20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/1

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/2

Comisión de las Comunidades Europeas

DG Competencia

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Bruselas

20.12.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/3

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/9

Ministry of Transport

tel.: (420) 972 23 13 90

Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222

fax: (420) 972 23 10 32

P.O. Box 9

CZ-110 15 Praga 1

36.

Después del artículo 18, se inserta el nuevo artículo 18 bis siguiente, incluido el título y la nota a pie de página 11 quinquies:

«18 bis

Requisitos formales relativos a las solicitudes de concesión de derechos de tráfico y documentos que deben acompañar las solicitudes

(en relación con el artículo 70 bis, apartado 2, de la Ley)

1.   Las solicitudes de concesión de derechos de tráfico incluirán:

Los solicitantes deberán adjuntar a sus solicitudes lo siguiente:

20.12.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/12

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/14

Nota 1

Generalmente la fecha límite para obtener presunción de conformidad será la fecha de la retirada («dow»), indicada por el organismo europeo de normalización, pero se llama la atención de los usuarios de estas normas sobre el hecho de que en ciertas ocasiones excepcionales pudiera ser otro el caso.

Nota 3

En caso de Modificaciones, la norma referenciada es la norma EN CCCCC:YYYY, sus modificaciones previas, si las hubiera, y esta nueva modificación; la norma retirada y sustituida (columna 4), por lo tanto, consiste en la norma EN CCCCC:YYYY y sus modificaciones previas, si las hubiera, pero sin la nueva modificación

—

Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, podrán encontrar una lista que figura en anexo de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 98/34/CE (2) modificada por la Directiva 98/48/CE (3).

—

La publicación de las referencias en el Diario Oficial de la Unión Europea no implica que las normas estén disponibles en todos los idiomas comunitarios.

—

Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista.

—

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

—

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

—

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/15

—

nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, números de teléfono y de fax y persona de contacto;

—

el volumen de negocios en moneda nacional y el volumen en toneladas del producto afectado vendido para su exportación a la Comunidad durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006;

—

el volumen de negocios en moneda nacional y el volumen en toneladas del producto afectado vendido en el mercado nacional durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006;

—

indicación de si la empresa tiene intención de solicitar un margen individual (2) (únicamente en el caso de los productores);

—

las actividades precisas de la empresa por lo que respecta a la elaboración del producto afectado;

—

los nombres y las actividades precisas de todas las empresas vinculadas (3) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas dentro del país) del producto afectado;

—

cualquier otra información pertinente que ayude a la Comisión a seleccionar la muestra;

—

al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa es elegida para formar parte de la muestra, tendrá que contestar a un cuestionario y aceptar una investigación in situ de su respuesta. Si se manifiesta en contra de su posible inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las consecuencias de la falta de cooperación se exponen en el punto 8.

—

nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, números de teléfono y de fax y persona de contacto;

—

volumen total de negocios en euros de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006;

—

número total de empleados;

—

actividades precisas de la empresa relacionadas con el producto afectado;

—

volumen en toneladas y valor en euros de las importaciones y reventas realizadas en el mercado comunitario durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 del producto importado afectado originario de la República Popular China;

—

nombres y actividades exactas de todas las empresas vinculadas (3) implicadas en la producción o venta del producto afectado;

—

cualquier otra información pertinente que ayude a la Comisión a seleccionar la muestra;

—

al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa es elegida para formar parte de la muestra, tendrá que contestar a un cuestionario y aceptar una investigación in situ de su respuesta. Si se manifiesta en contra de su posible inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las consecuencias de la falta de cooperación se exponen en el punto 8.

i)

Toda información especificada en el punto 5.1, letra a), incisos i) y ii), deberá llegar a la Comisión en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya que la Comisión tiene intención de consultar a las partes interesadas que hayan manifestado su interés en ser incluidas en la selección final de la muestra en el plazo de veintiún días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ii)

Cualquier otra información pertinente para la selección de la muestra, tal como se menciona en el punto 5.1, letra a), inciso iii), deberá obrar en poder de la Comisión en el plazo de veintiún días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

iii)

Las respuestas al cuestionario de las partes incluidas en la muestra deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de notificación de su inclusión en la muestra.

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

Dirección B

Despacho: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax: (32-2) 295 65 05

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/19

Comisión Europea

DG Empresa e Industria, Unidad C3

B-1049 Bruselas

e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/ 16

B-1000 Bruxelles

Sra. Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail general: belnotif@mineco.fgov.be

Sitio web: http://www.mineco.fgov.be

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sr. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Sra. Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

E-mail general: eu9834@unmz.cz

Sitio web: http://www.unmz.cz

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (o DK-2100 Copenhagen OE)

Sr. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (directo)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bbc@ebst.dk

Sra. Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (directo)

E-mail: bij@ebst.dk

Sra. Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (directo)

E-mail: phe@ebst.dk

Dirección común para mensajes de notificación — noti@ebst.dk

Sitio web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34 — 37

D-10115 Berlin

Sra. Christina Jäckel

Tel.: (49-30) 20 14 63 53

Fax.: (49-30) 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sitio web: http://www.bmwa.bund.de

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Sr. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 625 64 05

Fax: (372) 631 30 29

E-mail: karl.stern@mkm.ee

E-mail general: el.teavitamine@mkm.ee

Sitio web: http://www.mkm.ee

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30- 210) 696 98 63

Fax: (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Sra. Evangelia Alexandri

Tel.: (30-210) 212 03 01

Fax: (30-210) 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

E-mail general: 83189in@elot.gr

Sitio web: http://www.elot.gr

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres «Ágora»

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Sr. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34-91) 379 83 32

Doña Esther Pérez Peláez

Consejera Técnica

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 379 84 01

E-mail general: d83-189@ue.mae.es

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sra. Suzanne Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sra. Françoise Ouvrard

Tel.: (33-1) 53 44 97 05

Fax: (33-1) 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

E-mail general: d9834.france@industrie.gouv.fr

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sr. Tony Losty

Tel.: (353-1) 807 38 80

Fax: (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sitio web: http://www.nsai.ie/

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sr. Vincenzo Correggia

Tel.: (39-6) 47 05 22 05

Fax: (39-6) 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Sr. Enrico Castiglioni

Tel.: (39-6) 47 05 26 69

Fax: (39-6) 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

E-mail general: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Sitio web: http://www.attivitaproduttive.gov.it

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409310

Fax: (357) 22 754103

Sr. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409 409

Fax: (357) 22 754 103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

E-mail general: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sitio web: http://www.cys.mcit.gov.cy

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Fax: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

E-mail general: notification@em.gov.lv

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Sra. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 52 70 93 47

Fax: (370) 52 70 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sitio web: http://www.lsd.lt

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Sr. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sitio web: http://www.see.lu

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Sr. Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36-1) 374 28 73

