ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 202

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

49o año
25 de agosto de 2006


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Comisión

2006/C 202/1

Tipo de cambio del euro

1

2006/C 202/2

Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

2

2006/C 202/3

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4301 — Alliance Boots/Cardinal Health) ( 1 )

5

2006/C 202/4

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4361 — KKR/Pages Jaunes) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

6

2006/C 202/5

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4282 — Mondadori/Emap France) ( 1 )

7

2006/C 202/6

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4295 — Endesa/Foster Wheeler/JV) ( 1 )

7

2006/C 202/7

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

8

2006/C 202/8

Ayuda de Estado — Italia — Ayuda de Estado no C 29/2006 (ex NN 20/2003) — Reestructuración de las cooperativas y de sus consorcios — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )

11

2006/C 202/9

Anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de película de tereftalato de polietileno (PET) originarias de la India

16

2006/C 202/0

Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal no C 33/2006 (ex N 576/2004) — Introducción de la televisión digital terrestre (DVB-T) en Baviera — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88(2) del Tratado CE ( 1 )

18

 

Corrección de errores

2006/C 202/1

Corrección de errores del Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007 (DO C 180 de 2.8.2006)

34

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Comisión

25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/1


Tipo de cambio del euro (1)

24 de agosto de 2006

(2006/C 202/01)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2831

JPY

yen japonés

149,28

DKK

corona danesa

7,4607

GBP

libra esterlina

0,67740

SEK

corona sueca

9,1906

CHF

franco suizo

1,5808

ISK

corona islandesa

89,97

NOK

corona noruega

8,0755

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5761

CZK

corona checa

28,203

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

279,23

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6959

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,9333

RON

leu rumano

3,5322

SIT

tólar esloveno

239,59

SKK

corona eslovaca

37,775

TRY

lira turca

1,8984

AUD

dólar australiano

1,6794

CAD

dólar canadiense

1,4235

HKD

dólar de Hong Kong

9,9789

NZD

dólar neozelandés

2,0117

SGD

dólar de Singapur

2,0224

KRW

won de Corea del Sur

1 230,81

ZAR

rand sudafricano

9,1502

CNY

yuan renminbi

10,2295

HRK

kuna croata

7,2915

IDR

rupia indonesia

11 727,53

MYR

ringgit malayo

4,721

PHP

peso filipino

66,182

RUB

rublo ruso

34,3020

THB

baht tailandés

48,337


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/2


Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

(2006/C 202/02)

Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo. Las declaraciones de oposición deben llegar a la Comisión en un plazo de seis meses a partir de la presente publicación.

FICHA RESUMEN

REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO

Solicitud de registro con arreglo a los artículos 5 y 17, apartado 2

«POHOŘELICKÝ KAPR»

No CE: CZ/PDO/005/0360/02.09.2004

DOP ( X ) IGP ( )

La presente ficha es un resumen de carácter informativo. Para más información, los interesados pueden solicitar la versión completa del pliego de condiciones a las autoridades nacionales indicadas en el apartado 1 o a la Comisión Europea (1).

1.   Servicio competente del Estado miembro:

Nombre:

Úřad průmyslového vlastnictví

Dirección:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Teléfono:

(420) 220 383 240

Fax:

(420) 224 321 009

Correo electrónico:

posta@upv.cz

2.   Agrupación solicitante:

Nombre:

Rybníkářství Pohořelice a.s.

Dirección:

Vídeňská 717

CZ-691 23 Pohořelice

Teléfono:

(420) 519 424 372-5

Fax:

(420) 519 424 243

Correo electrónico:

rybnikarstvi.pohorelice@iol.cz

Composición:

productores/transformadores ( X ) Otras categorías ( )

Se trata en este caso de una excepción a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, dado que existe únicamente un productor en la región. Se cumplen las condiciones del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2037/93 de la Comisión.

3.   Tipo de producto:

Clase 1.7. — Pescado fresco y productos derivados del pescado fresco

4.   Descripción del pliego de condiciones (resumen de las condiciones del artículo 4, apartado 2):

4.1   Nombre: «Pohořelický kapr»

4.2   Descripción: La carpa de Pohořelice («Pohořelický kapr») se caracteriza por su crecimiento excepcional y por su rendimiento mínimo de carne del 58 %. Sus especiales características morfológicas y anatómicas (un cuerpo muy carnoso y una cabeza muy pequeña) son las que le permiten alcanzar ese nivel de rendimiento. Los peces vivos presentan una vitalidad, una resistencia y un estado de salud excelentes. La carpa de Pohořelice es el resultado de hibridaciones interespecíficas. Tras su transformación, el pescado presenta una consistencia firme derivada de su sólida musculatura, un aspecto fresco, un color pronunciado que va del rosa al rojo, un olor fresco y sobre todo un sabor sutil característico de esta especie. Muy apreciada por los consumidores, la carpa de Pohořelice, que siempre obtiene más de 92 puntos en una escala de 1 a 100 (sistema de evaluación organoléptica del pescado), posee indudables cualidades culinarias.

Para su comercialización, el pescado se clasifica por categorías de peso: las carpas de clase I (entre 1,5 y 2,5 kg) y las carpas de categoría selecta (entre 2,5 y 4 kg), aunque puede también clasificarse según otras categorías. El pescado se comercializa vivo o transformado. Los productos transformados se ponen a la venta frescos o refrigerados, congelados, marinados o ahumados.

4.3   Zona geográfica: Los distritos de Břeclav y Znojmo en Moravia del Sur.

4.4   Prueba del origen: La producción de carpas de Pohořelice se efectúa con arreglo a las normas vigentes y a las directrices de la empresa, a la que se ha asignado el número de exportación CZ 1008.

Gracias al marcado individual de los pescados con un chip electrónico, a la precisión de los registros de la explotación (registro de efectivos poblacionales, registro de incubación y registro de entradas) y a los datos recogidos (libro de vivero, registro de salida de los peces comercializables y registro de salida de los peces destinados a la transformación) resulta posible determinar con certeza en todo momento el origen de cualquier pescado. El proceso entero de producción está sometido a una constante supervisión veterinaria. La planta de transformación dispone de un sistema certificado de producción basado en el análisis de riesgos y el control de puntos críticos (HACCP) y un sistema BRC.

Ningún piscicultor establecido fuera de la zona geográfica delimitada practica la cría de la carpa cuero de Pohořelice, una de las líneas parentales utilizadas.

4.5   Método de obtención: El sistema de producción empleado es la cría semi-intensiva, según la cual los peces se alimentan básicamente de los elementos naturales generados por el estanque y sólo reciben complementos alimentarios (constituidos esencialmente por cereales y, en cantidades muy limitadas, piensos compuestos) en determinados periodos del año. Los cereales forrajeros utilizados proceden exclusivamente de explotaciones locales. Desde hace ya varias generaciones de peces, la piscicultura se practica en circuito cerrado, lo que garantiza la total autonomía de la producción de todas las categorías de peces. La duración del ciclo de producción oscila entre tres y cuatro años, según las exigencias del mercado en lo que respecta a la talla de los peces. La reproducción se efectúa mediante freza artificial en condiciones controladas. Únicamente durante el primer año de cría, cuando se considera necesario un aporte de complementos alimentarios, se administran a los peces piensos compuestos completos en forma granulada procedentes de productores certificados o cereales en polvo. A partir del segundo año, los peces reciben como complemento cereales de producción local. La transformación del pescado se realiza en la misma región, en una planta de transformación que cumple las normas y directrices más estrictas de la Unión Europea en materia de higiene veterinaria (CZ 433). El pescado transformado se comercializa fresco, refrigerado, congelado, marinado o ahumado.

Todas las fases de producción, desde la cría a la transformación, deben efectuarse en la misma zona geográfica a fin de que sea posible identificar los estanques en los que se lleva a cabo la producción (reducción del lapso entre la captura y la transformación para obtener productos de máxima calidad), controlar eficazmente todo el proceso de producción, hacer todos los esfuerzos necesarios para satisfacer la demanda de los consumidores y aprovechar la larga experiencia en materia de transformación del pescado de la población local.

4.6   Vínculo: Los inicios de la piscicultura en la región de Pohořelice y en la zona de Lednice-Valtice se remontan a los siglos XII y XIII. Una referencia escrita del año 1396 alude a las obras realizadas en el estanque de Měnín (también llamado Nesyt) por el Margrave Jošt. La piscicultura en el distrito de Pohořelice experimentó un auténtico auge al final del siglo XV y durante la primera mitad del XVI, tras la construcción de una canalización que alimentaba los estanques existentes y los que fueron construyéndose posteriormente con las aguas del río Jihlava. Entre los estanques más antiguos se encuentran los de Starý (hacia 1520), Lenovický (o Novoveský, 1536) y Vrkoč (1552). El periodo siguiente se caracterizó por la paralización y posterior declive de la actividad piscícola. La recuperación no se produjo de forma clara hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Tras la reconstrucción y la renovación de los estanques, el 1 de enero de 1965 se creó la sociedad nacional estatal de piscicultura, con sede en Pohořelice. Los acontecimientos de noviembre de 1989 tuvieron escasos efectos en la estructura de dicha empresa y sus estanques; el 1 de enero de 1991 se creó la empresa estatal Státní rybářství Pohořelice. El gran cambio se produjo en el momento de la privatización con la constitución, el 1 de abril de 1994, de la sociedad anónima Rybníkářství Pohořelice a.s.

La zona delimitada, que se sitúa entre los distritos de Břeclav y Znojmo, presenta condiciones climáticas naturales excepcionales para la piscicultura, un sustrato alcalino calcáreo y estanques con fondos compuestos de fértiles chernozems y aguas fuertemente mineralizadas. Esos elementos naturales, combinados con los factores climáticos (elevada temperatura media anual del aire y del agua, largos periodos vegetativos) crean las condiciones propicias para el desarrollo en los estanques de alimentos naturales de calidad en cantidades suficientes y, por lo tanto, para la cría de peces. La elección de la subespecie de carpa citada no tiene una importancia esencial para la calidad del producto; el factor decisivo a ese respecto es la combinación de condiciones naturales locales. La totalidad del proceso de producción, desde el desove al crecimiento, pasando por la alimentación de los peces, se efectúa exclusivamente en la zona geográfica definida. La transformación del pescado también se lleva a cabo de forma local.

4.7   Estructura de control:

Nombre:

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Inspektorát Břeclav

Dirección:

Nádražní 5

CZ-693 01 Hustopeče

Teléfono:

(420) 519 411 469, (420) 519 411 193

Fax:

(420) 519 411 188

Correo electrónico:

insp.breclav.kvsb@svscr.cz

4.8   Etiquetado: La denominación «Pohořelický kapr» debe figurar en caracteres legibles en la cara principal del envase.

4.9   Requisitos nacionales: —


(1)  Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Política de calidad de los productos agrícolas - B-1049 Bruselas.


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/5


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto no COMP/M.4301 — Alliance Boots/Cardinal Health)

(2006/C 202/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.

El 18 de agosto de 2006, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual OTC Direct Limited (en lo sucesivo denominada «OTC Direct») controlada por Alliance Boots plc (en lo sucesivo denominada «Alliance Boots UK») adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de Cardinal Health U.K. 101 Limited y Cardinal Health U.K. 432 Limited (juntas «Cardinal Health UK») mediante la adquisición de sus activos y acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

para OTC Direct: venta al por mayor (gama reducida) de productos farmacéuticos;

para Alliance Boots: venta al por mayor y al por menor de farmacéuticos;

para Cardinal Health UK: venta al por mayor (gama reducida) de productos farmacéuticos.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4301 — Alliance Boots/Cardinal Health, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/6


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto no COMP/M.4361 — KKR/Pages Jaunes)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(2006/C 202/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.

El 18 de agosto de 2006, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. («KKR», EE.UU.) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la empresa Pages Jaunes Gripe SA («Pages Jaunes», Francia), filial de France Telecom, mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

KKR: inversiones privadas en acciones;

Pages Jaunes: publicación de listines de teléfonos, venta de espacios publicitarios en dichos listines y en Internet.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4361 — KKR/Pages Jaunes, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/7


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4282 — Mondadori/Emap France)

(2006/C 202/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 17 de agosto de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4282. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/7


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4295 — Endesa/Foster Wheeler/JV)

(2006/C 202/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 16 de agosto de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4295. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/8


Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2006/C 202/07)

Fecha de la decisión:

Estado miembro: Reino Unido

Ayuda no: N95/2006

Denominación: Tasa sobre el Cambio Climático: admisibilidad de nuevos sectores a los acuerdos sobre el cambio climático.

Objetivo: Otros cinco sectores han firmado el Acuerdo sobre el Cambio Climático con el Gobierno Británico. La consecución de los objetivos de eficacia energética previstos en dichos acuerdos permite a los sectores y compañías interesados disfrutar de una reducción de la Tasa sobre el Cambio Climático.

Base jurídica: Finance Act 2000

Presupuesto: No hay cambios en el presupuesto previsto para todos los acuerdos sobre el cambio climático

Duración: Hasta el 31 de marzo de 2011

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: República Checa

Ayuda no: N 196a/2005

Denominación: Programa destinado a reducir las emisiones de agentes contaminantes del aire en las fuentes de contaminación utilizadas por razones de interés público

Objetivo: Ayudas en favor del medio ambiente

Base jurídica: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Presupuesto: Aproximadamente 10 millones de CZK (347 000 EUR) anuales

Intensidad o importe de la ayuda: El porcentaje más elevado de los siguientes:

30 % ó 40 % (ahorros de energía, producción combinada de calor y electricidad, energía renovable) + 10 % ó 5 % para regiones asistidas con arreglo, respectivamente, al artículo 87(3)(a) o (c), o

índice de ayuda regional (comprendido entre el 20 % y el 50 %) + 10 %.

Ayuda según el punto 28 de las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente: 15 %

Duración: 6 años (calculados a partir del 1 de febrero de 2005)

Otros datos: Forma de la ayuda: préstamos a bajo interés, subvenciones de interés

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: República Checa

Ayuda no: N 196b/2005

Denominación: Programa de reconstrucción de las fuentes de contaminación atmosférica con arreglo a los requisitos de la ley relativa a la protección del aire

Objetivo: Ayudas en favor del medio ambiente

Base jurídica: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Presupuesto: Unos 100 millones de CZK (3,5 millones de EUR) anuales

Intensidad o importe de la ayuda: El porcentaje más elevado de los siguientes:

30 % ó 40 % (ahorros de energía, producción combinada de calor y electricidad, energía renovable) + 10 % ó 5 % para regiones asistidas con arreglo, respectivamente, al artículo 87(3)(a) o (c), o

índice de ayuda regional (comprendido entre el 20 % y el 50 %) + 10 %

Ayuda según el punto 28 de las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente: 15 %

Duración: 6 años (calculados a partir del 1 de febrero de 2005)

Otros datos: Forma de la ayuda: subvenciones, préstamos a bajo interés, subvenciones de interés

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: República Checa

Ayuda no: N 196c/2005

Denominación: Programa para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles

Objetivo: Ayudas en favor del medio ambiente

Base jurídica: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Presupuesto: Unos 25 millones de CZK (867 000 EUR) anuales

Intensidad o importe de la ayuda: El porcentaje más elevado de los siguientes:

30 % + 10 % ó 5 % para regiones asistidas con arreglo, respectivamente, al artículo 87(3)(a) o (c), o

índice de ayuda regional (comprendido entre el 20 % y el 50 %) + 10 %

Ayuda según el punto 28 de las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente: 15 %

Duración: 6 años (calculados a partir del 1 de febrero de 2005)

Otros datos: Forma de la ayuda: préstamos a bajo interés, subvenciones de interés

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: República Checa

Ayuda no: N 196d/2005

Denominación: Programa de ejecución de los programas regionales destinados a reducir las emisiones contaminantes y los niveles de contaminación

Objetivo: Ayudas en favor del medio ambiente

Base jurídica: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Presupuesto: Unos 20 millones de CZK (694 000 EUR) anuales

Intensidad o importe de la ayuda: El porcentaje más elevado de los siguientes:

30 % ó 40 % (ahorros de energía, producción combinada de calor y electricidad, energía renovable) + 10 % ó 5 % para regiones asistidas con arreglo, respectivamente, al artículo 87(3)(a) o (c), o

índice de ayuda regional (comprendido entre el 20 % y el 50 %) + 10 %

Ayuda según el punto 28 de las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente: 15 %

Duración: 6 años (calculados a partir del 1 de febrero de 2005)

Otros datos: Forma de la ayuda: préstamos a bajo interés, subvenciones de interés

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: República Checa

Ayuda no: N 196e/2005

Denominación: Programa de apoyo a la utilización de residuos

Objetivo: Ayuda medioambiental

Base jurídica: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech

Presupuesto: Unos 240 millones de CZK (8,2 millones de EUR) por año

Intensidad o importe de la ayuda: El porcentaje más alto entre los siguientes:

30 % + 10 % o +5 % para las regiones ex artículo 87 (3) (a) o (c), respectivamente

tasa de ayuda regional (que varía entre el 20 % y el 50 %) + 10 %

Es aplicable la prima del 10 % a las PYME.

Duración: 6 años (calculados a partir del 1 de febrero de 2005)

Otros datos: Forma de la ayuda: préstamos a bajo interés, bonificaciones de intereses

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: República Checa

Ayuda no: N 196g/2005

Denominación: Programa sobre las mejores técnicas disponibles

Objetivo: Ayuda en favor del medio ambiente

Base jurídica: Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Presupuesto: Unos 100 millones de CZK (3,5 millones de EUR.) anuales

Intensidad o importe de la ayuda: El porcentaje más elevado de los siguientes:

30 % + 10 % ó 5 % para regiones asistidas con arreglo, respectivamente, al artículo 87(3)(a) o (c), o

índice de ayuda regional (comprendido entre el 20 % y el 50 %) + 10 %

Ayuda según el punto 28 de las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente: 15 %

Duración: 6 años (calculados a partir del 1 de febrero de 2005)

Otros datos: Forma de la ayuda: subvenciones, préstamos a bajo interés, subvenciones de interés

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: Países Bajos

Ayuda no: N 570/2005

Denominación: «Reducción de los impuestos especiales sobre el combustible biológico»

Objetivo: Medio ambiente: reducción de emisiones (Productores de combustible biológico y comerciantes en combustible)

Base jurídica: „Invoegen van een nieuw artikel 72a in de Wet op de accijns ingevolge het wetsvoorstel houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)”

Presupuesto: EUR 70 millones

Duración: Un año: desde el 1.1.2006 hasta el 31.12.2006

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Dinamarca

Ayuda no: N 579/2004

Denominación: Régimen de indemnización para los pescadores de salmón

Objetivo: El objetivo de este régimen es resarcir a los pescadores de los daños causados por la prohibición repentina de la venta de trucha asalmonada para consumo humano

Fundamento jurídico: Aktstykke nr. 8 af 20. oktober 2004 og bekendtgørelse af 3. oktober 2005 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til visse erhvervsfiskere, der har drevet fiskeri efter laks i Østersøen

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 3 millones de DKR (400 000 EUR)

Intensidad o importe de la ayuda: Para cada buque se fija un máximo de indemnización: los desembarques totales de salmón (en kg) en 2003 + 30 %. Cuando un buque llega a ese máximo, por regla general, no puede recibir financiación por más desembarques de trucha asalmonada

Duración: El régimen es una medida de carácter temporal destinada a resarcir las pérdidas del período que va del 16 de septiembre de 2004 al 15 de marzo de 2005

Otros datos: Informe anual

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

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Fecha de la decisión:

Estado miembro: Italia (provincia de Mantua)

Ayuda no: N620/05

Denominación: Ayuda a la inversión para la creación de centrales de biogás en la provincia de Mantua

Objetivo: Ayuda medioambiental para la creación de dos centrales de biogás

Base jurídica:

Delibera Giunta Regionale n. 19839 del 16.12.2004 — «Progetto Fo.R.Agri. Fonti rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova»

Delibera Giunta Provinciale n. 20 del 3.2.2005 — «Presa d'atto sottoscrizione accordo quadro sviluppo territoriale — progetto Fo.R.Agri»

Presupuesto: 1 millón

Intensidad o importe de la ayuda: Máximo el 40 % + 10 % para las PYME

Duración: 3 años

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/11


AYUDA DE ESTADO — ITALIA

Ayuda de Estado no C 29/2006 (ex NN 20/2003) — Reestructuración de las cooperativas y de sus consorcios

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2006/C 202/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 22 de junio de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Pesca

Dirección D — Unidad Jurídica

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 295 19 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

El presente expediente se refiere a la ayuda a la reestructuración de las cooperativas y de sus consorcios instituida mediante el decreto legislativo de 18 de mayo de 2001. Habida cuenta de que Italia indicó que esta medida de ayuda había sido aplicada, se registró como ayuda ilegal según lo dispuesto en el artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999.

Del conjunto de la información transmitida por Italia se desprende que el Decreto legislativo de 18 de mayo de 2001 corresponde a la disposición reglamentaria que prevé la financiación, a partir de su entrada en vigor, de las medidas de ayuda previstas en el Decreto de 10 de febrero de 1998 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del artículo 11, apartado 8 ter, de la Ley no 41 de 17 de febrero de 1982.

Este régimen de ayudas tiene por objeto la concesión de ayuda a fondo perdido sin rebasar el límite del 40 % de los gastos subvencionables o de préstamos bonificados del 85 % de dichos gastos a empresas cooperativas del sector pesquero que presenten planes de reestructuración para su saneamiento y el restablecimiento de su eficiencia económica y financiera. Los costes subvencionables son muy variados. Puede tratarse tanto de gastos de inversión como de gastos financieros o gastos de funcionamiento de las empresas.

Italia no proporcionó indicaciones precisas sobre el presupuesto de esta medida de ayuda. Este régimen de ayudas no tiene límite de duración.

Este régimen de ayudas debe analizarse a la luz de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. Se presenta claramente como un régimen de ayudas a la reestructuración de empresas con la aplicación, en las empresas beneficiarias, de planes de reestructuración. Las disposiciones pertinentes de las directrices «pesca» prevén que las ayudas que tienen como objetivo el salvamento y la reestructuración de empresas en dificultad se evalúen de acuerdo con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Además, en el caso particular de las empresas cuya actividad principal es la pesca en el mar, las directrices «pesca» precisan que estas ayudas sólo podrán concederse si se presentó a la Comisión un plan destinado a reducir la capacidad de la flota.

Todo indica que las condiciones de aplicación de este régimen de ayudas no responden a las definidas en las directrices «reestructuración». La aplicabilidad solamente a empresas en crisis no está garantizada. La existencia de un plan de reestructuración en las condiciones definidas por estas directrices tampoco está garantizada. No se prevé que las empresas beneficiarias contribuyan al plan a partir de sus propios recursos y que la ayuda se limite al mínimo estricto necesario para restablecer la viabilidad de la empresa beneficiaria. Además, para las medianas empresas, no están previstas medidas compensatorias para prevenir distorsiones indebidas de la competencia.

Por otra parte, para las empresas que tienen la pesca como actividad principal, Italia no presentó un plan destinado a reducir la capacidad de la flota.

De todo ello se desprende que la Comisión tiene serias dudas sobre la compatibilidad de esta medida de ayuda con el mercado común.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione si pregia informare il governo italiano che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle sue autorità sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 88 (ex 93), paragrafo 2, del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo summenzionato (1).

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 17 ottobre 2002 l'Italia ha notificato alla Commissione il decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, comunicando l'attuazione delle misure previste agli articoli 7 e 8 del summenzionato decreto.

L'articolo 8 riguarda due dispositivi di aiuto di Stato, uno relativo alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti dall'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, e l'altro alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Detto articolo 8 dispone che il settore di intervento del Fondo centrale del credito peschereccio è esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle due misure suddette.

I due dispositivi formano oggetto di una valutazione separata. La presente decisione riguarda solo il dispositivo relativo alla ristrutturazione delle cooperative e dei loro consorzi.

Poiché l'Italia ha comunicato l'attuazione di tale regime, esso è stato registrato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

Con lettere del 12 febbraio 2003, 4 marzo e 7 settembre 2004 sono stati chiesti all'Italia complementi di informazione, che essa ha trasmesso con lettere del 12 marzo 2003, 1o luglio e 13 ottobre 2004.

Nonostante tale scambio di lettere, l'Italia non aveva comunicato alcuni elementi di informazione necessari per consentire alla Commissione di procedere all'esame del regime di aiuto. Pertanto, con lettera C(2005) 161 del 20 gennaio 2005, la Commissione ha invitato l'Italia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, a comunicare le informazioni in questione, in particolare le modalità di attuazione, il contenuto delle disposizioni previste nei piani di ristrutturazione, gli stanziamenti di bilancio utilizzati o previsti e la durata del regime. Per gli aiuti dello stesso tipo già concessi nell'ambito del regime era stato chiesto di fornire le decisioni di concessione.

L'Italia ha risposto con lettera del 3 marzo 2005, cui ha fatto seguito un'altra lettera datata 12 luglio 2005.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione esamina il presente regime di aiuto sulla base delle informazioni disponibili.

2.   DESCRIZIONE

In base alla lettera di notifica dell'Italia, il decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001 ha lo scopo di estendere il campo di intervento del Fondo centrale del credito peschereccio alle operazioni di ristrutturazione delle cooperative del settore della pesca e dei loro consorzi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 8 ter, della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Il decreto legislativo del 18 maggio 2001 è una disposizione regolamentare che prevede il finanziamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, delle misure di aiuto previste dal decreto del ministro delle politiche agricole del 10 febbraio 1998 che definisce le modalità attuative di detto articolo 11, paragrafo 8 ter, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il decreto sembra essere entrato in vigore il 15 giugno 2001, data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il regime di aiuto, quale descritto nel decreto del 10 febbraio 1998, presenta le seguenti caratteristiche:

l'aiuto assume la forma di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40 % della spesa ritenuta ammissibile o di un mutuo a tasso agevolato per un ammontare fino all'85 % della predetta spesa,

il piano di ristrutturazione deve essere finalizzato al risanamento della gestione della cooperativa e al ripristino della redditività economico-finanziaria;

i costi ammissibili sono i seguenti: progettazione e avvio del piano di ristrutturazione; ammodernamento, ampliamento, riconversione produttiva di impianti, attrezzature ed immobili nell'ambito dei programmi di rilancio e riqualificazione delle attività aziendali su basi di maggiore efficienza e competitività; copertura di eventuali minusvalenze patrimoniali derivanti da dismissione di attività ed immobilizzazioni non interamente ammortizzate, ovvero copertura di oneri di ammortamento di immobilizzazioni materiali o immateriali non più utilizzati nel processo produttivo; attivazione di corsi di formazione; oneri di costituzione e di avviamento di società, sostenuti per favorire l'acquisizione da parte del personale dipendente di attività o rami di azienda dismessi nel processo di ristrutturazione; indennità di licenziamento e prepensionamento, agevolazione di esodi volontari; riequilibrio finanziario e patrimoniale conseguito mediante il ripianamento dei debiti derivanti da perdite accumulate negli anni precedenti l'adozione del piano di ristrutturazione.

Inoltre, con lettera del 3 marzo 2005, l'Italia ha precisato che gli aiuti di cui trattasi sono destinati ad aziende, costituite in forma di cooperative, rispondenti alla definizione di piccole e medie imprese quale prevista dal diritto comunitario e che i medesimi sono concessi un'unica volta per azienda limitatamente al periodo necessario per la ristruttrazione.

Il regime di aiuto ha durata indeterminata. Nessun limite di durata figura infatti nel decreto del 10 febbraio 1998 o in quello del 18 maggio 2001. Inoltre la lettera del 12 luglio 2005 precisa testualmente che le disposizioni del decreto restano in vigore e potranno essere applicate negli anni successivi.

Le informazioni trasmesse dall'Italia sull'ammontare degli aiuti non consentono di definire la dotazione complessiva del regime di aiuto, sia per quanto riguarda i contributi già concessi che per quelli che saranno erogati in futuro.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Esistenza di un aiuto illegale

Nella sua lettera del 12 marzo 2003 l'Italia ha precisato che le informazioni trasmesse con lettera del 17 ottobre 2002 non riguardavano la notifica di un nuovo regime di aiuto, contestando il fatto che il regime in questione fosse stato qualificato dalla Commissione come un aiuto illegale.

Secondo quanto affermato dalle autorità italiane, i piani di ristrutturazione aziendale erano stati istituiti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, e per la loro attuazione era stato emanato il decreto del 10 febbraio 1998. L'Italia ha rammentato che il summenzionato decreto era già stato esaminato dalla Commissione come regime di aiuto con il numero NN 24/98 e che, con lettera SG (99) D/1851 dell'11 marzo 1999, la Commissione aveva comunicato alle autorità italiane che considerava la misura in questione compatibile con il mercato comune. Secondo le autorità italiane, il decreto legislativo del 18 maggio 2001 costituisce unicamente il mezzo di rifinanziamento del regime di aiuto istituito dal decreto del 10 febbraio 1998 e approvato dalla Commissione con il numero NN 24/98.

Nella sua lettera del 4 marzo 2004 la Commissione ha confermato di essersi pronunciata positivamente sulla compatibilità con il mercato comune della misura di aiuto NN 24/98. La misura esaminata dalla Commissione riguardava l'attuazione dei piani di ristrutturazione per il periodo 1997-1999. Con decisione dell'11 marzo 1999 la Commissione aveva rammentato alle autorità italiane l'obbligo di notificare, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, qualsiasi progetto di rifinanziamento, proroga o modifica della misura di aiuto. La Commissione constata che il decreto legislativo del 18 maggio 2001 corrisponde effettivamente a una nuova attuazione o al rifinanziamento della misura di aiuto mediante risorse erogate dal Fondo centrale del credito peschereccio.

Anche se, come sostengono le autorità italiane, la notifica riguardava un regime di aiuto preesistente e il decreto legislativo del 18 maggio 2001 non costituiva una modifica di tale regime, esso si configura come un nuovo regime di aiuto a decorrere dal 1o luglio 2001. Infatti il regime di aiuto NN 24/98 era stato approvato alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicate nella GU C 100 del 27 marzo 1997, che sono state sostituite il 1o gennaio 2001 da quelle pubblicate nella GU C 19 del 20.1.2001. La Commissione, in conformità del punto 3.2 delle predette linee direttrici, ha proposto agli Stati membri, con lettera del 21 dicembre 2000, di modificare i regimi di aiuto esistenti nel settore della pesca entro il 1o luglio 2001, invitandoli a dare conferma scritta entro il 1o marzo 2001 e precisando che in assenza di risposta la Commissione avrebbe presunto l'accettazione della proposta. D'altro canto, il punto 3.4 delle suddette linee direttrici precisa che qualsiasi aiuto illegale sarà valutato alla luce delle linee direttrici applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto.

L'Italia non ha risposto alla lettera della Commissione del 21 dicembre 2000. La Commissione considera pertanto che l'Italia ha accettato la proposta e che i regimi di aiuto esistenti sono stati modificati al più tardi alla data del 1o luglio 2001.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'accettazione delle misure opportune trasforma un aiuto esistente in un nuovo aiuto. Ne consegue che i regimi di aiuto esistenti devono essere adeguati in conformità delle misure opportune o trasformati in nuovi regimi di aiuto soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione (2).

Ne consegue che le disposizioni contenute nelle linee direttrici pubblicate nel 2001 e accettate dall'Italia comportano la revoca dell'autorizzazione precedentemente concessa a determinati aiuti, che si configurano così come nuove misure.

Ciò si applica agli aiuti alla ristrutturazione aziendale. In effetti le linee direttrici pubblicate nel 1997 non prevedono disposizioni specifiche sugli aiuti alla ristrutturazione delle aziende del settore della pesca. Esse si limitano a precisare, al punto 1.3, ultimo comma, ultimo trattino, che gli aiuti al funzionamento saranno esaminati caso per caso se direttamente collegati a un piano di ristrutturazione. Le linee direttrici pubblicate nel 2001 contengono invece, al punto 2.2.4, una disposizione specifica per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Inoltre la Commissione osserva che, secondo quanto dichiarato nella prima lettera delle autorità italiane del 17 ottobre 2002, la misura di aiuto era già stata attuata. Il decreto legislativo del 18 maggio 2001 si configura pertanto, per il periodo successivo al 1o luglio 2001, come un regime di aiuto illegale.

Tale analisi trova conferma nelle informazioni trasmesse dall'Italia in relazione agli aiuti già concessi. Le autorità italiane hanno allegato alla loro lettera del 1o luglio 2004 due comunicazioni provenienti rispettivamente dalle regioni Sicilia e Puglia in merito alle misure di aiuto attuate nell'ambito del regime: la lettera della Sicilia, del 19 giugno 2004, afferma che la misura è stata attuata con decreto dell'assessore alla pesca n. 158 del 3 dicembre 2003; la lettera della Puglia, del 19 maggio 2004, precisa che la misura è stata attuata per un fascicolo presentato alla regione nel 2001. Quest'ultima specifica inoltre che le risorse finanziarie per l'anno 2003 sono pervenute soltanto alla fine dello stesso anno. Tutto ciò conferma che sono stati messi a disposizione di questa regione fondi per l'attuazione della misura in questione, i quali provengono sicuramente dalla dotazione finanziaria assegnata al Ministero ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 18 maggio 2001.

Come per gli aiuti erogati a livello nazionale, anche in questo caso le autorità italiane hanno fatto osservare che la concessione degli aiuti a livello regionale rientrava nell'ambito del decreto ministeriale del 10 febbraio 1998, che aveva formato oggetto di una decisione positiva della Commissione per il regime di aiuto NN 24/98. Tuttavia tale analisi non può essere condivisa dalla Commissione. In effetti, come è già stato indicato per gli aiuti concessi a livello nazionale, il regime di aiuto NN 24/98 è stato approvato per il periodo 1997-1999, con un finanziamento proveniente dal Fondo centrale del credito peschereccio, alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicate nella GU C 100 del 27 marzo 1997. Detto regime avrebbe dovuto essere adeguato, entro il 1o luglio 2001, alle linee direttrici pubblicate nel 2001. Pertanto il finanziamento erogato a decorrere da tale data, e più precisamente gli aiuti concessi sulla base del decreto del 18 maggio 2001, devono essere attualmente esaminati come aiuti illegali nell'ambito del regime di aiuto NN 20/2003.

Tale attuazione ad opera delle regioni corrisponde a quanto già comunicato dall'Italia con lettera del 12 marzo 2003, in cui si affermava che l'attuazione della misura non rientrava più nella competenza del ministero ma in quella delle regioni, alle quali erano state a tal fine trasferite le risorse provenienti dal Fondo centrale del credito peschereccio. Come la Commissione ha già avuto modo di precisare all'Italia, il cambiamento di identità dell'autorità pubblica che attua la misura non incide sulla qualifica o sulla natura di un aiuto. Gli aiuti concessi dalle regioni avvalendosi della dotazione del Fondo centrale del credito peschereccio sono stati erogati nell'ambito del regime NN 20/2003.

Inoltre la Commissione rileva che il regime di aiuto, relativo alla concessione di un finanziamento per la ristrutturazione di una certa categoria di imprese operanti in un settore determinato, reca un vantaggio finanziario alle imprese beneficiarie. Dal momento che i prodotti delle imprese beneficiarie sono venduti sul mercato comunitario, il regime di aiuto in questione rafforza la posizione di queste imprese sia sul mercato italiano, rispetto alle imprese degli altri Stati membri che vogliono introdurvi i loro prodotti, sia sul mercato degli altri Stati membri, rispetto alle imprese che vendono i loro prodotti in tali mercati. A beneficiare della misura sono inoltre i prodotti di questo settore particolare dell'economia. Di conseguenza, dato che le risorse necessarie all'attuazione del presente regime sono risorse pubbliche, esso costituisce un regime di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2.   Compatibilità con il mercato comune

Il regime può essere considerato compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Poiché detto regime va a beneficio del settore della pesca e dell'acquacoltura, esso deve essere analizzato alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominati orientamenti “pesca”. In applicazione del punto 5.3, secondo comma, degli orientamenti pubblicati nella GU C 229 del 14 settembre 2004, per gli aiuti erogati dal 1o novembre 2004 trovano applicazione gli orientamenti pubblicati nella GU C 229 del 14 settembre 2004, mentre per quelli erogati anteriormente a tale data si applicano le linee direttrici pubblicate nella GU C 19 del 20 gennaio 2001.

La misura è stata chiaramente presentata come un regime di aiuto alla ristrutturazione aziendale che prevede l'attuazione, a livello delle imprese beneficiarie, di piani di ristrutturazione. Dall'elenco dei costi ammissibili contenuto nel decreto del 10 febbraio 1998 si evince che le operazioni sovvenzionabili possono effettivamente corrispondere ad operazioni di ristrutturazione delle imprese beneficiarie. Tali costi corrispondono ad investimenti oppure a oneri finanziari e di funzionamento delle aziende. Si tratta di spese che possono sicuramente essere connesse a una riconversione dell'attività delle imprese beneficiarie o al loro adeguamento alle nuove condizioni economiche ai fini del ripristino della redditività economico-finanziaria.

Il regime va pertanto analizzato alla luce delle pertinenti disposizioni degli orientamenti “pesca”.

Questi orientamenti, sia nella versione del 2001 (punto 2.2.4) che in quella del 2004 (punto 4.1.2), indicano che gli aiuti di Stato destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (qui di seguito definiti orientamenti “ristrutturazione”). Per gli aiuti concessi fino al 9 ottobre 2004 si applicano gli orientamenti “ristrutturazione” pubblicati nella GU C 288 del 9 ottobre 1999, mentre per quelli concessi a partire dal 10 ottobre 2004 si applicano gli orientamenti pubblicati nella GU C 229 del 14 settembre 2004. Inoltre, nel caso particolare delle imprese esercitanti come attività principale la pesca marittima, gli orientamenti precisano che la concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione alla Commissione di un piano di riduzione della capacità della flotta.

Occorre pertanto innanzi tutto valutare se le condizioni di attuazione del regime di aiuto corrispondono a quelle definite negli orientamenti “ristrutturazione”.

In base a detti orientamenti, gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo alle imprese in difficoltà che rispondono ai criteri esplicitati ai punti 4-8 degli orientamenti del 1999 e ai punti 9-13 di quelli del 2004. La Commissione rileva che il decreto del 10 febbraio 1998 non consente di accertare l'osservanza di tali criteri. Pertanto possono fruire degli aiuti concessi dall'Italia anche imprese non conformi ai criteri definiti negli orientamenti.

Poiché il regime è destinato alle piccole e medie imprese, si applicano i criteri definiti ai punti 31-34 degli orientamenti “ristrutturazione” del 1999, come previsto al punto 67, lettera a), dei medesimi. Secondo quanto disposto nei punti suddetti, il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche, deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi. L'aiuto può essere concesso soltanto se il piano di ristrutturazione contiene tutti gli elementi suddetti. Le medesime condizioni, contenute nei punti 34-37 degli orientamenti “ristrutturazione” del 2004, si applicano in virtù del punto 82, lettera a), degli stessi orientamenti. La Commissione rileva che l'Italia non ha istituito una procedura volta ad accertare il rispetto delle condizioni sopra specificate.

In base al punto 67, lettera b), degli orientamenti “ristrutturazione” del 1999, non si applicano le misure compensative per la prevenzione di indebite distorsioni di concorrenza, previste ai punti 35-39. In compenso, in base al punto 82, lettera b), degli orientamenti del 2004, misure di questo tipo, descritte nei punti 38-42, devono essere adottate se l'aiuto è concesso a medie imprese. La Commissione rileva che l'Italia non ha previsto l'attuazione di siffatte misure compensative nei casi in cui il regime è destinato a medie imprese.

In base al punto 40 degli orientamenti “ristrutturazione” del 1999, applicabile alle piccole e medie imprese ai sensi del punto 67, lettera c), di detti orientamenti, i beneficiari dell'aiuto devono contribuire in maniera significativa, con fondi propri, al programma di ristrutturazione. Lo stesso principio è contenuto nel punto 43 degli orientamenti del 2004, applicabile in virtù del punto 82, lettera b), dei medesimi. La Commissione rileva che l'Italia non ha previsto l'obbligo per le imprese beneficiarie di contribuire con fondi propri all'attuazione dei piani di ristrutturazione. Lo stesso vale per l'osservanza del principio in base al quale l'aiuto è limitato al minimo indispensabile per consentire il ripristino della redditività dell'impresa, enunciato rispettivamente al punto 41 degli orientamenti del 1999 e al punto 44 degli orientamenti del 2004.

Inoltre, per le imprese esercitanti la pesca come attività principale, l'Italia non ha presentato alcun piano di riduzione della capacità della flotta.

4.   CONCLUSIONI

Pertanto, al presente stadio della valutazione preliminare prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione nutre gravi riserve circa la compatibilità del regime di aiuto in oggetto con il mercato comune.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  L'effetto dell'accettazione delle misure opportune da parte di uno Stato membro è stato chiaramente definito nella sentenza del 24 marzo 1993 pronunciata nella causa C-313/90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques et autres contro Commissione: “… le norme enunciate nella disciplina ed accettate dagli Stati membri hanno, in particolare, l'effetto di revocare riguardo a determinati aiuti, rientranti nel campo di applicazione della disciplina stessa, l'autorizzazione precedentemente concessa e, pertanto, di qualificarli nuovi e di assoggettarli all'obbligo di notifica previa.” (punto 35).


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/16


Anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de película de tereftalato de polietileno (PET) originarias de la India

(2006/C 202/09)

La Comisión ha recibido una solicitud de reconsideración provisional parcial de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea («el Reglamento de base») (1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo (2).

1.   Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada por productores comunitarios («el solicitante») que representan más del 50 % de la producción comunitaria del producto en cuestión.

El alcance de dicha reconsideración se limita a la inspección del dumping en lo que afecta a uno de los productores exportadores, Jindal Poly Films Limited (la «empresa»).

2.   Producto

El producto objeto de la reconsideración es la película de tereftalato de polietileno originaria de la India («el producto afectado»), actualmente clasificable en los códigos NC ex 3920 62 19 y ex 3920 62 90. Estos códigos NC se indican a título meramente informativo.

3.   Medidas vigentes

Las medidas actualmente vigentes consisten en un derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) no 1676/2001 del Consejo (3), sobre importaciones de película de tereftalato de polietileno (PET) originaria de la India.

4.   Razones para la reconsideración

El solicitante ha aportado suficientes indicios razonables de que las circunstancias relativas al dumping en función de las cuales se establecieron las medidas en vigor han cambiado y que estos cambios son de naturaleza duradera.

La alegación del solicitante de aumento del dumping se basa en una comparación entre el valor normal calculado de Jindal Poly Films Limited y sus precios de exportación a la Comunidad del producto afectado. En este contexto, el margen de dumping calculado sería significativamente más alto que el dumping determinado en la investigación anterior, que llevó al establecimiento del tipo del derecho en vigor. Por tanto se alega que la imposición continua de medidas al nivel actual no es suficiente para compensar el dumping.

5.   Procedimiento para la determinación del dumping

Habiéndose determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existen suficientes pruebas para justificar una reconsideración provisional parcial, limitada a los aspectos de dumping en lo que respecta a Jindal Poly Films Limited, la Comisión inicia una reconsideración mediante el presente anuncio, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base.

a)   Cuestionarios

A fin de obtener la información que considera necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios al solicitante y a las autoridades del país exportador afectado. Esta información y las pruebas correspondientes deberán llegar a la Comisión en el plazo establecido en el punto 6, letra a).

b)   Recopilación de información y celebración de audiencias

Se insta a todas las partes interesadas a dar a conocer sus puntos de vista, facilitar información adicional además de la incluida en las respuestas al cuestionario y proporcionar las pruebas correspondientes. Esta información y las pruebas correspondientes deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo establecido en el punto 6, letra a).

Además, la Comisión podrá oír a las partes interesadas, siempre que lo soliciten y demuestren que existen razones especiales para ello. Esta petición debe hacerse en el plazo establecido en el punto 6, letra b).

6.   Plazos

a)   Para que las partes se den a conocer, presenten sus respuestas al cuestionario y cualquier otra información

Salvo que se indique otra cosa, la investigación tendrá en cuenta únicamente las observaciones de las partes interesadas que se hayan puesto en contacto con la Comisión y le hayan presentado sus puntos de vista, las respuestas al cuestionario y demás información dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Debe señalarse que el ejercicio de la mayor parte de los derechos relativos al procedimiento establecidos en el Reglamento de base depende de que las partes se den a conocer en dicho plazo.

b)   Audiencias

Todas las partes interesadas podrán solicitar asimismo ser oídas por la Comisión en ese mismo plazo de cuarenta días.

7.   Observaciones por escrito, respuestas al cuestionario y correspondencia

Todas las observaciones y solicitudes de las partes interesadas deberán presentarse por escrito (y no en formato electrónico, salvo que se especifique lo contrario) y en ellas deberán indicarse el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono y de fax de la parte interesada. Todas las observaciones por escrito que las partes interesadas aporten con carácter confidencial, incluidas la información que se solicita en el presente anuncio, las respuestas al cuestionario y la correspondencia, deberán llevar la indicación «Difusión restringida» (4) y, de conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, ir acompañadas de una versión no confidencial, que llevará la indicación «Para inspección por las partes interesadas».

Dirección postal de la Comisión:

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

Dirección B

Despacho: J-79 5/16

B-1049 Bruselas

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Falta de cooperación

Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones, positivas o negativas, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, a partir de los datos disponibles.

Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de base. Si alguna de las partes interesadas no coopera, o sólo coopera parcialmente, y se hace uso de los datos disponibles, el resultado podrá ser menos favorable para esa parte de lo que hubiera sido si hubiera cooperado.

9.   Calendario de la investigación

La investigación deberá concluirse, de conformidad con el artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base, en el plazo de quince meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.

(2)  DO L 340 de 23.12.2005, p. 17.

(3)  DO L 227 de 23.8.2001, p. 1; DO L 68 de 8.3.2006, p. 6.

(4)  Esto significa que el documento está reservado exclusivamente a un uso interno. Estará protegido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de base y con el artículo 6 del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo antidumping).


25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/18


AYUDA ESTATAL — ALEMANIA

Ayuda estatal no C 33/2006 (ex N 576/2004) — Introducción de la televisión digital terrestre (DVB-T) en Baviera

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88(2) del Tratado CE

(2006/C 202/10)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante carta de 19 de julio de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Federal de Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88(2) del Tratado CE en relación con la mencionada medida.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda o medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Dirección H — Ayudas Estatales II

Edificio/Oficina J -70, 4/08

B-1049 Bruselas

Fax no: (32-2) 295 13 73

Dichas observaciones serán comunicadas a la República Federal de Alemania. Las partes interesadas que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

La medida notificada se refiere a la implantación de la televisión digital terrestre («DVB-T») en el Estado Federado de Baviera, donde se puso en marcha en Munich y en Nuremberg el 30 de mayo de 2005. El proyecto de transición ha sido dirigido por el organismo bávaro encargado de los medios de comunicación «Bayerische Landeszentrale für neue Medien» («BLM»).

BLM ha presupuestado la introducción de la DVB-T en Baviera en EUR 2,4 millones. De estos recursos, EUR 300 000 se utilizan para informar a los consumidores sobre el cambio y EUR 2,1millones se entregarán a las cadenas comerciales para apoyar la transmisión en DVB-T de sus canales de programas. La ayuda financiera a las cadenas comerciales se concederá en forma de subvenciones a fondo perdido que ascienden a EUR 600 000 el primer año y a EUR 500 000 en los tres años siguientes.

La ayuda financiera se calcula según un método que tiene en cuenta cuatro criterios. El método se aplica a los canales de programas de las televisiones. Los canales reciben un punto por cada uno de los cuatro criterios que cumplen. Los cuatro criterios son los siguientes: (i) canales de difusión frente a servicios de comunicación social; (ii) canales de difusión que poseen una licencia de BLM; (iii) canales de difusión previamente presentes en la red analógica terrestre; (iv) canales de difusión locales, por contraste con los canales nacionales.

Dependiendo del año y del área geográfica, cada punto vale entre EUR 10 419 y EUR 15 000. Según los canales, los años y las zonas, la intensidad de la ayuda varía entre un 5 % y un 55 % de los costes de transmisión de las emisoras. Alemania ha notificado la ayuda financiera concedida a los canales locales de televisión y la concedida a los canales nacional de televisión como dos medidas separadas. La ayuda financiera se calcula, en el caso de ambos beneficiarios, tomando como base el método previamente mencionado.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

En un primer análisis, la Comisión considera que la subvención concedida por BLM constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87(1). BLM puede considerarse un organismo público establecido o designado por el Estado que desempeña una tarea pública y las ventajas concedidas por dicho organismo pueden considerarse recursos estatales.

La ayuda financiera de BLM parece favorecer a dos grupos de beneficiarios. En primer lugar, a las televisiones comerciales que participan en la DVB-T como beneficiarios directos y, en segundo lugar, al operador de la red DVB-T, T-Systems, como beneficiario indirecto. A nivel de las emisoras, la subvención concedida por BLM cubre parte de sus costes de transmisión vía la red DVB-T durante un período de cuatro años. De este modo, la subvención los libera de los gastos que forman parte de sus costes de funcionamiento normales. A nivel de la red, no está excluido que el operador de red T-Systems reciba una ventaja indirecta de la subvención de BLM, dado que T-Systems puede así evitar la necesidad de cobrar a los usuarios finales por el acceso a la DVB-T. No obstante, en esta fase, no está claro si ha habido transferencia real de recursos estatales al operador de red.

La Comisión duda también de que los procedimientos de licitación permitieran asegurarse de que la ventaja económica selectiva derivada de la subvención de BLM fuera minimizada o incluso eliminada y que fueran, por lo tanto, adecuados para impedir la distorsión de la competencia. Por el contrario, la ayuda parece distorsionar la competencia en la medida en que la parte de los costes de transmisión cubierta por la subvención no es la misma para todas las televisiones comerciales y en que, por ejemplo, la ayuda no subvenciona a las televisiones que utilizan otras plataformas de transmisión distintas de DVB-T. Hay también pruebas empíricas de que, a nivel minorista, las diversas plataformas de transmisión son intercambiables y, más particularmente, del efecto en los operadores de cable, desde el punto de vista de la competencia, del lanzamiento de la DVB-T. Por otra parte, la Comisión considera que la medida en cuestión puede afectar al comercio entre Estados miembros puesto que los supuestos beneficiarios operan a nivel internacional en varios mercados diferentes.

Las autoridades alemanas han invocado los artículos 87(3)(c), 87(3)(d) y 86(2) del Tratado CE para justificar la compatibilidad de la medida en caso de que se considere que constituye una ayuda. En cuanto al artículo 87(3)(c), la Comisión duda de que la medida notificada resulte apropiada y necesaria para garantizar la pluralidad de los medios de comunicación, promover el desarrollo de nuevos servicios o fomentar la competencia entre las distintas plataformas de transmisión, tal como alegan las autoridades. Además, la Comisión no tiene ningún indicio de que la medida notificada resulte apropiada o necesaria para suplir cualquier otro tipo de carencia del mercado que pudiera obstaculizar el cambio a la televisión digital. Por el contrario, la necesidad de la medida parece dudosa, ya que a las televisiones comerciales les pareció que valía la pena poner en marcha la DVB-T y transmitir durante más de un año sin ninguna garantía de ayuda financiera.

En cuanto al artículo 87(3)(d), la impresión de la Comisión es que la medida afecta a la transmisión de señales de difusión y no está relacionada con ningún contenido cultural particular que, en otro caso, no sería emitido.

En cuanto al artículo 86(2), la Comisión considera, ante todo, que las autoridades nacionales deben definir claramente los servicios de interés económico general y encomendarlos explícitamente a una empresa determinada, lo que no parece haberse hecho en este caso. En segundo lugar, la Comisión se pregunta si esta medida, por la que se concede una ayuda financiera a actividades comerciales normales de empresas comerciales durante más de cuatro años puede considerarse como un servicio de interés económico general, especialmente en presencia de difusores de servicio público a quienes se ha encomendado explícitamente la obligación de servicio público de garantizar el pluralismo y de proponer ofertas de programas locales y regionales.

TEXTO DE LA CARTA

«Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von der Bundesregierung übermittelten Angaben zu der oben genannten Beihilfe beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

1.   VERFAHREN

(1)

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2004, registriert am 10. Dezember 2004, unterrichtete Deutschland die Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag über eine Maßnahme zur Finanzierung der Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Bayern. Deutschland meldete diese Maßnahme aus Gründen der Rechtssicherheit an.

(2)

Mit Schreiben vom 31. Januar 2005 erging ein Ersuchen der Kommission um zusätzliche Auskünfte, die Deutschland nach Fristverlängerung mit Schreiben vom 22. März 2005 (mit demselben Eingangsdatum registriert) erteilte. Ein weiteres Auskunftsersuchen erging am 20. Mai 2005, auf das Deutschland mit Schreiben vom 16. Juni 2005, registriert am 24. Juni 2005, reagierte. Am 30. Mai 2005 fand ein Treffen der Dienststellen der Kommission mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (nachstehend ‚BLM‘ abgekürzt) statt, die für die in Rede stehende Maßnahme zuständig ist.

(3)

Die Maßnahme weist Ähnlichkeiten mit der öffentlichen Finanzierung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Berlin-Brandenburg auf, wegen der die Kommission am14. Juli 2004 (1) ein förmliches Prüfverfahren eröffnete und am 9. November 2005 eine endgültige Entscheidung erließ, in der sie die staatliche Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärte (2). Da die beiden Fälle ähnlich gelagert sind, vereinbarten die Kommission und Deutschland, das Notifizierungsverfahren im vorliegenden Fall auszusetzen, um den Behörden die Gelegenheit zu geben zu bewerten, wie sich die Entscheidung im Fall Berlin-Brandenburgs auf das laufende Verfahren (sowie auf eine ähnliche Anmeldung betreffend Nordrhein-Westfalen) auswirkt (3). Am 21. März 2006 fand ein Treffen der Kommission mit Vertretern des Landes Bayern statt, auf dem unter anderem die anhängige Anmeldung erörtert wurde.

(4)

Mit Schreiben vom 12. April 2006 bat die Kommission Deutschland, seinen Standpunkt zum anhängigen Notifizierungsverfahren innerhalb von einem Monat mitzuteilen. Mit Schreiben vom 12. Mai 2006 teilte Deutschland der Kommission mit, dass es die angemeldete Maßnahme nicht zurückzunehmen oder grundlegend zu ändern gedenke. Deutschland kündigte gleichzeitig eine geringfügige Änderung der bayerischen Anmeldung an, die dann mit Schreiben vom 19. Mai 2006 übermittelt wurde. Mit der Änderung wurde eine Trennung zwischen Zuschüssen für lokale Fernsehprogramme und Zuschüssen für bundesweite Fernsehprogramme vorgenommen. Am 13. Juni 2006 traf sich die Kommission erneut mit Vertretern des Landes Bayern, um unter anderem die anhängige Anmeldung zu erörtern.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEIHILFE

2.1.   Regulatorischer und technischer Hintergrund

(5)

Die angemeldete Beihilfe betrifft die Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (nachstehend ‚DVB-T‘ abgekürzt) in Bayern (4). Wie in mehreren anderen Mitgliedstaaten wird die Übertragung von Rundfunksignalen von analoger auf digitale Technik umgestellt. Diese Umstellung betrifft alle derzeit gängigen Übertragungswege für die Ausstrahlung von Rundfunksignalen (d. h. Übertragung über Kabel, Satellit und Terrestrik). Der bedeutendste Vorteil der Digitalisierung besteht bei allen Übertragungswegen in der größeren Übertragungskapazität dank einer effizienteren Nutzung des Frequenzspektrums. Die Kommission unterstützt aktiv die Digitalisierung des Rundfunks (5). Die vorliegende Maßnahme betrifft den digitalen Umstieg lediglich des terrestrischen Übertragungswegs.

(6)

Seit dem Aufkommen von Kabel und Satellit in den 80er Jahren ist die Nutzung der Terrestrik in Deutschland stark zurückgegangen. Daten von AGF/GfK zufolge war die Empfangssituation der Fernsehhaushalte bei Erstgeräten in Deutschland am 1. Januar 2006 wie folgt: 4,6 % Terrestrik, 55,5 % Kabel und 39,9 % Satellit (6). ASTRA/Infratest-Erhebungen zufolge lag der Anteil der Terrestrik Ende 2005 bei 4,8 % (7). ASTRA/Infratest schlüsselt den Fernsehempfang zudem nach Bundesländern auf. Demnach war die Empfangssituation der Haushalte in Bayern Ende 2005 wie folgt: Terrestrik 6,3 %, Kabel 46,0 % und Satellit 47,7 %. Es sei darauf hingewiesen, dass die Angaben von ASTRA/Infratest für 2005, als DVB-T in Bayern eingeführt wurde, zum ersten Mal seit vielen Jahren einen deutlichen Anstieg des Anteils des terrestrischen Empfangs anzeigen (siehe Schaubild 1). Aus der von TNS Infratest im Auftrag der BLM durchgeführten ‚Funkanalyse Bayern 2005‘ geht hervor, dass in Bayern der Anteil der Haushalte, die ihre Fernsehprogramme ausschließlich über den terrestrischen Übertragungsweg empfangen, von 11,6 % (2000) auf 6,2 % (Anfang 2005) zurückgegangen ist (siehe Schaubild 1) (8).

Schaubild 1

Marktanteil der Terrestrik bundesweit und in Bayern

Image

(7)

Der digitale Umstieg wurde von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien geleitet. Gemäß Artikel 11 des Bayerischen Mediengesetzes (BayMG)  (9) entscheidet die BLM unter anderem über die Frequenzen und die Zuweisung der technischen Übertragungskapazitäten für die terrestrische Übertragung und für die Kabel- und Satellitenübertragung. Eine weitere allgemeine Aufgabe der BLM besteht in der Aufsicht über private Rundfunkanbieter.

Die einzelnen Phasen der Umstellung

(8)

In Europa erfolgte die erste Umstellung von der analogen zur digitalen terrestrischen Übertragung in Berlin-Brandenburg in der Zeit von November 2002 bis August 2003. In Bayern fiel am 30. Mai 2005 der Startschuss für die digitale Umstellung, die zunächst einmal in München und Nürnberg (10) durchgeführt wurde. Die Übertragungskapazität des DVB-T-Netzes umfasst sechs Multiplexe, über die in jeder der beiden Regionen insgesamt 24 Fernsehprogramme übertragen werden können (11). Die analoge terrestrische Übertragung der privaten Rundfunkanbieter wurde zum 30. Mai 2005 eingestellt (12). Allerdings wurde die analoge terrestrische Übertragung der drei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD-Das Erste, ZDF und BFS) zunächst drei Monate lang fortgesetzt (Parallelbetrieb oder auch Simulcast-Phase genannt) und dann zum 31. August 2005 eingestellt. Am 29. Mai 2006, wurde der digitale terrestrische Umstieg in Region Würzburg/ Unterfranken vollzogen. In dieser Region entschieden sich die privaten Rundfunkanbieter gegen eine Teilnahme an der DVB-T-Übertragung. Ziel der BLM ist es bis 2008 für 90 % der Bevölkerung und der Fläche Bayerns den DVB-T-Empfang über Dachantenne zu gewährleisten.

(9)

Der digitale terrestrische Rundfunk betrifft generell zwei Arten von Betreibern, die unter Umständen integriert sein können: Sendernetzbetreiber, die für die Übertragung der Rundfunksignale sorgen, und Rundfunkanbieter, die inhaltliche Programme zusammenstellen. Die Entwicklung des digitalen terrestrischen Rundfunks erfordert eine Anpassung der Übertragungseinrichtungen durch die Sendernetzbetreiber sowie die Zuteilung von Frequenzen für die Übertragung. Die folgenden Absätze beschreiben die Verfahren, mit denen die deutschen Behörden Rundfunkanbietern und Sendernetzbetreibern die entsprechenden Lizenzen zugewiesen haben.

Vergabe der Rundfunklizenzen

(10)

Artikel 32 Absatz 1 BayMG enthält einen Verweis auf § 52a Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrags (13), nach dem bei der erstmaligen Zuweisung digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten im Fernsehen nach Landesrecht die Fernsehveranstalter mit denjenigen Programmen vorrangig zu berücksichtigen sind, die in dem jeweils betroffenen Verbreitungsgebiet analog verbreitet werden. Die technischen Übertragungskapazitäten für diese Programme müssen im Verhältnis zu den übrigen Übertragungskapazitäten gleichwertig sein.

(11)

Am 19. Dezember 2003 veröffentlichte die BLM eine Ausschreibung für die Nutzung von DVB-T-Übertragungskapazitäten in München und Nürnberg (14). Den Ausschreibungsbedingungen zufolge wurde die Übertragungskapazität gleichmäßig auf öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und private Rundfunkanbieter aufgeteilt. Die Ausschreibung bezog sich nur auf einen Teil der für private Rundfunkangebote vorgesehenen Kapazitäten. In der Ausschreibung sind für jeden Programmplatz die DVB-T-Übertragungskosten angegeben. Die Rundfunkanbieter mussten diesen Bedingungen bei Einreichung ihrer Angebote förmlich zustimmen. Die BLM-Tochter Bayerische Medientechnik (nachstehend ‚BMT‘ abgekürzt) war als Veranstalter für die Übertragungsdienste zuständig und unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem Sendenetzbetreiber einerseits und mit den einzelnen Rundfunkanbietern andererseits. Zu den in der Ausschreibung genannten Auswahlkriterien gehörten der Beitrag zur Ausgewogenheit des Gesamtangebots und zur Meinungsvielfalt sowie die Präsenz im analogen terrestrischen Netz (15). Schließlich stellte die BLM in Aussicht, dass sie einen Teil der technischen Übertragungskosten entsprechend den jeweiligen haushaltsrechtlichen Entscheidungen übernehmen würde (16).

(12)

Am 28. Mai 2004 unterzeichneten alle Projektpartner, d. h. alle Rundfunklizenzbewerber, die BLM und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD, ZDF und Bayerischer Rundfunk (‚BR‘) eine Vereinbarung über die Einführung von DVB-T in Bayern, in der unter anderem die Einzelheiten des digitalen Umstiegs in München und Nürnberg festgelegt wurden. Nachdem die privaten Rundfunkanbieter Ende Mai 2005 mit der BLM-Tochter BMT Vereinbarungen über Rundfunkübertragungsdienste unterzeichnet hatten, vergab die BLM Anfang Juni 2005 die Rundfunklizenzen (17). Die Gesamtübertragungskapazität für Rundfunk umfasste sechs Multiplexe. Diese wurden wie folgt zugeteilt: je ein Multiplex für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ARD, ZDF und BR sowie für die privaten Rundfunkanbieter RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1. Die Kapazitäten auf dem sechsten Multiplex wurden einzelnen Programmen zugewiesen. In beiden DVB-T-Gebieten erhielten Tele 5, Eurosport und ein kommerzielles Lokalprogramm (München TV in München und Franken TV in Nürnberg) jeweils einen Programmplatz. In München ging ein vierter Programmplatz an den Einkaufssender Home Shopping Europe AG (nachstehend ‚HSE ‘abgekürzt) (18).

(13)

Gemäß Artikel 26 Absatz 2 Satz 1 BayMG, der terrestrische Sendelizenzen auf vier Jahre begrenzt, wurden die entsprechenden Lizenzen für die privaten Rundfunkanbieter für vier Jahre erteilt. Die Geltungsdauer der Vereinbarungen zwischen der BLM-Tochter BMT und den privaten Rundfunkanbietern beträgt jedoch fünf Jahre. Darüber hinaus sind die privaten Rundfunkanbieter im Falle einer Beendigung der Vereinbarung vor Ablauf des fünften Vertragsjahrs verpflichtet, für die verbleibende Vertragszeit 50 % der Sendekosten zu zahlen (19). Den deutschen Behörden zufolge soll durch diese Bestimmung die Dauer der Vereinbarungen mit den privaten Rundfunkanbietern an die fünfjährige Laufzeit der Mietverträge mit T-Systems für die Nutzung der DVB-T-Infrastruktur angepasst werden (20).

Tabelle 1

Programmspektrum in München vor und nach der Umstellung

Kanal

Analog-TV bis 30.5.2005

Versorgungsbedarfe

DVB-T-Belegung ab 31.5.2005

K 10

Das Erste

Bayern 1

ARD-Bouquet

K 24

RTL

 

Das Erste (Parallelbetrieb bis 31.8.2005)

K 27

DSF

 

K 34

Bayern 3

RTL-Bouquet

K 35

ZDF

bundesweit

ZDF-Bouquet

K 37

Tele 5

 

BFS (Parallelbetrieb bis 31.8.2005)

K 40

RTL 2

 

K 45

ProSieben

 

ZDF (Parallelbetrieb bis 31.8.2005)

K 48

Bayern 4

ProSiebenSat.1-Bouquet

K 51

TV München bis zum 30.6.2005

K 56

BFS

Bayern 2

BR-Bouquet

K 59

Sat.1

 

K 66

Bayern 5

Tele 5/Eurosport/HSE/München TV (seit 26.10.2005)

Erläuterungen:

Die Kanäle K34, K35, K48 und K66 werden von T-Systems betrieben, während K10 und K56 ARD/BR zugeteilt wurden, jedoch ebenfalls teilweise von T-Systems betrieben zu werden scheinen. Die analoge Ausstrahlung ist in Kursivschrift angegeben. Die DVB-T-Belegung mit Rundfunkanbieter in Nürnberg ist nicht in dieser Tabelle erfasst, aber ähnlich wie in München.

Vergabe der Netzlizenzen

(14)

Auf Antrag der BLM veröffentlichte die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (nachfolgend ‚RegTP‘ abgekürzt) (21) am 6. Oktober 2004 das Frequenzzuteilungsverfahren (22). Der Gesamtversorgungsbedarf wurde in fünf Versorgungsbedarfe (Bayern 1 — 5) untergliedert. In der einschlägigen Verfügung ist vermerkt, dass ein bundesweiter Versorgungsbedarf bereits am 27. November 2002 ausgeschrieben worden war (23). Dieses Verbreitungsgebiet wurde T-Systems (Tochtergesellschaft von Deutsche Telekom) zugewiesen und beinhaltet die Übertragung der Fernsehprogramme des ZDF. Im bayerischen Zuteilungsverfahren bewarb sich T-Systems um die Frequenzen für die Versorgungsbereiche Bayern 3 — 5 und der BR um die Versorgungsbereiche Bayern 1 und 2. Da für jeden der fünf Versorgungsbereiche nur jeweils ein Zuteilungsantrag vorlag, teilte die RegTP die Frequenzen im so genannten Antragsverfahren zu und konnte davon absehen, die zweite Stufe des Frequenzzuteilungsverfahrens, das Ausschreibungsverfahren, zu eröffnen. Da T-Systems und der BR bereits Betreiber des analogen terrestrischen Netzes waren und folglich eine Telekommunikationsgenehmigung besaßen, war auch diese Voraussetzung für die antragsmäßige Zuteilung der Frequenzen erfüllt. Die DVB-T-Nutzungsrechte wurden für eine Dauer von zwanzig Jahren bis zum 31. Dezember 2025 erteilt.

2.2.   Ausführliche Beschreibung der Maßnahme

(15)

Gegenstand der Notifizierung ist die finanzielle Förderung, die die BLM privaten Rundfunkanbietern für die Umstellung vom analogen zum digitalen terrestrischen Fernsehen gewährt. Rechtliche Grundlage dieser Förderung ist § 40 Absatz 1 Nr. 2 RStV, wonach die Landesmedienanstalten die Aufgabe haben, aus ihrem Anteil an der Rundfunkgebühr unter anderem die technische Infrastruktur für die Rundfunkversorgung und Projekte für neuartige Rundfunkübertragungstechniken zu fördern (24). Der Haushalt der BLM finanziert sich im Wesentlichen aus einem Anteil von zwei Prozent des auf Bayern entfallenden Rundfunkgebührenaufkommens (gemäß § 40 RStV und Artikel 21 Absatz 1 Ziffer 2 BayMG). Dem BLM-Wirtschaftsplan 2005 zufolge beläuft sich dieser Rundfunkgebührenanteil von 2 % auf 20,7 Mio. EUR. Der Gesamthaushalt von BLM beträgt 24,6 Mio. EUR.

(16)

Die BLM hat für die Einführung von DVB-T in Bayern einen Betrag von 2,4 Mio. EUR veranschlagt, der über vier Jahre verteilt werden soll. Dieser Vierjahreszeitraum entspricht der vierjährigen Laufzeit der terrestrischen Sendelizenzen der privaten Rundfunkanbieter. Die Gesamtkosten der DVB-T-Übertragungen werden auf 3,9 Mio. EUR pro Jahr geschätzt (25). In diesen Gesamtkosten scheinen jedoch auch die Kosten für den Aufbau der Multiplexe, die von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten genutzt werden, enthalten zu sein. Von den Haushaltsmitteln der BLM sind 300 000 EUR für die Information der Kunden über die digitale Umstellung vorgesehen (26). Insgesamt 2,1 Mio. EUR gehen als finanzielle Förderung an die privaten Rundfunkanbieter zur Verbesserung der technischen Infrastruktur (davon 600 000 EUR im ersten Jahr und 500 000 EUR in den folgenden drei Jahren). Die finanzielle Förderung der privaten Rundfunkanbieter erfolgt in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse.

(17)

Die Höhe der zu gewährenden finanziellen Förderung wird anhand einer Methode errechnet, die vier Kriterien berücksichtigt. Die Methode wird für jedes einzelne Programm der privaten Rundfunkanbieter angewendet. Für jedes Kriterium, das ein Programm erfüllt, erhält es einen Punkt. Hierbei handelt es sich um die folgenden vier Kriterien:

Jeder an DVB-T teilnehmende Rundfunkanbieter (im Gegensatz zu Mediendienstleistern) erhält einen Punkt.

Jeder in Bayern genehmigte Anbieter erhält zusätzlich einen Punkt (im Gegensatz zu Anbietern, die von anderen Medienanstalten lizenziert wurden.

Jeder zuvor analog sendende Rundfunksender erhält einen zusätzlichen Punkt.

Jeder lokale Anbieter erhält zusätzlich einen Punkt.

(18)

Je nach Jahr und DVB-T-Empfangsgebiet ist jeder Punkt zwischen 10 416 EUR und 15 000 EUR wert. Zur Erläuterung ein Beispiel: In Nürnberg entsprach im ersten Jahr der finanziellen Förderung ein Punkt 13 043 EUR. Ein Fernsehsender, der drei der vier Kriterien erfüllt, erhält in diesem Falle eine finanzielle Förderung von 39 129 EUR. Bei jährlichen Kosten von 95 000 EUR für die Verbreitung eines DVB-T-Programms in Nürnberg liegt die Beihilfeintensität somit bei rund 41 %. Insgesamt variiert die Beihilfeintensität über alle Programme, Jahre und DVB-T-Gebiete zwischen 5 % (für ein Sportprogramm in München im zweiten bis vierten Jahr der finanziellen Förderung) und 55 % (für einen Lokalsender in Nürnberg im ersten Jahr der finanziellen Förderung) der digitalen terrestrischen Übertragungskosten des Rundfunksenders (27).

(19)

Wie unter Randnummer 4 erläutert, änderte Deutschland die angemeldete Maßnahme im Mai 2006 insoweit, als eine Trennung zwischen Zuschüssen für lokale Fernsehprogramme und Zuschüssen für bundesweite Fernsehprogramme vorgenommen wurde. Obwohl die finanzielle Förderung für beide Kategorien von Begünstigten nach derselben Methode berechnet wird, meldete Deutschland die Zuschüsse entsprechend der Art des Begünstigten als zwei getrennte Maßnahmen an.

(20)

Die Vereinbarungen zwischen der BMT und den privaten Rundfunkanbietern enthalten eine Klausel, die Letzteren das Recht gibt, den Vertrag mit dreimonatiger Kündigungsfrist zu beenden, wenn die BLM die finanzielle Förderung um zehn Prozent oder mehr kürzen sollte. Den deutschen Behörden zufolge wurde diese Klausel in Anbetracht des laufenden Beihilfeverfahrens zum Schutz der privaten Rundfunkanbieter aufgenommen.

(21)

Die BLM gewährt die oben beschriebene Förderung nur Programmen privater Rundfunkanbieter. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten finanzieren ihre Aufwendungen für die DVB-T-Übertragung aus dem ihnen zustehenden Teil des Rundfunkgebührenaufkommens. Aus den Unterlagen der deutschen Behörden geht hervor, dass der BR einen weiteren einmaligen Zuschuss von 11,359 Mio. EUR erhält, um die zusätzlich aus der Umstellung erwachsenen Kosten zu decken. Die zusätzlichen Kosten umfassen Investitionen für Antennenstandorte, Transmitter, Multiplexe und die Übertragung der Rundfunksignale an die Sendestandorte. Für das ZDF wurden keine entsprechenden Zahlen vorgelegt.

3.   WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

3.1.   Staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

(22)

Die Kommission muss prüfen, ob die Maßnahme als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag anzusehen ist, wonach ‚staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.‘

3.1.1.   Staatliche Mittel

(23)

Nach bisheriger Rechtsprechung des Gerichtshofs vertritt die Kommission die Auffassung, dass die von einer vom Staat benannten oder errichteten privaten oder öffentlichen Einrichtung gewährten Vorteile ebenfalls in den Geltungsbereich von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag fallen (28). Nach ersten Erkenntnissen der Kommission kann die BLM als eine vom Staat benannte oder errichtete öffentliche Einrichtung angesehen werden, die eine öffentliche Aufgabe erfüllt, und die von ihr gewährten Vorteile können als staatliche Mittel im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 betrachtet werden (29).

(24)

Die deutschen Behörden machen geltend, dass eine Maßnahme nur dann als staatliche Mittel anzusehen sei, wenn sie die staatlichen Haushalte belaste. Da der Zuschuss keine finanzielle Belastung für den bayerischen Landeshaushalt mit sich bringe, sondern über die bei den Fernsehzuschauern erhobene Rundfunkgebühr finanziert werde, erfolge die Förderung nicht aus staatlichen Mitteln. Außerdem entscheide die BLM in Eigenverantwortung und entsprechend ihrer staatsunabhängigen Organisationsstruktur darüber, welche konkreten Maßnahmen notwendig sind, um den digitalen Umstieg zu fördern. Eine direkte Einflussnahme des Staates liege somit nicht vor.

(25)

Nach vorläufiger Auffassung der Kommission werden die von der BLM geleisteten Zahlungen mittelbar aus staatlichen Mitteln gewährt und sind dem Staat zuzurechnen. Die Zahlungen werden aus den Haushaltsmitteln der BLM finanziert. Ungeachtet dessen, ob die deutschen Rundfunkgebühren, aus denen sich der Haushalt der BLM finanziert, als staatliche Mittel einzustufen sind oder nicht, müssen diese Gelder von dem Zeitpunkt an als staatliche Mittel betrachtet werden, ab dem sie in den Haushalt der BLM einfließen. Die Tatsache, dass diese Gelder, wie die deutschen Behörden argumentieren, bei Privatpersonen erhoben werden, steht in jedem Fall nicht im Widerspruch zu der Feststellung, dass die Haushaltsmittel der BLM als staatliche Mittel anzusehen sind. Die der BLM durch die Gewährung des Vorteils entstandenen Kosten stellen eindeutig eine Belastung für den BLM-Haushalt dar.

(26)

Darüber hinaus ist die BLM eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die nach dem Bayerischen Mediengesetz gegründet wurde. Das Gesetz legt die Organisationsstruktur der BLM fest und weist ihr eine breite Palette öffentlicher Aufgaben im Rundfunk- und Frequenzmanagement zu. Außerdem unterliegt die BLM der staatlichen Rechtsaufsicht des Landes Bayern (30); ihr Jahreshaushalt wird vom Obersten Rechnungshof geprüft (31). Die im vorliegenden Fall relevante öffentliche Aufgabe ist im Rundfunkstaatsvertrag niedergelegt und wird als Förderung der technischen Infrastruktur für die Rundfunkversorgung und von Projekten für neuartige Rundfunkübertragungstechniken beschrieben (32). Darüber hinaus ist im bayerischen Mediengesetz ausdrücklich festgelegt, dass die BLM ab dem 1. Januar 2002 die Genehmigung für die terrestrische Verbreitung von Rundfunkprogrammen nur dann erteilt, wenn diese Programme in digitaler Technik verbreitet werden (33). In anderen Worten, die BLM kann ihre Aufgabe, die terrestrische Verbreitung von Rundfunkprogrammen zu regeln (Artikel 11 BayMG), nur dann wahrnehmen, wenn die terrestrische Sendetechnik auf eine digitale Verbreitung umgestellt wird.

(27)

Schließlich kann es gemeinschaftsrechtlich nicht zulässig sein, dass Vorschriften über staatliche Beihilfen allein dadurch umgangen werden, dass unabhängige Einrichtungen geschaffen werden, denen die Verteilung der Beihilfen übertragen wird (34). Obwohl der Rundfunkstaatsvertrag und das bayerische Mediengesetz ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zulassen, sind die von der BLM zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben klar definiert, und ihr wird bei der Verwendung der Haushaltsmittel kaum Ermessensspielraum zugestanden. Insbesondere scheint die der BLM zugestandene Unabhängigkeit nicht auszuschließen, dass ihre Tätigkeit und vor allem die Verwendung ihrer Finanzmittel von politischen Überlegungen geleitet werden. Dass die Entscheidungen der BLM eher von politischen als von zum Beispiel wirtschaftlichen Überlegungen geleitet werden, ist im vorliegenden Fall beispielsweise daran ablesbar, dass die Förderung in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse ohne unmittelbaren Nutzen für die BLM gewährt wird. Deshalb ist die Maßnahme nach vorläufiger Auffassung der Kommission dem Staat zuzurechnen.

3.1.2.   Vorteil

(28)

Die vorliegende Maßnahme scheint zwei Gruppen von Empfängern zu begünstigen, erstens die am DVB-T teilnehmenden privaten Rundfunkanbieter als unmittelbar Begünstigte und zweitens den Betreiber des DVB-T-Netzes, T-Systems, als mittelbar Begünstigten.

(29)

Auf der Ebene der Rundfunkanbieter deckt der von der BLM gewährte Zuschuss für einen Zeitraum von vier Jahren einen Teil der Kosten der privaten Rundfunkanbieter für die Verbreitung über das DVB-T-Netz. Der Zuschuss entlastet sie somit von Aufwendungen, die Teil ihrer normalen Betriebskosten sind.

(30)

Auf Netzebene ist nicht ausgeschlossen, dass der Sendernetzbetreiber T-Systems aus dem BLM-Zuschuss der BLM einen mittelbaren Vorteil zieht (35). Verglichen mit einer Situation ohne Förderung könnte T-Systems möglicherweise eine Belastung der Endnutzer (Abonnentengebühren) für den Zugang zu DVB-T umgehen, so wie dies beispielsweise in den Niederlanden und Schweden geschieht. Demgegenüber scheinen die Übertragungsgebühren, die der Sendenetzbetreiber dem Rundfunkanbieter in Rechnung stellen kann, vorab festgelegt worden zu sein, denn diese erschienen bereits in den Ausschreibungen der Rundfunklizenzen (36).

(31)

Da die privaten Rundfunkanbieter nur dann von der BLM finanziell gefördert werden, wenn sie das DVB-T-Netz nutzen, hat T-Systems den Vorteil, dass sich mehr private Rundfunkanbieter für sein Netz interessieren, unter anderem auch die beiden größten Privatsender in Deutschland, auf die mehr als 90 % der gesamten Fernsehwerbeeinnahmen und nahezu die Hälfte der Fernsehzuschauer entfallen (37). Die garantierte Teilnahme der privaten deutschen Rundfunkanbieter ist für T-Systems daher als Einkommensgarantie wichtig.

(32)

Deutschland hat nicht die Anwendung der Kriterien des Altmark-Urteils geltend gemacht, um dafür einzutreten, dass die angemeldete Maßnahme keine staatliche Beihilfe darstellt (38). Gleichermaßen vertritt die Kommission die vorläufige Auffassung, dass das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe durch die Anwendung der Kriterien des Altmark-Urteils nicht in Frage gestellt wird, denn keines der vier Kriterien (Definition und Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, vorherige Festlegung der Parameter für den Ausgleich, keine Überkompensierung und Wahl eines effizienten Leistungserbringers) scheint erfüllt zu sein.

3.1.3.   Wettbewerbsverfälschung

Zuteilung der Netz- und Rundfunklizenzen

(33)

Die deutschen Behörden haben geltend gemacht, dass die Maßnahme den Wettbewerb nicht verfälsche, da sie weder den privaten Rundfunkanbietern noch dem Netzbetreiber T-Systems einen selektiven Vorteil übertrage, denn die Lizenzen seien im Wege offener und transparenter Ausschreibungsverfahren erworben worden. Grundsätzlich habe jeder Rundfunkanbieter oder Sendernetzbetreiber von der Förderung profitieren können, so dass die Maßnahme nicht als selektiv angesehen werden könne. Insbesondere im Falle von mittelbar Begünstigten müsse eine Maßnahme selektiv sein, um als Beihilfe eingestuft werden zu können.

(34)

Die Kommission bezweifelt, dass die Ausschreibungsverfahren dergestalt waren, den selektiven wirtschaftlichen Vorteil des BLM-Zuschusses auf ein Mindestmaß zu begrenzen bzw. sogar ganz aufzuheben, und somit hinreichend waren, um einer Wettbewerbsverfälschung vorzubeugen.

(35)

Auf der Ebene der Rundfunkanbieter organisierte die BLM ein offenes Ausschreibungsverfahren, das alle 12 DVB-T-Programmplätze beinhaltete, die für private Rundfunkanbieter vorgesehen waren und für einen BLM-Zuschuss in Frage kamen (39). Dabei wurden jedoch Programme, die bereits über das analoge terrestrische Netz verbreitetet wurden, vorrangig berücksichtigt. Dies betraf in den beiden DVB-T-Gebieten jeweils fünf Programme (40). Außerdem enthielt die Ausschreibung keine verbindliche Zusage dahingehend, dass die BLM die Übertragungskosten subventionieren würde, sondern machte die Bezuschussung von entsprechenden haushaltsrechtlichen Entscheidungen abhängig. Die Ausschreibung enthielt zudem keine Angaben zur Höhe des möglichen Förderbetrags, sondern ausschließlich Angaben zu den jährlichen Übertragungskosten pro Programm für die entsprechenden Sendestandorte. Die Kommission ist deshalb vorläufig der Auffassung, dass das Ausschreibungsverfahren nicht hinreichend transparent war um sicherzustellen, dass der aus dem BLM-Zuschuss erwachsende Vorteil in den Angeboten der Rundfunkanbieter hinreichend berücksichtigt war (41) bzw. dass jegliche Selektivität ausgeschlossen werden kann.

(36)

Auf Netzebene leitete die RegTP am 27. November 2002 ein erstes Frequenzzuteilungsverfahren für einen bundesweiten Multiplex und am 6. Oktober 2004 ein zweites Verfahren für fünf regionale Multiplexe ein (42). Nach Auffassung der Kommission reichten diese Verfahren nicht aus, um einen möglichen durch die Förderung der BLM gewährten wirtschaften Vorteil für den Sendernetzbetreiber T-Systems aufzuheben, so dass der Wettbewerb möglicherweise verfälscht wurde.

Erstens wurde in den Ausschreibungsbedingungen nicht auf die von der BLM für die Nutzung des DVB-T-Netzes gewährte finanzielle Unterstützung zugunsten der Rundfunkanbieter hingewiesen; ferner stand der genaue Förderbetrag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibungen noch nicht fest (43). Da die Bieter über die Existenz der Beihilfe im Unklaren waren, konnten sie kein entsprechendes Lizenzgebot abgeben.

Zweitens war T-Systems als Betreiber und Eigentümer des analogen terrestrischen Netzes und als Teilnehmer an dem DVB-T-Projekt in Berlin-Brandenburg bei der Einreichung eines Angebots gegenüber Neuanbietern im Markt im Vorteil. Selbst wenn Wettbewerber einen Teil der terrestrischen Infrastruktur von T-Systems anmieten könnten, um ein DVB-T-Netz aufzubauen, ist davon auszugehen, dass T-Systems als etablierter Betreiber des terrestrischen Netzes in Deutschland einen komparativen Vorteil gegenüber jedem Neuanbieter hat.

Drittens ist in der RegTP-Verfügung über die Zuteilung des bundesweiten Multiplexes angegeben, dass dieser von ein und demselben Sendenetzbetreiber betrieben werden muss, wodurch regionale Mitbieter faktisch ausgeschlossen waren (44). Des Weiteren heißt es in der Verfügung, dass die Frequenzen für diesen Multiplex im Einzelnen noch nicht bekannt waren, wodurch die Unsicherheit bei der DVB-T-Einführung noch erhöht wurde.

Viertens betreibt T-Systems nicht nur den bundesweiten Multiplex, sondern scheint außerdem auch teilweise die DVB-T-Multiplexe zu betreiben, die formell dem BR zugewiesen wurden, wodurch T-Systems der zusätzliche Vorteil zuteil wird, den für die Übertragung der BR- und ARD-Programme vorbehaltenen Teil des DVB-T-Netzes zu betreiben. Indem T-Systems alle drei den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern vorbehaltenen Multiplexe betreibt und somit über die Hälfte der gesamten Übertragungskapazität verfügt, könnte es Größen- und Verbundvorteile nutzen, über die andere Wettbewerber nicht verfügen.

(37)

Auf Netzebene scheinen die Ausschreibungsverfahren demnach durch ein hohes Maß an Unsicherheit und Intransparenz bei gleichzeitiger starker Position des etablierten terrestrischen Sendernetzbetreibers T-Systems gekennzeichnet gewesen zu sein, so dass es für jedes andere Unternehmen als T-Systems schwierig gewesen sein muss, ein Angebot für den Netzbetrieb abzugeben. Tatsächlich reichte nur T-Systems ein Angebot für den Betrieb der fraglichen Multiplexe ein. Aufgrund dieser günstigeren Ausgangslage für den Betrieb des DVB-T-Netzes könnte T-Systems ein Angebot unterbreitet haben, das dem wirtschaftlichen Vorteil, der sich aus dem Betrieb des Sendernetzes ergibt, möglicherweise nicht in vollem Umfang gerecht wird. Die Ausschreibungsverfahren reichten deshalb möglicherweise nicht aus, um eine Selektivität der Maßnahme auszuschließen und somit einer Wettbewerbsverfälschung vorzubeugen.

(38)

Selbst wenn T-Systems im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens ein Angebot eingereicht hätte, in dem sich alle für den Bieter ergebenden direkten und indirekten wirtschaftlichen Vorteile berücksichtigt worden wären, würde dies nichts daran ändern, dass die Maßnahme Elemente einer sektoriellen Beihilfe aufweist (vgl. Randnummern 42 bis 48).

Unterschiede in der öffentlichen Finanzierung für private Rundfundanbieter

(39)

Auf der Ebene der Rundfunkanbieter scheint die Maßnahme insofern den Wettbewerb zu verfälschen, als der durch den Zuschuss gedeckte Anteil an den Übertragungskosten nicht für alle privaten Rundfunkanbieter gleich ist. Die Kostendeckung variiert zwischen 5 % und 55 % pro DVB-T-Programmplatz (45).

(40)

Die unterschiedliche Bezuschussung der privaten Rundfunkanbieter durch die BLM verfälscht den Wettbewerb, da diese auf demselben relevanten Markt für frei empfangbares Fernsehen im Wettbewerb stehen. Insbesondere konkurrieren die Empfänger des BLM-Zuschusses um Werbe- oder sonstige gewerbliche Einnahmen, da sie sich aus kommerziellen Einnahmen finanzieren.

(41)

Obwohl im Falle der privaten Rundfunksender ein Verzerrungselement vorliegen könnte, führt die Maßnahme anscheinend nicht zu einer Benachteiligung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, auch wenn der Zuschuss ausschließlich privaten Rundfunkanbietern gewährt wird. Der Grund hierfür ist, dass die DVB-T-Übertragung der Programme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über das allgemeine Finanzierungssystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks finanziert wird, d. h. aus den Rundfunkgebühren.

Sektorielle Beihilfe

(42)

Nach Auffassung der Kommission könnte die untersuchte Maßnahme insofern selektiv sein, als der Zuschuss Rundfunkanbietern gewährt wird, die das von T-Systems ausgebaute DVB-T-Netz nutzen, während beispielsweise Rundfunkanbieter, die andere Übertragungswege nutzen, nicht unterstützt werden. Die Maßnahme könnte daher als ‚sektorielle Beihilfe‘ betrachtet werden.

(43)

Auf der Ebene der Rundfunkanbieter verhelfen sektorielle Beihilfen den Sendern dazu, mehr Zuschauer zu erreichen, und ihre Attraktivität für Werbekunden zum Nachteil anderer Medien zu steigern. In Fusionsfällen hat die Kommission einen Produktmarkt für ‚Medienkauf‘ (‚media buying‘) definiert, der eine große Bandbreite unterschiedlicher Medien umfasst (46). Medienkauf wird definiert als die Planung und der Einkauf von Sendezeiten und/oder Werbeflächen in verschiedenen Medien, einschließlich Fernsehen, Hörfunk, Zeitungen, Zeitschriften, Plakatwerbung und Internet. Aus dieser Sicht können sektorielle Beihilfen für die Fernsehübertragung via DVB-T den Wettbewerb in anderen Mediensektoren verfälschen.

(44)

Auf der Ebene der Sendernetzbetreiber könnte die Maßnahme den Wettbewerb auf zweierlei Weise verfälschen. Erstens kann der Betreiber des DVB-T-Netzes aufgrund der Bezuschussung auf dem Großkundenmarkt höhere Übertragungsgebühren von den Rundfunkanbietern verlangen als unter normalen Marktbedingungen. Im vorliegenden Fall muss dies jedoch nicht unbedingt zutreffen, da die Übertragungsgebühren anscheinend von der BLM festgelegt wurden. Wichtiger noch ist allerdings die Tatsache, dass die selektive Finanzierung und die ‚künstliche‘ Entwicklung einer konkurrierenden Übertragungstechnologie auf dem Endverbrauchermarkt die Auswahlmöglichkeiten der Zuschauer zwischen den verschiedenen Übertragungswegen, insbesondere zwischen DVB-T, Kabel und DTH (Satellitendirektempfang) beeinflussen könnten.

(45)

In Kartell- und Fusionsfällen ist die Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Übertragungswegen auf dem Endverbrauchermarkt bisher fallabhängig entschieden worden (47). In jüngster Zeit besteht jedoch die Tendenz, ungeachtet des Übertragungsweges einen einzigen Markt für Übertragungsdienste zu definieren (48). Dies ist unter anderem auf das Aufkommen von DVB-T zurückzuführen, durch das die Kapazität der terrestrischen Plattform erhöht wurde und das mit einem Rückgang der Preise für Empfangsgeräte wie Satellitenschüsseln oder Set-Top-Boxen verbunden ist, wodurch sich der ‚Lock-in-Effekt‘ verringert hat (49).

(46)

In Deutschland gibt es auf allen drei Plattformen eine große Zahl frei empfangbarer Fernsehprogramme, was auf eine gewisse Ähnlichkeit des Angebots schließen lässt. Dabei liefert DVB-T in Bayern mit seinen derzeit insgesamt 24 Programmen ein fast ebenso umfassendes Angebot wie das analoge Kabelfernsehen, die in Bayern am weitesten verbreitete Form des Fernsehempfangs (50). Vor allem umfasst DVB-T — gemessen an Zuschaueranteil und Werbeeinnahmen — alle bedeutenden Fernsehprogramme (51).

(47)

Für Berlin-Brandenburg, wo die digitale Umstellung zwischen November 2002 und August 2003 erfolgte, liegen empirische Daten über die Austauschbarkeit der verschiedenen Übertragungswege und insbesondere über den Wettbewerbseffekt der DVB-T-Einführung auf das Kabel vor (52). Die während und nach der Umstellung in Berlin-Brandenburg erfassten Daten zeigen, dass die terrestrische Übertragung seit der Umstellung an Bedeutung gewonnen hat und das Kabel in gewissem Umfang durch die terrestrische Übertragung ersetzt worden ist, obwohl die Substitution anfänglich, d. h. während der Umstellung, stärker in die entgegengesetzte Richtung verlief (53). Im Laufe von 2005 stieg in Berlin-Brandenburg der Anteil der Fernsehhaushalte mit DVB-T-Empfang von 2,8 % auf 7,4 % (54). In Bayern gibt es Hinweise auf einen ähnlichen Trend (siehe Schaubild 1). Einer Umfrage zufolge entscheiden sich die Zuschauer vor allem für DVB-T statt Kabel, weil der DVB-T-Empfang kostenlos ist, während für den Kabelempfang eine monatliche Gebühr zu entrichten ist (55).

(48)

In Hinblick auf künftige DVB-T-Anwendungen dürfte die Wettbewerbsverzerrung weit über die derzeitige Marktstruktur hinausgehen und neben dem frei empfangbaren Fernsehen auch neu entstehende Märkte betreffen. DVB-T kann durchaus Pay-TV-Dienste anbieten, was durch die Entwicklungen in anderen Mitgliedstaaten bereits belegt ist (56). Ist das DVB-T-Netz erst einmal eingerichtet, können Rundfunkübertragungen mit anderen Telekommunikationsdiensten kombiniert werden.

3.1.4.   Auswirkungen auf den Handel

(49)

Nach Auffassung der Kommission könnte die Maßnahme den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beinträchtigen. Private Rundfunkanbieter wie die RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1 sind international auf den Märkten für Fernsehwerbung und Filmrechte tätig, wo sie mit anderen Rundfunkanbietern und Telekommunikationsgesellschaften im Wettbewerb stehen. Netzbetreiber wie T-Systems, das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, konkurrieren mit Kabelbetreibern und Medienkonzernen wie UPC (Liberty Media) sowie mit Satellitenbetreibern wie SES Astra, NSAB und Eutelsat, die Infrastrukturdienste für Rundfunksender anbieten. Gleichzeitig konkurrieren in verschiedenen Mitgliedstaaten Kabel- und Satellitenbetreiber um die Endverbraucher.

3.1.5.   Vorläufige Schlussfolgerung zum Beihilfecharakter der Maßnahme

(50)

Aus den vorgenannten Gründen ist die Kommission der vorläufigen Auffassung, dass der von der BLM gewährte Zuschuss eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 darstellt. Die privaten Rundfunkanbieter scheinen die unmittelbar Begünstigten zu sein. T-Systems, der Betreiber der von den privaten Rundfunkanbietern genutzten Multiplexe, scheint mittelbar durch die Maßnahme begünstigt worden zu sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist jedoch nicht klar, ob tatsächlich staatliche Mittel im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 auf T-Systems übertragen wurden.

3.2.   Würdigung der Vereinbarkeit

(51)

Die deutschen Behörden haben die Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem Gemeinsamen Markt gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben c und d sowie Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag geltend gemacht.

3.2.1.   Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag

(52)

Die deutschen Behörden machen geltend, dass die Maßnahme zur Entwicklung des Rundfunksektors beitrage, da DVB-T die Medienvielfalt gewährleiste und für eine ausgewogene Rundfunklandschaft (einschließlich regionaler und lokaler Fernsehprogramme) sorge. Kabel und Satellit würden sich nicht in derselben Weise für die Übertragung lokaler und regionaler Programme eignen wie die Terrestrik, da terrestrische Übertragungen besser auf die relevanten Zielgruppen ausgerichtet werden könnten und zudem benötigt würden, um lokale und regionale Programme in die jeweiligen Kabelnetze einzuspeisen. Darüber hinaus erklären die deutschen Behörden, dass mit der Satelliten- und Kabelübertragung keine flächendeckende Versorgung aller Haushalte gewährleistet werden könne.

(53)

Als zweites Argument bringen die deutschen Behörden vor, dass die Maßnahme zur Entwicklung des Rundfunksektors beitrage, weil DVB-T die Entwicklung neuer Dienste wie interaktive Fernsehdienste oder mobilen und portablen Empfang voranbringe.

(54)

Drittens machen die deutschen Behörden geltend, die Maßnahme fördere den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Übertragungswegen, so dass eine quasi Monopolstellung von Kabel- bzw. Satellitenverbreitung verhindert werde (57).

(55)

Des Weiteren sei die Maßnahme in ihrer derzeitigen Form notwendig und angemessen, weil die Marktkräfte allein nicht ausgereicht hätten, um die Umstellung herbeizuführen. Für die privaten Rundfunkanbieter sei es schwierig, die Vorteile und Risiken der digitalen Umstellung abzuschätzen. Darüber hinaus sei aufgrund der begrenzten Kapazitäten des terrestrischen Übertragungsweges ein Parallelbetrieb von analoger und digitaler Verbreitung nicht möglich, so dass die Umstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt habe erfolgen müssen.

(56)

Die Kommission bezweifelt, dass die von den deutschen Behörden vorgebrachten Argumente ausreichen, um die angebliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c zu rechtfertigen. Selbst wenn durch das DVB-T-Netz die Übertragungskapazitäten erhöht werden, schneidet es im Vergleich zu der Anzahl der Programme, die über Kabel oder Satellit verfügbar sind, schlechter ab. Selbst im analogen Modus bieten die anderen beiden Übertragungswege mehr Programme an als DVB-T. Das Argument der Programmvielfalt ist deshalb keine ausreichende Begründung für eine Beihilfe, die DVB-T gegenüber anderen Plattformen begünstigt, die eine noch größere Vielfalt anbieten. Außerdem führte die Zuteilung der DVB-T-Programmplätze dazu, dass die Programme der beiden größten privaten Rundfunkanbieter die meisten Lizenzen erhielten, während die Zahl neuer Anbieter äußerst gering ist (58).

(57)

Darüber hinaus ist die Kommission nicht davon überzeugt, dass sich die terrestrische Verbreitungsweise besser als die Kabel- oder Satellitenverbreitung dazu eignet, Meinungsvielfalt zu fördern und lokale und regionale Programme auszustrahlen, und in diesem Zusammenhang die in Rede stehende Maßnahme das richtige Mittel zur Korrektur eines Marktversagens darstellt. Über die beiden anderen Übertragungswege werden ebenfalls lokale und regionale Programme verbreitet. In Bayern gibt es in 15 verschiedenen Regionen lokale Fernsehprogramme, die über Kabel ausgestrahlt werden, während lediglich in zwei bayerischen Regionen lokale Fernsehprogramme über die terrestrische Plattform ausgestrahlt werden (München TV und Franken TV). Darüber hinaus bemüht sich die BLM im Rahmen des Projekts ‚LokalSAT‘ darum, alle Lokalprogramme über digitales Satellitenfernsehen bereitzustellen. Dies scheint dem Argument, dass sich Satellitenfernsehen nicht für die Übertragung lokaler oder regionaler Programme eignen, zuwiderzulaufen.

(58)

Die deutschen Behörden haben bislang keine Angaben zum Anteil der Haushalte vorlegt, die nicht über Kabel- oder Satellitenempfang verfügen, was jedoch erforderlich wäre, um ihr Argument der flächendeckenden Versorgung zu untermauern. Stattdessen haben die Behörden eingeräumt, dass technisch gesehen nahezu jede Wohneinheit Fernsehen über Satellit empfangen kann (59). Da die in Rede stehende Maßnahme auf München und Nürnberg beschränkt ist, müsste auch der Empfang über Kabel generell verfügbar sein. Außerdem bezieht sich die Maßnahme nur am Rande auf lokale oder regionale Programme. Bei nur zwei aller finanziell geförderten Programme handelt es sich um lokale Fernsehprogramme (60). Lokale Programme werden zudem durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausgestrahlt, insbesondere durch den BR.

(59)

Die Kommission bezweifelt außerdem, dass die Maßnahme der Innovationsförderung dient, indem neue Dienste wie interaktive Fernsehdienste oder mobiler und portabler Empfang über DVB-T angeboten werden. Interaktive Dienste benötigen einen inhaltetauglichen Rückkanal. Wie die Satellitenplattform bietet auch der DVB-T keinen Rückkanal, sondern lediglich einen Kanal, auf dem das Signal zum Endnutzer übertragen wird (61). Demnach ist Interaktivität kein intrinsisches Merkmal von DVB-T (62).

(60)

Für die sonstigen Dienste ist festzuhalten, dass in Bayern weder die Zuteilung der Kapazitäten noch die öffentlichen Finanzhilfen gezielt auf innovative Medien- oder Telekommunikationsdienste ausgerichtet sind. Was die Kapazität angeht, so ist nicht klar, welche Frequenzen für neue Mediendienste bereitgestellt wurden. Lediglich die Übertragung von Fernsehprogrammen, nicht aber die Erbringung anderer Dienste, wird aus öffentlichen Mitteln gefördert.

(61)

Außerdem bezweifelt die Kommission, dass die Stärkung des Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Übertragungswegen als Rechtfertigung für die Maßnahme akzeptiert werden kann. Die deutschen Behörden haben nicht überzeugend dargelegt, dass die Rundfunkübertragung in Bayern durch strukturelle Wettbewerbsprobleme beeinträchtigt wird oder dass DVB-T zur Beseitigung bestimmter Marktstarrheiten beitragen könnte. Auch ohne terrestrische Übertragung bieten Kabel und Satellit bereits eine große Bandbreite frei empfangbarer Fernsehprogramme, und sie sind generell verfügbar. Zudem gibt es Wettbewerb zwischen verschiedenen Kabelbetreibern um den Anschluss von Haushalten. Zusätzlicher Wettbewerb entsteht durch Fernsehen über Breitband (z. B. DSL), das im Begriff ist, sich als weitere Plattform für die Rundfunkübertragung zu etablieren.

(62)

Unter diesen Umständen, die es offensichtlich mehreren Plattformen erlauben, gleichzeitig am Markt zu bestehen, erscheint die Verwendung von Beihilfen zur Steuerung des Marktes in eine bestimmte Richtung nicht erforderlich und könnte die Entwicklung von Alternativen wie DSL eher hemmen. Wie in der Mitteilung der Kommission über den Übergang vom analogen zum digitalen Rundfunk dargelegt, ‚sollte prinzipiell jedes Netz aus eigener Kraft am Wettbewerb teilnehmen‘  (63). Damit soll gewährleistet werden, dass selektive Beihilfen nicht bereits getätigte und künftige Investitionen in andere Netze gefährden.

(63)

Außerdem sieht die Kommission keine Anzeichen dafür, dass die angemeldete Maßnahme angemessen oder erforderlich wäre, um irgendeiner anderen Form von Marktversagen zu begegnen, das die Umstellung auf digitales Fernsehen erschweren könnte (64). Die Notwendigkeit der Maßnahme ist vielmehr fraglich, da die privaten Rundfunkanbieter es als lohnenswert angesehen haben, an DVB-T teilzunehmen, und seit über einem Jahr ohne verbindliche Zusage einer finanziellen Förderung ihre Programme auf diesem Wege ausstrahlen. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Entscheidung der Kommission, im Falle Berlin-Brandenburgs ein förmliches Prüfverfahren einzuleiten, bereits ein Jahr vor dem Start von DVB-T in Bayern erfolgte und die privaten Rundfunkanbieter somit hätten vorgewarnt sein müssen, dass eine finanzielle Förderung (die in beiden Fällen sehr ähnlich ist) von der Kommission eventuell nicht gebilligt wird. Außerdem scheinen die privaten Rundfunkanbieter am 28. Mai 2004 eine Vereinbarung mit der BLM über die Einzelheiten der Einführung von DVB-T in Bayern unterzeichnet zu haben, d. h. bereits ein Jahr vor Beginn der Umstellung, ohne dass es eine verbindliche Zusage für einen Zuschuss gab (65).

3.2.2.   Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag

(64)

Nach Auffassung Deutschlands ist die Errichtung eines pluralistischen Rundfunksystems Teil der Kulturhoheit der Mitgliedstaaten, der die Gemeinschaft gemäß Artikel 151 Absatz 4 EG-Vertrag in Beihilfeverfahren Rechnung tragen muss.

(65)

Die Kommission stimmt darüber ein, dass, wie in Artikel 151 Absatz 4 EG-Vertrag niedergelegt, die Gemeinschaft bei ihrer Tätigkeit kulturellen Aspekten und insbesondere der Förderung kultureller Vielfalt, Rechnung tragen soll. Nach Ansicht der Kommission ist diese ‚kulturelle‘ Ausnahmebestimmung, dargelegt in Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag, wie jede Ausnahme eng auszulegen und betrifft Fälle, in denen das Kulturgut eindeutig identifiziert oder identifizierbar ist (66). Im vorliegenden Fall soll die Förderung die Übertragung von Rundfunksignalen fördern und steht in keinerlei Zusammenhang mit einem bestimmten Kulturinhalt, der andernfalls nicht ausgestrahlt würde.

3.2.3.   Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag

(66)

Den deutschen Behörden zufolge kann die Übertragung von Rundfunksignalen über DVB-T als eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrachtet werden. Diese bestehe in der erfolgreichen Umstellung von der analogen zur digitalen Übertragung, die wiederum technische Innovationen wie den mobilen und portablen Empfang fördere, den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Übertragungswegen erhalte und zu einer ausgewogenen Rundfunklandschaft (einschließlich lokaler und regionaler Programme) beitrage.

(67)

Durch die Zuweisung der Übertragungskapazitäten seien die privaten Anbieter mit der Erbringung dieser Dienstleistung betraut worden. Ohne eine finanzielle Förderung wären die privaten Anbieter nicht bereit gewesen, am Aufbau von DVB-T mitzuwirken, was den Erfolg von DVB-T gefährdet hätte, an dem die deutschen Behörden ein öffentliches Interesse haben.

(68)

Nach Auffassung der Kommission müssen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse von den Behörden eindeutig definiert und ausdrücklich einem bestimmten Unternehmen übertragen werden. Im vorliegenden Fall scheinen die deutschen Behörden das Argument des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses ad hoc formuliert zu haben. Außerdem wird der angebliche Ausgleich für eine Dienstleistung im öffentlichen Interesse an private Rundfunkanbieter gezahlt, die im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten keinen öffentlichen Auftrag haben. Die Finanzierung der Übertragungskosten scheint den privaten Anbietern stattdessen einen Vorteil bei ihrer regulären kommerziellen Tätigkeit zu verschaffen.

(69)

Was das zur Begründung der finanziellen Förderung durch die BLM vorgebrachte Argument des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses anbetrifft (d. h. Förderung technischer Innovationen, Aufrechterhaltung des Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Übertragungswegen und Förderung einer ausgewogenen Rundfunklandschaft einschließlich lokaler und regionaler Programme), so hat die Kommission bereits in der Würdigung der Maßnahme in Verbindung mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Ganz allgemein fragt sich die Kommission, ob die in Rede stehende Maßnahme, die reguläre gewerbliche Aktivitäten privater Unternehmen fördert, als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gelten kann, insbesondere wenn es parallel dazu öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gibt, deren ausdrücklicher öffentlicher Auftrag in der Sicherung der Meinungsvielfalt und der Bereitstellung lokaler und regionaler Programmangebote besteht.

4.   SCHLUSSFOLGERUNG

Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Maßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln.

Die Kommission ersucht um zusätzliche Auskünfte zu folgenden Fragen:

1)

Besteht irgendeine Vereinbarung mit den privaten Sendergruppen RTL und ProbenSiebenSat.1, in der vorab ein Zeitplan für die digitale Umstellung festgelegt wurde oder in der einer der beiden Sendergruppen Kapazitäten eines gesamten Multiplexes angeboten wurden, wenn sie sich zur Teilnahme an DVB-T bereit erklären würden? Unabhängig davon sollte eine Kopie der von allen Projektpartnern am 28. Mai 2004 unterzeichneten Vereinbarung über die Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Bayern übermittelt werden.

2)

Auf welcher Basis wurden die in der Ausschreibungen der Rundfunklizenzen genannten Kosten für die DVB-T-Übertragung berechnet, und sind diese Kosten auch für die Netzbetreiber verbindlich? Hat die Bundesnetzagentur den relevanten Markt/die relevanten Märkte für die Rundfunkübertragungsdienste definiert und eventuell für einen Betreiber eine beträchtliche Marktmacht festgestellt?

3)

Bitte übermitteln Sie für die Jahre 2003, 2004 und 2005 eine Aufstellung der Kosten von T-Systems für die Verbreitung der einzelnen Fernsehprogramme im analogen terrestrischen Netz und im derzeitigen DVB-T-Netz.

4)

Bitte übermitteln Sie die Lizenzen und/oder Vereinbarungen der BLM für die Nutzung des DVB-T-Netzes durch private Rundfunkanbieter.

5)

Bitte übermitteln Sie vollständige Angaben zu den Vereinbarungen zwischen T-Systems und den Rundfunkanbietern der ARD-Gruppe (insbesondere BR), mit denen T-Systems teilweise oder ausschließlich mit dem technischen Betrieb der dieser Gruppe zugeteilten Multiplexe beauftragt wurde. Waren T-Systems oder dessen Vorgänger bereits mit dem Betrieb des analogen terrestrischen Netzes des BR betraut?

6)

Bitte übermitteln Sie die einschlägigen Unterlagen (Vereinbarungen, Lizenzen), aus denen die Bedingungen hervorgehen, unter denen T-Systems die von den privaten Rundfunkanbietern genutzten Multiplexe betreibt.

7)

Bitte übermitteln Sie eine genauere Aufschlüsselung der Kosten der analogen und digitalen Übertragung für die lokalen Fernsehrsender München TV und Franken TV. Welche Kosten sind der Digitalisierung im Allgemeinen und welche der Einführung von DVB-T im Besonderen zuzuweisen? Bitte geben Sie ebenfalls die Sendestandorte und die geografischen Empfangsbereiche dieser beiden Fernsehkanäle im analogen terrestrischen Netz und im DVB-T-Netz an.

Ihre Behörden werden aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an die potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.

Die Kommission weist die Bundesrepublik Deutschland darauf hin, dass sie alle betroffenen Dritten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung desselben im Amtsblatt der Europäischen Union unterrichten wird. Außerdem wird sie die betroffenen Dritten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle Betroffenen werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»


(1)  ABl. C 216 vom 28. August 2004, S. 5.

(2)  Entscheidung K(2005)3903 der Kommission vom 9. November 2005 über die staatliche Beihilfe, die die Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Berlin-Brandenburg gewährt hat, siehe Amtsblatt L 200 vom 22. Juli 2006.

(3)  Mit Schreiben vom 2. Dezember 2005, 9. Dezember 2005 und vom 12. Dezember 2005.

(4)  DVB-T bedeutet Digital-Video-Broadcasting über ein terrestrisches Netz.

(5)  ‚eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle‘ (KOM(2002)263 endg.); Mitteilung der Kommission über den Übergang vom analogen zum digitalen Rundfunk (digitaler Übergang und Analogabschaltung) (KOM(2003)541 endg.) und Mitteilung der Kommission über die Beschleunigung des Übergangs vom analogen zum digitalen Rundfunk (KOM(2005)204 endg.).

(6)  Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ist der Zusammenschluss der größten deutschen Fernsehsender (ARD, ProSiebenSat.1 Media AG, RTL und ZDF) zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativen Fernsehzuschauerforschung in Deutschland. Im Gegensatz zum Satellitenempfang, der in rund 30 % der deutschen Fernsehhaushalte digital übertragen wird, ist der Kabelempfang vorwiegend analog. Nur 10 % der Kabelhaushalte empfangen digitale Rundfunksignale.

(7)  SES/ASTRA ist der größte Satellitenbetreiber in Deutschland und veröffentlicht jedes Jahr den German Satellite Monitor über die Bedeutung der verschiedenen Fernsehübertragungswege. In Schaubild 1 sind die jeweils zum Jahresende datierten Angaben der ASTRA/Infratest-Erhebungen, z.B. Ende 2005, auf den 1. Januar des folgenden Jahres bezogen, z.B. 1.1.2006, um sie mit den Angaben von AGF/GfK und Funkanalyse Bayern vergleichbar zu machen, die beide jeweils zu Jahresbeginn erhoben werden.

(8)  Diese Daten stammen von der Website der BLM. Den von den deutschen Behörden übermittelten Daten ist zu entnehmen, dass rund 8,1 % aller bayerischen Haushalte ausschließlich über einen terrestrischen Empfang verfügen. Für München und Nürnberg liegt dieses Anteil bei 9,3 % bzw. 9,7 %.

(9)  Bayerisches Mediengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 799, BayRS 2251-4-S).

(10)  In den übermittelten Unterlagen wird das Gebiet in und um München auch als ‚München/Südbayern‘ bezeichnet. Aus Gründen der Einfachheit wird das Gebiet im Folgenden nur ‚München‘ genannt.

(11)  Ein Multiplex entspricht einem Frequenzblock für die Rundfunkübertragung und beinhaltet in Bayern vier Programme.

(12)  Die analoge terrestrische Übertragung der privaten Rundfunkanbieter wurde nicht nur in München und Nürnberg sondern in ganz Bayern eingestellt.

(13)  Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 (Rundfunkstaatsvertrag — RStV) in der Fassung vom 1. Juli 2002, Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 162.

(14)  Ausschreibung der Nutzung von terrestrischen Übertragungskapazitäten für digitale Fernsehangebote in München und Nürnberg, Bekanntmachung der BLM vom 19. Dezember 2003, Bayerischer Staatsanzeiger 1/2004.

(15)  Grundlage der Maßgabe, dass bei der Vergabe von Lizenzen für die digitale terrestrische Übertragung im Fernsehen Fernsehveranstalter mit denjenigen Programmen vorrangig zu berücksichtigen sind, die in dem jeweils betroffenen Verbreitungsgebiet analog verbreitet werden, ist Artikel 52a Absatz 1 RStV. Artikel 32 Absätze 1 und 2 BayMG enthalten ebenfalls einen Verweis auf diesen Artikel.

(16)  ‚Die Landeszentrale stellt eine Förderung der technischen Verbreitungskosten entsprechend den jeweiligen haushaltsrechtlichen Entscheidungen in Aussicht.‘ Siehe Abschnitt B.5.

(17)  Die zeitlichen Angaben beziehen sich auf den Genehmigungsbescheid an RTL und den Vertrag über Übertragungsdienste; dies sind bisher die einzigen Lizenzen, die der Kommission vorliegen.

(18)  In Nürnberg wird der vierte Programmplatz seit dem 31. Januar 2006 für die Ausstrahlung von Mona TV, einem Einkaufs-, Nachrichten- und Unterhaltungssender, genutzt. Bisher haben die Behörden noch keine Erklärung dazu abgegeben, ob dieses Programm im Rahmen der angemeldeten Maßnahme Anspruch auf eine finanzielle Förderung hat.

(19)  Für das dritte und vierte Vertragsjahr beträgt der entsprechende prozentuale Anteil 75 % bzw. 60 %.

(20)  Siehe Schreiben vom 22. März 2005, Ziffer 11.

(21)  Seit dem 13. Juli 2005 ist die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post in Bundesnetzagentur umbenannt.

(22)  Amtsblatt RegTP Nr. 20/2004, Vfg Nr. 44/2004, S. 1430.

(23)  Amtsblatt RegTP Nr. 23/2002, Vfg Nr. 36/2002, S. 1695.

(24)  Das Bayerische Mediengesetz scheint keine Bestimmung zu enthalten, die der Maßgabe im Rundfunkstaatsvertrag direkt entsprechen würde.

(25)  Siehe Anmeldung, S. 18.

(26)  Da DVB-T bereits angeboten wird, scheint zumindest ein Teil dieser Mittel bereits ausgegeben worden zu sein.

(27)  Der Anmeldung zufolge gibt es in beiden DVB-T-Bereichen einen Medienservice (HS), der keine finanzielle Unterstützung erhält.

(28)  Rs. T-358/94, Air France/Kommission, Slg. 1996 II-2109 und Rs. C-482/99, France/Kommission, Stardust Marine Slg. 2002 I-4397.

(29)  BayMG, insbesondere die Artikel 2, 10 und 11.

(30)  BayMG, Artikel 19.

(31)  BayMG, Artikel 21 Absatz 2 Satz 2.

(32)  Siehe Randnummer 15.

(33)  BayMG, Artikel 26 Absatz 3.

(34)  Rs. C-482/99 Frankreich/Kommission, Stardust Marine Slg. 2002 I-4397, Randnummer 23 und darin genannte Verweise.

(35)  Obwohl dem BR ein Teil des DVB-T-Netzes (zwei Multiplexe) zugeteilt wurde, kann er nicht als Begünstigter angesehen werden, da diese Multiplexe ausschließlich von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten genutzt werden, die keine Zuschüsse der BLM erhalten.

(36)  Siehe Randnummer 11.

(37)  Media Perspektiven, Basisdaten: Daten zur Mediensituation in Deutschland 2004, S. 11 und S. 18; AGF/GfK Fernsehforschung und I-Punkt Deutschland auf der Grundlage von Nielsen Media Research.

(38)  Urteil vom 24. Juli 2004 in der Rs. C-280/00 Altmark Trans GmbH, Slg. 2003 I-7747, Randnummern 88 - 94.

(39)  Siehe Randnummern 10 – 12.

(40)  Bei den fünf Sendern handelt es sich in München um RTL, RTL 2, ProSieben, Sat.1 und Tele 5 und in Nürnberg um RTL, ProSieben, Sat.1, Tele 5 und Franken TV.

(41)  Bei einem völlig transparenten und offenen Ausschreibungsverfahren wäre von den bietenden Rundfunkanbietern zu erwarten, dass sie einen zuschussbedingten Vorteil ganz oder teilweise in höhere oder qualitativ bessere Lizenzgebote umsetzen.

(42)  Siehe Randnummer 14.

(43)  Dies wurde von den deutschen Behörden in ihrem Schreiben vom 22. März 2005 (Punkt 1d) bestätigt.

(44)  Siehe Randnummer 14.

(45)  Siehe Randnummer 18.

(46)  Entscheidung der Kommission vom 4. September 2001 (Sache Nr. COMP/M.2558 - Havas/Tempus; ABl. C 319 vom 14. November 2001, Randnummer 9 und darin genannte Verweise).

(47)  Für einen Überblick über neuere Fälle siehe Entscheidung der Kommission im Fall Telenor/Canal+/Canal Digital (COMP/C.2/38.287 vom 29. Dezember 2003, insbesondere die Randnummern 32 – 50).

(48)  Siehe TPS I (IV/36.237 vom 3. März 1999, Randnummer 30), British Interactive Broadcasting/Open (IV/36.539 vom 15. September 1999, ABl. L 312, Randnummer 26) und Telenor/Canal+/Canal Digital (COMP/C.2/38.287 vom 29. Dezember 2003, Randnummer 50).

(49)  Ein ‚Lock-in-Effekt‘ liegt vor, wenn Haushalte nicht bereit sind, in einen anderen Übertragungsmodus zu investieren, so dass ein Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen unwahrscheinlich ist; siehe Entscheidung der Kommission im Fall MSG Media Service (ABl. L 364 vom 31. Dezember 1994, Randnummer 42).

(50)  Siehe Randnummer 6 und Fußnote 6.

(51)  Auf die 24 Programme, die das DVB-T in Bayern anbietet, entfielen 2004 über 80 % der Zuschauer und mehr als 90 % der Einnahmen aus der Fernsehwerbung in Deutschland (siehe Fußnote 36).

(52)  Vgl. den oben genannten Fall C25/04 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Berlin-Brandenburg.

(53)  Kurzfristig konnten die Kabelbetreiber Zuschauer, die am analogen Empfang über Kabel festhalten wollten, abwerben; dies war jedoch nur ein einmaliger Effekt, der sich nach der digitalen Umstellung nicht fortsetzte. Mittelfristig haben die Kabelbetreiber Kunden an die gebührenfreie DVB-T-Plattform verloren. Quelle: Emnid-Studie vom 30.4.2003, zitiert im Mabb-Bericht ‚Berlin goes digital‘, und ‚DVB-T-Region Berlin/Potsdam: Terrestrik wächst weiter‘, in: Media Perspektiven 7/2004, S. 296.

(54)  Quelle: ASTRA (2006): Reichweiten in Deutschland: Marktdaten Jahresende 2005: 7,4 % (gegenüber 2,8 % im Jahr 2004) ist das gewogene Mittel von Berlin mit 8,9 % (3,6 %) und Brandenburg mit 5,2 % (1,5 %).

(55)  Siehe ‚Berlin/Potsdam: Erste DVB-T-Region Deutschland‘, in: Media Perspektiven 12/2003, S. 565.

(56)  Insbesondere in Italien, Frankreich, Schweden und dem Vereinigten Königreich.

(57)  ‚Wettbewerb zwischen Kabel, Satellit und Terrestrik soll ermöglicht, letztendlich eine (quasi) Monopolstellung der Kabel- bzw. Satellitenverbreitung verhindert werden.‘

(58)  Bei allen Kanälen, für die eine Bezuschussung vorgesehen war, handelte es sich um Programme, die bereits über mindestens einen der anderen Übertragungswege verbreitet werden.

(59)  Siehe Schreiben vom 22. März 2005, Ziffer 3: ‚Über Satellit ist aus technischer Sicht nahezu jede Wohneinheit versorgbar.‘

(60)  Außerdem nennen die deutschen Behörden in diesem Zusammenhang lokale Programmplätze von RTL, Sat.1 und Home Shopping Europe (HSE), für die ohnehin nur 30 Sendeminuten pro Tag bzw. eine Stunde am Sonntag vorgesehen sind.

(61)  Interaktivität kann lediglich durch Bereitstellung eines DVB-RCT (Return Channel Terrestrial – terrestrischer Rückkanal) unter zusätzlichen Kosten und mittels eines teureren Decoders oder durch herkömmliche Rückkanäle wie das Telefon- oder ein interaktives Fernsehkabel erreicht werden.

(62)  Im Gegensatz zum digitalen Kabel, das parallel zur bloßen Übertragung für komplexe interaktive Dienstleistungen mit einem Rückkanal aufgerüstet werden kann.

(63)  ‚Mitteilung über den Übergang vom analogen zum digitalen Rundfunk‘ (digitaler Übergang und Analogabschaltung) (KOM(2003) 541 endg.).

(64)  Siehe insbesondere den Fall C25/04 DVB-T in Berlin-Brandenburg und die Mitteilung der Kommission KOM(2003) 541 endg.

(65)  Diese Vereinbarung wird auch auf Seite 6 des Genehmigungsbescheids der BLM vom 3. Juni 2005 an RTL genannt, in dem RTL DVB-T-Lizenzen zugeteilt werden.

(66)  Entscheidungen der Kommission in den Sachen NN 88/98, BBC 24-stündiger werbefreier Nachrichtenkanal (ABl. C 78 vom 18.3.2000) und NN 70/98, ‚Kinderkanal und Phoenix‘ (ABl. C 238 vom 21.8.1999).


Corrección de errores

25.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 202/34


Corrección de errores del Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007

( Diario Oficial de la Unión Europea C 180 de 2 de agosto de 2006 )

(2006/C 202/11)

En la página 6, en la línea «TOTAL INGRESOS, PARTE C», en la columna «Resultados 2005 (EUR)»:

en lugar de:

«23 142 005»,

léase:

«2 314 200».

En las páginas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el título de la tercera columna de los cuadros:

en lugar de:

«Resultados 2005

(EUR)»,

léase:

«Proyecto de resultados 2005

(EUR)».