9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/1

1.1

Para la Unión Europea, el turismo es una importante realidad económica, dado que representa el 5,5 % de su PIB (con cifras que oscilan entre el 3 % y el 8 % según el Estado miembro) gracias a la actividad de más de dos millones de empresas, que emplean a cerca de nueve millones de personas. Además, el turismo imprime un vigoroso impulso a otros sectores de la economía: desde la industria, sobre todo en ámbitos relacionados con la moda, hasta el transporte, el sector agroalimentario, el comercio y otras categorías de servicios.

1.2

Más del 80 % del turismo europeo es de origen individual y familiar, mientras que el resto lo representa el turismo de negocios derivado de las empresas. Las familias europeas destinan aproximadamente la octava parte de su presupuesto a actividades relacionadas con el turismo.

1.3

Europa sigue siendo, hoy por hoy, la región turística más visitada del mundo. De hecho, se registra un crecimiento constante del flujo turístico hacia la Unión Europea procedente de Rusia, China y la India, donde el desarrollo económico está propiciando un rápido aumento del porcentaje de población que puede acceder a este tipo de consumo.

1.4

A pesar de lo positivo de estos datos iniciales, el sector del turismo europeo sufre cada año en mayor medida la presión competitiva de los nuevos países emergentes. El presente dictamen de iniciativa pretende resaltar ante las instituciones europeas el posible efecto positivo de la cultura en el turismo europeo, y pedirles que realicen un esfuerzo por valorizar y proteger las riquezas culturales del viejo continente: al no poderse deslocalizar ni replicar –al contrario de lo que ocurre con otros sectores industriales–, estas riquezas pueden ser el instrumento que permita superar la competencia de otras áreas geográficas.

1.5

La elaboración del presente Dictamen ha requerido la celebración de varios encuentros con los responsables de las distintas direcciones generales de la Comisión Europea interesadas en el tema del turismo y la cultura, así como con representantes del Parlamento Europeo. Además, el 18 de noviembre de 2005 se organizó en Paestum, que cuenta con uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes de Italia, una audiencia pública en la que participaron numerosos representantes de instituciones políticas, organizaciones internacionales (Unesco), asociaciones culturales y empresas turísticas privadas. Esta audiencia se desarrolló en el marco de la «Octava Bolsa Mediterránea de Turismo Arqueológico», por lo que también se pudo contar con la participación de representantes de países de la otra orilla del Mediterráneo.

2.1

La cumbre europea de marzo de 2005 instó a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a que reactivaran la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y les solicitó que participaran activamente con el fin de lograr sus objetivos, ya que es evidente que el turismo y la cultura pueden contribuir significativamente tanto al crecimiento como al empleo. En términos de crecimiento, el turismo es efectivamente uno de los sectores económicos que presenta las perspectivas de desarrollo más elevadas para los próximos años: entre 2006 y 2015, se calcula que crecerá a un ritmo anual del 3,1 %. Además, parece que el turismo es, a efectos de la creación de empleo, un sector que puede perfectamente contribuir de manera significativa a la lucha contra el desempleo. Al ser éste un sector caracterizado por emplear a un gran número de trabajadoras, también podrá contribuir a alcanzar el objetivo específico de la Estrategia de Lisboa de incrementar los niveles de empleo femenino (1). Aunque se calcula que el turismo europeo duplicará su volumen en los próximos veinticinco años, este incremento sigue siendo inferior a la media mundial y, en particular, a la de algunas regiones de los países emergentes. Por consiguiente, es necesaria la aplicación de medidas adecuadas por parte de todas las instituciones para incrementar aún más el crecimiento turístico y volver a colocar a la Unión Europea en la cúspide mundial en este sector.

3.1

Entre los sectores turísticos que registran un mayor nivel de crecimiento figura el turismo cultural, es decir, el turismo vinculado a los valores artísticos y paisajísticos, a las ciudades artísticas y a las zonas caracterizadas por una particular concentración de valores históricos y de tradiciones locales. Este dictamen no tiene como objetivo abordar los temas relacionados con la cultura en su conjunto, sino que pretende evaluar el impacto que pueden tener los aspectos culturales en el turismo.

3.2

En este segmento turístico específico, la Unión Europea cuenta con una especial ventaja ya que es la región del mundo que presenta una mayor «densidad cultural». Así, los 25 Estados de la Unión Europea albergan 300 de los 812 sitios culturales y naturales declarados «patrimonio de la humanidad» en 137 países de la Unesco. Si a los 25 Estados miembros actuales se añaden los cuatro países que esperan adherirse a la Unión Europea (Bulgaria, Croacia, Rumanía y Turquía), este número aumenta hasta 331 (2). Desde la celebración de la segunda conferencia anual de la red European Cultural Tourism Network se ha dado a conocer un dato muy relevante: el flujo de visitantes procedentes de China y la India hacia Europa se debe únicamente al interés que despiertan entre las poblaciones de esos países las riquezas culturales y arquitectónicas europeas. Por este motivo, la UE y los Estados miembros deben seguir invirtiendo en la preservación de su rico patrimonio cultural y en la promoción del turismo cultural.

3.3

Además de los valores económicos, el turismo cultural es importante también para desarrollar valores sociales y civiles, y favorecer la integración europea y el diálogo entre los pueblos y las civilizaciones. El desarrollo de la identidad europea no puede prescindir de un conocimiento más profundo de los países, las tradiciones culturales y las «diferencias» que componen el rico mosaico europeo. En este período marcado por una «crisis de la conciencia europea», la promoción de los valores culturales europeos puede constituir una señal de optimismo y confianza para el futuro de la Unión (3).

3.4

Además, la Unión Europea se debe comprometer, sobre todo en estos momentos tan difíciles para el multiculturalismo, a desarrollar el diálogo cultural y religioso con los demás pueblos, recurriendo también a la promoción del turismo cultural. Así pues, parece especialmente oportuna la decisión de la UE de designar 2008 como «Año europeo del diálogo intercultural».

3.5

Un desarrollo del turismo cultural que pone de manifiesto el contexto histórico y social de los bienes artísticos europeos y valoriza el patrimonio medioambiental permitirá a los turistas procedentes de todos los países comprender verdaderamente el trasfondo cultural de Europa.

4.1

La Unión Europea viene realizando esfuerzos desde hace ya algún tiempo en materia de turismo y de protección y promoción del patrimonio cultural, aunque no ha podido recurrir nunca a una financiación directa de las actividades turísticas al no existir un fundamento jurídico que lo permitiese. Este fundamento jurídico se ha previsto por fin en el proyecto del nuevo Tratado Constitucional, que, desgraciadamente, aguarda aún su ratificación. El planteamiento adoptado hasta el momento por la UE para valorizar al máximo las posibilidades del turismo ha tenido un carácter esencialmente horizontal: en algunas ocasiones se ha promovido el turismo a través de los Fondos Estructurales, mientras que en otras se ha recurrido a la acción indirecta de proyectos que, si bien incumbían a otros sectores como el medio ambiente o la investigación, también aportaban ventajas al sector turístico. A pesar de este dato aparentemente positivo, la dificultad que afronta la DG Empresa e Industria (Unidad de Turismo) a la hora de llevar a la práctica una coordinación eficaz con las demás direcciones generales relacionadas directa o indirectamente con el turismo amenaza con disipar los efectos beneficiosos que para este sector pudieran derivarse de las distintas iniciativas europeas.

4.2

Por lo que respecta a los Fondos Estructurales, la UE ha asignado a proyectos vinculados directa o indirectamente al sector del turismo en torno a 7 000 millones de euros durante el periodo 2000-2006, y alrededor de 2 000 millones a proyectos culturales (programas Interreg III, Leader+ y Urban). Se trata, pues, de una financiación que ronda en total los 9 000 millones de euros en favor del turismo y la cultura y que, no obstante, corre el riesgo de no materializarse de manera adecuada ya que el nivel de coordinación en la gestión de estos ámbitos, financiados con cargo a los Fondos Estructurales, no es el mejor posible.

4.3

Entre las iniciativas que ha emprendido la Unión Europea para promover el patrimonio cultural, destaca el proyecto «Capital europea de la cultura» por el gran éxito cosechado. Un reciente estudio (4) encargado por la Dirección General de Cultura muestra que tal programa en las ciudades elegidas como «Capitales europeas de la cultura» genera durante el año de su celebración un incremento medio del 12 % del volumen turístico, y durante el año siguiente un aumento del flujo turístico superior a la media de los años precedentes. Según el mismo estudio, las posibilidades de crecimiento de este acontecimiento siguen siendo elevadas, aunque sería oportuno explotarlas en mayor medida. Por este motivo, la Dirección General de Cultura ha elaborado de cara al futuro una nueva propuesta encaminada a aprobar criterios nuevos y más claros para la selección de las ciudades candidatas, incentivar la competición y la emulación entre estas ciudades, resaltar la dimensión europea y la sostenibilidad de los programas culturales y, por último, fomentar la divulgación de buenas prácticas en la gestión de los actos culturales. Además, en esta propuesta se solicita que se triplique el importe de la contribución europea a las «capitales europeas de la cultura», que se eleva en la actualidad a 500 000 euros.

4.4

A principios de diciembre de 2005, y en consonancia con el objetivo de promover al máximo las posibilidades del turismo y la cultura, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo aprobó, por primera vez, la asignación de una suma por valor de un millón de euros para la elaboración de un proyecto que promueva los «destinos europeos de excelencia».

4.5

Por su parte, la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión ha creado un Grupo para la sostenibilidad del turismo (GST) compuesto, entre otros, por expertos representantes de las instituciones y de los distintos sectores interesados, con el objetivo de formular propuestas a la Comisión para alcanzar un turismo sostenible con vistas a la preparación, de aquí a 2007, de una Agenda 21 europea para el turismo. Al igual que la Comisión y el Parlamento Europeo, el Comité considera que la única forma de turismo que cabe promover es sólo y exclusivamente la del turismo sostenible.

4.6

Además, el Comisario Günter Verheugen ha anunciado con motivo del IV Foro Europeo del Turismo, celebrado en Malta el 20 octubre de 2005, la apertura en los primeros meses de 2006 de un «portal europeo del turismo», que proporcionará acceso a los sitios web de las organizaciones turísticas nacionales, a fin de mejorar la promoción de las localidades turísticas europeas en el resto del mundo.

4.7

Por último, la DG Empresa de la Comisión acaba de emprender un estudio sobre el tema «El impacto de los acontecimientos culturales y deportivos en las PYME vinculadas al sector del turismo», mientras que la DG Cultura está llevando a cabo una investigación sobre la economía de la cultura en Europa.

5.1

El Comité Económico y Social Europeo, consciente de la importancia que reviste el sector turístico para Europa, lleva algún tiempo interesándose por los temas relacionados con este sector como, por ejemplo, la política turística en la Europa ampliada, el turismo y el desarrollo socioeconómico, el turismo y la cooperación entre los sectores público y privado, el turismo y el deporte, etc (5).

5.2

Al igual que los precedentes dictámenes ya mencionados en el punto 5.1, el presente dictamen sobre turismo y cultura pretende contribuir –junto con los dos estudios citados en el punto 4.7– a definir las futuras orientaciones en materia de programación turística a escala europea.

6.1

El esfuerzo fundamental por fomentar los valores culturales ha de incumbir a los ciudadanos, que deberán concienciarse más de la riqueza que esconden los patrimonios históricos, artísticos y medioambientales de las localidades donde residen (6). Una vez sensibilizados, podrán desempeñar una valiosa función de protección y promoción de sus localidades, respaldando así las acciones de los entes públicos.

6.2

Para fomentar esta amplia concienciación cultural es necesario actuar ya en la escuela mediante programas que ayuden a los jóvenes a conocer mejor las riquezas históricas, artísticas y medioambientales de sus localidades, así como a través de iniciativas que conviertan a los más jóvenes en protagonistas de su valorización (7).

7.1

Para promover eficazmente el turismo cultural y conquistar también al «turista culturalmente indiferente» es preciso analizar y desarrollar sus diversos segmentos, a fin de determinar las líneas de tendencia y las posibilidades de ulterior desarrollo en el futuro. Los principales segmentos del turismo cultural son el patrimonio artístico, los actos, muestras y exposiciones, la enogastronomía, el turismo rural, el «cineturismo» y los parques temáticos culturales.

7.2.1

El segmento más tradicional del turismo cultural es el relativo al patrimonio artístico «físico» constituido por los centros históricos, los museos y las áreas arqueológicas. Para este segmento la prioridad es la de favorecer una mayor integración entre la gestión de los bienes culturales y la gestión de los servicios turísticos para favorecer el «disfrute» de tales bienes por parte de los turistas. Se trata de gestionar en términos unitarios de «sistemas turístico-culturales» para administrarlos según lógicas integradas; así, se deberá favorecer, por ejemplo, la gestión unitaria de diferentes sistemas artístico-medioambientales tanto si pertenecen a las administraciones públicas como a diferentes sujetos privados, o promover políticas de horarios y precios que optimicen la accesibilidad de los sitios y permitan incrementar los ingresos para cubrir así los gastos de gestión. Además, será necesario «dar vida» al patrimonio cultural, por ejemplo, mediante exposiciones temporales en museos, palacios o castillos históricos, con especial hincapié en la promoción del arte contemporáneo.

7.2.2

Existen experiencias interesantes como, por ejemplo, la de las «tarjetas turísticas» de diversas ciudades europeas que integran servicios de transporte y acceso a museos y yacimientos arqueológicos.

7.2.3

Para los centros artísticos menores es particularmente indicada la experiencia de los «distritos culturales», que, al integrar los servicios turísticos y culturales de zonas homogéneas formadas por más de una comunidad y concentrar la financiación de entes públicos y operadores privados, pueden promoverse de modo unitario. Por otra parte, el Comité estima oportuno que las organizaciones turísticas regionales colaboren en el desarrollo y creación de distritos culturales también con carácter transfronterizo.

7.2.4

Además, habría que establecer «redes» o rutas (8) de bienes culturales presentes en distintos países, como redes de castillos o palacios históricos, de yacimientos arqueológicos (como, por ejemplo, la red de ciudades de la Magna Grecia) (9) o redes de museos particulares –como son los museos dedicados a sectores específicos de actividad–, o rutas transeuropeas (10) como la Vía Fracigena. Estas redes o itinerarios podrían identificarse con un logotipo común, señalizarse adecuadamente y promoverse de manera integrada. Además, sería conveniente, en la medida de lo posible, velar por la homogeneidad en los servicios de acogida.

7.3.1

Un segundo segmento importante del turismo cultural es el relativo a las manifestaciones artísticas: muestras, conciertos, festivales y otras iniciativas particulares. En los últimos diez o quince años los actos culturales han pasado a constituir potentes factores para la promoción del turismo. Flujos cada vez mayores de apasionados, sobre todo jóvenes, se trasladan para visitar grandes muestras, participar en conciertos y asistir a iniciativas particulares como, por ejemplo, las «Noches blancas» que se están extendiendo por numerosas ciudades europeas, como París, Versalles, Bruselas, Roma, Viena o Varsovia.

7.3.2

La mejora de este segmento requiere tanto intervenciones en infraestructuras a fin de realizar o reestructurar sedes adecuadas para las muestras y festivales, como intervenciones en los programas en relación con iniciativas de promoción y comunicación. La Unión Europea podría favorecer la confección de un calendario único de los actos culturales, promover la colaboración entre diversos países e instituciones culturales y, por último, fomentar iniciativas en los países que tengan menos experiencia y tradición en este ámbito, empezando por los diez nuevos Estados miembros.

7.4.1

Un tercer segmento importante del turismo cultural es el ligado a los valores enogastronómicos de los diferentes territorios: un segmento de «cultura material» que en los últimos años ha venido asumiendo una importancia cada vez mayor y ha generado un verdadero movimiento cultural y económico para la promoción de los productos típicos (11).

7.4.2

Se trata, también en este caso, de favorecer la creación de unos «circuitos enogastronómicos» que se integren con los valores artísticos y culturales, promoviendo una oferta unitaria de visitas culturales, degustaciones y experiencias de la vida rural, combinando así el conocimiento de la historia del arte y la experiencia de las tradiciones en materia de vinos y platos típicos de una determinada localidad o área geográfica.

7.4.3

La Unión Europea podría promover un «Atlas europeo de los circuitos enogastronómicos del turismo rural» favoreciendo, en particular, los itinerarios transfronterizos que aúnen las tradiciones de dos o tres países; esto contribuiría también a valorizar las raíces comunes que constituyen la base de muchas tradiciones y «diferencias».

7.5.1

Un cuarto segmento del turismo cultural, que está emergiendo como un notable propulsor de flujos turísticos, es el ligado a la producción de películas y series televisivas. Las visitas a los escenarios y lugares que han servido de marco para películas y series televisivas de éxito están multiplicando el turismo en muchas regiones. Así, por ejemplo, el castillo de Alnwick, en Northumberland (norte del Reino Unido), en el que se han ambientado las películas extraídas de las novelas de J.K. Rowling con Harry Potter como protagonista, ha generado en poco tiempo, partiendo de cero, un flujo turístico de 13 millones de euros al año, pasando a ser así una de las metas turísticas más importantes del Reino Unido. Lo mismo ha sucedido en Italia con el castillo piamontés de Agliè, donde está ambientada la serie televisiva «Elisa di Rivombrosa», pues ha pasado de una media de 100 a un promedio de 3 500 visitas semanales. El efecto de la notoriedad se aplica también a películas aún no estrenadas, pero en curso de realización: en el Reino Unido, la pequeña ciudad de Lincoln, donde se está rodando la película «El Código Da Vinci», basada en el best seller homónimo del escritor Dan Brown, ya se ha convertido en meta de constantes flujos turísticos, mientras que en París han aparecido agencias de viajes que organizan «tours» que recorren exclusivamente los lugares descritos en la novela de Brown.

7.5.2

Según una encuesta británica realizada en agosto de 2005 en el Reino Unido, el 27 % de los adultos y el 45 % de los jóvenes entre los 16 y los 24 años se ven influenciados, a la hora de elegir el destino de sus vacaciones, por las películas vistas en el cine o en la televisión. Por ello, VisitBritain, el ente de promoción del turismo inglés, sigue atentamente la producción de las películas y publica en su sitio Internet los «movie maps», mapas muy detallados con todos los lugares donde se están rodando las nuevas películas con indicaciones del itinerario para llegar a ellos y de los servicios turísticos ofrecidos en los mismos.

7.6.1

Un quinto segmento del turismo cultural es el que se podría vincular a la creación de parques temáticos de carácter histórico y artístico destinados a completar las visitas a los museos, a los centros históricos y a las áreas arqueológicas. Este tipo de parques, que podrían instalarse en las cercanías de destinos turísticos célebres y de renombre, debería ser un instrumento de apoyo para comprender a fondo la realidad histórica en la que se «sumerge» (12) el turista. Parques análogos podrían nacer en los mayores distritos culturales europeos (13) y la Unión Europea podría favorecer la realización de estas infraestructuras de info-tainment (información y entretenimiento) que podrían constituir ulteriores incentivos para los flujos turísticos.

8.1

Realización de sitios Internet y canales televisivos por satélite y digitales, utilización de clips de audio y vídeo para teléfonos móviles de última generación, reconstrucción de monumentos y ambientes histórico-artísticos mediante el uso de técnicas de realidad virtual: numerosas son las contribuciones que las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación pueden ofrecer a la valorización de los bienes culturales en materia turística (14).

8.2

Las nuevas tecnologías podrían aplicarse de manera concreta para asegurar la sostenibilidad turística y la protección de los sitios artísticos más populares que corran el riesgo de deteriorarse como consecuencia de la invasión masiva de turistas. Así, las tecnologías informáticas pueden ofrecer nuevas oportunidades para la programación, el seguimiento y la clasificación de los flujos turísticos, con un control automático de aquellas variables ambientales (como la humedad en las salas de los museos) que pudieran poner en peligro las obras de arte. Además, los sistemas de reserva por Internet y las visitas mediante cita previa pueden servir para valorizar aquellos sitios que únicamente puedan ser visitados por pequeños grupos turísticos a la vez.

8.3

Por último, tampoco se debe olvidar la valiosa contribución de las tecnologías modernas a la hora de implantar estructuras y sistemas que permitan derribar las barreras arquitectónicas, que constituyen con demasiada frecuencia un obstáculo infranqueable para las personas con discapacidades.

8.4

La Unión Europea, que en el Séptimo programa marco de investigación e innovación ha mencionado cómo el sector del turismo y el acceso al patrimonio cultural pueden verse beneficiados por la aplicación de los resultados de la investigación, podría incentivar la realización concreta de iniciativas de este tipo y, posiblemente, confeccionar un repertorio de las tecnologías disponibles y un mapa de las mejores prácticas a nivel comunitario que pueda facilitar indicaciones a los operarios de los diversos países.

8.5

La utilización de las tecnologías es esencial para promover los destinos turístico-culturales europeos no sólo dentro de la Unión, sino también fuera de ella. También en este caso sería conveniente recurrir a un censo de las iniciativas emprendidas en los diferentes países. Además de la apertura del «portal europeo del turismo», la Unión Europea podría hacer realidad una televisión por satélite para fomentar el turismo en el viejo continente entre los países extracomunitarios.

9.1

Un sistema eficaz de valorización turística del patrimonio cultural plantea el problema de la gobernanza de los bienes culturales: éstos son, en efecto, o de propiedad pública (estatal o local) o propiedad de organizaciones religiosas o asociativas o incluso de propiedad privada. La situación es especialmente delicada en algunos de los nuevos Estados miembros, donde las nacionalizaciones forzadas de las pasadas décadas han generado un clima de incertidumbre por lo que respecta al derecho de propiedad y han menoscabado, en particular, la conservación de numerosos bienes culturales.

9.2

Es necesario, por consiguiente, favorecer modelos de gobernanza que, respetando a los actuales propietarios de los bienes artístico-culturales y ofreciendo las máximas garantías en el plano de la protección y preservación, permitan realizar gestiones coordinadas de los diferentes sistemas turístico-culturales, favoreciendo al mismo tiempo la coparticipación de inversiones públicas y privadas, también por medio de incentivos fiscales adecuados.

9.3

La Unión Europea podría proceder a una verificación de los sistemas de gobernanza seguidos actualmente en los diferentes países europeos para evaluar su eficacia y favorecer su difusión en los otros países, o bien podría proponer sistemas innovadores –también en relación con los regímenes fiscales– que pudieran favorecer los marcos de cooperación entre los sectores público y privado en la gestión.

9.4

Al problema de la gobernanza se une también el problema que plantea la formación del personal encargado de los bienes culturales, que, además de las correspondientes competencias histórico-artísticas, deben mostrar en la actualidad aptitudes en materia de gestión, comercialización y uso de las nuevas tecnologías, al tiempo que los directamente implicados en las relaciones con los turistas (hoteleros, comerciantes, empleados de los servicios públicos, etc.), además de tener competencias lingüísticas, deberían ser «instruidos» en el «saber hacer» y en el respeto de la diferencia cultural turística. También en este ámbito, la Unión Europea podría elaborar un inventario de las experiencias más avanzadas en materia de formación para favorecer los intercambios de experiencias, las iniciativas de evaluación comparativa y la divulgación de las mejores prácticas, a fin de promover un turismo de calidad.

10.1

Una eficaz gestión del turismo cultural puede producir efectos positivos también en otros segmentos turísticos, desde el turismo de balnearios al de montaña, pasando por el turismo de negocios o el de la tercera edad.

10.2

La presencia de itinerarios artísticos, de muestras, conciertos, festivales u oportunidades enogastronómicas puede favorecer la elección por los turistas de determinadas localidades europeas y puede ayudar a estas últimas a hacer frente a la competencia de las localidades turísticas de los países emergentes que, aun siendo más competitivas en el plano de los recursos naturales o de los precios, difícilmente pueden ofrecer oportunidades en el campo cultural a la altura de las europeas.

10.3

Análogamente, por lo que respecta al turismo de negocios, la posibilidad de combinar el viaje profesional con una ocasión de turismo cultural puede sugerir la prolongación del viaje en algunos días (incluso para incluir el sábado y el domingo) y puede favorecer la idea de transformarlo en una ocasión de turismo familiar con el cónyuge y los hijos.

10.4

Si tenemos en cuenta la esperanza de vida de la población europea, considerablemente más elevada que en el pasado, el turismo cultural se adapta bien a las exigencias de un público maduro que decide dedicar cada vez más su tiempo libre al aprendizaje y el conocimiento de nuevas culturas. Esta circunstancia también se ajusta a la necesidad de promover el turismo en los períodos del año que se consideran de «temporada baja».

10.5

Seguramente también en esta acción de promoción de la integración entre el turismo cultural y los demás segmentos turísticos, la Unión Europea podrá desempeñar un papel de iniciativa e impulso.

11.1

Basándose en la repercusión positiva que la cultura puede tener en el desarrollo del turismo y, sobre todo, teniendo en cuenta que el turismo, además de ser un sector que arrastra a otros sectores de la economía, contribuye significativamente a la realización de los objetivos de «crecimiento» y «empleo» de la Estrategia de Lisboa, el principal objetivo de este dictamen de iniciativa estriba, como ya se ha señalado anteriormente, en proporcionar a las instituciones europeas más elementos para la promoción de un sector todavía dinámico, pero expuesto, en gran medida, a la competencia de países no europeos.

11.2.1

Para valorizar eficazmente el turismo cultural europeo, es necesario mejorar la comunicación y la promoción integrada de Europa y de los destinos europeos, favoreciendo al mismo tiempo las mejores prácticas en materia de protección, valorización, gobernanza y formación. A este respecto, no cabe duda de la gran utilidad que tendrá el portal europeo del turismo, especialmente si cumple algunas condiciones:

11.3.1

La Unión Europea podría promover las mejores prácticas en la gestión de los servicios turístico-culturales recurriendo a sistemas competitivos y gratificantes en sus propios programas, comenzando por el de «Capitales europeas de la cultura» (15) y por el futuro programa «Destinos europeos de excelencia». Asimismo, la UE podría asesorar a las ciudades y regiones que decidieran presentarse como candidatas a estos dos programas, así como ofrecerles una contribución financiera más cuantiosa que en la actualidad y, quizás, un trato preferencial en el uso de los Fondos Estructurales. En el ámbito nacional, por el contrario, sería conveniente alentar una sana competencia entre las ciudades y las localidades turístico-culturales que presenten sus candidaturas a estos dos programas mediante la aplicación de criterios definidos a escala europea: para las «capitales europeas de la cultura», sistemas de gestión, colaboración entre los sectores público y privado, integración de servicios turísticos y culturales, promoción e información acerca de los actos, etc.; para los «destinos europeos de excelencia», sostenibilidad, prolongación de la temporada turística, descongestión, sistemas de gestión, colaboración entre los sectores público y privado, integración de servicios, etc.

11.4.1

A efectos de los programas turístico-culturales también debe ser una prioridad la promoción del diálogo intercultural tanto dentro de la UE con vistas a la incorporación de los cuatro países candidatos, como entre la Unión Europea y las demás regiones del mundo. Desde esta perspectiva, ya se ha señalado que parece un gran acierto la decisión de designar 2008 como «Año europeo del diálogo intercultural». No obstante, también sería útil poner en marcha antes de 2008 una serie de proyectos destinados, por ejemplo, a los colegios, y que posteriormente se ampliaría a los estudiantes de escuelas superiores y a los programas de intercambio internacional –como Erasmus–, o fomentando el hermanamiento entre clases de distintos países. Algunos proyectos concretos encaminados a promover el diálogo intercultural podrían destinarse también a las personas mayores. De este modo, el año 2008 podría convertirse en un «escaparate» de las iniciativas actualmente en marcha e impulsar otras nuevas.

11.5.1

La Unión Europea carece de instrumentos operativos directos para el turismo ya que, desgraciadamente, no existe todavía un fundamento jurídico; por consiguiente, sería útil que Europa emprendiera una acción encaminada a reforzar la coordinación en términos de gestión para promover los proyectos actuales y futuros de valorización del sector. El CESE sería favorable a la creación cuanto antes de una Agencia de Turismo Europea que, respetando en todo momento el principio de subsidiariedad, pudiera desempeñar la función de un observatorio europeo para el turismo con el objetivo de proporcionar a la Comunidad y a los Estados miembros información y datos fiables y comparables sobre el turismo. Esta propuesta ya se había avanzado en el anterior dictamen de iniciativa «Turismo y deporte: los futuros desafíos para Europa».

11.6.1

El CESE valora positivamente tanto las propuestas formuladas por el Comisario Verheugen en el IV Foro del Turismo Europeo celebrado en Malta, como las recogidas en la reciente Resolución del Parlamento Europeo (16), en el sentido de que se debe confiar a la Dirección General de Empresa e Industria la función de coordinar las diversas iniciativas comunitarias con repercusión en el sector del turismo.

11.7

El presente Dictamen ha recibido en el CESE el nombre de «Declaración de Paestum», en referencia a la audiencia pública que se celebró el pasado mes de noviembre en este fascinante yacimiento arqueológico italiano.

—

«European Route of Brick Gothic», proyecto en el que participan hasta siete países (Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia), 26 ciudades y dos regiones;

—

«Itinerario europeo del patrimonio cultural judío», programa premiado como «Mejor itinerario cultural» por el Consejo de Europa (5 de diciembre de 2005).

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/8

1.1

La política de competencia de la Unión se consideró durante mucho tiempo un buque insignia de la integración europea y un logro incuestionable. No obstante, con motivo del debate sobre el Tratado Constitucional, la pertinencia de una política destinada a garantizar «una competencia libre y sin distorsiones» ha suscitado algunos interrogantes. Tras la reforma de los instrumentos de control de la normativa en materia de defensa de la competencia, la Comisión Europea ha emprendido una reforma del régimen de ayudas estatales mediante un plan de acción. La presentación del informe 2004 brinda al CESE la oportunidad de plantear una reflexión global sobre las finalidades y los métodos de la política comunitaria de competencia, en particular con respecto al siguiente contexto:

1.2

Tras un «encuadre político» del Director General de la DG Competencia, el informe ofrece una panorámica de las actividades de la Comisión:

El año 2004, año de la ampliación a los diez nuevos Estados miembros, estuvo marcado por la entrada en vigor de la reforma del Derecho comunitario de la competencia, el 1 de mayo.

2.1

En el informe se subraya el vínculo entre la política de competencia y la Estrategia de Lisboa revisada: competitividad, crecimiento, empleo y desarrollo sostenible. La Comisión pretende así centrar su acción en los sectores esenciales para el mercado interior y la Agenda de Lisboa, haciendo hincapié en la eliminación de los obstáculos a la competencia en los sectores recientemente liberalizados y otros sectores regulados como las telecomunicaciones, los servicios postales, la energía y los transportes. El vínculo con la Agenda de Lisboa debería justificarse y explicarse mejor.

2.2

La cuestión preliminar que debe plantearse es si una política de competencia debe reflejar unas prioridades políticas coyunturales o, más bien, tener su propia lógica autónoma. El CESE favorece el segundo enfoque por las siguientes razones:

2.2.1

Las empresas, los consumidores y los agentes económicos y sociales necesitan un marco jurídico estable y previsible. Si la política de competencia varía en función de las prioridades del momento, se convertirá en una fuente de inestabilidad jurídica y, por tanto, poco favorable a la inversión y al empleo.

2.2.2

El establecimiento de una competencia libre y sin distorsiones es un objetivo fundamental en sí mismo, no en relación con una estrategia coyuntural, para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior único europeo. En su defecto, este mercado pierde todo su significado y las ventajas que puede aportar a la economía europea, es decir, el estímulo de la demanda, la ampliación de la oferta, el poder de un mercado de 450 millones de consumidores.

2.2.3

En la actual Unión ampliada las disparidades en términos de condiciones económicas y sociales entre los distintos Estados miembros son considerables. Por este motivo, la política de competencia cobra en este contexto una particular relevancia. En otras palabras, el establecimiento de una competencia realmente libre y sin distorsiones es determinante para que los agentes económicos y sociales, tanto los provenientes de los países más ricos como de los menos desarrollados, tengan la garantía de una igualdad de oportunidades y de trato y se cumplan las condiciones para reforzar la cohesión económica y social de la Unión.

2.2.4

Se debe mantener y reforzar la autonomía de la política de competencia. Asimismo se debe articular con las demás políticas de la Unión, como las políticas en favor de los consumidores, el desarrollo económico, la innovación, el crecimiento, el empleo y la cohesión económica y social. La política de competencia debe reflejar esta visión dirigida hacia el exterior a través de las reformas de las que es objeto en la actualidad y lo será en el futuro. Con este espíritu, la Comisión debe necesariamente buscar un equilibrio constante para proteger lo mejor posible a los consumidores, las empresas y el interés general de la Unión. Por consiguiente, la elaboración de directrices para tratar los litigios debe establecerse de acuerdo con una serie de imperativos:

2.2.5

Se debe tener en cuenta el carácter específico de los servicios de interés general, en particular, en los sectores de la salud, la protección social y la educación, respetando los valores de justicia social y transparencia de conformidad con las tradiciones y las prácticas nacionales. Cuando se confíen misiones de servicio de interés general público total o parcialmente a agentes privados, las autoridades de competencia deberán asegurarse de que se garantiza la igualdad de trato entre todos los agentes potenciales, la eficacia, la continuidad y la calidad del servicio. A este respecto, el Comité acoge favorablemente el trabajo de la Comisión, que ha consistido, desde la sentencia Altmark, en precisar las normas en materia de financiación de las obligaciones de servicio público. De este modo se aportará una mayor transparencia a la gestión de los SIEG.

2.2.6

En términos más generales, el problema de la política comunitaria de competencia es que se basa en la hipótesis de un funcionamiento ideal del mercado único: información perfecta y gratuita de los agentes, libertad de entrada y salida de las empresas, tantos mercados como eventualidades posibles o deseadas por los agentes, ausencia de rendimientos de escala crecientes y de posiciones dominantes. La realidad es diferente, concretamente por el comportamiento de algunos Estados miembros que siguen razonando en términos «nacionales».

2.2.7

La DG Competencia debería elaborar balances económicos y sociales de seguimiento sobre los casos que examina. Asimismo, debería realizar análisis de impacto de las decisiones más importantes que toma, tanto a nivel económico –incluida la competitividad global de la Unión– como a nivel social y, por último, en términos de desarrollo sostenible.

3.1

La presentación del informe sería más clara y el sistema se comprendería mejor si se incorporara, en particular en materia de ayudas estatales, una lista de las decisiones en las que no ha habido objeciones a la concesión de las ayudas en la que se explicara la razón por la que, en algunos casos, la ayuda no caía dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 87. Este cuadro constituiría el marco de buenas prácticas destinado a los Estados miembros para la asignación de ayudas.

3.2

Por otra parte, habida cuenta de que el año 2004 estuvo marcado por la ampliación, lamentamos que el informe aporte escasos datos sobre la aplicación de la política comunitaria de competencia en los nuevos Estados miembros. Por tanto, el Comité espera que el informe 2005 aporte una información más completa y actualizada.

3.3.1

Del informe se desprende que el análisis económico se ha convertido en una parte integrante de la política de competencia, algo que el CESE siempre ha solicitado de manera recurrente. A este respecto, la evolución de la legislación del Derecho de la competencia (artículos 81 y 82) ha estado marcada por un avance particular y pragmático que consiste en definir mejor el mercado y afinar el enfoque de las prácticas horizontales y verticales.

3.3.1.1

En relación con el apartado 3 del artículo 81 (excepción a la prohibición de los acuerdos restrictivos), cabe destacar que el análisis económico se ha visto especialmente enriquecido al considerar los incrementos en eficiencia. De este modo las empresas pueden demostrar que recurren a nuevas tecnologías, métodos de fabricación más adaptados, sinergias derivadas de la integración de activos y economías de escala; incluso pueden fomentar el progreso técnico y tecnológico mediante, por ejemplo, los acuerdos de investigación y desarrollo en común.

3.3.2.1

Como demuestran los asuntos a los que se hace referencia en el informe, la política de clemencia es un éxito. Cabe recordar que este mecanismo se basa en incitar a las empresas que forman un cartel a «denunciarlo» ante las autoridades de competencia, lo que les permite en compensación una exoneración, total o parcial, de las multas debidas. A tal fin, la Comisión y algunos Estados miembros han establecido programas de clemencia que fijan las condiciones del tal dispositivo. Estos programas revisten una importancia particular para las empresas en la medida en que, independientemente de los carteles puramente colusorios, a menudo descubren que se ha creado un cartel sin su conocimiento y generalmente mediante un intercambio de fax y correos electrónicos entre sus agentes comerciales y los de otras empresas.

3.3.2.2

No obstante, en el informe no se hace suficiente hincapié en una serie de disfunciones subyacentes: los programas de clemencia existentes en la UE son muy heterogéneos tanto por lo que respecta a las condiciones de fondo para obtener la clemencia, como desde el punto de vista procedimental. Además, no todas las autoridades nacionales de la competencia han establecido un programa de clemencia: solo dieciocho autoridades (más la Comisión) disponen de uno (1).

3.3.2.3

Por último, una petición de clemencia dirigida a una autoridad determinada no vale para las demás. En estas condiciones, la empresa concernida está obligada a dirigirse a todas las autoridades de competencia competentes para obtener la inmunidad. Por lo tanto, el CESE considera primordial optimizar el dispositivo en caso de peticiones múltiples de empresas. Se deben simplificar los procedimientos existentes para poner en marcha un sistema de concordancia en la «denuncia» del cartel, lo que bloquearía automáticamente cualquier participación en un acuerdo de este tipo.

3.3.3.1

De acuerdo con el informe, los primeros resultados obtenidos por la REC parecen satisfactorios. A través de esta red la Comisión Europea y las autoridades de competencia nacionales de todos los Estados miembros de la UE cooperan informándose mutuamente sobre los nuevos asuntos y decisiones. En caso necesario coordinan las investigaciones, prestándose asistencia e intercambiando elementos de prueba.

3.3.3.2

Esta cooperación crea un mecanismo eficaz para obstaculizar a las empresas que recurren a prácticas transfronterizas restrictivas de la competencia y contribuye a eliminar a las empresas que no cumplen las normas del mercado y perjudican considerablemente a la competencia y los consumidores.

3.3.3.3

La confidencialidad de la información es una cuestión esencial. Dicha confidencialidad está garantizada por una función específica, ADO (Authorised Disclosure Officer), mediante la cual se habilita a una o más personas a intervenir en la transferencia de información confidencial. Estos mecanismos se han puesto en práctica en numerosas ocasiones desde el 1 de mayo de 2004, principalmente con la Comisión, y con aparente éxito.

3.3.3.4

A pesar de que los agentes económicos hacen un balance muy positivo del funcionamiento de la REC, el CESE advierte a la Comisión de la dificultad eventual (a largo plazo y debido a la multiplicación del número de asuntos) de garantizar una protección total en el intercambio de información confidencial.

3.4.1

El artículo 82 del Tratado prohíbe la explotación abusiva de una posición dominante por parte de una empresa (precios abusivos, reparto de los mercados mediante acuerdos de venta exclusivos, primas de fidelidad destinadas a desviar a los proveedores de sus competidores, etc.). Por otra parte, el control de las concentraciones está sometido a esta disposición, ya que una fusión implica un abuso en la consolidación de la posición dominante de la empresa que origina la operación. Este artículo —eslabón esencial de la legislación antimonopolio— ha sido objeto de una interpretación equívoca en algunos aspectos que se puede observar si se analizan los comportamientos de las empresas y las implicaciones de sus prácticas comerciales. En otras palabras, el concepto de abuso de posición dominante todavía no ha encontrado una definición real y, por tanto, a veces resulta muy difícil para las empresas conocer los límites de lo que pueden hacer y lo que no. Por ejemplo, con respecto a los abusos en los precios, como los precios predatorios o los descuentos, un determinado comportamiento puede tener distintos efectos: un competidor muy eficaz puede ser capaz de prosperar en un mercado en el que la empresa dominante mantenga unos determinados precios, mientras que un competidor «menos eficaz» puede verse excluido del mercado. ¿La política de competencia debe proteger a estos últimos? ¿No sería mejor desarrollar unas normas basadas en el principio según el cual sólo es abusiva la exclusión de los competidores «eficientes»?

3.4.2

La Comisión ha publicado recientemente un proyecto de directrices relativas a la aplicación del artículo 82, que el CESE acoge favorablemente. De este modo desea establecer un método para apreciar algunas de las prácticas más corrientes, como la vinculación de operaciones y las rebajas y descuentos que pueden debilitar la competencia (2). El CESE acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para destinar la máxima cantidad de recursos a las prácticas que pueden resultar más perjudiciales para los consumidores, con el fin de aportar claridad y seguridad jurídica al definir claramente qué puede constituir un abuso de posición dominante. Espera que el proyecto que está siendo examinando actualmente permita a las empresas en posición dominante evaluar claramente si su comportamiento es lícito y recuerda que, para la finalización de la reflexión, debe garantizarse un diálogo con los agentes concernidos (empresas, en particular las PYME, consumidores, interlocutores sociales, etc.).

3.5.1

El CESE acoge favorablemente una evolución marcada por el pragmatismo, por una parte, mediante la creación de la ventanilla única para las notificaciones de operaciones de concentración y, por otra, en vista de la indispensable aclaración aportada al test de competencia, más cercano así a la realidad económica y más compatible con las normas vigentes en los principales sistemas de control de las concentraciones en el mundo. Por último, aunque la demostración de los incrementos en eficiencia generados por las fusiones sigue siendo difícil en la práctica, cabe esperar que, en este contexto mejorado, el control de las concentraciones pueda favorecer de forma duradera los intereses del consumidor europeo.

3.5.2

En cuanto a las relaciones entre la gran distribución y el comercio de proximidad, asistimos desde hace varios años a un fenómeno masivo de concentración que reduce las cuotas de mercado del comercio de proximidad en beneficio de la gran distribución. En vista del desarrollo de prácticas comerciales en ocasiones muy vinculantes, políticas tarifarias e importantes descuentos en función del volumen de compra, los comercios de proximidad difícilmente pueden competir en términos de precios frente al importante margen de maniobra de la gran distribución y la atracción que genera. Por otra parte, en este mismo contexto, los productores están sometidos a presiones a veces exageradas. Por último, el aumento del número de fusiones debe conducir de forma imperativa a conciliar los objetivos de la política de competencia con los de la política de consumidores para garantizar que existe un abastecimiento constante de los mercados y una diversidad de la oferta en lo que se refiere al posicionamiento y a la calidad del surtido. Al mismo tiempo convendría no limitar la cooperación entre pequeñas empresas cuando su cuota de mercado global no sea significativa en el sector del que se trate.

3.6.1

El informe hace un balance positivo de los efectos de la reorganización de la DG Competencia en respuesta a las críticas formuladas por la opinión pública contra la Comisión por algunos asuntos (Airtours/First Choice, Tetra Laval/Sidel y Schneider/Legrand).

3.6.2

La creación de un puesto de economista jefe (Chief Competition Economist) asistido por varios economistas, el nombramiento de un grupo de funcionarios experimentados encargados de examinar desde una nueva perspectiva las conclusiones de los investigadores de la DG Competencia sobre las concentraciones sensibles y el refuerzo de la función del consejero auditor en el procedimiento de control de las concentraciones son medidas con un objetivo común: hacer más riguroso y transparente el procedimiento de investigación en materia de control de las concentraciones. Estas medidas responden a las solicitudes recurrentes del CESE y, por tanto, las acoge favorablemente.

3.6.3

Aunque el CESE aprueba el nombramiento de un «funcionario de enlace con los consumidores» para representar a estos últimos ante la DG Competencia, no obstante lamenta que casi un año después de este nombramiento en el informe no se haya hecho un balance preciso del diálogo real entablado con los consumidores europeos. Por tanto, el CESE espera que en el informe 2005 figuren elementos tangibles que permitan medir su efectividad y eficacia. Por otra parte, el CESE ha elaborado un dictamen de iniciativa sobre este asunto.

3.6.4

Los dictámenes recientes del CESE habían destacado la cuestión de los medios de que dispone la Comisión Europea, en particular en materia de control de las concentraciones, considerados demasiado escasos frente a los recursos que pueden ser movilizados por los agentes concernidos. Esta cuestión sigue estando abierta: parece que la DG Competencia adolece de falta de personal cualificado para tratar casos relativos a algunos Estados y, en particular, a los nuevos Estados miembros. El Comité manifiesta su preocupación y su perplejidad por esta falta de previsión en la gestión de los recursos humanos de la Comisión y pide que se adopten medidas urgentes para solucionar este problema.

3.6.5

Por último, pese a los esfuerzos de transparencia recientemente realizados, el Comité constata que no se puede hablar de una auténtica política de consulta activa de los agentes concernidos. En efecto, en relación con los asuntos horizontales tratados por la DG Competencia, la información en materia de concentración disponible en el sitio web de la Comisión no puede considerarse adecuada para recabar la opinión informada de la sociedad civil y las distintas organizaciones interesadas como parte del proceso de buena gobernanza.

3.6.6

Con respecto a la publicación de las sentencias nacionales en el sitio Internet de la Comisión en materia de competencia, cabe destacar que no se han alcanzado los objetivos perseguidos de información didáctica (apartado 2 del artículo 15 del Reglamento CE 1/2003). Por una parte, observamos que el sistema establecido en el sitio sólo funciona parcialmente. Concretamente los nuevos Estados miembros no transmiten nunca o prácticamente nunca una copia de las sentencias de sus jurisdicciones nacionales, lo que dificulta la percepción de la aplicación del Derecho de la competencia en estos países y obstaculiza su deseada armonización. Por otra parte, estas sentencias nacionales sólo son accesibles en la lengua del país de origen, lo que limita o incluso anula su lectura, aun cuando sin duda tendrían una importancia práctica considerable debido a los problemas inéditos que plantean.

3.7.1

La Comisión Europea presentó el 7 de junio de 2005 un Plan de acción de ayudas estatales, sobre el que se ha pronunciado el CESE (3) y al que remite este dictamen. El estudio del informe 2004 plantea, no obstante, las siguientes observaciones generales:

3.7.2

Es indispensable reforzar la transparencia con respecto a la información transmitida a las empresas que se benefician de una ayuda individualizada (fecha de notificación, elementos justificativos proporcionados por los Estados miembros). Esta transparencia es tanto más necesaria en la medida en que el riesgo de recuperación de ayudas ilegales recae en las empresas, en particular en las pequeñas y medianas empresas, incluso en las microempresas, cuando el procedimiento de notificación ha sido efectuado por el Estado miembro.

3.7.3

Las autoridades nacionales encargadas de evaluar si las ayudas cumplen o no los criterios exigidos no siempre disponen de los conocimientos necesarios para realizar el análisis económico relativo a los procedimientos de notificación. A menudo son los entes locales quienes conceden, por ejemplo, ayudas en materia de empleo o medio ambiente sin proceder a un análisis óptimo de las cuotas de mercado, lo que en caso de ayuda ilegal crea una considerable incertidumbre financiera para las empresas.

3.7.4

En el marco del examen de las ayudas de salvamento y reestructuración, se observa que la política comunitaria se centra en mayor medida en las consecuencias económicas para los competidores del beneficiario de la ayuda pública y, en particular, en los medios para poder «indemnizarlos». En efecto, preocupada por evitar el desarrollo de distorsiones de competencia, la Comisión impone algunas restricciones a las empresas beneficiarias, por ejemplo limitar el porcentaje de cuotas de mercado en una zona geográfica determinada, como ocurrió en al asunto Thomson Multimedia, o incluso obligar al beneficiario a establecer asociaciones con sus competidores.

3.7.5

El CESE lamenta que esta preocupación oculte otro aspecto igual de esencial: los efectos de tales operaciones en el consumidor final (cliente y contribuyente), dado que la Comisión no examina suficientemente si las ayudas impedirán o no una disminución de los precios, una elección más amplia de productos y servicios o una calidad mejor. El interés de los consumidores se sitúa, por tanto, en el centro de la política de competencia, y el derecho a recibir ayudas estatales debe estar obligatoriamente sometido a las mismas exigencias de rigor en términos de análisis a largo plazo que las que se aplican a los carteles o las concentraciones.

3.7.6

De forma general, el CESE manifiesta su preocupación con respecto a las distorsiones de competencia que podrían derivarse de las divergencias en materia de ayudas públicas entre los diferentes Estados miembros. El CESE está especialmente preocupado por el carácter a menudo altamente discriminatorio de las ayudas públicas. En efecto, los Estados se movilizan frecuentemente en favor de inversiones y salvamentos de grandes empresas descuidando a las pequeñas y medianas (que en realidad crean cuatro empleos de cada cinco en la Unión) y favorecen a determinados sectores o tipos de empresas. Esta situación no fomenta el desarrollo del espíritu empresarial y provoca un estancamiento del tejido económico, insuficientemente dinámico, poco favorable a nuevos ingresos en el mercado.

4.1.1

La Comisión debería prestar una atención particular a los efectos de la ampliación en sus futuros informes e incluso dedicar un capítulo específico a registrar las evoluciones tanto legislativas como del control de la aplicación del Derecho comunitario.

4.1.2

Para una mayor seguridad jurídica, parece primordial simplificar el sistema de clemencia. Habida cuenta de la sensibilidad de la información que debe aportarse y la dificultad que representa una multiplicación del mismo procedimiento ante las distintas autoridades concernidas (un cartel que puede causar efectos en varios Estados miembros), sería oportuno realizar una reforma mediante el reconocimiento mutuo o incluso un sistema de ventanilla única.

4.1.2.1

Por otra parte, sería muy aconsejable un acercamiento de los programas nacionales de clemencia mediante una armonización flexible e indirecta que podría adoptar la forma de mejores prácticas.

4.1.3

Ante la perspectiva de la revisión en curso de la política de la Comisión en materia de abuso de posición dominante a través del proyecto de directrices, deberán aclarase una serie de cuestiones con el fin de reorientar la apreciación de tales abusos hacia el perjuicio sufrido por el consumidor. La Comisión deberá precisar lo que se entiende por posición dominante, pero sobre todo qué es un abuso y cuáles son sus diferentes tipos. Por último, deberá afinar el límite entre una competencia legítima basada en la eficacia y una competencia abusiva que perjudica al funcionamiento de la competencia y, por tanto, al consumidor.

4.1.4

En materia de control de las concentraciones, con el fin de medir la contribución de la consideración de los incrementos en eficiencia, el informe de la Comisión podría, en el futuro, dedicar un apartado a los desarrollos de las operaciones concernidas y su repercusión en los consumidores.

4.1.5

Para garantizar un equilibrio más justo entre producción y distribución y por lo que respecta a la propia distribución (evitar que los comercios en las zonas rurales o urbanas desfavorecidas o en las regiones escasamente pobladas desaparezcan totalmente), debería entablarse una reflexión sobre los instrumentos de competencia, normativa comercial o apoyo a pequeñas sociedades, con el fin de no bloquear el acceso al mercado de los posibles agentes y permitir a las PYME beneficiarse de las ayudas estatales..

4.1.6

Sería útil que en los próximos informes se incluyera una descripción de los vínculos entre el funcionario de enlace con los consumidores y las organizaciones de consumidores en el examen de los asuntos. En su caso, podemos preguntarnos si éstas han podido emitir un dictamen o aportar información a la Comisión en el marco de asuntos de concentraciones, carteles o abusos de posición dominante. Es esencial demostrar la eficacia del trabajo del funcionario de enlace con los consumidores.

4.1.7

Para mejorar el funcionamiento del sistema de publicación de las sentencias de las jurisdicciones nacionales, sería conveniente establecer una red de las personas de contacto encargadas de recoger las decisiones judiciales para hacer más eficaz el sistema actual en tiempo real. Deberían destinarse más recursos humanos y financieros a este dispositivo.

4.2.1.1

La evaluación del funcionamiento de la política de competencia debe permitir comprobar si esta última favorece efectivamente una «competencia libre y sin distorsiones» en la UE y medir la eficacia de la lucha contra los monopolios de hecho y los abusos de posición dominante, así como su repercusión en la creación de empresas nuevas y el espíritu empresarial. La Comisión no debería limitar los acuerdos entre PYME para que puedan hacer frente a la competencia de grandes grupos integrados y debería movilizar más medios para luchar eficazmente contra las distorsiones más graves.

4.2.1.2

Con respecto a las profesiones liberales, la Comisión publicó, a raíz de su Comunicación del 9 de febrero de 2004, un informe sobre la competencia en este sector (4) en el que se exponen los progresos realizados en relación con la supresión de las restricciones a la competencia no necesarias, como la fijación de precios, las normas en materia de publicidad, las restricciones de acceso a la profesión y determinadas tareas reservadas. El CESE insta a la Comisión a que cumpla su compromiso y confirma el punto de vista formulado unánimemente en su dictamen sobre el informe relativo a la política de competencia 2003, según el cual la introducción de mecanismos más favorables a la competencia permitirá a las profesiones liberales mejorar la calidad y la oferta de sus servicios, lo que beneficiará directamente a los consumidores y las empresas.

4.2.2.1

El CESE considera que es esencial analizar las cuestiones relativas a la competencia atendiendo a la cohesión global de la Unión y preguntarse si los comportamientos todavía demasiado nacionales (ayudas públicas directas o «disfrazadas» a empresas líderes nacionales, ayudas para atraer inversiones, prácticas discriminatorias, persistencia de monopolios de hecho y abusos de posición dominante, etc.) no pretenden mantener una compartimentación del mercado único y obstaculizar el acercamiento entre los operadores económicos de la Unión. En este sentido la Comisión también debe emprender análisis económicos y sociales sobre la repercusión global de sus decisiones políticas, instando por ejemplo al Consejo y a los Estados miembros a garantizar un cambio de los comportamientos y las prácticas de compartimentación que penalizan los intereses de los operadores económicos y sociales.

4.2.3.1

El CESE está a la disposición de la Comisión para reflexionar sobre las maneras de garantizar una mayor transparencia (dentro de los límites que permite el respeto de la actividad empresarial) ante los agentes afectados por la política de competencia: empresas, interlocutores económicos y sociales, consumidores y otros agentes de la sociedad civil. Por lo que se refiere concretamente a la concentración, es preciso interrogarse sobre los medios de organizar una implicación más activa de estos agentes tanto a través de un procedimiento de consulta como de audiencias, lo que respondería al empeño por conseguir una buena gobernanza y una democracia participativa. En términos más generales, habría que crear una red informativa de proximidad para dar a conocer mejor las prioridades de la política de competencia y alertar tanto a las empresas como a los consumidores sobre sus derechos y obligaciones. Se apoyaría en la red de Euro Info Centros de la DG Empresa y en el conjunto de redes de cámaras de comercio e industria y de organizaciones de consumidores. Este esfuerzo de información permanente resulta especialmente importante en los nuevos Estados miembros y en los países candidatos.

4.2.4.1

La política de competencia es un elemento fundamental para garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior europeo. Las disfunciones que revela subrayan la imperiosa necesidad de conseguir la plena realización del mercado único y acabar con las prácticas que tienden sistemáticamente a compartimentarlo. Pero esta política no es suficiente por sí sola si no se coordina con el conjunto de políticas de la Unión, atendiendo al éxito de la Estrategia de Lisboa revisada y a la eficacia de la política de protección de los consumidores. En cualquier caso, es urgente definir un proyecto económico y social de cohesión para la Unión a través del cual la política de competencia debería conservar una función específica y adquirir una nueva legitimación: garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado único para que los consumidores, los empresarios y los asalariados se beneficien realmente de las ventajas del primer mercado mundial.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/14

1.1

El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de proporcionar un marco jurídico seguro, claro y transparente a la financiación de la normalización europea, habida cuenta de la importancia del sistema normativo para el buen funcionamiento del mercado interior y la competitividad de la industria europea, y a la vista del papel que desempeñan las normas técnicas europeas en apoyo de la legislación y las políticas comunitarias.

1.2

El Comité confirma que la normalización europea es y debe seguir siendo una actividad de carácter voluntario desarrollada por y para las partes interesadas con el objetivo concreto de establecer normas y otros productos de normalización en respuesta a sus necesidades.

1.3

El Comité recomienda al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión que adopten un enfoque más proactivo en el ámbito de la política europea de normalización. A raíz de la reciente revisión de la Agenda de Lisboa, esta política debe considerarse como una de las políticas fundamentales de la Unión y contribuir al desarrollo de una verdadera «cultura de la norma» como elemento estratégico a nivel nacional e internacional, tanto en las instituciones europeas y nacionales como en las empresas.

1.4

El Comité considera fundamental que a la hora de elaborar un sistema normativo europeo reforzado se garantice la plena participación de todas las partes interesadas, en particular las ONG, las PYME y las organizaciones de consumidores y protección del medio ambiente, garantizando un apoyo, en particular financiero, a la formación de personal cualificado.

1.5

El Comité subraya que la normalización europea es esencial para el funcionamiento y la consolidación del mercado interior, gracias, en particular, a las directivas llamadas de «nuevo enfoque» en los sectores de la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente y de los consumidores, así como para garantizar la interoperatividad en numerosos sectores, sobre todo el transporte y las telecomunicaciones. La normalización permite asimismo mejorar la competitividad de las empresas, al favorecer la libre circulación de los bienes y servicios en el mercado interior y en el mercado mundial.

1.6

A juicio del Comité, el sistema europeo de normalización es un recurso estratégico imprescindible, por lo que conviene asegurar una gestión sana y sostenible de las actividades financiadas y garantizar la posibilidad de perseguir los objetivos comunes de cooperación, así como las condiciones administrativas y financieras necesarias, por una parte para mantener la independencia y neutralidad del sistema, y, por otra, para potenciar su operatividad y la producción de normas.

1.7

El Comité considera que el importe global propuesto es insuficiente para apoyar todo el sistema europeo de normalización durante el período de cinco años considerado, y que es preciso aumentar el actual umbral del 2 % para garantizar la libre producción y difusión de las normas, a fin de que éstas puedan adaptarse a la ampliación de la UE a 25 y a las perspectivas brindadas por las futuras adhesiones de los países candidatos.

1.8

El Comité destaca la importancia de:

1.9

Los OEN proporcionan las infraestructuras y los servicios necesarios para elaborar normas pero no producen normas, que son el fruto del trabajo de los expertos técnicos. En opinión del CESE, este punto importante debería destacarse en los considerandos.

1.10

El importe global de 134 millones de euros propuesto por la Comisión para el período 2006-2010 parece apenas suficiente.

2.1

El Comité siempre ha defendido una utilización más amplia de la normalización europea en las políticas y la legislación de la Unión, con el fin de potenciar, de acuerdo con las necesidades de la sociedad y de las empresas, el desarrollo de la normalización técnica en nuevos ámbitos como los servicios, las tecnologías de la información y la comunicación, el transporte, la protección de los consumidores y la conservación del medio ambiente.

2.2

En particular, los responsables empresariales y las demás partes interesadas toman cada vez más conciencia de las ventajas de la normalización para el mundo de los negocios. Esta toma de conciencia se traduce en el refuerzo de las principales estructuras europeas de normalización (CEN/Cenelec/ETSI) y en la participación de pleno derecho en el proceso de elaboración de normas de todos los interesados, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.

2.2.1

Habida cuenta del potencial de estos organismos con vistas a la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, el CESE espera que la sociedad civil organizada disponga de una representación significativa en los consejos de administración de dichos organismos.

2.3

Para reforzar la presencia y la participación de los diferentes agentes de la sociedad civil en los procesos de normalización que se desarrollan en el ámbito del CEN, Cenelec y ETSI (1), participan en dichos procesos, de pleno derecho, organismos como ANEC, ETUI-REHS, Normapme y, por último, ECOS (2), que se creó en noviembre de 2002.

2.4

El Comité se ha pronunciado ya en varias ocasiones (3) a favor de una revisión del marco legislativo que regula actualmente la normalización, con objeto de adaptarlo a la evolución reciente y a los últimos desafíos que se plantean en el ámbito de las normas técnicas europeas y de la simplificación legislativa, y de adecuarlo al principio «legislar mejor»  (4), a las orientaciones de La política industrial en la Europa ampliada  (5)y a las prioridades de la Estrategia para el mercado interior para 2003-2006 (6).

2.5

El Comité también ha defendido la adopción de un marco financiero estable y fundamentado en unas bases jurídicas sólidas, con objeto de apoyar la normalización europea. De la misma manera, considera conveniente garantizar una cofinanciación Comisión/Estados miembros de las actividades de normalización, las infraestructuras europeas y las acciones dirigidas a potenciar las sinergias entre los OEN, con el fin de aumentar su eficacia en el proceso de elaboración de normas técnicas europeas y de promoción de normas internacionales.

2.5.1

Una mayor participación de los representantes de los Estados miembros podría contribuir a la mejora y mayor precisión de la producción de normas destinadas a las partes interesadas.

2.6

El desarrollo de una cultura europea de la normalización técnica es esencial para garantizar un funcionamiento eficaz y equilibrado del mercado interior en la Unión de 25. Por ello es importante, a nivel europeo, garantizar la existencia de unas estructuras capaces de responder eficazmente a:

2.7

En 2004, el número total de normas europeas ascendió a unas 1 200 para el CEN y cerca de 400 para el Cenelec, con lo que se llega a una cantidad total de unas 15 000 normas europeas adoptadas por ambos organismos.

2.8

El Comité considera que las características que condujeron a este éxito se deben proteger y, en su caso, reforzar. El nuevo marco jurídico que regula la financiación de las actividades de normalización, fundamentado en los artículos 95 y 157 del Tratado, no debe, a juicio del Comité, comprometer en modo alguno la naturaleza y las características esenciales del proceso normativo, que debe seguir siendo libre, voluntario y consensuado.

2.9

Por otra parte, el Comité es consciente de la importancia de racionalizar, consolidar y proporcionar seguridad a largo plazo al marco financiero de las estructuras centrales europeas, teniendo en cuenta, en particular, la intensificación del recurso a las normas técnicas observada en los últimos años.

2.9.1

En efecto, hay un interés creciente por evitar que se planteen nuevos obstáculos a los intercambios gracias a un sistema de normalización capaz de apoyar la competitividad de los productos, los servicios y los métodos de la industria europea, con el objetivo de aplicar los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo previstos por la Estrategia de Lisboa.

2.10

No existe en la actualidad ningún texto de referencia jurídico que regule explícitamente, a nivel europeo, la financiación del sistema de normalización técnica y permita a la Comisión prestar ayuda financiera mediante recursos adicionales a todas las actividades de normalización.

2.10.1

Como es sabido, estas actividades incluyen desde las tecnologías de la información y la comunicación hasta los transportes, pasando por la protección del medio ambiente y de los consumidores, la seguridad de los procesos y los productos alimentarios, la investigación prenormativa y conormativa y el sector de los servicios y de los «nuevos productos»  (7).

2.11

Por otra parte, es preciso mejorar la coherencia y la estabilidad de las estructuras centrales del CEN, el Cenelec y el ETSI, sobre todo desde la adhesión de los nuevos Estados miembros y con vistas a las futuras ampliaciones de la Unión.

2.12

Mientras que los organismos nacionales de normalización pueden beneficiarse para su financiación de ingresos directos procedentes de sus productos y servicios, las infraestructuras comunitarias dependen exclusivamente de las cotizaciones de sus miembros y de la financiación adicional de la UE y la AELC que, en muchos aspectos, resultan insuficientes para garantizar la eficacia y solidez del sistema europeo de normalización.

2.13

En las conclusiones que adoptó en 2002, el Consejo invitaba a las autoridades públicas a conceder una importancia estratégica a la normalización y a manifestar claramente su compromiso en este sentido, en particular mediante una contribución específica destinada a garantizar la eficacia de las infraestructuras de normalización.

2.14

En diciembre de 2004, el Consejo tomó nota de la iniciativa de la Comisión encaminada a reformar el marco institucional y a proponer un nuevo fundamento jurídico para financiar la normalización europea (8). Invitó a la Comisión, a los Estados miembros y a los organismos de normalización europeos y nacionales a examinar las posibilidades existentes para optimizar el sistema europeo de normalización, con el fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles, y a estudiar las posibles opciones para garantizar una financiación eficaz de la normalización en Europa (9).

2.15

La Comisión elaboró varias propuestas (10) sobre las diferentes situaciones posibles en relación con la financiación del sistema europeo de normalización:

2.16

La financiación exclusiva por parte de la industria y de las demás partes interesadas tendría el inconveniente de limitarse casi exclusivamente a la elaboración de normas técnicas orientadas al mercado, es decir, dirigidas a mejorar la competitividad europea en el mercado mundial.

2.16.1

Este tipo de financiación presentaría la ventaja de proceder directamente de las empresas y de reflejar las necesidades del mercado, sin estar condicionado por elementos externos. Sin embargo, también podría tener profundas repercusiones en la protección, y sobre todo en el equilibrio de la protección entre todos los intereses representados, especialmente los de las PYME.

2.17

La opción de una financiación exclusiva por los Estados miembros a través de los OEN que son miembros del CEN, el Cenelec y el ETSI podría debilitar el grado de coordinación europea y la coherencia del sistema europeo de normalización.

2.17.1

Por otra parte, esta opción permitiría cumplir en gran medida los principios de subsidiariedad y proporcionalidad previstos en el Tratado.

2.18

Una mayor participación de la Comisión presentaría la ventaja de proporcionar un elevado valor añadido europeo a las normas técnicas, ya que conduciría a la supresión de las normas nacionales no conformes y consolidaría el funcionamiento del mercado único, en particular en términos de economías de escala para la producción de la industria europea.

2.18.1

La Comisión tendría la posibilidad de influir en el proceso normativo y de orientarlo hacia un punto de vista comunitario, lo que podría redundar en beneficio de la visibilidad, coherencia y eficacia de sus políticas.

2.19

En lo referente a los gastos, estudios recientes (11) muestran que el coste anual del sistema de normalización CEN/Cenelec/ETSI giraría en torno a los 700 millones de euros, desglosados como sigue:

2.20

Desde el punto de vista de los ingresos, las principales fuentes de financiación actuales podrían repartirse del siguiente modo:

2.21

En la actualidad, el apoyo financiero a la normalización europea se basa en una serie de actos legislativos que, en su mayoría, no contienen disposiciones suficientemente explícitas y especificas sobre las condiciones de financiación. Estos actos constituyen el fundamento en el que la Comisión sustenta sus peticiones a los organismos europeos de normalización (CEN, Cenelec y ETSI) para que elaboren normas europeas en apoyo de sus políticas.

2.22

El apoyo financiero a la normalización europea se inscribe en el marco de las relaciones de asociación que entablan la Comisión, la AELC y los organismos europeos de normalización, tal y como se especifican en las Directrices Generales para la Cooperación firmadas el 28 de marzo de 2003.

2.23

La financiación de las actividades de la normalización europea se centra sobre todo en:

2.23.1

Del mismo modo, la normalización contribuye a reducir los obstáculos técnicos al comercio internacional a través de la celebración de acuerdos debatidos en la OMC como el TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico) y el MEBF (Foro Empresarial Europa Mercosur) y mediante la transposición de las normas técnicas europeas en normas internacionales: ISO, IEC, ITU.

3.1

Para proteger las características imprescindibles del proceso europeo de normalización, que debe seguir siendo voluntario, consensuado y orientado al mercado, el Comité considera que convendría añadir un nuevo considerando redactado del siguiente modo:

«El proceso de normalización debe seguir siendo voluntario, consensuado y orientado al mercado. Estas características se deberán proteger y valorizar en los nuevos fundamentos jurídicos comunitarios relativos a la financiación de la normalización europea, que se inscriben en el plan de acción para la normalización europea adoptado por la Comisión en octubre de 2005. Esta plan deberá actualizarse cada año, de acuerdo con los OEN y las partes interesadas.»

3.2

El Comité considera que la rapidez de los cambios tecnológicos no justifica la proliferación en el sector industrial de consorcios y foros dirigidos a crear técnicas específicas fuera del proceso formal de normalización europea. Esta situación podría debilitar los elementos fundamentales de la legislación europea, a saber, la participación abierta a todos los expertos (en particular a las pequeñas empresas), la transparencia de todo el proceso y la extensión de la base del consenso voluntario. Por lo tanto, considera importante que se incluya el nuevo considerando siguiente:

«Los nuevos fundamentos jurídicos relativos a la financiación de la normalización deben mejorar la eficacia de este proceso y reforzarlo para que pueda responder, en unas condiciones transparentes, abiertas y voluntarias, a las exigencias de los nuevos» productos «que son las especificaciones y los informes técnicos y las guías. Los OEN deberían poder controlar estos nuevos» productos« (12) para que respondan tanto a las necesidades de todas las partes interesadas, especialmente las que están menos estructuradas y son más pequeñas, como a las legítimas expectativas de las organizaciones de consumidores».

3.3

El Comité considera que debería modificarse el actual cuarto considerando en el sentido de que el objetivo debe consistir en proporcionar un fundamento jurídico no sólo «para la financiación por parte de la Comunidad Europea de todas las actividades de normalización europea necesarias para la puesta en práctica de sus políticas y la aplicación de su legislación», sino también para reforzar el proceso europeo de normalización, que es un elemento fundamental en aras de la competitividad de la industria europea, la protección de los consumidores y la protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos:

«Es necesario disponer de un fundamento jurídico explícito, completo y detallado para la financiación por parte de la Comunidad Europea de todas las actividades de normalización europea necesarias para la puesta en práctica de sus políticas y la aplicación de su legislación y para la consolidación del propio proceso europeo de normalización, que es un elemento fundamental de la competitividad de la industria europea, la difusión de nuevas tecnologías innovadoras, la protección de los consumidores y la protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos».

3.4

A juicio del Comité, debería quedar más claro que los OEN no producen normas técnicas sino que prestan un servicio de infraestrucruras europeas, en cuyo ámbito los expertos que representan a las partes interesadas elaboran normas. En consecuencia, se debería insertar un nuevo considerando después del octavo, redactado del siguiente modo:

«Los organismos europeos de normalización proporcionan principalmente unos servicios infraestructurales destinados a la elaboración de normas técnicas, que son esencialmente el fruto de un proceso libre y consensuado de elaboración técnica por parte de los representantes de las partes interesadas».

3.5

En el artículo 3 de la propuesta de Decisión, titulado «Actividades de normalización que pueden optar a la financiación comunitaria», el CESE propone añadir en el punto 1), después de la letra f), dos nuevas letras g) y h):

3.5.1

Como ya se ha dicho en el punto 1.4 del presente dictamen, la formación de las partes interesadas en el ámbito de la normalización reviste una gran importancia. Debería, pues, formularse como sigue la nueva letra g) del artículo 3:

«la formación de los representantes de las partes interesadas, en particular de las pequeñas empresas, el sector de los servicios y la distribución y organismos menos estructurados, tanto desde el punto de vista general del proceso normativo como desde el punto de vista técnico, para reforzar la capacidad de» coproducción «de normas europeas e internacionales».

3.5.2

Para garantizar la creciente participación de los numerosos agentes de la sociedad civil en los procesos de normalización, es imprescindible reforzar su conexión en redes. Debería, pues, redactarse como sigue la nueva letra h) del artículo 3:

«el refuerzo de la coordinación interdisciplinaria de métodos, procedimientos y políticas, de redes informáticas europeas interactivas entre los organismos de normalización nacionales y regionales».

3.6.1

La actividad de los organismos de normalización puede asimilarse a una actividad de interés económico general, en la medida en que produce unos servicios imprescindibles para la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

3.6.2

En opinión del CESE, las actividades de las secretarías centrales de los organismos europeos de normalización podrían financiarse no sólo en forma de «subvenciones a la acción» y «subvenciones de funcionamiento» (13) sino también mediante la organización de convocatorias de propuestas, de conformidad con el procedimiento de adjudicación de contratos públicos. En sustancia, se trata de dar muestra de mayor flexibilidad.

3.6.3

Art. 5 «Modalidades de financiación», punto 5. En lo referente a los convenios marco de asociación firmados entre los OEN y la Comisión, el Comité considera que deberían ser el resultado de una verdadera cooperación en pie de igualdad, y que no se deberían imponer unilateralmente. Convendría asimismo agilizar los procedimientos administrativos y de control, evitando imponer gravosos sistemas de certificación y auditoría de los costes imputables y recurriendo a unos sistemas globales que cubran el 100 % de los costes marginales.

3.7.1

Junto a los objetivos que dan lugar a las normas, esto es, facilitar los intercambios, mejorar la calidad de vida, contribuir a la mejora de la salud y la seguridad de los procesos y servicios, debería concederse una atención especial a los aspectos medioambientales.

3.7.2

Cabe mencionar, a modo de ejemplo, la política de productos integrada, que se basa en el concepto del «ciclo de vida medioambiental» (14). La consideración de los aspectos medioambientales a nivel de la empresa y del «sitio» se ha incluido ya en la norma EN/ISO 14.001, que ha sido adoptada como norma europea. Las demás normas de la serie ISO 14.000 (gestión del medio ambiente) también han entrado en la práctica europea: ISO 14.020 (etiquetado y declaraciones medioambientales); ISO 14.030 (evaluación de los resultados medioambientales); ISO 14.040, LCA (Life Cycle Assessment — Evaluación del ciclo de vida).

3.8.1

El Comité considera que convendría modificar el punto 2 del artículo 6, para adaptarlo al nuevo considerando cuarto modificado.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/19

1.1

Ante la perspectiva de la plena integración de los mercados financieros en Europa, el Libro Verde de la Comisión Europea ofrece datos estratégicos de gran importancia. Como es sabido, el desarrollo económico y el crecimiento de los países europeos están estrechamente ligados al desarrollo y la integración de los mercados financieros, integración que representa también la plena realización de la tercera fase de la Unión.

1.2

Más allá del debate académico sobre si el desarrollo financiero precede al desarrollo económico o es su consecuencia, parece importante subrayar que, por lo que respecta al dualismo entre orientación a la banca y orientación a los mercados financieros que caracteriza al denominado modelo anglosajón (y en particular al estadounidense) en comparación con el «modelo europeo», la evolución de la legislación vigente y las orientaciones de la Unión parecen querer evolucionar hacia una plena integración de las dos orientaciones en nuestro sistema económico.

1.3

En efecto, los mercados y las instituciones financieras desempeñan en la sociedad la función fundamental de relacionar unidades en «déficit» financiero con unidades con «superávit» de acuerdo con unas reglas de juego basadas en unos criterios de eficiencia en la asignación y racionalidad. No debemos olvidar, entre otras cosas, que una correcta competencia y competitividad entre las empresas se establece antes en el mercado de capitales y de crédito que en el mercado de los bienes.

2.1

La normativa europea del ahorro gestionado en general y los OICVM (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) en particular gira en torno a un núcleo normativo integrado por la Directiva 85/611/CEE, que durante estos años ha constituido el marco disciplinar en el que ha evolucionado el sector. A pesar de que no se ha completado del todo el proceso de supresión en el interior de la UE de las barreras normativas al establecimiento y la comercialización transfronteriza de los productos, el mercado de los OICVM se mueve en un marco regulador de referencia armonizado.

2.2

El desarrollo del mercado de los OICVM parece un proceso imparable en continuo crecimiento. El patrimonio neto gestionado ha registrado durante los últimos años una tasa de crecimiento de dos cifras. Según los datos del European Fund and Asset Management Association, Investment Company Institute and other Mutual Fund Association, el mercado formado por la UE de los Quince, la República Checa, Hungría, Polonia, Noruega y Suiza registró durante el periodo 1996-2005 una tasa de aumento anual compuesto del 14,5 %, al pasar de unos 1 450 millardos de euros a más de 4 900 millardos de euros de activos netos.

2.3

La publicación (1) de la evolución anual del número y el capital total de los fondos a nivel mundial pone de relieve que el fenómeno está creciendo tanto en términos de presencia como de volúmenes tratados.

2.4

A juicio del CESE, es muy importante solucionar el problema de la convergencia fiscal para aumentar la tendencia al crecimiento de los OICVM, aunque comprende la dificultad. Las estrategias de internacionalización de este sector pueden verse influenciadas tanto por los obstáculos a la entrada como a la salida. Los obstáculos a la salida son fruto de la imposición de los suscriptores no residentes con arreglo a la legislación interna del fondo y los obstáculos a la entrada se derivan de la legislación del país de residencia del suscriptor.

2.5

En el contexto europeo, la disciplina fiscal que se aplica a los OICVM parece inspirarse en el principio de neutralidad de la inversión en fondos con respecto a la inversión directa. En casi todos los países europeos se aplica el modelo de transparencia fiscal (no-veil) formal o sustancial de los organismos, que prevé la imposición de los capitales directamente a los inversores. El modelo de transparencia permite aplicar el principio de neutralidad a la exportación de capitales (capital export neutrality) y, en ausencia de imposiciones a cuenta sobre las ganancias financieras percibidas por el fondo, se traduce por la imposición de los inversores con arreglo al principio de residencia.

3.1

En la industria financiera europea la dimensión media de los OIVCM equivale como promedio a menos de un tercio de la de sus productos equivalentes norteamericanos. Por este motivo, las economías de escala son menos importantes en la gestión en detrimento de los rendimientos netos de los inversores finales.

3.2

No obstante, aunque el objetivo prioritario del legislador comunitario es elaborar una reglamentación relativa a la finanza de productos, el CESE considera que los beneficios reales para los inversores dependen de la reglamentación global del sistema financiero (por lo tanto, de la reglamentación en materia de productos y servicios).

3.3

Por otra parte, en el Libro Verde se subraya el potencial de incremento del riesgo operativo por la externalización de determinadas funciones que pueden generar conflictos de intereses: a juicio del CESE se trata de una preocupación fundada y debería ser objeto de una serie de acciones reguladoras adecuadas.

3.4

A partir del momento en que un proceso se segmenta en varias partes confiadas a distintas organizaciones, el problema no reside tanto en los aspectos técnicos de esta subdivisión, sino en las condiciones de equilibrio en las que se desarrolla el (nuevo) mercado que regula las relaciones entre comprador y vendedor. Se puede tomar como ejemplo el segmento del análisis financiero. En la práctica corriente los análisis financieros son objeto de intercambios no autónomos incorporados en otros servicios, normalmente de naturaleza operativa. De este modo, por ejemplo, el agente de títulos tiende a distribuir análisis sobre títulos concretos a cambio de una continuidad operativa basada en unas comisiones que incluyen también el coste del análisis.

3.5

La circulación de la información (análisis) se efectúa, por lo tanto, de acuerdo con la lógica del mercado típica de un «bien público»: se proporciona la cantidad de información necesaria y el precio es la suma de los precios pagados por los distintos compradores. No obstante, de todos estos compradores realmente sólo pagan unos pocos. El efecto es cuanto menos desequilibrante: la actividad de análisis está infrarremunerada, lo que incentiva el desarrollo de economías de escala en la elaboración de análisis, con el inevitable descenso de la calidad y una tendencia a aprovechar los beneficios de los costes derivados de los conflictos de intereses (véase, a título de ejemplo, la intervención de la FSA británica en materia de «soft commission» entre intermediarios (broker/dealer) y gestores de patrimonios). El CESE considera que se deberían establecer normas útiles para evitar al máximo confundir los mecanismos de formación de los precios en la industria de la intermediación de los riesgos incorporados en los capitales financieros con los de la formación de los precios en la industria de intermediación/transformación de los riesgos de inversión.

A.

Eliminar la incertidumbre en torno al reconocimiento de los fondos constituidos durante la transición de la OICVM I a la OICVM III;

B.

Simplificar el procedimiento de notificación para los fondos transfronterizos;

C.

Fomentar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión sobre la utilización de los instrumentos derivados y el folleto simplificado;

D.

Aclarar la definición de los «activos» que pueden ser adquiridos por los OICVM.

4.1.1

Para responder a esta pregunta es necesario hacer una distinción entre finanza «de producto» y finanza «de servicio». La primera tiene por objeto definir los instrumentos operativos que permiten el encuentro entre los proveedores y los receptores de capitales financieros; la segunda tiene por objeto buscar los instrumentos que se adaptan mejor a las exigencias del prestatario o el proveedor de los fondos y, a falta del producto adecuado, indicar las características que faltan.

4.1.2

La transformación de los sistemas financieros «centrados en los bancos» en sistemas «centrados en los mercados» modifica la funcionalidad de la intermediación financiera, que debe intermediar cada vez más los riesgos en lugar del capital financiero que los incorpora. La intermediación de los riesgos es ventajosa a condición de que el intermediario sepa tratarlos con unos costes inferiores que el inversor. Por tanto, debemos preguntarnos si una medida legislativa destinada a reducir los riesgos sería más eficaz que una destinada a garantizar unos niveles de eficiencia adecuados del proceso de intermediación de los riesgos.

4.1.3

Se debe tener en cuenta que incluso en un contexto de mercados financieros eficientes, el riesgo global gravante de una inversión debería subdividirse idealmente en dos partes: «riesgo de pay-off » y «riesgo informativo». El primero mide la volatilidad real del rendimiento de una inversión. El segundo, por el contrario, mide la dificultad (debida esencialmente a carencias informativas de los agentes económicos) de medir correctamente el riesgo de pay-off. Debemos ser conscientes de que la prima de riesgo incorporada en las opciones de los agentes económicos se deriva de los dos tipos de riesgo y que los vínculos entre ambos no se caracterizan por una simple adicionalidad, sino por unas correlaciones de distinta intensidad.

4.1.4

Dicho lo cual, el CESE responde a la pregunta afirmativamente, sin perjuicio de la advertencia de que las observaciones formuladas sirven para el sector de la «finanza de productos». Con respecto a la «finanza de servicio» convendría introducir una mayor libertad de prestación de los servicios de inversión, por ejemplo eliminando los vínculos existentes para las actividades de promoción financiera, que no respetan plenamente el denominado principio del control del país de origen (home country control).

4.1.5

La preocupación en la que se basa esta praxis está clara: evitar comportamientos fraudulentos por parte de sujetos que pretendan organizar una red de promotores aprovechándose de regímenes más favorables en otros países de la UE. No obstante, a juicio del CESE, este razonamiento lógico adolece de un vicio de origen. Si el fraude es posible significa que los regímenes no son realmente equiparables.

4.1.6

Por tanto, el CESE considera que se debe aumentar la «libre circulación» de las actividades vinculadas a la finanza de servicios para hacer más homogénea la aplicación nacional de las directivas comunitarias en materia de inversiones y valores mobiliarios (incluida la OIVCM III).

4.2.1

La convergencia del marco regulador debe ir acompañada de medidas de coordinación de las normas fiscales aplicables a este sector. Actualmente, como en todos los demás ámbitos financieros, coexisten en el mercado europeo distintos sistemas nacionales a los que se añaden, en algunos casos, las normas derivadas de los acuerdos bilaterales para luchar contra la doble imposición.

4.2.2

La imbricación de las distintas normativas fiscales provoca distorsiones de la competencia, duplicaciones de las imposiciones y oportunidades de arbitraje, fraude y evasión fiscal. Debido al aumento del nivel de internacionalización del mercado, las prácticas reguladoras nacionales requieren una mayor eficacia en este ámbito.

4.2.3

Para los Estados nacionales, la variable fiscal es un formidable instrumento promocional y de protección. Las distintas interpretaciones fiscales que pueden darse a los instrumentos OIVCM provenientes de otros países de la UE permiten la aplicación de regímenes fiscales menos convenientes, lo que provoca, en la práctica, una especie de barrera a la entrada. El Comité es consciente del hecho de que la armonización fiscal no puede considerarse un objetivo fácilmente alcanzable a corto plazo, también debido a la unanimidad necesaria para intervenir en esta materia. Por tanto, proponemos que se considere la definición de un régimen fiscal comunitario relativo a los productos de inversión en términos de imposiciones y exacciones.

4.3.1

El pasaporte y el «folleto simplificado» parecen medidas adecuadas para superar los problemas vinculados a la fragmentación del mercado y los obstáculos a una perfecta movilidad de los capitales y la realización de los mercados, e idóneas para instaurar una seguridad jurídica suficiente. Al mismo tiempo, el CESE considera indispensable seguir en la vía de la disipación de las incertidumbres en torno al reconocimiento de los fondos creados durante la transición de la OICVM I a la OICVM III.

4.4.1

El CESE es consciente de que en la UE coexisten dos regímenes financieros: el inglés y el continental, que difícilmente podrán convergir a corto plazo. No obstante, también en este caso, el CESE recomienda que las nuevas normas prevean la aplicación de una única fuente normativa capaz de agilizar el proceso de convergencia, pues se considera que la interposición de barreras legislativas para el uso mixto de las instituciones de uno u otro marco normativo serviría únicamente para perpetuar la actual situación de desequilibrio.

4.4.2

El CESE está convencido de que el hecho de repartir entre dos Estados miembros la responsabilidad de la supervisión de la sociedad de gestión y la del fondo aumenta las dificultades de supervisión, con el riesgo de disminuir la eficacia de su intervención. Por tanto, es preciso reconocer que la responsabilidad para con el inversor debería seguir recayendo en el fondo del país de pertenencia del inversor, incluso en caso de que la sociedad de gestión sea una sociedad extranjera.

4.5.1

Para mejorar el funcionamiento de los mercados de los fondos y la protección de los inversores no es suficiente reglamentar únicamente la fase productiva de los instrumentos financieros. El CESE sugiere que se preste una adecuada atención a la fase distributiva reforzando la transparencia para que los inversores puedan elegir con conocimiento de causa.

4.5.2

La información proporcionada a los inversores no puede prescindir completamente del contexto ambiental y cultural en el que han crecido y vivido los inversores. La ampliación de la Unión Europea a países que quince años atrás no participaban en la economía de mercado plantea la cuestión de la conveniencia de mantener un único modelo informativo. A este respecto, el Comité considera que se debería entablar una reflexión teniendo presente, por un lado, la necesidad de dotarse de un marco normativo lo más simple y uniforme posible y, por otro, la cultura diferente en el ámbito económico y financiero todavía existente entre algunos Estados miembros.

4.6.1

El CESE considera que sería muy aconsejable una clarificación de las normas de conducta aplicables a los distribuidores. No obstante, no se debe infravalorar el hecho de que la aplicación cotidiana de la Directiva por lo que respecta a la gestión de los riesgos y la transparencia de las comisiones plantea dificultades objetivas que no siempre se pueden superar con facilidad.

4.6.2

Consideremos, por ejemplo, el problema técnico de la información relativa al benchmark. Adquiere un valor completamente diferente en función de que el mandato de gestión pretenda «superar el benchmark» o «reproducir el benchmark»; los distintos procesos de delegación, si se utilizan los mismos instrumentos técnicos, exigen asumir diferentes niveles de riesgo, dado que para «superar el benchmark» es necesario permitir que el gestor varíe las asignaciones, asumiendo así niveles superiores de riesgo.

4.6.3

En este contexto, se sugiere introducir unas normativas destinadas a aumentar la transparencia de las modalidades (no las cantidades) de rotación de las inversiones incorporadas en carteras: en efecto, a igualdad de rendimientos brutos, las rotaciones de carteras más importantes acarrean unos costes de transacción más elevados, lo que reduce los rendimientos netos para el cliente. En este caso, se trata de un tema especialmente apremiante cuando una parte de los costes de transacción son después reconocidos/reembolsados al propio gestor.

4.7.1

La Directiva MIF puede aportar una base normativa importante, sobre todo por lo que respecta a la consecución de un nivel elevado de transparencia en la fase distributiva de los OICVM.

4.7.2

No obstante, la Directiva MIF no estipula normas de transparencia para la negociación de las obligaciones, cuyo nivel de opacidad puede ser considerable. A juicio del CESE, por este motivo la Directiva MIF no se puede considerar el instrumento que completa y colma las posibles lagunas del marco normativo de los OICVM.

4.8.1

La dimensión media de los fondos europeos es todavía relativamente reducida: en 2004 era de 195 millones de dólares, frente a la media de los Estados Unidos de 628 millones de dólares ese mismo año. Este aspecto influye en la posibilidad de disponer de economías de escala, por tanto, en los rendimientos y, sobre todo, en la rentabilidad de la sociedad que gestiona el fondo.

4.8.2

Es sabido que uno de los efectos financieros del proceso de mundialización de la economía consiste en la reducción del nivel absoluto de los riesgos, acompañada de una reconstitución entre riesgos de naturaleza sistemática (crecientes) y riesgos de naturaleza específica (decrecientes). Aun reconociendo que los procesos de fusión transfronteriza pueden aumentar las economías de escala, se debe limitar su aplicación a aquellos productos para los que sean realmente una garantía de éxito, o bien a todos los sectores del ahorro gestionado en los que la eficiencia es más importante que la eficacia. Por el contrario, en los segmentos en los que falta eficacia los procesos de aglomeración podrían tener efectos nada beneficiosos.

4.9.1

La puesta en común de los activos de distintos fondos (pooling) con características sustancialmente similares permite realizar evidentes economías de escala y es un instrumento que ya ha sido utilizado por las sociedades de gestión para mejorar la eficiencia de la gestión de las inversiones. Por el contrario, el pooling transfronterizo debe afrontar los problemas fiscales y normativos relativos a los fondos de inversión ya ampliamente debatidos con anterioridad. Por tanto, a juicio del CESE, ésta no puede ser una vía alternativa para sortear los problemas y las dificultades normativas e institucionales que encuentra la consolidación de la industria de los fondos de inversión.

4.10.1

La respuesta a esta pregunta es negativa, como pone de manifiesto también la experiencia norteamericana. En el mercado norteamericano los fondos de inversión existen desde hace sesenta años. A pesar del espectacular aumento del número de fondos ofrecidos y su dimensión, los costes a cargo de los fondos y los inversores prácticamente se han duplicado (2). Ello se ha traducido en unos resultados netos con respecto al benchmark menos satisfactorios: mientras que durante el periodo 1945-1965 el benchmark sobrepasaba los fondos en un 1,7 % medio anual, durante el periodo 1983-2003 esta diferencia aumentó hasta un 2,7 % anual.

4.11.1

La posibilidad de escoger un depositario en un Estado miembro distinto del de la sociedad de gestión del fondo podría aumentar la competencia entre depositarios, lo que reduciría los gastos con cargo al fondo.

4.11.2

Al mismo tiempo podría provocar unos riesgos de vigilancia mayores si la cooperación y la convergencia entre las autoridades de reglamentación del sector no están suficientemente desarrolladas.

4.11.3

Aunque son considerables, las comisiones abonadas al depositario son inferiores a otros costes como, por ejemplo, los que recompensan la estructura distributiva. Por tanto, el CESE sugiere sopesar las ventajas y los riesgos de una iniciativa normativa similar.

4.12.1

La normalización, la automatización y la informatización de la colocación de las órdenes y la liquidación de los fondos son una condición fundamental para que los distribuidores puedan ampliar su oferta de productos y aumentar la competencia.

4.12.2

No obstante, ello exigiría unos cambios considerables de los protocolos y las normas que rigen los procedimientos operativos e informáticos, lo que impondría unos costes considerables a los operadores. No debemos olvidar que en Europa continental las sociedades de gestión de los fondos y los distribuidores suelen formar parte del mismo grupo. En un contexto similar es probable que los operadores se vean menos incentivados a sufragar los costes necesarios para aumentar la competencia a nivel distributivo. Por tanto, se puede considerar que una intervención del sector público podría incentivar y acelerar este proceso.

4.13.1

La eficacia de esquemas comportamentales rígidos en relación con el riesgo siempre ha sido objeto de un amplio debate en economía, en particular en vista de los beneficios variables derivados de la experiencia posterior a los acuerdos de cambio de Bretton-Woods. Ello deriva de la naturaleza distinta que presenta el riesgo económico con respecto al tiempo: a corto plazo es arriesgado todo lo que fluctúa con respecto a un vínculo; por el contrario, a largo plazo es arriesgado todo lo rígido con respecto a las evoluciones del sistema. Por consiguiente, la introducción de una cierta rigidez impuesta por unos límites formales tendría unos efectos benéficos a corto plazo, pero unos riesgos sustanciales a largo plazo.

4.13.2

A esto se añade un aspecto derivado de los últimos estudios sobre el sector de las «finanzas comportamentales»: el comportamiento y las decisiones de los diferentes agentes tienden a estar sustancialmente influenciados por el grado de peligrosidad que les rodea. A medida que aumenta la peligrosidad se observan comportamientos principalmente reactivos y viceversa. Por consiguiente, el CESE considera negativa una normativa que introduzca una rigidez excesiva que podría producir un efecto doble a largo plazo: una viscosidad operativa de los instrumentos y una reactividad reducida de los agentes económicos, lo que tendría unos efectos todavía por determinar, pero sin duda negativos. Por el contrario, ser consciente de la «pérdida real» del propio capital podría ser el estímulo más eficaz para su protección.

4.13.3

Este fenómeno provoca una distorsión adicional en los mercados en la medida en que se piensa que si el riesgo produce resultados positivos, éstos benefician al inversor, mientras que si producen resultados negativos, se transfieren al mercado.

4.14.1

El CESE sugiere intervenir a corto plazo, posiblemente mediante reglamentaciones formales y rígidas, pero destinadas únicamente a la ruptura de los pactos colusorios; llegado el caso el mercado sería más maduro y, como tal, no necesitaría vínculos rígidos. La notificación es un ámbito que reviste un interés especial: demasiado a menudo las obligaciones en términos de información se imponen para horizontes temporales totalmente incoherentes (demasiado breves) con los de los productos financieros, de modo que en las notificaciones resulta difícil demostrar el beneficio en términos de diversificación temporal que comportan algunas inversiones.

4.14.2.

Para reforzar el nivel de protección de los inversores, el CESE sugiere que se considere la creación de un fondo especial de garantía alimentado también con los ingresos derivados de la actividad sancionadora de las autoridades de vigilancia. Obviamente, este fondo no debería cubrir los riesgos de mercado intrínsecos a las inversiones de los OICVM, sino que debería contribuir a resarcir los daños sufridos por los inversores a raíz de comportamientos de los intermediarios no conformes a la normativa.

4.15.1

Los fondos de inversión compiten con productos financieros como las pólizas ligadas a fondos de inversión (unit-linked) , consideradas por los inversores al mismo nivel a pesar de que su marco normativo es bastante distinto.

4.15.2

Esta situación puede provocar distorsiones en las elecciones de los inversores y consecuencias negativas en los costes y los riesgos de las inversiones efectuadas. El Comité considera que no se puede afrontar este problema con una competencia a la baja o flexibilizando las restricciones y las garantías impuestas a los fondos de inversión. Por el contrario, sería aconsejable un ajuste al alza de las normas que permitiría someter los productos financieros, percibidos como una alternativa directa a los fondos de inversión, a unos requisitos normativos equiparables a los que se aplican a los fondos de inversión.

4.16.1

La respuesta a esta pregunta exige una precisión que ayuda a aclarar también el problema planteado en la pregunta anterior. El legislador deberá definir con claridad el concepto de valor mobiliario. Debe aclararse de forma inequívoca si este concepto se solapa con el de liquidez del instrumento o no. Actualmente, ambos conceptos se utilizan en la práctica de forma indistinta, procurando así dejar «fuera» del concepto de valor mobiliario tanto las inversiones alternativas como los productos sustitutivos de los OIVCM. A juicio del Comité, se trata de un malentendido potencialmente grave, pues podría llevar a confundir dos principios bien diferenciados de la teoría de los mercados financieros: el de la eficiencia con el de la integralidad.

4.16.2

Un mercado financiero es eficiente si los costes de transacción de las inversiones que integra son tolerables. Un mercado financiero está completo si en él se incluyen todas las inversiones posibles.

4.16.3

Los fondos de capital riesgo/inversión y los fondos de cobertura deben valorarse desde el punto de vista de la eficacia (capacidad de seleccionar las mejores inversiones) antes que desde el punto de vista de la eficiencia (capacidad para obtener economías de escala en los costes). Por este motivo, es menos relevante la cuestión de la dimensión de los fondos. Por el contrario, los problemas vinculados a la eficacia (capacidad para moverse rápidamente en el mercado sin condicionar su evolución) y la limitación del riesgo sistémico (véase el rescate del fondo LTCM en 1998) sugieren que es preferible no incentivar objetivos de excesivo crecimiento dimensional.

4.17.1

Estas inversiones se caracterizan por un importante riesgo informativo además del riesgo de pay-off. Es justo regular este riesgo, sobre todo para contener el riesgo de fraude, pero sería un error intentar reducirlo excesivamente. En efecto, si la transparencia de estos fondos se desarrollara completamente, se correría el riesgo de invalidar las competencias del gestor, cuando en ellas se basa la producción de rendimiento escasamente vinculados al mercado.

4.17.2

El Comité considera que lo adecuado no es intentar, utópicamente, hacer transparente un proceso complejo, sino más bien sensibilizar al inversor «medio» de que la inversión alternativa exige capacidades cognoscitivas muy elevadas o, en su ausencia, la intervención de un especialista.

4.18.1

La definición de una normativa común sobre la colocación dirigida a inversores cualificados podría suponer un importante impulso para el desarrollo de fondos de capital riesgo/inversión en la Unión Europea.

4.18.2

Los inversores cualificados deben disponer, por definición, de las competencias técnicas y la capacidad patrimonial necesarias para realizar inversiones con altos niveles de riesgo, como las de los fondos de capital riesgo/inversión. Por ello cabe suponer que sabrán evaluar la capacidad y la credibilidad de los gestores. Teniendo en cuenta, además, que los fondos de capital riesgo/inversión garantizan de suyo una cierta diversificación de los riesgos, no deberían ser necesarias otras medidas de acompañamiento que reglamenten onerosamente la actividad de la sociedad de gestión.

4.19.1

Existen varios ejemplos que ponen de manifiesto las carencias del actual sistema: basta pensar en el caso de los ETF (Exchange Traded Funds) que combinan los aspectos positivos de un fondo (notable diversificación) con los de una acción (posibilidad de compraventa continua en el mercado). La Directiva facilita la difusión de este instrumento, en la medida en que puede beneficiarse del pasaporte OICVM, pero, por el contrario, limita su posesión por parte de otro OICVM, al considerarlo un título accionarial.

4.19.2

En vista también de las consideraciones efectuadas en materia de inversiones alternativas y la importancia de no limitar la atención a la finanza de producto sino también a la finanza de servicio, el Comité considera que sería aconsejable una evolución hacia una reglamentación basada en los principios. Al mismo tiempo, considera que la actualización del marco normativo debe realizarse con un enfoque gradual, buscando un equilibrio razonable entre periodos de consulta y rapidez del proceso de revisión.

5.1

Como se ha puesto de manifiesto, el sistema europeo de los OICVM parece todavía un mercado fragmentado, constituido por empresas de pequeña dimensión en comparación con las norteamericanas, en el que la colaboración y los flujos transfronterizos parecen todavía objeto de cierta viscosidad, lo que no permite conseguir elevadas economías de escala y, por tanto, una reducción significativa de los costes.

5.2

Por lo demás, el exceso de preocupación manifestada también en el Libro Verde (3) con respecto a la definición de los activos que pueden ser adquiridos por los OICVM, que obliga a los fondos a invertir principalmente en instrumentos financieros líquidos, impediría la intervención en mercados no reglamentados.

5.3

Por tanto, sería aconsejable considerar la posibilidad de entrar en operaciones de fondos de capital riesgo/inversión. Este enfoque sería coherente con el objetivo de abrir el capital de las PYME a la participación del capital riesgo y, por tanto, de los fondos de capital riesgo/inversión.

5.4

El sistema económico europeo está fuertemente marcado por la presencia de la pequeña y mediana empresa, que a menudo está subcapitalizada por recurrir predominantemente a los bancos.

5.5

Esta subcapitalización suele ir acompañada de un endeudamiento excesivo, sobre todo en forma de deudas a corto plazo, y una elevada presencia de deudas y créditos de naturaleza comercial vinculados a la extrema interdependencia entre empresas de una misma filial de producción. Estas características son también consecuencia de una concepción de la propiedad típica del capitalismo familiar, en el que a menudo están estrechamente relacionados el patrimonio del empresario y el capital de la empresa.

5.6

Estas problemáticas a nivel empresarial y la necesidad de alcanzar objetivos más generales de «sistema» productivo a escala europea hacen estratégicas las soluciones a los problemas financieros de las PYME. Tales objetivos se articulan en torno a tres directrices que se pueden sintetizar como sigue:

5.7

En este contexto, se recomienda que el legislador europeo preste atención al importante sector de los fondos de capital riesgo/inversión, en la medida en que el capital riesgo es un sector todavía poco desarrollado en Europa.

5.8

Por otra parte, el Comité considera que la reflexión en curso sobre el marco normativo de los fondos de inversión debe ser también la ocasión para examinar con atención el desarrollo de las finanzas socialmente responsables que no sacrifican el desarrollo social y la protección ambiental en favor del beneficio. En 2003 los «fondos éticos» representaban aproximadamente el 0,37 % del patrimonio total gestionado por los OICVM europeos (4). Si se compara con el mercado norteamericano, donde en esa misma fecha el 11,3 % del patrimonio global gestionado por los OICVM pertenecía a fondos éticos, se demuestra que en Europa los márgenes de crecimiento de las finanzas socialmente responsables son todavía muy elevados.

5.9

Para favorecer un desarrollo más rápido de las finanzas socialmente responsables, los Estados miembros podrían prever mecanismos de incentivación fiscal basados en una desgravación parcial de los beneficios percibidos por estas inversiones de conformidad con las disposiciones ya previstas por algunos Estados miembros, que permiten deducir fiscalmente las contribuciones voluntarias a las organizaciones que tienen una utilidad social. Por otra parte, deberían acordarse facilidades fiscales también a los beneficios de los fondos eventualmente reinvertidos en organizaciones de utilidad social.

5.10

En vista del carácter innovador de esta propuesta, el Comité recomienda que se examine con mayor detenimiento la cuestión y se realice un estudio de viabilidad, teniendo en cuenta, asimismo, las mejores prácticas actualmente en curso.

5.11

Por tanto, los retos a medio y largo plazo consisten esencialmente en:

5.12

Las informaciones correctas sobre los riesgos y los productos subyacentes, la credibilidad de los gestores con respecto a la cantidad y la modalidad de las transacciones son elementos que, más allá de normas necesarias, pueden dar al mercado confianza, corrección y normas de comportamiento, elementos fundamentales para que sea eficiente y eficaz en materia de asignación de los recursos.

5.13

Por tanto, armonizar la normativa fiscal, incentivar las fusiones, permitir la gestión conjunta de fondos (denominada «pooling»), favorecer la competencia en la gestión y la distribución de los productos y los servicios, superar el vínculo de pertenencia al mismo Estado miembro de la sociedad de gestión y del depositario, y evitar unos «costes de transacción» elevados vinculados a los procedimientos fragmentados de suscripción y reembolso son medidas que mejorarán el nivel de eficiencia y eficacia del mercado.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/26

1.1

Hay una necesidad urgente e imperativa de garantizar que el mercado de bienes y servicios accesibles en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (en lo sucesivo, TIC) transcurra por una senda de interoperabilidad y compatibilidad tanto en el territorio europeo como a nivel mundial.

1.2

La industria de las TIC está empezando a asomarse al mercado aún inexplorado de los consumidores con discapacidad, así como a una creciente población de consumidores de edad avanzada, sectores ambos que podrían beneficiarse de modo considerable de las características de accesibilidad aplicables al diseño y la producción de bienes y servicios de este ámbito.

1.3

Los Estados miembros de la UE están actuando de modo conjunto y, a la vez, independiente para afrontar la fractura digital y promover la inclusión electrónica y la accesibilidad electrónica a través de medidas legislativas y voluntarias. Es imperativo que en este tema exista una coordinación en toda la UE a fin de poner término a la actual fragmentación del mercado, evitar una mayor fragmentación del mercado y no repetir errores pasados, en épocas en las que la falta de accesibilidad a las TIC y el desequilibrio existente entre las tecnologías asistenciales y los bienes y servicios de carácter general dejaba fuera del mercado a muchos consumidores potenciales. En términos económicos más generales, tales errores han surtido un efecto negativo, en particular al perpetuar la exclusión social de muchas personas e inhibir su acceso al mercado laboral.

1.4

La Comunicación de la Comisión Europea sobre la accesibilidad electrónica presenta las prioridades principales que es necesario tomar en consideración y afrontar para evitar la fragmentación del mercado y promover en su lugar una mayor convergencia y crecimiento económico en este ámbito.

2.1

La Comunicación de la Comisión sobre la accesibilidad electrónica tiene como finalidad contribuir al nuevo marco estratégico para una sociedad de la información europea, tal y como se expone en la Comunicación «i2010» (1) publicada en junio de 2005.

2.2

La Comunicación plantea como objetivo principal fomentar un planteamiento más coherente con respecto a las iniciativas en materia de accesibilidad electrónica emprendidas en los Estados miembros y en el sector de la industria.

2.3

La Comunicación detalla tanto los beneficios que entrañan las nuevas tecnologías para las personas con discapacidad como los problemas y las nuevas barreras que genera el desarrollo de estas tecnologías.

2.4

Asimismo, señala con preocupación la fragmentación existente en el mercado de las tecnologías accesibles y el riesgo de que la falta de armonización e interoperabilidad en este mercado acentúe aún más los problemas.

2.5

La Comunicación expone tres enfoques distintos para abordar el problema:

3.1

Cada vez está más aceptado que los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben hacerse eco de las necesidades de toda la sociedad, en especial de las personas más vulnerables a la exclusión social, a fin de afrontar el problema de la «fractura digital» y el peligro de crear una sociedad estancada en dos niveles.

3.2

El acceso a la información por parte de las personas con discapacidad debe ser reconocido fundamentalmente como una cuestión de derechos. Las personas con discapacidad, que representan el 10 % de la población de la UE, tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad al acceso a los bienes y servicios, incluidos los bienes y servicios en el ámbito de las TIC.

3.3

Hay también razones económicas importantes para que las administraciones públicas y la industria aborden seriamente este problema. Plantear y solucionar los retos con los que se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a las TIC redundará en beneficio de todos los usuarios, especialmente en beneficio de una población creciente de personas de edad avanzada, niños y personas con discapacidades temporales.

3.4

Las personas con discapacidad constituyen un grupo heterogéneo. Asimismo, cabe señalar que los principales grupos con desventajas que experimentan dificultades de acceso a las TIC son: personas con discapacidades cognitivas y de aprendizaje; personas con discapacidades sensoriales (personas sordas o con dificultades auditivas, personas ciegas o con deficiencias visuales; personas ciegas y sordas, personas con discapacidades del habla) y personas con discapacidades físicas.

3.5

Las personas con discapacidad se han beneficiado de los avances en las TIC de diversas maneras, tanto en lo que respecta a las tecnologías de uso general como a las tecnologías asistenciales; cabe citar, por ejemplo:

3.6

Sin embargo, al mismo tiempo se están creando nuevas barreras; por ejemplo:

4.1

La Estrategia de Lisboa pone de relieve la necesidad de garantizar la inclusión social y económica de todas las personas a través del empleo. Sin embargo, si las tecnologías de la información y la comunicación no se diseñan de manera accesible se producirá una exclusión permanente y creciente de las personas con discapacidad del mercado laboral general. La aplicación completa y efectiva de los principios y prácticas de la accesibilidad electrónica es esencial para la inclusión económica de las personas con discapacidad, así como para su inclusión social. La adhesión a los principios de la accesibilidad electrónica también significa adhesión a los requisitos de seguridad del medio ambiente (como abordar la incompatibilidad de la interferencia electrónica y acústica experimentada por personas que se valen de dispositivos auditivos cuando utilizan los teléfonos móviles). Por término medio, el índice de participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo de la UE es inferior al 35 %, comparado con hasta un 70 % de trabajadores sin discapacidades. La Comisión ha calculado que entre 2 y 3,5 millones de personas con discapacidades podrían integrarse potencialmente en el mercado de trabajo si se tomaran medidas positivas para superar correctamente las barreras a su integración (4). La integración económica de las personas con discapacidad beneficiará a la sociedad y a la economía europea en su conjunto, al conseguir que desaparezca la dependencia de muchas personas que padecen discapacidades.

4.2

Aunque la industria de las TIC ha de ser cada vez más consciente de las ventajas económicas y empresariales que puede obtener abordando las necesidades de los usuarios discapacitados y de edad avanzada en el diseño de los productos y servicios, es necesario incrementar de modo más activo en toda la industria el conocimiento de estas ventajas. En especial es necesario educar al personal del sector –tanto gestores y técnicos como personal de atención al cliente– sobre los requisitos y las características de la accesibilidad, a fin de poder satisfacer mejor las necesidades crecientes en este ámbito.

4.3

Las personas con discapacidad constituyen el 10-12 % de la población europea. Además, Europa está experimentando un cambio demográfico importante, cuyo aspecto más significativo será el impacto del envejecimiento de la población en Europa. De aquí al año 2050 el 34,5 % de la población europea superará los 60 años de edad.

4.4

Las personas con discapacidad, las personas con discapacidades temporales y las personas de edad avanzada representan en conjunto el 30 % de la población europea (5). Además, la tecnología accesible beneficiaría a una población más amplia de consumidores, incluidos los niños y las personas no familiarizadas con las nuevas tecnologías, así como grupos socialmente excluidos. Un ejemplo de esto es la comunicación de texto en tiempo real, cuyo potencial de mercado se extiende mucho más allá de la comunidad de personas con discapacidad.

4.5

Las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada constituyen un mercado sin explotar que la industria necesita aprovechar en mayor medida y comercializar sus mercancías para estos consumidores de un modo en que actualmente no se hace. Un estudio alemán ha revelado que el 48 % de las personas mayores de 50 años consideran que los servicios y productos de las TIC no están pensados para su grupo de edad (6). Y por otra parte, en un estudio reciente elaborado por Microsoft se señalaba que el 50 % de la población mayor de 59 años se beneficiaría considerablemente de las características de accesibilidad en las TIC. Las tecnologías accesibles y de diseño para todos han producido mucho empleo dentro del propio sector, en particular entre las PYME que han allanado el camino para las innovaciones en tecnologías accesibles y los avances en nuevos sectores y profesiones.

—

El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión Europea sobre la accesibilidad electrónica, que plantea propuestas y compromisos importantes en el ámbito de la contratación pública, la certificación y la legislación. Esta Comunicación representa un refuerzo importante de la Comunicación «i2010: una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo».

—

El CESE pide a las instituciones de la UE que incorporen las acciones propuestas en la Comunicación sobre accesibilidad electrónica como centro del marco estratégico europeo para la sociedad de la información. Las finalidades y los objetivos destinados a promover la accesibilidad electrónica y la inclusión electrónica recibirán mucha mayor atención en las acciones i2010.

—

El CESE reconoce que hay muchas personas y familias que no pueden acceder a una conexión telefónica fija debido a lo limitado de sus ingresos. Además, los equipos y servicios de las TIC (como el acceso a Internet) pueden tener precios prohibitivos para estas personas, incluidas aquellas con discapacidad y las personas de edad avanzada; el CESE insta a los Gobiernos de los Estados miembros a que presten apoyo económico para facilitar el acceso a los bienes y servicios de las TIC por parte de los grupos vulnerables y socialmente excluidos de la sociedad.

—

El CESE toma nota con gran satisfacción del trabajo actualmente en curso realizado por el «Grupo de Comunicaciones Incluyentes» (INCOM) y por los grupos de trabajo TCAM (7) sobre discapacidad presididos por la Comisión Europea. Estos grupos de trabajo han reunido a todos los interesados con el fin de establecer prioridades y ámbitos de acción clave en lo que respecta a la accesibilidad electrónica: acceso a los bienes y servicios.

—

El CESE recuerda que en diversas resoluciones ha destacado y apoyado el fomento de la accesibilidad electrónica de ámbito general y el acceso de las personas con discapacidad a los bienes y servicios, en particular en los siguientes textos:

6.1.1

El CESE comparte la preocupación de la Comisión Europea con respecto a la falta de soluciones armonizadas en el ámbito de la accesibilidad electrónica. Dado el carácter global de la industria de las TIC es esencial combatir la fragmentación europea provocada por la aparición y el desarrollo de soluciones separadas en cada Estado miembro. Sin embargo, para permitir las mayores economías de escala y la mayor posibilidad de elección para los consumidores, es esencial evitar la fragmentación global mediante la introducción de requisitos regionales únicos.

6.1.2

El CESE considera que la industria de las TIC está adquiriendo cada vez mayor conciencia de que, tanto en Europa como a nivel internacional, hay un mercado sin explorar entre las personas con discapacidad y los consumidores de edad avanzada, pero es preciso fomentar y apoyar en mayor medida esta toma de conciencia.

6.1.3

El CESE apoya plenamente el desarrollo y la aplicación de normas europeas en materia de accesibilidad que sean abiertas, consensuadas y objetivas y que, al mismo tiempo, reconozcan la situación global y complementen las normas internacionales. La falta de complementariedad de las normas europeas e internacionales provocará confusión y frustración tanto en los consumidores discapacitados como en la industria.

6.1.4

Es necesario que los usuarios participen activamente en el proceso de normalización y hay que prestar apoyo para asegurar que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad puedan estar representadas en los procesos decisorios para la elaboración de normas europeas en materia de accesibilidad.

6.1.5

El CESE considera que se debería requerir a las organizaciones europeas de normalización que consideren las cuestiones de accesibilidad electrónica a la hora de desarrollar todas sus normas.

6.2.1

Se ha demostrado que la introducción de requisitos de accesibilidad en las licitaciones para la adjudicación de contratos públicos es un medio muy efectivo de promover la integración del «diseño para todos» y las tecnologías accesibles, así como un medio de promover el crecimiento y el empleo. Que la contratación pública se utilice para impulsar criterios de accesibilidad constituye un medio de proporcionar a la industria un incentivo real para incluir estos criterios en su modus operandi. Por otra parte, el CESE hace un llamamiento para que la nueva iniciativa de la Comisión en materia de contratación pública electrónica para promover las compras en línea sea completamente accesible para las personas con discapacidad (de acuerdo con los objetivos de la accesibilidad electrónica) y evite incidentes de mala utilización o corrupción.

6.2.2

La revisión de las directivas comunitarias relativas a la adjudicación de contratos públicos brinda la posibilidad de incluir la accesibilidad como criterio para la adquisición pública de equipos y servicios en el ámbito de las TIC. Es importante recordar que los contratos públicos constituyen el 16 % del PIB de la UE, es decir, 1,5 billones de euros y que, de ellos, el ámbito de las TIC supone el 6 % del PIB. La cifra media de gasto en materia de TIC en el sector público en Europa asciende al 0,8 % del PIB, es decir, 76 000 millones de euros. Con este nivel de inversión es esencial que en las adquisiciones públicas se garantice una política de compras sostenible a largo plazo que permita que TODOS los miembros de la sociedad tengan acceso a los bienes y servicios que se presten. Esta política de inclusión electrónica es esencial para el funcionamiento eficaz de las economías locales y para la promoción del bienestar y la independencia de los miembros de la comunidad.

6.2.3

El CESE, por tanto, apoya plenamente la propuesta de la Comisión Europea de avanzar, en conjunción con los organismos de normalización europeos, para desarrollar requisitos europeos de accesibilidad en la adjudicación de contratos públicos para los productos y servicios en el ámbito de las TIC. Ahora bien, es esencial que esos requisitos estén equilibrados entre las necesidades de los usuarios y las exigencias de la industria y que sean utilizables por las autoridades públicas y no conduzcan a la fragmentación en el mercado europeo ni, en la medida de lo posible, en el mercado mundial.

6.2.4

Además, en la futura revisión de las directivas sobre la adjudicación de contratos públicos de la UE (8), el CESE acogería con satisfacción que se consolidaran las disposiciones de las directivas de modo que se incluyan requisitos obligatorios en materia de accesibilidad para las adjudicaciones públicas.

6.3.1

Es necesario que la industria de las TIC comunique con más claridad a los consumidores las características de accesibilidad y «diseño para todos» de sus bienes y servicios de uso general.

6.3.2

El CESE considera interesante la propuesta de la Comisión Europea en el sentido de explorar los sistemas de certificación y autodeclaración y de fomentar la transparencia y el mayor reconocimiento de la accesibilidad electrónica mediante la consideración de adecuados sistemas de certificación para una marca de accesibilidad electrónica para los bienes y servicios que cumplan las normas en la materia.

6.3.3

El CESE considera que, en el futuro, la investigación y la recogida de datos sobre las diferentes opciones ayudará a clarificar cuál es el mejor camino que cabría seguir y, en especial, acoge muy favorablemente la(s) próximas conferencia(s) e iniciativas de la UE en la materia.

6.4.1

La Comisión Europea llama acertadamente la atención sobre la legislación vigente en la UE que puede utilizarse para fomentar y hacer cumplir la accesibilidad electrónica.

6.4.2

Se aprueba y apoya que la industria asuma compromisos voluntarios. Tales compromisos voluntarios demuestran el nivel de interés y atención de la industria a la hora de abordar la accesibilidad en el diseño de los bienes y servicios. Pero, al mismo tiempo, los compromisos voluntarios por sí solos no han demostrado ser suficientes para asegurar la aplicación adecuada de los requisitos de accesibilidad con vistas a superar las barreras de acceso a las tecnologías de uso general que experimentan las personas con discapacidad. Los compromisos voluntarios deberían complementarse también con iniciativas legislativas en el ámbito de la contratación pública.

6.4.3

Es importante que el compromiso de la UE respecto a la inclusión electrónica y a la accesibilidad electrónica se reconozca explícitamente y se integre horizontalmente en las demás iniciativas pertinentes de la UE.

6.4.4

Por ejemplo, la legislación vigente en materia de contratos públicos y comunicaciones electrónicas está sólidamente respaldada por la legislación de la UE contra la discriminación en el ámbito del empleo, que proporciona oportunidades importantes de responder mejor a las necesidades de acceso de las personas con discapacidad.

6.4.5

La Directiva relativa al servicio universal (9) cubre actualmente el acceso a los teléfonos públicos de pago y a los servicios telefónicos disponibles para el público, tales como los servicios de urgencia y los servicios de información sobre números de abonados. El CESE lamenta que la Directiva no cubra en su ámbito de acción ni los teléfonos móviles ni los servicios de banda ancha. El ámbito de acción de la Directiva relativa al servicio universal debería ampliarse para cubrir tanto los teléfonos móviles como los servicios de banda ancha (10), al tiempo que habría que asegurar la igualdad de acceso a las redes y servicios gracias a tarifas justas y, en caso necesario, tarifas sociales.

6.4.6

Muchas personas con discapacidad continúan experimentando graves problemas de capacidad de utilización y de acceso en el terreno de las comunicaciones móviles. Las personas sordas o con dificultades auditivas, las personas con dificultades de habla y las personas ciegas y sordas necesitan comunicaciones móviles interactivas en tiempo real; es necesario que accedan en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad a la comunicación interactiva a través de las comunicaciones móviles, en lo que respecta a la capacidad de utilización y a la calidad del servicio, así como a los equipos, la oferta, la disponibilidad y el precio.

6.4.7

Es necesario abordar el problema de la interoperabilidad de los actuales sistemas utilizados por las personas con discapacidades sensoriales. Las personas con discapacidad deben poder hacer una llamada en tiempo real sin dificultad, tanto a escala europea como internacional.

6.4.8

Cada vez se utiliza más Internet como herramienta de servicio público y comunicación, pero las personas con discapacidad siguen experimentando problemas importantes de acceso al intentar utilizar Internet. Cabe citar un ejemplo de problema de accesibilidad en relación con los servicios de banda ancha: actualmente hay nuevos servicios de voz a través de Internet, como Voice Over Internet Protocol (VOIP), que ofrecen servicios de «telefonía» de banda ancha, un servicio barato muy atractivo para los usuarios, especialmente para las llamadas internacionales. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que el sistema VOIP proporcione acceso a servicios de urgencia o servicios de información telefónica. Es preciso abordar este problema.

7.1.1

El CESE solicita que se requiera a las organizaciones europeas de normalización que consideren la accesibilidad a la hora de desarrollar las normas de las TIC.

7.1.2

El CESE pide que la UE adopte normas y compromisos legislativos para lograr la armonización de los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad especialmente en las siguientes áreas:

7.2.1

El CESE apoya la propuesta de la Comisión de examinar la posibilidad de crear un sistema de certificación y de etiquetado de los productos, así como de autodeclaraciones de conformidad junto con el carácter obligatorio o facultativo de estos procesos y apoya la participación de todas las partes interesadas, y especialmente de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. La Comisión Europea deberá facilitar al CESE los resultados durante el año 2007.

7.3.1

El CESE pide a los Estados miembros de la UE que sin demora incorporen plenamente al Derecho nacional las directivas sobre adjudicación de contratos públicos y que garanticen la adopción de disposiciones estrictas sobre los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y su inclusión en la legislación nacional.

7.3.2

El CESE pide a todas las administraciones públicas que incluyan criterios de accesibilidad en sus procedimientos de licitación.

7.3.3

El CESE pide que en la revisión futura de las directivas sobre adjudicación de contratos públicos se incluyan disposiciones obligatorias sobre la accesibilidad con respecto a los bienes y servicios en el ámbito de las TIC. Conforme a ellas, debería quedar legalmente prohibido que las administraciones públicas utilicen programas de software, equipos de hardware u otros productos y servicios del ámbito de las TIC que no sean conformes con las actuales normas de accesibilidad.

7.3.4

Con respecto al mandato de normalización para el CEN, CENELEC y ETSI en apoyo de los requisitos europeos de accesibilidad para la adjudicación de contratos públicos de productos y servicios en el ámbito de las TIC, el CESE hace un llamamiento a los Estados miembros para que elaboren un plan de acción sobre la aplicación y el modo de poner en práctica las normas europeas para que produzcan el mejor efecto posible a nivel nacional con arreglo a un enfoque común y coherente.

7.4.1

El CESE pide que en todas las propuestas legislativas y no legislativas pertinentes de la UE con respecto a las TIC se reconozca explícitamente la importancia de la accesibilidad electrónica y el «diseño para todos» y ergonómico, en especial en los documentos clave de la UE sobre la sociedad de la información, así como por lo que se refiere a los reglamentos de los Fondos Estructurales, los instrumentos de financiación para los nuevos países candidatos a la adhesión y el Séptimo Programa Marco de Investigación.

7.5.1

El CESE pide a todos los Estados miembros que adopten, sin ningún cambio, la versión 2 de las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (Web Accessibility Initiative Guidelines) y que incorporen plenamente esta versión 2 a todos los sitios web públicos.

7.5.2

El CESE solicita que el segundo nivel de consentimiento de la versión 2 del W3C de las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad (WAI) a la web, que supone un mayor nivel de accesibilidad, se aplique a todos los recursos de la Web.

7.5.3

El CESE señala y subraya la necesidad urgente de desarrollar y facilitar «herramientas de autor» (11) en materia de accesibilidad que los diseñadores de sitios web puedan utilizar para garantizar el cumplimiento de las pautas W3C-WAI y WCAG 2.0 en sus sitios web. Estas herramientas deberían ser conformes a la versión 2 del W3C de las Pautas de accesibilidad para las herramientas de autor ATAG.

7.6.1

La Comisión Europea debe tomar medidas más estrictas para asegurar que los Estados miembros ejecutan y cumplen sus compromisos con los usuarios discapacitados conforme a las actuales directivas sobre las comunicaciones electrónicas. De las respuestas recibidas por la Comisión al cuestionario INCOM sobre las comunicaciones electrónicas se deduce que los Estados miembros no han respetado adecuadamente estos compromisos.

7.6.2

Si algún Estado miembro no cumple las obligaciones que se derivan del Derecho comunitario, el CESE pide a la Comisión Europea que incoe un procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión para asegurar el pleno cumplimiento.

7.6.3

El CESE pide que en las próximas revisiones de la legislación de la UE sobre las comunicaciones electrónicas se refuercen considerablemente las disposiciones sobre accesibilidad y que dichas disposiciones sean obligatorias.

7.6.4

El CESE pide a la Comisión Europea que publique un informe comparativo de las actividades de los Estados miembros por lo que se refiere a la accesibilidad electrónica y que tome medidas legales en los casos en que los Estados miembros no hayan cumplido sus compromisos conforme a lo dispuesto en las directivas sobre las comunicaciones electrónicas.

7.6.5

El CESE pide que se consolide y amplíe el ámbito de las disposiciones de accesibilidad de las directivas sobre las comunicaciones electrónicas de la UE en materia de servicios y equipos, y en particular:

7.7.1

El CESE observa que el nuevo marco estratégico de la Comisión Europea para la sociedad de la información europea (12) requiere que los Estados miembros informen anualmente de sus progresos y de la aplicación de sus programas nacionales de reforma.

7.7.2

El CESE pide a los Estados miembros que incluyan una sección específica sobre accesibilidad electrónica e inclusión electrónica en sus informes anuales y pide a la Comisión Europea que apoye esta petición.

7.7.3

El CESE pide a los Estados miembros que establezcan objetivos y calendarios claros y explícitos para la aplicación de las disposiciones en materia de accesibilidad electrónica en los planes de acción nacionales.

7.8.1

El CESE pide a los responsables de la toma de decisiones de la UE que garanticen la consulta plena y equitativa y la participación sistemática de usuarios discapacitados de organizaciones representativas de personas con discapacidad en el desarrollo y diseño de bienes y servicios y en la elaboración de normas. Las instituciones de la UE deben proporcionar recursos adicionales para asegurar que los usuarios discapacitados puedan participar adecuadamente en el proceso.

7.9.1

El CESE pide a los gobiernos y a la industria que desarrollen y apoyen medidas para promover la educación y la formación en el ámbito de las TIC destinadas a las personas con discapacidad y a las personas de edad avanzada en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como entre otros grupos excluidos, a fin de que consigan un acceso mejor, más fácil y más económico a dichas tecnologías.

7.9.2

Las medidas de sensibilización, tales como la promoción de un programa europeo de «diseño para todos», tienen un gran potencial para mejorar la comprensión y la integración de la accesibilidad en las TIC.

7.9.3

El CESE pide a la Comisión Europea, a todos los Estados miembros y a la industria que promuevan activamente e incorporen un programa de estudios de «diseño para todos» en todos los planes de educación y formación en el ámbito de las TIC.

7.9.4

El CESE pide a la industria que garantice que su personal reciba de modo sistemático formación interna o externa sobre el diseño accesible.

7.10.1

El CESE se compromete a «poner orden en su propia casa» y a asegurar que respetará los principios y prácticas de accesibilidad en materia de adquisiciones públicas en sus actividades de adjudicación de contratos públicos.

7.10.2

El CESE examinará en qué medida deben llevarse a cabo mejoras para asegurar el acceso pleno y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad al sitio Internet del CESE, a los programas informáticos y a los equipos en el ámbito de las TIC.

7.10.3

El CESE introducirá procedimientos internos para asegurar que todos los documentos se emitan en un formato accesible.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/33

1.1

El CESE acoge favorablemente la modificación del Reglamento (CE) no 2037/2000 (nuevo punto i del apartado 3 del artículo 4), está de acuerdo en que en el título del mismo se incluya al Parlamento Europeo como colegislador y respalda la propuesta de modificación del fundamento jurídico.

2.1

La propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 2037/2000 consiste en añadir una letra i) al apartado 3 del artículo 4, que prevé, para los Estados miembros que se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004, el cambio de fecha de referencia para la asignación de cuotas de hidroclorofluorocarburos: éstas ya no se asignarán sobre la base de las cuotas de 1999, sino con arreglo a la media de las cuotas de mercado de los años 2002 y 2003.

2.1.1

Dicha modificación de la fecha de referencia únicamente se debe a una exigencia comercial: evita la exclusión de empresas presentes en el mercado a partir de 1999 e incide de forma marginal en la distribución de las cuotas totales de asignación, que permanecen intactas desde el punto de vista cuantitativo, por lo que queda excluida cualquier consecuencia en el medio ambiente. Con la modificación de la fecha de referencia se previenen, además, posibles contestaciones relativas a la hipótesis de una violación de los principios de no discriminación y de expectativas legítimas.

2.2

El CESE toma nota y respalda la inclusión, en el Reglamento en cuestión, del Parlamento Europeo como colegislador junto con el Consejo.

2.3

Por último, acoge favorablemente la modificación del fundamento jurídico del Reglamento, que pasa del apartado 2 del artículo 57 del Tratado de Adhesión al apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, de conformidad con la adenda 1, el corrigendo 1 y la decisión del Grupo de Medio Ambiente de 21 de octubre de 2005.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/34

1.1

El presente Dictamen adicional tiene por objetivo proponer posibles continuaciones e instrumentos operativos correspondientes al Dictamen sobre «La dimensión social de la cultura», aprobado por el CESE el 31 de marzo de 2004.

1.2

En él se intenta precisar el concepto de «dimensión social de la cultura» a través de tres términos clave, términos familiares para nuestro Comité y sobre los que se profundiza continuamente en el análisis. Son: «sociedad del conocimiento», «globalización de la economía» y «sociedad civil».

1.3

No se mantienen a priori las hipótesis formuladas en el primer dictamen en relación con el establecimiento de nuevas estructuras de tipo «observatorio», «laboratorio» y «grupo de trabajo».

1.4

El CESE, no obstante, pide a la Comisión que especifique los indicadores cuantitativos y cualitativos que le permiten afirmar que las herramientas comunitarias actuales resultan suficientes para medir:

1.5

El Dictamen propone, especialmente con motivo del Año del diálogo intercultural, en 2008, que la Comisión presente un informe muy detallado sobre tal fenómeno y tal objetivo. El CESE está dispuesto a contribuir muy activamente a la elaboración de dicho informe.

1.6

El CESE, por ejemplo, propone lanzar una nueva reflexión cultural sobre la cultura, ya que ésta parece estar basada casi exclusivamente en conceptos de patrimonio, de conservación de la herencia, y en menor medida en conceptos de creación, proceso, nuevas ideas, y porque todavía concede poca importancia a los fermentos culturales propios de los ámbitos social, económico y medioambiental.

1.7

El CESE desea que los trabajos de la Fundación de Dublín se valoricen en estos ámbitos. Sugiere que, cada vez que el CESE aborde temas en los que se plantee la necesidad de una «revolución cultural», un «cambio de mentalidad» o una «modificación de esquemas heredados», se someta estas nociones a un análisis concreto y que, por lo tanto, se les dedique como mínimo un párrafo específico.

1.8

El CESE subraya que el método de «buenas o mejores prácticas» podría ser, si abandonase su aspecto con frecuencia meramente retórico, una de las herramientas más importantes para el diálogo, el intercambio y la transferencia de conocimientos y culturas.

2.1

En dicho dictamen se formulaban varías hipótesis:

2.2

afirmar la vocación cultural del CESE, a pesar de que hasta el momento no se hayan concedido a nuestra institución competencias formales en este ámbito;

2.2.1

contribuir al establecimiento progresivo de un observatorio europeo de la cooperación cultural que, junto con el Parlamento Europeo, elabore un informe anual propio;

2.2.2

colaborar estrechamente con el Parlamento Europeo para, además de crear el observatorio mencionado, «fijarse un objetivo anual de promoción con al menos un valor cultural realmente compartido»;

2.2.3

crear un laboratorio de transformaciones culturales en los ámbitos social, económico y medioambiental;

2.2.4

crear un grupo de trabajo europeo capaz de favorecer el intercambio cultural y artístico en las zonas de conflicto.

2.3

El presente dictamen adicional se justifica por la rapidez con la que el dictamen tuvo que elaborarse. El Parlamento Europeo, en período final de mandato, nos había pedido que iniciáramos un proceso de asociación CESE-PE. El Comité ha acometido con gran entusiasmo la continuación de dicho trabajo: en efecto, en las instituciones de la Unión Europea parecía surgir una «doble aceleración» de la propia concepción del tratamiento de la «dimensión cultural».

2.3.1

Las primeras declaraciones del Presidente de la Comisión, J.M. Barroso, en las que afirmaba que había llegado el momento de la cultura y que, en la jerarquía de valores, los valores culturales estaban por encima de los económicos (1), resultaron muy alentadoras y supusieron un giro radical. Para nosotros representó la primera aceleración.

2.3.2

La segunda aceleración llegó de manos del propio CESE, concretamente a raíz de la aprobación unánime del programa presentado por su Presidenta, Anne-Marie Sigmund, que incluía el tema de la cultura entre las prioridades centrales de su mandato.

2.3.3

Cabe destacar el frágil carácter de estas premisas. Efectivamente, el programa presentado por la nueva Comisión no refleja realmente ese giro. Ni siquiera hace referencia explícita a la nueva jerarquización en favor de la cultura. El programa cultura 2007-2013 presentado por la Comisión no se sometió, por definición, al dictamen del CESE. Por lo tanto, no nos corresponde comentarlo en el presente dictamen. Sólo mencionar que no se toma automáticamente en cuenta la dimensión social de la cultura y que su presupuesto está muy por debajo de lo que el Parlamento Europeo deseaba destinar a dicho programa. Pero incluso en lo que se refiere a la priorización de la cultura en el programa del CESE, sería exagerado afirmar que ya se ha llevado a la práctica de forma significativa.

2.3.4

Además, el periodo de reflexión establecido por el Consejo tras el rechazo de Francia y los Países Bajos al Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (tratado que incluía la cultura dentro de los objetivos de la Unión (art. I-3.3) y por el que se modificaban los mecanismos de decisión en materia de cultura y permitía, en gran parte, prescindir de la norma paralizadora de la unanimidad (art. I-17 y III-280)) y la modicidad del acuerdo alcanzado sobre las perspectivas financieras de la Unión dejan en una amplia indefinición el lugar de la cultura y, más aún, la «dimensión social de la cultura»: se confían a una regeneración de la Unión.

3.1

En el Dictamen sobre «la dimensión social de la cultura», aprobado por el Comité, se propusieron, en un principio, tres puntos de reflexión:

3.2

El presente dictamen adicional pretende contribuir a la definición de líneas maestras, es decir, los «términos clave» que permitan transponer estas primeras reflexiones de la forma más simple posible en las políticas comunitarias actuales.

3.3.1

Como se especifica en el Dictamen del CESE sobre «La dimensión social de la cultura», la tendencia universal a una mentalización, una intelectualización de todos los universos de trabajo, incluido el «trabajo» de consumo, la función acentuada en su seno de los criterios de relación, estilísticos y creativos se encuentran –y se encontrarán cada vez más– en el centro de los distintos grados de competitividad, atractivo, civilización y espíritu empresarial entre las diferentes zonas geoculturales del planeta. Europa debe y puede tener como referencia la «economía creativa».

3.3.2

De ahí que la cuestión del trabajo, del empleo cultural y artístico y de una economía de la cultura constituya uno de los puntos en que se insiste en el dictamen del CESE y en que éste último desea que se valoricen los trabajos de la Fundación de Dublín. Convendría analizar el modo en que las formas adoptadas por el empleo en el mundo cultural y artístico evidencian una evaluación más creativa del trabajo en su conjunto y son partícipes de la sociedad del conocimiento.

3.3.3

El Comité no se resigna a que los ámbitos de la «alta cultura» y de la dimensión cultural de la técnica, la economía, la sociedad, la sanidad y el medio ambiente estén todavía demasiado separados. El CESE, especialmente en el marco de su trabajo permanente en favor de una materialización del aprendizaje a lo largo de la vida y de la configuración de una sociedad en constante aprendizaje, participa deliberadamente en esta no-disociación.

3.3.4

La enorme necesidad de prácticas y de empleos flexibles y, al mismo tiempo, seguros en los campos de la transmisión, la mediación, el arte, la representación en todas sus formas, y en el del conocimiento del conocimiento, se enfrenta a modelos de empleo que paradójicamente pueden conjugar la rigidez y la precariedad.

3.3.5

La rigidez de las jerarquizaciones heredadas en materia de reconocimientos profesionales puede obstaculizar también la emergencia de nuevos oficios. En términos más generales, es preciso señalar la ausencia de una verdadera integración de lo inmaterial en la economía, la circulación demasiado escasa de artistas y de profesionales de la cultura, de sus representaciones y de sus obras en el espacio europeo. También cabe señalar el déficit de evaluación comparativa y de intercambio de las innovaciones culturales que permitirían no reexperimentar continuamente en aquello que ya se conoce.

3.3.6

El éxito de los programas ERASMUS y «Televisión sin fronteras», la contribución europea a la rehabilitación de zonas de vida devastadas, la redinamización de grandes centros urbanos gracias al desarrollo de prácticas artísticas, la mayor capacidad de atracción de que se benefician de forma prolongada las capitales culturales de Europa sirven ya como principio de demostración de lo que se debe entender por «dimensión social de la cultura». El hecho de que la Unión Europea –cuyas competencias, sin embargo, no tienen más finalidad que la de acompañar las políticas nacionales– constituya con frecuencia un agente decisivo para numerosas prácticas y acontecimientos culturales demuestra que se trata de una política de «palanca». La alimentación continua de un «banco» de conocimientos sobre los conocimientos podría tener efectos multiplicadores considerables.

3.3.7

Por el contrario, cuando los festivales y actos culturales interrumpen, aunque sólo sea momentáneamente, su actividad, las consiguientes pérdidas en términos de ingresos y desarrollo de vínculos generadas en todo el tejido socioeconómico evidencian el efecto «holístico» que en el desarrollo sostenible producen los empleos y prácticas artísticas, culturales y de mediación, su libre circulación e influencia cruzada.

3.4.1

A juicio del CESE, los mediocres resultados de la Estrategia de Lisboa, en comparación con sus ambiciosos objetivos, se deben esencialmente a una subestimación del factor humano, cultural y de participación. En una «economía globalizada», sólo mediante la promoción de una cultura europea que no separe más, que no jerarquice más los factores económicos, sociales y medioambientales, Europa podrá parar, o incluso invertir, las perjudiciales diferencias de desarrollo con respecto a la mayoría de las demás zonas del mundo.

3.4.2

En muchos países de Europa, y también de otras partes del mundo, la importancia económica de la industria de la cultura y de la creación es ya indiscutible, como lo confirman los numerosos informes, estudios y evaluaciones cuantitativos. Durante los últimos años se han creado numerosas empresas y, por consiguiente, empleos en estos ámbitos. No cabe ignorar al respecto que existe una tendencia a la creación de pequeñas empresas, microempresas y empresas unipersonales, y que sus repercusiones sociales son complejas.

Por ejemplo: la necesidad de construir redes, ya que, dado el reducido tamaño de las empresas, con frecuencia las tareas han de repartirse. Esto requiere que las partes interesadas tengan competencias en técnicas de comunicación, negociación y presentación, y conocimientos en lo que se refiere al derecho contractual y al régimen de concesión de licencias, etc.

Tales competencias, indispensables para toda empresa moderna, plantean a menudo a las pequeñas empresas grandes retos: dichos conocimientos en ocasiones son inexistentes o sólo parciales y las soluciones profesionales suelen ser demasiado costosas para la capacidad financiera de la empresa, aunque existan PYME que hayan obtenido excelentes resultados en tales ámbitos.

Por su parte, la política social debe hallar respuesta para las cuestiones de la protección social (por ejemplo, el seguro de enfermedad, la pensión de jubilación y el subsidio de desempleo) resultantes de la nueva estructura empresarial, de los nuevos tipos de empleo, etc.

3.4.3

Existe otra dimensión social derivada del hecho de que las empresas que trabajan en los «nuevos» sectores económicos –como la industria de la creación– con frecuencia se encuentran aisladas, porque trabajan en ámbitos en los que aún no se dispone –o se dispone en poca medida– de valores de referencia, modelos de contrato, indicadores sectoriales, etc. Este aspecto también es importante para el futuro desarrollo de la industria de la creación y debería tenerse adecuadamente en cuenta, tanto más cuanto que, a la luz de la extensión de la globalización y de la necesidad de imponerse en la competencia internacional, estas informaciones básicas son precisamente decisivas para el progreso económico.

3.4.4

La Unión Europea está tanto mejor situada para comprender la forma en la que la globalización económica influye e influirá en la creación de nuevos valores culturales mundiales cuanto que ella misma debe redefinir sus objetivos. Y esto en un momento en que no es, ni podrá ser más, un club, una federación reducida de Estados «avanzados» y relativamente homogéneos económica, cultural e intelectualmente. En un momento en el que la UE está totalmente abierta a los mundos protestante, ortodoxo e islámico, en un momento en que inicia negociaciones para la adhesión de Turquía, ampliación que, si llega a buen término, no será comparable a ninguna otra. En un momento en que está organizando metódicamente las relaciones con sus vecinos más inmediatos y en el que ha de revisar su situación, su función particular en una globalización, en una mundialización cuyas reglas de juego han cambiado también muy rápidamente (2).

3.4.5

Una «Europa cultura» –originada en Estados nación que, en la historia, han sido campeones de beligerancia, colonialismos e imperialismos– es hoy en día la fórmula quizá más adecuada para una Europa como potencia mundial por su capacidad de exportar, difundir y «profesionalizar» una «cultura de la paz», de la civilización y de la calidad. Se trata de una vuelta a la idea misma que rigió la construcción de la Unión. A la voluntad de contribuir a mundializar los valores y las técnicas de paz, de relación e intercambio, antes que los de dominación y jerarquía.

3.5.1

El hecho de que el CESE, cuyas competencias formales no abarcan explícitamente el ámbito de la cultura, adopte, tras la presentación de su Presidenta, un programa de acción global que dé prioridad a la cultura  (3), tiene, en el caso presente, valor de manifiesto.

3.5.2

Se trata incluso de una especie de afirmación contra toda hegemonía de pensamiento, basada únicamente en la economía, productivista o incluso únicamente social y medioambiental. Esta afirmación es aún más valiosa por cuanto se origina a partir de los agentes económicos y sociales de la Unión, de la sociedad civil organizada, en todos sus aspectos de producción, consumo y redistribución.

3.5.3

Esta cultura europea en desarrollo, que se está reunificando con las históricas ampliaciones en curso, es el fruto de una historia, de un nivel y de un modo de desarrollo singulares, distintos de cualquier otro (4). Resulta necesario tenerlo bien presente, especialmente porque puede contrarrestar aquello que no puede ocultarse o subestimarse, «una profunda falta de interés y de curiosidad, e incluso una verdadera indiferencia, de las opiniones públicas nacionales hacia los demás países de la Unión» (5). Una falta que, es cierto, se puede modificar sensiblemente con políticas incitativas (programas «cultura» de la Unión Europea), pero sólo una visión «holística» de la cultura y el pleno reconocimiento de la dimensión social de la cultura podrían trascenderla plenamente.

3.5.4

La multiplicidad de posturas que surgen para inventar una verdadera democracia social y cultural debería examinarse a través de los movimientos sociales, las redes culturales y los interlocutores sociales, y no únicamente entre instituciones. La aplicación de una ética y de una tecnología de la cooperación entre todos los interlocutores constituye sin duda uno de los principales desafíos a los que hay que responder para actuar de forma constructiva en favor de la adquisición de un conjunto de valores culturales a escala internacional basado en la no-violencia.

3.5.5

Nuestras sociedades ya no pueden prescindir del reconocimiento y de la participación de todos sus protagonistas, de todos sus entornos. Como lo ha demostrado el Año Europeo de las Personas Discapacitadas y los dictámenes e iniciativas del CESE sobre el asunto –así como sobre otros temas relacionados con la discriminación y la extrema pobreza–, nuestras sociedades serán juzgadas por el lugar y el papel que asignen a los más desfavorecidos y marginados. Y ello no sólo para colocarles en el lugar que corresponda a cada cual, sino para que la contribución cultural de su lucha contra la miseria infunda humanidad y permita que se renueve el humanismo moderno. Frente a los paradigmas tan clásicos de la petición jerarquizada y de la «dependencia asistida» (véanse las distintas formas de Estado-Providencia), ¿no conviene utilizar en la actualidad el paradigma de la participación activa personal, de un «empowerment» de todos los agentes económicos, sociales, familiares y culturales? En otras palabras, aunque no tenga una vocación directa de poder, la «sociedad civil» ya no puede actuar como agente subordinado, o como simple contrapoder, en el nuevo pensamiento democrático que requiere y posibilita la existencia de una economía globalizada. Al objeto de darse un futuro con perspectivas y protegerse de las arbitrariedades, debe fomentar sus valores de solidaridad y preservar la capacidad y las garantías del «pensamiento colectivo».

4.1

El CESE toma nota de que, al menos por el momento, sus socios institucionales (la Comisión y el Parlamento Europeo) y, en parte, él mismo consideran que la creación de nuevas estructuras de tipo «observatorio», «laboratorio» y «grupo de trabajo» resulta inútil, prematura o irrealista.

4.2

A juicio de la Comisión Europea, y aparentemente del Parlamento Europeo, la organización en redes de las estructuras, en particular de los diversos observatorios ya existentes, puede permitir la obtención de resultados probatorios en materia de cooperación cultural europea sin necesidad de inventar nuevos instrumentos.

4.3

El CESE, no obstante, pide a la Comisión que elabore indicadores cuantitativos y cualitativos –y explicite los existentes– que permitan justificar, guiar y evaluar los objetivos de progresión del diálogo intercultural, de movilidad de artistas y obras, así como de transferencia de conocimientos y conceptos entre diferentes ámbitos hasta el momento extraordinariamente compartimentados.

4.4

Para el CESE, no sólo se trata de verificar a posteriori la progresión cuantitativa de estos objetivos. La multiplicación de contactos y manifestaciones interculturales en una Europa ampliada, en un mercado único más desarrollado, especialmente en lo que se refiere a los servicios, no puede hacer más que aumentar.

Se trata de saber si un crecimiento cuantificable del consumo cultural y de los intercambios turísticos implica automáticamente un aumento de conocimientos, de atención al prójimo, de cultura. La multiplicación de los fenómenos de exclusión, de racismo (incluso allí donde las políticas de integración o multiculturalismo de larga duración parecían haber creado modelos estables, como, por ejemplo, en Francia o en los Países Bajos), de disociación entre intereses particulares e interés general, de fragmentación y no de convergencia no solamente merece medirse en términos cuantitativos y cualitativos, sino también comprenderse.

4.5

Además, en la mente de todos está presente que numerosas políticas culturales nacionales, incluso muy voluntaristas, incluso practicadas de forma más o menos constante durante decenios por países de la Unión, apenas han modificado las estratificaciones sociales heredadas.

4.6

Por esta razón, el CESE insiste tanto en que la Unión Europea debe ser un espacio de autorreflexión, de interrogación de unos a otros de las políticas culturales de cada uno de los Estados miembros: un espacio propicio para una nueva reflexión cultural sobre la cultura. La preparación del Año del diálogo intercultural (2008) debería brindar a la Comisión Europea la ocasión de presentar un informe muy detallado sobre la magnitud real de este diálogo, los obstáculos persistentes o nuevos que afronta y las nuevas hipótesis que podrían formularse con vistas a su verdadera profundización. El CESE está dispuesto a contribuir, especialmente mediante el tratamiento del tema «dimensión social de la cultura», y también mediante el de la «dimensión cultural de lo social», en particular desde el punto de vista de las «relaciones intergeneracionales», a la elaboración de tal informe.

4.7

El presente dictamen adicional propone además:

4.7.1

una «higiene cultural» permanente de nuestro Comité: cada vez que en un dictamen se aborden temas en que el aspecto cultural resulte determinante, un apartado del dictamen debería consagrarse explícitamente a dicho aspecto. El Comité no debe limitarse a proclamar, en sentido abstracto, la necesidad de «revoluciones culturales», «cambios de mentalidad» y modificaciones de esquemas heredados que han quedado obsoletos. Las condiciones que haya que reunir para obtener tales transformaciones culturales deben abordarse de la forma más concreta posible;

4.7.2

una mayor atención al método abierto de coordinación y al uso de «buenas prácticas».

¿No convendría «endurecer» esos conceptos y procedimientos para que puedan adquirir una capacidad operativa mucho más concreta? Esto serviría para que la localización y transferencia de conocimientos y de modificaciones culturales que conduzcan a reformas más eficaces, con mayor poder de ahorro y más convergentes puedan explicarse claramente, adquirirse y, por tanto, reaplicarse;

4.7.3

la voluntad por parte del CESE –que constituye un foro ideal donde convergen las culturas nacionales, profesionales y sociales– de emprender la búsqueda, en sectores precisos, de lo que puede intercambiarse entre un ámbito de actividad y otro. Por ejemplo, entre los sectores sanitario y educativo, en los cuales la proximidad de las transformaciones culturales (en curso y las que convendría realizar) necesarias para llegar a regular de nuevo esos sistemas complejos merecería más confrontación, más intercambios, e igualmente compartir en mayor medida. Asimismo: la gran homología encaminada a superar, mediante la promoción del trabajo multidisciplinario en equipo, el carácter aislado de las prácticas profesionales, y otras muchas homologías. De este modo se contribuiría a que remitan tanto la compartimentación como la obcecación, a que los avances proyectados en un determinado ámbito puedan beneficiar a otros más rápida y extensamente de lo habitual, y, por último, a que una cultura sistemática que no siga disociando los aspectos económico, social y medioambiental pueda afirmarse, puesto que la unidad cultural de Europa reside en su diversidad y en el progreso de las condiciones de vida y de sus pueblos.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/39

1.1

El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente y con gran interés el documento de la Comisión en el que se presenta el Programa JEREMIE (1) (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises — Recursos Europeos Conjuntos para las Microempresas y las PYME).

1.1.1

El Comité da las gracias a Danuta HÜBNER, miembro de la Comisión responsable de la política regional, y a los servicios de la DG REGIO y del FEI por el afán con que están desarrollando este delicado programa y el apoyo prestado a los trabajos del Comité.

1.1.2

El CESE siempre ha apoyado las iniciativas de la Comisión encaminadas a facilitar el acceso a los créditos por parte de las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, convencido, al igual que el Parlamento Europeo, de que el acceso a los créditos siempre ha sido uno de los puntos débiles de las pequeñas empresas.

1.1.3

El proceso de fortalecimiento de las pequeñas empresas constituye un eslabón fundamental de la Estrategia de Lisboa por su vínculo con la innovación, al tiempo que genera empleo estable y contribuye a la formación permanente de la mano de obra.

1.1.4

En muchos de sus dictámenes y, sobre todo, en los que elaboró a partir de 1982 (2), el CESE ha puesto de manifiesto los esfuerzos realizados por la Comisión y especialmente por la DG XXIII (3), para ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con el sistema crediticio y, en particular, con los bancos.

1.1.5

El CESE también ha destacado la necesidad de una amplia participación de los interlocutores sociales a la hora de resolver los problemas relacionados con las empresas –en particular, los problemas de créditos–, ya que éstos tienen notables repercusiones sobre el bienestar y el desarrollo social.

1.2

Durante toda la década de los años noventa, la DG XXIII (4) ha tratado de intervenir en los problemas de crédito, trabajando en estrecha relación con las organizaciones de representantes de la artesanía y de las PYME. Gracias a las conferencias europeas de la artesanía y las pequeñas y medianas empresas (PYME) (5) y a las numerosas reuniones preparatorias (una media de diez antes de cada conferencia, en las que han participado cientos de pequeños empresarios), se ha logrado:

1.2.1

Basándose en las experiencias indicadas supra y en vista de la nueva programación 2007-2013 y de los objetivos de Lisboa, el CESE considera conveniente facilitar una información más amplia sobre los nuevos programas, sobre todo de los dirigidos a las microemprensas y pequeñas empresas, mediante encuentros organizados en los Estados miembros con los representantes de los interlocutores sociales y de la sociedad civil.

1.2.2

No obstante, a pesar de los esfuerzos y las intervenciones llevadas a cabo durante los últimos veinte años en muchas regiones de la Europa de los 25 y, sobre todo, en las más desfavorecidas, se echaba en falta un proyecto que permitiera coordinar y llevar a buen término los numerosos instrumentos crediticios existentes.

1.2.2.1

Unos cuatro millones de empresas, es decir, el 20 % de las empresas existentes, considera que el acceso a la financiación representa un grave obstáculo a su crecimiento (9).

1.2.2.2

Sólo unas pocas decenas de miles de empresas han podido beneficiarse de los instrumentos financieros comunitarios (10). Existe, pues, una gran divergencia entre la manera en que se presenta el problema y los resultados obtenidos, lo que incita a reflexionar sobre las posibilidades concretas de intervenir con unos sistemas capaces de aumentar la participación de las instituciones financieras y de multiplicar así los resultados.

1.2.2.3

El CESE es consciente de la necesidad de hacer mayores esfuerzos por mejorar la información sobre las posibilidades en materia de crédito ofrecidas por la Comisión, el BEI, el FEI, el BERD y las administraciones nacionales y regionales. Con mucha frecuencia, las microempresas y las pequeñas empresas quedan excluidas, también por su responsabilidad, de los canales informativos.

1.3

JEREMIE podría, pues, constituir un instrumento inteligente de coordinación y racionalización de las oportunidades existentes.

1.3.1

La iniciativa JEREMIE se enmarca en las directrices estratégicas comunitarias para una política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo. La posición del Comité a este respecto puede resumirse del siguiente modo:

1.3.2

El Comité considera importante que la Comisión respalde la iniciativa JEREMIE, no sólo de cara al exterior sino también mediante una coordinación interna entre los servicios encargados de gestionar las intervenciones en favor de las microempresas y las PYME, creando un Focal Point JEREMIE (punto central de información) que sirva de unidad de coordinación e información entre las diferentes acciones, con el fin de optimizar los resultados.

1.3.3

A juicio del CESE, sería oportuno que la Comisión presentase cada dos años un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo sobre la situación del programa y su eficacia, a fin de poder hacer extensiva esta importante experiencia a otros sectores.

1.3.4

Por último, el Comité recomienda que se garantice el pleno respeto de los principios de rentabilidad, eficacia, transparencia en los procedimientos de contratación pública y selección, en la gestión de los holding funds regionales y en la acreditación de los intermediarios financieros encargados de la gestión de los proyectos. Habrá que garantizar, en particular, la plena aplicación de la legislación comunitaria en este ámbito, incluso en el caso de los derechos exclusivos, y se deberán prever sanciones consistentes en la suspensión de los holding funds ineficaces y la revisión de las listas de intermediarios financieros acreditados.

2.1

El CESE ha destacado ya en varias ocasiones el papel, no sólo económico, sino también social, que desempeñan las pequeñas empresas en sus respectivos Estados miembros y lo ha recordado en varios de sus dictámenes, como los de 1992 (13), 1997 (14), 2001 (15), 2003 (16)y el relativo a la Carta Europea de la pequeña empresa (17).

2.1.1

Las microempresas y las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en la economía europea. Son aproximadamente 25 millones, representan el 99 % de todas las empresas y dan trabajo a unos 95 millones de personas, lo que representa el 55 % de la cantidad total de puestos de trabajo del sector privado (18).

2.1.2

Estas cifras muestran la importancia y el papel de las PYME en la Estrategia de Lisboa y la necesidad de establecer una fuerte asociación con los representantes de los interlocutores sociales, que permita generar nuevas formas de colaboración (19) dirigidas a poner en práctica concretamente los valores sociales y económicos que hacen de Europa una economía social de mercado (20).

2.1.3

Los principales problemas que se registran en las fases de creación y desarrollo de las microempresas y las pequeñas empresas son, por orden de importancia, los siguientes:

2.1.4

El acceso al crédito representa, por tanto, la primera condición para crear una empresa, así como un requisito fundamental para el crecimiento y desarrollo de las microempresas y las pequeñas empresas, para las cuales los efectos restrictivos del sistema crediticio son más fuertes y más claros que para las grandes empresas.

2.1.5

El contacto directo con la empresa y sus problemas y el conocimiento, por parte de las empresas, de las posibilidades ofrecidas por el sistema crediticio, especialmente las existentes en el territorio en el que operan, son la única forma de aprovechar los aspectos positivos del crédito y de evitar que las fuentes de financiación adopten una actitud de rigidez, lo que aumentaría el grado de riesgo, teniendo en cuenta, en particular, las orientaciones de los acuerdos de Basilea. La empresa debe, pues, hallar su propio punto de equilibrio financiero y los instrumentos necesarios a tal fin.

2.1.6

La autofinanciación desempeña a este respecto un papel esencial, aunque las pequeñas empresas rara vez pueden realizar sus propios planes de inversión con este instrumento. En el 90 % de los casos es necesario:

2.1.7

Entre todos los instrumentos, las pequeñas empresas suelen desconfiar del capital riesgo. En realidad, solamente un 5 o un 6 % de las numerosísimas microempresas (21) y pequeñas empresas (22) (el 90 % de las cuales son empresas individuales o sociedades de personas) recurren al capital riesgo. Para evitar que el recurso a este instrumento sea excepcional, deberían diseñarse nuevas formas de capital riesgo, que también puedan emplearse en el caso de las sociedades de personas.

2.1.8

Las prioridades definidas a la hora de acortar distancias entre el mundo de los créditos y el de las microempresas y pequeñas empresas pueden resumirse como sigue:

2.1.9

Los análisis y la evaluación de las necesidades y capacidades, que serán objeto de la fase preliminar de JEREMIE, deberán llevarse a cabo en todas las regiones de la Unión, con la participación efectiva de los interlocutores económicos y sociales interesados y en el marco de una asociación eficaz y responsable.

2.2.1

El problema del acceso al crédito que acabamos de destacar se plantea con intensidad diferente en función del nivel de desarrollo de la economía y del mercado. Las regiones de la convergencia (25), que son las que más necesitarían los instrumentos crediticios para desarrollar el empleo mediante el espíritu empresarial, son en realidad las que más dificultades tienen a la hora de acceder a los créditos y las que registran unos tipos de interés más elevados, si se comparan con las regiones desarrolladas (26).

2.2.2

Los fondos del BEI, concedidos por rotación (27) a los bancos fiduciarios para poder ser fraccionados y distribuidos a las PYME a unos tipos variables pero reducidos (28), son utilizados por los bancos esencialmente en las regiones desarrolladas, en las que la competencia bancaria es fuerte y la concesión de un préstamo del BEI sirve para mantener la fidelidad de los clientes.

2.2.3

Dado que en las regiones menos favorecidas escasean los bancos, sobre todo los de crédito cooperativo o «populares», no existe una competencia bancaria muy fuerte ni una cultura de atención a los «pequeños» operadores. Por lo tanto, es poco frecuente que en estas regiones se recurra a los instrumentos interesantes ofrecidos por el BEI.

2.2.4

Esto significa que si no se actúa para invertir esta tendencia, por ejemplo a través de la mediación financiera de los instrumentos que puede ofrecer JEREMIE paralelamente a los ofrecidos tradicionalmente por el BEI y el FEI (29), las regiones más pobres seguirán siéndolo durante muchos años.

2.2.5

Para apoyar los créditos, sobre todo en las regiones de la convergencia, JEREMIE podría abrir una ventanilla en el FEI, con el cometido de apoyar mediante instrumentos financieros las garantías de los créditos concedidos por los bancos a través de los consorcios crediticios o de otros organismos activos esencialmente en las regiones más desfavorecidas.

2.3.1

El problema del acceso al crédito de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas pone de manifiesto una serie de deficiencias del mercado:

2.3.2

Se trata, por tanto, de suplir las deficiencias del mercado mediante unas intervenciones:

2.3.3

La Estrategia de Lisboa recibió un nuevo impulso en el Consejo Europeo de marzo de 2005, cuando se pidió a los gobiernos y a los interlocutores económicos y sociales que actuaran en torno a tres ejes prioritarios:

2.3.4

Los recursos que dedican los Estados miembros al fomento del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo son a veces considerables, pero se justifican por los resultados sociales obtenidos (31). En el supuesto de que se concediera un préstamo generalizado de 20 000 euros a la mitad de las PYME existentes en la UE de los 25, es decir, a unos doce millones de empresas, la pérdida previsible por insolvencia (32) no superaría los 6 500 millones de euros; o sea, un 0,07 % del PIB de la UE de los 25. Sin embargo, la concesión generalizada de un préstamo de estas características permitiría a la mayoría de las empresas consolidar su posición e innovar en procesos y productos.

2.3.5

Si la concesión del préstamo se realizara a través de un consorcio crediticio, capaz de absorber el 50 % de las insolvencias, la pérdida se reduciría a la mitad (un 50 % para cada uno) entre el consorcio y el banco.

2.3.6

Si se acepta considerar que el crédito tiene una función social, se pueden elaborar los instrumentos necesarios de ingeniería financiera con la participación de fondos públicos, fondos europeos y fondos de solidaridad pagados a los consorcios crediticios por los propios empresarios, ya sea en el momento de la inscripción en el consorcio o en forma de porcentaje pagado sobre los intereses bancarios (33).

2.4.1

La concesión de un gran número de pequeños préstamos, que es lo que necesitan las nuevas empresas, las microempresas y las pequeñas empresas, está sujeta a las siguientes condiciones:

2.4.2

Algunas respuestas a estos problemas se encuentran ya en los instrumentos existentes, que, sin embargo, deberían utilizarse mejor y más ampliamente:

2.5.1

Sobre todo en los últimos años, el multiplicador se ha convertido en un instrumento analizado y utilizado tanto por los consorcios crediticios como por los bancos para ampliar las posibilidades de crédito (37). El análisis sistemático de las situaciones de insolvencia, sobre todo en las regiones de la convergencia, permite adaptar el multiplicador a la situación local. Naturalmente, el porcentaje de insolvencia aumenta en las regiones más desfavorecidas, en las que alcanza un 10 %, mientras que en las regiones más ricas permanece en torno a un 2,5 %, siempre a nivel de las microempresas y las pequeñas empresas.

2.5.2

Precisamente en las regiones de la convergencia es donde JEREMIE puede desarrollar su potencial, proporcionando garantías financieras a los consorcios crediticios y favoreciendo los procesos de titulización, con el fin de aumentar las posibilidades de crédito y de compensar la debilidad del multiplicador.

2.6.1

El Programa marco para la innovación y la competitividad 2007/2013 (PIC) (38) reúne varios programas y medidas comunitarias, entre los cuales figuran los siguientes:

2.6.2

Conviene, asimismo, analizar los instrumentos financieros contenidos en el Cuarto Programa plurianual 2000/2005 (Programa plurianual — MAP), prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2006, y dotado con 531,5 millones de euros (47), que deberá incorporarse al PIC y formar parte de la estrategia JEREMIE.

2.6.2.1

El MAP se articula en torno a los tres pilares siguientes:

2.6.2.2

El análisis del funcionamiento de los instrumentos financieros y del MAP permite determinar qué instrumentos han dado los mejores resultados y pueden, por tanto, integrarse en la estrategia JEREMIE. Estos instrumentos representan la principal partida de gastos del cuarto MAP: en 2003, por ejemplo, representaron el 67 % del presupuesto global del programa (48). El reparto de los recursos entre estos instrumentos financieros es el siguiente:

2.6.2.3

Estos instrumentos ya se habían utilizado entre 1998 y 2000 en el programa de iniciativas a favor del crecimiento y el empleo, junto a estos otros:

2.6.2.4

Hasta ahora, la acción «capital de lanzamiento» (SCA) ha dado pocos resultados, así como la Empresa Conjunta Europea (JEV).

2.6.2.5

A finales de 2003, se habían beneficiado del instrumento PYME-Garantía unas 178 000 PYME (53) (136 000 con el Programa Crecimiento y Empleo, 32 000 con el Programa Garantía de Créditos y 10 000 con el Programa Microcréditos).

2.6.2.6

Durante el mismo período, se han beneficiado del Programa MET-Lanzamiento unas 240 000 PYME (54).

2.6.3

JEREMIE podría, pues, seguir difundiendo la experiencia de estos dos instrumentos financieros, aumentando el número de PYME beneficiarias, sobre todo en las regiones de la convergencia.

2.6.4

Hay que tener presente que durante estos años sólo un 0,81 % de las PYME europeas ha podido beneficiarse de las intervenciones conjuntas de la DG Empresa, la DG de Asuntos Económicos y Financieros y el FEI.

2.6.5

Sin embargo, es importante que JEREMIE explore nuevas pistas, algunas de las cuales ya se habían previsto en los nuevos programas, como:

2.6.6

En cualquier caso, el CESE está convencido de que existe un gran problema de información y de formación en relación con todas estas intervenciones. Para resolverlo, será necesaria la participación tanto de las instituciones financieras como de los organismos de representación de los empresarios y los trabajadores, en una perspectiva de respeto de los principios de responsabilidad social de las empresas y de finalidad social del crédito.

2.7.1

Para garantizar el pleno éxito de la iniciativa JEREMIE, el Comité considera fundamental que se aplique totalmente la legislación comunitaria relativa a la contratación pública de servicios.

2.7.2

En cualquier caso, los servicios JEREMIE de la Comisión y el FEI deben comprobar y garantizar que los procedimientos de contratación pública cumplen plenamente los principios de rentabilidad, eficacia, imparcialidad, igualdad de trato y transparencia. Entre los criterios obligatorios de admisibilidad del ente o consorcio participante, los pliegos de condiciones predefinidos por la Comisión deberán incluir, en particular, los siguientes:

2.7.2.1

Cuando existan acuerdos entre holding funds y programas operativos 2007/2015, se deberá prever la posibilidad de imponer sanciones o proceder a la revocación o suspensión de un holding fund en caso de ineficacia, irregularidad o grave incumplimiento de sus obligaciones. Su gestión debería controlarse cada dos años, con ayuda de los interlocutores económicos y sociales regionales, mediante unos procedimientos transparentes de publicación de los informes, que se enviarán a las autoridades nacionales, al Parlamento Europeo, al CESE y al Comité de las Regiones.

2.7.3

Los entes financieros o consorcios establecidos en otro Estado miembro o en uno de los países firmantes del acuerdo sobre las contrataciones públicas, como figura en el anexo al Acuerdo de la OMC, deberán tener la posibilidad de participar en las mismas condiciones que los participantes nacionales, sobre la base de una documentación conforme a las normativas vigentes en los respectivos países, que certifique el cumplimiento de todos los requisitos.

2.7.4

Estas disposiciones también deberían aplicarse a los procedimientos de acreditación de los institutos de crédito intermediarios: éstos deberán ser objeto de controles sistemáticos de sus resultados, definidos con ayuda de los correspondientes interlocutores económicos y sociales, así como de una revisión periódica de su acreditación, que prevea, en cualquier caso, la sustitución de una parte de los elementos acreditados cada tres años.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/46

1.1

El CESE felicita a la Comisión por la compleja y minuciosa labor que ha llevado a cabo para promover la simplificación de los procedimientos administrativos; por otra parte, se registra una cierta discrepancia entre el enunciado recogido al inicio de la exposición de motivos («El proyecto […] se ocupa de las modificaciones técnicas que pueden introducirse en virtud del Reglamento financiero actual») y el alcance concreto de numerosas disposiciones.

1.1.1

Muchas de las modificaciones «técnicas» que incumben a las relaciones con las empresas y los ciudadanos revisten un significado y un alcance «político»: la mayor transparencia, la agilización de los procedimientos, la mayor celeridad en la respuesta y una mayor confianza en los interlocutores sociales son signos de evolución en el «gobierno» de la administración pública, algo que no puede sino valorarse de manera positiva.

1.2

Por otra parte, el CESE no puede dejar de mencionar la necesidad de ser prudentes: la voluntad de favorecer a los interlocutores sociales debe tomar en consideración el hecho de que la flexibilidad de quienes administran los fondos públicos debe tener un límite. Dicho límite está constituido por las posibles pérdidas, que deben ser proporcionales al ahorro constatado o, lo que es lo mismo, a ese ejercicio, difícil pero necesario, que es el cálculo del riesgo. Aun cuando puede ser un ejercicio muy impopular para los administradores, es la única vía racionalmente posible.

2.1

El proyecto establece las normas de desarrollo del vigente Reglamento Financiero no 1605/2002 aunque, al objeto de abreviar los plazos de ejecución, tiene en cuenta las distintas modificaciones técnicas introducidas por la nueva propuesta de Reglamento del Consejo sobre el Reglamento Financiero (1), actualmente en fase de adopción. Sobre este último documento el CESE ha emitido ya un dictamen (2).

2.2

Siguiendo el planteamiento adoptado en su anterior dictamen, el CESE se abstiene de comentar los aspectos de índole puramente técnico-contable, que puede ser abordados de modo más preciso por los organismos institucionales con competencia profesional y experiencia directa. Se centra, en cambio, como ya hizo anteriormente, en aquellas normas que puedan repercutir en terceras partes (organizaciones de la sociedad civil) que mantengan relaciones con las instituciones europeas.

2.3

Tres de los principios técnico-contables –la unidad presupuestaria, la anualidad presupuestaria y la unidad de cuenta– no sufren cambios sustanciales, sino solamente modificaciones o precisiones. Por lo que respecta al cuarto principio, el relativo a la buena gestión financiera, la propuesta de Reglamento se inspira en los criterios ya existentes, pero detalla mejor el contenido de la evaluación a priori y proporciona directrices más precisas sobre el alcance de las evaluaciones a priori, intermedia y a posteriori, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. El CESE toma nota de la intención que ha manifestado la Comisión de «reorientar» las prioridades de evaluación «para centrarse en propuestas con un impacto real en la actividad comercial y en los ciudadanos», una declaración que sólo puede ser acogida con satisfacción.

2.4

Atendiendo de nuevo a las expectativas de las empresas y de los ciudadanos, y prestando la máxima atención para que se haga un uso racional del dinero público, la Comisión subraya la conveniencia de que los proyectos experimentales y las acciones preparatorias sean objeto de una evaluación cuando vayan a continuarse como programa. Sin embargo, con vistas a simplificar los procedimientos, esta evaluación no deberá repetirse cuando los proyectos o acciones ya hayan sido evaluados, como es el caso de las acciones conjuntas entre la Comisión y los Estados miembros.

3.1

Las observaciones que ya formuló el CESE en su mencionado dictamen sobre la propuesta de Reglamento son naturalmente válidas para las normas de desarrollo. Aunque se acoge con satisfacción la simplificación de procedimientos que se ha adoptado y la mayor flexibilidad en los criterios de aplicación de las normas, por el otro lado, no sería aceptable que se tendiera a considerar «de escasa cuantía» cualquier cantidad inferior a un umbral preestablecido. En otros términos, el CESE se muestra de acuerdo con elevar los límites por debajo de los cuales se simplifican los procedimientos, pero esto no debe implicar un mayor grado de flexibilidad en la atención y el control del gasto por considerar que un posible perjuicio material no influiría, en la práctica, en el conjunto del presupuesto.

3.2

Sin intención de acogerse a principios como los de la moral pública de los que se abusa, y que se invocan con demasiada frecuencia, el CESE desea llamar la atención sobre el peligro que supone bajar la guardia por lo que respecta a la regularidad de las operaciones de gastos por un importe considerado «de escasa cuantía» y, en particular, en lo relativo a la contratación pública y a las subvenciones. La agilización de los procedimientos no debe ofrecer a la opinión pública la impresión de que es posible encontrar maneras poco legítimas para obtener fondos de los poderes públicos: una percepción en este sentido sería un duro golpe para la imagen de Europa.

3.3

En opinión del CESE, una verificación eficaz de la validez o de los posibles «puntos débiles» de las simplificaciones, existentes o futuras, debería contemplar un profundo examen por parte de las autoridades contables de la Comisión de los informes de la OLAF: los detalles acerca de los fraudes descubiertos podrían proporcionar información muy valiosa.

4.1

El nuevo artículo 85 bis se refiere al recurso de terceros contra una decisión de la Comisión que imponga una multa, una multa coercitiva o una sanción: para proteger los intereses de la Comunidad, el contable debe exigir al recurrente que deposite provisionalmente los importes en cuestión o, alternativamente, una garantía financiera (en términos técnicos, una garantía). Esta garantía deberá prever que, en caso de que no prospere el recurso, el garante abonará el importe solicitado por la administración de modo inmediato, sin condiciones y sin necesidad de excusión preliminar del deudor. Técnicamente, se trata de una garantía a primera demanda, conforme al principio «solve et repete» adoptado por numerosas administraciones fiscales y habitual en la contratación pública.

4.1.1

El CESE no presenta objeciones particulares a este tipo de garantía; únicamente constata que la garantía a primera demanda es más onerosa que una garantía normal, y que las comisiones son proporcionales a la duración de la validez de la garantía. Teniendo en cuenta los gastos que asume el recurrente, los procedimientos para el examen de los recursos deberían ser razonablemente más rápidos que en la actualidad. Aunque este aspecto, que ya ha motivado las quejas de algunos interlocutores sociales, no incumbe directamente al Reglamento Financiero ni a sus normas de desarrollo, debería ser objeto de un pormenorizado examen en las relaciones entre las autoridades administrativas y terceras partes.

4.2

Entre otras cosas, el nuevo artículo 90 establece que, por lo que se refiere a la contratación pública y a las subvenciones ligadas a programas sectoriales, la aprobación de los programas de trabajo anuales constituye por sí misma la decisión de financiación necesaria para incorporar el compromiso de gasto en el presupuesto comunitario. Aunque de carácter contable-administrativo interno, el CESE considera que este procedimiento podría acelerar los procedimientos para la asignación de fondos y, por ende, repercutir favorablemente en los acreedores o beneficiarios.

4.3

De conformidad con el artículo 129, se deberá facilitar la gestión de la contratación pública por importe inferior a determinados límites. En la práctica, cuando los importes en cuestión no son relevantes, la administración está autorizada a recurrir a un «procedimiento negociado» (o, en términos más explícitos, a un contrato de adjudicación directa), previa consulta de los distintos candidatos, y más específicamente:

En la práctica, esta nueva disposición no innova, sino que se limita a actualizar, al alza, los límites establecidos en las normas precedentes.

4.3.1

Por otra parte, los artículos 130 y 134 sí introducen algunas simplificaciones. Según el primero de estos artículos, en el caso de los contratos de una cuantía inferior a 60 000 €, el órgano de contratación podrá limitar el contenido de los documentos relativos al anuncio de licitación a lo estrictamente necesario (evidentemente, siguiendo sus propios criterios y bajo su responsabilidad). Con arreglo al segundo artículo, las pruebas documentales necesarias para participar en la contratación podrán sustituirse por una declaración jurada, sin perjuicio de que la administración pueda solicitar posteriormente las pruebas que corroboren esa declaración inicial.

4.3.2

Otra simplificación introducida en el artículo 134 es la exención de presentación de pruebas documentales cuando éstas ya hayan sido presentadas con otros fines ante la misma u otra administración, como muy tarde, en los seis meses precedentes. También en este caso se sustituirá la documentación por una declaración jurada.

4.3.3

El artículo 135 contempla otras facilidades relativas a la documentación que sirve de prueba de la capacidad financiera, económica, técnica y profesional de los candidatos. Así, el artículo establece que, basándose en su propia evaluación de riesgos, la administración podrá decidir no exigir esta documentación. De cualquier modo, esta facultad se limita a la contratación pública de cuantía igual o inferior a 60 000 € si el beneficiario es la propia administración, o por cuantías diversas, dependiendo de cada caso, cuando los beneficiarios sean terceras partes. Otra de las limitaciones la constituye la prohibición, en aquellos casos en que se renuncie a exigir la documentación, de efectuar una prefinanciación o un pago intermedio: si bien esto supone una garantía para la administración, también condiciona a la otra parte, que podría optar, después de todo, por presentar la documentación para evitar hacer frente a una onerosa carga.

4.3.4

El CESE aprueba todas estas disposiciones, encaminadas a aligerar los mecanismos de adjudicación por importes relativamente modestos, tan costosos para los candidatos y para la administración. Por otra parte, llama la atención sobre la necesidad de establecer una estrecha vigilancia con el fin de evitar posibles abusos, más atractivos cuanto mayor es la flexibilidad de los procedimientos.

4.4

En las normas de desarrollo, la cuestión de las subvenciones se aborda con un espíritu de apertura hacia los interlocutores sociales y teniendo presente, por lo que cabe deducir del conjunto de las disposiciones, la naturaleza particular de los beneficiarios. Como primera medida, el artículo 164 prevé que, para las subvenciones de una cuantía igual o inferior a 25 000 €, el ordenador podrá exigir una documentación extremadamente simplificada: si bien se trata de un procedimiento que cuenta con el respaldo del CESE, éste no puede dejar de resaltar, por un lado, las responsabilidades gravosas que recaen en el ordenador y, por el otro, el peligro de que, en determinados casos, estas facilidades se vean frustradas precisamente por una vacilación, comprensible, a la hora de asumirlas.

4.5

Otras disposiciones tienen como objetivo facilitar, o franquear, a instituciones de distinto tipo el acceso a la financiación comunitaria: a este respecto, el artículo 168 se limita a solicitar para los organismos que se encuentren en situación de monopolio de hecho o de derecho una investigación simple, sin formalidades, que se traduciría en una declaración motivada del ordenador. El artículo 162, que preveía subvenciones de funcionamiento, sin recortes en caso de renovación, en favor de organismos que cumplen con un objetivo de interés general europeo amplía la lista de posibles beneficiarios a los organismos europeos dedicados a fomentar la investigación e innovación y a promover la ciudadanía. El artículo 172 permite al ordenador calcular la cofinanciación en especie (como, por ejemplo, el trabajo voluntario) como aportación de la institución financiada.

4.5.1

El CESE acoge satisfactoriamente todas estas disposiciones, pero recuerda una vez más que la flexibilidad de las normas genera riesgos para el presupuesto comunitario, responsabilidades para los ordenadores y una necesidad de reforzar los controles.

4.6

Se recogen otras disposiciones encaminadas a simplificar los procedimientos: ningún establecimiento educativo –y no solamente los organismos de enseñanza secundaria y superior, como ocurría en el pasado– debería estar sujeto a la verificación de su capacidad financiera (artículo 176); Por lo que se refiere a las subvenciones de una cuantía inferior a 25 000 €, el ordenador podrá redactar un convenio de subvención con un número limitado de elementos (artículo 164). Además, el artículo 173 exime de la obligación de presentar la prueba de una auditoría externa a los convenios de subvención de una cuantía inferior a 750 000 €, los convenios de funcionamiento de menos de 100 000 €, así como a los convenios con varios beneficiarios obligados conjunta y solidariamente.

4.6.1

El CESE comprende la voluntad de simplificar al máximo los procedimientos y, por principio, se muestra de acuerdo con ella. Por otra parte, el Comité se pregunta si no se está yendo demasiado lejos a este respecto: una cosa es eximir a los sujetos de presentar una documentación costosa y, en ocasiones, excesiva, y otra muy distinta es renunciar a conocer la situación financiera de los subvencionados cuando los umbrales –por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 173– son decididamente demasiado elevados. El criterio debería aspirar en todo momento a alcanzar un justo equilibrio entre los beneficios calculados (un ahorro de tiempo y dinero para la Comisión y para los ciudadanos) y los posibles costes (pérdida de dinero público, calculado en términos de probabilidad y de volumen de riesgo).

4.7

Por otra parte, parece que el mencionado criterio de una consideración prudente de los riesgos sí se ha adoptado, en cambio, en lo relacionado con la prefinanciación: así, se solicita por lo general una garantía u otra caución para toda prefinanciación por un importe igual a la subvención, y para la que supere el 80 % de la subvención por un valor superior a los 60 000 €.

4.7.1

El CESE considera que esta norma se inspira en los sanos criterios de prudencia mencionados en el punto 3.6.1. Aun así, se pregunta si no podrían haberse adoptado estos mismos criterios para las verdaderas subvenciones (como, por ejemplo, en los casos mencionados en el punto 3.6.), ya que, aun con excepciones a veces relevantes, la diferencia entre prefinanciación y subvención, en términos de riesgo concreto, tiene a menudo un carácter más burocrático que real.

4.8

El artículo 165 introduce un criterio plenamente aceptable que no se ha respetado en todo momento: cuando los beneficiarios de las subvenciones sean organismos que persiguen un objetivo de interés europeo general, la Comisión tendrá derecho a cobrar el porcentaje del beneficio anual correspondiente a la contribución comunitaria al presupuesto de funcionamiento de los organismos afectados. No obstante, esta disposición es válida únicamente cuando el presupuesto restante de dichos organismos sea financiado por los poderes públicos de los Estados miembros a los que se requiere que recuperen su porcentaje del beneficio.

4.8.1

El CESE expresa su pleno acuerdo con esta norma, pero duda de que en su formulación actual el texto pueda implicar que la recuperación de los beneficios por parte de la Comisión sea posible también en aquellos casos en que el resto del presupuesto no está financiado por autoridades públicas, sino por entidades privadas.

9.5.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/49

1.1

La reactivación de la Estrategia de Lisboa consagra los criterios de sostenibilidad entre los objetivos prioritarios de la política de la UE. El CESE espera que el presente dictamen de iniciativa sobre las materias primas renovables contribuya a dinamizar este proceso en relación con varios aspectos importantes:

1.1.1

Aunque aumente el uso de las materias primas renovables, el desafío principal del desarrollo futuro seguirá siendo una utilización eficiente y de bajo consumo de las materias primas en todos los sectores.

1.1.2

El Comité considera que la explotación de las materias primas renovables tendrá efectos muy beneficiosos en el empleo de las regiones y estima que hay que desarrollar una política adecuada en materia de cualificación y formación permanente en la mano de obra y los usuarios de todos los sectores relacionados con la producción y uso de materias primas renovables.

1.2

El Comité observa que muchos servicios de la Comisión trabajan en este ámbito, en el marco de sus competencias, pero lamenta la ausencia al nivel de la UE de una célula de coordinación o de un grupo de acción especializado en este sector. Por ello, pide a la Comisión que lleve a cabo la reestructuración necesaria para hacer posible una política con objetivos bien definidos en el ámbito de las materias primas renovables.

1.3

La disociación de las ayudas directas introducida por la reforma agrícola de la UE, decidida en Luxemburgo en 2003, el reglamento relativo al FEADER y la futura autorización de las remolachas azucareras como materias primas vegetales renovables suponen importantes jalones para el desarrollo de los cultivos en Europa.

1.3.1

En la revisión de 2006, la ayuda por cultivos energéticos debería adaptarse en los puntos siguientes:

1.4

El Comité espera que el desarrollo de este sector económico se tenga muy en cuenta también en la asignación de los recursos de los Fondos Estructurales y que, a tal fin, se le destine una dotación presupuestaria acorde con su importancia.

1.5

El Sexto Programa marco de investigación descuidó enormemente la investigación y el desarrollo en el ámbito de las tecnologías aplicables a las materias primas renovables. Por ello, el CESE pide acciones específicas en el Séptimo Programa marco de investigación para el desarrollo de las materias primas renovables y de su correspondiente utilización material, paralelamente al uso energético de la biomasa. Ello requiere una dotación financiera considerable.

1.6

El Comité observa que una oferta en cantidad suficiente de materias primas renovables disponibles o cuya producción puede ya acometerse no es actualmente el factor inhibidor del desarrollo. Lo que ha quedado desfasado son las técnicas de transformación existentes para los posibles productos del mercado.

1.7

El Comité acoge favorablemente el plan de acción de la UE sobre la biomasa. Lamenta que en él no se examine la utilización material, sino únicamente la energía procedente de la biomasa y pide una evaluación de este plan de acción y el fomento de planes nacionales y regionales.

1.7.1

El desarrollo insuficiente del marco jurídico general hace que en la mayor parte de los Estados miembros no se utilicen en toda su medida los potenciales de las energías renovables y, en particular, de la biomasa. Por ello, el Comité pide a la Comisión y al Consejo que adopten al respecto una política más eficaz.

1.8

El CESE se declara resueltamente a favor de que la UE fije objetivos para cuotas de materias primas renovables, y propone para 2020 el objetivo de 4 x 25, es decir, un 25 % respectivamente para la electricidad, el calor, los combustibles y los nuevos materiales, como, por ejemplo, los materiales compuestos, los plásticos enriquecidos con fibras naturales u otros productos de la oleoquímica.

1.9

El Comité considera indispensable que se elaboren y apliquen en todos los ámbitos de utilización (electricidad, calor, combustibles y utilizaciones materiales) medidas eficaces de comercialización. En este sentido podría seguirse el ejemplo claro ofrecido por la legislación sobre aprovisionamiento energético de algunos Estados miembros. Es importante una elaboración flexible que brinde seguridad e incentivos en materia de inversión y tenga en cuenta diversas situaciones de partida, por ejemplo en cuanto a tecnología y ahorros de escala.

1.10

Por lo que se refiere a cómo determinar las estrategias y los obstáculos políticos, en el dictamen se abordan diferentes aspectos de esta cuestión: la legislación en materia de emisiones y residuos, la reglamentación sobre los envases y los vehículos al final de su vida útil, la legislación fiscal y, finalmente, las normas y la organización del mercado de plantas textiles. El Reglamento REACH relativo a la legislación sobre las sustancias químicas abre nuevas perspectivas para la utilización de métodos basados en la biomasa. En los 25 Estados miembros, los obstáculos políticos y administrativos son muy heterogéneos a causa de los distintos sistemas y diversa ejecución de las políticas. El Comité pide a la Comisión que determine los obstáculos políticos existentes y presente propuestas que permitan superarlos.

1.11

En lo que respecta a los cultivos, el Comité estima que se deben formular requisitos en materia de competencia con superficies destinadas a la alimentación, así como sobre energía y equilibrio ecológico, e igualmente protección de la naturaleza, del medio ambiente y del paisaje. El Comité propone un sistema de etiquetado que acredite el origen y la transformación de los productos.

1.12

En cuanto a la dimensión internacional, en el presente dictamen se subrayan las posibilidades que se ofrecen a la UE en el ámbito de la exportación de tecnologías. El CESE, no obstante, pide que el comercio internacional de fuentes de bioenergía sea objeto de normas de admisibilidad en el marco de la OMC. Estas normas deben referirse en particular a la soberanía alimentaria y las normas medioambientales y sociales.

1.13

El Comité examinará en otro dictamen el plan de acción comunitario sobre la biomasa.

2.1

Objetivos de la política de la UE: con la reactivación de la Estrategia de Lisboa y los criterios de sostenibilidad falta dar un impulso de futuro en varios aspectos importantes:

En el presente dictamen de iniciativa se examinan determinadas cuestiones esenciales desde el punto de vista de la sociedad civil.

2.2

Definición: las materias primas renovables se definen como productos resultantes de la agricultura, la silvicultura y la pesca destinados al uso en sectores distintos de la alimentación humana y animal. Se incluyen en este ámbito todas las materias resultantes de la fotosíntesis y los procesos biológicos posteriores. Estas materias son energía solar almacenada. La biomasa se presta tanto a una utilización material como energética.

2.3

Antecedentes: la producción de materias primas renovables es, junto con el suministro de productos destinados a la alimentación humana y animal, una de las misiones esenciales de la agricultura. Con la revolución industrial, estos productos agrícolas fueron cayendo en desuso. Los productos petroquímicos sustituyeron decisivamente a los productos de la biomasa a partir de la segunda mitad del siglo XX. La combinación de los conocimientos de antaño con las nuevas tecnologías y una ciencia creativa abre hoy en día múltiples posibilidades inéditas en los sectores de la energía, farmacia, química, construcción y transportes.

2.4

El contexto mundial de la política en materia de recursos: las economías de la UE dependen enormemente de la importación de energía y materias primas procedentes de todo el mundo. El incremento del consumo de energías fósiles y la dependencia que ello crea, en particular respecto del petróleo, el gas natural e incluso el carbón, tienen sus límites y presentan múltiples inconvenientes.

2.4.1

La insuficiencia de evoluciones e inversiones innovadoras para una reorientación de las materias primas en los países industrializados es el resultado de una concepción unilateral de las políticas. Además de molestias medioambientales y un cambio climático global, los riesgos en el plano de la política exterior y de seguridad son fenómenos dramáticos concomitantes de la dependencia de las materias primas fósiles.

2.4.2

Las consecuencias del cambio climático mundial, las subidas del precio de la energía y la ausencia de alternativas eficaces son otras tantas facetas de evoluciones erróneas que, entre otros factores, generan pobreza en los países en vías de desarrollo.

2.4.3

El carácter dramático del cambio climático, las dificultades al nivel mundial para hacer que se aplique el Protocolo de Kioto, las enormes expectativas suscitadas por la Conferencia sobre el Cambio Climático de Montreal y sus resultados limitados se han examinado en detalle en documentos del CESE. Por todas partes y a diario se exigen una y otra vez soluciones al nivel europeo e internacional.

2.5

Las materias primas renovables constituyen una fuente de materias y energía que se renueva constantemente. Sobre la base de un equilibrio ecológico positivo, pueden reducir los problemas medioambientales, en particular la acumulación de las emisiones de CO2. Abren un nuevo campo para la creación de cadenas económicas y cadenas de valor añadido regionales. Contribuyen a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo en las zonas rurales de Europa y pueden convertirse, tanto en éstas como en los sectores a ellas vinculados de la agricultura y la silvicultura, en motor de un nuevo dinamismo económico. Permiten mitigar la rotación de cultivos en la agricultura y contribuir así a la biodiversidad. Ofrecen con sus potenciales de innovación múltiples posibilidades de utilización y una importante reserva de materias para el desarrollo de productos químicos.

2.6

Las políticas nacionales aplicadas en la UE reaccionan a la nueva situación en el ámbito de las materias primas

Numerosos países europeos han establecido normas específicas sobre la alimentación de la red eléctrica con electricidad procedente de las energías renovables. Se fijan así tarifas de suministro más elevadas, en función de diferentes criterios tecnológicos y económicos. Ello permite la amplia producción y comercialización de nuevas tecnologías, una reducción de los costes gracias a la multiplicación de las experiencias prácticas y un perfeccionamiento de las tecnologías. Pero tal como se indica, por ejemplo, en las Comunicaciones de la Comisión COM(2005) 627 y COM(2005) 628, en muchos países europeos queda mucho por hacer para impulsar el desarrollo y la comercialización de estas tecnologías de manera eficaz.

2.7

Políticas internacionales: cualesquiera que sean las culturas y los países, las materias primas renovables desempeñan un papel cada vez más significativo, en particular en las regiones rurales. Entre las iniciativas políticas y económicas cabe mencionar, por ejemplo, el programa «Etanol» puesto en marcha en Brasil y las pruebas realizadas con las nueces de Jatropha (planta oleaginosa) en las regiones áridas de la India y África. Pero se observan también tendencias preocupantes, por ejemplo en el Sudeste asiático y en América Latina, donde se destruyen zonas forestales para poder responder a la demanda creciente de biocarburantes en el mundo. Los problemas climáticos no son la única consecuencia sumamente negativa que se deriva de esta situación. Los Estados Unidos proyectan desde hace mucho tiempo una reorientación de su política energética, y han decidido producir antes de 2030 20 % de los combustibles y 25 % de los productos químicos a partir de la biomasa. En la actualidad, el Presidente y el Congreso estadounidenses, gracias a la ley sobre la seguridad energética, se esfuerzan en convertir el sector de la biomasa en uno de los pilares de la economía del país.

2.8

Las materias primas renovables en el trabajo de la UE: más de diez direcciones generales de la Comisión Europea trabajan sobre esta cuestión a partir de diferentes perspectivas. La mayor parte del trabajo en este ámbito es tarea de las DG de Agricultura y Transportes y Energía. Pero las Direcciones Generales de Empresa e Industria, Desarrollo, Investigación, Política Regional, Comercio, Competencia y Fiscalidad también trabajan en este ámbito. Las aportaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague, son importantes.

2.8.1

La UE ha adoptado las siguientes medidas destinadas al desarrollo de las materias primas renovables:

El 7 de diciembre de 2005, la Comisión presentó los siguientes documentos:

En la actualidad, las instancias europeas trabajan con vistas a la adopción de decisiones sobre los siguientes proyectos: