23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/1

A.

En enero de 2003 el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa titulado «Transformaciones industriales en Europa: balance y perspectivas — Enfoque global». El objetivo del Dictamen era no sólo ofrecer una visión general de los asuntos más urgentes relativos a las transformaciones industriales, sino también destacar el papel de la CCMI y su trabajo futuro. Entre los ámbitos de responsabilidad encomendados a la CCMI en este contexto estaban los siguientes:

El Dictamen también subrayaba la necesidad de «hacer compatible el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial con la competitividad» de conformidad con la Estrategia de Lisboa. Además, proponía un concepto de trabajo de «transformación industrial» que englobaba tanto los cambios que afectan a las empresas como la interacción de éstas con su entorno.

Hasta la fecha, la CCMI se ha centrado prioritariamente en valorar el impacto de estas transformaciones industriales en los sectores, las empresas, los trabajadores, los territorios y el medio ambiente. La finalidad del presente dictamen de iniciativa es examinar de qué modo el desarrollo sostenible puede ser un catalizador para las transformaciones industriales.

B.

En el mismo Dictamen se concluía que las transformaciones en el sector industrial europeo se han abordado a menudo desde el punto de vista de la reestructuración, pero, en realidad, se trata de un concepto mucho más dinámico. El mundo empresarial está estrechamente vinculado al entorno político y social europeo en el que evoluciona, el cual, a su vez, influye también en los procesos de transformaciones industriales. Los cambios industriales se realizan fundamentalmente de dos maneras: mediante la acción drástica y a través de la adaptación evolutiva. Precisamente la finalidad del presente dictamen de iniciativa es examinar de qué modo el desarrollo sostenible tal como se define en el Informe Brundtland (como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades) puede ser un catalizador de una transformación industrial gradual y proactiva.

C.

El Dictamen aporta, sobre todo, ejemplos relativos al sector de la energía y a otros afines, pero los mismos procesos descritos en él pueden aplicarse a otros. Esto se explica por las siguientes consideraciones:

D.

El momento en que una tecnología cualquiera está disponible viene determinado por la investigación y el desarrollo. Sin embargo, el momento en que la tecnología se aplica realmente viene determinado por el mercado. El tiempo que transcurre entre ambos momentos puede también estar influido por la política. Gracias a una combinación equilibrada de medidas políticas adoptadas por los entes públicos –subvenciones, fomento, medidas fiscales–, el sector de la industria en Suecia y en Japón inició en una fase temprana el desarrollo tecnológico de bombas de calor y colectores solares, respectivamente. Esto ha contribuido también a que dichos países hayan conseguido conquistar una posición de mercado dominante.

E.

El CESE reitera que los tres pilares de la Estrategia de Lisboa tienen la misma importancia. No obstante, a menudo se insiste en que sólo cabe hablar de intereses medioambientales y sociales cuando la economía es sana, boyante. Se trata de una explicación demasiado simplista de la estrategia, ya que también ocurre lo contrario. En un medio ambiente deteriorado, o en una sociedad caracterizada por el desacuerdo social, no cabe hablar de economía sana ni boyante. El Comité valora positivamente las medidas que se han adoptado en este ámbito y que se describen en el Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible — Plataforma de acción (1).

F.

La sostenibilidad no es sólo una de las opciones de una lista, sino que constituye la única manera posible de actuar para garantizar un futuro viable. El concepto de sostenibilidad tiene un alcance global y, por lo tanto, no se restringe al medio ambiente, sino que abarca también cuestiones relativas a la sostenibilidad económica y social. La continuidad de una empresa es una forma de sostenibilidad económica que puede garantizarse del mejor modo manteniendo el nivel de rentabilidad. Europa puede contribuir a ello mediante el refuerzo de la competitividad por medio de la innovación y el fomento de la investigación y el desarrollo con una política activa y una combinación de medidas específicas (véanse los ejemplos de Suecia y Japón).

G.

La sostenibilidad social significa hacer que los ciudadanos tengan una vida sana y que generen una renta al tiempo que se garantiza un nivel razonable de seguridad social para los que no son capaces de lograrlo. El CESE sostiene que Europa puede contribuir a ello haciendo lo necesario para lograr una sociedad que permita que las personas mantengan sus cualificaciones profesionales, ofreciéndoles un buen puesto de trabajo en un entorno laboral seguro e higiénico y en un entorno en el que se dé cabida a los derechos de los trabajadores y a un diálogo social fructífero.

H.

La ecoindustria ofrece muchas oportunidades de crecimiento económico. Europa disfruta de una posición destacada en una serie de sectores de esta industria. A fin de mantener y reforzar sus puntos fuertes y lograr una posición similar en otros sectores, el CESE considera que Europa tiene que hacer gala de una mayor ambición.

I.

Una política industrial centrada en el desarrollo sostenible puede contribuir a la competitividad de toda la economía europea, incluidos no sólo los nuevos sectores en auge, sino también los sectores industriales tradicionales. El CESE expresa su deseo de que la Comisión Europea apoye esta política. Los ejemplos que se citan en el presente Dictamen demuestra que un sistema de ayuda bien concebido y bien aplicado (combinación de imposición, tarifas de alimentación garantizadas, fomento y regulación) durante el período de introducción de nuevas tecnologías ambientales puede contribuir a crear un mercado para estas tecnologías que puede desarrollarse ulteriormente sin ningún tipo de ayuda. Está claro que todo mecanismo de ayuda debe ser regresivo, dado que el coste de la ayuda de Estado no debería limitar la competitividad internacional de otras industrias.

J.

El CESE toma nota de que las subvenciones y los incentivos no siempre son eficientes y si se utilizan de forma inadecuada pueden dar lugar a grandes costes financieros y tener muy poco efecto económico. Las subvenciones y las regulaciones deberían ayudar a crear y desarrollar el mercado inicialmente hasta que la tecnología esté madura para permitir su supervivencia sin ningún tipo de apoyo. Los factores clave para el éxito de las ayudas son los siguientes:

K.

El desarrollo sostenible no debe limitarse a un contexto europeo, dado que tiene una dimensión mundial. La política de sostenibilidad europea debería ir acompañada de instrumentos para impedir la deslocalización de los puestos de trabajo a otras regiones. A fin de garantizar una igualdad de condiciones se necesita un enfoque dual: interno a la UE, por un lado, y externo a la UE, por el otro. Por lo que respecta al primero, deberían introducirse instrumentos adecuados para garantizar la internalización en el precio de los productos de los costes sociales y medioambientales derivados de métodos de producción no sostenibles dentro de la Unión Europea para alcanzar el principal objetivo del informe elaborado por la Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización, a saber, fomentar la coherencia política entre la OIT, la OMC, el FMI y el Banco Mundial (véase CESE 252/2005). Por lo que respecta al segundo, la UE debería hacer todos los esfuerzos posibles en los foros internacionales relevantes (en particular en la OMC) para incluir las preocupaciones no comerciales, como las normas sociales y medioambientales fundamentales, en los acuerdos internacionales de comercio a fin de permitir un aumento del nivel de la política de sostenibilidad de los competidores de Europa. Países como Estados Unidos, India y China tienen una ventaja económica desleal, en comparación con Europa, dado que no están vinculados a los objetivos de reducción de CO2 por el Protocolo de Kioto. Estos acuerdos deberían aplicarse a escala mundial dado que el comercio sólo puede ser realmente libre cuando es también leal.

1.1

En la actualidad, nuestra economía se basa en la disponibilidad de energía barata y materias primas baratas. Estas reservas son finitas y por ello son también cada vez mucho más caras. Es necesario llevar a cabo las transformaciones estructurales y tecnológicas que sean posible y Europa tiene que contribuir a este cambio, así como ayudar a la industria europea a hacer frente a este reto. Los sectores que implican elevados niveles de consumo de energía y materias primas deberán pasar a una producción más sostenible en el futuro a fin de reducir el desgaste de los recursos naturales. En efecto, estos sectores seguirán siendo necesarios en el futuro dado que la producción de materias primas y materiales semielaborados constituye la base del valor industrial.

1.2

Las industrias europeas que utilizan mucha energía, producen de forma sostenible y compiten a escala internacional no deben ser expulsadas del mercado por competidores de fuera de la UE que utilicen métodos de producción menos sostenibles. Para evitar que esto suceda debe establecerse una igualdad de condiciones en estos sectores, en cooperación con la sociedad civil y los Gobiernos.

1.3

El mayor desafío que tenemos planteado es el desarrollo de una sociedad sostenible que pueda mantener el nivel de bienestar actual y que al mismo tiempo esté en condiciones de neutralizar los efectos negativos secundarios de los modelos de consumo actuales. Para ello, una de las principales condiciones es que empecemos a satisfacer nuestras necesidades energéticas de otra manera y nos adaptemos a otra forma de producción y consumo.

1.4

La necesidad de una transición gradual a un modelo más sostenible de sociedad es indiscutible. Hay varias razones que justifican esta exigencia. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el período de tiempo en que podrá disponerse de combustibles fósiles por un precio razonable, pero todos coinciden en que serán cada vez más escasos y caros. Además, y debido a nuestro comportamiento de consumo, nos vemos abocados a una de las mayores amenazas de nuestra época: el cambio climático.

1.5

Teóricamente, la mejor manera de frenar estos procesos sería dejar de utilizar combustibles fósiles en el grado en que se utilizan hoy en día. Sin embargo, esta solución es a corto plazo inviable, tanto política como económicamente. Esto significa que debemos optar por otras soluciones, porque hacer, hay que hacer algo. Si no tan rápidamente como sería deseable, al menos sí lo más rápidamente posible.

1.6

Aplicando el modelo de «tríada energética» (2), con el que se fomenta una utilización más eficiente de la energía en tres etapas, se puede empezar a corto plazo con una producción y consumo más sostenibles. Las etapas son:

1.7

Es necesario un paquete de medidas para realizar estos tres objetivos y propiciar el cambio hacia una producción industrial más sostenible. Estas medidas deberán basarse en una consideración económica y estratégica. Al entrar en tales consideraciones se llegará inevitablemente a momentos en que se tendrá que elegir entre intereses opuestos. No deben evitarse los conflictos. Existen naturalmente situaciones ventajosas para ambas partes y las políticas deberían siempre centrarse en crearlas, aunque en la práctica ello pueda resultar muy difícil. En tales casos, deberá elegirse entre oportunidades de desarrollo sostenible y la protección de los intereses existentes, teniendo en cuenta el auge y el declive naturales de cualquier sector respecto de otros. Tales intereses, en conflicto, deberían exponerse de forma transparente y abordarse.

1.8

El concepto de sostenibilidad implica que los aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo de la sociedad europea son igualmente importantes. El presente Dictamen:

2.1.1

La Tierra recibe del sol cada año tres millones de exajulios de energía. La reserva total de combustibles fósiles asciende a 300 000 exajulios, 10 % de la radiación solar anual. El consumo energético total es cada año de 400 exajulios. La irradiación de tres millones de exajulios se encuentra disponible en forma de 90 exajulios de energía hidráulica, 630 exajulios de energía eólica y 1 250 exajulios de biomasa. El resto está disponible en forma de energía solar (3). De hecho, pues, existen fuentes energéticas suficientes para satisfacer nuestras necesidades. El problema es su explotación.

2.1.2

Ya que las fuentes de energía renovables no pueden responder a corto plazo –por razones de costes y falta de tecnología adecuada– a la creciente demanda energética, se necesitan también otras fuentes de energía. El combustible fósil se puede utilizar potencialmente también de manera limpia, por ejemplo, si se extrae y posteriormente se almacena el CO2, de modo que éste no se expanda en la atmósfera. La tecnología para captar y almacenar el CO2 está en pleno desarrollo: una docena de instalaciones piloto ya están en construcción o en la fase de inicio en Europa, América del Norte y China. A partir de 2015/2020 cabe esperar un balance económico positivo para esta tecnología.

2.1.3

Que los sistemas de ayuda para la energía renovable tengan una cierta duración es fundamental, ya que su retirada prematura puede poner en peligro la nueva industria y, por otro lado, una ayuda prolongada no es eficiente. Por lo general, la ayuda puede ser retirada progresivamente a medida que la I+D y las economías de escala vayan generando una reducción del precio de la tecnología. Es de suma importancia efectuar una especificación adecuada del sistema de ayuda. Para terminar, es importante que los sistemas de ayuda se divulguen con la suficiente antelación para que las empresas tengan tiempo de prepararse para las nuevas condiciones del mercado.

2.1.4

El debate sobre la energía nuclear está adquiriendo cada vez mayor importancia, tal como lo demuestra el «Libro Verde — Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura» (4) y las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2006 sobre este asunto. En algunos países la mayoría de la población está a favor de la energía nuclear, en otros la mayoría está en contra, en particular por el problema de los residuos (5). A pesar de ello, la energía nuclear puede seguir siendo indispensable durante probablemente bastante tiempo para poder seguir satisfaciendo la demanda energética en rápido crecimiento, porque es una fuente energética libre de emisiones y porque el volumen de residuos es proporcionalmente pequeño desde el punto de vista de la cantidad de energía producida. Es posible que la fusión nuclear pueda aportar a largo plazo una solución para los inconvenientes inherentes a la fisión nuclear.

2.1.5

Debe señalarse que las fuentes de energía hidroeléctrica no son objeto de un apartado separado, dado que esta tecnología (aparte de la energía mareomotriz) se considera plenamente desarrollada y operativa. Este factor no debería considerarse en ningún modo como algo que le resta importancia en el contexto de la sostenibilidad.

2.2.1

La biomasa es todo el material orgánico procedente de plantas y árboles cultivados especialmente con fines energéticos. A tal fin se utilizan la madera y las plantas de crecimiento rápido que producen un alto rendimiento por hectárea. Los subproductos de la agricultura –cuya actividad principal es la producción de alimentos– se utilizan también como aporte adicional de biomasa. Es el caso, por ejemplo, de la paja y los residuos de remolacha azucarera. Existen también aportes de biomasa procedentes de residuos de producción, como los que se originan por el mantenimiento de las plantaciones y los desechos domésticos, así como de empresas e industria. Se trata, por ejemplo, de residuos de verduras, frutas y jardín, madera de recuperación, estiércol, lodo, serrín y vainas de los granos de cacao.

2.2.2

La biomasa se puede utilizar para sustituir (parcialmente) a los combustibles fósiles. En la actualidad, la utilización mundial de energía basada en combustibles fósiles es de 400 exajulios. La disponibilidad anual de energía procedente de biomasa es de 1.250 exajulios. Esto no significa que la reconversión sea posible directamente. Sobre la base de la tecnología disponible es posible actualmente producir energía procedente de biomasa para un consumo de 120 exajulios. En la actualidad, la utilización mundial de energía procedente de biomasa es de 50 exajulios (6). Por consiguiente, un crecimiento limitado del recurso a la biomasa para combustibles es directamente posible, pero se requieren avances tecnológicos para explotar el potencial.

2.2.3

Existen ya iniciativas que han conducido a resultados prometedores. En Austria se habla de un aumento del recurso a la biomasa para calefacción urbana que se ha multiplicado por seis y en Suecia por ocho en los últimos diez años. En los Estados Unidos más de 8 000 MWe de la capacidad de producción instalada procede de la utilización de biomasa. En Francia, un 5 % del calor utilizado para la calefacción de locales se produce a partir de biomasa. En Finlandia, la bioenergía representa ya un 18 % del total de energía producida y el objetivo es seguir aumentando la producción hasta llegar a 28 % en 2025. En Brasil se produce etanol a gran escala como combustible para automóviles: En Brasil se produce etanol a gran escala como combustible para vehículos, y en la actualidad el etanol supone el 40 % de los combustibles no diesel del país (7).

2.2.4

El desarrollo de la biomasa es también importante desde diversos puntos de vista:

2.3.1

A escala mundial, el potencial teórico de la energía eólica es más de dos veces superior a las necesidades de electricidad previsibles para 2020. Este potencial y la mejora constante de la posición competitiva resultante de los avances de la tecnología hacen de la energía eólica un sustituto esencial de los combustibles fósiles. Debido a su oferta fluctuante, la energía eólica no podrá nunca satisfacer por completo las necesidades.

2.3.2

La capacidad eólica instalada ha tenido un aumento espectacular en los últimos decenios. La capacidad de las turbinas comerciales ha crecido desde 10 kilovatios (cinco metros de diámetro del rotor) a más de 4 500 kilovatios (más de 120 metros de diámetro del rotor) (9). En los últimos ocho años, la capacidad eólica instalada tuvo un crecimiento anual de más del 30 % (10). Según pronósticos de la Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA), la capacidad eólica total a escala mundial en 2020 será suficiente para responder al 12 % de las necesidades de electricidad. Esto significa un aumento de la capacidad eólica de 31 gigavatios a finales de 2002 a 1 260 gigavatios en 2020, es decir, un crecimiento anual del 23 %. Son líderes del mercado y principales exportadores el Reino Unido, Dinamarca y Alemania, y los principales mercados de exportación son China, India y Brasil. La situación cambiará rápidamente en China, en donde la industria de maquinaria de energía eólica está experimentando un rápido crecimiento. En relación con 2004, el número de productores en China ha aumentado en un 60 % en 2005. Esto implica que la industria de maquinaria de energía cólica europeo puede encontrarse en la misma situación que la industria de colectores solares y perder una gran parte del mercado en provecho de sus competidores chinos.

2.3.3

El sector de la energía eólica depende aún en parte de diversas medidas de ayuda. La principal es la tarifa que los productores pueden obtener si venden energía a la red en combinación con la seguridad de un nivel de precios garantizado para los próximos diez a veinte años. Gracias a tales medidas, en algunos Estados miembros la energía eólica es un sector en rápido crecimiento. El inconveniente es que dichas medidas llevan a la creación de grandes parques eólicos centralizados que permiten obtener elevados beneficios, en lugar de una densa red de pequeñas centrales eólicas descentralizadas. La opinión pública se opone cada vez más a este desarrollo a gran escala. Es obvio que en definitiva la energía cólica tendrá que ser también capaz de sobrevivir por sus propias fuerzas sin subvenciones ni tarifas de alimentación garantizadas.

2.3.4

Para seguir reforzando la posición competitiva de la energía eólica es necesario redoblar los esfuerzos en I+D. También se debe prestar constante atención a las reglamentaciones jurídicas y los objetivos políticos. Son importantes desafíos, por ejemplo, la habilitación de nuevas implantaciones para parques eólicos marinos y la eliminación de las dudas que se oponen a la instalación de la energía eólica.

2.3.5

El desarrollo de la energía cólica es también importante desde diversos puntos de vista:

2.4.1

Existen dos maneras de utilizar la energía solar: como energía solar térmica para la calefacción de locales y de agua y como corriente solar para la producción de electricidad (12). Los sistemas de energía solar térmica son relativamente sencillos y baratos y se utilizan ya en muchos países para fines de calefacción.

2.4.2

La razón principal de fijarse el objetivo de utilizar a gran escala la energía solar es que se trata de una fuente inagotable de energía renovable. Tiene a escala mundial un enorme potencial y las instalaciones son, si se diseñan y construyen adecuadamente, muy respetuosas con el medio ambiente.

2.4.3

La energía solar es explotable en casi todos los lugares de la Tierra y se puede utilizar de muchas maneras: desde pequeños sistemas en lugares apartados con instalación en los tejados de las casas hasta grandes centrales solares.

2.4.4

Los sistemas de energía solar térmica están ampliamente difundidos. El principal mercado para estos sistemas es China, sobre todo porque en las zonas rurales se carece de infraestructura para el suministro del gas y electricidad. En estos casos, los sistemas de energía solar térmica son la solución más eficaz. Otro gran mercado es Turquía. Entre 2001 y 2004, la venta de colectores solares tuvo a escala mundial un crecimiento anual de entre 10 y 15 %. China adquirió el 78 % de la producción total mundial, Turquía un 5,5 %.

2.4.5

En Europa son mercados importantes para los sistemas de energía solar térmica Alemania, Austria, España y Grecia. Los Gobiernos de Alemania y Austria apoyan financieramente la instalación de tales sistemas. En España, la instalación de tales sistemas en nuevos edificios es obligatoria en una serie de regiones. Gracias a las medidas de apoyo, Alemania y Austria son con diferencia los principales productores de sistemas de energía solar térmica en Europa y representan el 75 % de la producción europea. No obstante, la producción no puede ni compararse con la de esta clase de sistemas en China. Europa produjo 0,8 millones de m2, China 12 millones de m2. La causa principal de ello es que el Gobierno de China percibió ya en una fase temprana la importancia de la energía solar térmica y fomentó la producción de estos sistemas con toda clase de medidas en planes económicos quinquenales.

2.4.6

Pese a su carácter inagotable, la corriente solar cubre sólo por el momento una parte muy pequeña de nuestras necesidades. La razón estriba en que los costes de producción de corriente solar son aún mucho más elevados que los de la corriente procedente de centrales de gas o carbón. Para salir del círculo vicioso de baja cifra de negocios y precios altos, la energía solar debería utilizarse tanto como sea posible, porque así se originan ventajas de escala importantes en la producción e instalación. Sólo así se podrá seguir renovando y mejorando también la tecnología.

2.4.7

Además, la generación de energía con ayuda de muchas unidades relativamente pequeñas de rendimiento oscilante (en función del sol) requiere un planteamiento de los problemas energéticos distinto del que conocemos. El paso a la energía solar es un proceso a medio plazo, pero es indudablemente de suma importancia fomentar intensamente el desarrollo de este sector.

2.4.8

Aunque el mercado de la energía fotovoltaica crece rápidamente, sólo existen realmente tres grandes mercados: Japón, Alemania y California. En estos tres Estados se concentra 80 % de la producción mundial de sistemas de energía solar. La fomentan con importantes subvenciones y pagando a los particulares un buen precio por la electricidad producida de esta manera. A escala mundial, la capacidad producida en 2004 con células solares fue de 1 150 MW. Sumados a los 3 000 MW ya instalados a finales de 2003, la capacidad total en 2005 aumentó a 4 500 MW aproximadamente.

2.4.9

El mercado japonés se creó en 1994 a través de un programa de fomento con un 50 % de ayuda. Ésta se ha ido reduciendo en un 5 % cada año, hasta el 5 % final de 2004 correspondiente al último año del programa. La gran demanda suscitada por el programa ha tenido por efecto ventajas de escala de las que se ha beneficiado la economía japonesa: los precios retrocedían un 5 % cada año, por lo que el precio de consumo permanecía estable. Pese a la ausencia actual de ayuda, el mercado sigue teniendo un crecimiento anual de un 20 %. La estabilidad de la demanda ha permitido a las empresas japonesas invertir en I+D y en nuevas técnicas de producción. De este modo, Japón tiene en sus manos actualmente un 53 % del mercado mundial.

2.4.10

Alemania ha tenido aproximadamente el mismo desarrollo, pues comenzó en 1999, pero lleva un retraso de cinco años. La combinación de préstamos con intereses bajos, subvenciones y precios estables con vistas al aprovisionamiento de la red de electricidad tuvo por efecto un rápido crecimiento del mercado de la energía fotovoltaica. Ya en 2001 Alemania superó a Estados Unidos en capacidad instalada. Los productores locales pudieron desarrollarse y actualmente la mitad de la producción europea (13 % de la producción mundial) es alemana. El inicio de un nuevo programa de ayuda en 2004 con precios de venta estables para los próximos veinte años ha reimpulsado el sector: el mercado alemán es ahora el de más rápido crecimiento en el mundo con un porcentaje del 40 % en 2004 y 2005. Esta demanda interior hace que las empresas alemanas puedan desarrollar su producción y después les brindará posibilidades de exportar cuando el mercado alemán esté saturado.

2.4.11

El desarrollo de la energía solar es también importante desde diversos puntos de vista:

2.5.1

La energía geotérmica puede utilizarse por medio de bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de edificios. Estas bombas de calor usan sólo una fracción de la cantidad de gas o electricidad utilizada por los sistemas de climatización convencionales. La energía para calentar (o enfriar) se toma del entorno (aire, agua o tierra) (13).

2.5.2

Los principales mercados de bombas de calor son Estados Unidos, Japón y Suecia, que cubren un 76 % de la capacidad instalada total. Siguen a continuación China, Francia, Alemania, Suiza y Austria. El mercado europeo aumentó de 40 000 unidades en 1997 a 123 000 unidades en 2004. La totalidad del mercado creció un 18 % en 2004. La producción y la instalación de bombas de calor tienen lugar sobre todo en países en que los entes públicos las fomentan de manera importante, tanto desde el punto de vista financiero como con otro tipo de medidas.

2.5.3

Suecia es un buen ejemplo de tal tipo de enfoque. Desde los años noventa del pasado siglo, el Gobierno sueco ha fomentado la utilización de bombas de calor con una serie de medidas tales como ayudas financieras directas, ventajas fiscales y acciones de promoción. Por otra parte, la existencia de nueva legislación en el sector de la construcción -en la que se describe con precisión el grado máximo de temperatura que se puede alcanzar en un sistema de calefacción- ha contribuido en buena medida al aumento de la utilización de bombas de calor.

2.5.4

Se creó así un mercado que ha permitido desarrollar en Suecia la producción de bombas de calor. Suecia tiene ahora una industria completamente desarrollada de bombas de calor con tres operadores importantes en el mercado internacional y cubre más del 50 % de la demanda europea. El mercado sueco de bombas de calor puede seguir funcionando con sus propias fuerzas. El número de bombas de calor también crece ahora continuamente sin medidas de ayuda pública. Más del 90 % de los nuevos edificios en Suecia está equipado actualmente de modo estándar con una bomba de calor.

2.5.5

Una evolución semejante tuvo lugar en Austria, país en que los entes regionales subvencionaron hasta el 30 % de los costes de adquisición e instalación de bombas de calor. Austria tiene ahora siete productores de bombas de calor. En ambos países, la combinación de ayuda financiera directa, normativas específicas sobre construcción y campañas de promoción ha hecho posible que la industria de bombas de calor haya podido desarrollarse de tal modo que el sector está ahora en condiciones de seguir adelante valiéndose de las propias fuerzas y sin ayuda pública.

2.5.6

El desarrollo de la energía geotérmica es también importante desde diversos puntos de vista:

3.1

Si la cantidad de energía que puede ser producida a partir de combustibles fósiles es limitada, las materias primas utilizadas en la producción industrial (metales, minerales y biológicas) también son finitas (15). Su utilización en el mundo industrial es considerable: Un 20 % de la población mundial consume más de un 80 % del total de las materias primas.

3.2

Este modelo de consumo no es conciliable con una utilización sostenible de los recursos naturales de que disponemos. Asumiendo que estas reservas de materias primas constituyen nuestra herencia común y que el acceso actual y futuro a ellas es un derecho universal e inalienable, Europa deberá reducir su explotación de estos recursos cuatro veces de aquí a 2050 y diez veces antes de 2080 (16). El CESE valora positivamente las iniciativas en este ámbito, como la desmaterialización y el Plan de actuación en materia de tecnología medioambiental (ETAP).

3.3

A fin de cuentas, todo producto implica un daño para el medio ambiente: en su etapa de producción, durante su utilización o cuando se convierte en residuo al final de su ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto consta de varias fases: extracción de la materia prima, concepción, producción, montaje, comercialización, distribución, venta, utilización y conversión en residuo. En cada fase intervienen protagonistas diferentes: diseñadores, productores, operadores comerciales, consumidores, etc. La política integrada de los productos intenta mejorar la coordinación de estas distintas fases (por ejemplo teniendo en cuenta en la fase de concepción la mejor manera de reciclar un producto) a fin de disminuir el impacto ambiental del producto durante todo su ciclo de vida.

3.4

Dada la cantidad diferente de productos y la diversidad de interesados que intervienen, no es posible adoptar una única medida uniforme que resuelva todos los problemas. Se requiere un arsenal completo de instrumentos políticos, tanto vinculantes como voluntarios. Estos instrumentos deben aplicarse en estrecha cooperación con los sectores público y privado y con la sociedad civil.

3.5

Las organizaciones de consumidores también deberían desempeñar un papel más estimulante y de apoyo en comparación con su papel tradicional. Hasta ahora, muchas de estas organizaciones velaban sobre todo por obtener la mejor calidad posible a los precios más bajos posibles. Ahora bien, en la práctica esto implica que la producción no se lleva a cabo de la manera más sostenible.

3.6.1

El uso del calor que se libera en la producción de electricidad significa una considerable mejora en la eficiencia de la utilización de la energía, pese a las limitaciones técnicas resultantes de la gran distancia entre el lugar en que se produce el calor (zona industrial) y el lugar en que se consume (zona habitada), lo cual hace que se pierda mucha energía. Las microunidades de cogeneración pueden utilizarse primordialmente para satisfacer las necesidades de calefacción de un edificio y, como producto secundario, suministran electricidad. También pueden instalarse productos alternativos para satisfacer primero la demanda de electricidad, con producción de calor como producto secundario. Hasta la fecha, la mayor parte de las ventas han sido microunidades de cogeneración para fines de calefacción, aunque para satisfacer la demanda de electricidad se instalan sobre todo pilas de combustible.

3.6.2

La tecnología de la cogeneración puede evitar tal limitación y plantea al mismo tiempo a la industria europea un desafío económico. La cogeneración se utiliza sobre todo para calefacción de bloques de viviendas y tiendas y suministra como producto secundario electricidad. En 2004 se habían instalado aproximadamente 24 000 unidades. La tecnología de la cogeneración puede adaptarse a diversas fuentes de energía. La más prometedora parece ser la cogeneración que utiliza la tecnología del hidrógeno (pila de combustible), aunque es necesario seguir desarrollándola.

3.6.3

Gracias a las subvenciones dirigidas a los usuarios finales de instalaciones de cogeneración, Japón es el país más avanzado en el desarrollo de esta tecnología, debido también a que en él la industria del automóvil fomentó considerablemente la tecnología de la pila de combustible. El Gobierno japonés pretende adquirir, al igual que con la corriente solar, una posición líder para la industria japonesa en el desarrollo de la tecnología de la pila de combustible. Lo hace fomentando y financiando la investigación y el desarrollo y subvencionando la adquisición por el usuario final en un estadio temprano del desarrollo del mercado.

3.6.4

El desarrollo de la cogeneración es también importante desde diversos puntos de vista:

4.1.1

El sector del transporte es uno de los principales usuarios de combustibles fósiles. En este sector existen buenas oportunidades para el uso sostenible de la energía, tal como se pone de manifiesto en las numerosas y útiles recomendaciones del informe final CARS 21 (17). Por otro lado, una mejor planificación del desarrollo urbano y de las infraestructuras y una utilización más intensiva de las TIC abre perspectivas para mejorar la eficiencia del transporte. Junto con los progresos de la tecnología de motores de combustión, dará lugar a un ahorro de energía sustancial. A corto plazo existen buenas oportunidades para, en parte, pasar a otros combustibles como el gas natural o el combustible procedente de biomasa (BTL). A largo plazo, la economía del hidrógeno parece brindar en este campo buenas oportunidades. La tecnología híbrida, como la que se desarrolla actualmente, es una forma de transición óptima.

4.1.2

La cuota de mercado potencial máxima para combustible producido a partir de biomasa se estima en el 15 %, El objetivo que la UE se ha fijado para 2010 es una cuota de mercado de 6 %. En la actualidad está en marcha un primer proyecto piloto para producir grandes cantidades de combustible a partir de biomasa.

4.1.3

El gas natural tiene menos emisiones de CO2 que la gasolina (-16 %) o el gasóleo (-13 %) y puede lograr una mayor cuota de mercado con un entorno fiscal favorable. Así se podrá crear un mercado estable para productores y usuarios: la tecnología está disponible. Las posibilidades parecen muy favorables sobre todo en el transporte público en zonas urbanas, porque las estaciones de recarga de gas podrán utilizarse entonces de modo óptimo. En principio, es posible llegar a una cuota de mercado del 10 % en 2020 (18).

4.1.4

Los ejemplos de otros países (sobre todo Brasil) ponen de relieve que tal cuota de mercado se conseguirá no sólo procurando que exista disponibilidad de biocombustible. Se necesitan medidas de acompañamiento por ejemplo, ventajas fiscales, legislación y reglamentación específicas y promoción, que inciten al consumidor a dar el paso.

4.1.5

El otro lado de la moneda es que una mayor utilización de biocombustibles procedentes de zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental (como por ejemplo el aceite de palma del Sudeste asiático) puede llevar a una destrucción a gran escala de los bosques tropicales, ya que son reemplazados por plantaciones de aceite de palma. El mundo tiene 23 grandes ecosistemas, 15 de los cuales están agotados o gravemente contaminados, según un estudio reciente de Naciones Unidas.

4.2.1

En la construcción –especialmente la de viviendas– existen enormes posibilidades para unas técnicas más sostenibles. Ya es posible, con costes suplementarios de poca monta, construir viviendas sin gastos para la energía, sobre todo teniendo en cuenta que los costes adicionales se amortizan rápidamente porque no hay costes energéticos. Este tipo de construcción tiene por término medio un coste adicional de 8 % con respecto a la construcción tradicional, porcentaje que puede reducirse hasta un 4 % al cabo de diez años si se construye a gran escala. Norman Foster, uno de los arquitectos más famosos del mundo, declaró una vez que si se considera el coste total de un edificio a lo largo de un período de 25 años, el coste real de la construcción es sólo del 5,5 %. El coste de ocupar el edificio (energía, mantenimiento a gran y pequeña escala, tipo de interés hipotecario o enfitéutico) supone más del 86 % durante el mismo período. Por consiguiente, construir de forma sostenible puede salir ligeramente más caro a corto plazo, pero es considerablemente más barato a medio y largo plazo.

4.2.2

En Alemania y Austria, la construcción según principios de ahorro energético crece de un modo comparativamente más rápido que en el resto de Europa. El «Passivhaus Institut», en Alemania, ha hecho construir viviendas que utilizan muy poca energía, recurriendo a tal fin a la energía solar en combinación con un aislamiento hermético y eficiente. Se han construido entretanto más de 4 000 viviendas de esta clase en Alemania y más de 1 000 en Austria. También en la construcción industrial se aplica cada vez más este principio.

4.2.3

La ciudad de Friburgo, en Alemania, ha fijado nuevas normas para una construcción con ahorro energético. Estas normas son un componente fijo de todos los contratos de alquiler y venta que el municipio suscribe con constructores y diseñadores de proyectos. El municipio utiliza así óptimamente sus competencias legales para hacer algo a gran escala en materia de gestión energética. En los contratos se establece que en los solares comprados o arrendados por el municipio se debe construir con arreglo a directrices de ahorro energético, los edificios deben diseñarse de tal modo que pueda hacerse una utilización máxima de la energía solar y los tejados adecuarse a la instalación de placas solares. En los barrios en que se construye de este modo se consigue un ahorro del 40 % en el uso del agua caliente.

4.3.1

El Comité acoge con satisfacción el enfoque de la Comisión sobre la política industrial porque tiene en cuenta las preocupaciones relativas a la sostenibilidad, tal como expone en su Comunicación «Implementación del programa comunitario de Lisboa: un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE — Hacia un enfoque más integrado de política industrial» (19). La realización de los objetivos de Lisboa requiere una industria europea competitiva. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la creación del Grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente, una de las siete iniciativas políticas intersectoriales importantes anunciadas para reforzar las sinergias entre los diferentes ámbitos políticos, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la competitividad. El Comité también valora positivamente los esfuerzos realizados por la propia industria europea en este campo.

4.3.2

En la actualidad la industria sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, en muchos lugares la elección del proceso eléctrico permite la utilización de todos los tipos de fuentes de energía primarias y, en la mayor parte de los casos, se logra al mismo tiempo ahorrar energía (20). Existen también posibilidades de intercambio de energía residual entre complejos industriales y otros sectores o complejos de viviendas. Así, por ejemplo, el calor residual del complejo industrial de Europoort (Rotterdam) se utiliza para la calefacción del principal complejo de invernaderos del Noroeste de Europa, situado a veinte kilómetros, en Westland.

4.3.3

El petróleo es la base de la industria química, pero esta materia prima estará menos disponible en el futuro. La alternativa se presenta en forma de biosíntesis, la producción de sustancias químicas a partir de la biomasa con ayuda de bacterias, un campo muy complejo, aunque también con grandes perspectivas. En los últimos años se han registrado muchos progresos en el conocimiento de la genética de microorganismos tales como las bacterias. Existen nuevas técnicas que posibilitan la modificación genética de estos organismos de tal manera que convierten el material de partida en sustancias específicas. Las bacterias se convierten así en una especie de minirreactores programables.

4.3.4

Por el momento utilizan sobre todo la tecnología de los microorganismos la industria de la alimentación y la industria farmacéutica, por ejemplo para la producción de queso, cerveza y penicilina. Las posibilidades de bioconversión son también grandes en estos sectores, pero entre tanto la industria química empieza también a interesarse por esta tecnología. Hay toda una serie de etapas de reacción que son necesarias para obtener y refinar las sustancias a partir del petróleo. La tecnología debe desarrollarse aún mucho más, pero teóricamente es posible pasar a la conversión directa, desde la biomasa a productos químicos básicos y otros productos. Esto significa un ahorro en el uso del petróleo sin renunciar a todos los demás beneficios que son importantes desde el punto de vista económico y medioambiental: reducción de emisiones, culminación de los circuitos y gestión de la cadena de producción.

4.3.5

Los sectores con uso intensivo de energía pueden encontrar problemas especiales para garantizar una transición gradual a las fuentes de energía renovables. El nivel de sostenibilidad de la producción es directamente proporcional al nivel de tecnología utilizado y en un futuro próximo no es de esperar ninguna mejora notable en este ámbito. Por ejemplo, los sectores europeos del acero y el aluminio están obteniendo buenos resultados en este ámbito. Mientras que la industria de acero está invirtiendo mucho en nuevas tecnologías para una producción más sostenible, especialmente a través del proyecto ULCOS (Ultra Low CO2 Steel Making, el mayor proyecto europeo sobre acero de la historia), y espera que sus emisiones de CO2 se reduzcan a la mitad de aquí a 2040, la producción de aluminio de primera fusión en Europa se caracteriza por una utilización notablemente elevada de energía renovable (44,7 %). Dado que la energía utilizada para producir aluminio de segunda fusión a partir de chatarras de aluminio representa sólo el 10 % de la energía necesaria para la producción de aluminio de primera fusión, existe un mayor potencial de ahorro energético en este sector. Sin embargo, la chatarra de aluminio en el mercado europeo está siendo adquirida en su mayor parte por China gracias a los incentivos gubernamentales para fomentar el ahorro de energía.

4.3.6

Los resultados de la industria europea del acero son también buenos en materia de utilización eficaz de las materias primas y del reciclaje. La mitad de la producción mundial de acero se obtiene a partir de chatarra. Se optimiza también la reutilización de los residuos. En la planta de Corus, en IJmuiden, un 99 % de los residuos se reutilizan en la propia factoría o externamente.

4.3.7

Aunque en un futuro próximo la utilización de fuentes de energía fósil como materia prima para la producción industrial será en gran medida inevitable, el uso de materiales innovadores contribuirá a ahorrar energía en el sector de las aplicaciones, por ejemplo, mediante la reducción del peso de los vehículos en la industria automovilística. A fin de fomentar este tipo de innovación, la industria europea tiene que mantener su competitividad internacional, empezando por las industrias extractivas, ya que es en ellas donde comienza la cadena de creación de valor.

