problemas que satisfagan las necesidades de los habitantes. También son creadoras de empleo y pueden trabajar para atraer el apoyo del sector público y privado a los proyectos. [Véase el anexo, ejemplos 1 y 2].

1.11

Como el cambio climático se ha convertido en una preocupación creciente para los gobiernos, el diseño de los hogares teniendo en cuenta la eficiencia energética, para proporcionar calefacción asequible y afrontar así la pobreza causada por los precios de la energía, es muy importante en el diseño de las viviendas del futuro. No obstante, es fundamental resolver las deficiencias en el aislamiento térmico de las propiedades más antiguas, con lo que se puede crear empleo y garantizar la conservación de la energía. Uno de los factores que contribuyen a que haya numerosas zonas de baja demanda es la mala calidad del entorno construido, del que la vivienda es un componente. A la hora de crear infraestructuras de vivienda, los planificadores deben considerar desde un principio opciones sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, la instalación de sistemas de calefacción geotérmica para el agua no sólo resulta eficiente desde el punto de vista energético, sino que reducirá los costes de la calefacción. Evitar las pérdidas de energía es fundamental para que la UE cumpla los objetivos del Protocolo de Kioto. Esta cuestión debería tenerse en cuenta a la hora de emprender procesos de renovación urbana e intervenciones en materia de vivienda, sobre todo en el marco de la Directiva comunitaria sobre la eficiencia energética de los edificios.

1.12

El diseño de las viviendas dentro de los barrios ha de estudiar la manera de utilizar los espacios entre las casas y el modo en que los espacios públicos pueden contribuir a la interacción entre los ciudadanos. Por ejemplo, las calles deben construirse para las personas, en lugar de considerarse exclusivamente como vías para la circulación de automóviles. Las «Home zones» (zonas residenciales), donde las necesidades de los peatones y residentes tienen prioridad sobre los automóviles, constituyen un ejemplo de interacción en el territorio. El uso de proyectos intermedios en materia de mercado laboral y formación en horticultura en estas zonas puede modificar la percepción física de las mismas, potenciar la sensación de bienestar de los residentes locales y transformar terrenos infrautilizados para convertirlos en zonas verdes más productivas.

1.13

El ordenamiento de los barrios puede alentar a los ciudadanos a adoptar modos de vida sostenibles y saludables, como, por ejemplo, los servicios e instalaciones próximos a los hogares, centros de reciclaje, parques y zonas de juegos, y un acceso adecuado al transporte público.

1.14

A este respecto, es fundamental establecer una comunicación con los ciudadanos y contar con ellos desde la fase inicial de todo proyecto de reurbanización, para asociarlos activamente en el proceso de renovación y completar la recuperación física del barrio con la recuperación del espíritu de comunidad así como de inclusión y cohesión social. Las medidas de saneamiento deben ser útiles sobre todo para los habitantes y no pueden dar lugar a la expulsión de aquellos socialmente más débiles.

1.15

La formación de los ciudadanos del barrio en las cualificaciones necesarias para mejorar sus zonas de viviendas, desarrollar zonas verdes y mejorar la eficiencia energética puede aportar soluciones al doble problema del desempleo y el descontento cuando los barrios se encuentren en declive. [Véase el anexo, ejemplo 5].

1.16

Con frecuencia, las colaboraciones público-privadas (CPP) hacen hincapié en proyectos de infraestructuras públicas como el transporte, la gestión de residuos y la prestación de servicios. Aunque algunas organizaciones han reconocido el valor de las CPP en la regeneración urbana, esta última todavía podría desarrollarse plenamente. Una condición previa para dicho desarrollo sería la clarificación de un marco jurídico comunitario de las CCP, ya que en la situación actual aún quedan algunas dudas con respecto a la definición de «in-house», la calificación de CCP de algunas operaciones mixtas de vivienda social y la calificación de CCP institucional de algunos organismos de viviendas de protección oficial.

1.17

La regeneración urbana plantea, en distintos grados en toda Europa, un importante desafío para los ayuntamientos y exige una inversión importante, ya sea financiera, creativa o de gestión. Muchas ciudades ya no pueden afrontar por sí solas estos desafíos en materia de inversión, ya sea por la escasez de fondos públicos, por el carácter limitado de los recursos en materia de cualificaciones profesionales, o porque los riesgos asociados son demasiado grandes o simplemente porque existen impedimentos legales (limitación del endeudamiento).

1.18

Las CPP pueden ayudar no sólo proporcionando acceso a una financiación de capital adicional, sino también contribuyendo a encontrar las mejores soluciones para sacar a cada participante en la colaboración de su papel tradicional de mera parte interesada. Las cualificaciones complementarias de los socios privados pueden aportar una gestión y una simplicidad organizativa a los proyectos. Unas organizaciones de la comunidad más flexibles que las estructuras municipales formales, cercanas a redes informales y que representen los intereses a largo plazo de la comunidad local pueden contribuir a la eficiencia, así como a garantizar la aceptación y el apoyo del público. Por lo tanto, los proyectos pueden ejecutarse con mayor rapidez y con una sostenibilidad superior a largo plazo.

1.19

No obstante, se corre el riesgo de que la entrada de financiación privada pueda conducir a la inflación artificial de los precios en el mercado de la vivienda, lo que puede tener muchos efectos adversos. Las comunidades locales pueden verse excluidas de la propiedad de la vivienda por el aumento de los precios, forzándose así la desintegración de comunidades al hacer que las personas tengan que abandonar sus zonas locales, sus familias y sus redes de apoyo. Es aquí donde la vivienda social puede y debe desempeñar un papel fundamental. La vivienda social puede reducir el impacto de esta inflación, y puede ayudarse más a las comunidades locales mediante proyectos de propiedad compartida, así como con la disponibilidad de hipotecas de bajo coste. Así se puede retener a los actuales residentes, atraer a nuevos residentes a zonas en tensión y proporcionar un nuevo estímulo económico para la economía local.

2.1

Con el fin de ayudar a la población en general a acceder a la vivienda, deben realizarse esfuerzos por disponer de una oferta adecuada de viviendas de alquiler, alentar y ayudar a los ciudadanos para que se conviertan en propietarios de sus viviendas y ayudarles a que puedan mantener el estado físico de sus hogares. Esta ayuda puede facilitarse en forma de reducción de costes administrativos, mantenimiento de tipos de interés bajos e incentivos fiscales para determinados grupos, así como de facilidades de acceso a los productos bancarios. Incentivos tales como subvenciones para el mantenimiento de las fachadas de los edificios y «reverdecer» la parte delantera de los mismos también pueden contribuir a desarrollar los estándares relativos a la vivienda. [Véanse los ejemplos 4, 5 y 6 en el anexo].

2.2

La creación de comunidades integradas por distintos componentes sociales, raciales y religiosos puede lograrse con frecuencia satisfaciendo las necesidades y aspiraciones en materia de vivienda de las distintas partes de la comunidad. Esto puede hacerse en forma de posibilidades de agrupación mixta, incluida la propiedad compartida de la vivienda y viviendas de distintos tamaños que permitan su utilización por familias extensas o por una sola persona. El valor de los terrenos puede utilizarse como instrumento para crear estas opciones de bajo coste, donde el municipio está dispuesto a utilizar sus solares a este efecto. También deberían tomarse en consideración las necesidades de los distintos grupos religiosos, por ejemplo, el requisito de agua corriente para las abluciones, a la hora de construir nuevas viviendas o de adjudicarlas. Unas viviendas accesibles y para toda la vida también pueden ser importantes para los discapacitados y los trabajadores mayores.

2.3

La elección de los ciudadanos en materia de vivienda puede contribuir a la concentración de personas de ciertas etnias en determinadas localidades. Esto no constituye un problema en sí mismo, y existen numerosos ejemplos de comunidades exitosas con altas concentraciones de residentes de una etnia determinada. No obstante, desgraciadamente, en algunas zonas se concentra una variedad de comunidades de color y de minorías étnicas en viviendas privadas de baja calidad y miembros empobrecidos de la comunidad blanca en grupos de viviendas sociales. La falta de interacción, en parte debido a la segregación física, puede conducir al miedo y a la desconfianza, que se multiplica al conducir la segregación en la vivienda a la segregación escolar y en las actividades de ocio.

2.4

El patrón de desventaja económica y social que afrontan muchas comunidades minoritarias o excluidas implica que numerosas estrategias y programas de regeneración «principales» tengan como objetivo abordar estos problemas como parte de paquetes de intervenciones de base amplia. La actuación en materia de vivienda ha de desempeñar un papel en estos programas, y también debería incluirse como parte de un estudio más amplio del impacto de la intervención y la inversión a la hora de lograr con éxito la regeneración.

2.5

Es importante que las zonas residenciales reflejen la cultura de las comunidades que viven en ellas. Los edificios emblemáticos locales como los centros comunitarios, los lugares de culto religioso, los mercados locales o los comercios especializados son importantes para consolidar las comunidades. Organizaciones como «Habitat for Humanity» pueden proporcionar mecanismos para crear nuevas viviendas accesibles para todos, pero, en particular, para los ciudadanos con objeciones religiosas hacia las deudas o hipotecas, ofreciendo así una manera de hacer realidad la propiedad de la vivienda por medios no tradicionales.

2.6

El cambio demográfico y la movilidad de los trabajadores en la UE son factores que repercutirán en las necesidades y la demanda en materia de vivienda. En algunas ciudades y regiones se están dejando más casas vacías al haberse desplazado la población para encontrar trabajo en otras regiones, con la consiguiente disminución de la población. Muchos Estados miembros afrontan nuevas complicaciones, como el fenómeno de los padres mayores que tienen sus familias más tarde, con lo que nacen menos niños, y la mayor longevidad de las personas mayores, que tiene como resultado un aumento de la demanda de viviendas unipersonales. Las regiones han de ser conscientes tanto de los desafíos demográficos como de los efectos de la inmigración y la migración de los trabajadores, y adaptar en consecuencia sus estrategias en materia de vivienda.

3.1

Que el Parlamento Europeo continúe el debate iniciado con du informe de iniciativa (1) e incluya la propuesta de la Carta Europea de la Vivienda adoptada en el Intergrupo URBAN, ya que la UE no puede ignorar constantemente las preocupaciones de los ciudadanos de la UE sobre la vivienda como elemento importante en la agenda del crecimiento y la productividad;

3.2

Que se reconozca el papel que desempeña la vivienda para apoyar el crecimiento social y económico. Unas viviendas dignas en comunidades sostenibles que contribuyen a un entorno de alta calidad son lugares en los que las personas desean vivir. Si se atrae a las personas se atraerán inversiones y se fomentará el desarrollo económico sostenible.

3.3

La utilización del instrumento JESSICA para la vivienda en los nuevos Estados miembros como instrumento capaz de complementar otras iniciativas del FEDER para la renovación y el desarrollo urbanos. En este contexto, el CDR recomienda que se incluya la vivienda en las estrategias de desarrollo urbano sostenible que pueden financiarse con cargo a JESSICA. La utilización de la ingeniería financiera puede ser muy útil en la aplicación de políticas de vivienda eficaces, y, en particular, los microcréditos destinados a la renovación y restauración de la vivienda, que pueden subvencionarse a través de la iniciativa JEREMIE.

3.4

Que los nuevos Estados miembros aumenten los recursos financieros a disposición de los entes locales para abordar de manera eficaz los problemas del desarrollo urbano sostenible y de la vivienda, impulsen las estrategias estatales en materia de vivienda (programas) con vistas a fomentar la edificación de viviendas municipales y sociales y destinen recursos para la inversión en la construcción de la infraestructura.

3.5

Que ha de otorgarse prioridad a la reutilización de los solares abandonados, a la recuperación de antiguas zonas industriales para mantener unas ciudades más compactas y evitar el crecimiento urbano desordenado y su expansión hacia las comunidades rurales.

3.6

La participación de los ciudadanos en los procesos de renovación urbana, especialmente en la recuperación de barrios degradados en los que debe reconstruirse un espíritu de comunidad y una relación entre los habitantes que favorezca la integración. A este respecto, los Estados miembros deberían poder consultar y tener en cuenta las experiencias de proyectos financiados por la UE (por ejemplo, Interreg IIIC Poseidon).

3.7

Que todos los Estados miembros estudien el papel de la formación en la creación de comunidades sostenibles. Formar a personas del lugar en las cualificaciones necesarias para mejorar sus zonas residenciales, desarrollar espacios verdes y mejorar la eficiencia energética puede proporcionar soluciones a los barrios en declive y representar una nueva fuente de empleo.

3.8

El CDR recuerda con las conclusiones del Consejo informal sobre comunidades sostenibles celebrado en Bristol que es necesario mejorar las cualificaciones y la base de conocimientos de los responsables de la ordenación urbana. En este contexto, pide a la Comisión que adopte nuevas iniciativas, en particular en materia de cooperación y transferencia de buenas prácticas, y pide el establecimiento de una red europea de capitalización y difusión de buenas prácticas en materia de energía inteligente para la vivienda y educación del ciudadano en materia de eficiencia energética.

3.9

Que se emprenda la revisión de la Directiva de la UE sobre la eficiencia energética de los edificios y se elabore cuidadosamente un estudio sobre su aplicación en los Estados miembros. También puede fomentarse la energía en la vivienda mediante programas comunitarios como «Energía inteligente para Europa» o la iniciativa Concerto (Séptimo Programa Marco) en el período 2007-2013.

3.10

Recomienda hacer hincapié, ante todo, en la educación de los ciudadanos sobre el ahorro energético. No obstante, la necesidad resultante se deberá satisfacer utilizando prioritariamente energías renovables. En este sentido, el Comité recomienda destinar más fondos al objetivo de investigar y sensibilizar en este campo.

3.11

Que se incluya la vivienda como elemento importante de toda política urbana de la UE, con miras al Consejo informal de Ministros responsables de asuntos urbanos que se celebrará en Leipzig en mayo de 2007.

3.12

Que es necesaria una visión de conjunto con respecto al ordenamiento para optimizar la relación física entre el paisaje y los edificios, las viviendas, el empleo y los servicios locales. Para ello deberán garantizarse, a través de medidas en los niveles nacional, regional y local las superficies necesarias, en particular para vivienda social, y asegurarse de que se utilizan para los fines para los que fueron destinadas.

3.13

Que se considere la circunstancia de que la oferta de vivienda debe estar vinculada a la prestación de servicios públicos y que en la construcción de nuevas viviendas debe crearse la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos. Además, debe prestarse atención al mantenimiento de unos niveles óptimos de población para poder mantener los servicios indispensables.

3.14

Que se reconozca el papel de las Asociaciones de la Vivienda, ya que estas últimas cuentan con la flexibilidad y la relación directa con las comunidades que pueden permitirles aportar soluciones a los problemas de manera que se satisfagan las necesidades de los habitantes.

3.15

Que se estudie el papel de la vivienda en el contexto del cambio demográfico, así como para integrar a las poblaciones inmigrantes, en la política comunitaria de inmigración, reconociéndose el papel específico que los entes regionales y locales pueden desempeñar en este ámbito.

3.16

Que la recién creada «Task Force» interservicios de la Comisión sobre asuntos urbanos se ocupe de la vivienda como elemento importante de las políticas urbanas.

3.17

Se congratula de que la Comisión reconozca el papel desempeñado por la vivienda social en la aplicación de los objetivos del Tratado en materia de refuerzo de la cohesión social y ejercicio de los derechos fundamentales, en el marco de su Comunicación sobre los servicios sociales de interés general.

3.18

Pide a los Estados miembros que simplifiquen y hagan transparentes los procedimientos administrativos en materia de renovación de viviendas.

3.19

Que se utilice la red URBACT y la nueva iniciativa «Regions for economic change» como instrumento potencial para el intercambio de experiencias y de mejores prácticas entre las ciudades y regiones de la Unión Europea.

3.20

Que en la directiva de la Unión Europea sobre Eficiencia Energética se incluya la rehabilitación y recuperación de patrimonio de viviendas construido como una línea de actuación prioritaria en la búsqueda de paralizar la ocupación de nueva superficie construida, sin previamente hacer uso de toda la vivienda existente que reúna condiciones en su habitabilidad, evitando así la carga nueva innecesaria sobre el territorio.

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/19

—

piensa que el objetivo general de la futura política marítima de la UE es el de reconocer y preservar el gran potencial de los mares europeos, así como el de diseñar una política marítima activa que haga que las futuras generaciones puedan participar también de la riqueza medioambiental, económica, biológica y cultural del mar;

—

pide a la Comisión que presente un Plan de Acción Marítimo Europeo que incluya las siguientes acciones:

1.

Los océanos y los mares son una base importante de la vida en la Tierra, ya que mantienen una elevada biodiversidad, contribuyen a la regulación del clima, aportan importantes recursos, como alimentos (pescado, algas, mariscos, etc.), energía y minerales, y que, además, sirven de canales de transporte principales, especialmente para el comercio intercontinental;

2.

Europa es un continente marítimo y necesita una política marítima integrada en el espíritu del preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el que se afirma, entre otras cosas, «el deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las cuestiones relativas al derecho del mar» y que «los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto», así como que conviene «establecer un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos»;

3.

Una buena política marítima europea tiene que tener en cuenta las complejas y, a menudo, divergentes realidades existentes en las diferentes áreas geográficas de Europa y hacer especial hincapié en la diversidad de la naturaleza y la disponibilidad de los recursos, así como en el nivel de utilización, su sostenibilidad y la interacción de los mismos;

4.

Los mares y los océanos son en sí mismos un patrimonio de la humanidad, por lo que su explotación sostenible y la conservación de su medio ambiente son objetivos que la Unión Europea debe defender activamente;

5.

Los entes locales y regionales, en particular los de las zonas costeras, tienen una amplia experiencia que queda patente en el gran interés local y regional por el desarrollo de una futura política marítima;

1.1

Acoge favorablemente el Libro Verde que tiene como objetivo aportar un resumen general de los elementos principales para establecer una política marítima común;

1.2

agradece el enfoque global, que integra las principales políticas sectoriales, como son la de transporte, industria, puertos, pesca, energía, medio ambiente y turismo en una política marítima europea común;

1.3

reconoce el punto de vista de la Comisión en el sentido de que dicho enfoque global tiene que reflejarse en un enfoque integrado sobre la gobernanza a nivel europeo, nacional, regional y local;

1.4

destaca que, en sus diferentes apartados, la política marítima europea debe tener en cuenta la necesidad de coordinación internacional en este asunto, a fin de garantizar la eficacia de una explotación sostenible de los mares y océanos y la conservación del medio ambiente marino;

1.5

apoya la determinación del Libro Verde para que la futura política marítima europea tenga en cuenta los criterios establecidos en la Agenda de Lisboa y en la Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino;

1.6

acoge favorablemente el largo y exhaustivo proceso de consultas de la Comisión que involucra a todas las partes interesadas y ciudadanos relevantes, cuyos puntos de vista se tendrían que tener en cuenta para la formulación de la futura política marítima europea;

1.7

reconoce que se da importancia a la recopilación y difusión transparente de información como un prerrequisito para conseguir conciliar eficazmente las distintas políticas e intereses del sector;

1.8

continúa ofreciéndose a desempeñar un papel de interlocutor importante en el proceso de consulta en curso puesto en marcha por el Libro Verde y subraya la utilidad de una campaña publicitaria a largo plazo que implique a los entes locales y regionales asegurando así que los ciudadanos europeos, que son a los que afectará de un modo más directo la nueva política, no sólo entiendan lo que se está proponiendo, sino que también se les anime a expresar sus puntos de vistas, sus ideas y sus preocupaciones;

1.9

aprecia la importancia que la Comisión reconoce al papel de la dimensión regional en la gestión de las actividades marítimas y subraya la importancia de los entes locales y regionales a la hora de dar forma y aplicar la futura política marítima europea;

1.10

considera necesario tener debidamente en cuenta las particularidades territoriales y ecorregionales en las cuencas marítimas europeas de mayor y menor dimensión como, por ejemplo, el mar Báltico, el mar Negro, el Canal de la Mancha, el mar Mediterráneo, el mar del Norte y el Océano Atlántico Norte; así como los mares que rodean a las regiones ultraperiféricas de la UE: el océano Atlántico en su fachada africana, el mar Caribe y el Océano Indico, que son los que le otorgan a la UE una presencia en todo el globo;

1.11

acoge muy favorablemente el punto de vista de la Comisión sobre el papel de los gobiernos locales y regionales en la aplicación de los principios y los objetivos establecidos en la nueva política marítima y reitera su deseo de ser incluido en la determinación de las prioridades de la futura política e informado regularmente sobre la evolución de dicha política.

1.12

Subraya que el presente dictamen hace referencia a dos cuestiones básicas: «¿Cómo se puede aplicar una nueva política marítima europea?» y «¿Hay un valor añadido en el futuro enfoque integrado frente a la actual política marítima sectorial?» Estas preguntas tienen que ser respondidas con prioridad;

1.13

Continúa pensando que el objetivo general de la futura política marítima europea de la UE es el de reconocer y preservar el gran potencial de los mares europeos, así como el de diseñar una política marítima activa que haga que las futuras generaciones puedan participar también de la riqueza medioambiental, económica, biológica y cultural del mar;

1.14

ve la necesidad de recopilar y analizar de un modo adecuado una cantidad de datos suficiente y de garantizar el acceso a la información, haciendo posible de tal modo que los responsables políticos y las partes interesadas tomen unas decisiones bien fundadas, basadas en el mejor conocimiento científico disponible en cada momento, a través de la excelencia en la investigación marina, la tecnología y la innovación;

1.15

apoya la participación de los agentes pertinentes de los distintos ámbitos de política sectorial interesados y acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión para concienciar al público en general de la importancia del sector marítimo en su conjunto y de esta política en concreto;

1.16

considera que la aplicación de una política marítima europea integrada no debería obstaculizar el progreso paralelo de cada una de las políticas marítimas sectoriales, debiéndose desarrollar éstas de manera ambientalmente sostenible;

1.17

señala que la definición y aplicación de una política marítima europea deben fundamentarse en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

1.18

apoya la idea de los pactos territoriales europeos y confía en que dichos pactos hagan posible alcanzar los objetivos y las prioridades políticas clave de la UE con flexibilidad, efectividad y con carácter voluntario, y aseguren la gestión efectiva de contratos y acuerdos tripartitos, como fue propuesto en un principio por la Comisión Europea, para llegar a soluciones que reflejen las preocupaciones de base;

1.19

favorece el desarrollo de medidas concretas para alcanzar los objetivos principales descritos en el Libro Verde, como son el bienestar de las personas y las comunidades, el uso sostenible de los recursos marinos, el desarrollo de una buena gobernanza marítima y el aumento de la concienciación de los europeos a propósito del patrimonio marítimo europeo, a la vez que se mantiene la diversidad cultural local y regional;

1.20

considera que se debería establecer un Plan de Acción Marítimo Europeo con un conjunto de puntos concretos de referencia que incluya un enfoque con tres fases: cada punto concreto tiene que definir un objetivo, y contar con una descripción detallada y una propuesta de aplicación, mientras que esta última debería adoptarse, en una situación ideal, para el año 2008, y las propuestas para las medidas financieras para el año 2007.

2.1.1

Elaborar un inventario de las mejores prácticas nacionales, regionales y locales, especialmente en lo que concierne a las agrupaciones económicas regionales, las redes de investigación, la cooperación entre los sectores público y privado, la ordenación territorial y la buena gobernanza, y fomentar los ejemplos existentes de buenas prácticas y su transmisión a otras regiones y entidades;

2.1.2

fomentar y apoyar a las regiones en el desarrollo de dichos ejemplos de mejores prácticas y con ello desarrollar centros europeos de excelencia marítima;

2.1.3

reforzar el papel de las regiones costeras e insulares como principales órganos responsables de la definición y evaluación;

2.1.4

crear una plataforma marítima europea en la que se pueda apoyar el intercambio regular, eficiente y con ahorro de recursos entre los ejemplos de las mejores prácticas europeas, nacionales, regionales y locales, y en la que estén incluidos la Comisión y el Comité de las Regiones;

2.1.5

evaluar y coordinar planes estratégicos específicos, tomando como ejemplo los establecidos dentro de la Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino, apoyando el establecimiento de regiones marinas más amplias, los planes estratégicos específicos para los océanos europeos, el Océano Atlántico Nororiental y el Océano Ártico y las cuencas marítimas semiencerradas de mayor y menor dimensión como, por ejemplo, el mar Mediterráneo, el Báltico, el mar del Norte, el mar Negro y el Canal de la Mancha, que es lo que la Comisión propone que preparen los Estados miembros. La Comisión para la Protección del Medio Marino del Mar Báltico (HELCOM) ya ha iniciado los trabajos con un plan de acción para el mar Báltico, proyecto ambicioso y de largo alcance que puede considerarse un proyecto o un estudio piloto de estrategia marina, razón por la que este plan debería llevarse a cabo en colaboración con ellos;

2.1.6

apoyar las redes temáticas regionales que tienen como fin desarrollar proyectos comunes en el campo del transporte, el reforzamiento y la mejora de las infraestructuras, la protección medioambiental, la coordinación de las actividades pesqueras y la cooperación comercial, a la vez que se tienen en cuenta los consejos de pesca ya existentes.

2.2.1

Mejorar especialmente la base de datos regional a nivel local y regional tomando como referencia los sistemas de información geográfica (SIG) e incluir datos terrestres y marítimos espacialmente integrados obtenidos desde satélites, aviones y boyas, como pueden ser los niveles locales del mar, el movimiento de los buques o los datos climáticos que se obtienen de los sistemas de observación de los océanos;

2.2.2

recabar datos sobre los aspectos económicos y medioambientales de los distintos recursos marinos y su impacto social; introducir un sistema europeo de registro marino normalizado;

2.2.3

llevar a cabo un control de los recursos pesqueros presentes en las aguas comunitarias y de las especies migratorias, e introducir un modelo de recogida de datos sobre la explotación de los recursos pesqueros, incentivando una red telemática de mercados de pescado conectada a bancos de datos;

2.2.4

seguir la propuesta de crear una Red Europea de Observación y Datos Marinos (European Marine Observation and Data Network (EMODN)) subrayando el hecho de que dicha red se debería utilizar para integrar los nuevos datos marítimos y los ya existentes, permitiendo así un seguimiento a largo plazo y un proceso de análisis de riesgo de gran calidad, especialmente en lo que respecta a temas como la seguridad en el transporte marítimo, la exploración y explotación de los recursos medioambientales y naturales y la protección del medio marino y su biodiversidad;

2.2.5

tomar mucho más en consideración, dentro de los futuros proyectos de investigación, el enfoque integrador;

2.2.6

fomentar unos vínculos más estrechos entre los centros de investigación europeos existentes con vistas a la creación de una red de «Centros Europeo de Investigación de los Océanos» para seguir fomentando proyectos de investigación marítima a escala europea y situarla en una posición de liderazgo mundial;

2.2.7

agrupar los buques de investigación y el equipo a gran escala en una red de investigación marítima europea para ahorrar costes y mejorar la calidad, armonizar los sistemas de medición y apoyar este enfoque por medio de una adquisición conjunta que podría ser promovida a través del Banco Europeo de Inversiones;

2.2.8

apoyar el uso de las fuentes de energía renovables identificadas en el Libro Verde, como la energía eólica en el mar y la energía del oleaje, siempre que sean compatibles con otras actividades e intereses socioeconómicos y medioambientales, e incluir más investigación e innovación en este sector;

2.2.9

estudiar la retención del CO2 en los yacimientos marinos agotados de petróleo y gas;

2.2.10

potenciar los esfuerzos para desarrollar resultados científicos y tecnológicos en el ámbito de la investigación marina, como la biotecnología marina, los sistemas de navegación y las actividades turísticas, afrontando así las amenazas presentes y las posibles amenazas futuras, en particular con relación al cambio climático, la disminución de los recursos pesqueros, el turismo insostenible, la modificación de los patrones demográficos de la población costera y, por ende, también los esfuerzos para crear y promover incentivos de fácil acceso a fin de fomentar la investigación y el desarrollo en dichos ámbitos de actividad;

2.2.11

formular incentivos para apoyar la investigación y el desarrollo en el campo de la piscicultura sostenible, estableciendo protocolos de cría que los productores han de respetar, con la convicción de que el pescado es un producto alimenticio básico clave y que la piscicultura es un proceso que requiere muchos recursos;

2.2.12

intensificar el análisis de las amenazas potenciales para el medio ambiente marino europeo, en particular las ocasionadas por el cambio climático y el consiguiente aumento del nivel del mar, y hacer un seguimiento de la actividad tectónica bajo el mar y determinar las respuestas adecuadas.

2.2.13

incentivar la práctica y el desarrollo de protocolos de cría de pescado para la acuicultura ecológica;

2.2.14

incentivar y promover líneas de investigación que permitan identificar parámetros útiles para definir el grado de sostenibilidad medioambiental y social de toda actividad humana (pesca, acuicultura, deporte, actividades turístico-recreativas, transporte, energía, etc.) que conlleve la utilización de recursos marinos;

2.3.1

Establecer una estrategia sobre cómo la Unión Europea mantendrá y ampliará las cuotas de mercado dentro de las distintas secciones económicas marítimas en la competencia mundial teniendo en cuenta la sostenibilidad, los costes y factores tecnológicos;

2.3.2

definir en detalle hasta qué punto las secciones económicas individuales (como la energía, el transporte, el turismo, la pesca y la biotecnología marina y la construcción naval) apoyan en la actualidad la competitividad e innovación europeas, en particular teniendo en cuenta los objetivos y prioridades establecidos en la Agenda de Lisboa;

2.3.3

presentar datos científicos que demuestren que dichos sectores económicos individuales van a contribuir, y en qué medida, a los siguientes puntos:

2.3.4

fomentar el desarrollo de una interfaz entre investigación e industria, en particular las agrupaciones (clusters) marítimas. El establecimiento de una conferencia de agrupaciones marítimas europeas podría servir de foro apropiado en el que los científicos marinos y la industria pudieran encontrarse e interactuar regularmente;

2.3.5

reforzar el papel del transporte en el marco de la futura política marítima en el contexto de que el transporte es una de las actividades marítimas más importantes y transversales;

2.3.6

apoyar el concepto de la identificación de las autopistas del mar, señalando que este ambicioso proyecto, cuando concluya en 2010, aumentará el volumen del tráfico marítimo en los mares y océanos europeos. Por esta razón, pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a llevar a cabo un seguimiento medioambiental más cuidadoso del grado de contaminación en las principales rutas marítimas, y considera que la nueva tecnología GMES se podría emplear con éxito para este propósito;

2.3.7

dar un nuevo impulso a los esfuerzos para concluir las terminales marítimas, empezando por aquellas que cuentan con unas claras características intermodales en el contexto de que la realización de algunos proyectos TEN-T que afectan a la dimensión marítima están quedándose atrás;

2.3.8

mejorar las infraestructuras portuarias y las conexiones de transporte con las islas, mediante la definición y adopción de medidas necesarias para incluir las regiones ultraperiféricas, y garantizar su acceso a los mercados continentales, asegurando que los servicios de transporte marítimo de mercancías y personas tengan una frecuencia y unas tarifas aceptables, tanto con el continente como entre islas de un mismo archipiélago, así como potenciar el desarrollo de redes secundarias de manera que las islas, y en particular las regiones ultraperiféricas, queden conectadas completamente a las «autopistas del mar» sin retrasos innecesarios;

2.3.9

proseguir su tarea de integrar debidamente el refuerzo, mejora y ampliación de las vías de comunicación marítima en el marco de las redes transeuropeas e impulsarlas en coordinación con los Estados miembros y las regiones marítimas;

2.3.10

promover un estudio sobre las ventajas y los inconvenientes de crear un pabellón europeo común;

2.3.11

reforzar el papel de los puertos estratégicos como una prioridad para el desarrollo de la futura política marítima y de un modo paralelo encargar un estudio sobre las interconexiones entre los puertos principales y los secundarios, y sobre la posible deslocalización y desconcentración de algunas actividades portuarias a centros más pequeños;

2.3.12

crear una red de escuelas europeas de profesiones del mar para mejorar la formación y la educación de los marinos y formalizar los itinerarios profesionales como una herramienta para asegurar que Europa cuenta con unos trabajadores profesionales y cualificados y promover una propuesta para la educación y formación permanente en todos los sectores marítimos, no sólo en el mar;

2.3.13

garantizar la existencia y aplicación de los marcos jurídicos necesarios para proteger a los trabajadores marítimos de todo tipo de prácticas abusivas, en particular para asegurarse de que existen unas condiciones de igualdad generales europeas que respeten unas normas mínimas de empleo y de condiciones laborales;

2.3.14

desarrollar un nuevo marco para establecer un enfoque coordinado dirigido al turismo marítimo sostenible en la UE, que refleje, en particular, las necesidades de las regiones, señalando que el turismo marítimo es uno de los contribuyentes más fuertes a las economías marítimas, con un excelente potencial de crecimiento, pero culpable también del incremento de la contaminación costera, del uso insostenible de los recursos y de la degradación del medio natural costero;

2.3.15

facilitar el que continúen evolucionando las centrales eólicas en el mar en la UE, es decir, fomentar proyectos que pongan de manifiesto soluciones a dificultades de múltiples responsabilidades a nivel nacional, regional y local, especialmente para las líneas eléctricas o con usos combinados, como pueden ser las turbinas eólicas y las granjas de mejillones;

2.3.16

promover de manera urgente una propuesta para el desarrollo de nuevos avances tecnológicos en el campo de otras fuentes de energía marítima renovables, como las mareas o las corrientes marinas, en cuyas esferas de actividad la UE podría desarrollar un liderazgo estratégico a nivel global;

2.3.17

regular las actividades de extracción de recursos energéticos marítimos tradicionales como el petróleo y el gas, sobre la base de unas normas de seguridad medioambiental bien definidas, y llevar a cabo un seguimiento efectivo de tales actividades;

2.3.18

desarrollar hipótesis para saber las medidas de protección costera que pueden ser necesarias, basándose en las distintas previsiones sobre el aumento del nivel del mar y el cambio de las condiciones climáticas; se deberían considerar las hipótesis existentes, como son las enunciadas desde el foro del Mar de Waden;

2.3.19

favorecer acuerdos internacionales que permitan establecer niveles sostenibles de capturas para los recursos pesqueros compartidos (especies migratorias);

2.3.20

lanzar proyectos de investigación para desarrollar sistemas de anclaje tales que se evite, en las zonas con un valor ecológico particular, la destrucción de la posidonia oceánica;

2.3.21

establecer una estrategia pública de costas que integre tareas como las inspecciones del medio ambiente, el control fronterizo, los servicios de rescate en el mar, las inspecciones pesqueras, la asistencia sanitaria y la protección civil al servicio de los profesionales del mar;

2.4.1

Mostrar cómo se puede proteger y restablecer con éxito el medio ambiente existente, así como definir y aplicar criterios de protección a nivel de la Europa comunitaria y garantizar la calidad de los ecosistemas y los hábitats costeros y marinos;

2.4.2

continuar aclarando cómo la Estrategia temática del medio ambiente marino y la Directiva sobre la estrategia marina quedarán integradas en la futura política marítima general, teniendo en cuenta los plazos revisados propuestos por el Comité de las Regiones. Para ser tan eficientes como sea posible, estos plazos deberían coordinarse con los de otros programas prioritarios de la UE, como los Fondos Estructurales y los fondos agrícolas;

2.4.3

coordinar y ayudar a las regiones marinas a la hora de identificar las maneras de proteger con éxito el medio ambiente existente y, en particular, a la hora de declarar zonas marinas protegidas transregionales o transnacionales, desarrollar propuestas concretas para una reducción significativa de los vertidos radiactivos, la contaminación producida por los barcos (en particular los gases emitidos, los vertidos y las aguas de lastre, ya que estas últimas pueden contribuir a la introducción de especies alóctonas) y de los daños causados por la actividad humana en los hábitats marinos de particular interés mencionados en la Directiva sobre Hábitats y apoyar los esfuerzos para garantizar la calidad de los ecosistemas y los hábitats costeros y marinos, teniendo en cuenta, a la vez, el importante impacto que la actividades económicas pueden tener en el estado del medio ambiente marino, en concreto por el vertido de nutrientes al mar;

2.4.4

definir en detalle dónde y cómo se pueden sustituir las tecnologías estándar por otras respetuosas con el medio ambiente y aportar incentivos financieros y programas de asistencia que impulsen y faciliten dicho cambio;

2.4.5

intensificar la presión sobre aquellos que no cumplen los requisitos y las normas jurídicas y solicitar que sean sancionados legalmente, en particular en lo que respecta al vertido ilegal de residuos al mar, la pesca ilegal o el transporte ilegal de personas o mercancías;

2.4.6

asegurar mejor las rutas marítimas e investigar la posibilidad de introducir la imposición de pilotaje para petroleros y otros buques con cargas peligrosas, e investigar la posibilidad de introducir una imposición de pilotaje general para las travesías de buques en zonas estrechas;

2.4.7

apoyar iniciativas dirigidas a acondicionar o mejorar las instalaciones portuarias para la acogida de agua oleosa y favorecer las innovaciones tecnológicas en el transporte y la manipulación del petróleo, a fin de evitar la introducción de especies exóticas invasoras;

2.4.8

respaldar y fomentar acuerdos internacionales para la conservación de los recursos pesqueros de interés comercial de especies fuertemente migratorias, habida cuenta de que las medidas de conservación aplicadas únicamente por las flotas comunitarias no producen efectos apreciables en lo que se refiere a la protección;

2.4.9

favorecer la constitución de una red de áreas marinas europeas protegidas y de una red de seguimiento, en particular entre los Estados miembros de la Unión Europea y sus países vecinos, para facilitar intercambios de experiencias y de buenas prácticas en el ámbito de la gestión;

2.4.10

apoyar iniciativas dirigidas a elaborar protocolos para la gestión y tratamiento de las aguas de lastre de los barcos, habida cuenta de que pueden ser fuente de entrada de especies alóctonas, que pueden contribuir a una pérdida de biodiversidad marina;

2.5.1

Preparar un catálogo con los distintos instrumentos financieros existentes para las políticas marítimas a nivel europeo; es decir, los Fondos Estructurales, el Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo de la Pesca, las disposiciones del fondo para el aprendizaje permanente o el Séptimo Programa Marco Comunitario de Investigación y Desarrollo y estudiar su eficacia para determinar si tales instrumentos tienen que ser simplificados o si se tiene que mejorar su publicidad;

2.5.2

presentar un compendio de los proyectos del sector marítimo que ya están siendo financiados por la Comisión;

2.5.3

tomar mucho más en consideración el enfoque integrador dentro de los futuros sistemas de financiación (a partir de 2014);

2.5.4

examinar la opción de revisar el sistema financiero de la UE y enfocarlo a un único sistema simplificado para todos o para la mayoría de los asuntos marítimos dentro de un fondo costero e insular europeo;

2.5.5

aportar un respaldo financiero a los territorios con un particular patrimonio biológico, medioambiental y arquitectónico, en estado de crisis, cuya economía dependa en gran medida de actividades relacionadas con el mar;

2.5.6

revisar el marco jurídico vigente de la UE desde una perspectiva más marítima y resolver los estrangulamientos y los eslabones que faltan en el potencial integrador de las políticas, así como mejorar la regulación del marco jurídico vigente;

2.5.7

identificar, para intervenir con instrumentos financieros ad hoc, territorios de alto valor medioambiental y cultural, caracterizados principalmente por la pequeña pesca costera, acompañada, tal vez, por una agricultura de tipo artesanal, en los que los actuales instrumentos financieros no permiten intervenir por falta de requisitos económicos y dimensionales en las pequeñas empresas presentes;

2.5.8

introducir instrumentos financieros para las regiones costeras e insulares a fin de compensar los costes derivados de las acciones que estas regiones llevan a cabo con el objetivo de salvaguardar los intereses generales de la Unión Europea, sobre todo en la lucha contra el tráfico de droga y de seres humanos, la lucha contra la emigración ilegal, la contaminación marina y el control de las zonas económicas exclusivas;

2.5.9

estudiar la retención del CO2 en los yacimientos marinos agotados de petróleo y gas;

2.6.1

Estudiar el modo en el que la ordenación territorial y la gestión integrada de la zona costera, teniendo en cuenta el caso especial de las islas, pueden ser aplicadas con éxito para apoyar la integración de las políticas sectoriales en zonas que podrían ser necesitadas para fines distintos;

2.6.2

desarrollar un instrumento muy relacionado con la geografía para el sector marítimo, similar al sistema de información espacial terrestre INSPIRE;

2.6.3

abordar urgentemente la necesidad de establecer un servicio de guardacostas europeo, identificando las necesidades particulares de cada una de las regiones marítimas;

2.6.4

identificar cómo se puede mejorar el uso de los instrumentos financieros de la UE para: (i) a corto plazo ayudar a aquellos Estados miembros o regiones que están afectados directamente por la oleada creciente de inmigración ilegal, y (ii) a largo plazo ayudar a terceros países a alcanzar un nivel de desarrollo político y económico que frene la demanda de la población de dichos países por buscar la entrada ilegal en el territorio de la UE. En este contexto, apoya la propuesta de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo de establecer una Agencia que sea específicamente responsable del tema de la inmigración ilegal y de la solicitud de asilo por parte de personas de terceros países y que estará situada en Malta;

2.6.5

ofrecer mayores niveles de apoyo a los entes locales y regionales, además del recibido por los entes nacionales, a la hora de gestionar los nuevos emigrantes una vez que han llegado a sus territorios;

2.6.6

tener en cuenta la dimensión del interior y las interacciones entre las zonas del interior, las vías navegables interiores y los ríos, las zonas costeras y el mar, haciendo a la vez transparentes los distintos vínculos existentes;

2.6.7

garantizar que se sigan desarrollando y aplicando las normas más exigentes de seguridad para los buques en las aguas europeas y evitar así accidentes de navegación en alta mar, en las zonas costeras y en los puertos;

2.6.8

incluir medidas y programas específicos para las regiones ultraperiféricas y las islas teniendo en cuenta sus condiciones y dificultades particulares, especialmente en algunos ámbitos de actividad, como

2.6.9

desarrollar estrategias a corto y medio plazo para frenar la explotación cada vez más abusiva de los océanos y mares europeos, en particular respecto al tráfico ilegal de seres humanos en Europa;

2.6.10

analizar la situación de desventaja operativa derivada de los distintos niveles de perificidad de las regiones marítimas, definiendo políticas de transporte marítimo basadas en el concepto de cohesión, con el fin de mejorar la integración de dichas regiones en el espacio europeo;

2.6.11

promocionar experiencias prácticas de gestión integrada de las zonas costeras, a través de las cuales se puedan crear e impulsar estructuras organizativas y procedimientos para articular mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones, así como promover la participación social en la adopción de decisiones que afectan a las zonas costeras;

2.7.1

Incluir una propuesta para concienciar sistemáticamente a la opinión pública sobre la cuestión marítima en un proceso continuo, que contenga aspectos de la tradición, cultura e identidad marítima común en Europa;

2.7.2

presentar una propuesta sobre cómo la dimensión marítima podría quedar integrada dentro del próximo Año europeo del diálogo intercultural 2008;

2.7.3

con la intención de mejorar la concienciación pública, desarrollar una estrategia sistemática para una política moderna marítima con el fin de que quede firmemente integrada desde la base y asegurar su aplicación real.

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/27

—

sugiere que las estructuras de gobernanza del IET se establezcan con vistas a compaginar la necesidad de independencia del IET en el desempeño de su labor diaria con la obligación que incumbe a los Estados miembros e instituciones comunitarias de salvaguardar los intereses de la UE, por ejemplo mediante una revisión quinquenal encomendada a una instancia integrada por delegados de los Estados miembros;

—

lamenta que en la propuesta se proponga una nueva financiación que resulta inadecuada para la comunidad de investigadores. Insiste en que no se recorten las fuentes existentes de financiación en materia de investigación, sino que se tenga en cuenta específicamente la aportación adicional del sector privado, que debe quedar garantizada a través de mecanismos claros. Se debería animar a las Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI) a con el tiempo llegar a ser sostenibles desde el punto financiero, y a someter a revisión periódica su presupuesto, a la luz de sus resultados;

—

recomienda que el IET no conceda en su fase inicial títulos propios, sino que más bien desarrolle una marca o distintivo que sea concedido por las universidades miembros de una CCI;

—

recomienda que en la selección de asociaciones para las CCI se tenga en cuenta la excelencia y el potencial de excelencia debidamente acreditado en materia de educación, investigación e innovación. Pide a la Comisión Europea que especifique cómo cuantificar estos criterios;

—

recomienda que se dé instrucciones al IET para que, en el momento de la selección de las CCI, conceda una calificación alta a las solicitudes sólidamente asociadas a comunidades de investigación estructuradas y vinculadas a los entes locales y regionales de su zona. Las PYME deberían incluirse explícitamente en la lista de posibles organizaciones socias.

1.

considerando que la segunda comunicación de la Comisión y la Propuesta de Reglamento sobre la creación de un Instituto Europeo de Tecnología constituyen un paso positivo;

2.

considerando que, aun cuando no sea posible que todos los institutos de investigación de la UE participen directamente en el IET, su aspiración a integrarse en él a través de una comunidad de conocimiento e innovación supondrá un cambio positivo en el mundo de la investigación, al reforzar el triángulo del conocimiento que constituyen la educación, la investigación y la innovación;

3.

considerando que toda mejora del triángulo del conocimiento, y en particular el desarrollo de colaboraciones sólidas entre las empresas y el mundo de la investigación, contribuirá de manera significativa a la mejora de la competitividad en la UE;

4.

considerando que las Comunidades de Conocimiento e Innovación del IET, que se organizarán en torno a los mejores equipos en colaboración con las empresas, pueden suponer un impulso para el desarrollo regional, siempre y cuando establezcan sinergias con los organismos de desarrollo regional y local;

1.1

acoge con satisfacción esta segunda Comunicación, considerándola una contribución positiva al debate sobre la creación de un Instituto Europeo de Tecnología (IET) y a la consecución de los objetivos de Lisboa;

1.2

acoge con satisfacción el enfoque equilibrado adoptado por la Comisión durante la fase de elaboración de la propuesta legislativa, incluido el cambio de denominación de las «comunidades de conocimiento», que pasan a llamarse «Comunidades de Conocimiento e Innovación» (CCI); muestra su satisfacción al comprobar que los entes locales y regionales figuran como posibles «organizaciones socias» de las CCI, pero alberga ciertas preocupaciones acerca de algunos detalles;

1.3

respalda la iniciativa de consolidar las relaciones entre los pilares del triángulo del conocimiento -la educación, la investigación y la innovación-, así como la propuesta de solucionar las carencias que, como se reconoce en el texto, padece la innovación en Europa;

1.4

reitera que no es posible copiar a voluntad los modelos de investigación e innovación que han tenido éxito en otros contextos, sino que la UE debe articular su política sobre la base de modelos exitosos de buenas prácticas en la UE que hayan permitido el establecimiento de vínculos sólidos entre investigación, innovación y educación;

1.5

reconoce la importancia de que el IET permita la participación de todas las partes interesadas que resultan clave en el triángulo de conocimiento, como los equipos de investigación de primera línea, la industria y los poderes públicos. Debería evitarse a toda costa la creación de un sistema en dos niveles;

1.6

reconoce que quedan aún algunas cuestiones en torno a ciertos elementos de la propuesta que siguen resultando problemáticas;

1.7

lamenta que en la nueva propuesta legislativa se proyecte una nueva financiación que resulta inadecuada para la comunidad de investigadores y no se establezcan mecanismos claros para garantizar una aportación financiera por parte del sector privado;

1.8

insiste en que no se recorten las fuentes existentes de financiación en materia de investigación (programas marco y de competitividad e innovación), sino que se tenga en cuenta específicamente la aportación adicional del sector privado;

1.9

subraya que los entes locales y regionales tienen una influencia fundamental en las condiciones que permiten crear la interacción necesaria para la innovación;

1.10

recuerda a la Comisión el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales, en particular gracias a sus colaboraciones económicas, en la creación de condiciones que permitan la interacción entre los tres pilares del triángulo de conocimiento, por ejemplo, el fomento de las actividades de agrupación, la creación de infraestructuras para los viveros de empresas, el estímulo a la inversión por parte de las empresas, etc.;

1.11

recuerda asimismo a la Comisión que los entes locales y regionales son las instancias mejor situadas para animar a las PYME a participar en una cooperación en materia de investigación y fomentar las colaboraciones empresa-universidad con posibilidades de prosperar en el ámbito regional y local, a la vista de, por ejemplo, las circunstancias, las políticas y los factores de atracción o rechazo actuales y futuros;

1.12

insiste además en que el IET debe centrarse esencialmente en la innovación, en la transferencia de conocimientos y en proyectos de investigación aplicada.

2.1

recomienda que el IET combine los puntos fuertes tanto de las universidades, sus equipos y organismos de investigación de la UE de prestigio mundial como de los mejores equipos de otras universidades y organismos de investigación de la Unión con potencial para ser excelentes;

2.2

insta por consiguiente a la Comisión a que colabore con las universidades y organismos de investigación que cuentan con una experiencia sólida en la aplicación del triángulo del conocimiento. Si el IET no consigue contar con la participación de las universidades y organismos de investigación de máximo prestigio de Europa, ello repercutirá en su imagen;

2.3

insiste en que para establecer Comunidades de Conocimiento e Innovación se utilice un enfoque de abajo arriba, comenzando por la selección de ejemplos de excelencia en materia de colaboración investigación-empresa;

2.4

muestra su satisfacción al comprobar que el proceso de selección para las Comunidades de Conocimiento e Innovación debe ser un proceso abierto, con el fin de permitir que cualquier equipo de investigación con potencial pueda aspirar al IET. Todas las universidades y organismos de investigación, independientemente de su tamaño, deben percibir la idea de que si establecen las estructuras, colaboraciones y políticas adecuadas, sus mejores equipos podrían acabar participando activamente en el IET; lamenta, no obstante, que el criterio clave relativo a la «excelencia en materia de educación e investigación» no se refiera también explícitamente al potencial de excelencia y anima a la Comisión a especificar la manera de ponderar estos dos criterios;

2.5

considera que una manera de reforzar la relación entre la investigación y el sector privado en las Comunidades de Conocimiento e Innovación podría ser animar o incentivar a estas a, con el tiempo, llegar a ser sostenibles desde el punto financiero e insta a que la propuesta legislativa incorpore este enfoque en sus disposiciones;

2.6

se opone a la propuesta de la Comisión de que el IET expida sus propios títulos y recomienda, por lo que se refiere a este aspecto, que no conceda en su fase inicial títulos propios, sino más bien que desarrolle una marca o distintivo que sea concedido por una universidad miembro de una CCI. De lo contrario, un título del IET podría alejar del proyecto a las universidades de prestigio;

2.7

sugiere que, durante los primeros años, el IET se limite a etiquetar aquellos programas de máster que contengan elementos específicos, como las prácticas en una empresa, el carácter interdisciplinario, la formación al espíritu de empresa, etc.;

2.8

insiste en que se garantice una representación adecuada del sector privado en la junta de gobierno, que ciertamente debería disponer de autonomía para establecer la agenda estratégica del IET;

2.9

sugiere que las estructuras de gobernanza del IET se establezcan con vistas a compaginar la necesidad de independencia de este en el desempeño de su labor diaria con la obligación que incumbe a los Estados miembros e instituciones comunitarias de salvaguardar los intereses de la UE, por ejemplo mediante una revisión quinquenal encomendada a una instancia integrada por delegados de los Estados miembros;

2.10

pide a la Comisión que, en relación con la selección de las CCI, establezca en sus orientaciones a la junta de gobierno que conceda una calificación alta a las solicitudes de colaboraciones que cuenten con la participación de entes locales y regionales y dispongan de comunidades de investigación estructuradas y agrupadas en cooperación científico-tecnológica entre universidades, organismos de investigación y empresas con agenda de investigación a medio y largo plazo;

2.11

recuerda a la Comisión el papel decisivo que desempeñan los entes locales y regionales en la formación de agrupaciones, gracias a sus políticas e inversiones en infraestructura, lo que conduce a una sólida colaboración entre la universidad y las empresas;

2.12

propone que, para evaluar el éxito del IET, la junta de gobierno establezca objetivos que permitan medir su dirección estratégica. Entre las maneras de medir este éxito podrían incluirse indicadores destinados a evaluar la capacidad del IET para proponer soluciones concretas que sean comercializables con vistas a solventar las dificultades de que adolecen las PYME y demás empresas, así como la industria;

2.13

exhorta a la Comisión a que evite que, como consecuencia del ímpetu fuerte y positivo que acompañará la instauración del IET, se preste menos atención a la creación del Consejo Europeo de Investigación, que desempeñará un papel dirigente en materia de investigación básica. En la medida de lo posible, la junta de gobierno del IET debería establecer vínculos sólidos con el CEI y crear estructuras que garanticen la complementariedad de ambos y permitan evitar la falta de coordinación y la duplicación de las actividades;

2.14

sugiere que el IET vaya estableciendo Comunidades de Conocimiento e Innovación de manera gradual, aprendiendo de cada experiencia y adaptando las estructuras en cada caso cada vez que se forma una CCI, y acoge con satisfacción la previsión de la Comisión de crear seis CCI antes de 2013;

2.15

considera que, con vistas al establecimiento y la gestión de las Comunidades de Conocimiento e Innovación, resultan especialmente importantes las cuestiones siguientes:

2.16

recomienda que la cuestión del personal se plantee de manera flexible a fin de asegurar que el IET contrata a los mejores equipos de investigadores. La doble adscripción se considera un paso positivo en la cuestión de la contratación de personal;

2.17

propone que, como medio para contratar a equipos de investigadores de primera categoría y establecer una sentido del compromiso en el IET, las CCI contraten al personal durante un porcentaje determinado de su tiempo. Los niveles máximos y mínimos pueden fijarse caso por caso y adaptarse a lo largo de la duración de una CCI;

2.18

exhorta a la Comisión a que, a la hora de preparar su propuesta legislativa sobre el IET, ponga de relieve el importante papel de los entes locales y regionales, que proporcionarán a las CCI un apoyo esencial y colmarán las lagunas existentes en el triángulo del conocimiento;

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/34

—

opina que desde el punto de vista medioambiental sigue habiendo razones suficientes para desarrollar una política de protección del suelo a escala europea. La contaminación del suelo, por ejemplo, repercute en la salud de las personas y los animales, por lo que la política de protección del suelo desempeña una función en este ámbito. Por otra parte, el cambio climático, las repercusiones transfronterizas de la degradación del suelo, la presión ejercida en otros ámbitos medioambientales y los compromisos de Kioto requieren una atención a escala europea;

—

está convencido de que una Directiva presentada en forma de inventario para facilitar las cosas, puede contribuir a la instauración de una gestión sostenible del suelo en la Comunidad. Ello implica que la Directiva sea flexible;

—

manifiesta su preocupación con respecto a la carga administrativa que pueda representar para los entes locales y regionales la elaboración de una lista de las zonas de riesgo, la revisión de esta lista cada diez años (artículo 6) y la revisión del inventario de los terrenos contaminados (artículos 10 y 11);

—

desea que no se impongan obligaciones directas a las autoridades competentes en relación con la limpieza y la gestión de los terrenos contaminados (artículo 13);

—

considera necesario que la Comisión Europea defina un conjunto de medidas con buena relación coste-eficacia en las que los Estados miembros puedan inspirarse para elaborar su propio paquete de medidas.

1.1

el suelo reviste una importancia esencial para nuestra subsistencia. Es indispensable como fuente de nutrientes y de agua, regulador de ciclos, espacio vital para numerosos organismos y soporte de la vida en su superficie. Es fundamental que el suelo pueda seguir desempeñando estas funciones de manera óptima y duradera, tanto para el ser humano como para la naturaleza;

1.2

todos los Estados miembros de la UE se enfrentan en mayor o menor medida con problemas de suelo. Es obvio que en varios lugares de Europa se han producido y se seguirán produciendo procesos de degradación considerables e inquietantes;

1.3

el suelo es inmóvil, pero la degradación del suelo en un Estado miembro puede tener consecuencias más allá de las fronteras; por lo tanto, el Comité estima que la propuesta es conforme con el principio de subsidiariedad. El Comité observa que sólo nueve Estados miembros cuentan con una legislación específica en el ámbito de la protección del suelo y que esta política se limita, por lo general, a determinados aspectos de la contaminación del suelo. Además, el Comité opina que desde el punto de vista medioambiental existen razones suficientes para desarrollar una política de protección del suelo a escala europea. La contaminación del suelo, por ejemplo, repercute en la salud de las personas y los animales, por lo que la política de protección del suelo desempeña una función en este ámbito. Por otra parte, el cambio climático, las repercusiones transfronterizas de la degradación del suelo, la presión ejercida en otros ámbitos medioambientales y los compromisos de Kioto requieren una atención a escala europea;

1.4

la política de protección del suelo es un asunto muy complejo. Hay en Europa más de 320 tipos de suelos diferentes utilizados para muchos fines. El suelo desempeña, entre otras cosas, funciones económicas, sociales, culturales y ecológicas y se usa con fines agrícolas y medioambientales, así como para la edificación y la construcción de carreteras y diques. Las amenazas de que es objeto en los diferentes Estados miembros son muy diversas, como también lo son las diferencias entre Estados miembros, e incluso entre regiones de un mismo Estado miembro, y entre las medidas adoptadas por los Estados miembros. A estas diferencias geográficas se añaden las diferencias climatológicas entre las distintas regiones de Europa. Estas divergencias reflejan las responsabilidades diferentes que asumen los entes regionales y locales de los Estados miembros en este ámbito;

1.5

habida cuenta de esta gran diversidad y de las dificultades a la hora de elaborar normas comunes, el Comité considera que, por el momento, no se pueden adoptar normas cuantitativas uniformes en la UE. No obstante, cree que la estrategia presentada por la Comisión constituye un primer paso para lograr un acuerdo sobre normas comunes en un futuro cercano. Para proteger los suelos eficazmente se necesitan medidas adaptadas a cada situación. La política de protección del suelo es un ámbito que se debe tratar en primer lugar al nivel local y regional;

1.6

en la mayoría de los Estados miembros, los responsables de la política de protección del suelo son los entes locales y regionales. Por ello, es importante que estos entes desempeñen un importante papel en el desarrollo de nuevos métodos y medidas en este ámbito;

1.7

la Unión Europea desempeña un papel de apoyo y fomento en lo tocante a la protección del suelo. La legislación europea debe rechazarse si no es flexible y no deja un margen de maniobra suficiente a los Estados miembros.

1.8

el Comité respalda los objetivos de la estrategia y considera que contribuyen en buena medida a la elaboración de un marco europeo común y flexible con vistas a una protección sostenible del suelo;

1.9

el Comité deduce de la descripción de los objetivos que se trata de aumentar los conocimientos disponibles sobre los procesos de degradación del suelo y de alentar el compromiso de los Estados miembros. Se les exhorta a tomar medidas contra la degradación del suelo, pero tienen libertad para determinar los riesgos, fijar los objetivos para luchar contra la degradación y las medidas para alcanzar dichos objetivos. El Comité apoya este enfoque, porque aborda la problemática de los suelos de manera integrada y gradual, destacándose así el carácter local y regional de los problemas en este ámbito.

1.10

para poner en práctica la estrategia, conviene evaluar sistemáticamente en qué medida la legislación y las políticas existentes en la UE contribuyen a la sostenibilidad del suelo en la Comunidad. Cuando tal contribución sea insuficiente, deberán adaptarse la legislación y las políticas correspondientes. Convendrá que la Comisión elabore rápidamente un plan de acción a tal fin;

1.11

el Comité, por tanto, considera conveniente que se estrechen aún más los vínculos entre la estrategia y las demás estrategias desarrolladas en el marco del sexto programa marco de acción comunitaria para el medio ambiente, y, en particular, las estrategias relativas a los pesticidas, los residuos y su tratamiento, así como las aguas superficiales y las aguas subterráneas.

1.12

el Comité considera que la información y la comunicación son importantes para garantizar una gestión sostenible de los suelos. Deberían tenerse en cuenta tanto las amenazas como las bazas que representan los suelos para una sociedad sostenible;

1.13

las medidas adoptadas por los Estados miembros en este ámbito son muy variadas (véase el punto 1.4). El Comité considera que la calidad de los suelos en Europa se puede mejorar efectiva y eficazmente si los Estados miembros que disponen de una política en este ámbito comparten sus conocimientos con los demás Estados miembros. El Comité, pues, anima a los Estados miembros que hayan desarrollado una política de protección del suelo a compartir su experiencia transmitiendo sus conocimientos a los Estados miembros que no dispongan de una reglamentación global en la materia;

1.14

el Comité concede gran importancia a la creación de una plataforma abierta de comunicación que permita intercambiar información sobre las «mejores prácticas» en la perspectiva de una protección adecuada de los suelos. La variabilidad de los suelos requiere un amplio abanico de medidas que hayan demostrado su eficacia.

1.15

la Directiva tiene por objeto elaborar un inventario de la degradación del suelo en la UE y proporciona a tal fin indicaciones que permiten proceder de manera transparente y uniforme. Los propios Estados miembros son los que determinan las zonas que se consideran de riesgo, así como las posibles medidas que deberán tomarse y su planificación;

1.16

el Comité está convencido de que una Directiva en forma de inventario para facilitar las cosas, presentada de forma estimulante, puede contribuir a la instauración de una gestión sostenible del suelo en la Comunidad. Ello implica que la actual Directiva sea flexible y no establezca normas cuantitativas ni cualitativas. La aplicación de las medidas debe hacerse de forma voluntaria por medio de sistemas de consulta e incentivos. Además, conviene evitar un incremento en materia de documentación con el fin de luchar contra una burocracia innecesaria. Por otra parte, las propuestas europeas actuales no deben entenderse como una invitación a que la UE elabore más orientaciones;

1.17

el Comité considera que la responsabilidad nacional en materia de cumplimiento de las normas medioambientales, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario o del causante de los daños al suelo, debe tener la máxima prioridad. Es decir, es conveniente aclarar que, aunque se aplique el principio de «quien contamina paga», no sólo el causante puede ser considerado responsable, sino que puede haber otros implicados. El Comité hace hincapié en que corresponde al ámbito nacional regular quién es el responsable en última instancia;

1.18

el Comité manifiesta su preocupación con respecto al hecho de que, para la determinación de las exigencias concretas derivadas de la Directiva comunitaria -en particular en materia de fijación de criterios para la evaluación del riesgo de contaminación del suelo-, se tenga que recurrir a un comité, de conformidad con la Decisión 1999/468/CE (Comitología). En este ámbito será necesario elegir un procedimiento que tenga en cuenta los intereses de todos los grupos afectados (partes interesadas) y garantice una participación suficiente;

1.19

el artículo 16 de la Directiva contiene un gran número de requisitos sobre presentación de información cuyo cumplimiento incumbe esencialmente a los entes locales y regionales. El Comité considera que estos requisitos no deberían representar una carga administrativa desproporcionada para los municipios y las regiones. Cabe señalar al respecto que la atención, el personal y los recursos financieros que se destinen a tal presentación no podrán usarse para luchar contra la degradación del suelo, que debería ser el objetivo prioritario;

1.20

el Comité apoya la importancia de integrar la política de protección del suelo en todos los niveles de la política sectorial y la legislación (artículo 3). En cambio, por lo que se refiere a la aplicación de la política sectorial, expresa su reserva con respecto a la introducción de controles obligatorios para los suelos sobre la base de los datos existentes (pruebas para los suelos). Los controles sólo son importantes en caso de que existan riesgos. Dado que la política ya define un marco, las pruebas son por lo general superfluas a la hora de la aplicación. En efecto, en las situaciones complejas y de gran alcance, ya se exige un informe sobre las repercusiones medioambientales;

1.21

el Comité manifiesta su preocupación con respecto a la carga administrativa que pueda representar para los entes locales y regionales la elaboración de una lista de las zonas de riesgo, la revisión de esta lista cada diez años (artículo 6) y la revisión del inventario de los terrenos contaminados (artículos 10 y 11);

1.22

el Comité observa que la propuesta de Directiva contiene una serie de obligaciones de registro y de requisitos de información, así como orientaciones para la elaboración de planes y programas, que seguramente estarán sujetos a una evaluación del impacto medioambiental, cuya ejecución conducirá a aumentar considerablemente las cargas administrativas. La normativa comunitaria tiene que renunciar en la medida de lo posible a imponer obligaciones de información y planes y programas que impliquen una evaluación del impacto medioambiental;

1.23

el Comité estima que la participación de la opinión pública debería limitarse a los casos estipulados en la Directiva sobre información medioambiental.

1.24

el Comité desea que no se impongan obligaciones directas a las autoridades competentes en relación con la limpieza y la gestión de los terrenos contaminados (artículo 13). Las autoridades están encargadas de garantizar que la limpieza tiene lugar efectivamente. Estos aspectos deberán examinarse a la luz de la legislación vigente en el correspondiente Estado miembro y de la situación específica del suelo. Naturalmente, las autoridades competentes siguen siendo responsables del tratamiento de los terrenos contaminados;

1.25

el Comité celebra que la rehabilitación de los suelos esté orientada hacia la función (artículos 1.1 y 13.2). Las medidas se definen en función de la utilización (actual) de los suelos;

1.26

la evaluación de impacto indica que las medidas encaminadas a reducir la degradación de los suelos tienen un buen rendimiento social. El Comité se adhiere a esta conclusión, pero desea señalar que para alcanzar tal rendimiento es necesario invertir en el suelo. La experiencia enseña que la realización de proyectos de rehabilitación del suelo, en particular en los municipios y las regiones, se estanca a menudo por falta de recursos financieros;

1.27

el Comité considera que la introducción del informe sobre la situación del suelo (artículo 12) representa un apoyo de Europa al inventario de los terrenos contaminados. En efecto, por una parte, este informe permite actualizar el inventario de los terrenos contaminados y, por otra, proporciona una información transparente a los ciudadanos de otros Estados miembros interesados por la adquisición de un terreno, lo que permite evitar perjuicios económicos. Se aplica de esta forma el principio de «quien contamina, paga» (artículo 4);

1.28

el Comité considera que para determinar las medidas para la preservación de las funciones del suelo conviene tener en cuenta, además de los aspectos sociales y económicos, las cuestiones de seguridad y la presencia de un patrimonio arqueológico, geológico y geomorfológico (artículo 8);

1.29

el Comité considera que la exigencia de la Comisión de que se establezcan modelos de financiación nacionales para la rehabilitación de los terrenos contaminados (artículo 13) no tiene suficientemente en cuenta los modelos (de financiación) regionales específicos existentes, que hasta la fecha han demostrado su eficacia en la práctica. Cabe temer que las disposiciones de la UE al respecto den lugar a obstáculos en este ámbito.

1.30

el Comité considera que una de las piedras angulares de la propuesta de la Comisión es la creación de una plataforma para el intercambio de información (artículo 17). Los entes locales y regionales deberían participar activamente en esta plataforma, habida cuenta de sus conocimientos prácticos y su experiencia.

2.1

el Comité considera necesario que la Comisión Europea defina un conjunto de medidas con buena relación coste-eficacia en las que los Estados miembros puedan inspirarse para elaborar su propio paquete de medidas. Los Estados miembros que no hayan desarrollado aún una política de protección del suelo o que la estén elaborando sólo podrán trabajar eficazmente si disponen de información suficiente;

2.2

el Comité propone que no se imponga una obligación europea general de presentación de datos, sino que en su lugar se permita a los Estados miembros utilizar su propio sistema de presentación de datos y se deje a la Comisión Europea acceder a tal información (artículo 16);

2.3

la carga administrativa que requiere la determinación de las zonas de riesgo podrá limitarse si se procede previamente a un rápido examen de los riesgos a que está expuesto el suelo (o partes del suelo) en un Estado miembro determinado (artículo 6). Por lo que se refiere a la revisión de las zonas de riesgo y al inventario de los terrenos contaminados, resulta superfluo proceder a una revisión completa. Puede ser suficiente una actualización sobre la base de los datos de seguimiento;

2.4

el Comité recomienda concretar aún más el programa de investigación de la Comisión Europea anunciado en la estrategia temática y asignarle prioridades y plazos. Se debe dar prioridad absoluta al análisis de las consecuencias del cambio climático para los suelos. Es sabido que el cambio climático conduce o puede conducir a una pérdida acelerada de materia orgánica. Teniendo en cuenta la importancia del papel que desempeña la materia orgánica en el funcionamiento del suelo, el cambio climático puede tener graves consecuencias para una gestión sostenible en este ámbito.

1.

los Estados miembros determinarán las regiones de riesgo y realizarán su inventario (véanse las letras b), c) y e) del texto de la Comisión);

2.

la Comisión Europea compilará los datos mencionados en el artículo 17 (véase la recomendación 10);

3.

los Estados miembros definirán un paquete de medidas (véanse las letras a), d), f) y g) del texto de la Comisión).

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/48

—

acoge favorablemente la estrategia temática de la Comisión, ya que implica un enfoque integrado y holístico de la cuestión de los plaguicidas, lo que favorece el logro de las mejoras necesarias en el ámbito del medio ambiente;

—

expresa su preocupación por el hecho de que la normativa vigente no haya podido impedir que aumente año tras año la cantidad de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios;

—

considera que el sistema de zonas propuesto incluido en la propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios no tiene suficientemente en cuenta los aspectos geológicos, geográficos e hidrológicos de las zonas en cuestión. Estas diferencias significan que el riesgo de penetración o filtración de plaguicidas nocivos varía, lo cual debe reflejarse en la legislación; lamenta que la definición de zonas no tenga en cuenta las normas vigentes en los Estados miembros en materia de plaguicidas;

—

considera que la propuesta de la Comisión sobre la obligación de reconocimiento mutuo de los plaguicidas dentro de dichas zonas no es la solución ideal, ya que esta medida puede agravar la contaminación de las aguas de superficie causada por plaguicidas;

—

considera que procede ampliar el fundamento jurídico del Reglamento (COM(2006) 388) con el fin de incluir el artículo 175 del Tratado, que se refiere al medio ambiente;

—

defiende la elaboración eventual de objetivos cuantitativos para la reducción del consumo de plaguicidas.

1.1

acoge favorablemente la estrategia temática de la Comisión, ya que implica un enfoque integrado y holístico de la cuestión de los plaguicidas, lo que favorece el logro de las mejoras necesarias en el ámbito del medio ambiente;

1.2

aprueba que la Comisión haya decidido actualizar los procedimientos y las funciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. De este modo se garantiza la conformidad de la normativa de la UE en este ámbito con los últimos descubrimientos científicos, lo que redunda en interés del medio ambiente y la salud humana;

1.3

apoya los objetivos de la estrategia temática destinados a alcanzar un mayor nivel de protección para el medio ambiente y la salud por medio de la limitación del uso de plaguicidas y del estímulo de la investigación para dar con alternativas menos nocivas;

1.4

aprueba el hecho de que las normas relativas a la protección de datos excluyan la utilización de datos procedentes de experimentos efectuados con animales. Esto garantizará que no se lleven a cabo experimentos inútiles y contribuirá a limitar en la medida de lo posible el recurso a los experimentos con animales;

1.5

aprueba que la estrategia temática tenga por objeto crear directrices para la utilización de los plaguicidas cuando la normativa comunitaria en vigor sea insuficiente;

1.6

aprueba que la estrategia contenga instrumentos de vigilancia y prevea la elaboración de informes sobre los progresos de los Estados miembros para conseguir los objetivos de la estrategia temática;

1.7

reconoce que un uso razonable de plaguicidas genera considerables ganancias de productividad, como puede verse en el análisis de impacto efectuado por la Comisión (SEC(2006) 894), aunque reconoce también el grave impacto medioambiental que sigue teniendo el uso de estos productos;

1.8

reconoce, asimismo, que la industria de los plaguicidas es una gran generadora de empleo en la UE, pues da trabajo a cerca de 26 000 personas; se congratula, por tanto, de que la estrategia temática, según el análisis de impacto, creará 3 000 nuevos empleos en el sector, lo que reportará a la agricultura beneficios por valor de, al menos, 380 millones de euros; por otro lado, la estrategia temática se ajusta a los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

1.9

se congratula de que la estrategia se proponga aumentar la seguridad en el uso de los plaguicidas mediante inspecciones y la certificación de los equipamientos, mediante incentivos para asegurar el almacenamiento de los plaguicidas y mediante iniciativas en materia de formación destinadas a distribuidores y usuarios profesionales. Se incrementará así la eficacia en el uso de los plaguicidas, lo que redundará en beneficio de todos;

1.10

expresa su preocupación por el hecho de que la normativa vigente no haya podido impedir que aumente año tras año la cantidad de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios; se felicita, por tanto, de que la estrategia temática desee intensificar los controles de estos residuos en los alimentos, e insta a que se realicen pruebas rigurosas para comprobar la existencia de residuos de plaguicidas en los piensos y alimentos importados, en particular de países donde las restricciones al uso de plaguicidas puedan ser menos estrictas;

1.11

se congratula de que la propuesta de directiva marco para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas remita a la Directiva marco sobre aguas, y considera que ese enfoque aumentará la coherencia de los esfuerzos de la UE para proteger el medio ambiente; invita, por tanto, a la Comisión a que haga también referencia a la Directiva marco sobre aguas en la propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de los productos fitosanitarios;

1.12

comprende muy bien el deseo de la Comisión de reforzar la competencia, el dinamismo y el libre comercio en la Unión Europea, pero considera que es fundamental que la estrategia temática en materia de plaguicidas dé carácter prioritario al medio ambiente y la salud de los ciudadanos;

1.13

considera, por ello, que lo que recomienda la propuesta de Reglamento, un reconocimiento mutuo obligatorio de los plaguicidas dentro de las tres zonas, es inapropiado si se lleva a cabo en contra de la normativa vigente. Según los Estados miembros, las condiciones son diferentes en una misma zona; por tanto, cada Estado miembro debe poder reservarse el derecho a adoptar normas más estrictas en materia de plaguicidas. Por ejemplo, en varios Estados miembros, las aguas subterráneas no tratadas se utilizan como agua potable. La introducción obligatoria de plaguicidas prohibidos hasta ahora pondría en peligro esta práctica, lo que tendría repercusiones económicas para los entes locales y regionales, así como para los Estados miembros. El Comité señala que la posibilidad de beber agua de buena calidad directamente del grifo constituye una mejora de la calidad de vida.

2.1

considera que el sistema de zonas propuesto no tiene suficientemente en cuenta los aspectos geológicos, geográficos e hidrológicos de las zonas en cuestión. Estas diferencias significan que el riesgo de penetración o filtración de plaguicidas nocivos varía, lo cual debe reflejarse en la legislación; lamenta que la definición de zonas no tenga en cuenta las normas vigentes en los Estados miembros en materia de plaguicidas. Si se mantiene esta distribución en zonas, sería necesario, como mínimo, aumentar el número de las mismas. Si se aprueba la definición de zonas, se debería encontrar un modo para asegurar el reconocimiento mutuo de autorizaciones de productos fitosanitarios en zonas vecinas que pertenezcan a zonas distintas, con el debido respeto a la protección de los consumidores y el medio ambiente;

2.2

considera que la propuesta de la Comisión sobre la obligación de reconocimiento mutuo de los plaguicidas dentro de dichas zonas no es la solución ideal, ya que esta medida puede agravar la contaminación de las aguas de superficie causada por plaguicidas. Dicha contaminación constituiría una amenaza para los organismos acuáticos, así como, en algunos casos, para poblaciones de pájaros y vertebrados únicas en dichas regiones; considera que el enfoque propuesto no es compatible con las exigencias generales de la Directiva marco sobre aguas acerca de la necesidad de no agravar la situación en las zonas acuáticas;

2.3

considera que la consecución del objetivo perseguido por el reconocimiento mutuo tal como se propone pasa por una mayor cooperación y por un intercambio de información entre los Estados miembros en las zonas en cuestión, con el fin de permitir la inspección de los recursos aprobados en otro país de la misma zona; considera, pues, que el reconocimiento mutuo obligatorio de los plaguicidas es un instrumento inoportuno; por último, estima que si se mantiene el reconocimiento, convendrá clarificar el impacto de tal distribución en zonas, teniendo en cuenta la necesidad de ajustes en función de las circunstancias;

2.4

pide que se apliquen criterios más estrictos en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, porque los actuales criterios no serán suficientes para mantener el elevado nivel de protección existente; no obstante, apoya que se introduzcan criterios de bloqueo en lo que se refiere a la autorización de las sustancias activas. Al tratarse de las repercusiones sobre la salud, los criterios son aceptables;

2.5

considera que procede ampliar el fundamento jurídico del Reglamento (COM(2006) 388 final) con el fin de incluir el artículo 175 del Tratado, que se refiere al medio ambiente. Esta medida sería importante para la ponderación de las futuras cuestiones de interpretación, así como para las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente;

2.6

apoya la introducción del principio de sustituir determinados productos fitosanitarios por otros, menos peligrosos, o por métodos no químicos;

2.7

pide una mejora de los criterios para la selección de los posibles productos sustitutivos, a fin de que sea posible sustituir aún más sustancias. Considera, asimismo, que es necesario mejorar las normas para que los Estados miembros tengan la posibilidad de sustituir los productos fitosanitarios basándose en una evaluación de las características de los aditivos contenidos en dichos productos;

2.8

defiende, por otro lado, que los plaguicidas susceptibles de infiltrarse en las aguas subterráneas se incluyan en el Reglamento en el grupo de productos de alto riesgo;

2.9

considera que las autorizaciones para las sustancias activas en los productos fitosanitarios no deberían concederse para un período ilimitado a partir de su primera renovación, es decir, tras un período de diez años. La ausencia de renovación de las autorizaciones podría tener repercusiones negativas para el medio ambiente y la salud, por ejemplo en la hipótesis de la instauración de nuevas exigencias en materia de información o nuevas orientaciones en materia de evaluación;

2.10

se opone a la introducción de un procedimiento de autorización más flexible para los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas cuyo riesgo se evalúa como «escaso»; en la medida en que todos los productos fitosanitarios pueden implicar un cierto riesgo para el ser humano y para el equilibrio de la naturaleza, deben ser objeto de un procedimiento de autorización riguroso;

2.11

recomienda que la venta y distribución de plaguicidas se realice bajo la supervisión de profesional acreditado o facultativo competente;

2.12

defiende la elaboración eventual de objetivos cuantitativos para la reducción del consumo de plaguicidas, de acuerdo con las recomendaciones del VI Programa marco, y pide que se favorezcan métodos de producción que conlleven un uso reducido o nulo de plaguicidas, como en la agricultura ecológica;

2.13

exige la incorporación en los artículos 21 y 43 del Reglamento de una referencia directa al art. 4(1) de la Directiva Marco sobre el Agua;

2.14

se congratula de la amplitud del procedimiento de consulta que se ha llevado a cabo en el marco de la estrategia temática, y de que haya englobado a entes locales y regionales; pide que estos últimos se asocien de modo más estrecho con el grupo de expertos sobre la estrategia temática, que tiene por tarea prestar asesoramiento en lo que se refiere a las buenas prácticas y controlar la aplicación de la estrategia temática; por otro lado, considera que es preciso también hacer participar a los entes locales y regionales en la elaboración y aplicación de los planes de acción nacionales (PAN). En efecto, debido a su conocimiento excepcional de las condiciones sobre el terreno, pueden aportar una contribución valiosísima a este debate, en el que debería participar la sociedad civil.

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/53

—

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de fomentar la transparencia. Es indispensable una mayor transparencia si las instituciones europeas desean seguir siendo responsables y democráticas, eficaces y cercanas a las necesidades de la ciudadanía; recuerda, en este contexto, que si la UE quiere de verdad aumentar su legitimidad democrática, también es necesaria una mayor participación de los agentes locales y regionales en los procesos legislativos y de decisión de la UE;

—

lamenta, no obstante, que la dimensión local y regional no se haya mencionado en esta iniciativa e insta a la Comisión a que le permita participar más de cerca;

—

señala que la UE es una asociación institucional a varios niveles donde los entes regionales y locales participan en la elaboración de las políticas europeas a nivel nacional y europeo;

—

cree que conviene destacar una vez más la necesidad de distinguir entre la consulta de las instituciones de la UE con los entes locales y regionales elegidos y sus asociaciones, por una parte, y, por otra, con los grupos de presión (lobbies) que representan intereses especiales;

—

se felicita de que la Comisión Europea haya introducido un diálogo constante y sistemático con los entes locales y regionales, así como sus asociaciones nacionales y europeas, en ámbitos donde estos últimos son responsables de la transposición o aplicación; considera, sin embargo, que se podrían mejorar las modalidades de este diálogo;

—

acoge favorablemente la mayor transparencia que conllevaría el registro de los grupos de presión;

—

no cree, sin embargo, que un acuerdo basado en el registro voluntario constituya un marco adecuado para garantizar una transparencia suficiente;

—

tiene el convencimiento de que es importante garantizar un procedimiento eficaz y sencillo de registro en el futuro. La Comisión Europea es la que debería encargarse de tal registro;

—

apoya la aspiración de la Comisión a reforzar la transparencia en cuanto al uso de los fondos comunitarios, e insta a los Estados miembros a que administren los fondos comunitarios mediante una «gestión compartida». La transparencia sobre la financiación comunitaria redunda en interés de todos los beneficiarios.

1)

Considerando que la transparencia es uno de los elementos clave de una democracia con una gobernanza a varios niveles (multilevel governance);

2)

Considerando que es importante dar mayor consideración a los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y proximidad a fin de desarrollar una legislación europea sencilla y clara que pueda ser fácilmente comprendida por los ciudadanos europeos;

3)

Considerando que es indispensable garantizar la plena participación de los agentes regionales y locales, entre otros medios a través del CDR, en los asuntos centrales de la agenda europea;

4)

Considerando que los entes regionales y locales, si participan adecuadamente en la elaboración de los actos legislativos, pueden desempeñar un papel clave en su transposición y aplicación en sus propios territorios;

1.1

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de fomentar la transparencia. El lanzamiento de la Iniciativa europea en favor de la transparencia es un paso importante dado por la Comisión para fomentar el funcionamiento transparente de las instituciones de la UE. Es indispensable una mayor transparencia si las instituciones europeas desean seguir siendo responsables y democráticas, eficaces y cercanas a las necesidades de la ciudadanía; recuerda, en este contexto, que si la UE quiere de verdad aumentar su legitimidad democrática, también es necesaria una mayor participación de los agentes locales y regionales en los procesos legislativos y de decisión de la UE;

1.2

considera que, con la iniciativa en favor de la transparencia, la Comisión Europea ha iniciado un debate necesario y cree que es importante celebrarlo ahora, también en el contexto del período de reflexión y debate sobre el futuro de Europa, porque los responsables de las decisiones deben garantizar y demostrar que la UE funciona de manera democrática y eficaz. Garantizar la transparencia es una manera fundamental de acercar Europa a sus ciudadanos;

1.3

lamenta, no obstante, que la dimensión local y regional no se haya mencionado en esta iniciativa e insta a la Comisión a que le permita participar más de cerca; recuerda la declaración de la Comisión en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (2001) consistente en que velaría por que las realidades y las experiencias regionales y locales se integrasen en la concepción de las políticas;

1.4

acoge favorablemente la decisión adoptada durante la Presidencia finlandesa en la segunda mitad de 2006 de buscar una mayor transparencia en los trabajos del Consejo. Es muy positivo que el Consejo también haya aceptado permitir una toma de decisiones más abierta y el acceso a sus documentos; no obstante, considera que es un primer paso en la dirección correcta e insta al Consejo a hacer que un mayor número de sus debates sean públicos. Esta es una manera importante de que los ciudadanos puedan seguir el proceso decisorio;

1.5

considera que se debería definir de la manera más exacta posible la expresión «lobbying ilícito», para tener la posibilidad de controlar la actividad de los grupos de presión e imponer sanciones en caso de que se produzcan infracciones;

1.6

estima que el objetivo de la transparencia debe ser el acercamiento de la Unión Europea a los ciudadanos; de modo que, para promoverla y, de este modo, reducir la distancia existente entre las instituciones europeas y sus ciudadanos, considera que es fundamental impulsar medidas que, como las desarrolladas en el marco del plan D: democracia, diálogo y debate, traten de divulgar las actividades y competencias de la Unión entre los europeos, especialmente, como se pretende con el Foro de la Juventud, entre los jóvenes.

2.1

señala que la UE es una asociación institucional a varios niveles donde los entes regionales y locales participan en la elaboración de las políticas europeas a nivel nacional y europeo. La mejor manera de garantizar que la nueva legislación comunitaria sea relevante y viable consiste en consultar y reforzar el diálogo y los espacios de participación y de toma de decisión a los entes locales y regionales sobre las cuestiones relevantes. Estos entes son responsables de aplicar y transponer las políticas de la UE y, por lo tanto, desempeñan un papel importantísimo a la hora de garantizar la transparencia;

2.2

reconoce, sin embargo, que no sólo la Unión Europea tiene la obligación de garantizar la transparencia. Los Estados miembros, así como el CDR y todos los niveles de gobierno a los que representa, deberían dar ejemplo estableciendo unas administraciones públicas eficaces, democráticas y con vocación de servicio. En consecuencia, los entes locales y regionales de los Estados miembros también deberían tener una amplitud de miras para garantizar la transparencia en sus propias administraciones.

3.1

cree que conviene destacar una vez más la necesidad de distinguir entre la consulta de las instituciones de la UE con los entes locales y regionales elegidos y sus asociaciones, por una parte, y, por otra, con los grupos de presión (lobbies) que representan intereses especiales; señala que, junto con los entes locales y regionales a los que representa, el CDR forma parte integrante de la gobernanza europea y que, por lo tanto, debería participar directamente en toda iniciativa de la Comisión Europea destinada a mejorar el funcionamiento transparente del proceso de decisión en la Unión;

3.2

pide a la Comisión Europea que adjunte a toda propuesta legislativa o no una lista de las reuniones celebradas y de los documentos de posición recibidos durante la fase de preparación de la propuesta específica;

3.3

señala que el diálogo estructurado entre la Comisión y las asociaciones de gobiernos locales y regionales, que se ha desarrollado sobre la base del Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, es un paso importante para lograr que participen realmente los entes locales y regionales; acoge favorablemente esta circunstancia y señala el papel central que desempeñará en este ámbito;

3.4

se felicita de que la Comisión Europea haya introducido un diálogo constante y sistemático con los entes locales y regionales, así como sus asociaciones nacionales y europeas, en ámbitos donde estos últimos son responsables de la transposición o aplicación. Es importante seguir desarrollando este diálogo de manera continuada de modo que ambas partes puedan beneficiarse plenamente del mismo; en este sentido, se hace especial hincapié en la necesidad de reforzar este diálogo en la definición de las propuestas legislativas que afecten a las autoridades regionales y locales;

3.5

considera, sin embargo, que se podrían mejorar las modalidades de este diálogo y sugiere, por tanto, lo siguiente:

3.6

pide a la Comisión que mejore los instrumentos existentes para facilitar información de retorno sobre sus dictámenes, que contenga respuestas concretas a la solicitud de consulta de la Comisión y propuestas tangibles que tomen en consideración los intereses regionales y locales. Además, la Comisión debería como mínimo exponer o explicar los motivos para no tomar en consideración sus recomendaciones.

3.7

considera que la introducción de normas mínimas para la consulta en 2002 abrió nuevas posibilidades para poder realizar una consulta amplia de las partes interesadas y evaluaciones de impacto detalladas previas a las propuestas legislativas. Estas normas otorgan una importancia específica a los entes locales y regionales, que ha sido confirmada en el Acuerdo de Cooperación celebrado entre el Comité de las Regiones y la Comisión. Es importante que la consulta se realice en el momento oportuno y que dé a las partes interesadas la posibilidad real de responder a las propuestas legislativas;

3.8

desea que, junto al diálogo estructurado con las asociaciones de entes territoriales, se desarrollen otras modalidades de consulta directa y prelegislativa de las regiones y los municipios, bajo las auspicios del Comité, para que estos entes, en su calidad de partes interesadas, puedan hacer oír su voz con regularidad en la fase de preparación de las propuestas legislativas; recuerda, a este respecto, que estas consultas ya se habían previsto en la iniciativa de la Comisión de 2002 dirigida a establecer unas normas mínimas de consulta y que, en este contexto, se había pedido al CDR que desempeñara un papel proactivo, organizando consultas para la Comisión (4);

3.9

lamenta que la dimensión territorial no ocupe el lugar que le corresponde en el Libro Verde sobre la iniciativa europea en favor de la transparencia, como en la nueva estrategia relativa al análisis de impacto; invita, por tanto, a la Comisión, a que considere la consulta de los entes territoriales como una modalidad transversal de trabajo en el marco de la gobernanza de múltiples niveles y a que extienda el método consultivo que ya está aplicando con éxito en el ámbito de la política de cohesión a todas las políticas que presenten un impacto territorial;

3.10

cree que las evaluaciones de impacto han de desempeñar un papel fundamental en la reducción de las cargas administrativas que pesan sobre los poderes locales y regionales a causa de la legislación comunitaria, como se señaló en el dictamen sobre «Legislar mejor» (CDR 121/2005);

3.11

reitera su opinión consistente en que las evaluaciones preliminares, aparte de analizar el objetivo político de una propuesta legislativa y los instrumentos de política más adecuados, deben incluir una evaluación de impacto de los actos legislativos a nivel local y regional en términos financieros.

4.1

acoge favorablemente la mayor transparencia que conllevaría el registro de los grupos de presión. Como parte del sistema de gobernanza de la UE, el CDR y sus miembros son ellos mismos objeto de actividades de lobbying y, por lo tanto, están de acuerdo en que un sistema de registro/acreditación podría mejorar el funcionamiento transparente del proceso político de la UE;

4.2

señala que, debido a su legitimidad democrática, los entes locales y regionales y sus asociaciones son claramente diferentes de los grupos de presión comerciales y de los grupos de interés especiales. Los entes locales y regionales forman parte de la estructura administrativa europea. Todo registro deberá tener en cuenta esta diferencia, y, por lo tanto, los entes locales y regionales no deberían registrarse como organizaciones de presión de ninguna manera que entrañe el riesgo de desdibujar la distinción entre su papel y el de otras organizaciones de la lista;

4.3

no cree, sin embargo, que un acuerdo basado en el registro voluntario constituya un marco adecuado para garantizar una transparencia suficiente. Un acuerdo voluntario no detendrá la especulación pública y la desconfianza en las consultas celebradas por las instituciones con particulares. El registro debería ser un requisito para el acceso de todos los grupos de presión a las instituciones de la UE, como ya sucede en el Parlamento Europeo;

4.4

tiene el convencimiento de que es importante garantizar un procedimiento eficaz y sencillo de registro en el futuro. La Comisión Europea es la que debería encargarse de tal registro. Debería existir un único punto de contacto para registrarse ante todas las instituciones de la UE, y debería exigirse el registro a las organizaciones en su conjunto, más que a los individuos. Dado que el Comité ya posee información sobre los entes regionales y locales y las asociaciones que los representan, no hace falta que todos los entes locales y regionales y sus asociaciones se registren por separado. Por lo tanto, el CDR podría transmitir esta información a la Comisión con el fin de que se introduzca en la parte correspondiente del registro;

4.5

considera que se debería precisar qué informes deberían hacer los grupos de presión y con qué intervalos de tiempo, así como en qué medida estos informes se considerarán suficientes.

5.1

apoya la aspiración de la Comisión a reforzar la transparencia en cuanto al uso de los fondos comunitarios, e insta a los Estados miembros a que administren los fondos comunitarios mediante una «gestión compartida», esto es, los proyectos de los Fondos Estructurales destinados a mejorar el intercambio de mejores prácticas. La transparencia sobre la financiación comunitaria redunda en interés de todos los beneficiarios;

5.2

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de crear una página web donde pueda accederse a la información existente sobre los beneficiarios de proyectos y programas. Para facilitar informaciones que sean comparables, y por tanto transparentes, para todos los ciudadanos de los Estados miembros, la Comisión debería publicar de manera centralizada los datos correspondientes. También redundaría en el interés de los ciudadanos europeos disponer de una descripción de las lecciones aprendidas y las iniciativas «con rostro ciudadano»;

5.3

se felicita por la propuesta incluida en el Libro Verde relativa a la creación de normas comunes a nivel comunitario para hacer pública la manera en que se gastan los fondos comunitarios;

6.1

muestra su satisfacción por que la Comisión haya permitido en 2001 el acceso a los documentos no publicados de las instituciones y organismos de la UE mediante un registro de documentos o a raíz de solicitudes individuales, y subraya que en 2002 esta medida se complementó con la introducción de un Código de buena conducta administrativa que define normas sobre el acceso del público a los documentos. Ambas iniciativas son medidas importantísimas para garantizar la transparencia de la Comisión Europea;

6.2

espera con expectación la revisión prevista del Reglamento 1049 y manifiesta su intención de contribuir a este proceso.

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/58

—

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y, en particular, la propuesta de establecer una estrategia comunitaria con objeto de promover y proteger de forma efectiva los derechos de la infancia en la política interior y exterior de la Unión Europea, así como de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en este campo;

—

acoge con satisfacción que se haya constituido una Unidad de Derechos del Niño en la Comisión y señala el importante papel asignado al Coordinador de los Derechos del Niño para garantizar el éxito de la estrategia; confía en que se aporten recursos suficientes para ello y se conceda el estatus y peso político suficientes al coordinador a fin de asegurar la consecución de los objetivos de la unidad; y solicita asimismo que se especifique cómo se complementará el papel del Coordinador con el trabajo que se lleve a cabo a nivel nacional;

—

lamenta que no se preste una mayor atención a la situación de los menores no acompañados, y las niñas, así como a los menores con discapacidades, inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiados (ambos en la UE y a nivel internacional), incluida la provisión de cuidados y protección para todos los niños mencionados supra;

—

observa que la estrategia tiene el potencial de sentar las bases, tanto a nivel europeo como nacional, para una asociación más eficaz entre responsables políticos, entes locales y regionales y ONG;

—

lamenta, sin embargo, que en la Comunicación no se reconozca el papel esencial de los entes regionales y locales en la provisión de servicios a menores y la salvaguardia de sus derechos, y subraya que estos entes están dispuestos a cooperar en el desarrollo y aplicación de la estrategia;

—

recomienda que se dirijan los recursos financieros y humanos necesarios así como el compromiso político necesarios para hacer progresar la Comunicación y elaborar el Libro Blanco y la estrategia; asimismo, propone que el Parlamento Europeo considere el establecimiento de una medida específica para financiar la estrategia y las acciones propuestas;

1)

en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se define a los niños como todo ser humano menor de dieciocho años;

2)

todos los Estados miembros han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, pero ni la Comisión Europea ni la Unión Europea son parte ni pueden ser parte de dicha convención;

3)

en los Tratados de la UE el fundamento jurídico de los derechos del niño es limitado, lo cual tiene repercusiones en los posibles recursos presupuestarios;

4)

se reconoce el papel central de la familia y, en particular, de los padres y la responsabilidad de los Estados miembros de asistir a los padres en sus deberes de cuidar y criar a sus hijos;

5)

promover y salvaguardar los derechos de los niños y crear una sociedad inclusiva y adaptada a los niños son tareas fundamentales para el futuro de la Unión Europea;

6)

hacer participar a los niños y jóvenes -en una fase temprana- en el ámbito público es indispensable para el desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática;

7)

los entes locales y regionales se encuentran en una posición excepcional para promover y proteger los derechos de los niños, dadas sus competencias en el entorno físico, los transportes públicos, el acceso a la educación, la atención sanitaria, los juegos y el ocio y el mercado laboral para los jóvenes, y también por su papel en el control de las condiciones de vida de los niños, por ejemplo, a través de la asistencia social y la recopilación de datos,

1.1

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y, en particular, la propuesta de establecer una estrategia comunitaria con objeto de promover y proteger de forma efectiva los derechos de la infancia en la política interior y exterior de la Unión Europea, así como de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en este campo;

1.2

reconoce que al invertir en los niños estamos invirtiendo en nuestro futuro, al tiempo que intensificamos y consolidamos la integración europea;

1.3

lamenta el punto muerto en el que se encuentra el proceso constitucional de la UE, ya que tanto en el Tratado Constitucional como en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea se reconocen explícitamente los derechos de los niños;

1.4

muestra su satisfacción por que se reconozca que los Estados miembros están obligados a respetar los tratados internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, expresa su decepción ante el hecho de que no se haga un mayor hincapié en la necesidad de que los Estados miembros apliquen de forma urgente los compromisos contraídos a nivel europeo e internacional en lo referente a los derechos de los niños;

1.5

acoge favorablemente el reconocimiento de que la ratificación prácticamente generalizada a nivel internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aporta una base especialmente sólida para el compromiso entre la Comisión Europea y países que no pertenecen a la UE; no obstante, lamenta que la Comunicación no se base en la posibilidad de utilizar la ratificación de la Convención por parte de todos los Estados miembros de la UE como marco para el compromiso entre los Estados miembros;

1.6

acoge con satisfacción que se haya constituido una Unidad de Derechos del Niño en la Comisión y señala el importante papel asignado al Coordinador de los Derechos del Niño para garantizar el éxito de la estrategia; confía en que se aporten recursos suficientes para ello y se conceda el estatus y peso político suficientes al coordinador a fin de asegurar la consecución de los objetivos de la unidad; y solicita asimismo que se especifique cómo se complementará el papel del Coordinador con el trabajo que se lleve a cabo a nivel nacional;

1.7

respalda las acciones a corto plazo propuestas por la Comisión a fin de abordar algunos retos urgentes como, por ejemplo, la creación de un único número de teléfono de seis dígitos para las líneas de ayuda a niños dentro de la UE y de otro para una línea directa dedicada a casos de niños desaparecidos o acosados sexualmente; por otro lado, considera que estas líneas deberían aumentarse mediante un protocolo acordado para tratar los casos nacionales de sustracción de menores; además, opina que las nuevas líneas de ayuda a niños no deberían duplicar, sino complementar las líneas de ayuda existentes a nivel nacional y regional, y que estos servicios deberían fundamentarse en el intercambio de mejores prácticas en los Estados miembros;

1.8

señala que la Comunicación no indica que la estrategia se comprometerá a respetar unas normas mínimas e incluirá objetivos globales con un calendario y miras claras;

1.9

señala que todavía no se han instaurado sistemas que permitan obtener datos generales, comparables y coherentes sobre los indicadores en los Estados miembros; recuerda que se está realizando una labor continua haciendo uso del método abierto de coordinación a fin de obtener un indicador (o conjunto de indicadores) sobre el bienestar de los niños y datos estadísticos sobre la pobreza por causas de bajos ingresos, penuria material y alojamiento. También existen otras muchas bases de datos diferentes a nivel nacional;

1.10

señala que los niños no constituyen un grupo homogéneo y que sus necesidades varían, por ejemplo, dependiendo de su edad, capacidades, sexo, etnia y estructura familiar;

1.11

lamenta que no se preste una mayor atención a la situación de los menores no acompañados, y las niñas, así como a los menores con discapacidades, inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiados (ambos en la UE y a nivel internacional), incluida la provisión de cuidados y protección para todos los niños mencionados supra;

1.12

lamenta, asimismo, que no se haya hecho ninguna referencia a la provisión de una «educación temprana» de calidad para niños menores de seis años, a pesar de que los servicios de atención infantil constituyen un objetivo político prioritario y a largo plazo de la UE y de que ésta haya adoptado objetivos cuantitativos en tal sentido;

1.13

observa que la estrategia tiene el potencial de sentar las bases, tanto a nivel europeo como nacional, para una asociación más eficaz entre responsables políticos, entes locales y regionales y ONG;

1.14

lamenta, sin embargo, que en la Comunicación no se reconozca el papel esencial de los entes regionales y locales en la provisión de servicios a menores y la salvaguardia de sus derechos, y subraya que estos entes están dispuestos a cooperar en el desarrollo y aplicación de la estrategia;

1.15

insiste en que los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad deberían respetarse plenamente en el desarrollo de la estrategia;

1.16

acoge con satisfacción la afirmación de que «el lugar en el que viven los niños también influye en su situación»; los niños pueden encontrarse en una situación desfavorecida debido a un acceso desigual a la educación, la atención sanitaria, el transporte público, los juegos y las instalaciones de ocio, y la información y oportunidades para participar en la sociedad; además, desearía que se prestase más atención a las condiciones de vida en las ciudades, los alrededores de las ciudades y otras zonas específicas determinadas por los Estados miembros;

1.17

insiste en que muchos entes locales y regionales financian y aplican directamente su política de desarrollo en terceros países, apoyando la infraestructura y los servicios clave, hermanándose con autoridades, así como compartiendo experiencias y transfiriendo capacidades, y en que hay posibilidad de un hacer un mayor hincapié en esta labor en pro de los derechos de los niños;

1.18

aprueba tanto el reconocimiento de que los niños tienen el derecho de expresar sus opiniones sobre asuntos que afectan a sus vidas como las actividades propuestas para que intervengan en el desarrollo de la estrategia. El compromiso de los entes regionales y locales, y de las organizaciones de defensa de los niños será crucial para el éxito de esta labor;

1.19

acoge con satisfacción el estudio recientemente publicado de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (1). El informe «insta a los Estados a prohibir toda forma de violencia contra los niños, en cualquier tipo de contexto, incluidos los castigos físicos, las prácticas tradicionales dolorosas (como los matrimonios precoces y forzados, la mutilación genital femenina y los denominados crímenes de honor), la violencia sexual y la tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante» (2); propone asimismo que las conclusiones de este estudio se tomen plenamente en cuenta durante la elaboración de la estrategia.

2.1

recomienda que se dirijan los recursos financieros y humanos necesarios así como el compromiso político necesarios para hacer progresar la Comunicación y elaborar el Libro Blanco y la estrategia; asimismo, propone que el Parlamento Europeo considere el establecimiento de una medida específica para financiar la estrategia y las acciones propuestas;

2.2

subraya que los entes locales y regionales deben considerarse socios esenciales en la elaboración de la estrategia; además, pide su inclusión como miembro del foro europeo para los derechos de la infancia, con representación en el grupo interinstitucional, que se le consulte sobre la evolución del informe del coordinador y que dicho informe se haga público;

2.3

recomienda que la estrategia respete una serie de normas mínimas e incluya acciones ambiciosas con misiones y objetivos claros, a partir de un profundo análisis;

2.4

recomienda, asimismo, que en la estrategia se busque un equilibrio entre su atención centrada en la situación general y las acciones internas y nacionales de la UE y el diálogo;

2.5

recomienda que se conceda prioridad a la creación de una serie de indicadores comparables y a la recopilación de datos coherentes a nivel nacional y, si es posible, regional;

2.6

pide que se asignen recursos apropiados y apoya los mecanismos para facilitar la participación de los niños en la elaboración de la estrategia, incluidos aquellos procedentes de minorías desfavorecidas o étnicas y los menores con discapacidades. Los niños deberían participar desde una fase temprana en el proceso a través de diversos métodos apropiados para su edad como, por ejemplo, obras artísticas, debates asistidos, etc. Además, reconoce que los entes locales y regionales podrían hacer mayores esfuerzos por facilitar dicha consulta de los niños sobre políticas pertinentes a nivel infranacional;

2.7

reitera su llamamiento a la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y subraya la importancia de los siguientes derechos: libertad de pensamiento, conciencia y religión; protección de la vida privada; protección ante el uso de la violencia, el maltrato y la negligencia; derecho a atención sanitaria; derecho a la educación, escolarización y formación; protección de las minorías, como se declara en su Dictamen sobre integración y migración (CDR 51/2006 fin); y derecho a una alimentación y alojamiento dignos;

2.8

en este sentido, insiste en que se reconozca plenamente el importante papel de los entes locales y regionales como principales proveedores de servicios esenciales para los niños (como, por ejemplo, educación, alojamiento, cuidado y otros servicios sociales), al igual que su función en la planificación, vigilancia y mantenimiento del entorno físico, asegurando que los niños gozan de acceso a un alojamiento apto y adecuado a sus necesidades, así como de instalaciones de juego y ocio adecuadas, y crecen en un entorno físico seguro;

2.9

pide que se haga un mayor hincapié en la necesidad de que los Estados miembros apliquen con urgencia los acuerdos europeos o internacionales vigentes, en particular los compromisos a nivel legislativo y práctico en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los instrumentos del Consejo de Europa; esta labor debería incluirse en la evaluación de impacto de las acciones comunitarias existentes que influyen en los derechos del niño;

2.10

propone que en el análisis no sólo se «evalúe la eficacia de las actividades» existentes, sino que también facilite una evaluación del progreso de los Estados miembros en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas mediante un análisis de datos comparativos, como se exponía en la evaluación de impacto;

2.11

propone que el análisis también incluya una estudio para averiguar si todos los Estados miembros han ratificado la Convención de La Haya sobre la Protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional (1993);

2.12

recomienda que se utilice el método abierto de coordinación como mecanismo para el compromiso entre los Estados miembros y para aprender de las mejores prácticas en lo referente a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y que los entes locales y regionales intervengan plenamente en este proceso;

2.13

recomienda, asimismo, que las políticas de la UE y los Estados miembros consideren la diversidad de los niños y sus diferentes necesidades; por ejemplo, niños que se encuentran en una situación desfavorecida debido a su localización geográfica, edad, sexo, etnia e incapacidad. Deberá prestarse especial atención al efecto de la pobreza, la exclusión social, la discapacidad, la discriminación y el racismo, así como a la situación de los niños de minorías étnicas o refugiados y a las implicaciones de la diversidad religiosa, lingüística y cultural, tanto en la UE y como nivel internacional;

2.14

sugiere que la estrategia incluya objetivos específicos para asegurar que los niños de todas las zonas geográficas se encuentran en igualdad de oportunidades; esto implicará el refuerzo de actividades en materia de lucha contra la pobreza infantil y los desequilibrios educativos. Los entes locales y regionales desempeñarán un papel crucial en estas medidas;

2.15

recomienda que, aparte de las medidas a corto plazo expuestas, se adopte una medida para permitir la cooperación transnacional de la policía en la comprobación de algún antecedente penal del personal y los voluntarios que trabajan con niños; reclama asimismo que en la estrategia también se considere la creación de un registro comunitario de violadores de menores al que pueda tener acceso la policía;

2.16

insta a que la estrategia aborde modos de crear mejores servicios de ayuda a la familia para evitar el maltrato a menores y el filicidio (el homicidio cometido por un progenitor contra su hijo). Se podría centrar en las ayudas a los padres, la prevención y la detección temprana del maltrato de menores, las ayudas a las víctimas de malos tratos y el establecimiento de un mecanismo para investigar las muertes sospechosas de niños con el fin de comprobar la eficacia de las intervenciones estatales previas a dichos casos;

2.17

recomienda que en la estrategia se aborde la influencia negativa que ejercen en los niños la televisión, el ordenador y las nuevas tecnologías (como el acceso a imágenes de adultos o inapropiadas en Internet) y también el carácter sedentario de estas actividades con sus consiguientes repercusiones en los modos de vida activos de los niños. Un tema relacionado sería el efecto negativo de la publicidad y otras técnicas de venta directamente dirigidas a los niños. Deberían fomentarse las medidas destinadas a utilizar la tecnología para fines educativos, como los programas de televisión que persiguen mejorar las competencias lingüísticas y culturales de los niños; esto reviste particular importancia para los niños inmigrantes. También se requieren medidas creativas para fomentar las actividades culturales, como por ejemplo, la lectura, la música y el teatro, y hacerlas accesibles a los niños;

2.18

pide que los programas e instrumentos de formación creados como parte de la estrategia estén disponibles a nivel de las administraciones regionales y locales para que los funcionarios se familiaricen con mejores prácticas y nuevas herramientas políticas;

2.19

recomienda que la estrategia de comunicación se base en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y que todas las campañas de información se realicen a nivel regional y local, sean adecuadas para la edad, se dispongan en diversas lenguas y sean accesibles para los niños con discapacidades;

2.20

recomienda invertir un porcentaje de la ayuda al desarrollo de la UE en intervenciones que beneficien a los niños y que la política de desarrollo de los entes locales y regionales de terceros países también intensifique su prioridad de transferir capacidades y experiencia política sobre los derechos de los niños.

30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/63

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considera que la disponibilidad de conectividad de banda ancha a precios asequibles en todo el territorio de la Unión es esencial para garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos, fomentar la competitividad y la productividad en los territorios, así como lograr un desarrollo generalizado de la sociedad de información y del conocimiento en las zonas que tradicionalmente se quedan al margen. Considera que debería garantizarse la prestación de la conectividad de banda ancha en las mismas condiciones que la de los servicios universales como el agua potable y la energía eléctrica;

—

considera muy importantes las referencias que la Comisión hizo al desarrollo rural, al uso de los Fondos Estructurales y a su valoración de la compatibilidad con el Derecho comunitario de proyectos sobre el acceso a servicios de banda ancha financiados con fondos públicos;

—

espera que el nuevo marco normativo sobre comunicaciones electrónicas permita el desarrollo de una política de utilización del espectro radioeléctrico que apoye la introducción de las tecnologías inalámbricas;

—

apoya la petición de la Comisión a los Estados miembros de que refuercen sus estrategias de desarrollo de la banda ancha nacional incrementando la participación de los entes regionales y locales;

—

considera que la administración electrónica inclusiva tiene relación con la lucha contra las nuevas exclusiones potenciales generadas por la conexión en red de los servicios (brecha digital respecto de las infraestructuras y la cultura) y con el refuerzo de las políticas en favor de la inclusión social mediante el uso de las TIC;

—

señala que el uso de la administración electrónica debería servir para reorganizar y modernizar los servicios que presta la administración pública, así como cumplir los objetivos de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, simplificación y participación. Cree que el intercambio de las mejores soluciones aplicadas al ámbito público (mejores prácticas) puede desempeñar un papel importante;

—

considera adecuado facilitar la cooperación, el intercambio de conocimientos, la difusión de soluciones que puedan volver a aplicarse y de iniciativas destinadas a incrementar la transparencia de las decisiones públicas y la participación en su adopción, especialmente respecto de los procesos decisorios de los parlamentos.

1.1

considera Internet una de las innovaciones más espectaculares de nuestra época, cuyo potencial de desarrollo económico todavía puede generar beneficios sustanciales en cuanto a creación de nuevos servicios, creación de puestos de trabajo y de posibilidades de inversión, aumento de la productividad, reducción de los costes y mejora de la calidad de vida;

1.2

considera que la difusión de las tecnologías de la información cumple una función determinante en la realización de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, tanto por las mejoras que introducen en el funcionamiento de las empresas existentes, como por el crecimiento de empresas nuevas e innovadoras y la contribución determinante que pueden aportar a la formación de los trabajadores y los ciudadanos en general;

1.3

reitera la importancia de incrementar la difusión de las tecnologías informáticas disponibles a todos los niveles de la administración pública, especialmente en los ámbitos en los que los entes públicos deben prestar servicios directamente a los ciudadanos;

1.4

subraya, no obstante, que los servicios en línea como la administración electrónica, la salud electrónica, el aprendizaje electrónico y la contratación pública electrónica sólo podrán ser inclusivos y muy interactivos cuando los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea puedan acceder a ellos de forma generalizada mediante conexiones de banda ancha;

1.5

considera, por tanto, que la disponibilidad de conectividad de banda ancha a precios asequibles en todo el territorio de la Unión es esencial para garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos, fomentar la competitividad y la productividad en los territorios, así como lograr un desarrollo generalizado de la sociedad de información y del conocimiento en las zonas que tradicionalmente se quedan al margen;

1.6

aprecia favorablemente el hecho de que esta Comunicación incluya numerosas referencias explícitas al desarrollo rural, incluida la apertura de líneas de financiación ad hoc, dado que demuestra que la Comisión tiene debidamente en cuenta el potencial de un acceso generalizado a los servicios de banda ancha para incrementar la competitividad de las zonas rurales y el desarrollo equilibrado del territorio y, en general, de las regiones con desventajas geográficas y naturales permanentes, así como el alto valor añadido que pueden obtener las actividades productivas radicadas tradicionalmente en estas zonas;

1.7

considera, por tanto, importantes las referencias a las políticas que dependen de la Dirección General de Política Regional, especialmente respecto del uso de los Fondos Estructurales, y de la Dirección General de Competencia, en particular su valoración de la compatibilidad con el Derecho comunitario de proyectos sobre el acceso a servicios de banda ancha financiados con fondos públicos en zonas rurales;

1.8

teme que la difusión de la banda ancha pueda tropezar con los típicos fenómenos de deficiencias del mercado cuando los operadores privados no confían en la rentabilidad de las inversiones destinadas a infraestructuras en áreas marginadas, rurales, con escasa densidad de población o con una orografía del terreno que las haga especialmente complejas y gravosas. La demostración de esta apertura y flexibilidad constituye una señal importante y esperanzadora, habida cuenta del carácter esencial de la banda ancha para el desarrollo socioeconómico de estas áreas;

1.9

recuerda que, para reforzar esta consideración, tras haber analizado y debatido en varias ocasiones el abanico de soluciones que los entes locales y regionales están poniendo en marcha en toda Europa, ha destacado claramente la imposibilidad de encontrar una solución válida para cualquier contexto. Por ejemplo, algo idóneo para grandes centros urbanos puede no serlo en las zonas desfavorecidas, con una orografía complicada y variada o una escasa antropización, que requiera unos esfuerzos significativos para la prestación de todo tipo de servicios;

1.10

toma nota del importante aumento de la implantación de la banda ancha registrado en los últimos años. No obstante, en relación con el objetivo europeo de alcanzar al menos al 90 % de la población de la Unión Europea antes de 2010, sigue existiendo una marcada diferencia en infraestructuras entre los centros urbanos y la periferia, así como entre los viejos y los nuevos Estados miembros de la Unión Europea;

1.11

destaca, no obstante, que el nivel de cobertura del 90 % de la población no es suficiente si no va unido a otros factores (distribución geográfica y densidad de establecimiento). De hecho, en zonas pequeñas como las de montaña, que suelen tener dificultades para disponer de servicios universales (teléfono fijo y móvil y televisión terrestre), el 10 % residual podría significar la marginación de áreas geográficas completas con baja densidad de población;

1.12

recuerda, además, que cuando se habla de desequilibrios en la banda ancha debe prestarse especial atención al desequilibrio entre implantación y uso efectivo de la banda ancha. Para superar este desequilibrio son necesarias acciones adicionales a nivel local de carácter no tecnológico que fomenten el uso de la banda ancha entre las personas de edad avanzada y los grupos sociales más desfavorecidos o menos receptivos tradicionalmente como, por ejemplo, la población rural (formación, disponibilidad de puntos de acceso público, etc.);

1.13

por último, subraya que en el ámbito de la realización de las infraestructuras de transporte y de los servicios vinculados será necesario prestar la máxima atención al cumplimiento de todos los requisitos de seguridad en todos los niveles para garantizar adecuadas normas de protección y de respeto de la vida privada de los usuarios.

1.14

observa que respecto de la valoración de la penetración, la cobertura y el uso efectivo de los servicios en línea de banda ancha en los nuevos Estados miembros, todavía no se dispone de datos comparables con los registrados en los Estados miembros de la UE-15 a escala regional;

1.15

por lo tanto, insta a la Comisión a realizar rápidamente una investigación sobre la situación de las infraestructuras en las regiones de los nuevos Estados miembros y las zonas menos urbanizadas de los antiguos Estados miembros, con el fin de determinar las medidas necesarias para adecuar las infraestructuras existentes a la norma que requiera la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

1.16

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de revisar el marco regulador de las comunicaciones electrónicas;

1.17

espera que el nuevo marco normativo, respetando el principio de subsidiariedad, permita garantizar una competencia no discriminatoria entre los operadores y las tecnologías actuales y futuras mediante el desarrollo de una política de utilización del espectro radioeléctrico basada en el principio de la «neutralidad tecnológica». En efecto, la reciente introducción de las tecnologías inalámbricas, ideales para solucionar los problemas de cobertura que padecen las zonas rurales o con una orografía especialmente accidentada, requiere que una parte suficientemente amplia del espectro quede disponible para la implantación de la banda ancha;

1.18

por lo que respecta al espectro, coincide plenamente con las comunicaciones presentadas por la Comisión Europea en septiembre y noviembre de 2005, así como en marzo y junio de 2006, a saber: neutralidad tecnológica, transparencia, utilización eficaz del espectro y fomento de un entorno competitivo e innovador que favorezca el desarrollo de las nuevas tecnologías;

1.19

comparte la visión de la Comisión Europea según la cual el uso de las frecuencias ya no debería seguir el principio de vincular cada banda con una tecnología específica destinada a transportar el servicio que se asigna a la frecuencia (por ejemplo, la banda de 900 MHz utilizada por la telefonía móvil y el servicio ETACS);

1.20

pide, por tanto, que la Comisión Europea contribuya a elaborar una estrategia que permita un uso flexible de la tecnología de que se trate dentro de la gama de frecuencias del espectro;

1.21

destaca la importancia de que la aplicación y el cumplimiento del nuevo marco regulador, basado en la neutralidad tecnológica, conduzca a la puesta a disposición de frecuencias para las comunicaciones inalámbricas y la implantación de la banda ancha, con el objetivo de reducir las graves disparidades que soportan las zonas con desventajas geográficas y naturales permanentes;