Fax: (36-1) 473 16 22

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Sitio web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Fax: (356) 21 24 24 06

Sra. Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail general: notification@msa.org.mt

Sitio web: http://www.msa.org.mt

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Sr. Ebel van der Heide

Tel.: (31-50) 523 21 34

Sra. Hennie Boekema

Tel.: (31-50) 523 21 35

Sra. Tineke Elzer

Tel.: (31-50) 523 21 33

Fax: (31-50) 523 21 59

E-mail general:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Sra. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43-1) 711 00 58 96

Fax: (43-1) 715 96 51 o (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sitio web: http://www.bmwa.gv.at

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

Sra. Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48-22) 693 54 07

Fax: (48-22) 693 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Sra. Agata Gągor

Tel.: (48-22) 693 56 90

E-mail general: notyfikacja@mg.gov.pl

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Sra. Cândida Pires

Tel.: (351-21) 294 82 36 o 81 00

Fax: (351-21) 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail general: not9834@mail.ipq.pt

Sitio web: http://www.ipq.pt

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Sra. Vesna Stražišar

Tel.: (386-1) 478 30 41

Fax: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Sra. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421-2) 52 49 35 21

Fax: (421-2) 52 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

Kauppa- ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Dirección para el público:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00170 Helsinki

y

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Dirección postal:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Sra. Leila Orava

Tel.: (358-9) 16 06 46 86

Fax: (358-9) 16 06 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Sra. Katri Amper

Tel.: (358-9) 16 06 46 48

E-mail general: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sitio web: http://www.ktm.fi

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Sra. Kerstin Carlsson

Tel.: (46-8) 69 048 82 o (46-8) 69 04 8 00

Fax: (46-8) 690 48 40 o (46-8) 30 67 59

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail general: 9834@kommers.se

Sitio web: http://www.kommers.se

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Sr. Philip Plumb

Tel.: (44-20) 72 15 14 88

Fax: (44-20) 72 15 13 40

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail general: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sitio web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Sra. Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail general: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sitio web: http://www.eftasurv.int

EFTA (AELC)

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Sra. Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 49

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail general: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sitio web: http://www.efta.int

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

Sr. Mehmet Comert

Tel.: (90-312) 212 58 98

Fax: (90-312) 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Sitio web: http://www.dtm.gov.tr

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/24

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4430. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu)

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/24

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4437. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu)

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/25

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4440. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu)

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/26

1.

La Comisión, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento (CE) no 45/2001, remitió al SEPD la propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, para que emitiera dictamen al respecto. Según el SEPD, el presente dictamen debe mencionarse en el preámbulo de la Decisión Marco.

2.

Esta Decisión Marco derogará la Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre de 2005, relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales (1), Decisión que tenía una perspectiva temporal limitada y que venía motivada por la urgencia. El 13 de enero de 2005, el SEPD presentó su dictamen sobre la propuesta de dicha Decisión del Consejo (2). En este último dictamen se abordaban algunas importantes cuestiones referentes al intercambio de información procedente de los registros de antecedentes penales, por ejemplo la necesidad y la proporcionalidad del instrumento propuesto. El SEPD criticó el ámbito de aplicación del instrumento jurídico (su aplicación no se limita a determinados delitos graves) y las salvaguardias previstas en la propuesta respecto de la persona sobre la que se recaban datos.

3.

También en el presente dictamen se abordarán esos elementos. Además, el dictamen tendrá en cuenta que esta propuesta es mucho más pormenorizada y prevé la instauración de un sistema permanente para el intercambio de información en un ámbito en que los Derechos nacionales de los Estados miembros relativos a los registros de antecedentes penales presentan una enorme diversidad.

4.

El presente dictamen tratará, en primer lugar, el contexto de la propuesta. En una Unión Europea sin fronteras interiores, para luchar eficazmente contra el delito es preciso que las autoridades de los Estados miembros cooperen estrechamente entre sí. No obstante, esa cooperación se enfrenta a importantes obstáculos, en parte debido a que la lucha contra el delito es fundamentalmente competencia de los Estados miembros.

5.

En segundo lugar, el SEPD tendrá en cuenta que la creación de un marco para el intercambio de información puede tener lugar conforme a diversos modelos que tienen distintas repercusiones en la protección de datos. El presente dictamen tratará los principales elementos de la propuesta (tanto en una sección general como artículo por artículo) y, de ese modo, analizará, entre otros, los siguientes aspectos:

6.

En la Declaración del Consejo Europeo sobre la lucha contra el terrorismo, de los días 25 y 26 de marzo de 2004 se mencionaba la creación de un registro europeo de condenas e inhabilitaciones como una de las medidas legislativas destinadas a seguir el desarrollando el marco legislativo para la lucha contra el terrorismo.

7.

En el Programa de La Haya cambiaron, al parecer, el objetivo y la magnitud de las aspiraciones en esta materia. En lo que atañe al objetivo, el Programa de La Haya vincula la propuesta a la información obtenida de los registros nacionales de condenas e inhabilitaciones, en particular la relativa a los delincuentes sexuales. En cuanto a las aspiraciones, se anunció una propuesta sobre la mejora del intercambio de información procedente de los registros nacionales de antecedentes penales (en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, bajo la rúbrica del reconocimiento mutuo).

8.

La propuesta es uno de los muchos instrumentos jurídicos cuya finalidad es mejorar el intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros. Tal como prevé el Tratado UE (en particular, sus artículos 29 a 31), los instrumentos para una cooperación más estrecha entre los Estados miembros desempeñan un papel fundamental en el tercer pilar. Así, el tercer pilar constituye ante todo un marco de confianza y reconocimiento recíprocos y, en medida mucho más limitada, de armonización de los Derechos nacionales. Por lo tanto, la propuesta remite a los objetivos del Título VI del Tratado UE. Sin embargo, como, en lo esencial, las competencias están en manos de los Estados miembros, es necesario prestar atención concretamente a la eficacia del nuevo instrumento jurídico, dado que éste se plantea en un contexto en que existen distintos niveles de competencias.

9.

Por otro lado, la propuesta ha de evaluarse a la luz del marco jurídico actualmente vigente en relación con el intercambio de información de los registros de antecedentes penales. El principal instrumento jurídico es el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 1959. La propuesta no pretende modificar sustancialmente el sistema de intercambio tal como queda establecido por el Convenio; lo que intenta, por el contrario, es hacer más eficaz el sistema actual, entre otras cosas creando el marco para el intercambio electrónico de información sobre condenas.

10.

Sin embargo, las diferencias lingüísticas y los diversos contextos tecnológicos y jurídicos de los Estados miembros entorpecen un intercambio verdaderamente eficaz de la información de los registros de antecedentes penales entre dichos Estados. Es evidente la falta de armonización de los Derechos nacionales en materia de registros de antecedentes penales. Existen diferencias en las legislaciones nacionales por lo que respecta a las condenas que han de consignarse en dichos registros, los plazos durante los cuales han de figurar las condenas en dichos registros, la información de los registros de antecedentes penales que ha de facilitarse a terceros y los fines para los cuales puede facilitarse dicha información. En este sentido, cabe remitirse a las observaciones formuladas por el SEPD en su dictamen sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo sobre el intercambio de información en virtud del principio de disponibilidad (3). Es preciso adoptar nuevas medidas para que la información sea efectivamente localizable y accesible (véanse asimismo los puntos 50 a 54 del presente dictamen).

11.

La propuesta no aborda de manera exhaustiva la protección de datos personales. Tan sólo algunas disposiciones se refieren específicamente a la protección de datos. Esto es perfectamente comprensible, ya que el considerando 10 de la propuesta se refiere explícitamente a la (propuesta de) Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. En efecto, esa Decisión Marco sería aplicable como lex generalis a las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo en el marco de intercambios de registros de antecedentes penales, mientras que las disposiciones más específicas en materia de protección de datos establecidas en esta propuesta se considerarían como lex specialis. Por ejemplo, las normas sobre acceso son más favorables a la persona sobre la que se recaban datos (véanse además, en el presente dictamen, los comentarios sobre el artículo 9).

12.

El SEPD respalda este enfoque, como ya ha puesto de relieve en anteriores dictámenes (4). No obstante, el Parlamento Europeo y el Consejo siguen debatiendo la propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales y también algunas cuestiones fundamentales (por ejemplo, el ámbito de aplicación y las salvaguardias respecto de las transferencias de datos a terceros países) distan mucho de haber quedado resueltas. Esta situación tiene importantes consecuencias para la evaluación de la actual propuesta.

13.

En primer lugar, esto significa que esta propuesta no puede garantizar por sí misma una protección suficiente de los datos personales en el marco del intercambio de registros de antecedentes penales. Por consiguiente, el SEPD subraya que esta Decisión Marco del Consejo no debería entrar en vigor antes de que entre en vigor la Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales. Esta sucesión deberá quedar enunciada en una disposición específica de uno de los artículos finales de la propuesta.

14.

Por otro lado, es sumamente difícil evaluar las salvaguardias sobre protección de datos que ofrece esta propuesta sin tener una imagen clara y estable de las normas generales sobre protección de datos en el tercer pilar. Por ejemplo, la propuesta prevé también la transferencia de datos personales a terceros países, pero (suponiendo que las normas generales vendrán dadas por la Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales), tan sólo establece algunas salvaguardias más específicas, si bien parciales (véanse asimismo los comentarios sobre el artículo 7). En general, de producirse, como consecuencia de las negociaciones mantenidas en el Consejo, cambios notables en el ámbito de aplicación y el contenido de la mencionada Decisión Marco del Consejo, dichos cambios afectarán a las salvaguardias de la protección de datos en el ámbito del intercambio de información de los registros de antecedentes penales. El SEPD recomienda que el Consejo ponga todo cuidado en vincular las negociaciones sobre esta propuesta a las negociaciones sobre la Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales.

15.

En primer lugar, la propuesta no abarca las condenas de nacionales de terceros países en los Estados miembros. Por razones obvias, el sistema propuesto no puede funcionar en esos casos, ya que los terceros países no están sujetos a la legislación de la Unión Europea.

16.

El SEPD considera que, en cierta medida, los instrumentos jurídicos existentes garantizan el intercambio de información sobre las condenas de nacionales de terceros países. En particular, la obligación de consignar determinados datos de dichas personas en el Sistema de Información de Schengen (5) garantiza que la información sobre determinadas condenas esté disponible en todo el territorio de la Unión Europea. Asimismo, el sistema establecido en el artículo 7 del Convenio Europol prevé el intercambio de datos sobre personas condenadas, entre otros. Sin embargo, los fines perseguidos por estos instrumentos legislativos no son los mismos que los fines perseguidos al incluir datos personales en registros de antecedentes penales. Por lo tanto, el uso de datos recabados en virtud de uno de esos instrumentos existentes en el marco de un procedimiento penal no siempre sería acorde con el principio de limitación de los fines.

17.

Además, los instrumentos existentes no garantizan que pueda intercambiarse la información de todos los registros de antecedentes penales, especialmente la información sobre personas que no entran en la definición de los artículos 95 y 96 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Por último, la situación jurídica de dichos nacionales no está clara. Por ejemplo, con arreglo al artículo 14.4, la Decisión de 21 de noviembre de 2005 (6), que se aplica a los nacionales de terceros países, quedará derogada.

18.

Tal vez fuera necesario un sistema alternativo para los nacionales de terceros países. Según la exposición de motivos, los Estados miembros estaban a favor de crear, en relación con los nacionales de terceros países, un índice de personas condenadas. La Comisión ha anunciado, para el último trimestre de 2006, una propuesta relativa al intercambio de información sobre las condenas de dichos nacionales. El SEPD evaluará dicha propuesta una vez se apruebe.

19.

En segundo lugar, la propuesta no conlleva la creación de un registro europeo de antecedentes penales ni de ninguna otra base de datos de importancia a nivel europeo. En lo que a bases de datos se refiere, el efecto principal de la propuesta es que deberán centralizarse los actuales registros nacionales de antecedentes penales, que habrá que añadirles la información relativa a los nacionales condenados en otros Estados miembros y que deberán constituirse y desarrollarse sistemas técnicos que faciliten el intercambio de información entre los Estados miembros. El SEPD celebra que la propuesta no propugne una interconexión incondicional de las bases de datos, que daría lugar a una red de bases de datos difícil de supervisar (7).

20.

El SEPD subraya, en tercer lugar, que la propuesta parece ofrecer, hablando en términos generales, un sistema apropiado y a priori eficaz de intercambio de información y destaca, en particular, los siguientes elementos de la propuesta.

21.

Según el artículo 4.2 de la propuesta, un Estado miembro en que se pronuncie una resolución condenatoria contra un nacional de otro Estado miembro y consigne dicha condena en su registro de antecedentes penales informará al otro Estado miembro. El artículo 5 establece que el Estado miembro de nacionalidad de la persona objeto de la resolución condenatoria habrá de conservar dicha información para poder transmitirla, a su vez, si la solicita un (tercer) Estado miembro con el fin de utilizarla en un procedimiento penal o, en condiciones muy estrictas, con otros fines. Si se presenta dicha solicitud, el Estado miembro de nacionalidad de la persona objeto de la resolución condenatoria facilitará determinada información (artículos 6 y 7).

22.

La propuesta recoge otras disposiciones destinadas a garantizar el funcionamiento del sistema; la más importante de ellas es la obligación de designar una autoridad central (o, para determinados fines, una o más autoridades centrales) encargadas de transmitir y conservar la información. En este orden de cosas, el SEPD quisiera referirse también a los artículos 10 y 11. El artículo 10 establece un amplio régimen lingüístico; el artículo 11 establece una forma normalizada de intercambiar la información que, tras un periodo transitorio, dará lugar a la obligación de utilizar un formato normalizado y de transmitir los datos por vía electrónica. El SEPD acoge favorablemente estas disposiciones fundamentales. Un instrumento jurídico que fomente el intercambio de información ha de contener medidas adicionales para garantizar que la información sea efectivamente localizable y accesible.

23.

Por otro lado, el SEPD pone de relieve que dicho instrumento jurídico ha de contar con definiciones claras de las responsabilidades de los distintos actores y ha de establecer la delimitación de competencias entre las instancias nacionales y europeas. No debe implantarse un mecanismo policial excesivo, sino tratar de mantener un equilibrio entre los distintos intereses que están en juego, como son el interés de la persona sobre la que se recaban datos y el de la seguridad pública. Las posibilidades de acceso a los datos han de limitarse a fines estrictamente definidos; en caso contrario, un instrumento jurídico no se ajusta a sus objetivos y, por lo tanto, no es acorde con el principio de proporcionalidad. En términos generales y pese a los comentarios formulados en los puntos 37 a 40, la propuesta cumple estas condiciones.

24.

La propuesta no se limita a las condenas por delitos graves, sino que se aplica a todas las condenas transmitidas al registro nacional de antecedentes penales de conformidad con la legislación del Estado miembro de condena. La propuesta se hace extensiva a las resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas.

25.

Este ámbito de aplicación tan amplio se debe a las notables diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en relación con el tipo de condenas que se transmiten a los registros nacionales de antecedentes penales. No corresponde al SEPD criticar esas competencias de los Estados miembros por lo que respecta a cuáles son las condenas que transmiten a los registros de antecedentes penales, incluidas las resoluciones dictadas por autoridades administrativas, en la medida en que pueden ser recurridas ante un órgano jurisdiccional penal. El SEPD recuerda, no obstante, su dictamen de 13 de enero de 2005 (véase el punto 2 del presente dictamen), en el cual concluía que el intercambio de información debía limitarse a las condenas por determinados delitos graves. Ahora, el SEPD lamenta que el legislador comunitario no justifique (ni en la exposición de motivos ni en ningún otro documento oficial) los motivos por los cuales esta propuesta sobre intercambio de información no puede limitarse a los delitos más graves. Esa explicación esclarecería por qué este ámbito de aplicación tan amplio es necesario dentro de un espacio común de libertad, seguridad y justicia y no excede los límites fijados por el principio de proporcionalidad.

26.

La designación de una autoridad central es importante desde esta óptica. Si bien ello conlleva la existencia de una base de datos centralizada de personas condenadas en cada Estado miembro, también garantiza la clara responsabilidad de una autoridad especializada en el tratamiento del registro de antecedentes penales y de la información procedente del mismo, y hace improbable que se solicite a autoridades erróneas información sobre las condenas de determinadas personas, lo cual a su vez podría dar lugar a una circulación innecesaria de datos personales. Naturalmente, es indispensable que queden claramente definidas las funciones de la autoridad central (8). En términos generales, la propuesta parece atender a esta exigencia. Asimismo, plantea la posibilidad de que las autoridades nacionales de protección de datos controlen de manera efectiva y relativamente sencilla el tratamiento de la información. Según el SEPD, ese control no se verá afectado sustancialmente en caso de que un Estado miembro utilice la posibilidad, prevista en el artículo 3, de designar más de una autoridad en un Estado miembro.

27.

En relación con el artículo 3.2, el SEPD sugiere que la lista de las autoridades designadas se publique en el Diario Oficial, lo cual redundaría en una mayor transparencia del sistema.

28.

Por otro lado, el SEPD no ve motivo para que la Secretaría General del Consejo deba informar a Eurojust de la designación de autoridades. El SEPD se pregunta para qué sirve esa notificación, sobre todo teniendo en cuenta que Eurojust no desempeña función alguna en el sistema que establece esta propuesta.

29.

El artículo 4 estipula la obligación del Estado miembro de condena de informar de toda condena al Estado miembro de nacionalidad. A continuación, la autoridad central de este último Estado miembro deberá conservar dicha información de conformidad con la obligación establecida en el artículo 5.

30.

En lo que se refiere al periodo de conservación de los registros de antecedentes penales, la propuesta parece seguir el criterio de atribuirlo al Estado de condena. En efecto, al transmitir la información sobre las condenas se indicará también el plazo durante el cual la condena ha de permanecer en los registros de antecedentes penales del Estado miembro de condena, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional de dicho Estado. También se comunicarán cualesquiera otras medidas que afecten al plazo durante el cual ha de conservarse la información. Después, el Estado miembro receptor deberá suprimir esos datos según corresponda. También parece aplicarse este mecanismo cuando la legislación del Estado miembro receptor permite únicamente un periodo de conservación más corto. El mismo mecanismo rige respecto de la alteración o supresión de la información que figura en los registros de antecedentes penales: el Estado miembro de condena informará de los cambios y el Estado miembro de nacionalidad de la persona condenada tendrá que actualizar en consecuencia sus registros.

31.

En otras palabras, el Estado de condena puede considerarse como el propietario de los datos. El Estado miembro de nacionalidad de la persona objeto de la resolución condenatoria conserva los datos en nombre de ese otro Estado. El SEPD recomienda aclarar, en el texto o en los considerandos de la propuesta, este concepto de «propiedad», que también da lugar a una clara división de responsabilidades.

32.

El SEPD ve con buenos ojos el mecanismo como tal, ya que garantiza la veracidad de los datos al hacer que se actualicen rápidamente y no se utilicen si han quedado obsoletos (véase también el artículo 5.3 de la propuesta). La veracidad de los registros de antecedentes penales es aún más importante en los casos en que la información está sujeta a numerosas transmisiones y traducciones.

33.

Con objeto de garantizar esa veracidad también en ulteriores transmisiones de conformidad con el artículo 7, el SEPD recomienda que se establezca la obligación de que la autoridad central de la nacionalidad de la persona condenada notifique las actualizaciones o cancelaciones a las autoridades centrales de los otros Estados miembros o de terceros países que hayan solicitado la información antes de que ésta fuera actualizada o cancelada. Además, las autoridades centrales de estos últimos Estados miembros habrán de estar sometidas a la obligación de actualizar o suprimir la información y a la prohibición de utilizar información obsoleta. Estas obligaciones deberán facilitar también una mejor supervisión de las condiciones para el uso de datos personales (véanse los comentarios sobre el artículo 9).

34.

Por último, el artículo 4.2 aborda la situación específica de las personas que tienen la nacionalidad de varios Estados miembros. En esos casos, la información sobre una condena se transmitirá a todos y cada uno de esos Estados miembros. La necesidad de esta transmisión múltiple es evidente. En tales casos es más obvia si cabe la importancia de los mecanismos que garantizan la veracidad de todas las bases de datos.

35.

También por lo que respecta a la participación de un tercer Estado miembro requirente es preciso contar con una división y una definición claras de las responsabilidades. Los artículos 6 y 7 tratan estas solicitudes.

36.

El artículo 7 determina en qué casos la información sobre las condenas deberá o podrá remitirse a la autoridad central del Estado miembro requirente y estipula también qué información ha de transmitirse. Además, establece la posibilidad de transmitir información sobre las condenas a terceros países. Es preciso evaluar minuciosamente todos estos aspectos.

37.

Cabe señalar que la obligación de transmitir los datos únicamente está establecida en caso de que la solicitud de información del registro de antecedentes penales se realice con el fin de utilizarla en un procedimiento penal, conforme a una lista de datos que figura en el artículo 7.1. No obstante, en los casos en que la información extraída de los registros de antecedentes penales se solicite con otros fines, el Estado miembro de nacionalidad responderá de conformidad con su legislación nacional. Además, determinará si dicha información puede transmitirse al Estado miembro requirente de conformidad con la legislación del Estado miembro de condena (artículo 7.2).

38.

El sistema es, por consiguiente, bastante complicado, ya que, a fin de cuentas, toda solicitud hecha para fines distintos de un procedimiento penal estará sujeta a tres distintos parámetros de legalidad: la legislación del Estado miembro requirente, la legislación del Estado miembro de nacionalidad de la persona condenada y la legislación del Estado miembro de condena. Este rompecabezas, que puede muy bien involucrar no sólo la ley de procedimiento criminal, sino también las normas nacionales aplicables en materia de protección de datos, deberá ser resuelto por la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad de la persona condenada dentro del plazo (10 días) establecido en el artículo 8.

39.

El SEPD se pregunta si este sistema es el más práctico y eficaz. Ciertamente, el SEPD está de acuerdo en que la transmisión de información ha de limitarse en estos casos, como se pone de relieve en el considerando 11 de la propuesta. Sin embargo, esta limitación podría lograrse mejor fijando de manera más precisa los fines para los cuales se puede transmitir la información de registros de antecedentes penales, así como restringiendo el grupo de personas que pueden solicitar dicha información, aparte del interesado. A juicio del SEPD, sólo en circunstancias excepcionales debería ser lícito que soliciten dicha información personas que no sean el interesado.

40.

Por lo tanto, el SEPD recomienda racionalizar el mecanismo y establecer una definición más limitada y precisa de los fines, distintos del procedimiento penal, para los cuales puede solicitarse la información, así como una limitación del grupo de personas que pueden solicitar dicha información.

41.

El artículo 6.2 trata una cuestión específica. Establece la posibilidad de que el interesado solicite a la autoridad central de un Estado miembro información sobre su registro de antecedentes penales, siempre y cuando el requirente sea o haya sido residente o nacional del Estado miembro requirente o del Estado miembro requerido. Esta disposición ha de entenderse en relación con el derecho más general del interesado de acceder a los datos personales que se refieren a él, también con respecto a la propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal.

42.

El SEPD acoge con agrado esa disposición, por cuanto la propuesta permite al interesado ejercer su derecho no sólo directamente, dirigiéndose a la autoridad central que controla los datos, sino también indirectamente, a través de la autoridad central del lugar en que el interesado es residente. Con todo, las disposiciones más favorables recogidas en esta lex specialis no pueden restringir en modo alguno los derechos fundamentales del interesado ni generar en él confusión acerca de sus derechos. Con respecto a este punto, el SEPD sugiere estipular que la autoridad central del lugar de residencia «presentará» –no «podrá presentar»– la solicitud a la autoridad central del otro Estado miembro.

43.

Por último, el SEPD examina el artículo 7.3, que trata de la información remitida por terceros países y de la transmisión de información a éstos. La disposición contiene salvaguardias específicas cuya finalidad es garantizar que el intercambio de información con terceros países no ponga en peligro las salvaguardias vigentes para el intercambio de información dentro del territorio mismo de la Unión Europea. En sí misma, la disposición es satisfactoria.

44.

Sin embargo, dicha disposición ha de evaluarse en relación con el artículo 15 de la propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. El artículo 15 de dicha propuesta es uno de los principales objetos de debate en el Consejo y no es nada evidente que ese artículo vaya a mantenerse en la versión final de la Decisión Marco del Consejo. El SEPD subraya que, en caso de que las negociaciones sobre la Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales excluyan de su ámbito de aplicación las normas relativas a la transmisión de datos personales a terceros países, deberán establecerse en esta propuesta normas más precisas sobre la transmisión de datos personales a terceros países, con objeto de respetar los principios fundamentales de la protección de datos, así como el Protocolo Adicional al Convenio 108 del Consejo de Europa, relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos.

45.

El intercambio de información de registros de antecedentes penales entrará en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, una vez adoptada (9). Lo mismo puede decirse de los propios registros de antecedentes penales, siempre y cuando el ámbito de aplicación de dicha Decisión Marco del Consejo no se limite a los datos personales que se hayan intercambiado entre los Estados miembros. De conformidad con la Decisión Marco del Consejo, el tratamiento de datos personales estará controlado por las autoridades nacionales de protección de datos.

46.

Los artículos de esta propuesta no remiten a la Decisión Marco del Consejo. No es necesario que remitan a ella, pues dicha Decisión se aplica automáticamente. El artículo 9 establece las condiciones de uso de los datos de carácter personal. Debe considerase como una lex specialis en relación con las salvaguardias generales referentes a la protección de datos. El artículo 9 especifica los fines para los cuales pueden utilizarse los datos. El artículo 9.1 establece una norma básica clara: los datos solicitados para su uso en un procedimiento penal sólo podrán ser utilizados en el marco del procedimiento penal concreto para el cual se solicitaron. El artículo 9.2 recoge una norma similar respecto de los datos solicitados fuera de un procedimiento penal. No obstante, es preciso aclarar esta disposición, pues da por supuesto que los datos sólo pueden solicitarse para otros procedimientos jurídicos, o cuasi jurídicos, mientras que el artículo 7 no menciona tal limitación. Debe aclararse qué otros fines están permitidos con arreglo a los artículos 7 y 9 (véanse asimismo los comentarios sobre el artículo 7).

47.

El artículo 9.3 plantea la posibilidad de que el Estado miembro requirente utilice los datos para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad pública. El SEPD está de acuerdo en que debe permitirse la utilización de los datos en esas circunstancias excepcionales. Con todo, es preciso garantizar que las autoridades de protección de datos puedan controlar dicho uso excepcional. Por consiguiente, el SEPD recomienda que se incluya en la propuesta una disposición en este sentido, por ejemplo la obligación de notificar dicho uso a la autoridad nacional de protección de datos.

48.

Por lo que respecta al control, es la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad la que conserva la información. El control corre a cargo de la autoridad de protección de datos de ese Estado miembro, de conformidad con la Decisión Marco sobre protección de datos en el tercer pilar, una vez que ésta se adopte y entre en vigor. Sin embargo, no cabe responsabilizar de la calidad de los datos a la autoridad central de dicho Estado miembro, pues ésta depende totalmente de la información que le entrega el Estado miembro de condena. Es evidente que este hecho repercute en la eficacia del control.

49.

A juicio del SEPD, la propuesta no debe tan sólo abordar la cooperación entre las autoridades centrales, sino también la cooperación entre las autoridades de protección de datos de los Estados miembros. El SEPD recomienda que se añada al artículo 9 una disposición en la cual se anime a las autoridades de protección de datos a que cooperen mutuamente de forma activa (10), de modo que sea posible controlar eficazmente los diversos aspectos de la protección de datos, en particular la calidad de los mismos.

50.

El SEPD acoge favorablemente estas disposiciones adicionales, ya que la eficacia del sistema de intercambio de información entre los Estados miembros redunda también en beneficio de la protección de datos.

51.

La existencia de un régimen lingüístico adecuado es esencial para la eficacia del sistema. El SEPD, si bien es plenamente consciente del principio de igualdad entre las lenguas y del carácter sensible que revisten los regímenes lingüísticos específicos en el marco de la cooperación europea, manifiesta su inquietud acerca del régimen lingüístico previsto en el artículo 10 de la propuesta. La norma básica enunciada en el artículo 10 es que la información se intercambiará en una de las lenguas oficiales del Estado miembro requirente. Esto tiene sentido, ya que los textos y las definiciones de carácter jurídico no siempre quedan exentos de ambigüedad al ser traducidos. No obstante, en una Unión Europea que cuenta actualmente con 25 Estados miembros, la observancia de esta norma básica haría inviable el sistema.

52.

Con arreglo al párrafo tercero del artículo 10, un Estado miembro podrá indicar que acepta otras lenguas. Es obvio que la finalidad de este párrafo es fomentar el intercambio en una lengua, o en un número reducido de lenguas, cuyo conocimiento esté más extendido en la Unión Europea. Aun así, según el SEPD, ese párrafo deberá redactarse de modo que garantice en la práctica un régimen lingüístico viable, por ejemplo obligando a los Estados miembros a aceptar información en una lengua cuyo conocimiento esté muy extendido en el territorio de la Unión Europea. Esto es, como ya hemos dicho, indispensable para que el sistema funcione.

53.

El uso de un formato normalizado puede también contribuir a la calidad de los datos. Utilizando ese formato, puede evitarse la ambigüedad en relación con el contenido de la información del registro de antecedentes penales, lo que supone una mayor calidad de los datos. La ausencia de ambigüedad puede asimismo conjurar el riesgo de que las autoridades de los Estados miembros soliciten más información de la que realmente necesitan.

54.

Por este motivo, el SEPD lamenta que el uso obligatorio del formato pueda quedar aplazado durante un periodo transitorio bastante largo. En primer lugar, el formato (etc.) se establecerá mediante un procedimiento de comitología, sin plazo alguno para adoptar una decisión al respecto. En segundo lugar, los Estados miembros disponen de tres años, a partir del establecimiento del formato, antes de verse obligados a utilizarlo (artículo 11.6). El SEPD recomienda que:

55.

El SEPD acoge con satisfacción las opciones que subyacen a la propuesta. En términos generales, la propuesta tiene en cuenta los obstáculos que las diferencias lingüísticas y los diversos contextos tecnológicos y jurídicos de los Estados miembros suponen para un intercambio eficaz de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros; y lo hace:

56.

El SEPD señala que la propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales se sigue debatiendo en el Parlamento Europeo y en el Consejo y que algunas cuestiones fundamentales (por ejemplo, el ámbito de aplicación y las salvaguardias respecto de la transmisión de datos a terceros países) distan mucho de haber sido resueltas. El SEPD recomienda que:

57.

El SEPD recomienda racionalizar el mecanismo y establecer una definición más limitada y precisa de los fines, distintos del procedimiento penal, para los cuales puede solicitarse la información, así como una limitación del grupo de personas que pueden solicitar dicha información. A juicio del SEPD, sólo en circunstancias excepcionales debería ser lícito que soliciten dicha información personas que no sean el interesado. Debería incluirse en la propuesta una disposición que permita a las autoridades de protección de datos controlar dicho uso excepcional.

58.

El SEPD recomienda aclarar, en el texto o en los considerandos de la propuesta, el concepto de «propiedad», así como establecer la obligación de que la autoridad central de la nacionalidad de la persona condenada notifique las actualizaciones o cancelaciones a las autoridades centrales de los otros Estados miembros o de terceros países que hayan solicitado la información antes de que ésta fuera actualizada o cancelada.

59.

El SEPD pide al legislador comunitario que justifique los motivos por los cuales esta propuesta sobre intercambio de información no puede limitarse a los delitos más graves, habida cuenta, entre otras cosas, de los límites fijados por el principio de proporcionalidad.

60.

El SEPD acoge favorablemente las disposiciones adicionales de los artículos 10 y 11, siempre y cuando:

61.

Otras recomendaciones del SEPD se refieren a los siguientes artículos:

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/36

1.

La Comisión transmitió al Supervisor Europeo de Protección Datos (SEPD), mediante carta con fecha del 26 de julio de 2006, el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece la forma de los salvoconductos expedidos a los miembros y a los agentes de las Instituciones. El SEPD interpreta esta carta como una solicitud de dictamen que debe formularse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 del Reglamento (CE) no 45/2001.

2.

El Protocolo de Privilegios e Inmunidades (PPI) de las Comunidades Europeas, adoptado el 8 de abril de 1965 y anejo al Tratado por el que se crea un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas, y especialmente su artículo 7, prevé que el Consejo adoptará la forma de los salvoconductos comunitarios que son reconocidos como títulos válidos de circulación por las autoridades de los Estados miembros. Este texto constituye el fundamento jurídico del tratamiento de los datos (artículo 5bis del Reglamento (CE) no 45/2001). El Consejo, institución competente en este ámbito considera que el salvoconducto comunitario ya no responde, en la actualidad, a las normas de seguridad exigidas para este tipo de documentos y que exige una refundición completa con el fin de cumplir las normas mínimas de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) y las impuestas al pasaporte europeo (y en particular la biometría), con ayuda de nuevas tecnologías que permiten una protección máxima contra la falsificación. Por razones de peritaje técnico, el Colegio de Jefes de la Administración pidió a la Comisión que estudiase esta cuestión.

3.

El SEPD considera importante que se emita un dictamen sobre la propuesta de nuevo salvoconducto ya que prevé la introducción, en un soporte de almacenamiento, de datos biométricos en formatos interoperativos y de lectura mecánica. El presente dictamen permite al SEPD manifestarse sobre este tema, como ya lo hizo anteriormente en sus dictámenes sobre los programas VIS (1) y SIS II (2).

4.

Los datos biométricos tienen un carácter particular dado que se refieren a las características de comportamiento y fisiológicas de una persona y permiten identificarla con una mayor precisión. En opinión del SEPD, los tratamientos futuros entran en el ámbito de aplicación del artículo 27.1 del Reglamento (CE) no 45/2001. Estos tratamientos deberán por lo tanto someterse al control previo del SEPD, ya que pueden presentar riesgos para los derechos y libertades de las personas de que se trate a causa del carácter de los datos.

5.

El SEPD es consultado sobre la base del artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, visto el carácter vinculante de esta disposición, el presente dictamen debería mencionarse en el preámbulo del texto.

6.

El SEPD acoge favorablemente el hecho de que se le consulte sobre la propuesta de nuevo salvoconducto, ya que ésta se enmarca en la política de mejora e incremento de la seguridad de los documentos de viaje para una mayor protección de los mismos contra la falsificación.

7.

La propuesta de nuevo salvoconducto introduce la posibilidad de que se trate una nueva categoría de datos que merece una atención especial: los datos biométricos. El SEPD reconoce la importancia de que se aumente la seguridad de los salvoconductos para la lucha contra la falsificación y el uso fraudulento de estos documentos. Sin embargo, la introducción de elementos de identificación biométricos y el tratamiento de datos de carácter personal correspondientes deben respetar una serie de principios destinados a proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas, y especialmente sus derechos respecto al tratamiento de sus datos personales. El respeto de estos principios es mucho más esencial en cuanto al tratamiento de datos biométricos, que proporcionan, por su propio carácter, información sobre una persona concreta, y tanto más cuanto que algunos datos biométricos pueden dejar rastros en la vida diaria de las personas, pudiendo recogerse en ese caso sin su conocimiento (huellas dactilares, en concreto).

8.

Además, la tendencia a recurrir a los datos biométricos en los sistemas de información a escala de la Unión Europea (VIS, SIS II, EURODAC, pasaportes europeos, etc.) aumenta constantemente, sin por ello ir acompañada de un análisis detallado de los riesgos que se corren y de las garantías exigidas. El Grupo del artículo 29 consideró que los datos de este tipo [biométricos] tienen un carácter especial porque se refieren de las características de comportamiento y fisiológicas de una persona y pueden permitir identificarla sin ningún tipo de dudas (3). Conviene pues que la utilización de datos biométricos vaya acompañada de la adopción de garantías adicionales y de modalidades de control reforzadas.

9.

El SEPD ya propuso, en un dictamen anterior (4) que se elaborase una lista de requisitos comunes y fundamentales que tenga en cuenta el carácter sensible por definición de los datos biométricos. Esta lista debería poder aplicarse a cualquier sistema que utilice la biometría, independientemente de su naturaleza.

10.

En este mismo dictamen, el SEPD destacó la importancia concedida al procedimiento de registro para los sistemas biométricos. En el texto actual de la propuesta, el origen de los datos biométricos y la manera en que se recogerán no se describen detalladamente. El procedimiento de registro constituye una etapa esencial y cabe limitarse a definirla por medio de anexos, ya que condiciona directamente el resultado final del procedimiento, es decir el nivel del porcentaje de falsos rechazos o del porcentaje de falsas aceptaciones que podría derivarse del mismo.

11.

Como ejemplo, el SEPD recomienda el establecimiento de procedimientos alternativos (de orden técnico y relativos al derecho de acceso) fácilmente accesibles que deberán aplicarse en el procedimiento de registro, con el fin de respetar la dignidad de las personas cuyas huellas no fueran aceptadas por el sistema.

12.

El artículo 2 de la propuesta de Reglamento precisa que el soporte de almacenamiento contiene los datos personales consignados en el salvoconducto, una fotografía de cara digitalizada y huellas dactilares registradas en formatos interoperativos. El artículo 4 de la propuesta precisa por su parte, que los elementos biométricos de los salvoconductos sólo se utilizarán para comprobar la autenticidad del documento y la identidad del titular, gracias a elementos comparables directamente disponibles. A la luz de estos dos artículos, el SEPD desea hacer las siguientes observaciones:

13.

Por cuanto respecta a la seguridad de los salvoconductos, la página de los datos personales de lectura mecánica se ajusta al documento 9303 de la OACI, 1. parte (pasaportes de lectura mecánica), y su método de expedición se ajusta a los requisitos aplicables a los pasaportes de lectura mecánica que figuran en el mismo, así como a las normas mínimas de seguridad previstas en el Reglamento (CE) no 2252/2004.

14.

La propuesta de Reglamento prevé (en su artículo 2.2) que los salvoconductos incluirán un soporte de almacenamiento; el soporte de almacenamiento está dotado de una capacidad suficiente para garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos. Este texto está de acuerdo con una Resolución del Parlamento Europeo de 2 de diciembre de 2004 (7), posición también respaldada por el Grupo del artículo 29 (8).

15.

Con el fin de respetar las decisiones aplicables en materia de seguridad de los documentos de viajes a nivel europeo, conviene recordar que un control de acceso básico resulta obligatorio para todos los datos almacenados en el chip, lo que significa que todo lector deberá estar equipado también con un escáner, que de los datos inscritos en el pasaporte deducirá la clave necesaria para abrir y leer el chip. Por otra parte, será obligatorio un control de acceso amplio para las huellas dactilares. Este sistema utiliza un cifrado que una buena gestión de las claves de acceso.

16.

La introducción de elementos de identificación biométricos y el tratamiento de datos de carácter personal correspondientes deben respetar una serie de principios destinados a proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas, y especialmente sus derechos respecto al tratamiento de sus datos personales. El respeto de estos principios es mucho más esencial por lo que respecta al tratamiento de datos biométricos, los cuales proporcionan, por su propio carácter, información sobre una persona concreta. Y tanto más cuanto que algunos de ellos pueden dejar rastros en la vida diaria de las personas, pudiendo recogerse en ese caso sin su conocimiento (huellas dactilares, en concreto).

17.

El SEPD recuerda que, con arreglo al artículo 6 de la Directiva 95/46/CE, los datos de carácter personal sólo deberán ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. Además, esos datos serán adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente (principio de finalidad).

18.

Los principios de finalidad (los datos de carácter personal deberán ser recogidos y tratados con fines determinados y explícitos y su utilización posterior sólo podrá autorizarse bajo condiciones muy estrictas) y de proporcionalidad (el tratamiento de esos datos de carácter personal sólo se autorizará cuando sea necesario y siempre que no haya otro medio de la misma eficacia que afecte menos a la vida privada) deben respetarse en el marco del tratamiento de datos biométricos. Como ya se ha indicado anteriormente, el establecimiento de una base de datos centralizada que contenga los datos personales y, en particular, los datos biométricos de todas las personas autorizadas a recibir un salvoconducto conculcaría el principio de proporcionalidad.

19.

En la propuesta de Reglamento figura una mención al derecho a la información (derecho de acceso, de comprobación, de rectificación o de supresión de los datos) de las personas a las que se expide un salvoconducto. Ahora bien, el SEPD desea que se añada la referencia al artículo 33 del Reglamento 45/2001 en el considerando 6 de la propuesta sobre el derecho de recurso del personal de las Comunidades.

20.

La designación de las autoridades y organismos autorizados a consultar los datos incluidos en el soporte de almacenamiento de los documentos está regulada por las disposiciones aplicables del Derecho comunitario, del Derecho de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales. El SEPD recomienda que se precisen las autoridades destinatarias de este Reglamento y los derechos de acceso que se les confiere. Asimismo, en aras de la seguridad del tratamiento, se ha de garantizar que únicamente las autoridades competentes tienen acceso a los datos almacenados en el chip.

21.

En caso de control de un salvoconducto comunitario en un país tercero, hay otras preguntas que por el momento no pueden ser contestadas: ¿a qué datos del soporte de almacenamiento tendrán acceso los países terceros? ¿existen, además, medidas de protección para cerciorarse de que los países terceros no conservan los datos a los que han tenido acceso? En todo caso, las cuestiones relativas al acceso a estas informaciones siguen siendo problemáticas.

22.

La gestión de la expedición de salvoconductos comunitarios, prevista en el artículo 3 de la propuesta, especifica que cada institución expedirá los salvoconductos, en su caso a través de un organismo especializado. No obstante, una o varias instituciones pueden encomendar a una de ellas la tarea de expedir sus salvoconductos. También se ha previsto que la Comisión designe -tras una licitación- al organismo que se encargará de la impresión de los salvoconductos comunitarios vírgenes y, eventualmente, de su personalización mediante la introducción de los datos personales del titular. Debido a la naturaleza singular de los tratamientos que han de efectuarse y a los requisitos de protección que han de acompañar estos tratamientos, las normas relativas a la elección del organismo que ha de encargarse del tratamiento deberán tener en cuenta especialmente los principios del Reglamento 45/2001 relativos a la seguridad y confidencialidad de los datos (artículos 21, 22 y 23 del Reglamento).

23.

Sin perjuicio del contenido del dictamen de control previo del SEPD, que resultará de la notificación (9) del delegado de protección de datos de la institución competente o instituciones competentes para el futuro tratamiento de los salvoconductos comunitarios, el SEPD desea formular en este momento algunas ideas generales por lo que respecta al tratamiento futuro.

24.

La documentación presentada para su consulta no contiene elementos en relación con el formulario que los interesados en un salvoconducto comunitario (o autorizados a tener uno) tiene que rellenar. No obstante, en un caso tratado anteriormente por el SEPD, se analizó que los datos personales tratados en el marco de la expedición de los antiguos salvoconductos comunitarios no son datos relativos a la salud y que, cuando ciertos datos tengan relación con la salud (en el epígrafe «características particulares»), estos no serían obligatorios. Además, será de aplicación el consentimiento de la persona de que se trate definido en el artículo 2.h) del Reglamento (CE) no 45/2001. Por esta razón y para lograr una imagen precisa del contenido del procedimiento previsto, el SEPD recomienda que, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento 45/2001, se adjunte al expediente una copia del formulario de salvoconductos comunitarios, así como cualquier otro documento que facilite el análisis del caso.

25.

El artículo 4.1.c) del Reglamento (CE) no 45/2001 dispone que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente. Los datos tratados en el marco del procedimiento analizado pueden caracterizarse por su gran alcance (al menos por lo que se refiere a los datos biométricos), lo que dificulta establecer, a priori y sin conocer el caso concreto, si son adecuados, pertinentes y no excesivos. Por consiguiente, es importante que las personas que traten los datos en el marco de los diferentes procedimientos estén correctamente informadas de la obligación de respetar el principio establecido en el artículo 4.1.c) y que al tratar los datos lo tengan en cuenta. En el marco del procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD velará por recomendar la redacción de las directrices para informar adecuadamente a estas personas de sus obligaciones. También se encargará de pedir que se instauren formaciones específicas sobre la problemática del tratamiento de datos sensibles.

26.

Además los datos deberán ser exactos y, si fuera necesario, estar actualizados (artículo 4.1.d)). A la vista de los elementos del expediente presentado, no es posible comprobar si se garantiza la exactitud de los datos. Por otra parte, por el momento no es posible comprobar que el procedimiento o el sistema en sí mismo garantizará plenamente el respeto de la calidad de los datos. Como se ha señalado en el punto anterior, únicamente un análisis en el marco del procedimiento del artículo 27 permitirá comprobar que se han establecido suficientes medidas de protección de datos.

27.

El texto dispone que la validez de los nuevos salvoconductos se extendería por un período de cinco años. Sin embargo, el texto no establece la duración de la conservación de los datos relativos a cada expediente y, por tanto, a cada solicitud. El Reglamento 45/2001 dispone que los datos serán conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para la consecución de los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten posteriormente (artículo 4.1.e)). Como se ha resaltado anteriormente, se deberá evitar la conservación de datos biométricos en una base de datos. Por consiguiente, el SEPD recomienda que se separe el tratamiento de los datos biométricos del tratamiento de los datos facilitados en los formularios de solicitud de un salvoconducto comunitario. Estos últimos podrían conservarse en el marco del tratamiento normal de las solicitudes de salvoconductos comunitarios.

28.

El SEPD acoge con satisfacción haber sido consultado sobre los salvoconductos comunitarios. Sin embargo, las siguientes observaciones deben tenerse en cuenta:

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/42

—

los 27 países de la Unión Europea (a partir del 1 de enero de 2007);

—

los países de la AELC y del EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega (3);

—

países candidatos: Turquía (4).

Carta Universitaria Erasmus

28 de febrero de 2007

Programa Jean Monnet

15 de marzo de 2007

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtvig

30 de marzo de 2007

Programa transversal y medidas de acompañamiento

30 de abril de 2007

20.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 313/44