5.1

La necesidad de una transición gradual a una producción sostenible es inevitable e indiscutible. La desindustrialización, la deslocalización de la producción hacia otras regiones y la competencia creciente de economías en vías de desarrollo han creado inseguridad y temores. En este clima se ha extendido la opinión de que pasar a una producción más sostenible afecta negativamente a la competitividad de Europa, frena el crecimiento de la industria, destruye puestos de trabajo y es malo para la economía y el empleo.

5.2

Ha habido efectos negativos para el empleo en Europa. En Alemania, hay estudios que predicen la pérdida de 27 600 empleos para 2010 debido al Régimen Comunitario único de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE), pérdida que se elevará a 34 300 en 2020 (21). Además, otros 6 100 empleos se habrán perdido en Alemania en 2010 debido a la aplicación de la nueva ley sobre las energías renovables (22). Finalmente, para 2010 está previsto que la aplicación de los acuerdos del Protocolo de Kioto destruyan otros 318 000 empleos en Alemania (23). Estas cifras, que deben compararse con el número de puestos de trabajo creados, muestran que, en efecto, una política orientada a la lucha contra los cambios climáticos se traduce en una «transformación industrial»: por ejemplo, los 16,4 miles de millones de euros aportados por las energías renovables en Alemania en 2005, o los 170 000 empleos creados hasta ahora en este sector (24). Con un volumen de producción de 55 000 millones de euros (2004), la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático proporcionan actualmente en Alemania un millón y medio de puestos de trabajo, y su participación en las exportaciones alemanas (31 000 millones de euros en 2003) supone otros muchos puestos de trabajo más (25).

5.3

Sin embargo, las repercusiones no son solo negativas. Un estudio sobre la pérdida de puestos de trabajo en Europa ha puesto de manifiesto que menos del 5 % de los puestos de trabajo que se pierden desaparecen por razones achacables a la deslocalización de la producción a otras regiones (26). Pese a las limitaciones metodológicas que se derivan de las técnicas de recopilación de datos, este estudio sigue siendo una fuente útil de información, en particular si se tiene en cuenta en paralelo con otros indicadores pertinentes. Sólo un pequeño porcentaje de esta pérdida de empleos se debe a la legislación ambiental.

5.4

También ha habido un aumento del empleo. La ecoindustria, que se ocupa de investigar y desarrollar tecnologías sostenibles, es un sector dinámico con un crecimiento de empleo de 5 % anual. El sector es actualmente, con dos millones de puestos de trabajo directos a tiempo completo, una fuente de empleo tan importante en Europa como la industria farmacéutica y la de la investigación espacial (27).

5.5

Una investigación de la OCDE (28) revela que la producción sostenible no conduce por definición a un aumento de los costes. A largo plazo, puede incluso en cierto modo reducirlos. Además, los rendimientos de la producción sostenible compensan los gastos. La legislación y la reglamentación secundaria en el ámbito del medio ambiente llevan a invertir en la innovación sostenible y propician así una utilización más eficiente de las materias primas, un refuerzo de las marcas, una mejora de la imagen de la empresa y, por último, una mayor rentabilidad y más empleo. Para que este proceso tenga éxito se necesita un enfoque común basado en la responsabilidad compartida de las empresas, los sindicatos y los Gobiernos.

5.6

Lo que debe evitarse a toda costa es que las industrias que utilizan mucha energía se hallen en una situación de desventaja competitiva en relación con regiones de fuera de la UE, debido al aumento de los costes de la energía que se derivan de la legislación y la reglamentación en el ámbito del medio ambiente. Si Europa fija normas de producción sostenible para su propia industria es inaceptable y carente de sentido que, al mismo tiempo, permita a productores de fuera de la región que introduzcan en su mercado productos no elaborados de conformidad con esas normas. A fin de fomentar una producción sostenible se necesita un enfoque dual: interno a la UE, por un lado, y externo a la UE, por el otro.

5.6.1

Por lo que respecta al primero, deberían introducirse instrumentos adecuados para garantizar la internalización en el precio de los productos de los costes sociales y medioambientales derivados de métodos de producción no sostenibles dentro de la Unión Europea a fin de impulsar el principal objetivo del informe elaborado por la Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización con el objeto de fomentar la coherencia de las políticas entre la OIT, la OMC, el FMI y el Banco Mundial, tal y como se señala en el Dictamen del CESE sobre el tema «La dimensión social de la globalización».

5.6.2

Por lo que respecta al segundo, la UE debería hacer todos los esfuerzos posibles en los foros internacionales relevantes (en particular en la OMC) para incluir las preocupaciones no comerciales, como las normas sociales y medioambientales fundamentales, en los acuerdos internacionales de comercio a fin de permitir un aumento del nivel de la política de sostenibilidad de los competidores de Europa. Países como Estados Unidos, India y China tienen una ventaja económica desleal, en comparación con Europa, dado que no están vinculados a los objetivos de reducción de CO2 por el Protocolo de Kioto. Estos acuerdos deberían aplicarse a nivel mundial dado que el comercio sólo puede ser realmente libre cuando es también leal.

5.7

La ecoindustria europea representa una tercera parte aproximadamente del mercado mundial y arroja un excedente comercial de más de 600 millones de euros. La exportación creció un 8 % en 2004 y es un mercado en expansión, porque en el futuro todos los países –también China e India– deberán pasar en medida cada vez mayor a productos y procesos de producción sostenibles.

5.8

La sociedad sostenible, innovadora, a la que debemos tender tiene necesidad de una campaña de información exhaustiva destinada a aumentar la sensibilización de ciudadanos y consumidores y a crear una amplia base social. También necesita trabajadores con buena cualificación. En el pasado reciente, Europa prestó poca atención a ello. En la versión inglesa de diez directivas elaboradas por Europa en los últimos años en este ámbito (sostenibilidad, innovación) se ha hecho una búsqueda de los términos «training», «learning», «skilling» y «education», y sólo la primera palabra aparece una vez en una directiva.

5.9

En una serie de comunicaciones de la Comisión previas a dichas directivas sí se hace amplia referencia a la necesidad de formación. Sin embargo, en las directivas desapareció por completo tal observación. Las «Comunicaciones» son cosas que se dicen, las «Directivas» cosas que se hacen. La política no es lo que se dice, sino lo que se hace. El CESE acoge con satisfacción el hecho de que se esté prestando una gran atención a la importancia de la educación en la nueva política industrial de la UE e insta a la Comisión a que continúe sus esfuerzos en esta dirección.

5.10

La Estrategia de Lisboa tiene por ambición hacer de Europa en 2010 la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, con más y mejores empleos y con una gran cohesión social. Se necesita una población activa bien cualificada para alcanzar y mantener tal sociedad. Si no se invierte suficientemente en el ámbito de la formación de los trabajadores, no sólo no se alcanzarán los objetivos de Lisboa en 2010: no se alcanzarán nunca.

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/12

1.1

Ante los nuevos retos que plantea la globalización, el Consejo Europeo de marzo de 2006 abordó la reactivación de la Estrategia de Lisboa centrándose, por una parte, en el crecimiento y el empleo y, por otra, en un enfoque integrado de la gobernanza.

1.2

La UE debe hacer todo lo posible para garantizar a sus ciudadanos un desarrollo innovador, competitivo y sostenible y lograr una mayor cohesión económica y social en su territorio mediante la creación y el desarrollo de nuevas empresas, nuevos perfiles profesionales y más y mejor empleo, manteniendo al mismo tiempo el modelo social europeo, orientado hacia la economía del conocimiento.

1.2.1

El Comité se muestra firmemente convencido de que sin «un nuevo ciclo de gobernanza basado en la asociación y la implicación (1)», todos los esfuerzos para la reactivación de la competitividad y el empleo en Europa serán vanos y de que es necesario adoptar y aplicar de manera rápida y generalizada nuevos paradigmas de gobernanza.

1.2.2

En opinión del Comité, tanto el Séptimo programa marco de IDTD como el nuevo PIC siguen presentando una excesiva orientación «de arriba abajo» y no ofrecen todavía ni una integración adecuada ni una respuesta a la necesidad de que los agentes públicos y privados participen de manera responsable en el desarrollo a escala local y regional, optimizando el papel fundamental que desempeñan los interlocutores sociales de cara a un crecimiento sostenible y duradero.

1.3

La Unión Europea debería incentivar, recurriendo también a los dos instrumentos mencionados anteriormente, este nuevo tipo de asociación de ámbito local con las autoridades y los agentes económicos y, en especial, con los interlocutores sociales, favoreciendo una nueva generación de «pactos territoriales para el desarrollo de la globalización» (2).

1.4

El CESE está convencido de que no existen sistemas de gobernanza que puedan ser válidos para todos. Corresponde a cada nivel regional y local la búsqueda de fórmulas que respondan mejor a las exigencias de gobernabilidad territorial y que sean compatibles con el marco nacional, europeo e internacional de referencia.

1.5

Con todo, el Comité considera que es posible señalar algunos criterios comunes a estas fórmulas:

1.5.1

Por último, es absolutamente necesario que el diálogo social estructurado forme parte de esta política integrada del territorio, incluso mediante la valorización de los actuales consejos económicos y sociales territoriales, con los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada, y la creación de modalidades eficaces de asociación económica y social (3).

1.5.2

A este respecto, debe proseguirse la vía indicada por el CESE, con la participación de los consejos económicos y sociales, u otros organismos afines, de cada Estado europeo en un diálogo estructurado con el CESE.

1.6

El éxito de la nueva gobernanza dependerá cada vez más de la capacidad para determinar el nivel de proximidad más eficaz para gestionar los problemas y las soluciones, de conformidad con el principio de subsidiariedad, pero preservando al mismo tiempo un marco de coherencia y de visión común con los demás niveles de intervención (4).

1.7

El Comité está convencido de que la práctica de explorar las posibilidades a medio y largo plazo de actividades, acciones e intervenciones con una perspectiva común mediante ejercicios de prospectivas participativas no sólo puede aportar una contribución válida «de abajo arriba» para el desarrollo cultural de la sociedad y contribuir a enriquecer las opciones de los responsables políticos y administrativos, sino también, y sobre todo, servirá para generar y reforzar en el territorio una interacción entre aquellos sectores tecnológicos, económicos, sociales, políticos y culturales que resulten fundamentales para la gobernanza de un desarrollo sostenible y competitivo.

1.8

Esto exige, ante todo, la participación de los interlocutores sociales y de los representantes de la sociedad civil organizada, al objeto de distinguir claramente los puntos fuertes y débiles del sistema y poder así determinar nuevas posiciones en los mercados nacional e internacional.

1.9

Si, por una parte, la globalización ejerce una presión competitiva para modernizar, innovar e impulsar hacia arriba la cadena de valores, y permite producir y distribuir bienes y servicios de la manera más eficaz y económica, por otra, se corre el riesgo de que, si no se actúa a tiempo, esta misma globalización genere nuevas segmentaciones y fragmentaciones del tejido económico y social, en particular a nivel territorial.

1.9.1

De aquí la necesidad, para el Comité, de proceder cuanto antes a la creación de nuevas competencias que puedan orientar a los ciudadanos hacia el cambio. Se están organizando acciones de formación conjunta destinadas a los gestores de los distritos industriales y a los responsables de las empresas y de los sistemas financieros y de crédito, que habría que llevar a cabo con los responsables políticos y del sector público, así como con los cuadros de los entes locales y territoriales.

1.10

En opinión del Comité, sólo con un enfoque territorial integrado y participativo se logrará que los conocimientos acumulados gracias a la inversión en investigación y desarrollo, innovación y educación puedan generar una capacidad para la innovación y unas ventajas competitivas para la base industrial europea capaces de atraer capital humano y financiero al territorio.

1.10.1

En este contexto, es esencial estudiar nuevas modalidades que atraigan al territorio capital humano, por ejemplo mediante un mayor equilibrio entre los horarios laborales y la vida privada, la introducción de incentivos, en particular para las profesiones intelectuales y altamente cualificadas como directivos, investigadores o profesionales de la industria, que permitan obtener a los interesados, durante su vida profesional, unas ventajas suficientemente atractivas.

1.11

El Comité sostiene que el nuevo Programa Marco PIC 2007-2013 no puede disociarse del resto de las políticas y programas de intervención comunitaria en el territorio, ya que con él se pretende abordar estas cuestiones a través de tres líneas de acción: el programa para la innovación y el espíritu de empresa, el programa de apoyo a las tecnologías de la comunicación y la información, y el programa para la energía inteligente.

1.12

Desde esta óptica, el Comité sostiene que es necesario coordinar estrechamente el PIC tanto con las actuaciones en materia de política regional, de cohesión y de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, como con el Séptimo programa marco para actividades de IDTD, que dedica también una parte importante de su programa «Capacidades» al desarrollo de la investigación para las PYME, a las «regiones del conocimiento», al respaldo de la innovación y a los servicios innovadores destinados a las empresas, así como a las necesarias relaciones entre el mundo de la formación y el mundo empresarial.

1.13

En opinión del Comité, además de garantizar un elevado grado de coordinación para asegurar sinergias y evitar solapamientos e incoherencias, es indispensable reformular estas iniciativas y depararles la adecuada acogida en el territorio, en un marco prioritario de asociación común para el desarrollo local.

1.14

Por último, el Comité reitera lo ya expresado en recientes dictámenes sobre la política industrial moderna: «Lo que falta es un vínculo claro entre los esfuerzos a nivel de la UE y la necesaria participación de los gobiernos, la industria y las partes interesadas a nivel nacional y regional».

2.1

Gobernanza: la literatura antropológica distingue tres tipos de gobernanza (5). La gobernanza que parte de la base, que prevé una coordinación de todos los actores, a nivel local, y que se caracteriza por un marcado interés por todas las actividades tecnológicas. La gobernanza en red, basada en una fuerte coordinación en red de todos los actores y, en particular, de las empresas, de los centros de investigación y de los organismos financieros. Por último, la gobernanza intervencionista, que se basa en un elevado grado de coordinación y en una gestión centralizada de muchos de los aspectos especialmente importantes, como son la financiación y las competencias en materia de investigación.

—

integrar en sus decisiones económicas consideraciones sociales y medioambientales;

—

compartir un modelo de valores y un método participativo en los procesos de toma de decisiones;

—

favorecer las buenas prácticas y una interacción permanente entre las partes interesadas, con el fin de fomentar la innovación y la competitividad.

—

identificar la comunidad que vive en el territorio;

—

determinar los valores que la guían.

—

Capital institucional: es la capacidad de las instituciones formales de un territorio para concentrarse en la solución de los problemas, su capacidad de acción, la rapidez del proceso decisorio, el grado de información de las organizaciones y su flexibilidad y, por último, el tipo de relación existente entre las distintas organizaciones.

—

Capital cultural: es el patrimonio conjunto de las tradiciones del territorio, sus valores y convicciones, la riqueza de su lengua y, por último, sus relaciones sociales y modalidades de comportamiento (7).

—

Capital simbólico: es la capacidad de que dispone un territorio para movilizar las energías necesarias con vistas a garantizar tanto su propia evolución como sus posibilidades de servir de modelo de referencia a las empresas activas en dicho territorio.

—

Capital psicosocial: este tipo de capital se basa esencialmente en el concepto de confianza y en la convicción de que existe realmente una comunidad y de que ésta ofrece un potencial de desarrollo, así como en la conciencia de que es posible establecer una cooperación entre los distintos grupos y asociaciones.

—

Capital cognoscitivo: son los conocimientos técnicos colectivos, que no hay que confundir con el capital humano de cada individuo. Este capital se va configurando en las organizaciones que constituyen las infraestructuras del conocimiento, como universidades, centros de investigación, organizaciones culturales y profesionales, así como empresas y organismos destinados a desarrollar el diálogo social (8).

2.4.1

Con el fin de respaldar las orientaciones establecidas por el Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión creó las condiciones para organizar el Espacio europeo de la investigación (EEI) (10) cuya financiación se inscribía en el Sexto programa marco, con una atención especial a la prospectiva territorial (11). Posteriormente, en 2001, la Comisión creó la Unidad «Prospectiva científica y tecnológica, relaciones con el IPTS (12)» al objeto de garantizar la difusión de la prospectiva como modelo de innovación.

2.5.1

Entre las tendencias de los últimos años, además de la afirmación de la subsidiariedad, ha adquirido importancia la cuestión de la proximidad, esto es, la actitud cultural a través de la cual el ciudadano expresa su deseo de sentirse protagonista en las decisiones que afectan a la esfera social. Gracias a las nuevas tecnologías, los conocimientos se propagan a una velocidad y con una amplitud que no hace mucho eran impensables.

3.1

Al comienzo del tercer milenio, la UE se halla ante profundos cambios estructurales que han revolucionado, en pocos años, el entorno mundial en el que se desenvuelve y compite la economía europea. Entre estos cambios cabe citar, en particular, los siguientes:

3.2

El informe Aho (13) reiteró la necesidad de nuevos modelos de gobernanza para lograr una Europa competitiva y consciente de los retos que los cambios estructurales están planteando al sistema.

3.2.1

La adopción de este nuevo modelo de gobernanza requiere:

3.3

La investigación y el desarrollo, el diseño, los métodos de fabricación, los sistemas logísticos (16), la comercialización y los servicios a la clientela son funciones cada vez más integradas que obran conjuntamente como una entidad única que pone en contacto a clientes y promotores de nuevos productos.

3.4

La nueva estructura empresarial depende cada vez menos de la disponibilidad de equipamientos materiales y más de la propiedad de bienes intangibles. Necesita un «territorio equipado», dotado de estructuras de gobernanza territorial que estén en condiciones de apoyar las capacidades de producción y distribución de bienes y servicios y de garantizar, en las mejores condiciones, los servicios postventa.

3.5

El desarrollo de una identidad territorial clara, que se manifiesta en el capital social, parece fundamental, no sólo para evitar riesgos de deslocalización, sino también porque las nuevas implantaciones requieren características específicas y normas exigentes de calidad de los servicios en el territorio. El cumplimiento de estas normas puede obtenerse sólo con un personal preparado y sensibilizado a esta problemática.

3.6

La conciencia de la identidad regional y local entre los ciudadanos, los responsables políticos y los interlocutores sociales permite un enfoque integrado de sostenibilidad medioambiental y social, que representa un factor suplementario de atracción de nuevas inversiones.

3.7

La valorización de la identidad territorial se fundamenta en una mezcla de adhesión, reconocimiento y empatía con un conjunto de valores comunes en un contexto de visión prospectiva compartida. La promoción de la identidad territorial se basa en:

4.1.1

Son varios los ámbitos de intervención prioritaria para la valorización del patrimonio de recursos humanos presentes en el territorio:

4.2.1

Un enfoque territorial integrado puede fomentar y promover la creación y el desarrollo de empresas, en particular de PYME, mediante la instauración de un entorno favorable en términos de:

4.3.1

El Consejo Europeo de marzo de 2006 indicó las prioridades que deben seguirse en el contexto de la asociación renovada para el crecimiento y el empleo:

4.4

Es principalmente el programa PIC, consagrado a la innovación y al espíritu empresarial, el que aúna en un marco coherente muchas de las actividades dirigidas a abordar las problemáticas esenciales para la competitividad y la innovación del tejido económico y social de la UE, orientando el desarrollo hacia acciones innovadoras y productivas que respetan el medio ambiente y procurando, a la vez, que la utilización de los recursos sea eficaz y aceptable desde el punto de vista social.

4.5

Por su parte, el programa específico «Capacidades» del Séptimo programa marco, citado anteriormente, pretende reforzar las capacidades en materia de investigación e innovación, en particular:

4.5.1

Debe proseguirse también la optimización de la participación de las PYME en las actividades de investigación e innovación en los otros programas específicos del Séptimo programa marco, a saber, Cooperación, Ideas y Personas.

4.5.2

Otra característica esencial, común a todos los programas, es la obligación de promover la valorización de los resultados de la investigación, algo que se concreta, en gran parte, a nivel territorial. Desde esta óptica, el CESE considera indispensable un elevado grado de coordinación, coherencia y sinergia con las intervenciones comunitarias en materia de política regional y de cohesión, y con los demás instrumentos comunitarios de apoyo a la cooperación territorial, la educación y la formación.

4.5.3

Por otra parte, es necesario coordinar las acciones descritas anteriormente con las políticas regionales basadas en los Fondos Estructurales europeos reformados.

4.6

Para ser bien acogidas en el territorio, además de un elevado grado de coordinación para garantizar sinergias y evitar solapamientos o incongruencias, estas iniciativas exigen prioritariamente:

4.6.1

En opinión del Comité, tanto el Séptimo programa marco de IDTD como el nuevo PIC (sobre los que el CESE ya ha podido pronunciarse) siguen presentando una excesiva orientación «de arriba abajo» y no permiten todavía afrontar, como cabría desear, ni la integración adecuada ni la necesidad de que los agentes públicos y privados participen de manera responsable en el desarrollo local y regional. Este enfoque no confiere sustancialmente a los agentes locales el papel que les corresponde como corresponsables de la gobernanza europea.

4.6.2

La Unión Europea debería fomentar, también a través de estos dos instrumentos, este nuevo tipo de asociación a nivel local con las autoridades y agentes económicos, en particular con los interlocutores sociales, favoreciendo una nueva generación de pactos territoriales para el desarrollo de la globalización (23). Todas las partes interesadas en el desarrollo de la economía y el empleo deberían suscribir estos pactos, al objeto de dar una respuesta adecuada a los retos de los mercados y de la competitividad, superando el «localismo» que representa cada vez más un límite peligroso ante realidades globales interconectadas entre sí.

4.7.1

Una parte significativa de las acciones para una competitividad sostenible es competencia del nivel local y regional; para estas acciones son prioritarios los sistemas de gobernanza y la cooperación entre los diversos entes locales y regionales, las diferentes autoridades e instituciones, los interlocutores sociales, las empresas y los agentes económicos y sociales de la sociedad civil que interactúan en el territorio.

4.7.2

Por lo que respecta al concepto de gobernanza, cabe remitirse a lo ya expresado por el Comité a este respecto; es decir, que las partes interesadas del sector privado deben actuar y asumir su responsabilidad a través de contribuciones y acciones reales, y que el diálogo social y el civil son herramientas importantes (24).

4.7.3

Por lo que se refiere a la intensificación del diálogo social, «el Comité está de acuerdo (…) en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta».

4.7.4

Según el Comité, se trata de poner en marcha sistemas de ingeniería social y de toma de decisiones basados en la participación, que sean flexibles, proactivos y reactivos, y estén en condiciones de garantizar un elevado nivel cualitativo de democracia política, económica y social sin sobrecargar ni retrasar el desarrollo de las acciones e iniciativas.

4.7.5

El desarrollo de una visión común a medio y largo plazo resulta esencial, al igual que la determinación y distribución de responsabilidades en torno a objetivos intermedios comunes, así como el recurso a instrumentos avanzados que hayan dado buenos resultados a nivel regional, como las actividades de prospectiva.

4.8

El ETI y una estrategia de gobernanza para un desarrollo territorial socialmente responsable

4.8.1

En un contexto como el nuestro, abierto a la competencia mundial, una estrategia de gobernanza para un desarrollo territorial socialmente responsable debe garantizar dinámicas duraderas de desarrollo económico y de alta calidad desde el punto de vista social. Una estrategia de estas características deberá actuar, en particular, mediante:

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/20

1.1

El Comité Económico y Social Europeo está firmemente convencido de que la utilización de recursos electrónicos en el sector de la educación y la formación (aprendizaje electrónico) (1) podría ayudar a la Unión Europea a aumentar la eficacia y la calidad de la educación, incluido el aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo. Esta medida, junto con otras, reducirá los costes de formación de los trabajadores, y por consiguiente mejorará definitivamente la competitividad de las empresas, y en particular la competitividad de las PYME.

1.2

El Comité estima que la implantación del aprendizaje y de la formación asistidos por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) todavía presenta disparidades en el seno de la UE. El motivo es la diversidad lingüística y cultural, así como la insuficiente madurez de los mercados correspondientes.

1.2.1

Para cambiar esta situación, será necesario favorecer la apertura de las instituciones en todos los sectores de la educación, incluido el aprendizaje permanente (LL- Lifelong learning) (2), para que verdaderamente se utilicen nuevas formas de aprendizaje y para que cada vez se apliquen de manera más generalizada y, así, contribuir a integrar los conocimientos y la experiencia en el objetivo de obtener una sinergia con el desarrollo tecnológico y económico previsto.

1.2.2

El Comité estima que la Comisión Europea es la institución más adecuada para establecer la nueva orientación que se debe adoptar en este contexto. Además, la comunicación y la coordinación son particularmente importantes para los servicios de la Comisión, en particular en los ámbitos de la educación y de la sociedad de la información.

1.2.3

Ha llegado el momento de reconocer que el aprendizaje electrónico está cada vez más extendido y que en este ámbito se ha consolidado un conocimiento profesional que garantiza la aplicación de enfoques coherentes y contribuye a crear valores añadidos.

1.3

El CESE está convencido de que es necesario mejorar la concienciación de los ciudadanos europeos sobre las TIC, en particular respecto a la manera en que estas tecnologías pueden respaldar la formación en el ámbito empresarial y en el aprendizaje permanente, incluidos:

1.4

El CESE pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que cuando apliquen programas de desarrollo relacionados con la creación de una sociedad de la información, recuerden que esos procesos no deben conducir a ningún tipo de exclusión, y que además no se pueden imponer restricciones sociales, económicas o regionales al acceso a infraestructuras electrónicas como instrumentos de aprendizaje.

1.4.1

El Comité señala que la aplicación de las TIC al aprendizaje permanente, en particular en las zonas rurales y en los pequeños municipios de la Comunidad, depende sobre todo de que la UE y los gobiernos de los Estados miembros respalden la creación de conexiones de banda ancha a Internet (3) que permitan acceder a los sistemas de aprendizaje por vía electrónica. En los nuevos Estados miembros la situación en estas zonas es particularmente difícil. Lo cual, a su vez, corrobora la idea de que no se puede aceptar ningún tipo de barreras al acceso a la conexión de banda ancha.

1.4.2

En este contexto, el CESE pide a la Comisión Europea que la cuestión del acceso a la conexión de banda ancha sea reconocida como un elemento de una estrategia más amplia encaminada a considerar el acceso electrónico como un servicio de utilidad pública.

1.5

En el ámbito del aprendizaje y de la educación electrónica a distancia, el Comité estima que es necesario tener especialmente en cuenta el riesgo de que se produzca una brecha generacional, en particular puesto que cada vez es más elevado el número de actividades destinadas a adultos en el ámbito del aprendizaje permanente que se llevan a cabo mediante las TIC.

1.6

El CESE también señala que se debería configurar el aprendizaje electrónico de manera más «compatible para los invidentes». Puesto que las aplicaciones técnicas que se pueden utilizar en este ámbito son muy conocidas, los autores de manuales relativos al aprendizaje electrónico deberían basarse en el compendio de reglas elaboradas por las organizaciones que representan a las asociaciones de personas invidentes.

1.7

El CESE está convencido de que el aprendizaje asistido por la TIC (aprendizaje electrónico) podría ser un instrumento eficaz para mejorar la competitividad empresarial y aumentar su potencial económico, y en particular el potencial de las PYME, que pueden desempeñar un papel clave en la generación de crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo.

1.8

El Comité estima que la extensión en la UE del ámbito en el que se aplican las TIC al aprendizaje permanente contribuirá de manera decisiva a aumentar tanto la competitividad empresarial como el capital social de sus trabajadores, lo cual debería traducirse en un aumento del valor del capital de las empresas europeas.

1.9

El CESE constata que es urgente definir la nueva función que desempeñan la sociedad civil y el diálogo con los interlocutores sociales en el fomento y la aplicación del aprendizaje permanente asistido por medios electrónicos en los mercados de trabajo de la UE. La preparación de todas las sociedades europeas para el aprendizaje permanente asistido por las TIC contribuirá a crear un Espacio Europeo del Conocimiento y una sociedad basada en el conocimiento (4).

1.10

El Comité señala que la integración de las TIC en el aprendizaje y en la consolidación profesional del aprendizaje electrónico no se ha realizado en la medida esperada. Por lo tanto, pide a las autoridades competentes a nivel comunitario y nacional que adopten medidas que contribuyan de modo significativo a incorporar eficazmente el aprendizaje electrónico. Este avance podría contribuir a aumentar de manera importante la competitividad y la productividad industrial.

1.11

El CESE pide a las instituciones de la UE que presten una atención particular a las necesidades de las PYME, a sus redes y a las organizaciones que las representan, con el objetivo de garantizar que las PYME puedan utilizar efectivamente todo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación.

1.12

El Comité considera que con la ayuda de programas globales y de incentivos se debe respaldar permanente y sistemáticamente a los futuros docentes del ámbito de las nuevas tecnologías y metodologías (pedagogía informática).

1.13

El CESE destaca igualmente que la Comisión Europea debe prestar una atención particular a la cuestión de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del aprendizaje electrónico.

1.14

Por último, dentro del capítulo de conclusiones y recomendaciones, el Comité propone que de conformidad con la terminología propia de la UE, con expresiones como «e-Europa», «e-Learning» o «e-skills» (competencias electrónicas), entre otras, se adopte el término «e-LL» («e-Lifelong Learning», o aprendizaje electrónico permanente) para designar el aprendizaje permanente asistido por las TIC; así como que se destaque el papel que desempeña este tipo de formación en el plan de acción e-Europa (y la iniciativa i2010 subsiguiente), y la necesidad de desarrollarla y difundirla.

2.1

El objeto del dictamen es examinar la contribución del aprendizaje permanente asistido por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la competitividad, a las transformaciones industriales y al desarrollo de capital social en la Unión Europea.

2.2

En el contexto de la aplicación de la Estrategia de Lisboa, el aprendizaje permanente se está convirtiendo en uno de los conceptos más importantes de la política de educación y de los nuevos programas de enseñanza europeos para los años 2007-2013 (5). Los métodos flexibles y abiertos de formación, y el aprendizaje asistido por las TIC desempeñarán con toda certitud un papel fundamental en el desarrollo de la economía basada en el conocimiento.

2.3

De conformidad con el programa superior e-Europa y las medidas encaminadas a aplicar el aprendizaje permanente (e-learning), que ya se han traducido en resultados prometedores, conviene determinar la manera de aprovechar esos logros en el ámbito de las transformaciones industriales, así como la manera de desarrollar las posibilidades que brindan esos logros y esbozar las perspectivas para el futuro.

3.1

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (6) reconocieron la importancia que tienen las tecnologías de la información en el proceso de desarrollo de los recursos humanos, y aprobaron un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de educación en Europa. El principal objetivo del programa es aprovechar las TIC para que la calidad de la educación y la formación sea superior en el contexto del aprendizaje permanente.

3.2

Durante la última década, junto al aprendizaje electrónico, predominó la formación a distancia, abierta y flexible, que actualmente está siendo reconsiderada en un contexto más amplio. El aprendizaje asistido por las TIC, o aprendizaje electrónico (e-learning), flexibiliza nuestras vidas, nuestra formación y el trabajo, y está considerado como uno de los principales instrumentos para alcanzar los objetivos estratégicos de Lisboa. Cada vez son más importantes el aprendizaje no formal (7) e informal (8) y la formación en el lugar de trabajo.

3.3

En el Dictamen sobre el tema «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa» (9) aprobado en 2004, el CESE destacó la necesidad de examinar las nuevas posibilidades que ofrece la economía basada en el conocimiento y la importancia de la expansión de las tecnologías informáticas y de los procesos innovadores.

3.3.1

Asimismo, ese dictamen llamó la atención sobre las carencias de los sistemas educativos y destacó la necesidad de mejorar la integración de la dimensión social.

3.4

Algunas iniciativas comunitarias aprobadas durante la última década en el ámbito del aprendizaje asistido por las TIC han producido excelentes resultados, pero otras han revelado una cierta incoherencia y no han aportado los frutos previstos en términos cuantitativos y cualitativos.

3.4.1

Centrados en los individuos, los modelos aplicados inicialmente en el ámbito del aprendizaje que incluían la utilización de recursos electrónicos (e-learning) estaban encaminados a transmitir unos ciertos conocimientos desde arriba y prácticamente carecían de respaldo pedagógico y de apoyo de los evaluadores, de manera que parcialmente decepcionaron a las personas que intentaron apresuradamente adaptarse a este tipo de aprendizaje.

3.4.2

El impetuoso avance tecnológico, la creciente presión económica y el diferente ritmo de las medidas políticas adoptadas por los gobiernos durante los últimos años, en los que se debían integrar las TIC en la educación y formación, no contribuyeron de manera satisfactoria a consolidar el desarrollo profesional.

3.5

Entre los indicadores que la UE ha establecido para 2010 figura una tasa de participación del 12,5 % de adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en diversas modalidades de aprendizaje permanente, en contraste con la media actual del 10 % (10). La única manera de alcanzar los objetivos previstos es intensificar las medidas en el ámbito de la educación y formación con la asistencia de las TIC.

3.5.1

Respecto al hecho de que las previsiones para los próximos cinco años anuncien que solo el 15 % de los nuevos puestos de trabajo estará destinados a personas con escasas cualificaciones mientras que el 50 % requerirá trabajadores altamente cualificados (11), los programas educativos y de formación de los Estados miembros de la UE afrontan un enorme desafío a la hora de responder a exigencias tan elevadas.

3.6

La iniciativa «e-Inclusion» es la nueva iniciativa adoptada por la UE en relación con la Comunicación de la Comisión «i2010» (12) y aborda tanto la integración de las TIC como la utilización de las TIC con fines de integración (13). El objetivo de la política de inclusión electrónica es superar las barreras que se oponen a la utilización de las TIC y fomentar su utilización para combatir la exclusión y para mejorar la productividad económica y las posibilidades en materia de empleo.

3.6.1

En «e-Inclusion» es importante la cuestión de la formación a distancia asistida por las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de atenuar o evitar la marginación social de aquellos grupos profesionales que tienen un acceso limitado a las modalidades tradicionales de educación debido a su situación geográfica, su situación social o a necesidades educativas especiales.

3.6.2

Las ventajas de la formación a distancia son: la independencia del lugar de formación, la posibilidad de adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de los alumnos, la utilización de tecnologías informáticas modernas, la posibilidad de formación de personas pertenecientes a grupos desfavorecidos, etc.

3.6.3

En un dictamen reciente (14), el CESE pidió a los representantes de los gobiernos y de la industria que elaborasen y respaldasen la aplicación de medidas en materia de educación y formación en el ámbito de las TIC en el seno de diversos grupos sociales amenazados por la «exclusión electrónica» (15).

3.6.4

La realización de programa europeo e-Inclusion está igualmente asociada al fomento de la alfabetización digital (16), que se ha convertido en un sinónimo de la sociedad moderna basada en el conocimiento. Reconocer lo antes posible, como hizo recientemente entre otros el CESE en un dictamen (17), que la alfabetización digital es una de las principales competencias del aprendizaje permanente, no solo es una necesidad sino que resulta evidente.

3.7

La promoción de las competencias electrónicas (e-skills) (18) ejercerá una influencia importante en diversos aspectos de las transformaciones industriales. La expresión «competencias electrónicas» incluye aptitudes de experto de las TIC, de usuario de las TIC y de negocio electrónico. La Comisión, en el marco de la promoción del amplio calendario de e-skills, propuso recientemente un amplio abanico de medidas de las que un elevado número corresponden a la industria y a la promoción de las competencias electrónicas en el mercado laboral, así como al desarrollo de nuevas aptitudes de este tipo y su popularización (19).

3.7.1

En las actividades relativas tanto a las competencias electrónicas como a todas las cuestiones asociadas a la introducción del aprendizaje permanente asistido por las TIC, desempeña un papel fundamental la participación de los representantes de las partes interesadas, que incluye a:

3.8

Para realizar los objetivos recogidos en la estrategia i2010, y en particular los objetivos de los proyectos relativos a la «e-inclusion», tiene una importancia particular la expansión del acceso a Internet de banda ancha, que no debe estar exclusivamente restringido a las grandes ciudades, sino que debe estar igualmente disponible para los habitantes de regiones menos desarrolladas (20).

3.8.1

Conviene tener en cuenta que en las zonas urbanas de la UE-15, cerca del 90 % de las empresas y hogares tiene acceso a conexión de banda ancha, mientras que en las zonas rurales y remotas solo un 60 % tiene este tipo de conexión; estas diferencias se acentúan aún más en los nuevos Estados miembros.

3.8.2

La conexión de servicios informáticos y de telecomunicación de banda ancha no solo tiene una importancia esencial para el aumento de la competitividad de las empresas y para el desarrollo económico de las regiones, sino que además desempeñan un papel fundamental en los sectores de la educación y la formación, en particular en el caso de las actividades de ese ámbito que utilizan el aprendizaje electrónico para la aplicación de programas educativos.

3.9

Actualmente convendría que el discurso político abordase esta cuestión con el fin de perfeccionar la práctica del aprendizaje permanente asistido por las TIC y, así, lograr que este tipo de formación fuese más eficaz. Precisamente en este contexto, la UE se encuentra en mejor posición para imprimir una nueva dirección a esta política.

3.9.1

Las orientaciones actuales de la política en la materia otorgan de hecho una prioridad absoluta a la introducción de las TIC en las instituciones de educación formal, en particular los colegios y las universidades. En el caso de la formación permanente, no formal o informal de los adultos, acuerdan una atención claramente inferior a las TIC y los medios que prevén para fomentar su utilización son sensiblemente más modestos.

4.1

De conformidad con el contenido de la Comunicación de la Comisión publicada en 2002 (21) y del dictamen del CESE sobre el tema «Formación y productividad», se puede afirmar que la productividad es la clave para aumentar la competitividad de las empresas y de las economías europeas, así como para aumentar el crecimiento económico. La mejora de la productividad depende en gran medida de los avances logrados en la aplicación de las TIC en las empresas, así como de la capacidad de adaptación de la mano de obra a las exigencias de una industria modernizada.

4.1.1

Si bien es cierto que las tecnologías informáticas, a pesar de la atronadora publicidad que recibieron, no han respondido a las expectativas generales en sus primeras fases de desarrollo, también es cierto que los sectores de la sociedad y de la economía concentrados a su alrededor muestran un desarrollo sin precedentes y presentan un potencial considerable.

4.1.2

En este contexto, la Comisión Europea señala y aprecia justificadamente la importancia que tienen las modernas TIC como motores de la competitividad y la innovación, así como su contribución a una economía basada en el conocimiento, en particular en el caso de las PYME.

4.2

Para mejorar la competitividad de la economía europea es necesario un sistema de formación profesional que se base en programas y formaciones asistidos mediante TIC. La creación de sistemas educativos y de formación coherentes, móviles y flexibles para las personas que buscan empleo, las personas que se preparan para trabajar y, también, para los trabajadores de la industria aumentará el ritmo de adquisición de conocimientos y facilitará importantes innovaciones y cambios tecnológicos en las empresas de producción, aumentando, por consiguiente, su competitividad.

4.2.1

En este contexto, la introducción del aprendizaje permanente asistido por las TIC en el seno de las empresas y en su entorno debería aumentar su competitividad y contribuir al crecimiento del capital social que representan las personas que trabajan en esas empresas, de manera que todo ello se traduzca en un aumento del valor del capital de las empresas europeas.

4.3

En torno a 1994 se produjo un avance decisivo en la aplicación progresiva real y en el uso del aprendizaje electrónico cuando la industria, sobre todo las grandes empresas, empezaron a recurrir de manera general a este método para las formaciones que ofrecían en el seno de la empresa y para el desarrollo de los recursos humanos. Esta fue una señal de que el aprendizaje electrónico había madurado: fue entonces cuando demostró su capacidad para aportar soluciones consolidadas y sostenibles, y superó el periodo anterior de promoción simplista y mensajes de mercadotecnia. Simultáneamente y por diversas razones, las PYME constituyen un grupo prácticamente desfavorecido de usuarios del aprendizaje electrónico, que aplica poco este método de formación (y, con frecuencia, también utiliza poco las TIC), corriendo la mayoría de sus trabajadores el riesgo de quedar excluidos de la oportunidad de continuar su formación. Una utilización creciente del aprendizaje electrónico podría constituir un factor potencialmente importante de mejora de la competitividad y de la eficacia en el seno de las PYME. Las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como comunitario, deberían concienciar a la opinión pública sobre este tema y adoptar medidas para fomentar el uso de las TIC con fines de formación en el sector de las PYME.

4.4

El capital social abarca las competencias, las informaciones, la cultura, los conocimientos y la creatividad de las personas, así como las relaciones entre las personas y las organizaciones. En este contexto, conviene analizar el papel que desempeñan estos aspectos en el desarrollo económico y las transformaciones industriales que le acompañan, desde el punto de vista de la interdependencia que existe entre su formación, su difusión y su utilización, por un lado, y la creación de un valor añadido sobre las bases así establecidas, por otro lado.

4.4.1

Un nivel elevado de capital social determina de manera directa la capacidad de formación de una sociedad basada en el conocimiento: creativa, innovadora, receptiva a los cambios y capaz de crear vínculos sociales y económicos sostenibles. Uno de los fundamentos de la construcción de una sociedad semejante son las inversiones en instrucción, educación y formación.

4.4.2

En todos los programas y las acciones relativas a la educación y a la formación asistidas por las TIC, y en particular los relativos al aprendizaje permanente, la capacidad de actuar conjuntamente que se expresa mediante la asociación de las partes interesadas contribuye a aumentar el capital social (véase el punto 3.7.1).

4.5

La educación y la formación a distancia asistidas por las TIC permiten una transferencia sistemática, rápida y poco costosa de conocimientos, que tiene una importancia particular en la industria puesto que es un importante elemento de su capital humano y que facilita la transmisión de conocimientos de los centros de investigación a la industria.

4.5.1

Un personal directivo bien formado y en proceso continuo de perfeccionamiento de sus cualificaciones es un importante factor para determinar el valor de una empresa o industria en particular. Estos recursos facilitan los cambios en la tecnología de la producción, su perfil y su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo.

4.6

La Comisión Europea señala (22) que el rápido desarrollo tecnológico y las condiciones económicas cambiantes hacen que sea indispensable invertir a largo plazo en el desarrollo de los recursos humanos con la participación de los particulares, las empresas, los interlocutores sociales y los poderes públicos. Desgraciadamente, en los Estados miembros de la UE todavía no existe una tendencia clara a aumentar el gasto público en materia de educación, cuya media alcanza cerca del 5 % del PIB, con importantes diferencias, a veces incluso drásticas, entre los distintos Estados miembros.

4.7

La inversión en el desarrollo de los recursos humanos tiene una influencia directa en el crecimiento de la productividad, además de ser una modalidad interesante de inversión a nivel microeconómico y social. Los estudios (23) muestran que cada año la educación hace aumentar directamente el crecimiento económico en un 5 % a corto plazo y en un 2,5 % a largo plazo. Así lo confirman las propuestas del Consejo Europeo (24), en las que se destacó que las inversiones en materia de formación y educación conllevan enormes ventajas que superan claramente los costes que llevan asociados.

4.8

El rápido desarrollo tecnológico conduce al desarrollo de modernos equipos de producción que frecuentemente tienen sistemas informáticos que solo pueden ser operados por trabajadores con competencias en el ámbito de las TIC. No siempre es posible encontrar de inmediato personas con semejantes competencias pero evidentemente sería más fácil encontrarlas en el mercado de trabajo si se aplicasen a gran escala las TIC al ámbito de la educación y la formación, y en particular en el marco del aprendizaje permanente.

4.9

En este contexto y en el contexto de las actuales transformaciones industriales, conviene adoptar medidas de manera intensiva que permitan aplicar rápidamente las TIC al ámbito del aprendizaje permanente. Estas medidas deberían acelerar el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y competencias de los trabajadores de empresas de producción europeas y de los desempleados en proceso de formación. Precisamente, debería permitirse que los desempleados en particular accedan a formaciones en el ámbito de las TIC subvencionadas con fondos públicos (25).

4.9.1

La motivación que tienen los desempleados para la formación autodidacta es escasa puesto que apenas tienen oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos. La mejor motivación es ofrecerles la posibilidad concreta de encontrar un nuevo empleo como resultado de una formación o de un curso de perfeccionamiento, que en una situación ideal, ofrecerá la empresa que proponga el puesto en cuestión.

4.9.2

Esta situación podría favorecer la implantación del aprendizaje permanente asistido por las TIC, pero en las zonas en las que estaría particularmente indicado (es decir, las zonas agrícolas en las que se han cerrado empresas de producción, que es la situación típica de los nuevos Estados miembros) no existen infraestructuras suficientes.

4.9.3

En esas zonas, es necesario que el Estado y la Unión Europea contribuyan a mejorar las infraestructuras, porque las empresas del sector de las TI no están dispuestas a financiar los gastos de conexión a Internet en esos territorios pobres (pequeños municipios y zonas rurales).

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/26

—

acciones directas y complementarias para completar el mercado interior de los servicios prestados a las empresas y, en particular, la supresión de obstáculos al buen funcionamiento del sector (barreras que impiden la integración de los mercados, la movilidad laboral y el crecimiento económico);

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reconocimiento urgente de los servicios prestados a las empresas como parte integral de toda política industrial; la Comisión Europea debería tener esto en cuenta y actuar para ampliar el alcance de la política industrial europea mediante la integración de los servicios a las empresas;

—

creación de un Observatorio Europeo de Servicios a las Empresas para recabar información, fomentar la investigación, estimular el debate y sugerir y supervisar la aplicación de recomendaciones en materia de política;

—

refuerzo del diálogo social para seguir y evaluar los cambios en las condiciones laborales y las oportunidades de empleo resultantes de las transformaciones estructurales subyacentes a la nueva economía de servicios a las empresas.

—

fomento de los servicios a las empresas como medio para mejorar los resultados de las empresas e industrias y para lograr ventajas competitivas con países de bajo coste y otros países competidores en el mercado global;

—

fomento de un uso más extenso y efectivo de los servicios a las empresas por parte de las PYME;

—

fomento del empleo y mejora de las condiciones de trabajo en los servicios a las empresas como medio de mejorar la productividad, la calidad de los servicios y los niveles de vida;

—

programas específicos de formación y reciclaje para reforzar la adaptabilidad y mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados por las transformaciones estructurales.

—

Los programas de I + D con financiación pública, a nivel nacional y comunitario, deberían prestar especial atención a las acciones y proyectos destinados a impulsar la producción y el uso de servicios innovadores a las empresas.

—

Debería prestarse atención a proyectos específicos en el ámbito de los servicios con alta intensidad de conocimiento en la industria, que tienen como resultado la innovación y una productividad y perspectivas de crecimiento elevadas (como, por ejemplo, los servicios de TCI e I + D).

—

Los servicios a las empresas son una fuente de innovación en la economía del conocimiento. Debería fomentarse la investigación para seguir desarrollando la «ciencia de los servicios» y, en particular, los conocimientos prácticos metodológicos que deberán aplicarse en los procesos empresariales.

—

Deberían reforzarse los derechos de propiedad intelectual (DPI) y otros mecanismos de protección mediante el cumplimiento de la legislación pendiente sobre patentes a fin de animar a las empresas a invertir más en I + D e innovación.

—

El papel de las TCI en la innovación de los servicios ha de reconocerse y fomentarse con objetivos tales como garantizar la prestación de los servicios, en particular en las PYME, mediante acceso a Internet de banda ancha y alta velocidad en toda Europa, esforzándose al mismo tiempo por resolver los problemas de seguridad y privacidad relacionados con las redes de comercio electrónico digitales. La iniciativa de la Comisión Europea «i2010» desempeña un papel importante en este contexto.

—

La ingeniería de servicios es una nueva disciplina útil como base para mejorar la calidad de los resultados de los servicios a las empresas mediante una planificación sistemática mejorada. Este enfoque innovador merece desarrollarse como especialidad para la investigación y la educación en las universidades, escuelas de negocios y otros organismos de formación.

—

Las normas pueden desempeñar un papel útil para lograr unos servicios de mayor calidad y unos mercados de la UE más integrados. Con este fin, debería fomentarse una normalización voluntaria de los servicios en general, y de los servicios prestados a las empresas en particular.

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Encontrando soluciones para reforzar el capital humano en la UE e invertir la creciente fuga de cerebros de las actividades de investigación de la UE.

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Introduciendo nuevos incentivos para el sector privado a fin de aumentar su cuota de actividades de I + D siguiendo la línea de la Estrategia de Lisboa.

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Perfeccionando los datos y la información sobre los servicios a las empresas y sobre los servicios prestados por las empresas industriales.

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Mejorando la transparencia de los mercados de prestadores de servicios a las empresas.

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Previendo más recursos para mejorar la educación, la formación, el aprendizaje electrónico y las destrezas lingüísticas para permitir el desarrollo de servicios transfronterizos a las empresas.

1.1

El presente dictamen estudia el impacto de los servicios a las empresas en el empleo, la competitividad y la productividad en la industria manufacturera europea y la manera en que este sector puede seguir desarrollándose, siguiendo la línea del programa de Lisboa. Se presta atención a la evolución de la nueva disciplina conocida como «ingeniería de servicios» y al impacto de la externalización/subcontratación de servicios a las empresas.

1.2

Existe preocupación sobre las perspectivas de la economía europea y la manera en que esta última afrontará el surgimiento de una competencia fuerte por parte de las economías de bajo coste. En Europa, tanto la industria manufacturera como los servicios han perdido muchos puestos de trabajo en beneficio de otros países que disfrutan de una ventaja comparativa en términos de costes y cualificaciones (como, por ejemplo, China, en lo que se refiere a la industria manufacturera, y la India, en lo que se refiere a los servicios a las empresas). A pesar de esta evolución, la industria manufacturera sigue desempeñando un papel clave en la economía europea. Según las últimas estadísticas disponibles para 2004, la UE es el mayor exportador de mercancías, por un valor superior a 1 200 millardos (1) de dólares de Estados Unidos.

1.3

Se considera que la industria manufacturera sigue siendo la fuente principal de cambio tecnológico y de innovación en la UE, pero también cabe señalar que no ha logrado incrementar sus actividades en los ámbitos de la tecnología punta y del alto valor añadido en la última década. El crecimiento vinculado a los servicios a las empresas, en particular mediante el uso de servicios con gran intensidad de conocimientos, constituye un canal complementario para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de empleo y la adquisición de nuevas ventajas competitivas. Los servicios a las empresas también proporcionan fuentes de innovación no tecnológica (por ejemplo, organizativa), que mejoran los activos intangibles de las empresas y los conocimientos prácticos de los trabajadores.

1.4

El extraordinario cambio en el consumo en favor de los servicios en las economías altamente desarrolladas no indica una tendencia a la desindustrialización, como a veces se asume. Esta evolución puede considerarse como un reflejo estadístico de una creciente división del trabajo en las economías desarrolladas y una disgregación de cadenas de valor verticales previamente integradas. Los prestadores de servicios especializados ofrecen actualmente servicios que antes se prestaban de manera internalizada por las empresas manufactureras. Han evolucionado nuevas empresas de servicios, que están apoyando el esfuerzo de la industria europea por aumentar la eficiencia y absorber nuevas tecnologías que generarán nuevos productos de mayor valor añadido.

1.5

La investigación reciente demuestra que el tipo de economía que se está desarrollando es un modelo donde los servicios y la industria manufacturera están integrados y tienen un carácter complementario. La demanda de servicios existe dondequiera que haya una economía industrial fuerte, y se desarrolla como consecuencia de esta última. No representan una alternativa exclusiva (2).

1.6

El presente Dictamen no defiende un fomento especial de los servicios a costa de descuidar la industria manufacturera, sino que destaca la interdependencia entre la industria y el sector de los servicios (3). Destaca el potencial positivo de mejora y expansión de los servicios a las empresas. El CESE hace hincapié en la contribución positiva de los servicios a las empresas para aumentar la productividad y la competitividad del sector industrial europeo. Al mismo tiempo, el sector de los servicios a las empresas mejora su propia productividad mediante la innovación, incluida la rápida adopción de nuevas tecnologías, atrayendo a un mayor número de empleados altamente cualificados y mejorando las condiciones de trabajo (4).

1.7

La externalización/subcontratación de servicios a prestadores de servicios especializados que pueden aprovechar las economías de escala y la innovación continua de los procesos tiene una repercusión positiva en los costes y la productividad. No obstante, la utilización de conocimientos y servicios innovadores a las empresas por parte de las PYME no parece todavía suficiente. También ha de facilitarse mediante programas adecuados de reciclaje la capacidad de los trabajadores para pasar de la industria manufacturera a los servicios a las empresas.

1.8

En la actualidad, la mayoría de los servicios a las empresas los prestan proveedores nacionales. No obstante, no está garantizado que vaya a seguir siendo así en el futuro. Una serie de servicios a las empresas pueden prestarse desde el extranjero a un nivel europeo más amplio, incluidos los nuevos Estados miembros y países candidatos, o incluso global, en función de los costes y la oportunidad (externalización «near-shoring» y «offshore»). Las últimas cifras muestran que en 2004 la UE-25 presentaba un balance positivo de 42,8 millardos de euros en el comercio de servicios (un aumento de 5,8 millardos de euros con respecto a 2003) (5).

1.9

Es necesario efectuar un análisis permanente y en profundidad de las estructuras y los procesos de las empresas, para identificar aquellas funciones que pueden comprarse a prestadores especializados de servicios a las empresas o redes de empresas (servicios compartidos) que pueden desempeñar estas funciones más eficazmente al operar a una escala mayor y poniendo en común su experiencia. Aunque esto podría repercutir en el empleo en la industria manufacturera, en ocasiones puede ayudar a contrarrestar los posibles efectos negativos de la externalización «offshore», mantener la industria manufacturera en Europa y aumentar la demanda de empleo en los servicios a las empresas. El refuerzo de los puestos de trabajo de servicios cualificados en las empresas proporciona nuevas ventajas competitivas.

2.1

Todos los sectores de la economía europea sienten los efectos de la globalización y la necesidad de cambio para adaptarse a nuevas circunstancias. La política industrial puede desempeñar un papel positivo en este contexto. En su Comunicación Acompañar los cambios estructurales: Una política industrial para la Europa ampliada  (6), la Comisión Europea señaló que tiene intención de desarrollar una política industrial adecuada para acompañar las transformaciones industriales:

2.2

Más recientemente, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE — hacia un enfoque más integrado de política industrial  (7). Dentro de este marco para la política industrial, la Comisión identificó siete principales iniciativas políticas intersectoriales:

El descuido de los servicios en general y de los servicios a las empresas en particular es un grave defecto de esta Comunicación. El CESE pide que los servicios a las empresas formen parte integrante de toda política industrial e insta a la Comisión Europea a ampliar el alcance de los futuros planteamientos en materia de política industrial mediante la integración de los servicios a las empresas. Una política industrial eficaz también deberá tomar en consideración las implicaciones sociales y en materia de empleo de las transformaciones industriales. Esto significa hacer mayor hincapié en la formación permanente y un mayor apoyo para facilitar la movilidad de los trabajadores.

2.3

Europa debe adoptar más ampliamente y con mayor intensidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC). La intensificación de las TIC y su integración en la industria es tan importante como en los servicios a las empresas. En lo que se refiere a la adopción de las TI, Europa está por detrás de sus competidores principales. El gasto per cápita en TI en 2004 fue de 732 euros para Europa Occidental, 1 161 euros para los Estados Unidos y 1 012 euros para Japón. El gasto en TI en términos de porcentaje del PIB fue del 3,08 % para Europa Occidental, 4,55 % para los Estados Unidos y 3,59 % para Japón (8). El Grupo de reflexión («task force») de la Comisión sobre competitividad de las TIC desempeña un papel importante en este contexto.

2.4

La diferencia de productividad de los industriales europeos se achaca, a menudo, a la falta de asimilación de tecnología y a un aprovechamiento insuficiente del potencial de las TIC, en particular por las PYME. La causa de este problema no parece ser el coste de los equipos (hardware), sino la falta de conocimientos y experiencia de las PYME en materia de TIC, lo que les dificulta adaptarse a los rápidos cambios, y a la creciente complejidad, de las TIC. Existe una «brecha digital» que separa a las pequeñas de las medianas empresas, teniendo como consecuencia que todavía no se hayan explotado todas las posibilidades de las TIC y de los modelos de comercio electrónico (e-business) (9). Los servicios a las empresas desempeñan un papel importante para hacer eficaz el sector de las TIC y obtener así aumentos de productividad sostenibles.

2.5

El mercado interior de los servicios en general, y de los servicios prestados a las empresas en particular, no está completo y existen numerosos obstáculos que impiden la eficiencia, la competitividad y la creación de nuevas oportunidades de empleo. En el «Informe presentado en el marco de la primera fase de la estrategia para el mercado interior de servicios» (10) se reconoció la existencia de numerosos obstáculos, pero se han realizado algunos progresos mediante la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Además de los aspectos reguladores de los mercados de servicios a las empresas, son necesarias políticas complementarias como las señaladas en el presente documento para garantizar la necesaria competitividad de la UE en el mercado global, así como el progreso social y económico.

3.2

Los servicios a las empresas constituyen un grupo de actividades muy heterogéneas que van desde los servicios profesionales (como, por ejemplo, la ingeniería, la contabilidad y los servicios jurídicos) hasta servicios de alto valor añadido (como, por ejemplo, servicios de TIC y consultoría de gestión), servicios de personal (como, por ejemplo, selección de personal, colocación de empleados en otras empresas y trabajo temporal) y servicios de apoyo a la actividad de la empresa, ya sean de escaso valor añadido (limpieza, seguridad y restauración) o de valor creciente (gestión de la energía, suministro y tratamiento de las aguas y otros fluidos, tratamiento del aire y de los residuos). En estos grupos de actividades, merecen especial atención las condiciones laborales y sociales.

Recuadro 1.   Principales servicios necesarios para el funcionamiento de las empresas (enfoque funcional) (12)

3.4

Actualmente cada vez más empresas manufactureras se están introduciendo en el sector de los servicios. No sólo ofrecen servicios postventa, sino que cada vez más descubren el valor añadido vendiendo su experiencia en ingeniería, diseño o innovación de procesos a otras empresas como parte de su negocio. Está surgiendo un nuevo modelo híbrido de empresa que incluye a empresas con actividades industriales/de servicios. Los clientes buscan cada vez más «soluciones» en vez de simplemente productos, y a menudo es la capacidad para prestar servicios adicionales lo que proporciona a una empresa manufacturera su ventaja competitiva.

3.5

Falta de datos estadísticos específicos sobre los servicios a las empresas  (14). Existe una falta de información estadística sobre la demanda de servicios. La interrelación entre los distintos sectores no está suficientemente documentada. La información sobre las actividades de servicios y su contribución a las economías de los Estados miembros de la UE se mejorará posiblemente con una revisión del sistema de clasificación NACE, prevista para 2007. La clasificación revisada proporcionará una mejor idea de la estructura y el desarrollo del sector de los servicios (15). También falta información sobre hasta qué punto las empresas industriales prestan servicios.

3.6

Fragmentación y escasez de información y análisis en relación con los servicios a las empresas. El CESE considera que es necesario que un Observatorio Europeo de Servicios a las Empresas recabe información, fomente la investigación, estimule el debate y sugiera y supervise la aplicación de las recomendaciones políticas. Un observatorio o una acción similar conduciría a una mejor comprensión de la nueva y veloz evolución del sector y serviría de punto de encuentro entre los responsables políticos y las partes interesadas.

3.7

Normalización de los servicios. La mayor aceleración de la normalización voluntaria de los servicios basándose en las necesidades del mercado y en pruebas sólidas incluye aumentar la seguridad de base, la calidad y los resultados y fomentar la competencia y la innovación en la prestación de servicios. Este reto deberán afrontarlo el CEN, la ISO y los organismos nacionales de normalización. El desarrollo de normas voluntarias en el sector de los servicios estimularía, sin duda, el comercio de servicios a través de las fronteras y ayudaría a impulsar el mercado interior de los servicios.

4.1

Los servicios prestados a las empresas tienen una gran importancia a la hora de ayudar al sector de las PYME a realizar su contribución potencial a la innovación y el crecimiento. Está comprobado que las PYME más dinámicas utilizan ampliamente los servicios a las empresas. Frente a las presiones de la internacionalización, debe fomentarse una mayor utilización de estos servicios por una gama más amplia de PYME.

4.2

Capacidad nacional de innovación.

La capacidad de una nación para producir nuevas ideas y comercializar un flujo de tecnologías innovadoras a largo plazo se ve influida por una serie de factores (17):

4.3

El 85 % de la investigación de la UE se concentra en la industria (Estados Unidos 66 %), y no existen cifras fiables para un desglose de las actividades de I + D en el sector de los servicios. Del total de I + D en la industria, el 87,5 % se realiza en ocho ámbitos específicos (productos químicos, ingeniería mecánica, maquinaria de oficinas, maquinaria eléctrica, comunicaciones con semiconductores, instrumentos, vehículos de motor y aeronáutica y vehículos espaciales).

4.4

En términos de gasto absoluto, la UE no ha logrado superar la distancia que le separa de los Estados Unidos en I + D; en realidad, esta distancia ha aumentado en la última década.

4.5

Una mayor atención a la financiación de I + D en servicios de alta tecnología e intensidad de conocimiento (de margen elevado) reviste una importancia fundamental para la competitividad de la industria europea. El «objetivo del 3 %» (18) sería más fácil de alcanzar si los gobiernos aumentasen sus compromisos de financiación y si se animase y ayudase al sector privado a invertir más en este ámbito, incluidos los servicios a las empresas.

4.6

Un Instituto Europeo de Tecnología, como propone la Comisión Europea en una reciente Comunicación de la Comisión (19), resulta útil, pero la tecnología ha de ir acompañada de estrategias de negocios y organizativas eficaces.

4.7

En el recuadro que figura a continuación, se refleja el impacto de las funciones innovadoras de los servicios prestados a las empresas:

Recuadro 2.   Funciones innovadoras de los servicios a las empresas (20)

4.8

Algunas de las empresas más innovadoras de Europa se encuentran en los servicios a las empresas, pero el nivel general de I + D en el sector de los servicios es demasiado bajo y está desestructurado. Con frecuencia surgen nuevos modelos de servicios y de empresas a partir de las costosas y largas tentativas y fracasos de distintas empresas. Es necesario que la UE apoye la investigación en ámbitos escogidos a fin de actualizar los conocimientos prácticos de las empresas en tecnologías punta globales de vanguardia.

4.9

Es importante encontrar maneras de mejorar el acceso de las PYME a los resultados de la investigación y apoyarlas en el desarrollo de productos a corto plazo.

4.10

Si se quiere que las empresas inviertan más en innovación e I + D, la Comisión Europea ha de garantizar la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y ha de actuarse para aplicar la propuesta pendiente sobre las patentes de invenciones aplicadas por ordenador.

4.11

Hace falta una mejor legislación y regulación.

5.1

Es necesaria una revisión radical del sistema de creación de conocimiento de la UE, incluidas las siguientes medidas:

6.1

La innovación en los servicios ha sido objeto de intenso debate y estudio, sobre todo en Alemania desde mediados de los años 90. La ingeniería de servicios generó gran parte del impulso de los trabajos tanto académicos como prácticos en este ámbito. Se ha transformado en una disciplina técnica preocupada por el desarrollo y diseño sistemáticos de productos de servicios utilizando modelos, métodos e instrumentos adecuados. Aunque la ingeniería de servicios también incluye aspectos de la gestión del funcionamiento de los servicios, el desarrollo de nuevos productos de servicios es un elemento clave. Al mismo tiempo, la ingeniería de los servicios también se ocupa del diseño de sistemas de desarrollo; en otras palabras, de cuestiones de la gestión general de la I + D y de la innovación relacionadas con los servicios.

6.2

La investigación básica en nuevos modelos, métodos e instrumentos empresariales imprimirá un valioso impulso a la ingeniería de los servicios. Los enfoques integrados para desarrollar conjuntamente bienes físicos, «software» y servicios pasarán a ser una característica arraigada. Por último, la creciente armonización de las normas en materia de servicios fomentará la especificación y el desarrollo eficaz de nuevos servicios (21).

6.3

La ingeniería de servicios es uno de los pocos ámbitos del sector de los servicios que ha sido configurado de manera importante por la investigación europea. Una integración más estrecha en redes internacionales y el desarrollo sistemático de una comunidad independiente de ingeniería de servicios son fundamentales para mantener un liderazgo en el futuro en este ámbito (22).

7.1

Hacia la intensificación de las prestaciones en línea. Se está prestando una atención cada vez mayor al crecimiento y al impacto de la obtención internacional de servicios de tecnología de la información y de servicios de proceso empresarial que permiten las TIC. Se están reorientando los servicios a las empresas mediante la aplicación de las TIC y una mayor intensificación de las prestaciones en línea, sobre todo en ámbitos como los servicios de «software», servicios de I + D y de ensayos técnicos, servicios de consultoría y servicios de desarrollo de recursos humanos y de suministro de mano de obra. Todo ello está impulsado, sobre todo, por el mercado debido a:

7.2

Explorar los beneficios potenciales de la extraterritorialización (offshoring) para la economía de la UE. Están aumentando los desafíos globales en la progresiva prestación de servicios externalizados desde cualquier punto del mundo. Por lo tanto, Europa debería estar preparada para prestar y exportar servicios de alta calidad al resto del mundo. Las prestaciones digitales y el consiguiente apoyo al comercio electrónico están destinados a aumentar. La extraterritorialización internacional de los servicios relacionados con la empresa se concentra actualmente en funciones burocráticas (como, por ejemplo, servicios de IT, servicios financieros y de contabilidad, funciones de atención telefónica al cliente). En los servicios de mayor valor añadido, como la ingeniería, investigación y análisis de TI, la UE todavía mantiene su posición. No obstante, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de cualificaciones y costes relacionados en el mercado global van inevitablemente a afectar a las decisiones de las empresas europeas en mayor medida en el futuro. Constituye un desafío para el mercado laboral europeo proporcionar oportunidades de empleo que requieran mayores cualificaciones y evitar el desempleo (23).

7.3

Obstáculos para la prestación digital generalizada de servicios. Existen obstáculos para el desarrollo de las prestaciones digitales que deberían estudiarse a fondo, y debería encontrarse soluciones para que las empresas europeas de servicios puedan ser más agresivas y expandirse más en el exterior de la UE. Entre estos obstáculos se encuentran la falta de normas y de interoperabilidad, de seguridad y confianza en el comercio electrónico, la ausencia de inversiones en infraestructuras de banda ancha fijas y móviles y la todavía demasiado lenta adaptación a las TIC por las PYME.

8.1

El empleo en los servicios prestados a las empresas ha aumentado de forma impresionante en las últimas décadas. Los niveles de crecimiento anual entre 1979 y 2002 fueron del orden del 4,5 %, muy por encima de los niveles de cualquier otro sector económico. El porcentaje de empleo de los servicios a las empresas en relación con el empleo total fue del 9 % en 2003 en la UE-15 y del 8,6 % en la UE-25. El sector de los servicios en general, y los servicios a las empresas en particular, desempeñarán un papel clave a la hora de proporcionar nuevos empleos en el futuro y compensar la disminución del empleo en la industria manufacturera.

8.2

El recuadro 3 que figura a continuación muestra cómo el empleo en los servicios a las empresas aumentó hasta 2002 en comparación con el conjunto de la economía.

Recuadro 3.   Tasas de crecimiento anual del empleo en los servicios a las empresas, 1979-2002 (24)

8.3

El crecimiento dinámico del empleo en los servicios, y en particular en los servicios a las empresas que requieren alta intensidad de conocimiento, es una característica de las economías modernas. Aunque las tasas de empleo en los servicios a las empresas y las tasas de crecimiento varían en Europa de un país a otro, puede afirmarse que «no hay ningún país pobre con muchos servicios a las empresas ni ningún país rico donde los servicios a las empresas sean escasos» (25).

8.4

Cabe esperar que el crecimiento del empleo en los servicios y, en particular, en los servicios a las empresas que requieren alta intensidad de conocimiento continúe, aunque a un ritmo algo más moderado. No obstante, con arreglo al recuadro 4, será superior al previsto en otras actividades económicas. Se espera que los niveles de crecimiento sean bastante superiores en los nuevos Estados miembros, donde el desarrollo de los servicios parte de unos niveles absolutos muy inferiores.

Recuadro 4.   Tendencias del empleo en los distintos sectores en Europa Occidental

Nota: Se define a Europa Occidental como la UE15 + Noruega + Suiza.

Fuente: Cambridge Econometrics Press Release, What has happened to the Lisbon agenda, noviembre de 2005.

8.5

Una característica especial del empleo en los servicios a las empresas es el alto nivel académico. Como muestra la encuesta de población activa de la UE, en 2003 el porcentaje de empleo correspondiente a puestos de trabajo «de alta cualificación» era del 41 %, frente al 38 % de 1998. El porcentaje de mano de obra escasamente cualificada era del 17 %, frente al 25 % en 1998. El hecho de que la mayoría de los puestos de trabajo en los servicios a las empresas requieren cualificaciones de nivel medio y alto también plantea un desafío a los sistemas educativos europeos (y, en particular, a las políticas de aprendizaje permanente), ya que las transformaciones estructurales de las industrias europeas exigirán que un mayor número de trabajadores pasen de otros sectores de empleo a los servicios a las empresas. En este contexto, será importantísima una aplicación rigurosa de la agenda educativa de Lisboa para 2010. En el recuadro 5 se muestra el nivel educativo en distintos sectores.

Recuadro 5.   Nivel educativo en los principales sectores de actividad económica y en los servicios a las empresas, UE15, 2003 (26)

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/38

1.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea relativa a la creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (en lo sucesivo, el «FEAG»). El CESE manifiesta su acuerdo con el objetivo de que las intervenciones del FEAG tengan lugar en caso de que, a resultas de perturbaciones económicas graves e imprevisibles, surjan problemas sociales inmediatos y de envergadura para los trabajadores.

1.2

El CESE reconoce que la responsabilidad primera recae en los Estados miembros y que el FEAG sólo debería intervenir a instancias de un Estado miembro y tras la decisión correspondiente de la autoridad presupuestaria. Las normas deben ser claras.

1.3

En ocasiones de perturbaciones graves, es fundamental que las partes interesadas –empresas, interlocutores sociales, Gobierno, entes regionales y otros– lleven a cabo una política anticipatoria, tengan un espíritu empresarial dinámico y la responsabilidad regional, adopten las medidas oportunas a su debido tiempo y sean cooperativos. Como instrumento de la solidaridad de la UE, el FEAG tiene una función complementaria. Para que el Fondo sea creíble las expectativas no deben llevarse demasiado lejos.

1.4

Las acciones específicas financiadas por el FEAG deben ajustarse a la planificación general de todas las partes interesadas afectadas. El FEAG no debería intervenir en ámbitos para los que los Estados miembros tienen la competencia exclusiva. Debería quedar claro que el Fondo se destina a oportunidades de empleo para personas que se hallan en circunstancias económicas muy difíciles.

1.5

El CESE exhorta a la Comisión a garantizar la participación activa de los interlocutores sociales en procesos orientados a crear empleo para los trabajadores despedidos. Lograr el objetivo de una «reinserción rápida» de los trabajadores despedidos en el mercado laboral suele ser una tarea ardua. Los hechos muestran que tales procesos requieren mucho tiempo.

1.6

Al objeto de aumentar la eficacia y la coherencia, se debería garantizar una coordinación precisa entre los diferentes instrumentos existentes, en particular entre el FEAG y los Fondos Estructurales.

2.1

En marzo de 2006 la Comisión presentó una propuesta para la creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (1), con el objeto de conceder ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la reinserción laboral de los trabajadores en regiones o sectores damnificados por perturbaciones económicas graves.

2.2

Las perturbaciones económicas graves pueden implicar deslocalizaciones a terceros países, un incremento masivo de las importaciones o la disminución progresiva de la cuota de mercado de la UE en un determinado sector. El criterio más importante para el FEAG es el caso del despido de más de mil trabajadores de una empresa o grupo de empresas en regiones en las que el desempleo sea más elevado que la media.

2.3

Las acciones subvencionables por el FEAG deberían crear las condiciones para una rápida reinserción en el mercado laboral de las personas que han perdido su empleo. Con este tipo de ayuda se complementan las normativas nacionales y los programas específicamente regionales. Las medidas incluidas son: la formación, la asistencia a la relocalización, las ayudas a las empresas nacientes y las prestaciones de renta suplementarias.

2.4

El FEAG intervendrá únicamente a instancias de un Estado miembro. El importe pagado por la UE no podrá sobrepasar el 50 % del coste total estimado del conjunto de medidas previstas por dicho Estado miembro.

2.5

No existe una disposición financiera específica en las perspectivas financieras para el Fondo, que se financiará mediante fondos infrautilizados y desafectados. La autoridad presupuestaria decidirá cada intervención del Fondo, lo que implica la plena responsabilidad del Consejo y el PE.

2.6

Se prevé un procedimiento presupuestario detallado. Los Estados miembros serán responsables de la gestión de las acciones respaldadas por el FEAG. La Comisión desempeñará un papel de supervisión. En caso de que el importe sea inferior al coste de la acción tendrá lugar un reembolso.

2.7

La Comisión llevará a cabo una evaluación continua de los resultados, criterios y eficacia del Reglamento, así como una evaluación ex-post. A partir de 2008, la Comisión presentará un informe anual sobre la aplicación del Fondo, con las correspondientes evaluaciones.

3.1

La propuesta, destinada a mostrar la solidaridad de la UE con los trabajadores despedidos a resultas de cambios repentinos en los patrones del comercio mundial, se basa en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005. Como solución de compromiso, forma parte integrante del acuerdo sobre las perspectivas financieras. Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto (2) con información pertinente sobre el contenido y el ámbito de aplicación del FEAG.

3.2

El FEAG está separado de los Fondos Estructurales y será uno de los instrumentos de la UE necesarios para seguir adaptando la economía europea y aumentar su competitividad (3).

3.3

Los Fondos Estructurales se destinan a medidas anticipatorias a largo plazo con un enfoque plurianual, mientras que el FEAG no se orienta a lograr objetivos de reestructuración. De manera específica, se dirige a las personas de las regiones afectadas por fuertes cambios en los patrones del comercio mundial. Estas situaciones, infrecuentes pero dramáticas, pueden requerir ayudas únicas individualizadas y limitadas en el tiempo. Los Fondos Estructurales no cubren algunos de los objetivos del FEAG.

3.4

Hasta cierto punto, el programa de 1962 de la Trade Adjustment Assistance («ayuda a los ajustes comerciales») (TAA) de los EE UU ha servido de ejemplo. La TAA tenía por objeto corregir la asimetría entre las repercusiones negativas de la apertura de los mercados y la liberalización internacional de regiones o casos específicos e individuales y sus beneficios globales. No obstante, no es fácil comparar la TAA y el FEAG, debido a las diferencias culturales entre los EE UU y la UE y a los distintos criterios utilizados.

3.5

El FEAG debería funcionar de conformidad con las mejores prácticas definidas por la OCDE, que establece la necesidad de que se determinen claramente los grupos de trabajadores damnificados por los cambios estructurales de los mercados y se preste ayuda durante periodos limitados con arreglo a los principios de rentabilidad, transparencia y responsabilidad.

3.6

El FEAG pretende contribuir a desarrollar el enfoque de la «flexiguridad» en la Unión, un equilibrio entre flexibilidad y seguridad del empleo, y completará las políticas y prioridades estratégicas plurianuales de los Fondos Estructurales.

4.1

En principio, el Reglamento se refiere al efecto positivo general de la globalización en el crecimiento y el empleo de la UE. No obstante, el CESE señala que es muy probable que, al mismo tiempo, se produzcan efectos negativos visibles a nivel sectorial y regional. El FEAG será un instrumento específico con vistas a reforzar las oportunidades de reinserción laboral para los trabajadores afectados por graves perturbaciones económicas. Es una lástima que en la evaluación del impacto (4) no se haya llevado a cabo un análisis de casos concretos.

4.2

Dado que el cuarto considerando del Reglamento requiere que las actividades del FEAG sean «coherentes y compatibles con las demás políticas de la Comunidad, y conformes a su acervo», las propuestas deberían ser objeto de un examen pormenorizado por parte de una serie de responsables políticos de la Comisión, en especial de la DG de Competencia, a fin de evitar una asignación injustificada de subsidios estatales.

4.3

El FEAG representa un paso adelante concreto por parte de la Unión Europea para afrontar las consecuencias de graves cambios en el comercio exterior y el mercado internacional. En el futuro, se podría considerar la posibilidad de un instrumento similar para mitigar los efectos negativos del comercio interno y del mercado interior de la UE (por ejemplo, la deslocalización dentro de la UE o la política fiscal).

4.4.1

Se requieren unos criterios estrictos de intervención. No obstante, el criterio mencionado en el artículo 1: «prestar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, cuando dichos despidos tengan una incidencia negativa importante en la economía regional o local», constituye una formulación bastante imprecisa. Los Estados miembros tienen la responsabilidad primera de presentar solicitudes de intervención del Fondo. La Comisión debería garantizar una aplicación equitativa de los criterios en todos los casos y a todos los Estados miembros.

4.4.2

La carga de la prueba en lo relativo a las solicitudes recae en los Estados miembros. La Comisión examinará y controlará rigurosamente las solicitudes, lo que incluirá la utilización de orientaciones y respaldo financiero sobre una base de caso por caso. Esto implicará un proceso de aprendizaje de actuación y experiencia práctica para la Comisión, los Estados miembros y la autoridad presupuestaria por igual. Deben evitarse las ambigüedades: los mismos enfoques y normas deben ser válidos y aplicarse en toda la Unión.

4.4.3

En lo que respecta al nivel mínimo de despidos en regiones específicas, los criterios de intervención establecidos en el artículo 2 son inequívocos. El criterio de «mil trabajadores» no se limita a una empresa, sino que incluye el conjunto de los asalariados en todos los procesos de un sector.

4.4.4

En general, las razones para reducir el número de trabajadores se basan en una serie de factores, como la modernización, la racionalización, el cambio de los métodos de producción, y, ciertamente, los patrones del comercio internacional. Es infrecuente que un factor específico predomine de manera total.

4.4.5

Se ha tomado como ejemplo la TAA estadounidense. Sin embargo, en la descripción que la Comisión hace del funcionamiento de la TAA, el vínculo entre los patrones cambiantes del comercio y las acciones gubernamentales orientadas a neutralizar su efecto en los despidos es bastante difuso. Además, los criterios y el historial de la aplicación de la TAA son muy distintos de lo que la UE tiene previsto.

4.4.6

Se buscará una financiación del FEAG en el caso de cambios económicos bruscos y circunstancias imprevisibles. No obstante, las tendencias al cambio son, por lo general, visibles antes de que se sienta el impacto real del cambio en cuestión. La buena gestión empresarial implica la adopción a su debido tiempo de medidas preventivas.

4.4.7

Esto significa que cualquier medida de apoyo que se planifique a escala nacional y de la UE deberá tener en cuenta la manera en que las empresas y los propios interlocutores sociales han previsto el cambio. Por ejemplo, ¿qué grado de importancia tienen las medidas de apoyo, si los interlocutores sociales y las empresas han omitido determinar a su debido tiempo la evolución que podría amenazar los mercados y el empleo?

4.5.1

La diferencia entre los Fondos Estructurales y el FEAG es triple: a) diferencia en dimensiones: 44 000 millones de euros frente a 500 millones de euros anuales, para el próximo periodo de programación 2007-2013; b) diferencia en el enfoque: a largo plazo y anticipatorio, para amplias cuestiones de modernización, frente a enfoque a corto plazo para conseguir la rápida reinserción de trabajadores en el mercado laboral, y c) en razón de su volumen y alcance, los Fondos Estructurales tienden a ser burocráticos, mientras que el FEAG pretende seguir un planteamiento no burocrático.

4.5.2

Se debe asegurar una distinción rigurosa entre los Fondos Estructurales y el FEAG. El FEAG es, por definición, un fondo a corto plazo, tiene duración limitada y se centra en casos concretos. A más largo plazo se pueden prever compromisos adicionales de los Fondos Estructurales en el marco de un contexto regional más amplio. En caso de que las acciones sean complementarias, se deben respetar las distintas filosofía y estructura de cada Fondo.

4.5.3

No será fácil crear las condiciones para una «rápida» reinserción de trabajadores despedidos en el mercado laboral, si el contexto y las circunstancias no son favorables, como en el caso de las regiones en las que predomina una única actividad industrial, regiones atrasadas, o en las que faltan mecanismos que faciliten la formación y el reciclaje profesional sobre el terreno, etc. Se debería prestar una atención especial a la gestión de trabajadores de edad mediana y avanzada a fin de evitar la fuga de cerebros. En estos casos específicos probablemente se requiera una combinación de FEAG y Fondos Estructurales, así como la mejor utilización posible de la red EURES para fomentar las oportunidades de movilidad en Europa. La ausencia de una coordinación eficaz podría plantear problemas. A este respecto, el tercer apartado del artículo 5 requiere una atención especial.

4.5.4

Las acciones subvencionables que contempla el artículo 3 deben considerarse conjuntamente con las disposiciones de los artículos 5 y 6, en especial en lo que se refiere a la interrelación e interacción entre acciones regionales, nacionales y de la UE. En la medida en que las acciones de la UE son complementarias a las medidas regionales y nacionales, la experiencia adquirida en el pasado en la UE –como las relativas a los programas Resider, Rechar y Retext– y en otras situaciones podría ser útil, si se tiene en cuenta que al FEAG no se le ha confiado ningún papel de reestructuración.

4.5.5

En casos específicos podría ser útil seguir el enfoque sectorial utilizado en la moderna política industrial para examinar los análisis y definir el uso de los instrumentos.

4.5.6

Para una serie de Estados miembros es especialmente importante que las políticas del mercado de trabajo y las relacionadas con la renta sigan siendo una responsabilidad nacional y que se prohíba a la Comisión injerirse en las competencias nacionales. En consecuencia, en el conjunto completo de medidas elaboradas por un Estado miembro para tratar una crisis específica, la contribución de la UE debe centrarse de manera explícita en las personas y en alentar la reinserción de los trabajadores despedidos en el mercado de trabajo. A este respecto, el CESE se remite a los criterios de aplicación del antiguo capítulo social del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que podría contribuir a evitar solapamientos institucionales y conflictos.

4.6

La autoridad presupuestaria debe desempeñar un papel crucial. El CESE acoge positivamente el hecho de que el Reglamento prescribe debidamente y en detalle los procedimientos financieros que han de seguirse.

4.7

El Reglamento se ha redactado para casos de emergencia concretos, que, como norma general, precisan una acción rápida y eficaz. Esto significa que en la aplicación de las normas la burocracia debe, naturalmente, minimizarse, a pesar de que al mismo tiempo se requiere la debida precaución. El objetivo debería seguir siendo la prestación de una ayuda eficaz en un periodo de tiempo lo más breve posible.

4.8

En el pasado (reciente), se llevó a cabo una reestructuración exitosa en una serie de casos, incluso en los complicados. A pesar de que los casos concretos son siempre únicos, el amplio espectro de la reestructuración indica que los esfuerzos regionales concentrados de todas las partes interesadas, que a menudo gozan del respaldo de sus gobiernos, con un claro interés en la creación de las condiciones necesarias para la constitución y desarrollo de empresas nuevas o consolidadas del sector industrial o relacionadas con los servicios, han favorecido el éxito.

4.9

En la mayoría de los casos, los planes económicos y sociales se han elaborado en estrecha cooperación entre el Gobierno nacional, los entes regionales y los interlocutores sociales, que, en general, han organizado mesas redondas y han hecho participar a todas las partes interesadas de la región.

4.10

En cuanto al FEAG, es necesario prever y aplicar procedimientos semejantes con vistas a que el Fondo sea un éxito. A este fin, los representantes de la Comisión tendrán que participar de manera directa en las reuniones y encuentros mencionados a nivel regional y local.

5.1

Aunque la Comisión estableció la asignación presupuestaria de 500 millones de euros para el FEAG mediante simulaciones estadísticas basadas en casos concretos, la cantidad debería evaluarse y probablemente ajustarse anualmente en función de la evolución de la situación y de la información obtenida a partir de la aplicación del Fondo.

5.2

En el artículo 2 se especifica que una grave perturbación económica justifica la intervención del FEAG. El CESE invita al Consejo a que, antes de que este Reglamento entre en vigor, estudie las definiciones de los fenómenos mencionados en el párrafo introductorio de dicho artículo. Las definiciones de demasiado alcance podrían, en una fase posterior, obstaculizar el proceso decisorio eficaz por parte de la autoridad presupuestaria. Las definiciones demasiado restrictivas podrían tener el mismo efecto. Un debate del Consejo podría contribuir a clarificar el dilema y hallar un punto de equilibrio, así como constituir una valiosa contribución con vistas a la elaboración de las directrices de la Comisión.

5.3

Se debe dar cuenta con claridad de todas las intervenciones. Deberían tenerse en cuenta las medidas anticipatorias que lleven a cabo las propias empresas, así como los interlocutores sociales y las demás partes interesadas. Este aspecto podría incluirse en las directrices de la Comisión.

5.4

Como parte de la evaluación anual, y con vistas a una posible modificación en virtud del artículo 20, debería considerarse la posibilidad de una evaluación de los criterios de intervención establecidos en el artículo 2 (número de trabajadores afectados, dimensión territorial e indicadores de empleo) para poder asegurar que los criterios de intervención también son lo suficientemente flexibles para adaptarse a la diversidad de las regiones específicas, en particular en los países pequeños con predominio de pequeñas y medianas empresas.

5.5

En las letras a) y b) del artículo 3 se establecen las acciones subvencionables para una intervención financiera del FEAG. El CESE observa que las cuestiones relacionadas con la renta como los derechos de jubilación y los beneficios sociales son una competencia exclusiva de los Estados miembros. El FEAG debería limitarse a financiar diversos tipos de medios de educación y formación, así como las condiciones marco. En circunstancias específicas esto podría incluir ayudas salariales para personas que tienen o buscan un empleo.

5.6

En el apartado 1 del artículo 10 se establece la contribución máxima del FEAG en el 50 % del conjunto total de medidas previstas por cada Estado miembro. El CESE no desea cuestionar este porcentaje, pero señala que existe una relación entre el nivel de la contribución financiera del FEAG y el número e importancia de los casos que deben tratarse.

5.7

En lo que respecta al artículo 12, el CESE propone que la letra b) del primer apartado se reformule como sigue: «elementos que acrediten el cumplimiento de los criterios previstos en el artículo 2 y de los requisitos del artículo 6».

5.8

El CESE considera que los interlocutores sociales y las otras partes interesadas de las regiones deben participar en cada fase del procedimiento del FEAG. La Comisión también debería informar al CESE y al Comité de las Regiones.

5.9

A partir de 2008 la Comisión presentará informes anuales sobre el FEAG. Una evaluación ex-post podría ser objeto de debate en el Consejo. El artículo 20 prevé una revisión formal del Reglamento a más tardar en diciembre de 2013. El CESE recomienda que la Comisión también incluya una evaluación del FEAG en su Libro Blanco que ha de publicarse en 2009 ante la perspectiva del debate intermedio sobre el presupuesto de la UE.

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/42

1.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión porque los obstáculos a la votación transfronteriza distorsionan el mercado único.

1.2

El bloqueo de acciones, es decir, la obligación de depositar o bloquear acciones varios días antes de una junta general para poder votar, todavía existe en varios Estados miembros de la UE. De hecho, esta práctica es obligatoria en algunos países. Se trata de una práctica costosa que disuade a los accionistas de negociar sus acciones antes de la junta general. La mayoría de los inversores institucionales considera esta medida como uno de los principales obstáculos a la votación. El artículo 7 de la propuesta de Directiva suprime todo tipo de bloqueo de acciones mediante depósito u otros medios en una entidad de crédito o de otro tipo antes de que se celebre la junta general. El CESE considera que se trata de un avance positivo, aun sabiendo que el número de países donde todavía se permite el bloqueo de acciones es reducido.

1.3

El CESE estima que la Directiva debería reconocer los esfuerzos llevados a cabo a favor de una mejor legislación y, en particular, recuerda el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», firmado en diciembre de 2003, según el cual el Consejo alentará a los Estados miembros «a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos».

1.4

El CESE aboga por una mayor utilización del voto electrónico para mejorar la transparencia y estimular la participación de los accionistas, pero considera que es una cuestión que incumbe a las empresas afectadas. No obstante, espera que los Estados miembros no impongan trabas a que se generalice la participación electrónica en las juntas generales.

1.5

Consecuentemente con el punto precedente, el CESE es partidario de una mayor utilización de la votación segura por Internet, que podría ser incluso mediante SMS. Se deberían estimular estos mecanismos, pero sin ser impuestos por una Directiva CE.

1.6

En particular, el CESE se congratula de las propuestas relativas al voto mediante representación establecido en el artículo 10. Además, considera especialmente oportuno que se supriman las trabas al voto mediante representación, ya que algunos Estados miembros restringen esa posibilidad de representación a los familiares de los accionistas.

1.7

El CESE respalda que los Estados miembros puedan establecer una fecha única, que corresponda a un número específico de días antes de la junta general, y que las empresas no tengan la obligación de responder a preguntas presentadas con posterioridad a esa fecha.

1.8

El CESE recomienda que se refuerce el artículo 5 relativo a la transmisión de información a los accionistas antes de una junta general.

2.1

Debido a la reciente avalancha de escándalos asociados a la mala gestión empresarial en la UE y en Estados Unidos, es necesario animar a los accionistas a participar de manera más activa mediante la votación en las juntas generales. El objetivo de la propuesta examinada es proteger los derechos de los accionistas, no solo en la UE sino en todo el mundo.

2.2

El objetivo de esta propuesta es mejorar la gobernanza empresarial de las sociedades de la UE con cotización en bolsa a través de la mejora de los derechos que los accionistas pueden ejercer en las juntas de la sociedad. En particular, pretende garantizar que los accionistas de sociedades con sede social y cotización en bolsa en otro Estado miembro puedan votar sin problemas en las juntas de la sociedad.

2.3

La propuesta de Directiva examina cuatro cuestiones muy importantes:

2.4

Esta propuesta es una de las medidas a corto plazo anunciadas en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 21 de mayo de 2003 (1), titulada «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar».

2.5

La Comisión señala que el proceso de votación en las juntas generales de las empresas varía mucho de unos Estados miembros a otros y que, frecuentemente, es un proceso complejo que se complica aún más cuando las acciones son transfronterizas.

2.6

La Comisión estima que la legislación comunitaria en vigor no contempla suficientemente el problema de la votación transfronteriza. Actualmente, el artículo 17 de la «Directiva sobre la transparencia» (Directiva 2004/109/CE) exige que las empresas faciliten determinada información para las juntas generales. Pero la Directiva sobre la transparencia no aborda el proceso de votación de los accionistas.

2.7

La votación puede ser un proceso complejo. Frecuentemente son intermediarios quienes tienen las acciones en nombre de los inversores. Cuando éste es el caso, la votación puede implicar una cadena de intervenciones en la que participan sociedades, registros, bancos depositarios, gestores de inversión, depositarios de valores centrales y agencias de voto mediante representación.

3.1

No hay garantías de que el mercado sea capaz de reaccionar de manera suficientemente rápida para reforzar los derechos de los accionistas ni de que todos los Estados miembros tengan previsto modificar su legislación de manera adecuada para afrontar el problema de la complejidad del proceso de votación.

3.2

Si la Comisión optara por una recomendación, que no es jurídicamente vinculante, ofrecería a los Estados miembros la posibilidad de integrarla en sus sistemas nacionales sobre la base de las orientaciones de la Comisión.

Una recomendación no garantizaría la adopción de unas normas mínimas en ámbitos esenciales que son la causa de los problemas en el proceso de votación transfronteriza y que aumentan los costes, como es el caso del bloqueo de las acciones, donde lo que disuade a los inversores es la posibilidad de que ese requisito exista en la legislación nacional.

3.3

Un reglamento introduciría una norma uniforme, independientemente de la legislación vigente en los distintos Estados miembros. También podría garantizar la adopción de un marco común riguroso sobre cuestiones transfronterizas. Además, tendría la ventaja adicional de evitar que los Estados miembros «sobrerregulen» (gold plating) una directiva.

La Comisión opina que los costes asociados a un reglamento podrían ser considerables, puesto que impediría aplicar una cierta flexibilidad a las diferencias que caracterizan a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros de la UE.

3.4

Una directiva permitiría diferentes prácticas en los distintos Estados miembros, evitaría un desequilibrio entre distintas categorías de acciones y accionistas, y favorecería normas básicas mínimas.

4.1.1

Los principales beneficiarios de la propuesta serán, a corto plazo, los inversores institucionales que actualmente tienen en sus carteras acciones transfronterizas. La existencia de costes adicionales, asociados a los obstáculos que presenta la votación transfronteriza, implica que los inversores no pueden participar en la gobernanza de las sociedades de una manera tan activa como podrían querer.

4.1.2

A largo plazo, la propuesta podría alentar a aumentar sus cuotas de dichas acciones a los pequeños inversores, que actualmente no tienen ninguna motivación para adquirir acciones transfronterizas debido a los elevados costes asociados a la votación. De esta manera podrían diversificar aún más sus carteras y reducir así el riesgo. En general, a largo plazo la propuesta aumentará la liquidez en los mercados europeos de capital.

4.1.3

Actualmente existe una serie de obstáculos a la votación transfronteriza. El bloqueo de acciones sigue siendo un problema en algunos países y muchos inversores consideran que es un obstáculo importante a la votación. En este sentido constituye un obstáculo al funcionamiento eficaz de los mercados transfronterizos de capital. Además, existe confusión entre los inversores sobre la naturaleza exacta de los acuerdos de bloqueo entre los Estados de la UE. Esto conlleva igualmente un elevado coste para los inversores, que la propuesta de Directiva podría reducir.

4.1.4

Respecto a la información que reciben los accionistas con motivo de la junta general existe una distinción injustificada entre los accionistas nacionales y los accionistas transfronterizos en detrimento estos últimos. La propuesta de la Comisión garantiza que la información será pertinente y estará disponible en su debido momento en todos los mercados, por lo que debería contribuir a mitigar el problema.

4.1.5

La jurisprudencia del Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) destaca que los Estados miembros tienen que evitar los abusos cometidos por una categoría de accionistas en detrimento de otras categorías.

4.1.6

El voto mediante representación y los requisitos de nuevo registro suelen ser caros y existen algunos indicios basados en la evaluación de impacto de la Comisión que sugieren que el importe de estos costes disuade efectivamente a los pequeños accionistas de votar. La propuesta de la Comisión simplificará el proceso de designación de representantes, aclarará quién puede ser designado como representante y reforzará los derechos de los representantes en algunos países.

4.1.7

En aquellos casos en los que el presidente de la junta represente a algunos accionistas, tendrá la obligación de emitir esos votos estrictamente de conformidad con la voluntad de esos accionistas.

4.2.1

La fijación de un plazo de notificación uniforme, como propone la Comisión, privará de flexibilidad a aquellos Estados miembros que solo exigen un periodo de notificación de catorce días para convocar una asamblea general extraordinaria.

4.2.2

La exigencia de responder por escrito a las preguntas de los accionistas es fundamental.

4.2.3

Los artículos 5 y 7 de la propuesta de Directiva establecen un plazo de 30 días entre la fecha de notificación y la fecha de la reunión, con el fin de que los accionistas puedan votar sus acciones.

5.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión porque los obstáculos a la votación transfronteriza distorsionan el mercado único.

5.2

Habida cuenta de que el sector financiero tiene una gran influencia en el crecimiento económico y del empleo, se debería desalentar todo elemento que inhiba la participación de los accionistas. Ese es el objetivo de la propuesta de la Comisión.

5.3

Actualmente la votación transfronteriza es, en principio, más costosa para los accionistas no residentes que para los residentes en el país en el que la empresa en cuestión tenga sus acciones, lo cual constituye un ejemplo de distorsión del mercado.

5.4

El Comité opina que actualmente existen demasiados obstáculos que entorpecen indebidamente la votación por representación en algunos Estados miembros.

5.5

El bloqueo de acciones, es decir, la obligación de depositar o bloquear acciones varios días antes de una junta general para poder votar, todavía existe en diversos Estados miembros de la UE. De hecho, esta práctica es obligatoria en algunos países. Se trata de una práctica costosa que disuade a los accionistas de negociar sus acciones durante unas semanas antes de la junta general. La mayoría de los inversores institucionales considera esta medida como uno de los principales obstáculos a la votación.

5.6

El CESE está de acuerdo con la Comisión en que la transmisión postergada de información importante para una junta general, la transmisión de información incompleta, las resoluciones en forma de sumario o los plazos cortos de notificación son algunos de los principales obstáculos que afrontan los accionistas no nacionales cuando quieren ejercitar sus derechos como accionistas. Todos los documentos relevantes, incluidos los informes de los auditores, las respuestas a las preguntas de los accionistas y las notificaciones de juntas generales, y las mociones que hayan de ser presentadas en esas reuniones deberán estar disponibles tanto de manera electrónica como física.

5.7

El artículo 8 establece la participación en la junta general por medios electrónicos. Puesto que la tecnología evoluciona a gran velocidad, la propuesta de la Comisión es que «los Estados miembros no prohibirán la participación de accionistas en la junta general por medios electrónicos».

5.8

El texto de la Comisión no aborda de manera específica el problema de las «acciones al portador», cuya notificación se hace actualmente en buena medida a través de anuncios en los periódicos. El CESE opina que la notificación electrónica es más moderna, rápida y barata.

5.9

El artículo 10 aclara los mecanismos para el voto mediante representación y deroga las disposiciones que permiten a ciertas empresas imponer restricciones sobre la persona que puede tener una representación.

5.10

El CESE desaconseja que se escoja la opción de actuar por pasiva, es decir, dejar la situación actual tal y como está. Los obstáculos hacen que la votación transfronteriza sea excesivamente costosa para los pequeños accionistas y muy costosa para los inversores institucionales.

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/45

1.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de reglamento que establece bases jurídicas para el establecimiento de las paridades de poder adquisitivo (PPA), lo que deberá mejorar la transparencia, oportunidad y calidad de todo el proceso de elaboración de PPA, tanto a nivel comunitario como nacional.

1.2

Dada la trascendencia de la materia sobre la que versa esta propuesta de reglamento y la necesidad de contar con normas vinculantes que delimiten las competencias de la Comisión y de los Estados miembros a la vez que establecen bases homogéneas de cálculo y transmisión de datos en materia de PPA, el Comité recomienda la pronta aprobación del proyecto de reglamento.

1.3

El CESE señala, sin embargo que, debido a razones de coste, en la actualidad, la Comisión (Eurostat) calcula las PPA por países, no por regiones (1). Sin embargo, estos cálculos se utilizan, entre otras cosas, para evaluar el rendimiento económico de las regiones. Los datos existentes ponen de manifiesto que –dentro de los Estados miembros– existen diferencias regionales en los precios de bienes y servicios que, en algunos casos, son considerables. Aunque los institutos estadísticos que recogen las informaciones básicas aplican correctores espaciales, es imprescindible que tales correctores sean adecuados para evitar distorsiones en el cálculo de las PPA. Cabe recomendar, por lo tanto, que los Estados miembros realicen el mayor esfuerzo que esté económica y técnicamente a su alcance para que los coeficientes correctores espaciales reflejen con la mayor precisión posible las diferencias geográficas en materia de precios.

1.4

Por las razones indicadas en el punto anterior, el plazo mínimo de seis años para la revisión de los coeficientes espaciales parece excesivo y, por lo tanto, resulta aconsejable su reducción. Asimismo, dado que la frecuencia para el suministro de informaciones de base tiene, según el proyecto de reglamento, el carácter de mínima (2), resulta conveniente que la información sobre precios se realice, si es posible, cada dos años (3) (el proyecto fija un mínimo de tres años).

1.5

Con carácter general, debe resaltarse la necesidad de que se haga un esfuerzo para aumentar la eficacia del aparato estadístico de la UE, tanto en lo que se refiere a su dotación técnica y humana como a la coordinación entre Eurostat y los institutos estadísticos nacionales, que tienen importantes responsabilidades para el cálculo de las PPA.

2.1

El Programa-OECD PPA se creó a comienzos de los años ochenta con objeto de comparar de manera regular y puntual, el PIB de los Estados miembros de Unión Europea y de la OCDE (4). Por lo tanto, las PPA son tipos de conversión de monedas que transforman los indicadores económicos expresados en monedas nacionales nominales en una moneda común artificial, denominada Estándar de Poder Adquisitivo (EPA), que iguala el poder adquisitivo de las distintas monedas nacionales.

2.2

Los agregados de volumen económico en EPA se obtienen dividiendo su valor original en monedas nacionales por la correspondiente PPA. Utilizando PPA como factores de conversión es posible comparar el volumen puro del PIB de los países expresado en EPA, al haberse eliminado el componente del nivel de precios.

2.3

Las PPA son, a la vez, deflactores de precios y conversores de monedas. Con la implantación del euro en los Estados miembros de la zona euro, por primera vez se pueden comparar directamente los precios entre dichos países, que tienen diferente poder adquisitivo en función de los niveles de precios nacionales. Por consiguiente, para los países que no pertenecen a la zona euro, las PPA son conversores de monedas y eliminan los efectos de los distintos niveles de precios, mientras que para los países de la zona euro sólo cumplen la segunda función de deflactores de precios.

2.4

Las PPA se calculan sobre una cesta de bienes y servicios comparables, seleccionados tomando como base sistemas como la classification of individual consumption by purpose (COICOP (5)) y la classification of products by activity (CPA), entre otros. El trabajo de campo se realiza en una o varias ciudades dentro del territorio económico (generalmente sólo en las capitales de los Estados miembros). La mayoría de los Estados miembros aplica correctores espaciales para tener en cuenta las diferencias regionales aunque existe algún Estado miembro que sólo toma en consideración los datos de la capital en cuanto considera que, dada la reducida extensión geográfica, no se registran tales diferencias.

3.1

El PIB refleja el resultado del conjunto de actividades de los operadores económicos de un territorio económico en un periodo determinado, generalmente un año. El PIB se calcula conforme a un sistema de cuentas nacionales, que en el caso de la UE es el sistema europeo de cuentas económicas integradas 1995 (SEC-95). El PIB se puede medir desde el punto de vista de la producción, el gasto o la renta. A efectos de las PPA, medir el gasto reviste una especial importancia, ya que revela en qué medida los bienes y servicios producidos (o importados) por la economía de un país se usan para el consumo privado, el consumo público, la formación de capital o la exportación.

3.2

Para poder hacer una comparación real es necesario utilizar factores de conversión (deflactores espaciales) que reflejen las diferencias de nivel de precios entre países. No pueden utilizarse los tipos de cambio porque éstos suelen reflejar otros elementos además de las diferencias de precios.

3.3

Por lo tanto, se han elaborado PPA específicas entre las monedas de diversos países para que se puedan utilizar adecuadamente como factores espaciales de conversión.

4.1

En un comienzo, los mayores usuarios fueron organizaciones internacionales como Eurostat, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Pero con el tiempo el uso de estadísticas en términos de PPA se ha extendido y actualmente existen múltiples usuarios: agencias gubernamentales, universidades e institutos de investigación, así como empresas públicas y privadas. Los bancos utilizan las PPA para sus análisis económicos y para el seguimiento de los tipos de cambio, y los individuos particulares y sus empleadores las utilizan para establecer las retribuciones cuando se trasladan de un país a otro.

Debe añadirse la posibilidad de que las PPA se empleen en la negociación colectiva transnacional para los aspectos salariales.

4.2.

Las PPA son indicadores vitales para la UE tanto desde el punto de vista económico como político. Por una parte, la normativa establece su aplicación en lo relativo a los Fondos Estructurales (6). Por otro, son la referencia obligada para el Fondo de Cohesión (7). Corresponde señalar, sin embargo, que, mientras en el primer caso (Fondos Estructurales) el cálculo se basa en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, en el segundo (Fondo de Cohesión), se toma en cuenta el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. El proyecto de Reglamento al que se refiere este dictamen considera únicamente el PIB (8).

4.3.

Además, las PPA se utilizan para elaborar los coeficientes correctores aplicados a las remuneraciones y pensiones de los funcionarios y demás agentes de las Comunidades Europeas (9).

5.1

La propuesta de reglamento tiene el propósito de cubrir un vacío legal estableciendo un marco jurídico para el cálculo de las PPA. Se pretende mejorar la transparencia y la calidad de los datos que aportan los Estados miembros mediante reglas comunes para el suministro de información (art. 1). El objetivo perseguido, por lo tanto, afecta favorablemente no sólo a Eurostat como coordinador de los resultados, sino también a los institutos estadísticos de cada país.

5.2

Delimitación de responsabilidades y competencias. A la Comisión le corresponderá, a través de Eurostat, coordinar la información de base, calcular y publicar las PPA y ajustar la metodología en concertación con los Estados miembros (art. 4.1.), mientras que será función de éstos aportar la información básica, certificar «por escrito» los resultados de las encuestas y velar por la fiabilidad de los datos (art. 4.2).

5.3

Los institutos estadísticos de los Estados miembros transmitirán a Eurostat la información básica elaborada según parámetros comunes y de conformidad con un formato técnico idéntico (Art. 5 y anexo I).

5.4

Las unidades estadísticas son las que están definidas en el Reglamento (CEE) no 696/1993 u otras que se establezcan en el futuro (art. 6) y habrá un sistema de control de calidad establecido entre la Comisión y los Estados miembros (art. 7).

5.5

Eurostat calculará las PPA una vez por año (art. 8) y será la encargada de su difusión a un nivel agregado por cada Estado miembro (art. 9).

5.6

El proyecto de reglamento no obliga a los Estados miembros a realizar encuestas con el solo objetivo de determinar los coeficientes correctores aplicables a remuneraciones y pensiones de funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas (Art. 10).

5.7

Coeficientes de ajuste temporal y espacial. El cálculo de las PPA se obtiene a partir de precios nacionales medios anuales (art. 2.2). Dado que «la recogida de datos podrá limitarse a una o más zonas geográficas dentro del territorio económico» y, asimismo, «a un período de tiempo específico», los Estados miembros deben aplicar un coeficiente de ajuste temporal (cuya antigüedad no será superior a un año) y un coeficiente de ajuste espacial (cuya antigüedad no será superior a seis años) (Anexo I. Metodología, números 2 a 4).

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/47

1.1

La propuesta de la Comisión se refiere a un nuevo proyecto de informatización aduanera que, a largo plazo, deberá automatizar totalmente el sistema aduanero europeo, haciéndolo interoperativo, seguro, accesible y enteramente electrónico, sin soporte papel. Constituye el complemento necesario para la aplicación del nuevo Código Aduanero Comunitario propuesto por la Comisión (1), que ha sido objeto de otro dictamen del CESE.

1.2

La adopción del sistema de informatización propuesto supone esfuerzos conjuntos y coordinados de todos los Estados miembros, en lo que se refiere no sólo a las aduanas, sino también a los organismos responsables de las fronteras distintos de los aduaneros propiamente dichos, que deben desempeñar la tarea de llevar a la práctica los conceptos de interfaz única y ventanilla única: estos dos objetivos permitirán a los operadores un funcionamiento simplificado, más rápido y más económico de las operaciones aduaneras, y a las aduanas un control más eficaz de la gestión de los riesgos.

1.3

Los Estados miembros ya han realizado inversiones notables para la aplicación de sistemas aduaneros informatizados: existen sin embargo entre estos últimos diferencias importantes, tanto en términos de nivel de sofisticación como en lo que se refiere a la normativa y a la utilización de los datos. La armonización lograda hasta ahora es pues insuficiente, a lo que cabe añadir un problema más importante aún, pendiente de solución: la falta de interoperatividad de los sistemas.

1.4

La interoperatividad permitirá el intercambio de información entre las administraciones de los distintos países; como prueba de atención al ciudadano, el proyecto prevé también la posibilidad de proporcionar interfaces con los operadores comerciales, no sólo para permitir la aplicación del principio de la ventanilla única, sino también para garantizar el intercambio de información. Cuando sea plenamente operativo, el nuevo sistema informatizado representará un avance decisivo -al menos desde el punto de vista puramente aduanero- hacia la realización de un mercado interior unificado, cuyas únicas fronteras serán las exteriores. Por otra parte, se ha de tener presente que la dimensión global de los mercados exige tener en cuenta las relaciones con terceros países, aspecto éste que no se menciona en el documento de la Comisión.

2.1

La Comisión destaca que los objetivos de la informatización basada en sistemas aduaneros interoperativos también habrían podido alcanzarse a través de un sistema aduanero centralizado; precisa, no obstante, que esta solución no es posible, por distintas razones, entre los cuales la dificultad de transferir las responsabilidades operativas de los Estados miembros a la propia Comisión sin incumplir los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Probablemente, el verdadero motivo de esta imposibilidad reside no obstante en la reticencia de los Estados miembros a abandonar sus prerrogativas, aún a sabiendas de que una parte de los ingresos aduaneros es competencia directa del presupuesto comunitario. Ahora bien, el CESE considera que la gestión comunitaria de las aduanas debería figurar entre los objetivos a largo plazo de la Unión: este tipo de gestión presenta ventajas desde el punto de vista de la simplicidad, de la fiabilidad y de los costes, así como de las posibilidades de interconexión con otros sistemas de la UE y de terceros países. Con los posibles retrasos en la aplicación de los sistemas básicos creados por cada uno de los 25 Estados miembros, conviene estudiar si no sería preferible aplicar sistemas totalmente automatizados, como los sistemas automatizados de importación y de exportación conectados entre sí por un punto de acceso europeo único.

2.2

La iniciativa de la Comisión corresponde en primer lugar a un «deber de acción», en la medida en que la aplicación del nuevo Código Aduanero exige que los procedimientos sean coherentes con las nuevas normas. Además, se inscribe en el marco de una serie de iniciativas adoptadas en otros sectores en los ámbitos de la eEuropa y la Administración electrónica (2). Más específicamente, constituye la prolongación de los compromisos asumidos en 2003 a raíz de la Comunicación de la Comisión al Consejo «Un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas» (3). Por otra parte, estos compromisos ya se habían esbozado –al menos en lo que se refiere a la parte relativa a la supresión del soporte papel– en el programa «Aduana 2007» (4) y se repitieron con motivo de la modificación realizada en 2004 en el Reglamento sobre el Código Aduanero (5).

2.3

El CESE no puede sino aprobar las principales innovaciones introducidas por el sistema propuesto por la Comisión: la interconexión de los sistemas nacionales, la creación de una interfaz para los operadores por medio de la ventanilla única, la posibilidad de introducir por vía electrónica las solicitudes para tramitar los aranceles aduaneros y la gestión integrada de los riesgos constituyen sin duda fundamentos de progreso, a condición de que la colectividad y los operadores puedan soportar los correspondientes costes. En este sentido, sería oportuno considerar las consecuencias de estos cambios para el personal de las aduanas (medios, formaciones, carreras profesionales, adaptación, etc.).

2.4

No obstante, el CESE debe formular algunas observaciones sobre la integración de los sistemas informáticos y su complementariedad. La Comisión pretende llegar a la plena interoperatividad de los sistemas aduaneros: es decir, las administraciones aduaneras deberán poder intercambiar información entre ellas así como con «otras autoridades involucradas en la circulación internacional de mercancías». Es evidente que en esta definición no están incluidas las administraciones encargadas de la recaudación del IVA. En este sentido, una conexión orgánica entre las aduanas y las administraciones del IVA podría ser útil para controlar, al menos en algunos casos y para algunas mercancías, la falsificación de las marcas de origen. No cabe duda de que este fenómeno no es nuevo, pero está en continua expansión: a menudo sucede que mercancías importadas de terceros países se ponen en circulación (pagando el IVA) dentro de la Comunidad con marcas de origen europeo o marcas «europeas» falsificadas.

2.5

El CESE desea además llamar la atención sobre el segundo considerando de la propuesta de decisión: «La iniciativa de Administración electrónica a escala paneuropea … exige la adopción de medidas tendentes a lograr una organización más eficaz … la lucha contra el fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo, …». La intención es clara; lo que no queda tan claro es saber cómo las disposiciones contenidas en la propuesta pueden permitir alcanzar este objetivo. En efecto, la recogida de datos con fines aduaneros no puede servir para otros objetivos sin que el sistema se preste a la interoperabilidad con otros sistemas.

2.5.1

En diciembre de 2004, basándose en una evaluación de la Comisión (6) y una recomendación del PE de 14 de octubre de 2004, el Consejo aprobó el«programa de La Haya». Este programa definía una serie de medidas y acciones para reforzar la seguridad en la UE y, en particular, establecer una«cooperación policial, aduanera y judicial». En un documento posterior, de 10 de junio de 2005, se elaboraba un plan de acción para la aplicación del programa de La Haya, el cual hacía referencia a una Resolución del Consejo JAI (justicia y asuntos interiores) de 30 de marzo de 2004 en materia de cooperación aduanera, así como a una Comunicación sobre la lucha contra el tráfico transfronterizo de mercancías prohibidas o reguladas. En un documento más reciente (7), se citaba de nuevo la cooperación aduanera entre las prioridades. Todos los proyectos previstos en los documentos antes citados se basan en la disponibilidad de información en materia de represión, elemento que figura también en el programa de La Haya. Considerando el conjunto de la materia y la naturaleza de los proyectos en curso, es evidente para el CESE que si se prevé un sistema aduanero informatizado -destinado a durar– es necesario prever que en el momento de su aplicación, o posteriormente, el banco de datos aduanero funcione en interacción con otros sistemas y en particular con los que se ocupan de la seguridad interior, tanto europeos como de terceros países. Por supuesto, los imperativos esenciales siguen siendo el respeto de la vida privada, el secreto profesional y la protección de datos.

2.5.2

El documento de la Comisión no se hace eco de esta preocupación, al margen de la cita señalada en el punto 2.5.1. Y tampoco en la exposición de motivos se hace referencia alguna al programa de La Haya. En efecto, bajo el título «Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión», se citan únicamente la estrategia de Lisboa y las iniciativas en el ámbito eEuropa y eAdministración. Incluso teniendo en cuenta el artículo 3(d) –al que se hace referencia más adelante–, una omisión de esta magnitud no puede ser casual, y la Comisión debería explicar claramente las razones de aquella; en cualquier caso, no sería aceptable un simple aplazamiento de una iniciativa que ya tendría que haber sido adoptada.

2.5.3

En la fase preparatoria del documento, la Comisión organizó seis seminarios a lo largo de un período de dos años, consultó a los usuarios y celebró debates en el marco del Comité del código aduanero, el Grupo de política aduanera, el Grupo Aduana 2007 y el Grupo de contacto con los operadores; en cambio, no se hace mención alguna a contactos con Europol, la OLAF u otras direcciones generales de la Comisión. Un sistema no puede proyectarse únicamente en función de las exigencias de sus usuarios directos; si ha de estructurarse de modo que pueda conectarse a otros sistemas, es preciso conocer las características y las necesidades de éstos. El CESE considera que se ven confirmadas así las reservas que manifestó en su dictamen sobre el Código Aduanero Comunitario sobre la ausencia de una verdadera toma de conciencia de la interdependencia de las distintas administraciones públicas en la lucha contra la criminalidad.

2.5.4

Tal vez resulte difícil proceder a una modificación completa del enfoque adoptado en el sentido indicado en el punto anterior debido a la brevedad de los plazos de aplicación impuestos por el programa; en cambio, no parece imposible prever a partir de ahora medidas de seguridad para las «mercancías sensibles» (armas, explosivos, materiales nucleares, máquinas y equipamientos para la industria química, la industria nuclear y la industria de defensa, estupefacientes, alcohol, tabaco). Estas medidas podrían traducirse en una recogida de datos para su transmisión, de manera automática o tras la correspondiente solicitud, a las autoridades competentes en cada uno de estos ámbitos.

2.6

Los costes financiados por el presupuesto comunitario son, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los necesarios para garantizar la interoperatividad de los sistemas, la interfaz única y los portales de información aduanera. Se han estimado estos costes en aproximadamente 180 millones de euros, distribuidos en dotaciones anuales de importe creciente, desde 4 millones en 2006 hasta 111 millones a partir de 2011. El CESE está de acuerdo con esta financiación, pero manifiesta su perplejidad por la decisión de imputar al presupuesto comunitario los gastos relativos a los portales nacionales: si bien es cierto que éstos están en principio a disposición de todos los operadores, tanto nacionales como de otros países de la Unión, cabe prever que en su gran mayoría serán utilizados por los operadores nacionales. Por consiguiente, resultaría más indicado que el coste de los portales fuese sufragado por cada Estado miembro y no por la Comunidad. Naturalmente, las condiciones serían distintas si la Comisión hiciera referencia a los portales europeos, de los cuales no se habla de una manera explícita.

2.7

En cuanto a los plazos de aplicación, la Comisión ha elaborado un calendario obligatorio para todos los Estados miembros en el que los plazos se calculan a partir de la fecha de publicación de la decisión en el Diario Oficial: tres años para adoptar sistemas de tramitación aduanera automatizados e interoperativos, sistemas de registro de los agentes económicos y portales de información; cinco años para la constitución de una red de puntos de acceso únicos y de un marco arancelario conforme a las normas comunitarias; seis años para garantizar servicios de interfaz única. El CESE considera que estos plazos, sobre todo el primero, se han establecido con un cierto optimismo: tres años no son muchos si se tiene en cuenta el hecho de que deben incluir varios meses de prueba de los programas y de intercambios con los demás participantes. Además, no todos los Estados miembros poseen el mismo nivel de informatización y de disponibilidad de recursos financieros y humanos. Sería perjudicial para el funcionamiento del sistema, y más aún para su credibilidad, que el incumplimiento de los plazos por algún Estado miembro obligara a la Comisión a conceder prórrogas. Por lo tanto, el actual plan estratégico plurianual (MASP) precisa una revisión en la que se tengan en cuenta: