17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/1

1.1

El Comité Económico y Social Europeo ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de controlar las ayudas públicas dado que son un elemento fundamental para:

1.2

La normativa sobre las ayudas estatales se basa en los textos fundacionales de la Comunidad, esto es, en las disposiciones de los Tratados CECA y CEE. No obstante, a diferencia del Tratado CECA que ya ha expirado, el Tratado CE no establece una prohibición absoluta de las ayudas estatales: en efecto, junto al enunciado de la prohibición se prevén excepciones (1) y determinadas exenciones (2) que confieren a la Comisión, y en contadas ocasiones al Consejo, amplias competencias discrecionales para autorizar ayudas que no se atengan a la norma general.

1.3

Por lo demás, los artículos 87, 88 y 89, por los que se rige este ámbito complejo, se incluyen en la Sección II del Título VI relativo a las normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las legislaciones, con el fin de destacar que el asunto de las ayudas estatales debe tenerse en cuenta debido a sus efectos sobre la competencia.

1.3.1

A este respecto, el Comité ya ha tenido la ocasión de subrayar que todo nuevo plan de acción sobre las ayudas estatales debe incluirse en el marco que establece el artículo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea para garantizar, entre otros aspectos, un buen funcionamiento del mercado único, la aplicación de normas no discriminatorias, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia, la mejora de la calidad de vida, así como la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.

1.4

De hecho, por ayuda estatal se entiende, como indica la propia Comisión, una forma de intervención estatal utilizada para fomentar una actividad económica determinada. Por lo tanto, la concesión de este tipo de ayuda supone que determinados sectores o actividades económicas reciben un trato más favorable que otros y ello falsea la competencia al generar una discriminación entre las empresas que reciben asistencia y las demás (3).

1.4.1

Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, el concepto de ayuda estatal engloba no sólo todas las ayudas concedidas por las autoridades públicas y financiadas con fondos públicos, sino también todas las intervenciones destinadas a reducir las cargas que, en general, gravan el balance de una empresa.

1.5

El Consejo Europeo de marzo de 2005 reiteró el objetivo de seguir reduciendo el nivel general de las ayudas públicas, aunque concediendo exenciones para paliar las posibles deficiencias de los mercados. Esta posición se atiene a las deliberaciones de las cumbres de Lisboa de 2000 y de Estocolmo de 2001 y responde a la necesidad de orientar las ayudas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de la cohesión.

1.5.1

Asimismo, la Comisión, en su reciente Comunicación sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa, ha asumido este objetivo de reducir las ayudas estatales, orientarlas para paliar las deficiencias de los mercados –sobre todo, en sectores con un enorme potencial de crecimiento–, y fomentar la innovación (4).

1.6

También el Parlamento Europeo se pronunció recientemente sobre las ayudas estatales (5), destacando que deben concederse de un modo responsable y rentable, habida cuenta de que:

1.6.1

Asimismo, el Parlamento Europeo (PE) aprobó el 12 de mayo de 2005 una resolución titulada «Reforzar la competitividad europea: consecuencias de las transformaciones industriales en la política y en el papel de las PYME» (6) en la que defiende, entre otros, el objetivo de reducción del volumen global de las ayudas a las empresas, pero recuerda la utilidad de estas ayudas para atenuar algunas carencias del mercado, como las ayudas a la I+D, a la formación y al asesoramiento de las empresas.

1.6.2

El PE, tras señalar la importancia de las ayudas estatales para las PYME en los Estados miembros, pide a la Comisión que mantenga en los Fondos Estructurales el conjunto de los instrumentos de ayuda a la reconversión económica y socioeconómica para las regiones que han sufrido deslocalizaciones industriales, e insiste en que deben tomarse más en consideración las necesidades de las pequeñas empresas y las microempresas (7) en estas regiones y, de manera más general, en el conjunto de las políticas de cohesión.

1.6.3

El PE propone que, en el ámbito de la reforma de los regímenes de ayudas estatales, se establezca una línea de acción clara en favor de la innovación, que cubra transversalmente todos los sectores, en el marco de los objetivos de Lisboa.

1.7

Por su parte, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en muchas ocasiones a lo largo de los años sobre las ayudas estatales, elaborando una auténtica legislación basada en casos concretos y estableciendo una jurisprudencia con directrices coherentes y muy detalladas: las últimas son la sentencia sobre los servicios de interés general y la sentencia Altmark de 24 de julio de 2003 (8).

1.8

La Comisión, en su informe sobre el marcador de las ayudas estatales, de abril de 2005 (9), ofrece una visión positiva de la reacción de los Estados miembros a la estrategia que se puso en marcha en Lisboa, haciendo hincapié en una ligera reducción del nivel de ayudas respecto del PIB y en las respuestas aún más positivas sobre la reorientación de las ayudas de acuerdo con las sugerencias de los Consejos Europeos; no obstante, todavía queda mucho por hacer.

1.8.1

La Comisión, como base de debate para una estrategia destinada a reducir el nivel general de las ayudas estatales y a reorientarlas hacia objetivos horizontales, elaboró en 2001 una lista de las ayudas estatales y el cuadro de evaluación correspondiente, que procedió a desarrollar en 2002. El Comité ya manifestó su reconocimiento por el compromiso de la Comisión para lograr una mayor transparencia en este ámbito, que resulta especialmente importante respecto de los nuevos Estados miembros.

1.9

El Comité señala con satisfacción que en 2003 el total anual de ayudas públicas disminuyó un 3,6 % respecto de 1999 y casi un 30 % respecto de 1996; no obstante, destaca que el importe actual – 53 000 millones de euros (10), del que más de un 60 % se destina a la industria manufacturera y los servicios– sigue siendo elevado. Asimismo, el Comité reitera su preocupación por el falseamiento de la competencia que podrían generar las divergencias existentes sobre ayudas públicas entre los distintos Estados miembros y, dentro de ellos, entre las regiones.

1.9.1

El Comité (11) acogió favorablemente en su momento el trabajo sistemático de la Comisión para clarificar y precisar las normas, con especial atención al reglamento de exención por categorías y a las ayudas en favor del empleo destinadas a facilitar la creación de puestos de trabajo por los Estados miembros.

1.9.2

El Comité coincide plenamente con la Comisión en que las normas sobre ayudas estatales deben ser objeto de ajustes con el paso del tiempo, para tener en cuenta la evolución registrada a nivel político, económico y jurídico. Por este motivo, los instrumentos de evaluación de las ayudas estatales están sujetos a revisiones periódicas y, por lo tanto, tienen una duración limitada (12).

1.10

El Comité se felicita de que la Comisión haya presentado propuestas para elaborar una reforma general de este ámbito (13) basada en un enfoque integrado que tenga muy en cuenta las «deficiencias del mercado».

1.10.1

El Comité señala que la adopción de un nuevo marco que tenga debidamente en cuenta el equilibrio necesario entre la política de ayudas y la necesidad de desarrollo debe estar subordinada a una revisión que incluya una simplificación y una evaluación exhaustiva de su repercusión.

1.10.2

Esta revisión deberá basarse en objetivos claros, una amplia consulta y datos completos; asimismo, el nuevo marco debe garantizar, además de un sistema claro de control, la coherencia entre las políticas, la concentración de las acciones y, por último, una mayor simplificación, transparencia y seguridad jurídica.

1.10.3

El marco propuesto debería incluir:

1.10.4

Hay otros aspectos que también requieren suma atención:

1.11

No obstante, a juicio del Comité, la cuestión más importante que debe abordarse al establecer un marco común para las ayudas estatales es impulsar una política moderna que cuente con el consenso unánime de todos los Estados miembros, habida cuenta de que la globalización impone procesos de transición y reestructuración a todas las economías de la Unión.

1.12

Las empresas, en la medida en que son competidoras y destinatarias últimas de los regímenes de ayudas, ocupan un lugar privilegiado para evaluar la eficacia de los instrumentos aplicados. Por lo tanto, pueden contribuir de manera concreta al seguimiento de soluciones adecuadas para una moderna política europea de ayudas estatales y hacer sugerencias útiles sobre el contenido de nuevas directrices.

1.12.1

Además, las empresas son las primeras que padecen la inseguridad jurídica y la lentitud de los plazos de aprobación de los regímenes de ayudas, así como las graves consecuencias derivadas de la recuperación de las ayudas declaradas ilegales. Por lo tanto, se encuentran entre los agentes más interesados en que se difunda un conocimiento unívoco de la normativa comunitaria y en que se superen las dificultades y divergencias de interpretación y aplicación que plantea.

2.1

El Comité se muestra convencido de que las propuestas de reforma de la Comisión representan un oportunidad valiosa para unir en una síntesis equilibrada:

2.2

El Comité comparte plenamente el principio rector de la reforma, «menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos», que tiene por objeto reforzar la competitividad de las empresas en los mercados interiores e internacionales y crear las condiciones necesarias para recompensar a las empresas más eficaces.

2.3

El Comité apoya sin reservas la línea fijada por la Comisión para simplificar las normas con el fin de ofrecer mayor seguridad a los operadores y reducir las cargas administrativas de los Estados miembros. En efecto, el Comité está convencido de que la incertidumbre respecto de si una ayuda es legal o ilegal puede poner en duda la legitimidad del control mismo de las ayudas estatales que realiza la Comisión.

2.4

A juicio del Comité, el proyecto de reforma de la legislación comunitaria sobre estas ayudas debería permitir esencialmente:

2.5

La política sobre ayudas estatales es parte integrante de la política de competencia y, por lo tanto, una de las políticas comunitarias que ejerce mayor influencia en la marcha de la economía. Por lo tanto, el Comité opina que debe utilizarse de manera más concreta para alcanzar la calidad del desarrollo y la coherencia con los objetivos del proceso de Lisboa, de forma que pueda desempeñar un papel impulsor que garantice una evolución sana del desarrollo de la economía y el empleo.

2.6

La competitividad mide la capacidad del mercado para crear de manera eficaz bienes y servicios que tengan valor en un mundo globalizado, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y alcanzar un nivel elevado de empleo. No obstante, hay que reconocer que no se ha logrado fomentar el crecimiento de las empresas europeas y de los recursos humanos hacia niveles más elevados de investigación tecnológica, innovación, formación e internacionalización, tal como se preveía en la Estrategia de Lisboa.

3.1

El Comité apoya un nuevo marco general comunitario de las ayudas estatales que responda a una política de ayudas:

3.2

En consecuencia, el Comité considera que la política comunitaria de ayudas estatales debe contribuir activamente a mejorar el atractivo de Europa para las inversiones y el empleo, reforzar la competitividad de las empresas y la cohesión social, estimular la inclinación hacia la investigación y la innovación, así como fomentar la creación y difusión de nuevos conocimientos y la formación de los recursos humanos.

3.3

El Comité también defiende que el marco comunitario de exención relativo a las ayudas a la formación y el empleo se amplíe y simplifique mediante un Reglamento general de exención por categorías, dando prioridad a las medidas de ayuda más transparentes y centradas en objetivos precisos; estas medidas deben determinarse en estrecha consulta con las empresas y los interlocutores sociales que, como destinatarios de los regímenes de ayuda, son idóneos para evaluar la eficacia de los instrumentos propuestos.

3.4

Respecto de las ayudas de finalidad regional dentro del nuevo programa marco para 2007-2013, el Comité apoya la voluntad de volver a impulsar el desarrollo de las regiones desfavorecidas (regiones NUTS II «de efecto estadístico», regiones NUTS II «de crecimiento económico» y regiones NUTS III «con baja densidad de población»), las islas y las zonas de montaña caracterizadas por una marginalidad territorial, superando el enfoque de asistencia, reduciendo los porcentajes máximos de concentración de ayudas, limitando al 10 % el diferencial entre las clases extremas de las regiones menos desarrolladas y verificando las posibles deslocalizaciones motivadas por diferencias desproporcionadas en las ayudas (que no superan el 20 % para las regiones NUTS III) entre las regiones transfronterizas.

3.4.1

El Comité comparte el enfoque de la Comisión sobre la intensidad de las ayudas de finalidad regional para distintos tipos de empresas, pero considera que debe evitarse el riesgo de frenar el aumento de tamaño de las pequeñas empresas estableciendo un único aumento (del 20 %) tanto para las pequeñas como para las medianas. Los límites propuestos para apoyar las inversiones de las grandes empresas en las regiones cubiertas por las nuevas excepciones deberían tener en cuenta la nueva clasificación de las empresas, prevista en la recomendación de la Comisión de 2003 (14).

3.5

Por lo que se refiere precisamente a las ayudas de escasa cuantía, el Comité es favorable a un aumento del límite máximo previsto para las ayudas de minimis con el fin de lograr una mayor concentración y simplificación de la acción comunitaria.

3.6

El Comité considera que la Comisión debería centrarse en el examen de ayudas estatales que tienen una repercusión significativa en los intercambios, sin dispersar sus recursos examinando una multiplicidad de casos con un interés predominantemente local, aclarando el significado y la interpretación del concepto de alcance local.

3.7

El Comité señala que el control de las ayudas estatales debe ser proporcional y eficaz, evitando procedimientos complejos de notificación en los casos con una importancia económica marginal para la competencia comunitaria.

3.8

El Comité apoya firmemente la propuesta sobre las ayudas estatales de escasa cuantía que presentó la Comisión en su momento (febrero de 2004), con vistas a garantizar a los Estados miembros mayor flexibilidad y procedimientos más simples, así como suficiente margen de maniobra para las medidas de ayuda destinadas a realizar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, sin perjuicio de que la Comisión siga manteniendo posibilidades de control adecuadas.

3.9

Respecto de las ayudas sectoriales, siguiendo las indicaciones de la Comisión para las exenciones por categoría en conjunto, debe velarse por la coherencia entre las políticas comunitarias sectoriales y los regímenes de ayuda en los sectores de transportes, energía, información y comunicación. Además, la Estrategia de Lisboa fijó objetivos precisos para los sectores cultural, audiovisual, cinematográfico y de deportes, con un gran potencial de innovación, crecimiento y nuevos empleos.

3.10

Respecto de las ayudas medioambientales, el marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente seguirá vigente hasta 2007. También en este ámbito deben perseguirse los objetivos de la Estrategia de Lisboa, facilitando la realización del régimen de comercio de los derechos de emisión de CO2 (Planes Nacionales de Asignación de emisiones) dentro de los objetivos del Protocolo de Kioto.

3.11

Ayudas a la innovación (con arreglo a la definición del Libro Verde (15)). El Comité considera que debería ampliarse el marco actual a tipos de ayudas destinadas a actividades innovadoras que las directrices vigentes no cubran, y establecer criterios claros y generales de compatibilidad que concedan a los Estados un mayor grado de intervención, sin obligación de notificación.

3.11.1

El Comité, con el fin de lograr mejoras en este ámbito, pide a la Comisión que precise mejor, con ayuda de Eurostat, las actividades de producción y servicios que pueden englobarse dentro de las que se consideran actualmente como actividades innovadoras. En efecto, sería muy útil contar con directrices en este sector sensible.

3.11.2

A este respecto, el Comité se felicita por la presentación el 21 de septiembre de 2005 de la Comunicación sobre el sistema de ayudas estatales a la innovación, destinada a dotar de un marco comunitario a este sector esencial y a determinar, por una parte, las situaciones más claras de deficiencia del mercado y, por otra parte, las intervenciones coyunturales aplicables cuando se pueden aportar soluciones concretas.

3.12

Asimismo, deben fijarse con claridad criterios preestablecidos capaces de indicar las deficiencias del mercado que pueden obstaculizar la optimización de las medidas e instrumentos innovadores en la aplicación de la Estrategia de Lisboa; no obstante, también deberá dejarse a los Estados miembros y a sus regiones un margen de maniobra suficiente para graduar intervenciones proporcionadas y eficaces, que puedan transformar la investigación precompetitiva en innovación comercial y de mercado.

3.13

Respecto de las ayudas para incentivar las inversiones en proyectos innovadores por parte de las PYME, también deben destinarse a fomentar la expansión de las empresas e incluir en especial:

3.14

El Comité propone que el nuevo sistema marco tenga en cuenta todos los factores relativos al medio ambiente, que influyen en el proceso de innovación, como:

3.14.1

De manera más general, el Comité estima que, en el proceso de revisión de las orientaciones sobre ayudas horizontales a la investigación, innovación, medio ambiente y capital humano, sería útil:

3.15

Respecto del régimen de ayudas en el sector de los servicios de interés económico general, debe destacarse que estos servicios constituyen un elemento esencial de la cohesión social y territorial; por lo tanto, es necesario aclarar, de acuerdo con los criterios fijados en la sentencia sobre el asunto Altmark (16) y la decisión correspondiente de la Comisión de 13 de julio de 2005, la referencia al concepto de «empresa media, bien gestionada», y garantizar la seguridad jurídica respecto de las compensaciones concedidas en concepto de función de servicio público, que constituyen ayudas estatales compatibles con el Tratado.

3.16

El Comité considera que la legislación futura debería tener en cuenta que corresponde a las instituciones que tienen legitimidad democrática sobre el asunto, a nivel nacional, regional y local, la responsabilidad de determinar los servicios de interés económico general (17).

4.1

El Comité considera que pueden realizarse avances importantes hacia una mayor simplificación y transparencia reforzando la labor de la Comisión para que la política comunitaria de ayudas esté más centrada en los aspectos que pueden generar falseamientos significativos de la competencia.

4.2

Asimismo, debe solucionarse la lentitud de gestión de los expedientes, mejorando y agilizando las prácticas administrativas y ejerciendo la responsabilidad de los Estados miembros con el fin de garantizar transparencia y eficacia.

4.3

El Comité también defiende la elaboración de códigos de buenas prácticas con plena participación de todos los agentes interesados, especialmente las empresas como destinatarias de las medidas de ayuda.

5.1

La nueva situación derivada de la ampliación exige adaptaciones de la política de ayudas estatales para permitir a todas las regiones europeas atraer en igualdad de condiciones nuevas instalaciones e inversiones, y garantizar una competencia leal entre regiones limítrofes.

5.2

En la actualidad, los diez nuevos Estados miembros de la Unión destinan a las empresas en concepto de ayudas estatales importes claramente superiores, en porcentaje de su PIB, que los que se conceden en la EU-15, aunque esta relación evoluciona hacia un equilibrio progresivo. En el período 2000-2003, las ayudas estatales en los nuevos Estados miembros representaron por término medio un 1,42 % del PIB frente a una media del 0,4 % en la UE-15.

5.3

La Estrategia de Lisboa prevé la utilización de las ayudas para alcanzar objetivos horizontales. En 2002 representaban un 73 % de las ayudas de la UE-15 frente al 22 % en los nuevos Estados miembros (18).

5.4

Por lo demás, debe reconocerse que los nuevos Estados miembros han sabido adaptarse perfectamente a la economía de mercado, aunque la Europa ampliada todavía debe dar pasos importantes para reducir el nivel general de las ayudas y favorecer la competitividad, el desarrollo sostenible y coherente y la nueva economía europea del conocimiento.

6.1

El Comité considera que es necesario mejorar la gobernanza de las prácticas y procedimientos en el ámbito de las ayudas estatales con una mayor participación de los agentes directamente interesados. Entre ellos, cabe citar en primer lugar a las empresas y la sociedad civil que están expuestas, en primera persona, a la inseguridad jurídica y la lentitud de los plazos de aprobación comunitaria de los regímenes de ayuda, así como a las graves consecuencias derivadas de la recuperación de ayudas declaradas incompatibles o ilegales.

6.2

Las empresas, como destinatarias de los regímenes de ayuda y a la vez competidoras, tienen una posición privilegiada para:

6.3

Por consiguiente, el Comité considera necesario:

7.1

El Comité opina que debe exponerse de forma clara el valor añadido que representan las ayudas estatales para el futuro de la Unión Europea, dentro de los objetivos de un desarrollo competitivo, sostenible y coherente de los Estados miembros que se decidieron en Lisboa y que se han confirmado repetidamente en varias de las cumbres europeas celebradas desde 2000.

7.1.1

Los sectores clave incluidos dentro de esta Estrategia requieren esfuerzos financieros considerables y específicos, que deben recibir total apoyo mediante las políticas presupuestarias y estructurales de los Estados miembros; este conjunto debe inscribirse en un marco coherente y compatible de las políticas, definido previamente, al que deben hacer referencia y adecuarse todos los componentes, también la política comunitaria de competencia.

7.2

El Comité considera que la plena realización del mercado único europeo, que sea capaz de competir en pie de igualdad con los demás socios del mercado mundial, requiere una gran modernización tanto de los comportamientos como de la concepción de las políticas europeas del ámbito económico y, especialmente, de ayudas estatales; ello es imprescindible además para posibilitar la realización de las grandes infraestructuras y las grandes inversiones inmateriales necesarias para el funcionamiento de un mercado eficaz, tecnológicamente avanzado y competitivo.

7.3

A juicio del Comité, es preciso animar a los Estados miembros y a las regiones, mediante la definición de criterios de compatibilidad general, a aplicar políticas de apoyo que persigan el objetivo de una economía competitiva y sujeta a las normas de la libre competencia.

7.4

Si el mercado no consigue que las empresas europeas sean competitivas ni que refuercen sus capacidades de innovación tecnológica, formación e internacionalización, la política europea de ayudas estatales debe facilitar y no obstaculizar las políticas e intervenciones encaminadas a estimular el crecimiento de las empresas y a incrementar su capacidad para atraer a Europa nuevas inversiones, cerebros y capitales.

8.1

El Comité apoya la modernización de la política europea de ayudas estatales basada en un nuevo enfoque proactivo y un nuevo marco comunitario general. A este respecto, recomienda lo siguiente:

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.1

Los objetivos de Lisboa atañen a la posición de Europa en la competencia global (1). Su característica esencial es la carrera mundial en pos de inversiones cada vez más importantes en investigación y desarrollo (I+D), tanto por parte de las naciones industriales tradicionales (por ejemplo, EE.UU, UE y Japón), como por parte de las nuevas potencias económicas en rápida expansión (por ejemplo, China, India, Brasil, Corea) con una mano de obra mucho menos onerosa.

1.2

Una investigación y un desarrollo eficaces, de excelencia y con suficientes recursos son, en efecto, los requisitos previos y el fundamento decisivo para la innovación, la competitividad y el bienestar, y, por tanto, también para el desarrollo cultural y las prestaciones sociales. Las inversiones en I+D contribuyen –con un considerable efecto multiplicador– a elevar el potencial económico. En correspondencia con ello está también el objetivo del 3 % definido en Barcelona (2), el cual, no obstante, frente a la carrera global sólo constituye un «objetivo móvil».

1.3

La investigación y el desarrollo fomentados por la Comunidad Europea crean un importante valor añadido europeo. Crean potenciales que sobrepasan claramente las capacidades de los distintos Estados miembros y ya han permitido que los avances europeos gocen de un prestigio internacional. Tienen un decisivo y estimulador efecto de motor e integración en los programas nacionales de investigación de los Estados miembros, necesarios y más amplios, lo cual tiene también por efecto una puesta en común de recursos. Establecen un puente entre las elites europeas de la investigación, la industria europea y los poderes ejecutivos europeos. Son un catalizador de la integración, cohesión e identidad europeas. Son el elemento principal del Espacio Europeo de Investigación.

1.4

La propuesta de la Comisión de aumentar sus gastos actuales y dedicar ahora a tales objetivos un poco menos del 8 % del presupuesto comunitario total es un primer paso, encomiable y absolutamente necesario, en la buena dirección. Es una aportación mínima, que aún será preciso aumentar a largo plazo, no sólo para no poner en juego la posición de Europa, cuna de la ciencia y la tecnología modernas, sino también para mantenerla y reforzarla. Este es uno de los principales elementos de la Estrategia de Lisboa y del Espacio Europeo de Investigación. Sin tal aportación, los objetivos de Lisboa no se podrán alcanzar ni siquiera a largo plazo.

1.5

Es preciso reconocer que la capacidad de rendimiento técnico y científico determina no sólo la competitividad de las economías, sino también la influencia y el prestigio cultural y político, así como su potencial para atraer a inversores, científicos e ingenieros (fuga de cerebros). La UE deberá mantener su posición de socio competente y solicitado y conservar su prestigio político mundial en el sistema global.

1.6

Por ello, el Comité pide al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y, en particular, a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados miembros que aprueben en su totalidad las inversiones, indispensables, propuestas por la Comisión en materia de I+D y no permitan que se conviertan en moneda de cambio o en víctima de las negociaciones sobre el futuro presupuesto general de la UE. Esta decisión será un criterio decisivo de la capacidad de la política europea para establecer las orientaciones con vistas al futuro.

1.7

El Comité, por otra parte, hace un llamamiento a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados miembros y a la industria europea para que por parte de los programas nacionales de investigación y de las acciones de investigación de la industria se contribuya también a alcanzar lo antes posible el objetivo del 3 %.

1.8

El Comité suscribe el enfoque conceptual básico de ambos programas marco propuestos por la Comisión (PM7 y PM7-Euratom), no sólo en lo que se refiere al contenido temático y a su estructura, sino sobre todo al equilibrio entre los objetivos y los elementos de cada programa.

1.9

El Comité acoge con satisfacción que se incluyan los subprogramas «Energía», «Seguridad» y «Sector Espacial». Garantizar un suministro de energía suficiente, rentable y sostenible en la UE se ha convertido en uno de los problemas principales y prioritarios del equilibrio de intereses entre sostenibilidad, compatibilidad medioambiental y competitividad, y su solución radica en una investigación y desarrollo suficientes. Los despreciables ataques terroristas que se han producido recientemente han puesto claramente de relieve la enorme importancia que tiene el tema de la seguridad.

1.10

Muchos de los problemas por resolver son ámbitos transversales que afectan a varios subprogramas (incluidas las ciencias humanas y económicas). En tales casos, el Comité recomienda que se establezca para cada problema una coordinación global y los vínculos transversales necesarios. Así se podría ejercer todavía una influencia en la actual asignación presupuestaria de los distintos subprogramas y, en particular, en la parte presupuestaria prevista para los estudios económicos, que podría ser insuficiente.

1.11

El Comité se congratula de la intención de la Comisión de simplificar los procedimientos administrativos, reducir las cargas asociadas a los mismos y, de esta manera, aumentar la eficacia de los programas de investigación europeos. Las cargas actuales, en términos de trabajo y de costes, inherentes a los procedimientos de solicitud y autorización son muy elevadas y problemáticas para los usuarios de la ciencia y la industria. La participación en el programa de investigación europeo –incluido el riesgo asociado a la presentación de la candidatura– debería compensar a los participantes. Este se aplica también en particular a participantes pequeños, como las PYME, o pequeños grupos de investigación de universidades y centros de investigación.

1.12

Es esencial a tal fin garantizar una continuidad suficiente de las modalidades de solicitud y de ayuda, así como de las estructuras de cooperación y las formas de organización (instrumentos). La introducción de instrumentos nuevos, como las iniciativas tecnológicas comunes, debería ir acompañada de grandes precauciones y a título de prueba en un primer momento.

1.13

Habida cuenta del papel determinante que desempeñan las PYME en el Proceso de Lisboa, el Comité acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de reforzar la participación de las PYME en el proceso de investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, recomienda que en caso necesario, se aumente el presupuesto previsto si los recursos destinados al programa marco para la competitividad y la innovación (2007-2013) –que aquí no se examina y al que incumbe un importante papel de apoyo y de mediación– no fuesen suficientes.

1.14

Las perspectivas de éxito de las PYME especialmente creadas para desarrollar y comercializar nuevos productos de alta tecnología dependerán sobre todo de que tengan un capital inicial y un «capital-riesgo» suficientes para poder superar con éxito los primeros cinco a diez años de funcionamiento.

1.15

El Comité respalda el papel asignado al Centro Común de Investigación y su amplia gama de objetivos en muchos ámbitos, incluido el análisis de futuras tendencias en los ámbitos científico, tecnológico, económico y social, así como su importancia en términos de asesoramiento político.

1.16

El Comité se remite a los capítulos 2, 4 y 5 del presente dictamen para otras observaciones y recomendaciones más detalladas.

2.1

El futuro científico, social y cultural de Europa. La evolución futura de Europa y su posición en las relaciones de fuerza internacionales están determinadas sobre todo por la competencia en el mercado mundial, con los cambios que se están produciendo en el sector industrial, la estructura económica, el mercado de trabajo y la situación de las materias primas. En este contexto, el crecimiento, el éxito y los resultados económicos (así como la capacidad derivada de estos factores para garantizar las prestaciones sociales y el florecimiento de la cultura) dependen de forma determinante del conocimiento disponible y de las inversiones en I+D tecnológico; las inversiones en I+D contribuyen considerablemente a elevar el potencial económico.

2.2

La situación mundial de la competencia. En este contexto, Europa compite por un lado con países de industrialización relativamente tradicional, como Estados Unidos, Japón y Rusia, siendo necesario tener particularmente en cuenta que las inversiones de Estados Unidos (3) en todos los sectores asociados a la investigación y al desarrollo son claramente superiores a las comunitarias, por lo que la brecha ya existente se hace cada vez más profunda. Y por otro lado, Europa compite igualmente con potencias económicas que experimentan una rápida expansión como China, India, Brasil, Corea, etc.

2.3

La carrera mundial de la investigación. Estos últimos países no solo tienen frente a la UE una mano de obra mucho más barata, sino que además se caracterizan por sus rápidos progresos al nivel científico y tecnológico, y por efectuar importantes inversiones en formación, I+D. Por tanto, cada vez es más difícil para la UE proteger sus elevados costes salariales (en comparación con los países mencionados) y sus exigentes normas sociales y medioambientales mediante un liderazgo científico y tecnológico que se traduzca en productos y procedimientos consecuentemente superiores. Así pues, Europa tiene que poner en marcha todos sus motores para no perder esta carrera mundial, decisiva para su futuro, consistente en incrementar las inversiones en I+D.

2.4

Valores y atractivo generales – Cooperación internacional. Es preciso reconocer que la capacidad de rendimiento técnico y científico determina no sólo la competitividad de las economías y su potencial para atraer a inversores, científicos e ingenieros (fuga de cerebros), sino también la influencia y el prestigio cultural y político. La UE deberá mantener su posición de socio competente y solicitado, y conservar su prestigio político mundial en el sistema global.

2.5

La Estrategia de Lisboa. Por estos motivos, el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) decidió hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo (4). Desde entonces, la realización de la Estrategia de Lisboa, que incluye la creación de un importante espacio de investigación europeo, constituye una pieza clave de la política comunitaria. En la primavera de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona definió los objetivos del apoyo a la investigación de manera cuantitativa: el gasto total en la UE debería aumentar hasta 2010 a un 3 % del PIB, dos tercios de los cuales debían proceder del sector privado (objetivo del 3 %). El Comité, no obstante, señala que este objetivo, debido a la competición mundial en materia de inversiones, es un objetivo móvil; el que no lo alcance a tiempo quedará siempre rezagado.

2.6

La necesidad de un sólido programa de investigación comunitario. La investigación y el desarrollo fomentados por la Comunidad Europea no solo complementan los programas de investigación de los Estados miembros, sino que además se traducen en un importante valor añadido europeo. Crean potenciales que sobrepasan claramente las capacidades de los distintos Estados miembros y ya han conseguido que los avances europeos gocen de un prestigio internacional (5). Tienen un decisivo y estimulador efecto de motor e integración en los programas nacionales de investigación de los Estados miembros, necesarios y más amplios. Responden al carácter internacional de la ciencia, la investigación y la producción y al mercado de trabajo internacional necesario para esos fines.

2.7

Catalizador de la integración y cohesión europeas. La investigación y el desarrollo europeos tienden un puente entre las elites europeas de la investigación, la industria europea y los poderes ejecutivos europeos. Son un catalizador fundamental de la integración, cohesión e identidad europeas.

2.8

Las propuestas de la Comisión. La Comisión presenta propuestas con medidas financieras y de contenido que la UE necesita urgentemente para fomentar la investigación y el desarrollo, y así poder realizar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Estas medidas, pese a su aumento, siguen abarcando sólo un porcentaje relativamente bajo, es decir, actualmente apenas un 8 % del presupuesto global de la UE para el período 2007-2013.

2.9

Además, las propuestas de la Comisión están vinculadas a la propuesta por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013), que no se examina en el presente dictamen. En particular, este programa también podría servir de intermediario entre el programa marco examinado y las innovaciones que muchas PYME necesitan.

2.10

El criterio para la fijación de prioridades. Por lo tanto, el hecho de que el Parlamento Europeo, el Consejo y –en particular respecto a las perspectivas financieras– los Estados miembros aprueben y concedan la prioridad necesaria a las medidas propuestas constituirá una prueba definitiva de la seriedad, la eficacia y la credibilidad de la política comunitaria (véanse igualmente los puntos 4.2 a 4.6).

3.1

El Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013), en lo sucesivo PM7, se diferencia de su antecesor gracias a tres nuevas características:

3.2

En cambio, el período de aplicación del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011), en lo sucesivo PM7-Euratom, se mantiene, aunque naturalmente abarca a la UE-25.

3.3

El PM7 se articula en cuatro programas específicos, que corresponden a cuatro objetivos fundamentales de la política de investigación europea:

3.4

El importe global propuesto de la participación financiera de la Comunidad en el Séptimo Programa Marco ascenderá a 72 726 millones de euros. Esta cantidad se distribuirá entre las actividades y acciones mencionadas en los apartados 2 a 6 del artículo 2 (en millones de euros) de la siguiente manera:

3.5

El programa «Cooperación», con un presupuesto global previsto de 44 432 millones de euros se estructura en subprogramas temáticos prioritarios. De esta manera se garantizará cierta homogeneidad entre los subprogramas y se permitirá la adopción de enfoques multitemáticos. El programa abarca los nueve ámbitos de investigación siguientes, que habrán de ser llevados a cabo en la UE sobre la base de la cooperación transnacional. Se indica también la asignación presupuestaria porcentual propuesta.

3.6

El Programa Marco EURATOM se articula en dos programas específicos.

3.6.1

Uno de ellos cubre dos campos:

3.6.2

El otro programa cubre las actividades del Centro Común de Investigación en el campo de la energía nuclear.

3.6.3

El importe global destinado a la ejecución del PM7-Euratom para el período 2007 a 2011 será de 3 092 millones de euros. Este importe se reparte de la siguiente manera (en porcentajes):

3.7

Además, se incluye una descripción y una explicación detallada sobre los principios e instrumentos de ayuda propuestos, que ya se anunciaban en una Comunicación anterior de la Comisión (6), sobre la que el Comité ya emitió un dictamen detallado (7).

4.1

La propuesta de la Comisión objeto de examen es un documento muy extenso que recoge un programa muy ambicioso de I+D, con numerosos detalles, aspectos y vínculos con otras medidas. Por este motivo no será posible presentar explícitamente ni comentar en el presente dictamen todos los elementos y procedimientos propuestos en el programa. Así pues, las observaciones específicas solo afectan a ciertos aspectos que el Comité abordará con particular detenimiento. Al mismo tiempo se remite a sus recomendaciones anteriores (8) sobre cuestiones específicas importantes y destaca que siguen siendo plenamente válidas para el PM7. En futuros dictámenes del Comité sobre las comunicaciones de la Comisión relativas a los «programas específico» (9) o las normas de acceso (10) se recogerán consideraciones más amplias.

4.2

El Comité estima que los dos presupuestos propuestos constituyen una aportación mínima, que aún será preciso aumentar a largo plazo, no sólo para no poner en juego la posición de Europa, cuna de la ciencia y la tecnología modernas, sino también para mantenerla y reforzarla. Considera que se trata de un primer paso, encomiable y absolutamente necesario, para que la Comunidad se acerque al menos al objetivo político del 3 %  (11) definido por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Barcelona.

4.3

Sin una dotación financiera adecuada, los programas PM7 y PM7-Euratom no podrán cumplir su misión encaminada a realizar la Estrategia de Lisboa. Se corre incluso el riesgo de que en la carrera global Europa siga rezagada. La investigación y el desarrollo constituyen el punto de partida y el motor del proceso de innovación para la obtención de productos y tecnologías competitivos. Con ambos se puede desencadenar un proceso que repercuta también en la dinámica del crecimiento económico y en la situación del empleo.

4.4

La propuesta de la Comisión, por otra parte, es una señal clara en dirección a los Estados miembros para que por su parte sigan el ejemplo y hagan todo lo necesario con el fin de que también en el presupuesto nacional destinado a la investigación se alcance cuanto antes el objetivo del 3 %.

4.5

El Comité, por consiguiente, considera que el importe global de los dos presupuestos pendientes de aprobación es una prueba crucial de la política europea, su credibilidad y su capacidad de actuar. Así se podrá comprobar si la política europea establece efectivamente las prioridades necesarias y las orientaciones correctas para evitar un empeoramiento de la situación de la UE en la competencial global y para cumplir las promesas de los objetivos de Lisboa.

4.6

Llamamiento. El Comité, por consiguiente, pide al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y, en particular, a los Jefes de Gobierno de los Estados miembros que aprueben las inversiones, indispensables, propuestas por la Comisión en materia de I+D, de manera que no se conviertan en moneda de cambio de las negociaciones sobre el futuro presupuesto comunitario o resulten sacrificadas durantes dichas negociaciones. De lo contrario, no solo se producirían grandes desventajas, sino que además no se realizarían los objetivos de la Estrategia de Lisboa y se perjudicaría la imagen y la credibilidad de la política europea.

4.7

El Comité, por otra parte, hace un llamamiento a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados miembros y a la industria europea para que en los programas nacionales de investigación y las acciones de investigación de la industria se contribuya también a alcanzar lo antes posible el objetivo del 3 %.

4.8

El Comité suscribe la concepción básica de ambos programas marco propuestos por la Comisión (PM7 y PM7-Euratom). Esto es aplicable tanto a su contenido temático y a su estructura como, en la mayoría de los casos, al equilibrio general entre los objetivos individuales y los elementos del programa.

4.9

El Comité se felicita de que la propuesta de la Comisión incorpore o conceda particular importancia a un gran número de sus recomendaciones. En el contexto de los temas de investigación del programa específico «Cooperación», esto afecta por ejemplo a sus dictámenes sobre las nanotecnologías  (12), biotecnologías  (13), investigación sobre la salud  (14), tecnologías de la información  (15) , investigación energética  (16) (incluida la investigación sobre la fusión (17)), sector espacial  (18) y seguridad  (19). El Comité insiste nuevamente en que concede gran importancia a estos temas y hace un enérgico llamamiento para que reciban la consideración debida. El Comité abordará posteriormente las lagunas y otros aspectos particulares posibles.

4.10

En lo relativo al sector espacial y la investigación en materia de seguridad, el Comité había recomendado (y justificado) que su financiación y desarrollo no estuviesen regulados por el PM7. No obstante, el Comité estima que su regulación por el PM7 también tendría ciertas ventajas, como, por ejemplo, una administración simplificada y una mejor coherencia y sinergia con otros subprogramas. Así pues, propone que se intente integrar, en un primer momento, estos subprogramas en el PM7, para extraer las consecuencias pertinentes, llegado el caso en el marco de la evaluación intermedia o del PM8, de las experiencias obtenidas.

4.10.1

Dentro del subprograma sector espacial, el tema titulado «Aplicaciones espaciales al servicio de la sociedad europea» está vinculado como típico tema transversal (véase el punto 5) con los temas relativos a la seguridad, medio ambiente y tecnologías de la información.

4.10.2

En la investigación en el ámbito de las humanidades y ciencias socioeconómicas se deberían completar los temas (desgraciadamente muy actuales) de la investigación sobre la seguridad, tales como «Protección contra el terrorismo y la delincuencia», «Seguridad de las infraestructuras y empresas de servicios públicos», «Protección exterior», «Seguridad y sociedad», etc., con temas como «Investigación de los conflictos y de la paz» e «Investigación sobre la cultura», con el fin de recabar mayor información sobre las causas de los conflictos y las posibilidades de evitarlos o prevenirlos. Se debería prestar atención muy particular a la lucha contra el terrorismo, así como al control de armas de destrucción masiva (véase igualmente el punto 6.4.3).

4.11

El Comité se felicita de que también en el ámbito del programa específico «Ideas» se hayan incorporado sus recomendaciones (20). Estas recomendaciones hacían referencia sobre todo a la gestión autónoma del programa mediante un Consejo europeo de investigación, que estará formado por eminentes científicos internacionalmente reconocidos. El Comité reitera su recomendación de que se integre igualmente a destacados científicos de la investigación industrial. Por este motivo, recomienda especialmente al Parlamento Europeo y al Consejo que aprueben esta nueva modalidad de apoyo a la investigación, que debería aplicarse de manera análoga, por ejemplo al «Medical Research Council» (UK) o a la «Deutsche Forschungsgemeinschaft» (DE).

4.11.1

Este programa, basado en la promoción de la excelencia en todos los ámbitos científicos y tecnológicos, conducirá a un valor añadido europeo y contribuirá a reforzar la competitividad de la UE en el mercado mundial. El Comité destaca en particular que (21) solo una investigación fundamental basada en la libertad y la independencia, y sin condicionantes (aunque con ciertos límites) podrá suministrar la materia prima fundamental para el bienestar futuro, es decir, los nuevos conocimientos. La industria (22) también reconoce la importancia que tiene la investigación fundamental y las medidas de apoyo en su favor.

4.11.2

Este enfoque responde igualmente a la reiterada recomendación del Comité de conceder, en el seno del triángulo de la innovación (la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo (de productos y procesamientos)), la importancia que corresponda a estos tres pilares indispensables para crear las condiciones óptimas que garanticen un éxito total. Desde otro punto de vista, este enfoque se impone igualmente para la multidisciplinariedad propuesta por la Comisión. Además, el Comité señala nuevamente que las fronteras entre los conceptos de investigación fundamental, investigación aplicada y desarrollo siempre han sido fluctuantes y arbitrarias, por lo que no deben ser resaltadas artificialmente bajo ningún concepto mediante medidas administrativas.

4.12

Asimismo, el Comité acoge con satisfacción el refuerzo de las medidas en el ámbito de «personas» y en el programa Marie Curie incluido en ese ámbito. Este programa ha demostrado ser hasta el momento un instrumento excepcionalmente eficaz e importante para la formación y apoyo de la «comunidad científica europea», así como para reforzar el poder de atracción del espacio europeo de investigación para los investigadores de todo el mundo. El Comité insiste en que los investigadores no solo son los creadores de nuevos conocimientos, sino que además son los principales responsables o transmisores de dichos conocimientos entre países y continentes, así como entre organismos de investigación e industria, y, por tanto, entre la investigación y aplicación de sus resultados.

4.12.1

Dentro de este programa conviene igualmente destacar los objetivos de formación «a lo largo de toda la vida» y el desarrollo de las carreras, y de pasarelas y asociaciones entre la industria y la universidad. Mientras que el primer objetivo está encaminado a que los jóvenes investigadores adquieran cualificaciones y, en particular, prosigan su desarrollo profesional (incluido el desarrollo profesional de investigadores ya experimentados (véase también el siguiente punto)), el segundo objetivo persigue la creación y el fomento a largo plazo de programas de cooperación entre centros de estudios superiores y la industria, en particular las PYME, es decir, para respaldar el triangulo de innovación arriba mencionado. Por este motivo en particular es importante fomentar la movilidad entre el sector público y el privado. Esto debería incluir la movilidad y las asociaciones con, por ejemplo, instituciones agrarias o políticas.

4.12.2

El Comité menciona igualmente la función clave que desempeñan las universidades como instituciones de investigación y formación. Con el fin de garantizar su misión, las universidades tienen que disponer de una dotación en material y equipos, recursos presupuestarios para el personal y una organización estructural que respondan a este objetivo (véase igualmente el punto 4.15.4). Existe un grave déficit en este ámbito, en particular en comparación con las principales universidades, como en Estados Unidos. Por lo tanto, el Comité considera oportuno que la Comisión consagre a esta importante cuestión una comunicación específica, sobre la cual el Comité elaborará un dictamen. Por el momento, sólo cabe observar que es necesario adaptar los instrumentos de ayuda en función de la envergadura habitual de los proyectos acometidos por los grupos universitarios de investigación

4.13

El Comité, por otra parte, celebra los esfuerzos realizados por la Comisión para crear una imagen coherente de la profesión de «investigador europeo», desarrollar a tal efecto una trayectoria profesional segura y adaptar en consecuencia las normas del mercado. El Comité ya ha apuntado en anteriores ocasiones (23) que el recurso más sensible y valioso en el ámbito de la investigación y el desarrollo es el capital humano, y que apoya los esfuerzos de la Comisión por crear y preservar los recursos humanos. El Comité comparte el punto de vista de la Comisión de que la necesidad de introducir mejoras afecta tanto a la situación contractual de los investigadores como a la adaptación y transferibilidad de todos los elementos de la seguridad social, como pueden ser los seguros y las pensiones.

4.13.1

Si no se puede ofrecer a científicos jóvenes y capacitados una carrera profesional atractiva y programable (Estados Unidos: tenure-track), esos científicos investigarán fuera de Europa o se dedicarán a otras tareas. La movilidad de los científicos no sólo es necesaria y estimulante dentro de la UE, sino también entre la UE y otros países. No obstante, esto no debe conducir a una pérdida absoluta de los investigadores más brillantes (fuga de cerebros). A este respecto, un aspecto particular de la importante cohesión familiar es la opción de «parejas con doble carrera».

4.13.2

En este contexto, el Comité se remite a la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador  (24) y al Código de conducta para la contratación de investigadores, cuya misión es realizar los objetivos anteriormente mencionados. Se declara absolutamente de acuerdo con los objetivos expresados en ese contexto y con buena parte de las disposiciones específicas aprobadas a esos efectos. Por este motivo lamenta que la legislación recomendada sea excesivamente amplia en algunos puntos, lo cual dificulta la aceptación de la normativa en cuestión y su debida integración en la comunidad científica. Considera incluso que algunas de las fórmulas y recomendaciones escogidas son confusas o, por lo menos, poco claras o ambiguas (25). Esto puede dificultar la simplificación de los procedimientos (véase el siguiente punto) o conducir a decisiones erróneas. Por lo tanto, el Comité recomienda que cuando proceda se revise esa importante normativa.

4.14

En este contexto, el Comité expresa igualmente su satisfacción por la intención manifiesta de la Comisión de aligerar, bajo el nombre de «Simplificación», numerosas medidas y disposiciones de los procedimientos de solicitud y decisión, y así facilitar considerablemente los trámites a los solicitantes. En efecto, las excesivas cargas actuales, en términos de trabajo y de costes, inherentes a los procedimientos de solicitud y autorización constituyen unos de los principales obstáculos para los usuarios de la ciencia y la industria. Esto último rige en particular para las PYME y su considerable potencial innovador, así como para pequeños grupos de investigadores en universidades. Métodos de investigación más sencillos aumentarían considerablemente la eficacia de las medidas comunitarias de apoyo a la investigación y contribuirían a mejorar la «imagen de Bruselas» (que desgraciadamente está marcada por los conceptos predominantes de «burocracia» y «reglamentación excesiva») ante los ciudadanos europeos. El Comité recuerda al respecto sus anteriores recomendaciones y su apoyo al Informe Marimon (26). A pesar del riesgo y de los gastos asociados a la presentación de la candidatura, la participación en el programa de investigación europeo debería compensar a los participantes.

4.14.1

El Comité es consciente de que este objetivo debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el conflicto de intereses entre la transparencia necesaria, las normas del Tribunal de Cuentas Europeo y el margen técnico de maniobra de las instancias decisorias. Esto puede y debe conducir a una mayor responsabilidad individual de los actores implicados (para lo cual será necesario revisar igualmente el riesgo asociado a su responsabilidad personal) por parte de la Comisión o de las agencias que actúen en su nombre. En lo relativo a sus conocimientos específicos, estos actores deberán responder también a exigencias muy elevadas. Por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de que en este ámbito se recurra a expertos específicos con mucha experiencia. El Comité se remite a este respecto a sus anteriores recomendaciones (27).

4.14.2

Con el fin de estimular la innovación y la excelencia, es particularmente importante estar dispuestos a aceptar la incertidumbre y el riesgo del fracaso. Los avances en los nuevos ámbitos científico-tecnológicos y en la investigación de lo desconocido no pueden ser planificados ni presentados de manera que se garantice su éxito. Por el contrario, si se sabe todo con antelación, no se pueden adquirir nuevos conocimientos. Así pues, no se debe considerar el «fracaso» como tal sino como una información útil en el proceso de ensayos y errores. Las oportunidades y los riesgos son dos caras de la misma medalla.

4.14.3

El Comité sólo recomienda la creación de agencias externas en aquellos casos en los que se garantice una clara mejora de los procedimientos de administración y se demuestre su rentabilidad económica. Es importante que los posibles costes administrativos suplementarios o externos no reduzcan el presupuesto realmente asignado a la investigación.

4.15

El Comité acoge con particular interés el subprograma integrado en el programa específico «capacidades» que agrupa los siguientes aspectos: infraestructuras de investigación, investigación en beneficio de las PYME, regiones del conocimiento, potencial de investigación, ciencia y sociedad, y medidas para la cooperación internacional.

4.15.1

Cabe destacar el importante objetivo encaminado a reforzar la participación de las PYME en los procesos de investigación e innovación, y crear las condiciones marco y los instrumentos necesarios para ello.

4.15.2

La ayuda a través del programa de innovación puede convertirse en un excelente instrumento para el fomento de las PYME  (28); No obstante, será necesario que los procedimientos no superen cierto umbral aceptable y adaptado a las PYME. En función del éxito que tenga el programa de innovación, el Comité estima que convendrá prever un aumento suplementario de las ayudas reservadas a las PYME, que se elevan actualmente al 15 %, en particular según las necesidades de los nuevos Estados miembros. El Comité recuerda al respecto sus anteriores observaciones en el sentido de que las perspectivas de éxito de las PYME especialmente creadas para desarrollar y comercializar nuevos productos de alta tecnología dependerán sobre todo de que tengan un capital inicial y un «capital-riesgo» suficiente para poder superar con éxito los primeros cinco a diez años de funcionamiento. A este ámbito pueden contribuir notablemente la investigación económica y la política económica.

4.15.3

Igualmente importantes son los objetivos encaminados a optimizar y desarrollar las infraestructuras de investigación, apoyar el desarrollo de las agrupaciones regionales impulsadas por la investigación y respaldar y dar libre curso al potencial investigador de las regiones comunitarias de convergencia y ultraperiféricas. La consolidación y la creación de nuevas infraestructuras de investigación favorecerán y estimularán la formación de agrupaciones regionales impulsadas por la investigación. Pero también en este caso se precisa una dotación suficiente de «capital riesgo», algo decisivo para el éxito de esas medidas.

4.15.4

El Comité destaca sobre todo que es importante adoptar medidas de infraestructuras suficientes con el fin de garantizar el refuerzo de la posición de las universidades (véase igualmente el punto 4.12.2). En este contexto, el Comité señala que en diversos lugares de la UE ya se han creado muy buenas agrupaciones de empresas de alta tecnología en torno a ciertas universidades y centros de investigación que transmiten crecimiento e innovación en el espacio económico circundante (polos de crecimiento económico). A este respecto véase el punto 4.16.2.

4.15.5

Entre las medidas de infraestructura importantes más adelante se examinará nuevamente la relevancia de los centros de cálculo europeos de rendimiento máximo (véase punto 5.8).

4.15.6

Por otro lado, el Comité recomienda que se extraiga el tema «ciencia y sociedad» (29), integrado en el programa «capacidades», para integrarlo en el subprograma prioritario «ciencias socioeconómicas y humanidades» cubierto por el programa «cooperación», siempre y cuando tenga participación en el programa «ideas». De esta manera se podrían aprovechar mejor las sinergias potenciales dentro de estos temas y se podrían establecer las relaciones transversales necesarias entre las diferentes medidas. Además, con ello se podría ver claramente que el presupuesto global de estos temas entrecruzados constituye un 3 % de los programas temáticos y prioritarios.

4.15.7

Una cooperación internacional de calidad y fructuosa en el ámbito de la investigación y la formación es un elemento fundamental de la cooperación global y responde a la naturaleza de la investigación y el desarrollo científicos. Las medidas de cooperación internacional  (30) recogidas en el subprograma «Capacidades» tienen por misión (véase el punto 4.13.1) establecer una cooperación con los países candidatos, los países vecinos de la UE, los países en desarrollo y las economías emergentes. El Comité considera adecuado que los subprogramas «cooperación» o «personas» posibiliten una cooperación igualmente importante con países particularmente avanzados en el ámbito científico y tecnológico, como Estados Unidos y Japón, que en algunos casos incluso se institucionaliza mediante acuerdos bilaterales especiales. El Comité reconoce que esta cooperación debe superar el marco de las necesidades asociadas a un ámbito determinado; no obstante, recomienda que se resalten y se hagan más visibles estos importantes hechos.

4.16

Continuidad e instrumentos de apoyo a la investigación (regímenes de financiación). En su dictamen anterior, el Comité ya presentó recomendaciones respecto a ambos aspectos, que reitera nuevamente. Ante lo indispensable de una mayor continuidad, señala nuevamente que es importante conservar aquellos instrumentos que hayan demostrado su valía y que se debería conceder a los solicitantes cierta flexibilidad en la elección de los instrumentos. Por otro lado, no se debería sancionar la elección de un instrumento (que no esté favorecido por la Comisión) en un procedimiento de inspección ni se deberían establecer jerarquías de los instrumentos en el marco de esos procedimientos. El Comité estima que la prolongación del período de programación del PM7 contribuirá a reforzar la continuidad, siempre y cuando se prevean los recursos presupuestarios necesarios.

4.16.1

Algunos instrumentos han cambiado de denominación o son absolutamente nuevos. En este punto, el Comité reitera su recomendación general encaminada, por un lado, a extremar la prudencia en la introducción de nuevos instrumentos (y también en su cambio de denominación, en aras de la continuidad necesaria) y, por otro lado, a dejar claro durante los ensayos necesarios de nuevos instrumentos que puede tratarse, en primer lugar, solamente de una fase de ensayo.

4.16.2

Además de las plataformas tecnológicas ya mencionadas, las iniciativas tecnológicas comunes constituyen un nuevo instrumento capaz de establecer asociaciones público-privadas durante un plazo más largo. Aunque el Comité lamenta que la Comisión no se haya pronunciado de manera más clara al respecto –señalando, por ejemplo, la diferencia respecto a las plataformas tecnológicas–, la industria y en particular las PYME tienen depositadas grandes esperanzas en esas iniciativas. Pueden conducir, entre otras cosas, a que se creen redes cooperativas entre grandes empresas y PYME, o con universidades y centros de investigación, así como a que, en general, el sector privado invierta más en I+D. (Véase también el punto 4.15.4). Por este motivo, no solo se deberían resaltar más claramente las condiciones marco y las modalidades de funcionamiento de las mencionadas iniciativas tecnológicas comunes, sino que además, tras cierto período de tiempo, se debería examinar si estos instrumentos responden a las expectativas asociadas a ellos.

4.16.3

La Comisión, en la introducción de nuevos instrumentos, debería evitar repetir los mismos errores que ya cometió con la introducción de las «redes de excelencia» (en PM6). En aquella ocasión, una política de información errónea se tradujo en confusión e interpretaciones divergentes por parte de todos los participantes, incluso en el seno de la Comisión. El Comité parte de la base de que más adelante podrá reexaminar algunos aspectos de este tema en otro dictamen. El Comité acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incluir los artículos 169 y 171 del Tratado CE en los regímenes de financiación.

5.1

Las observaciones particulares afectan principalmente a los subprogramas temáticos del programa «cooperación», que constituyen el núcleo del programa marco. Cabe señalar que el Comité aprueba la totalidad de las propuestas de la Comisión y recomienda que se apliquen.

5.2

Para empezar, el Comité examina la importante cuestión de los temas horizontales multidisciplinarios, que por su naturaleza precisan una coordinación o dirección general y que frecuentemente también incluyen el subprograma ciencias socioeconómicas y humanidades (véase también el punto 5.8). Por lo tanto, a pesar de la microestructura de los subprogramas, inevitable por razones administrativas, se deberían encaminar los esfuerzos a reconocer, examinar y utilizar el vínculo general de buen número de problemas pendientes de solución. Así pues, el Comité recomienda que se establezca para cada problema una coordinación general y los vínculos transversales necesarios.

5.2.1

En el capítulo 4 del presente dictamen ya se ha examinado la cuestión de la investigación en el ámbito de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, que forma parte de los temas horizontales.

5.2.2

Otro ejemplo digno de mención es el del desarrollo demográfico  (31). La investigación en este ámbito incluye el censo de datos, tendencias y factores demográficos, la cuestión inquietante de la baja tasa de natalidad en numerosos Estados miembros, y las consecuencias de una esperanza de vida media cada vez más larga. Este último aspecto plantea la cuestión de la necesidad de desarrollar las investigaciones y las técnicas de cuidados en el ámbito de la geriatría y la medicina (32). Un aspecto particularmente importante son las cuestiones socioeconómicas asociadas a la compleja problemática total.

5.2.3

También el tema de la salud (véase el punto 5.9) es, en definitiva, un tema horizontal, ya que la salud está influida por el modo de vida, las condiciones de trabajo, los factores medioambientales, una nutrición sana, vacunas, adicciones, etc.

5.3

Pero algunos subprogramas también presentan por ello mismo un carácter eminentemente horizontal. En efecto, sus resultados no solo mejoran directamente el rendimiento de la industria europea, sino que además benefician a otros subprogramas debido a los vínculos temáticos. (A este respecto véase nuevamente el punto 5.2).

5.4

Este es el caso en particular de los subprogramas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las biotecnologías, las nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción. Asimismo, el subprograma energía está íntimamente ligado a los subprogramas medio ambiente y transporte. Por lo tanto, en el mejor de los casos, solo se podrá realizar una evaluación cualitativa del equilibrio entre los distintos subprogramas. Así pues, es preciso examinar las siguientes observaciones a la luz de esta restricción.

5.5

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son tecnologías clave para todos los sectores de la industria, economía, servicios, ciencias y tecnología, incluida la seguridad y la defensa. Son un elemento determinante de la competencia mundial. Europa acusa igualmente un retraso claro, en particular frente a Japón y Estados Unidos, en el ámbito de la utilización de ordenadores de máximo rendimiento, esenciales para diversas cuestiones (investigación climática, investigación en materia de seguridad, investigación de materiales o para la síntesis de nuevos principios activos en el ámbito médico). Esto afecta tanto a la creación de los centros de cálculo europeos de rendimiento máximo (lo cual es más bien una misión del programa «capacidades» o del programa «infraestructura») como al desarrollo autónomo al nivel europeo de los correspondientes equipos y programas informáticos.

5.5.1

No obstante, llama nuevamente la atención que, como ya ocurrió con el PM6, la parte más grande del presupuesto se haya destinado al subprograma TIC. Teniendo en cuenta la importancia (incluso económica) de otros temas, como, en particular, la energía o la salud, cabe preguntarse si no sería posible o conveniente, en interés general de los subprogramas, llevar a cabo ciertos desplazamientos de las prioridades. La respuesta a esta pregunta depende, entre otras cosas, de la medida en que el programa TIC contribuya a los demás programas, como, por ejemplo, investigación en materia de seguridad o la investigación espacial.

5.5.2

Este ejemplo conduce al Comité a recomendar en general que para la gestión del PM7 se haga gala de suficiente flexibilidad en la asignación presupuestaria de los distintos subprogramas o que se aproveche la coherencia prevista entre programas, por ejemplo mediante licitaciones públicas comunes para varios subprogramas. Esta observación relativa a las TIC puede aplicarse de manera análoga a los subprogramas transportes y sector espacial (por ejemplo, aeronáutica).

5.5.3

El Comité reitera su satisfacción por el inicio del Proyecto Galileo, que es un modelo de la aplicación del principio de subsidiariedad. El Comité estima que esta tecnología y, sobre todo, su utilización presentan características típicas de un proyecto horizontal multidisciplinario, que además tiene un elevado potencial de innovación tecnológica.

5.6

El Comité reafirma su satisfacción por la creación del importante subprograma energía en el seno del PM7, como ya había recomendado en diversas ocasiones. No obstante y aunque el PM7-Euratom esté claramente centrado en la investigación energética, considera que se debería conceder aún mayor importancia a este tema crucial y extremadamente actual. La energía es el «alimento básico» de una economía competitiva: no sólo la enorme dependencia de la importación que tiene la UE es una fuente particularmente importante de inquietud, sino también la disminución de los recursos totales prevista a medio plazo. La investigación y el desarrollo constituyen la clave para solucionar el problema energético.

5.6.1

El Comité, por lo tanto, celebra la clara importancia concedida al desarrollo de las fuentes renovables de energía. Desempeñan un papel determinante en el conjunto de los problemas energéticos y medioambientales (calentamiento global). El Comité se remite al respecto a sus numerosos dictámenes (33), que abarcan todo el espectro de las necesidades de investigación para las fuentes renovables de energía: desde la geotermia hasta las técnicas de almacenamiento, pasando por la biomasa, la energía solar y la energía eólica. Con las ayudas del PM7, las fuentes de energía renovable obtendrán un respaldo adicional importante y complementario al ofrecido por las distintas medidas de apoyo a la comercialización (por ejemplo, las leyes en materia de alimentación de corriente eléctrica), las cuales a su vez están encaminadas a desarrollar productos comerciales. El Comité recomienda que se realicen estudios en los que se examine con mayor exactitud el balance energético de los sistemas de energía renovable, puesto que se han expresado dudas, por ejemplo, respecto al balance energético positivo de algunos biocarburantes (34).

5.6.2

El Comité, no obstante, también señala en particular que la utilización de los combustibles fósiles «clásicos», es decir el carbón, el petróleo y el gas natural  (35), seguirá siendo todavía durante algunas décadas la espina dorsal del suministro de energía europeo y mundial. Así pues, las medidas de I+D encaminadas a incrementar la eficacia de la extracción, transporte y explotación de estas fuentes de energía, y por lo tanto a la reducción directa o indirecta de las emisiones de gas con efecto de invernadero, tienen la máxima importancia económica y medioambiental. Si bien es cierto que estos aspectos están recogidos en el subprograma energía consagrado a la reducción de CO2 (incluido el secuestro y almacenamiento de CO2) y de mejora de la eficiencia, convendría velar por que les sean asignados los recursos necesarios. Además, estos aspectos presentan un vínculo sinergético con los subprogramas «materiales» y «transportes». El Comité expresa igualmente su satisfacción por el programa de investigación Carbón y Acero (36), estrechamente ligado al programa en examen.

5.6.3

Por lo tanto, el Comité recomienda que, paralelamente a las medidas de I+D en el ámbito de las fuentes de energía renovables, se conceda también a las tecnologías energéticas que utilicen combustibles fósiles una importancia acorde con su relevancia. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante los dos próximas decenios una gran parte de las centrales eléctricas que funcionan mediante combustión de energías fósiles serán sustituidas y será preciso construir nuevas centrales suplementarias (varios centenares en la UE). Desde un punto de vista económico y medioambiental, es fundamental utilizar las tecnologías más modernas. Por último, y sobre todo, se plantea una cuestión asociada a los elevados precios del petróleo, a saber, a partir de cuándo las tecnologías de extracción de carburantes a partir del carbón ofrecerán una alternativa económicamente competitiva.

5.6.4

Para información más detallada, el Comité se remite a sus anteriores y actuales dictámenes sobre investigación en el ámbito de la energía y el problema energético (37).

5.7

Finalmente, la mejora de las tecnologías energéticas forma también parte de las medidas más importantes para hacer frente a los cambios climáticos y a otras repercusiones medioambientales no previstas (38).

5.7.1

Así pues, convendría aprovechar el vínculo temático que tienen ambos programas para optimizar su eficacia. Mientras que el principal objetivo de los trabajos de investigación del subprograma Medio Ambiente (incluidos los cambios climáticos) es elaborar diagnósticos, el objetivo particular del subprograma Energía es la terapia.

5.7.2

Pero incluso dentro del subprograma Medio Ambiente se deberían crear y explotar importantes vínculos horizontales y sinergias entre el análisis y diagnóstico (por ejemplo «geología de los fondos marinos») y las posibles terapias (por ejemplo, «protección de los fondos marinos»).

5.8

Asimismo, el subprograma ciencias socioeconómicas y humanidades, completado mediante la asignación recomendada en el punto 4.15.5 del programa «Ciencia y sociedad», debería estar concebido como un tema horizontal. El Comité se remite también a su anterior recomendación encaminada a establecer un vínculo más sólido entre las ciencias naturales y las humanidades (incluidas las ciencias sociales), entre sus actores y también entre sus métodos y criterios (39). Las ciencias sociales y las humanidades deberían participar igualmente en las cuestiones esenciales de la investigación en materia de seguridad.

5.8.1

En este contexto, el Comité destaca en particular la enorme importancia que tienen los estudios económicos para desarrollar, a la luz de la competencia mundial y de otras repercusiones de la globalización, los mejores procedimientos para el mercado único y la Estrategia de Lisboa. El Comité insiste en que es indispensable elaborar estudios y entablar consultas políticas (véase igualmente el programa del Centro Común de Investigación, punto 5.10.1) sobre las causas del desempleo, los puntos fuertes y débiles de los distintos sistemas económicos y las causas, repercusiones y posibles cambios de orientación del desarrollo demográfico. Por último, y sobre todo, el Comité señala que es necesario elaborar estudios detallados sobre la correlación existente entre investigación, innovación y prosperidad.

5.8.2

Este aspecto no solo afecta a las ciencias jurídicas, sino también a los fundamentos científicos de todos los ámbitos políticos de la UE, como, por ejemplo, la política social, la política jurídica, la política económica (política monetaria, fiscal, de innovación, etc.) y la política en materia de seguridad. En particular, afecta a las cuestiones políticas, económicas y jurídicas del desarrollo interno de la UE, incluido el mercado único, la cohesión, la integración y la gobernanza.

5.8.3

Además, el Comité destaca la cuestión actual de la identidad política y cultural de la Unión Europea y de la concepción que tiene de sus fronteras. A estos efectos, convendría resaltar los elementos comunes de la «cultura europea» en el arte, la ciencia, la arquitectura, la tecnología y la moda, pero también en la historia ideológica, en los sistemas jurídicos, en la jerarquía de valores y en el gobierno de los Estados. La idea moderna de Estado surgió en Europa (y se realizó por primera vez en los Estados Unidos). Para ello se precisarán estudios más detallados sobre el concepto de cultura, sus facetas, sus imprecisiones, sus escalas de valores y los malentendidos que conlleva.

5.8.4

Debido a la variedad de cuestiones importantes, el presupuesto asignado al subprograma Ciencias socioeconómicas y humanidades podría ser insuficiente, a pesar de la integración prevista del presupuesto «Ciencia y sociedad». Con el fin de proceder a una evaluación definitiva en la materia, será necesario tener en cuenta todas las misiones de las humanidades previstas en los demás subprogramas, como, por ejemplo, la energía.

5.8.5

El Comité insiste muy especialmente en todas las cuestiones éticas que se presentan en ese cruce entre la ciencia, la investigación y aplicación, y entre los riesgos y oportunidades. Una cuestión importante, también para la Estrategia de Lisboa, es la relativa a las relaciones y los contrastes existentes entre las posturas dogmáticas/ideológicas, la apertura al riesgo y el progreso.

5.8.6

Este aspecto presenta nuevamente implicaciones con el tema Ciencia y sociedad. El Comité ya elaboró un extenso dictamen sobre este asunto (40). En el sentido igualmente de ese dictamen, el Comité también suscribe el conjunto de temas propuestos por la Comisión. Entre ellos se puede destacar el objetivo de aproximar al ciudadano la investigación y los conocimientos científicos, reforzar la comprensión mutua y orientar, en particular a los jóvenes, hacia carreras científicas. Sería conveniente crear un foro en el que los ciudadanos y consumidores puedan entrar en contacto con la ciencia y la investigación, y en el que puedan expresar su opinión.

5.8.6.1

En este contexto, el Comité considera particularmente importantes las medidas encaminadas a favorecer contactos directos o incluso «colaboraciones»: buenos museos tecnológicos, laboratorios especiales, «jornadas de iniciación sobre el terreno», etc. Sobre todo será preciso que, dentro de los programas escolares, se vuelva a conceder una importancia suficiente a la enseñanza práctica y de calidad de las ciencias naturales. Esto suscitará en particular el interés y la comprensión de las ciencias naturales y de la técnica. Sin conocimientos suficientes no se puede juzgar.

5.8.6.2

Los conocimientos de las ciencias naturales son igualmente imprescindibles para enseñar a reflexionar y para forjar una imagen clara del mundo.

5.8.6.3

Pero una mayor integración de los investigadores y de sus puntos de vista en los debates y procesos de decisión es también importante para este programa.

5.9

Otro subprograma particularmente importante es el tema de la salud, que ya ha sido examinado ampliamente y en numerosas ocasiones por el Comité. Esta tema incluye todos los trabajos de I+D relativos al diagnóstico, a las terapias, al alivio y a la prevención de enfermedades.

5.9.1

Para ello, se debería conceder prioridad en primer lugar al tratamiento y la prevención de las enfermedades que se caractericen por una elevada tasa de mortalidad y morbilidad –en niños, adultos y personas de edad avanzada–, o que, como consecuencia de epidemias incontrolables, puedan tener una tasa particularmente elevada de mortalidad.

5.9.2

El aumento continuo de la esperanza media de vida es atribuible tanto a los éxitos de los avances médicos como a una oferta alimentaria cada vez más sana y de mejor calidad. Por otro lado, es cierto que se presentan cada vez más enfermedades asociadas al estilo de vida (por ejemplo, obesidad (41), tabaquismo), así como enfermedades profesionales y dolencias asociadas a la edad. Ya se ha mencionado arriba (42) la importancia que tiene este tema, puesto que no solo plantea importantes problemas médicos y humanos, sino también económicos (debido a la capacidad para trabajar o a los costes de la asistencia sanitaria); es también importante para todo lo relativo a la organización y financiación del sistema sanitario y la aplicación del progreso médico. Lo mismo se puede decir de los trabajos de investigación encaminados a atenuar discapacidades, es decir, a elevar la calidad de vida de los discapacitados y a facilitar su posible integración en la vida laboral.

5.9.3

No obstante, los problemas planteados por las discapacidades y los que plantea la salud no coinciden. Por este motivo, se deberían considerar las discapacidades en todos los sectores importantes del programa.

5.9.4

Asimismo, el Comité destaca la dimensión internacional del tema de la salud: por un lado, en lo relativo a la cooperación entre los países que llevan a cabo una investigación intensa y fructífera, y por otro lado, en lo relativo a los aspectos de la ayuda al desarrollo en el ámbito de la salud. Así pues, es particularmente importante la cooperación con la OMS (Organización Mundial de la Salud).

5.9.5

La propagación mundial de nuevos gérmenes es también un tema internacional, motivo por el que es igualmente muy importante colaborar con la OMS.

5.9.6

Por otro lado, la cooperación internacional permite realizar estudios clínicos minuciosos de la población, no solo en términos generales, sino también en función de la edad: niños, adultos, personas de edad.

5.9.7

Las importantes actividades de I+D ejercidas por el sector privado (industria farmacéutica y fabricantes de equipos) en el ámbito de la salud constituyen un excelente ejemplo de la aplicación del artículo 169 sobre las asociaciones entre la investigación del sector privado y la investigación financiada por fondos públicos (también por parte de los Estados miembros).

5.10

El Centro Común de Investigación (excluidas las actividades nucleares)

5.10.1

El Centro Común de Investigación (CCI) trabaja en ámbitos cuya finalidad es respaldar científica y tecnológicamente a las políticas comunitarias. Entre esos ámbitos cabe destacar el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático, los alimentos, la energía, el transporte, los productos químicos, los métodos alternativos a los experimentos con animales, la política de investigación, las tecnologías de la información, los procedimientos y materiales de referencia, los riesgos, peligros e incidencias socioeconómicas de la biotecnología y las técnicas de modelización y análisis econométrico. Otra misión del CCI consiste en desarrollar datos de referencia técnico-científicos para diversos ámbitos de la protección del medio ambiente y del seguimiento de los datos alimenticios. Así hace una valiosa contribución a la elaboración de normas comunitarias.

5.10.2

El Comité considera que otra misión comunitaria es la coordinación, basada en el reparto de tareas, de los organismos nacionales responsables de metrología y tipificación con una participación simultánea en sus programas. En interés del mercado único y, en general, de la integración europea convendría plantearse la creación de una «Agencia Europea de Normas», en cooperación con los correspondientes organismos nacionales, las industrias interesadas y el CCI. La multiplicidad actual de organismos ofrece la posibilidad de experimentar métodos paralelos, comparar métodos y desarrollar métodos nuevos sobre la base de equipos y coordinación particularmente fiables.

5.10.3

El Comité toma nota con satisfacción de que las actividades del CCI se integran en las de la comunidad científica internacional. No obstante, considera dicha integración igualmente importante respecto a las ciencias socioeconómicas y humanidades mencionadas en el punto 5.8.

6.1

La fusión termonuclear controlada. El Comité reitera la opinión que ya expresó en su reciente Dictamen sobre «la energía de fusión» (43), en el sentido de que la utilización con fines pacíficos de la energía de fusión podría contribuir de manera importante a resolver a largo plazo el problema del suministro de energía, en términos de sostenibilidad, compatibilidad con el medio ambiente y competitividad. Al igual que la fisión nuclear, la fusión nuclear no emitiría gases de efecto invernadero y además presentaría otras ventajas importantes.

6.1.1

El Comité felicita a la Comisión y a los demás responsables afectados por el éxito de sus negociaciones, igualmente respaldadas por el Comité, gracias a las cuales se ha decidido instalar en Europa el importante proyecto internacional ITER. ITER  (44) constituye un paso decisivo hacia el futuro reactor de prueba DEMO. Esta decisión implica igualmente la obligación de financiar contractualmente ITER y los programas preparatorios y de seguimiento necesarios, así como los programas preparatorios para DEMO.

6.1.2

A este respecto, el Comité pide también a los Estados miembros que participen de manera clara en los programas europeos de fusión y respalden consecuentemente a aquellos laboratorios que estén asociados con dicho programa. El Comité es consciente de que el programa fusión entrará de esta manera en una fase cuya realización exigirá igualmente un presupuesto consecuente y más elevado respecto a los presupuestos pasados. No obstante, habida cuenta del potencial que tiene esta fuente de energía y de la gravedad del problema energético, el Comité considera que el esfuerzo está justificado.

6.1.3

Para información más detallada, el Comité se remite a su anterior dictamen sobre este asunto (45). En ese dictamen expone los trabajos preparatorios para el desarrollo de DEMO (elaboración de materiales, generación en la envoltura, concepto del sistema, etc.) así como las investigaciones realizadas para mejorar los conceptos de confinamiento.

6.2

Fisión Nuclear y Protección contra las Radiaciones. La energía nuclear es la fuente más importante disponible actualmente de electricidad de base sin emisión de dióxido de carbono. No obstante, a una parte de la población le preocupan los riesgos asociados a su funcionamiento y al secuestro seguro de los combustibles nucleares irradiados. El Comité se remite a sus dictámenes sobre energía nuclear (46) (fisión nuclear) y sobre el llamado paquete nuclear (47). En este último dictamen, el Comité señaló que «apoya el proyecto de la Comisión de seguir fomentando con determinación la investigación en el ámbito de la seguridad de las instalaciones nucleares y la eliminación de los residuos radiactivos y coordinarla a nivel comunitario». Las medidas propuestas por la Comisión tienen dicho objetivo y el Comité considera su contenido satisfactorio.

6.2.1

Sistemas de reactores. Se trata de trabajos de investigación que, por una parte, presten apoyo a la seguridad continua del funcionamiento de los actuales sistemas de reactores (incluidas las instalaciones del ciclo del combustible), y que, por otra parte, sirvan para evaluar el potencial y los aspectos de seguridad de los futuros sistemas de reactores.

6.2.1.1

El Comité considera particularmente importante este último objetivo, que debería conducir al desarrollo de sistemas de reactores innovadores. La historia de la tecnología muestra que los avances más importantes se pueden lograr gracias al desarrollo innovador y a la sucesión de generaciones de sistemas y conceptos. Habida cuenta de la importancia que tiene la energía nuclear para la política energética, convendría explotar y aprovechar los potenciales aún existentes: refuerzo de la seguridad, reducción de residuos radiactivos (particularmente duraderos), utilización moderada de los recursos y explotación de otros recursos.

6.2.2

Protección contra las radiaciones. El objetivo consiste en profundizar la base científica de la protección de la población frente a las radiaciones ionizantes asociadas a la utilización de la radiactividad o de otras fuentes de radiación en la medicina, investigación e industria (incluida la producción de energía nuclear). Un objeto de estudio particularmente importante es el efecto que tiene la exposición a radiaciones de escasa intensidad, por ser muy difícil de determinar estadísticamente y por ser objeto de continuas controversias.

6.2.3

Las investigaciones encaminadas a mejorar el control y seguimiento técnico de las medidas de no proliferación de armas nucleares o de tecnologías para su producción son igualmente importantes.

6.3

Tanto para el desarrollo de centrales eléctricas de fusión nuclear como para la seguridad de funcionamiento y la mejora de los reactores de fisión nuclear es indispensable formar a una nueva generación de investigadores altamente cualificados y numerosos, y entrenarlos en las instalaciones de experimentación adecuadas. A tal fin, es fundamental que se refuerce la importancia de la energía nuclear en Europa y que, por consiguiente, se incremente el interés de los jóvenes científicos. De conformidad con las normas acreditadas, convendrá establecer una simbiosis entre la investigación y la formación.

6.3.1

Para información más detallada, el Comité se remite a su anterior dictamen sobre este asunto (48).

6.4.1

El Comité se felicita de que el Centro Común de Investigación (CCI) respalde la adopción de decisiones en el plano político en el ámbito nuclear, incluida la aplicación y control de las estrategias existentes y de las reacciones frente a los nuevos desafíos.

6.4.2

El Comité considera también lógico que el programa «nuclear» del CCI se concentre en los temas principales de la gestión de residuos, la seguridad y el seguimiento, puesto que estos son precisamente los temas que preocupan a los ciudadanos y precisan soluciones fiables. El Comité parte del principio de que estas actividades se vincularán y coordinarán con las de los Estados miembros.

6.4.3

El Comité opina igualmente que es importante desarrollar procedimientos que permitan controlar aún mejor la no proliferación de armas nucleares o de las técnicas para su fabricación (véase igualmente el punto 4.10.2).

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/22

1.1

Muchos indicadores del crecimiento, el empleo y la innovación muestran que en los últimos años la Unión Europea se ha quedado rezagada en lo que respecta a la competencia mundial y que esta tendencia persiste. El principal reto económico y social que así se plantea a la UE es la lucha contra el desempleo, la creación de nuevos puestos de trabajo y, a tal fin, el fomento del crecimiento económico sobre una base sostenible.

1.2

Para las empresas es sumamente importante que se haga frente a estos retos. El 98 % de las empresas europeas son pequeñas y medianas empresas (PYME). Representan el 55 % de los puestos de trabajo en el sector privado. El potencial de innovación de las PYME en lo que respecta a procesos de producción, productos y servicios es considerable.

1.3

Muchas empresas se benefician de las ventajas que ofrece el mercado interior europeo. Sin embargo, a menudo no pueden aprovechar completamente este potencial debido a los obstáculos que persisten, a la limitación de su capacidad financiera y de personal y a la falta de información. Para remediar estas carencias puede recurrirse a una aplicación consecuente de la Estrategia de Lisboa, al perfeccionamiento del mercado interior y a una mayor apertura del mercado, a la mejora de la legislación y a programas de ayuda que creen valor añadido europeo.

1.4

También unas administraciones modernizadas y unos servicios públicos que funcionen con eficiencia pueden contribuir significativamente a fomentar la innovación y la competitividad en Europa. Los hermanamientos transfronterizos en todos los niveles pueden servir para mejorar la cooperación administrativa, cada vez más necesaria, facilitar el intercambio de información y mostrar ejemplos de mejores prácticas a todos los interesados.

2.1

El objetivo del «Programa marco para la innovación y la competitividad» (en adelante denominado «Programa marco») es contribuir, en el periodo de 2007 a 2013, a aplicar la Estrategia de Lisboa con su nuevo centro de atención, así como la Estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible.

2.2

El Programa marco es la continuación de varios programas de ayuda comunitarios actualmente existentes en distintos ámbitos, y los agrupa en torno a un fundamento jurídico coherente. La Comisión propone un marco financiero de referencia de 4 212,6 millones de euros.

2.3

El Programa marco se dirige a todos los Estados miembros de la UE, a los países candidatos a la adhesión, a los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y a los países de los Balcanes occidentales. Podrán participar también otros terceros países si los acuerdos bilaterales así lo prevén.

2.4

El objetivo del Programa marco es fomentar la competitividad de las empresas, en particular de las PYME, impulsar las innovaciones y su comercialización, acelerar el desarrollo de la sociedad de la información y promover la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía nuevas y renovables.

2.5

De conformidad con los artículos 156, 157.3 y 175.1 del TCE, se creará un fundamento jurídico global y coherente para algunos programas de ayuda específicos comunitarios y para los apartados correspondientes de otros programas de la Unión orientados hacia ámbitos esenciales, con vistas a reforzar la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible en Europa. Al mismo tiempo se abordarán aspectos medioambientales complementarios. El Programa marco consta de tres subprogramas específicos.

2.6

El «Programa para la iniciativa empresarial y la innovación» tiene por objetivo establecer el marco de las medidas destinadas a fomentar la iniciativa empresarial, la innovación y la competitividad. Está dirigido a las PYME de todos los sectores de la economía, desde los tecnológicamente avanzados a los tradicionales. El objetivo es mejorar la financiación de las PYME en sus fases iniciales y de expansión. Entre otras prioridades figuran también la cooperación entre empresas, la ayuda a la innovación y la promoción de las tecnologías del medio ambiente. Está prevista una financiación de 2 631 millones de euros.

2.7

El «Programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación» tendrá por objeto fomentar la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas, las administraciones y los servicios del sector público. Las medidas propuestas concretan y complementan la nueva iniciativa comunitaria «i2010» que en los próximos años proporcionará un marco para desarrollar un espacio europeo único de la información y reforzar el mercado interior de los productos y servicios de información. El programa está dotado con 801,6 millones de euros.

2.8

El objetivo del «Programa Energía inteligente – Europa» es apoyar el desarrollo sostenible en el ámbito de la energía, aumentar la seguridad del abastecimiento y la eficiencia energética, reducir la dependencia de las energías importadas y aumentar a un 12 % la cuota de energías renovables en el consumo interior bruto. Se hará hincapié en los proyectos de promoción y difusión de las tecnologías energéticas sostenibles, en la mejora de las estructuras administrativas y en la intensificación de las redes, así como en la sensibilización general a favor del uso sostenible de la energía. La «Agencia ejecutiva de energía inteligente» fundada por la Comisión proseguirá sus actividades. Para este programa se han previsto 780 millones de euros.

2.9

La aplicación del Programa marco se efectuará sobre la base de programas de trabajo anuales, cuya aplicación garantizará la Comisión. Se crearán comités de gestión que velarán por el seguimiento de las medidas en los Estados miembros y la coherencia con las actividades nacionales.

3.1

La propuesta relativa al Programa marco es amplia y cubre múltiples políticas y programas.Las observaciones se limitarán a aspectos a los que el Comité atribuye una importancia especial o en los que el Comité desea se tengan en cuenta otros puntos de vista.

3.2

El Comité acoge con satisfacción el Programa marco por considerarlo un paso importante hacia el establecimiento de sinergias que permitan fomentar la competitividad y la capacidad de innovación de las empresas y un desarrollo sostenible. Las acciones y los instrumentos propuestos pueden contribuir considerablemente a reforzar la cohesión social, fomentar un desarrollo sostenible de la economía y alcanzar los objetivos de crecimiento y de empleo de la Estrategia de Lisboa. En su programa comunitario sobre la redinamización de la Estrategia de Lisboa (COM(2005) 330 final), la Comisión destaca también, lógicamente, el Programa marco como un elemento fundamental de la política comunitaria.

3.3

El Informe Kok de 2004 señaló las principales condiciones decisivas para la competitividad de la economía europea. Recomendó con razón seguir desarrollando la sociedad del conocimiento, completar el mercado interior, mejorar el entorno económico, modernizar el mercado de trabajo –también mediante estrategias de «aprendizaje permanente» y «envejecimiento activo»– y fomentar la sostenibilidad medioambiental. El Comité considera que los Estados miembros están particularmente obligados a hacer todo lo posible para aumentar la capacidad competitiva de las empresas mediante las condiciones marco adecuadas. Considera que, a este fin, los programas de ayuda de la UE son un complemento importante y eficaz. Además del Programa marco, cabe citar como especialmente relevantes el Programa marco de investigación, la Estrategia de aprendizaje permanente y los Fondos Estructurales.

3.4

Las empresas incrementan su potencial de innovación no sólo mediante el recurso a los adelantos tecnológicos. A la innovación contribuyen también una mayor vinculación del mundo empresarial con la sociedad y la cultura de cada país, un mayor conocimiento de las técnicas de gestión, una gestión empresarial responsable y el desarrollo de actividades transfronterizas. En los objetivos del Programa marco habría sido un error dar una definición demasiado estricta del concepto de innovación, desperdiciando de ese modo la oportunidad de consolidar el crecimiento, el empleo y la cohesión social. Las empresas son actores principales en el proceso de innovación, en cuya aplicación deben participar de manera apropiada los interlocutores sociales.

3.5

La innovación surge de la mente de los seres humanos. Un mayor nivel de educación y de formación profesional es la condición previa para que aumente de forma constante el potencial de innovación en la Unión Europea. Los empresarios, los trabajadores, los gobiernos, las instituciones académicas y los centros de enseñanza, así como el resto de las instancias pertinentes, tienen en igual medida la obligación de seguir aumentando el potencial de innovación de nuestras sociedades. Los proyectos transfronterizos son apropiados para complementar los esfuerzos nacionales orientados a impulsar la sociedad de la información. El Comité acoge con satisfacción que la UE promueva de forma específica la educación y la formación en el marco, entre otros, de los programas Sócrates (educación general), Tempus (educación superior) y Leonardo da Vinci (formación profesional). El Programa de acción integrado de educación, formación y aprendizaje permanente para el período 2007-2013 puede contribuir también de forma importante a aumentar el potencial de innovación de las empresas y al éxito del Programa marco.

3.6

El Comité se congratula del propósito de la Comisión de reforzar el potencial de innovación y la competitividad de las empresas mediante la introducción de mejoras en la legislación y una revisión sistemática del ordenamiento jurídico vigente para detectar cargas desproporcionadas. Es especialmente importante llevar a cabo una evaluación de impacto eficaz de nuevas normativas. En la evaluación de impacto, la Comisión debería trabajar en estrecho contacto con el Consejo de Competitividad y con el Parlamento Europeo.

3.7

El Comité comparte la opinión de la Comisión de que las acciones horizontales y medidas de coordinación por parte de la UE pueden crear un mayor valor añadido. Será muy importante garantizar que las empresas dispongan de la información más práctica posible y permitirles un fácil acceso a las acciones e instrumentos del Programa marco.

3.8

El Comité respalda el objetivo de la Comisión de que el Programa marco apoye no sólo a los sectores muy desarrollados tecnológicamente, sino también a los sectores económicos tradicionales. Son precisamente estos los que, si se les ofrecen las condiciones para desarrollar su potencial competitivo y de innovación, pueden contribuir aún en mayor medida a luchar contra el desempleo y aumentar la cohesión social. También en los sectores de servicios y de logística existe un potencial de innovación considerable.

3.9

El Comité pide a la Comisión que no defina de manera demasiado estricta los grupos destinatarios del Programa marco, con objeto de que se cree el máximo valor añadido posible en todos los sectores y regiones. También las cooperativas, empresas asociadas y mutualidades, así como empresas de nueva creación y microempresas innovadoras, pueden contribuir a aumentar la competitividad y el potencial de innovación en la UE. De este modo podrán aprovecharse ahorros de escala derivados –por ejemplo– de cooperativas, los cuales repercutirán positivamente en el acceso al mercado (incluida la participación en licitaciones públicas de gran volumen), en la posición de mercado, en el desarrollo de la capacidad del personal directivo, en la formación continua y en la capacidad investigadora. Para acceder a los proyectos del Programa marco debería ser determinante en qué medida los grupos destinatarios desarrollan conceptos sostenibles que contribuyan a la competitividad y la innovación y justifiquen el apoyo. Las fundaciones, las asociaciones y las cámaras de comercio e industria desempeñan un papel importante en la difusión del programa marco.

3.10

Habida cuenta de las restricciones presupuestarias en los Estados miembros y en la Unión se han puesto límites a la dotación económica del Programa marco. El Comité confía en que en el marco del debate aún abierto sobre las perspectivas financieras futuras se asignen fondos suficientes para el Programa. Al mismo tiempo hay que garantizar que los fondos se utilizarán en beneficio de los grupos destinatarios de la manera más específica, eficiente y centrada en la obtención de resultados. La Comisión debería evaluar en qué medida los recursos que ya están previstos para la gestión del Programa pueden ser utilizados para los proyectos.

3.11

El Comité celebra la intención de la Comisión de aprovechar su experiencia con los programas en curso, a fin de corregir posibles deficiencias y basar la aplicación del Programa marco en prácticas contrastadas. Una evaluación comparativa y un seguimiento verificables por todas las partes interesadas favorecerán el éxito del Programa marco. En la planificación anual del trabajo deberían tenerse en cuenta oportunamente los conocimientos que contribuyan a optimizar el Programa marco. La Comisión y las instancias responsables de la ejecución del Programa deberían valorar con sentido crítico si el balance intermedio proporciona indicios de la necesidad de realizar adaptaciones. Para ello deberían tenerse en cuenta las experiencias de las empresas y de los demás grupos destinatarios. No obstante, en ningún momento podrá ponerse en peligro la seguridad de planificación de todos los participantes en el proyecto.

3.12

El Comité considera de la mayor importancia que los Estados miembros tengan en cuenta el concepto de «adicionalidad». Les pide encarecidamente que, independientemente de la financiación complementaria de la UE, mantengan las acciones de fomento nacionales en el volumen previsto. El Comité considera que los Estados miembros están vinculados al objetivo acordado de destinar el tres por ciento del producto interior bruto a la investigación y el desarrollo. La aplicación del Programa marco no puede llevar en ningún caso a que los Estados miembros cejen en sus esfuerzos para alcanzar este objetivo.

3.13

La Comisión destaca con toda razón la necesidad de vincular estrechamente los instrumentos y las acciones del Programa marco con otros programas e iniciativas de la UE. Existen conexiones especialmente relevantes con el Séptimo Programa marco de investigación, con la estrategia de aprendizaje permanente y con los programas de la política estructural. La Comisión debería velar por que todas las direcciones generales implicadas se pongan de acuerdo sobre los objetivos. Deberá garantizarse la transparencia de las actividades y decisiones de todos los grupos interesados relevantes. Las sinergias horizontales y verticales entre la UE y los Estados miembros y entre el sector económico, científico y administrativo sólo se lograrán plenamente si las prioridades en cuanto a contenidos y organización de estos programas han sido objeto de buena coordinación.

4.1

En la aplicación del Programa marco los grupos destinatarios deberán poder acceder fácilmente a los programas propuestos. En el pasado eso no siempre estuvo garantizado de manera suficiente. La financiación deberá realizarse de manera eficiente, pragmática y con el mínimo de trámites burocráticos (sobre todo en lo que respecta a la presentación de informes y documentación).

4.2

La Comisión debería gestionar el Programa marco con un planteamiento coherente, eficiente y fácil de utilizar para los interesados. Todos los que participen en la aplicación del Programa marco deberán estar obligados al respeto de la seguridad de planificación y de la transparencia. Recurrir a una agencia externa a la que se encomiende la gestión administrativa de los programas sería razonable si ello permitiera simplificar considerablemente los procedimientos administrativos y reducir los costes.

4.3

El Observatorio de las PYME de la Comisión debería efectuar un seguimiento aún más intensivo de la aplicación del Programa marco. Ello podrá mejorar aún más el intercambio de información y de experiencia entre los Estados miembros, entre las empresas y entre los sectores económicos, científicos y administrativos. Los informes del Observatorio deberían ser examinados desde un punto de vista pragmático y próximo al de los grupos destinatarios. Sería de gran ayuda que el ámbito de competencias del Observatorio se definiera de manera que quedaran claras las contribuciones de todos los grupos destinatarios (en el sentido del punto 3.9).

4.4.1

El acceso al capital sigue estando muy limitado tanto para las PYME como para las microempresas innovadoras, aunque este problema se conoce desde hace años. En esta cuestión debe actuarse sin demora. Los instrumentos de financiación previstos en este Programa tienen una importancia decisiva para el éxito de la política europea en materia de empresa. El Comité estima que ello puede dar lugar a un efecto multiplicador y un efecto palanca considerables.

4.4.2

El Comité recomienda que los recursos se asignen a intermediarios financieros adecuados, con objeto de rebajar los costes de financiación (incluidos los costes de personal y de administración), así como de reducir los riesgos de financiación. El mecanismo de ayuda financiera a las PYME innovadoras y de rápido crecimiento (MIC), el mecanismo de garantía PYME y el sistema de desarrollo de capacidades deberían contribuir a facilitar a las empresas la financiación a través de préstamos y el acceso al capital-riesgo. La concesión de créditos a PYME y microempresas innovadoras, en particular en sus fases iniciales y de expansión, aumentará su capacidad de crecimiento y de empleo. También deberían concederse pequeños créditos y microcréditos para proyectos apropiados.

4.4.3

El Comité recomienda que el desarrollo y la intensificación de actividades transfronterizas se consideren parte integrante de la política europea, así como una estrategia importante de las PYME para aumentar su capacidad competitiva y de innovación. Todos los instrumentos y acciones previstos en el Programa deberían incorporar este objetivo. La Comisión debería acompañar activamente a las empresas en este camino por medio de asociaciones de cooperación, información práctica y otras medias apropiadas.

4.4.4

Dada la complejidad del entramado de las ayudas europeas y del marco legislativo, es necesario que las empresas y el resto de los grupos destinatarios cuenten con información específica y asesoramiento. Lo mejor es que estos servicios se presten a través de una red de medios de información extendida por toda Europa que coopere de forma eficiente. Ello facilitará la transmisión del valor añadido de los programas y de los proyectos europeos a los ciudadanos y las empresas, lo que también va en el sentido de la nueva estrategia de comunicación de la UE.

4.4.5

El Comité considera importante que la convocatoria de ayudas prevista para los «miembros de redes que presten servicios de apoyo a la innovación y a las empresas» se haga con arreglo a normas transparentes y esté abierta a la participación de todas las organizaciones regionales y sectoriales cuya estructura y oferta de servicios pueda satisfacer de forma inmediata la demanda de las empresas. El Comité recomienda a la Comisión que examine caso por caso las credenciales de los actuales Centros Europeos de Información, los Centros de Difusión de Innovaciones y los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI).

4.5.1

El Comité acoge con satisfacción la orientación del programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este sector actúa como motor del aumento necesario de la productividad en todos los sectores económicos. Las acciones propuestas permiten esperar un aumento considerable del valor añadido europeo.

4.5.2

El fomento de la sociedad de la información europea contribuirá a impulsar el desarrollo sostenible de la economía, fortalecer la integración social de Europa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En la aplicación de este programa deberá velarse especialmente por que todas las empresas tengan acceso al mismo, incluidas las pertenecientes a sectores económicos tradicionales.

4.5.3

Los proyectos específicos, las acciones integradas, así como el desarrollo y la intensificación de redes y agrupamientos transfronterizos pueden impulsar la transferencia de tecnología y la introducción de soluciones TIC innovadoras y próximas al mercado. EL Comité acoge con satisfacción que se elaboren especificaciones técnicas y planes de acción comunes, a fin de facilitar la contratación pública en este ámbito.

4.5.4

La estructura y la planificación del Programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deberían coordinarse estrechamente con la iniciativa denominada «i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (COM(2005) 229). En la actualidad el Comité está preparando un dictamen sobre esta iniciativa «i2010».

4.6.1

El Comité acoge con satisfacción el objetivo del programa propuesto. La eficiencia energética, la promoción de las energías renovables y la diversificación del abastecimiento energético son fundamentales para el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente en Europa. El Programa debería contribuir a liberar todo el potencial innovador del sector de la energía, incluidos la ingeniería de sistemas y la transformación.

4.6.2

Unas tecnologías adaptadas al mercado y unos productos competitivos serán determinantes para que puedan alcanzarse los objetivos del programa. Por consiguiente, el Comité acoge con satisfacción que se fomenten proyectos que faciliten la aplicación de la innovación en productos que puedan comercializarse. No obstante, este tipo de actividades sólo tiene razón de ser en una fase temprana del proceso de innovación. En principio, únicamente en condiciones de competencia pueden desarrollarse las mejores tecnologías y unos productos y servicios competitivos.

4.6.3

El Comité acoge con satisfacción la intención de la Comisión de hacer publicidad sobre el uso eficiente de las fuentes de energía y divulgar la información correspondiente. Tales actividades no deberían destinarse únicamente a los medios profesionales, sino también a la opinión pública. La actual campaña «Energía sostenible para Europa» supone una contribución importante en este sentido. Servirá para difundir buenas prácticas y sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos sobre la eficiencia energética y la protección del medio ambiente. El Comité supone que la campaña y el Programa «Energía inteligente–Europa» se complementarán útilmente.

5.1

El Comité pide a la Comisión que exponga de manera aún más transparente los objetivos y la estructura del Programa marco. Ejemplar en este sentido es la lista de las medidas de aplicación previstas en el artículo 6 del Programa marco. El mismo carácter sistemático podría emplearse para presentar cada uno de los programas e instrumentos. Ello ayudaría a divulgar mejor el Programa marco entre los grupos destinatarios. Convendría incluir también a las organizaciones de la sociedad civil.

5.2

El Comité confía en que la agrupación de una serie de programas y acciones específicos permita obtener un mayor valor añadido. Esto sólo se logrará si se garantizan una coordinación óptima, la coherencia de las acciones específicas y su armonización con otros programas europeos pertinentes. Esto es tarea sobre todo de la Comisión y de las instancias de gestión.

5.3

El Comité acoge con satisfacción que el Programa marco se centre en los principales objetivos económicos, sociales, medioambientales y energéticos de la UE. Su aplicación dependerá de que los programas de trabajo anuales se configuren con criterios pragmáticos y tengan una pertinencia clara para los grupos destinatarios, sobre todo para las empresas innovadoras. Ello sólo podrá garantizarse si los grupos de destinatarios participan adecuadamente desde la fase de planificación.

5.4

Con vistas a mejorar la aplicación y continuidad de las políticas, el Comité pide a la Comisión que aclare el vínculo entre el Programa marco para la innovación y la competitividad y las demás iniciativas existentes o previstas en este ámbito, en particular la Carta Europea de la Pequeña Empresa de 2000, el plan de acción sobre el espíritu empresarial en Europa de 2003 y la futura Comunicación sobre la política en favor de las PYME. Todo ello resultará especialmente útil para los representantes de las empresas y los responsables políticos de ámbito nacional, regional y local.

5.5

El Comité hará un seguimiento atento de la aplicación del Programa marco. Se reserva el derecho de presentar nuevas recomendaciones en función de la experiencia adquirida o en el momento del balance intermedio.

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/27

1.1

El Convenio de Schengen, pensado para permitir la libre circulación de personas y bienes, se firmó en 1990 y fue operativo en 1995. El Convenio de Schengen establece qué autoridades tienen acceso al Sistema de Información de Schengen (SIS) y los fines para los cuales pueden utilizarse dichos datos. Este primer texto del Convenio no permitía a las autoridades responsables de la matriculación de vehículos acceder al SIS.

1.2

El 21 de agosto de 2003, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen (SIS) de los servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de certificados de matriculación de vehículos (1). Su objetivo era permitir el acceso a los datos del SIS relativos a los vehículos y remolques robados, así como a los documentos oficiales en blanco y documentos de identidad expedidos sustraídos (pasaportes, documentos de identidad, permisos de conducción) con el fin de comprobar que los vehículos cuya segunda matriculación se solicita no han sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente, así como de averiguar si las personas que solicitan un certificado de matriculación están utilizando documentos de identidad o documentos de matriculación de vehículos robados con este fin.

1.3

El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen sobre esta propuesta el 25 de febrero de 2004 (2). El CESE acordó con la Comisión que el acceso al SIS debería ampliarse para incluir a las autoridades nacionales responsables de la emisión y el control de los certificados de matriculación de vehículos. El CESE también apreció que, teniendo en cuenta el hecho de que algunos Estados miembros tienen servicios privados responsables de la matriculación de vehículos, la propuesta sugiera que estos servicios privados puedan obtener la información necesaria para desempeñar adecuadamente su trabajo de manera indirecta, a través de una autoridad pública con acceso al SIS, siempre que se garantice la protección de los datos.

1.4

Con posterioridad, tras la ampliación, quedó claro que el desarrollo de una segunda generación de SIS (esto es, SIS II) resultaba indispensable para que los nuevos Estados miembros pudiesen conectarse al sistema y la zona Schengen pudiese extenderse al territorio de estos Estados miembros.

1.5

Dado que el SIS II requiere un marco jurídico adecuado y habida cuenta de las distintas políticas afectadas, la Comisión Europea hubo de presentar tres propuestas: la primera de ellas está relacionada con la libre circulación de personas, la segunda con la cooperación policial y judicial en asuntos penales, y la tercera complementa a las otras dos propuestas y tiene por objetivo facilitar a las autoridades responsables de la matriculación de vehículos el acceso al SIS II.

1.6

Al CESE se le consulta ahora sobre esta tercera propuesta, que representa la continuación necesaria del Reglamento precedente, antes mencionado (3), recientemente adoptado por el Consejo el 6 de julio de 2005.

2.1

La nueva propuesta de la Comisión tiene por objetivo garantizar la coherencia con los nuevos instrumentos legales para el establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). La Comisión afirma que el objetivo principal de la propuesta es el mismo que se presentó en agosto de 2003, es decir, reforzar la cooperación entre los Estados miembros basada en el intercambio eficaz de información para combatir el fraude y el comercio ilegal de vehículos robados. La Comisión señala además que el objetivo es garantizar que los servicios responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos tendrán acceso, en el nuevo marco legal del SIS II, a los mismos datos SIS a los que han tenido acceso desde junio de 2005, cuando entró en vigor la propuesta de Reglamento de 2003.

2.2

Este asunto sigue siendo importante, ya que todos los años son robados alrededor de 1,3 millones de vehículos en la Unión Europea y aproximadamente 500 000 vehículos desaparecen definitivamente (4). Los delitos relacionados con los vehículos también guardan relación con otros delitos como los tráficos ilegales, el contrabando y el terrorismo (atentados con coches bomba).

2.3

El CESE reitera su acuerdo con la Comisión en que el acceso al SIS II debería ampliarse para incluir a las autoridades nacionales responsables de la emisión y el control de los citados documentos (véase el punto 1.2). Además, los servicios privados responsables de la matriculación de vehículos deberían obtener la información indirectamente a través de una autoridad pública con acceso al SIS II, siempre que se garantice la protección de los datos. Es especialmente importante garantizar la existencia de mecanismos para limitar el acceso a otras informaciones del sistema, que está reservado a las autoridades a que hace referencia el artículo 101 del Convenio de Schengen.

2.4

Deberían seguir considerándose las observaciones generales y otras observaciones que el CESE formuló en el dictamen de 25 de febrero de 2004. Algunas observaciones pueden reiterarse. Por ejemplo, el CESE considera que la propuesta favorecería la seguridad y agilizaría los procedimientos judiciales. También servirá de incentivo para que los Estados miembros permitan una mayor libertad de circulación de vehículos dentro de la Unión. Sin embargo, es importante que la propuesta sea compatible con las disposiciones legales internas de los Estados. También es importante facilitar el acceso a los Estados miembros que no son signatarios del Convenio de Schengen y aumentar la cooperación con Interpol y Europol a fin de luchar contra el tráfico de vehículos robados o sustraídos fuera de los países que pueden acceder al SIS II. El CESE señala asimismo la importancia de recopilar, procesar y publicar datos estadísticos sobre este tipo de delitos para impulsar la manera de resolver este problema.

3.1

La propuesta de la Comisión sigue la línea de la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativa a la lucha contra la delincuencia de dimensión transfronteriza relacionada con vehículos (2004/919/CE) (5). En esta Decisión se afirma que «es importante, sobre todo, la cooperación entre los servicios policiales, las autoridades aduaneras y las autoridades de matriculación de vehículos, así como la facilitación de información a las partes pertinentes». En el artículo 7 de la Decisión se señala que las autoridades nacionales de matriculación de vehículos deberán recibir información de las autoridades policiales y judiciales referente a si un vehículo en trámite de matriculación está identificado como vehículo robado. El acceso a las bases de datos para tal fin se efectuará respetando debidamente las disposiciones del Derecho comunitario. El CESE se muestra satisfecho de que las ideas expresadas en la Decisión del Consejo se incorporen ahora a la propuesta de la Comisión.

3.2

Aunque la propuesta de la Comisión sólo se refiere al acceso por parte de las autoridades responsables de la matriculación a determinada información contenida en el SIS II, el CESE desea señalar la necesidad de una mayor cooperación para luchar contra los delitos relacionados con los vehículos. Como se afirma en el artículo 4 de la Decisión del Consejo «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, cuando proceda, se celebren consultas periódicas entre las autoridades nacionales competentes, de conformidad con el Derecho nacional, en las que podrán participar representantes del sector privado (por ejemplo, las entidades que mantienen registros de vehículos desaparecidos, las compañías de seguros y el sector del automóvil) a fin de coordinar los flujos de información y los trabajos de todos los que participan en este campo». El CESE considera que la Comisión debe tomar en consideración estas ideas en sus trabajos futuros para luchar contra los delitos relacionados con los vehículos.

3.3

Como ejemplo de estas ideas, el CESE desea mencionar el antiguo proyecto de Interpol Stop Register Stolen Cars (StoreSto Car, denominado posteriormente Vehicle Identification, Research and Analysis, VIRA 17). El objetivo de este proyecto era reunir toda la información existente sobre vehículos en una base de datos, la información proporcionada por el número de identificación del vehículo (VIN) si el vehículo figuraba como robado, matriculado, exportado o importado, fabricado o desguazado. Esta base de datos constituye el fundamento para la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales, las autoridades responsables de la matriculación, las autoridades aduaneras, los fabricantes de vehículos y las compañías de seguros.

3.4

En lo que se refiere a la actual propuesta, el CESE también desea señalar que existen, por lo general, escasas posibilidades de examinar físicamente un vehículo a fin de determinar su identidad y averiguar si se ha denunciado su robo. En muchos países, la matriculación de un vehículo va acompañada de una inspección. Así, cuando se matricula un vehículo surge la oportunidad de comprobar si ha sido robado. Por lo tanto, es importante proporcionar a las autoridades responsables de la matriculación este medio para detectar vehículos robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente.

3.5

Como se señaló en el punto 3.2, es necesaria una mayor cooperación para luchar contra los delitos relacionados con los vehículos. Otra oportunidad para examinar físicamente un vehículo se presenta cuando éste es exportado o importado. El CESE recomienda que las autoridades aduaneras controlen los mismos datos del SIS II que las autoridades responsables de la matriculación, tanto cuando se importe como cuando se exporte un vehículo.

3.6

Cuando se controle un vehículo para determinar si se ha denunciado su robo, también deberá ser posible establecer la identidad del vehículo. La identidad del vehículo suele establecerse mediante su número de identificación de vehículo (VIN). No es inusual la falsificación o clonación de la identidad de un vehículo. El CESE señala que es importante en el futuro aumentar las posibilidades de identificar un vehículo. Deben estudiarse y evaluarse cuidadosamente propuestas como la identificación electrónica de vehículos (EVI) o un mejor marcado de los repuestos.

3.7

Por último, el CESE sugiere que se adopten nuevas medidas en un futuro próximo a fin de extender el alcance de este Reglamento. De hecho, la actual propuesta de la Comisión, destinada a controlar si los vehículos han sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente debería combinarse con la posibilidad de repatriar los vehículos. Esta posibilidad varía considerablemente entre los Estados miembros y depende de las distintas disposiciones nacionales relativas a la «buena fe». En algunos países es posible obtener la propiedad de un vehículo robado cuando el vehículo se ha recibido «de buena fe», mientras que en otros no lo es. Además, deberán explorarse y evaluarse en el futuro las posibilidades de repatriar los vehículos cuya sustracción se haya comprobado.

17.3.2006   

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C 65/29

1.1

Finlandia ha solicitado una prórroga de la actual restricción de las importaciones de cerveza por parte de viajeros procedentes de terceros países, a partir del 1 de enero de 2006. El objeto de esta solicitud es hacer frente a una serie de problemas fiscales, económicos, sociales y de salud y orden público.

1.2

La modificación propuesta autoriza a Finlandia a prolongar la restricción hasta el 31 de diciembre de 2006. No obstante, se aumentará el límite máximo de seis a dieciséis litros, que es de hecho el límite que Finlandia aplica en la actualidad.

1.3

El CESE respalda la modificación propuesta.

2.1

En 2000 se concedió a Finlandia una excepción hasta el 31 de diciembre de 2005, con el fin de limitar las importaciones personales de cerveza por parte de viajeros procedentes de terceros países a un máximo de seis litros. Finlandia es limítrofe con Rusia, país donde el alcohol es mucho más barato, de modo que, si se aplicaran los límites monetarios habituales, una persona podría importar alrededor de 200 litros de cerveza.

2.2

Debido a la enorme diferencia de precios, la supresión de las restricciones a la importación tendría serias repercusiones para los minoristas finlandeses y los ingresos fiscales, al tiempo que generaría importantes problemas sociales y de salud.

2.3

No obstante, Finlandia redujo ya considerablemente las tasas en 2004 y, además, ha aplicado un límite máximo de dieciséis litros en vez de seis, lo que significa que ya está tomando medidas para encontrar una solución a largo plazo.

3.1

El Comité toma nota de las medidas ya adoptadas por Finlandia para afrontar este problema, y considera por ello adecuado que se le conceda una prórroga de la excepción hasta el 31 de diciembre de 2006.

17.3.2006   

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C 65/30

1.1

El interés por el tema de la protección ha aumentado considerablemente tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (Nueva York), noviembre de 2003 (Estambul), 11 de marzo de 2004 (Madrid), 7 de julio de 2005 (Londres), y todos los demás atentados perpetrados en otros lugares. En todas partes se toman medidas para proteger de la mejor manera posible a las personas, los medios de transporte y los bienes, a título tanto preventivo como operativo. Al nivel político, la protección se ha convertido en un tema de candente actualidad.

1.2

En este sentido, se entiende por «protección» (1) el conjunto de medidas que se adoptan para prevenir tanto los ataques terroristas como la delincuencia, en particular los robos.

1.3

Por su parte, el Comité tampoco quedó de brazos cruzados. Aprobó varios dictámenes sobre el asunto, entre los cuales el Dictamen exploratorio del 24 de octubre de 2002 (2), elaborado por la ponente, Sra. Bredima-Savopoulou, que reviste especial importancia, porque en él se examina de manera muy detallada la protección en la navegación y la aviación civil.

1.4

El 23 de diciembre de 2003, la Comisión Europea publicó un documento de consulta sobre la protección en el transporte de mercancías, en el que solicitaba la opinión de las partes interesadas en relación con el tema de la protección. Más adelante, la Comisión, en una Comunicación al Consejo (3), presentó un Programa marco de seguridad y, el 12 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial (4) un Plan de acción en el ámbito de la seguridad para combatir el terrorismo. Varios de los elementos contenidos en estas publicaciones han resultado muy útiles para elaborar este Dictamen exploratorio.

1.5

El presente Dictamen exploratorio tiene por objetivo principal determinar claramente el papel y la responsabilidad de las diferentes partes, tanto al nivel nacional como internacional, en el ámbito de la protección de:

1.6

El Dictamen se refiere exclusivamente a la protección de los medios de transporte y no a su seguridad operacional. Sin embargo, el hecho de que en varios países de la Unión Europea no exista distinción lingüística entre ambos conceptos es un factor que complica esta cuestión.

1.7

Con respecto a la protección de las infraestructuras utilizadas para el transporte terrestre, conviene establecer una distinción entre los corredores de las redes transeuropeas (RTE), incluidos los puntos de tránsito, y las infraestructuras nacionales. Además, no siempre es fácil determinar dónde empieza y dónde termina la subsidiariedad en el ámbito de los medios de transporte terrestre.

En lo referente a las medidas de protección aplicables a los medios de transporte terrestre, hay que tener presente que existe una gran interdependencia entre todos los medios de transporte de la cadena logística, y no solamente entre los de transporte terrestre, y que esto requiere un grado elevado de coordinación sobre las medidas que deben adoptarse. Por otra parte, también habrá que adoptar un enfoque intermodal, con el fin de evitar distorsiones de competencia entre los distintos medios de transporte, ya que los costes en el ámbito de la protección pueden variar considerablemente entre los distintos medios.

Asimismo, convendrá hacer hincapié en los aspectos directamente relacionados con el aumento de las medidas de protección. Se pueden citar, a modo de ejemplo, las siguientes cuestiones:

Dada la extensión del tema, conviene proceder de manera ordenada y explicar la estructura del presente Dictamen exploratorio. El punto 2 (Observaciones generales) se dedicará a las cuestiones generales relativas al tema de la protección. Se tratarán, en particular, cuestiones como el reparto de responsabilidades y competencias entre la Unión Europea, las autoridades nacionales, los medios de transporte, los pasajeros, el personal y los responsables de las empresas. A continuación se desarrollarán los aspectos legislativos. El punto 3 (Observaciones particulares) comenzará por una reseña de las iniciativas adoptadas en distintos niveles con el fin de mejorar la protección. A continuación se detallará la cuestión de la protección de los medios de transporte propiamente dichos. El punto 4 tratará de los costes vinculados a la protección y examinará la cuestión de quién tendría que sufragar dichos costes. También se estudiará en este punto el papel que corresponde a las compañías de seguros. Por último, el punto 5 presentará un resumen de los capítulos anteriores así como las conclusiones finales.

2.1.1

La protección de las personas y de los bienes en los medios de transporte se ha convertido en una de las prioridades para los responsables políticos y las empresas. Se entiende por protección la adopción de medidas de protección dirigidas a luchar contra el terrorismo y la delincuencia. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para lograr un enfoque coordinado, cuando precisamente este enfoque es el que se necesita urgentemente, ya que en una cadena el eslabón más débil es el que determina la fuerza del conjunto.

2.1.2

Cabe observar también que la protección de los medios de transporte, por su complejidad, no es una cuestión que se pueda definir fácilmente ni de manera unívoca. La cuestión de la subsidiariedad se plantea aquí de manera acuciante. Se trata, además del reparto de competencias entre la Unión y las autoridades nacionales en lo referente a las medidas que se deben adoptar, de la financiación de dichas medidas. Pero este concepto también engloba las responsabilidades y competencias de los medios de transporte: las de los pasajeros, los trabajadores y los dirigentes.

2.2.1

Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha hablado mucho de los progresos que deben realizarse en materia de protección en el ámbito del transporte marítimo y aéreo. El Consejo Europeo adoptó una serie de medidas basándose, en particular, en el dictamen del CESE de 24 de octubre de 2002, cuyas propuestas en materia de seguridad se referían esencialmente a los sectores de la navegación y la aviación. Cabe citar, en particular, el Reglamento (CE) no 2320/2002 por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, el Reglamento (CE) no 725/2004 relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias y la propuesta de Directiva de mejora de la protección portuaria (COM(2004) 76 final). Todas estas medidas prevén disposiciones por las que se establecen inspecciones comunitarias que incluyen pruebas de calidad en dichos sectores. En cuanto a las normas relativas al transporte marítimo, quedan recogidas en la Directiva que se aprobó el 10 de mayo de 2005.

2.3.1

La situación en los medios de transporte terrestre de la UE es muy diferente según los Estados miembros. Grandes ciudades como Madrid y Londres, pero también París, han adoptado medidas de protección, en parte como consecuencia de los ataques terroristas perpetrados en los transportes públicos de estas ciudades. En otras ciudades y países aún no es el caso, aunque sí se ha empezado a tomar conciencia de la importancia de las medidas de protección a raíz de los recientes atentados (5).

2.3.2

La primera pregunta que se plantea es la de saber quién es competente a la hora de adoptar medidas de protección aplicables a más de un medio de transporte terrestre: ¿la Unión Europea o las autoridades nacionales? Si son las autoridades nacionales, ¿qué papel desempeña entonces la Unión Europea?

2.3.3

El Comité considera que la «protección» es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea y que corresponde a los propios Estados miembros cuidar de que los diferentes medios de transporte terrestre adopten medidas de protección. A tal efecto, deberán establecer un marco con una serie de normas mínimas que los medios de transporte terrestre deberán tomar en consideración como límite para las medidas que deban adoptar. Por tanto, no se podrán interpretar libremente las medidas. En lo referente a la armonización de las medidas que se deban adoptar en los diferentes los medios de transporte terrestre, las autoridades nacionales deberían crear un órgano especializado, encargado de coordinar las medidas que adopten los medios de transporte terrestre y las autoridades locales. Esta instancia también debería velar por la aplicación efectiva de las medidas adoptadas.

2.3.4

Para el Comité, el papel de la Unión Europea consiste esencialmente en coordinar las medidas que se tomen a escala internacional. La Unión también debería alentar a los Estados miembros a definir un enfoque común. Teniendo en cuenta el carácter transfronterizo propio del transporte de personas y de mercancías, y la necesidad de coordinar las medidas adoptadas al nivel nacional, es imprescindible entablar una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales y la Unión Europea.

2.3.5

Las autoridades nacionales deben tomar conciencia de que aún queda mucho por hacer en el sector de los medios de transporte terrestre. Debería ganar terreno la idea de urgencia. Las autoridades nacionales deberán incitar a los distintos medios de transporte a contemplar medidas de protección y a ponerlas en práctica. A tal fin, se podría empezar estableciendo al nivel europeo normas mínimas en el ámbito de la protección, que sentarían las bases para los medios de transporte terrestre. Cada medio de transporte deberá tomar conciencia de su extrema vulnerabilidad a falta de medidas de protección.

2.3.6

También hay que ser conscientes de la necesidad de que todos los medios de transporte cooperen. Convendría uniformar, por ejemplo, las medidas adoptadas para los ferrocarriles, los metros y las empresas de autobuses, así como las acciones de información destinadas a los pasajeros y al personal sobre los comportamientos que se deben adoptar en caso de catástrofe.

2.3.7

En lo referente al transporte de mercancías, convendrá prestar gran atención a los puntos de intersección vulnerables, como las terminales y las estaciones de clasificación. Deberán cooperar a tal fin las autoridades nacionales y locales, los distintos medios de transporte y los gestores de los nodos de transbordo y las terminales.

2.4.1

El Comité considera que la protección de las infraestructuras físicas incumbe a las autoridades nacionales, regionales o municipales.

2.4.2

Corresponderá al órgano especializado mencionado en el punto 2.3.3 actuar como órgano de coordinación. Esta instancia debería, por una parte, evitar toda fragmentación al nivel nacional y, por otra, difundir la política al nivel internacional, con el fin de facilitar la coordinación en la UE.

2.4.3

Junto a la labor de coordinación que incumbe a la UE, el Comité observa con satisfacción que al nivel comunitario se ha puesto a disposición, en el marco del VI Programa Marco, una cantidad de 3,5 millones de euros para la adopción de medidas de protección en los sectores del transporte de personas, mercancías y energía.

2.4.4

Dado que los medios de transporte son un concepto abstracto cuyo funcionamiento depende de las personas que los emplean (pasajeros, clientes) o que trabajan en ellos (trabajadores), es imprescindible dirigir las acciones hacia estos grupos. En lo que respecta a los pasajeros y clientes, estas acciones deberán consistir esencialmente en una información continua. Deberán dejar de ser usuarios pasivos de los medios de transporte y, en adelante, adoptar una actitud alerta y consciente. En cuanto a los trabajadores de estos medios, desempeñan un papel esencial en la elaboración y aplicación de las medidas de protección. El Comité considera que, para que puedan desempeñar su función de manera óptima, es muy importante que se les imparta una formación específica centrada en su misión en el ámbito de la protección.

2.4.5

El papel de los dirigentes empresariales consiste a su vez en integrar las ideas de protección en la filosofía y la cultura de sus empresas. Por otra parte, los dirigentes deberán brindar a sus colaboradores la posibilidad de seguir formaciones específicas en este ámbito. En cuanto a la formación para la gestión que se imparte a los dirigentes, el Comité opina que debería incluir una parte relativa a la «gestión de las crisis», para que puedan estar a la altura de la situación en caso de catástrofe.

2.5.1

A la pregunta de si las medidas de protección en los medios de transporte terrestre deberían tener carácter voluntario y adoptar la forma de –por ejemplo– certificaciones o sellos de calidad, o ser objeto de un enfoque más bien vinculante, por ejemplo por vía legislativa, el Comité responde que se trata de un tema demasiado importante para ser tratado de manera informal.

2.5.2

En cualquier caso, el Comité considera que se deberán establecer normas al nivel nacional en el ámbito de la protección, y recomendar que se vaya más allá de las mismas. También habrá que imponer la obligación de intercambiar información sobre las medidas adoptadas o previstas. Al nivel internacional, los países tendrán la obligación de armonizar las medidas y de informar a las instituciones internacionales de coordinación.

3.1

Antes de examinar si se deberían tomar medidas de protección en los diferentes medios de transporte terrestre, y, en ese caso, qué tipo de medidas, convendría hacer un inventario de las medidas que ya se han adoptado al nivel internacional en las organizaciones de coordinación.

3.1.1

La Organización Marítima Internacional (OMI)

Se cita la OMI porque se ha tomado ya una serie de medidas en el sector del transporte marítimo que podrían servir de ejemplo para los medios de transporte terrestre.

Estas modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2004.

3.1.2

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Desde 1971 se han ido adoptando acuerdos vinculantes al nivel internacional en el sector del transporte aéreo para combatir la delincuencia y el terrorismo. A raíz de una serie de secuestros de aviones perpetrados a finales de los años sesenta, la OACI decidió desarrollar el convenio de base que regula el transporte aéreo. Por ejemplo, el anexo 17 del Convenio de Chicago dispone que todos los pasajeros de vuelos civiles comerciales deberán ser objeto de un registro sistemático. Esta medida se aplica ya desde 1972, y ahora resulta difícil imaginar que haya podido ser un día de otra manera. Tras el atentado contra las Torres Gemelas de 2001, el anexo 17 fue objeto de profunda adaptación. Se adoptaron nuevas normas obligatorias, por ejemplo en relación con el refuerzo y bloqueo de las puertas de las cabinas de pilotaje y el transporte aéreo de mercancías. También se elaboraron unas normas más estrictas en el ámbito de la formación y calidad en relación con los controles.

3.1.3

Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC)

Al nivel europeo, también se elaboró y se desarrolló una política de protección del sector del transporte aéreo, en el marco de la Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC). Naturalmente, esta política se inspira en las normas internacionales adoptadas, entre otros, por la OACI. Se redactó, en particular, un manual europeo de protección del transporte aéreo, denominado «documento 30». Este manual contiene normas de protección que marcaron pautas, pero que, lamentablemente, no son vinculantes, habida cuenta del estatuto de la CEAC. Ésta es la razón por la que el Consejo Europeo decidió, el 14 de septiembre de 2001, es decir, tres días después de los atentados del 11 de septiembre, que la UE sería competente en el ámbito de la protección del transporte aéreo. Esta decisión condujo a la adopción del Reglamento no 2320/2002 «por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil», que entró en vigor el 19 de enero de 2003. En el mismo Consejo de Ministros del 14 de septiembre de 2001 se acordó que, en adelante, la Comisión tendría la posibilidad de efectuar directamente controles de calidad en los Estados miembros.

3.1.4

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Se trata de la revisión del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar. El objetivo de este Convenio revisado es mejorar la protección de la identificación de la gente de mar, para, a su vez, proteger mejor a los pasajeros y a la tripulación y aumentar la seguridad en los buques. No se reduce, sin embargo, la libertad de movimiento de la gente de mar, por lo que podrán seguir desembarcando sin obstáculos. Este Convenio revisado contiene esencialmente orientaciones relativas a la composición y emisión de los documentos de identidad de la gente de mar. Se han mencionado aquí la OIT y este Convenio porque podrían servir de ejemplos para las modalidades de transporte terrestre.

3.1.5

La Organización Mundial de Aduanas (OMA)

Esta información sobre la Organización Mundial de Aduanas podría ser aprovechada para los medios de transporte terrestre. Es importante a tal fin explotar los elementos que puedan aplicarse a los medios de transporte terrestre.

3.1.6

Organización Internacional de Normalización (ISO)

Esta Organización adoptó en 2003 una serie de directrices en las que se establecen prescripciones relativas al sellado mecánico de los contenedores destinados al transporte de mercancías.

Elaboró asimismo una norma aplicable al uso de etiquetas de identificación por radiofrecuencia de los contenedores destinados al transporte de mercancías, así como un protocolo de comunicación para el sellado digital.

3.1.7

La Unión Europea (UE)

3.1.8

Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE-NU)

El Grupo de trabajo de asuntos aduaneros encargado de los transportes y el Comité administrativo del Transporte Internacional por Carretera (TIR) decidieron en febrero de 2003 proceder gradualmente a la informatización del procedimiento TIR, que en la actualidad sólo existe en papel. Al amparo de un cuaderno TIR, el transporte internacional de mercancías hacia terceros países podrá realizarse con una pérdida de tiempo mínima en las fronteras, ya que este documento aduanero goza de reconocimiento al nivel internacional.

Tal información se refiere a la protección en el sector del transporte de mercancías por carretera. El Comité recomienda que se examine la posibilidad de extender este tipo de medidas a los demás medios de transporte.

3.1.9

Las medidas adoptadas por los Estados Unidos

Huelga decir que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos se sitúan a la cabeza de la adopción de medidas de protección. En 2002, por ejemplo, entró en vigor la Ley sobre Bioterrorismo (Bioterrorism Act), que establece la obligación de notificar una serie de datos relativos a la importación de productos alimenticios antes de su llegada al país. Por otra parte, los productores de productos alimenticios y las instalaciones de almacenamiento deben inscribirse en el Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA) y designar a un representante local en los Estados Unidos.

3.1.10

En aras de la legibilidad del presente Dictamen exploratorio, se cita a continuación una serie de medidas sin profundizar en ellas.

A la hora de tomar medidas en Europa, conviene naturalmente conocer y tener en cuenta la experiencia adquirida en los Estados Unidos. Cabe mencionar, en particular:

3.2

3.3

Las iniciativas anteriormente citadas se refieren en su mayoría a medidas de protección en los medios de transporte de mercancías en general y de contenedores en particular. El Comité considera que estas medidas también podrían aplicarse en parte al transporte de pasajeros.

3.4

Las medidas de protección adoptadas para cada medio de transporte son muy dispares. Como se ha recordado ya, los sectores del transporte marítimo –incluidos los puertos– y del transporte aéreo son los que más han avanzado en la aplicación de estas normas. El Dictamen del Comité de 24 de octubre de 2002 (6), elaborado por la ponente, Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU, expuso esta situación de modo excelente, por lo que el presente Dictamen exploratorio no ahondará en el análisis de dichos medios de transporte.

3.5

No obstante, las terminales interiores y los puntos de transbordo merecen atención especial, debido a su vulnerabilidad. Las canalizaciones también podrían considerarse como un medio de transporte específico. Pese a que los propietarios de las terminales dedican mucha energía a proteger dichas zonas, el Comité tiene la sensación de que no aún no se ha tomado suficientemente conciencia de la gran vulnerabilidad de esos puntos y de la absoluta necesidad de establecer una cooperación con los medios de transporte que utilizan dichas instalaciones de transbordo.

3.6

El Comité considera asimismo que está poco desarrollada la sensación de urgencia frente a los peligros que pueden entrañar el transporte y el transbordo por canalizaciones. El Comité destaca la importancia de que esta toma de conciencia se realice rápidamente y la necesidad para las autoridades competentes de adoptar medidas de protección, tanto para el personal como para las infraestructuras.

3.7

El sector del transporte ferroviario siempre ha concedido una gran importancia a la seguridad, tanto del personal como de los viajeros y del material. Cabe esperar que este mismo enfoque prevalezca en el ámbito de la protección, y permita alcanzar un nivel igualmente elevado. Es necesario dedicar mayor atención a las zonas vulnerables, como las estaciones y las estaciones de clasificación. La Unión Internacional de Ferrocarriles debería formular recomendaciones al respecto, en aras de la necesaria coordinación al nivel internacional.

Las empresas ferroviarias nacionales deberían elaborar material informativo para que los pasajeros y el personal sepan lo que tienen que hacer en caso de catástrofe. En el caso de los trabajadores, esta información debería formar parte integrante de su formación.

3.8

El sector de la navegación interior realiza la mayor parte de sus operaciones de carga y descarga en los puertos marítimos. En estos casos, también se aplica a este sector el Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (International Ship and Port Facility Security - ISPS). A juicio del Comité, hay que evitar que una aplicación demasiado rígida de este Código perturbe la cadena logística. Incumbe a los puertos, a las compañías navieras y a los servicios de inspección velar por el cumplimiento del Código ISPS. En cuanto al personal que trabaja en los buques de navegación interior, el Comité también considera que la protección debería formar parte integrante de su formación.

3.9

El sector del transporte público tomó conciencia de su vulnerabilidad a raíz de los ataques terroristas de Madrid y Londres. Se adoptaron entonces medidas de vigilancia y control que aumentaron sensiblemente el nivel de protección y el sentimiento de seguridad de los pasajeros y del personal.

3.10

Por su parte, el sector del transporte profesional por carretera es sumamente vulnerable, habida cuenta del gran número de empresas de autocares y de transporte de mercancías existentes: hay cientos de miles de empresas, que son además extremadamente móviles. Hace ya tiempo que este sector se enfrenta con problemas de delincuencia. Son muy frecuentes los robos de camiones, con carga o sin ella, que a menudo entrañan consecuencias psicológicas para los conductores. La Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) hace todo lo que está en su mano para sensibilizar tanto a las autoridades como a los agentes del mercado e incitarles a que tomen medidas de protección. Por ejemplo, hizo un llamamiento para que se incrementara el número de plazas de aparcamiento vigiladas. Dado el alto nivel de riesgo que existe en este sector, la Unión Internacional de Transportes por Carretera, como ya se ha dicho en el punto 3.2, ha elaborado una serie de directrices en el ámbito de la protección que contienen recomendaciones para los dirigentes, los conductores y los cargadores. También se ha establecido un marco para la celebración, sobre una base voluntaria, de contratos de cooperación con las autoridades aduaneras.

3.11

Los puntos de partida para la elaboración de las directrices mencionadas en el punto 3.10 (directrices en el ámbito de la protección) son los siguientes:

En términos generales es necesario que, antes de adoptar medidas de protección, el grupo destinatario sea consciente de la necesidad de las mismas. Por tanto, no se debería poder aplicar este tipo de medidas sin haber informado previamente al grupo destinatario. El Comité, por consiguiente, pide encarecidamente que esta información se facilite en tiempo oportuno.

3.12

En lo referente al transporte privado, el Comité recomienda que, cualquiera que sea el medio de transporte, el responsable de la empresa adopte las medidas de protección adecuadas para el personal, los medios de transporte y las infraestructuras.

3.13

El Comité toma nota de la creciente toma de conciencia, tanto por parte de las autoridades públicas como del sector de los medios de transporte terrestre, de la necesidad de integrar las medidas de protección en su actividad diaria, aunque aún falta mucho para que se pueda hablar de un enfoque coherente. Si se examinan los medios de transporte por separado, se observan los importantes progresos realizados en el transporte marítimo y aéreo, debido a su carácter internacional. En el sector del transporte público ha aumentado mucho la sensibilización, pero en el del transporte de mercancías la mayor parte de las medidas adoptadas se limita al propio medio de transporte. Aún no se han tomado medidas aplicables al conjunto de la cadena logística, cuando precisamente es mayor la vulnerabilidad en los puntos de transbordo entre los diferentes medios. El Comité, por consiguiente, recomienda a las autoridades que establezcan una instancia de coordinación nacional encargada de cubrir el conjunto de la cadena logística.

4.1

Todo el mundo coincide en la necesidad de adoptar medidas para proteger a los pasajeros, el personal, los medios de transporte y las cargas como consecuencia del aumento de la delincuencia y del terrorismo. Lo que no está tan claro, sin embargo, es quién tiene que sufragar los gastos ligados a la adopción de las medidas de protección, los cuales, como es sabido, son elevados. A título de ejemplo, el coste de las medidas de protección para el transporte marítimo de un contenedor se estima entre 30 y 40 dólares.

4.2

Con objeto de determinar claramente quién tendrá que sufragar estos gastos, conviene examinar las diferentes categorías de gastos. Del inventario de las mismas se deduce que el siguiente reparto es pertinente:

También hay que tener en cuenta los gastos relacionados con las medidas que se adopten antes o después de un acontecimiento extraordinario, como un atentado terrorista. La imputación de estos gastos debería obedecer a un planteamiento distinto. El Comité considera que, en un primer momento, deberían correr a cargo de las entidades públicas.

4.3

A la pregunta de a quién o a qué instancias se deben imputar primero los costes, parece lógico responder, para las dos primeras categorías (a y b), a las autoridades nacionales o subnacionales, mientras que para las categorías c y d habría que pensar más bien en las empresas.

4.4

Desde el punto de vista económico, los costes deben ser sufragados en última instancia por la actividad que los genera, para poder así ser incluidos en el precio (del billete en el caso del transporte público o de la tarifa para el transporte de mercancías). En efecto, el precio de los bienes y servicios debe incluir en la medida de lo posible los costes sociales marginales, incluido el coste de las medidas de protección. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir que las medidas que haya que adoptar sean de tal interés general que los costes que generen deban ser sufragados por el conjunto de la comunidad.

4.5

Si se tiene en cuenta este matiz, el coste de la protección recaería finalmente en los consumidores, que lo pagarían en forma de un precio más alto del producto final, o en los ciudadanos, que en su calidad de contribuyentes sufragarían los gastos públicos derivados de la financiación de medidas de protección de interés general por las autoridades públicas.

4.6

El Comité considera que en este ámbito las compañías aseguradoras deben desempeñar un papel secundario. En efecto, siempre y cuando los actos terroristas no queden excluidos de las pólizas de seguros, las posibles prestaciones siempre se imputarán a los asegurados, en forma de primas más elevadas. Naturalmente, existe una relación causal entre el grado de protección y el importe de las primas. Cuanto más elevado sea el nivel de las medidas de protección, menor deberá ser el importe de las primas.

4.7

Teniendo en cuenta las funciones y competencias que le incumben, la Unión Europea sólo puede desempeñar un papel de coordinación y control. Como máximo, se podrán asignar recursos financieros destinados a campañas de información y comunicación. Por ejemplo, se han destinado 3,5 millones de euros para medidas de protección en el marco del VI Programa Marco.

5.1

El Comité observa que a raíz de los ataques terroristas de los últimos años ha aumentado sensiblemente la atención que se presta al tema de la protección.

5.2

Se han tomado ya las medidas necesarias, plasmadas en la legislación internacional, esencialmente en los sectores del transporte marítimo y aéreo. Su aplicación se lleva a cabo mediante inspecciones realizadas por la UE.

5.3

En lo referente a la protección de los medios de transporte terrestre, el Comité considera que aún faltan por tomar las medidas necesarias, teniendo en cuenta sobre todo la gran interdependencia existente entre todos los medios de transporte y la vulnerabilidad de los puntos de transbordo intermodales. Se necesita urgentemente un enfoque coordinado, ya que en una cadena el eslabón más débil es el que determina la fuerza del conjunto.

5.4

El Comité señala que la distinción entre los conceptos de «protección» y «seguridad» no existe en todas las lenguas de la Unión Europea. Como ello se puede prestar a confusión, recomienda emplear una terminología unívoca.

5.5

El Comité considera que la responsabilidad de la adopción de medidas de protección incumbe a los Estados miembros, que deberán establecer un marco con una serie de normas mínimas para los diferentes medios de transporte. En cuanto a la armonización de las medidas que se adopten, las autoridades deberían crear una instancia especial encargada de garantizar su aplicación.

5.6

A juicio del Comité, el papel de la Unión Europea consiste esencialmente en coordinar las medidas adoptadas al nivel comunitario e internacional, mientras que el de las autoridades nacionales y locales consiste más bien en adoptar medidas concretas, controlar su aplicación e informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el terrorismo y la delincuencia en todos los niveles. Las autoridades nacionales y locales deberán asimismo fomentar la cooperación entre los diferentes medios de transporte, y el Comité considera que la protección de las infraestructuras físicas también debería ser de su competencia.

5.7

Los usuarios de los medios de transporte desempeñan un papel esencial en el ámbito de la protección. Se debería alentar a los pasajeros y clientes, a través de campañas de información, a adoptar una actitud más alerta y activa. Por su parte, el personal de los medios de transporte terrestre debería recibir una formación específica, adaptada al papel que le corresponde en la protección del medio de transporte para el que trabaja. En cuanto a los dirigentes empresariales, el Comité considera que les incumben esencialmente las tareas de integrar las ideas relacionadas con la protección en la filosofía y la cultura de la empresa, brindar a sus trabajadores la posibilidad de seguir formaciones en este ámbito e integrar en las formaciones para la gestión una parte relativa a la gestión de las crisis.

5.8

El Comité estima que la situación en los diferentes medios de transporte terrestre es muy dispar. Aunque toma nota de la creciente toma de conciencia –tanto por parte las autoridades como del sector de los medios de transporte– de la necesidad de integrar las medidas de protección en su actividad diaria, reconoce, sin embargo, que aún falta mucho para que se pueda hablar de un enfoque coherente. A este respecto, la situación en el sector del transporte público es mejor que la del sector del transporte de mercancías, en el que las iniciativas adoptadas hasta ahora se limitan a cada medio de transporte. El Comité, por consiguiente, recomienda a las autoridades que establezcan una instancia de coordinación encargada de cubrir el conjunto de la cadena logística.

5.9

En lo que respecta al transporte privado, el Comité recomienda que, cualquiera que sea el medio de transporte, el responsable de la empresa adopte las medidas de protección adecuadas para el personal, los medios de transporte y las infraestructuras.

5.10

El Comité opina que el coste de la protección debe reflejarse en el precio del producto final pagado por el consumidor o, en el caso de que las medidas hayan sido tomadas por las autoridades, en el presupuesto público, lo que significa que el coste recaerá finalmente en los ciudadanos en forma de impuestos.

5.11

Para el Comité, el papel desempeñado por las compañías de seguro es secundario. En última instancia, las posibles prestaciones se imputarán a los asegurados, que deberán pagar primas más elevadas. Cuanto más elevado sea el nivel de las medidas de protección, menor deberá ser el importe de las primas. Se deberá cuidar de que el nivel de las primas refleje los riesgos del mercado.

5.12

Desde el punto de vista financiero, el papel de la Unión Europea deberá centrarse esencialmente en la financiación de programas de investigación, información y sensibilización en este ámbito.

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/38

1.1

La Comisión Europea ha solicitado al CESE un dictamen sobre la propuesta de Reglamento que establece el marco de las intervenciones financieras necesarias para la aplicación de la política pesquera común (PPC) dotado con 2 583 millones de euros, la cual complementa la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el Fondo Europeo de la Pesca (1) (FEP), con un presupuesto de 4 963 millones de euros.

1.2

Uno de los objetivos de la PPC es lograr una intervención financiera más eficaz. El objetivo de esta propuesta de Reglamento es contribuir a mejorar las condiciones de aplicación de las intervenciones financieras en ámbitos concretos fijando objetivos específicos para cada uno de ellos.

1.3

En el momento actual, el Comité desea manifestar su honda preocupación ante la falta de decisión sobre la aprobación del presupuesto para el período 2007-2013. Considera que la Unión Europea se enfrenta a una situación muy grave que requiere un máximo esfuerzo político para su resolución. La financiación de la PCP no se podría acometer si no se mantienen los presupuestos para la presente propuesta de Reglamento y para la del Fondo Europeo de la Pesca. El Comité insta al Consejo a adoptar decisiones políticas que no afecten a la financiación de la PCP, es decir, que garanticen una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. En este sentido, el CESE también lamenta que, hasta la fecha, el Consejo no haya adoptado ninguna decisión sobre la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca.

1.4

La propuesta de Reglamento contempla cuatro ámbitos de actuación en los que se aplicarán las medidas financieras comunitarias:

1.5

El Comité considera necesaria esta propuesta de Reglamento y se muestra conforme con los ámbitos de aplicación que en ella se contemplan.

2.1.1

Las medidas financieras que se aplicarán al control y observancia de la PPC serán para mejorar el control de las actividades pesqueras emprendidas por los Estados miembros y las de evaluación y control por parte de los servicios de la Comisión. Podrán optar a medidas financieras comunitarias los gastos de los Estados miembros relacionados con nuevas tecnologías de control, con programas de formación, con programas piloto de inspección y observación, con auditorias y con seminarios de información.

2.1.2

Así mismo, se financiarán los gastos de la Comisión relacionados con acuerdos administrativos con el Centro Común de Investigación, con el funcionamiento de la inspección por parte de la Comisión y con los generados por la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca.

2.1.3

El Comité está conforme con las medidas propuestas en el ámbito del control y la observancia.

2.2.1

La propuesta de Reglamento contempla en su segundo ámbito de aplicación la ayuda financiera a los Estados miembros para que con objeto de evaluar el estado de los recursos, el nivel de pesca y el impacto de la pesca en los recursos y en el ecosistema marino, así como el rendimiento de la industria pesquera, todo ello dentro y fuera de las aguas comunitarias, establezcan conjuntos de datos plurianuales, globales y científicos en los que se recoja información biológica, técnica, medioambiental y económica.

2.2.2

Esta información se obtendrá mediante la recopilación de datos básicos por parte de los Estados miembros y de datos complementarios por parte de la Comisión.

2.2.3

Teniendo en cuenta que la gestión de la pesca depende de la existencia de datos sobre el estado biológico de las poblaciones de peces y del impacto de la actividad de las flotas pesqueras, el CESE aprueba las medidas financieras propuestas relacionadas con la recopilación de datos básicos por parte de los Estados miembros. Asimismo, muestra su conformidad con la financiación de la recopilación de datos complementarios, por parte de la Comisión, teniendo en cuenta que estos últimos lo que hacen es optimizar y normalizar la recogida de datos básicos de los Estados miembros. No obstante, el Comité considera que, para mejorar la gestión de la pesca, se deberían poder financiar también, a través de los Estados miembros, los gastos en los que incurra el sector pesquero comunitario en la realización de los estudios necesarios para evaluar los efectos de las actividades pesqueras en el medio ambiente y para evaluar la situación socioeconómica en el sector.

2.2.4

La reforma de la PPC ha dado lugar a nuevas demandas de asesoramiento científico, en particular con respecto a la adopción de un planteamiento basado en los ecosistemas y la gestión de pesquerías mixtas. Por ello, el Comité considera adecuados los gastos que podrán optar a medidas financieras comunitarias en el ámbito del asesoramiento científico.

2.2.5

No obstante, el CESE reitera que, conforme a lo solicitado en su Dictamen sobre el Fondo Europeo de la Pesca (2), las ayudas financieras deberían cubrir también el asesoramiento científico al sector pesquero. El esfuerzo económico en este ámbito es primordial para el correcto cumplimiento de las normas de la PPC.

2.3.1

Con relación a este tercer ámbito de aplicación, las medidas financieras van encaminadas a hacer participar a los interesados en todas las fases de la PPC, así como a mantenerles informados de los objetivos de la PPC y medidas afines. La canalización de estas ayudas financieras se efectuará a través del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura de la UE, de los Consejos Consultivos Regionales y de la organización por parte de la Comisión Europea de seminarios informativos y de formación.

2.3.2

El Comité da su conformidad a estas medidas, estimando que, con relación a los Consejos Consultivos Regionales, tal y como se sugiere en el punto 5.3 de la «Declaración financiera legislativa» anexa a la propuesta de Reglamento, la Comisión debería contemplar la posibilidad de ampliar el período de financiación de los costes de funcionamiento de estos Consejos Consultivos Regionales.

2.4.1

En el ámbito de las relaciones internacionales, las medidas financieras cubrirán los gastos derivados de los acuerdos pesqueros, incluidos los acuerdos de cooperación pesquera, así como la participación de la Comunidad Europea en organizaciones internacionales. El CESE considera que, entre los objetivos específicos en el marco de las relaciones internacionales, son primordiales la contribución a la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en aguas de países terceros y en aguas internacionales y el mantenimiento del empleo en las regiones dependientes de la pesca.

2.4.2

El Comité considera fundamental para el conjunto de políticas comunitarias, la presencia de la Unión Europea en todas las organizaciones internacionales relacionadas con la actividad pesquera de las flotas y con el Derecho del Mar, ya que el futuro de los recursos pesqueros internacionales está basado en una gestión responsable de las organizaciones internacionales. Por ello da su aprobación a las medidas financieras comunitarias previstas en este ámbito de relaciones internacionales.

2.4.3

El CESE estima que la presencia de representantes del sector pesquero en reuniones de organizaciones internacionales, a instancia de los Estados miembros o de la Comisión, deberían también estar cubiertas por las medidas financieras previstas en este ámbito.

2.5.1

El Comité da su conformidad a las medidas financieras comunitarias destinadas a los gastos de preparación, vigilancia, seguimiento, auditoría y evaluación necesarias para la consecución de los objetivos de la presente propuesta de Reglamento.

3.1

La propuesta de Reglamento establece los porcentajes de cofinanciación con los Estados miembros de las medidas financieras aplicables a los diferentes gastos en cada uno de los ámbitos de aplicación. El CESE no tiene nada que objetar a los porcentajes previstos.

3.2

La propuesta de Reglamento prohíbe la acumulación de ayuda comunitaria, estableciendo que las actuaciones financiadas al amparo de este Reglamento no podrán recibir ayudas de otros instrumentos financieros comunitarios. El Comité considera que los instrumentos financieros de otras políticas comunitarias, como la de desarrollo, investigación, comercio exterior y medioambiente, deberían también contribuir a las actuaciones del ámbito de relaciones internacionales previstas en esta propuesta de Reglamento. Es la propia Comisión Europea la que, en su «Comunicación sobre el marco integrado para la celebración de Acuerdos de asociación pesquera con terceros países», indica claramente que el objetivo principal de la Unión Europea es el de contribuir a la pesca sostenible a través de la PPC y de los objetivos de otras políticas comunitarias como la política europea de desarrollo, de investigación, de comercio exterior y de medio ambiente.

3.3

Finalmente, la propuesta de Reglamento articula los procedimientos de financiación en cada uno de los ámbitos de aplicación. Detalla cómo y cuándo deben dirigirse por parte de los Estados miembros a la Comisión las solicitudes de medidas financieras comunitarias así como la decisión de la Comisión sobre estas solicitudes, fijando el importe global, el porcentaje de contribución financiera con el Estado miembro y cualquier condición que se aplique a esta contribución. Teniendo en cuenta que el Reglamento prevé, asimismo, la protección de los intereses financieros comunitarios mediante medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, así como inspecciones, controles y auditorias de las ayudas financieras otorgadas, el Comité considera adecuado el sistema de financiación y control previsto por el Reglamento.

4.1

El CESE aprueba la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar, solicitando a la Comisión que tenga en cuenta las siguientes observaciones:

4.2

El Comité considera necesaria la presente propuesta de Reglamento por el que se establecen las medidas financieras comunitarias para la aplicación de la PPC y el Derecho del Mar, ya que complementa la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

4.3

El Comité lamenta profundamente que, en el momento de redactar el presente dictamen, no se haya producido todavía la decisión de adopción de los presupuestos para el período 2007-2013, período de plena aplicación de las medidas financieras previstas en el presente dictamen, así como que el Consejo no haya adoptado ninguna decisión sobre la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca.

4.4

El CESE solicita a la Comisión que cualquier variación el presupuesto, en el marco de las perspectivas financieras, no afecte porcentualmente al presupuesto de la PPC puesto que, si no, sería imposible alcanzar los objetivos marcados en la reforma de la PPC.

4.5

Los ámbitos de aplicación previstos son necesarios y suficientes ya que la propuesta de Reglamento dota a los Estados miembros y a la Comisión de los medios adecuados para una intervención financiera más eficaz de la PPC.

4.6

De entre los ámbitos de aplicación previstos en el Reglamento, el CESE desea resaltar a la Comisión la importancia esencial que tiene el de la mejora del asesoramiento científico. El desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y, consecuentemente, el éxito de la PPC, depende del conocimiento científico profundo, veraz y actualizado del estado de las diferentes especies pesqueras. El enorme esfuerzo que están realizando tanto las administraciones pesqueras, comunitarias y de los Estados miembros, así como el sector pesquero, obliga a que la Unión Europea posea el mejor asesoramiento científico sobre sus propios recursos y los de aguas internacionales.

4.7

En este sentido, y para mejorar el asesoramiento científico, el Comité considera que se deberían poder financiar, a través de los Estados miembros, los gastos en los que incurra el sector pesquero comunitario en la realización de estudios para evaluar los efectos de las actividades pesqueras en el medio ambiente y para evaluar la situación socioeconómica en el sector. Así mismo, estima que las ayudas financieras deberían cubrir también el asesoramiento científico al sector pesquero.

4.8

El Comité muestra su conformidad con las medidas financieras previstas en el ámbito de la gobernanza de la PPC, ya que contribuirán al objetivo de hacer participar a los interesados en todas las fases de la misma, así como al de mantenerles informados de la consecución de sus objetivos.

4.9

En relación con los Consejos Consultivos Regionales (CCR), el Comité considera que debería ampliarse el período de financiación de sus costes de funcionamiento.

4.10

La presencia de la Unión Europea en las organizaciones internacionales relacionadas con la actividad pesquera de las flotas y con el Derecho del Mar es considerada de suma importancia por el CESE, por lo que está de acuerdo con las ayudas financieras previstas para estos conceptos así como para los acuerdos pesqueros, incluidos los acuerdos de cooperación pesquera con terceros países ya que son primordiales para la contribución a la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en aguas de terceros países y en aguas internacionales y para el mantenimiento del empleo en las regiones dependientes de la pesca.

4.11

No obstante, el Comité estima que la presencia de representantes del sector pesquero en reuniones de organizaciones internacionales, a instancia de los Estados miembros, o de la Comisión, deberían también estar cubiertas por las medidas financieras previstas en el ámbito de relaciones internacionales.

4.12

Finalmente, el CESE considera que los instrumentos financieros de otras políticas comunitarias, como la de desarrollo, investigación, comercio exterior y medio ambiente, deberían también contribuir a las actuaciones en el ámbito de relaciones internacionales de la PPC.

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/41

1.1

Cada vez con más frecuencia se están produciendo catástrofes en el territorio que comprende la UE y en general en todo el mundo; una parte se debe a fenómenos naturales: inundaciones, terremotos, incendios, sequías, huracanes, etc., y otra a acciones terroristas que expanden el terror entre la población inocente. Se puede decir que en cualquiera de ellas la actuación humana es la causante, en mayor o menor grado, aunque la intencionalidad no sea comparable. La UE se ha comprometido a realizar acciones preventivas frente al cambio climático y no solo mediante el compromiso asumido en el Protocolo de Kioto, sino a través de múltiples disposiciones que inciden en las medidas de preservación de la tierra, el agua y el aire. Este es un empeño con efectos preventivos, que puede servir para mantener y regenerar el estado de nuestro territorio, nuestros mares y nuestra atmósfera y, a la vez, contribuir a que se generalice en todo el planeta. Por otro lado, el esfuerzo frente a las acciones terroristas (1) ha originado múltiples instrumentos de coordinación, tanto a nivel policial como de justicia, que han permitido mejorar las relaciones de cooperación entre los Estados miembros.

1.2

La UE, no obstante lo anterior, ha tenido que crear un sistema comunitario de prestación de ayuda cuando en su territorio se producía una catástrofe de cualquier género. Este sistema no es otro que el de protección civil, que apoya y facilita la movilización de ayuda vital para cubrir las necesidades inmediatas de los territorios afectados por las catástrofes, extendiéndose incluso a los no comunitarios. La presente Comunicación tiene como fin mejorar el mecanismo de protección civil que se creó en el 2001 (2), así como complementar el Programa de acción a favor de la protección civil (3) mediante una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea un instrumento de preparación y de reacción rápida ante las catástrofes (4).

1.3

Conviene señalar la necesidad de definir qué se entiende por protección civil, al estar muchas veces solapada con la ayuda humanitaria. En este sentido, la Comisión separa nítidamente el contenido de una y otra, ya que su finalidad es coincidente «salvar vidas y paliar los efectos de una catástrofe durante los primeros días». Para ello, establece cuáles son las diferencias y así, en primer lugar, la protección civil puede paliar las consecuencias de las catástrofes en el medio ambiente y no sólo en la población; en segundo lugar, se presta con medios y equipos de los Estados miembros y no a través de instituciones humanitarias u ONG y en tercer lugar, se puede actuar tanto fuera como dentro de la UE, aunque los procedimientos sean distintos cuando se actúe en terceros países (5).

1.4

La función específica del mecanismo es de actuación en el ámbito comunitario y siempre a petición del Estado miembro en el que se produzca la catástrofe. No obstante, hay que señalar que su actuación se extiende a escala internacional, en coordinación con otros organismos de carácter internacional, especialmente la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, con la que tiene establecido unos procedimientos operativos, y apoyándose en la Cruz Roja, así como en las ONG que operan in situ.

1.5

La toma de posición por la UE ante las catástrofes sucedidas que, desgraciadamente, parecen no tener fin, lleva al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, en la reunión extraordinaria del 7 de enero del 2005, a proponer la mejora del mecanismo comunitario y a desarrollar los medios para una reacción rápida en la ayuda. Pocos días más tarde, el 13 de enero, el Parlamento Europeo realiza una «Resolución sobre la reciente catástrofe causada por el tsunami en el Océano Índico», en la que efectúa un llamamiento para que se creen las medidas tanto humanas, materiales y de formación que puedan estar disponibles en caso de cualquier tipo de catástrofe.

1.6

El marco que regula en la actualidad la actuación en el ámbito de la protección civil consta de los dos instrumentos mencionados, el mecanismo comunitario de protección civil y el programa de acción en favor de la protección civil; es el primero de ellos el que es objeto de esta Comunicación, cuyo núcleo operativo es el Centro de Control e información que tiene su sede en la Comisión Europea, y que es operativo las 24 horas del día. Dispone de una base de datos con los servicios de protección civil de cada Estado, así como los datos provenientes de la base de datos militar.

2.1

Mejora del mecanismo comunitario de protección civil. Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejora del mecanismo de protección civil, así como la necesidad de una mejor coordinación entre los Estados miembros y también con los otros organismos que intervienen en estos hechos. La Comunicación propone cuatro intervenciones dirigidas a su mejora, consistentes en:

2.1.1

Mayor preparación a través de la formación de los equipos, así como de la realización de ejercicios de preparación para lo cual se debe, en primer lugar, evaluar los recursos actualmente existentes; en segundo lugar, establecer un plan modular que determine una serie de módulos de rápida movilidad y, por ultimo, llevar a cabo cursos de formación y ejercicios conjuntos que contribuyan a aumentar su operatividad y crear una cultura común de intervención.

2.1.2

Análisis y evaluación de las necesidades mediante un sistema de alerta que utilice los medios del Centro de Control e Información y centralice todas las informaciones que le permitan intervenir coordinadamente con los otros órganos, especialmente con la ONU. La mejora de la evaluación de las necesidades sobre el terreno de una catástrofe permite determinar las necesidades en cada caso, de forma que sea más efectiva la intervención. Se propone la ampliación del grupo de personas que compone el Centro de Control, así como la revisión de las normas y métodos de evaluación.

2.1.3

Mayor coordinación: es una de las mejoras de mayor amplitud. Se trata de coordinar mejor la contribución de los Estados miembros, que permita una asistencia europea coordinada así como una mayor complementariedad y coordinación con la ONU, con las demás organizaciones que intervienen en la ayuda humanitaria y con el personal militar. Esta coordinación debe mejorar la capacidad de planificación operativa sobre el terreno, incluyendo los distintos servicios de la Comisión.

2.1.4

Mayor asistencia a los ciudadanos. Como se puso de manifiesto en el tsunami, la protección de los ciudadanos europeos se logra a través de la cooperación entre protección civil y las autoridades consulares de los países involucrados, debiendo reforzarse la cooperación entre los países que han sufrido la catástrofe y los Estados miembros.

2.2

Estas medidas de mejora que se propone la Comisión deben estar acompañadas de una ampliación de los recursos de que dispone protección civil. Por ello, el Consejo ha pedido que se hagan propuestas para desarrollar los recursos actuales. En el Plan de acción de la UE, de 31 de enero del 2005, ya se señalaron los aspectos más importantes sobre los que había que actuar.

2.2.1

En primer lugar, se propone una puesta en común de los recursos de protección civil, de forma que cuando los recursos y competencias nacionales no cubran las necesidades, se puedan tomar medidas a escala europea para conseguir más eficacia en la actuación.

2.2.2

El refuerzo de la capacidad analítica del Centro de Control supone un planteamiento más dinámico del mismo, especialmente en la tarea de informar a terceros países. De ahí que se haga necesaria una relación fluida que permita utilizar de forma ágil los recursos disponibles para actuar, a través de la petición del país afectado.

2.2.3

Los módulos de reserva cumplen una función importante de cara a intervenir en catástrofes de gran magnitud o siempre que se solicite por otro Estado miembro o por un tercer país. De ahí la importancia de implementar el sistema propuesto en esta Comunicación, ya que se podría contar en cada país con módulos fundamentales permanentemente preparados para actuar en las intervenciones europeas o en otros países.

2.2.4

La consolidación de la base logística así como los recursos suficientes que permitan al Centro de Control actuar rápida y eficientemente. La financiación de los costes del alquiler de los equipos de intervención va a contar con recursos europeos (6), debiendo estudiarse la sinergia en este campo con la ONU cuando se actúe en terceros países.

2.2.5

Por último, la coordinación internacional es uno de los elementos fundamentales para dar una respuesta rápida a las catástrofes. El mecanismo comunitario dispone de recursos que, coordinados con los de otros organismos, producen una mejor respuesta. Deben tenerse en cuenta tanto los organismos de las Naciones Unidas como las diversas organizaciones que prestan ayuda humanitaria.

3.1

El CESE acoge de forma positiva el contenido de la propuesta de mejora del mecanismo comunitario de protección civil, dada la necesidad de reforzar y mejorar todos los medios con que se cuenta para actuar en caso de siniestro dentro y fuera del territorio de la UE. La experiencia acumulada a lo largo de estos años pone de manifiesto que el funcionamiento de protección civil a nivel comunitario tiene muchos puntos mejorables y, en este sentido, entendemos que hay que realizar algunas observaciones previas para que se realice la efectividad de las medidas propuestas para mejorar el mecanismo comunitario.

3.2

En primer lugar, es necesario potenciar la capacidad de respuesta de la UE basándose en los sistemas nacionales de protección civil, en varios aspectos:

3.2.1.1

Convendría potenciar el sistema CECIS (7), pasando a una estructura basada en conexiones satelitales con capacidad de vídeo, voz, datos, segura y conectada a través del MIC (8) con estructuras o centros de conocimientos específicos para poder disponer de datos, expertos y modelos (por ejemplo, sobre las consecuencias previsibles) adecuados a las circunstancias de la emergencia específica. Algunos ejemplos simples son la Agencia Espacial Europea y el Centro Común de Investigación para cartografía actualizada de terceros países y evaluación de daños o cartografía puesta al día tras una catástrofe (por ejemplo, terremotos e inundaciones) que pueden inutilizar una red de infraestructuras para el encaminamiento de la ayuda. Dicha red se basaría en los puntos de contactos de cada Estado miembro, los cuales podrían aportar su contribución a la solución de la emergencia.

3.2.1.2

El flujo de información entre las unidades de asistencia de la UE y el MIC debe ser constante, seguro y libre de interferencias:

3.2.1.3

La respuesta aparentemente evidente es el uso de las comunicaciones vía satélite. Efectivamente, la experiencia muestra que:

3.2.1.4

Sin embargo, también tienen una capacidad de transmisión de datos limitada y, en casos determinados, se ven saturadas por otras necesidades o usuarios (entre otros, los medios de comunicación). Por ello, es conveniente asegurar, vía satélite, unos anchos de banda dedicados, es decir permanentes, que permitan comunicaciones satisfactorias entre la zona o las zonas afectada(s) y el MIC y, asimismo, entre las diferentes áreas de actuación.

3.2.1.5

En cuanto a la cobertura, podría pensarse que bastaría limitarla a un área geográfica discreta (la UE y zonas próximas), pero la realidad es que habría de buscarse una cobertura a nivel mundial. El caso del reciente tsunami muestra claramente que esta solución es deficiente; se tuvieron que cubrir no sólo las comunicaciones con el MIC, sino entre zonas operativas tan distantes como Maldivas, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia.

3.2.1.6

Es, por tanto, necesario que, en aras de unas comunicaciones eficaces, la UE se dote de un sistema de transmisiones satelital, dedicado (es decir, exclusivo), seguro (no interferible), fiable y de alcance global. Dicho sistema deberá poder aceptar comunicaciones de voz, datos (faxes, correos, así como imágenes de gran definición) y videoconferencia.

3.2.1.7

El Centro Común de Investigación, la Agencia Espacial Europea, la Comisión (Dirección General de la Sociedad de la Información) cuentan con las capacidades suficientes para atender a las necesidades expresadas por el Comité de Gestión del Plan de Acción y del Mecanismo que depende de la Dirección General encargada de la protección civil (DG Medio Ambiente).

3.2.2.1

En las intervenciones de equipos de asistencia:

3.2.2.2

En el apoyo a los Estados miembros en caso de emergencia:

3.2.3.1

Las estructuras actuales del mecanismo se basan en la puesta a disposición, a nivel global de la UE, de ciertos equipos de intervención, de medios y equipos de evaluación. Ello ha representado un avance frente al vacío existente anteriormente, pero no significa que sea plenamente satisfactorio.

3.2.3.2

La propia extensión geográfica de la Unión y la diversidad de riesgos a los que se enfrenta abren la posibilidad de considerar, dentro del propio mecanismo, estructuras de apoyo a nivel regional donde se situarían ciertos equipos y medios que estarían así más rápidamente disponibles y más adaptados a la especificidad de los riesgos a escala regional dentro de la Unión.

3.2.3.3

Dichos medios podrían ser estacionales (caso de aviones de lucha contra incendios forestales) o permanentes.

3.2.3.4

Otra de las posibles mejoras sería la distribución del acopio de recursos de los países vecinos para ponerlos a disposición del conjunto de los países de la región. Así, podría pensarse en que la Unión potencie la adquisición de recursos compartidos entre países de tamaño medio o que se enfrentan a un riesgo común (inundaciones en una cierta cuenca, terremotos, etc.).

3.2.4.1

En la actualidad, el MIC, a pesar de estar alerta las 24 horas, carece de una dotación suficiente, tanto de personas como de medios técnicos, tal y como están funcionando los centros de emergencia en la mayoría de los Estados miembros. La Comisión se debe comprometer a cambiar esta situación.

3.2.4.2

Sin embargo, el enfoque actual adoptado por la Comisión se limita a la consecución de unos recursos determinados en función de la emergencia de que se trate. Cabe preguntarse si este enfoque es todo lo ambicioso que la situación requiere.

3.2.4.3

El MIC, por definición, no es un centro de decisión ni de coordinación operativa en una emergencia; esto no se cuestiona. Sin embargo, a la hora de ayudar a tomar determinadas decisiones o plantear una asistencia, es necesario evitar improvisaciones y tener un procedimiento de actuación determinado, que, además, variará según las circunstancias de la emergencia. No se actúa de la misma manera frente a una inundación, a un corrimiento de terrenos, un seísmo o una erupción volcánica. Los medios también son diferentes.

3.2.4.4

Por ello, es necesario que el MIC, además de disponer de los datos más fiables en caso de emergencia –para lo que la Comisión prevé contactos con los organismos especializados dentro y fuera de la Unión–, tenga planes de asistencia predefinidos en los cuales, en función del tipo de emergencia, de su gravedad, del país donde se produzca, etc., se busque dar una respuesta efectiva y rápida. Indudablemente, aquí deberían integrarse los módulos movilizables disponibles en cada país.

3.2.4.5

El planteamiento debería ser el de preguntarse si el MIC, además de ser un centro de seguimiento, podría adquirir funciones de coordinación de los organismos nacionales, de las organizaciones especializadas en ayuda humanitaria y, muy especialmente, del voluntariado que acude en ayuda ante cualquier catástrofe. La coordinación es una función necesaria a realizar por los organismos que disponen de toda la información y de los medios precisos para realizarla.

3.2.5.1

Indudablemente, los equipos de intervención preseleccionados por los Estados miembros saben cómo actuar frente a emergencias. El programa actual de formación está dando buenos resultados en lo que se refiere a la capacidad de actuar en común. Debe aumentarse el número de cursos e intentar organizarlos en otros idiomas distintos del inglés, ya que, por ejemplo, puede pensarse en actuaciones en países culturalmente próximos a otras lenguas, como el francés o el castellano.

3.2.5.2

Los planes previos de asistencia, una vez definidos, deberán ser conocidos por los equipos de intervención por lo que habría que incluirlos en los programas de formación.

3.2.5.3

Debe considerarse la posibilidad de utilizar las nuevas técnicas de formación a distancia para impartir estos nuevos cursos.

4.1

La propuesta es, sin duda, positiva, pero puede mejorarse teniendo en cuenta que el mecanismo es fundamentalmente un instrumento para uso dentro de la UE y, por tanto, es en la actualidad un instrumento (por no decir el instrumento) de solidaridad interterritorial de la UE.

4.2

Por ello, la Unión no debe escatimar medios para asegurar una respuesta lo más rápida y eficaz frente a los diferentes tipos de emergencias. Para ello es fundamental establecer procedimientos predefinidos de actuación o planes de asistencia que deben ser puestos a prueba en simulacros y modificados en función de la experiencia obtenida en ellos o en intervenciones reales.

4.3

Los planes deberán disponer de comunicaciones, cartografía al día y medios adecuados para lograr una coordinación satisfactoria. Dichos medios deberán ser de titularidad de la Unión. Los planes europeos de intervención marcarán una pauta a escala internacional que potenciarán la imagen y la influencia de la Unión a nivel internacional.

4.4

Por otra parte, los equipos de evaluación y los coordinadores de la Unión deberán ser oídos en lo que se refiere a la recuperación de la zona afectada y sobre los posibles planes de actuación posteriores.

4.5

El CESE considera que todas las actuaciones que realice el mecanismo comunitario deben estar suficientemente dotadas a nivel presupuestario, que permitan no solo la disponibilidad de técnicos suficientes, sino de medios propios que mejoren la intervención europea y su visibilidad, sobre todo en las catástrofes exteriores. Entre los medios propios habría que hacer especial hincapié en los transportes, de forma que la dotación de una flota disponible permitiría una acción rápida que minimizara las consecuencias de las catástrofes.

4.6

En el caso de intervención en terceros países, es necesario que se consideren las intervenciones del mecanismo como parte integrante de la política exterior de la Unión y que se les dé la importancia que merecen como muestra de la solidaridad inmediata de la Unión frente a países afectados por tragedias.

5.1

El CESE apoya el contenido de la Comunicación sobre la mejora del mecanismo comunitario de protección civil. No obstante, entiende que es mejorable en algunos aspectos concretos y, sobre todo, considera que algunas de nuestras observaciones son el resultado de la valoración hecha por los representantes de la sociedad civil organizada que forman parte de este Comité.

5.2

Como punto de partida y teniendo en cuenta la necesidad de dotar de un carácter obligatorio al cumplimiento de las medidas propuestas, se debería utilizar un instrumento jurídico adecuado. De este modo, pensamos que el reglamento (9) es el instrumento que cumple una función armonizadora y coercitiva en todos los Estados miembros de la UE.

5.3

Otro tema que cabe destacar es la dotación presupuestaria correspondiente al mecanismo, que deberá contar con fondos suficientes que cubran la ampliación de personal y la compra de medios propios. Por otro lado, a pesar de que en la Comunicación no se especifica la ayuda financiera concedida a los Estados miembros, deberían tenerse en cuenta e incluirse en la nueva propuesta del Fondo de Solidaridad (10) todas las catástrofes naturales, incluyendo la sequía.

5.4

Respecto a las mejoras que el CESE propone para el mecanismo, recogidas en el presente Dictamen, habría que destacar:

5.5

El CESE, como representante de la sociedad civil, quiere hacer público su apoyo al voluntariado que interviene en las catástrofes. Su trabajo no remunerado y en muchos casos permanente no es sólo una muestra de solidaridad sino una acción necesaria para intervenir activamente en la solución de los daños, tanto a las personas como a los bienes de las zonas afectadas por las catástrofes.

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/46

1.1

La política pesquera común (PPC) contempló por primera vez las sociedades mixtas como un instrumento de política estructural en el Reglamento 3944/90, definiéndolas como una «sociedad de Derecho privado constituida por uno o varios armadores comunitarios y uno o más socios de un tercer país con el que la Comunidad mantenga relaciones, vinculados por un contrato de sociedad mixta, con el fin de exportar y, en su caso, aprovechar los recursos haliéuticos situados en aguas bajo la soberanía y/o jurisdicción de estos terceros países, en la perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado de la Comunidad» (1). En la década de los años noventa la PPC experimentó un desarrollo importante con respecto a la época anterior, generalizándose el uso del término «Europa Azul», que hoy en día vuelve a la actualidad con una visión incluso más amplia de la mano de los debates abiertos para el establecimiento de una política marítima común.

1.2

Al evolucionar la PPC, no se revisó el antedicho concepto de sociedades mixtas, que, por lo tanto, quedaron encuadradas exclusivamente como un instrumento de política de estructuras pesqueras alternativo al desguace del buque o su simple exportación definitiva, como puede observarse en los artículos relevantes de los Reglamentos que se citan más adelante en el apartado 2.1.2. del presente dictamen. Por lo tanto, la normativa aplicable tenía un carácter de control meramente financiero.

1.3

Sin embargo, las sociedades mixtas pesqueras son mucho más que un instrumento de política de estructuras pesquera; son un vehículo que permite la conclusión de una serie de objetivos claramente recogidos en los diversos documentos y normas existentes en la Unión Europea, desde el abastecimiento de los mercados hasta la política de cooperación, pasando por las políticas de empleo y desarrollo regional, la promoción de la pesca responsable, la intervención de la Unión Europea en las distintas organizaciones regionales de pesca (ORP) y, en general, la presencia de capital y trabajadores cualificados de los Estados miembros en proyectos de inversión sostenible en países y mercados diversos.

1.4

Es cierto que la concepción de las mismas como instrumento de política de estructuras ha quedado definitivamente superada con la reforma de la PPC, pero, como se verá, es también cierto que ello ha llevado a que se produzca en la actualidad una ausencia prácticamente total de regulación que dote de un marco específico a las sociedades mixtas en el seno de las competencias propias y políticas de la Unión Europea.

1.5

También es cierto que este Comité ha mantenido siempre, en los dictámenes solicitados por la Comisión, que es necesario adecuar las sociedades mixtas pesqueras a la nueva política pesquera común. Lo hizo durante la tramitación de la misma en el Dictamen que el CESE emitió sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la implementación de la reforma de la PPC (2). Lo reiteró en su Dictamen sobre el Fondo Europeo de la Pesca (3) relativo a la propuesta de Reglamento del Consejo sobre dicho Fondo (4), y se le comunicó públicamente al Comisario de Pesca durante su visita a la Sección NAT del CESE el 16 de junio de 2005, siendo acogida por el Comisario la comunicación para consideración.

1.6

El objetivo del presente dictamen es profundizar en la línea establecida por el Comité Económico y Social Europeo, aportando los elementos de juicio necesarios para promover un cambio de concepto sobre la razón de ser de las sociedades mixtas pesqueras y, por lo tanto, del contenido de las normas que las rigen, a partir de los documentos oficiales y de los hechos contrastados por los mismos.

1.7

Es de esperar que la aceptación, en su caso, del cambio conceptual propuesto suponga el esfuerzo necesario para dotar de una carta de naturaleza amplia y propia a este tipo de sociedades, que constituyen una realidad peculiar y única en el campo del comercio internacional y que abren a la Unión Europea una línea de actuación específica en sus relaciones internacionales.

2.1.1

Las sociedades mixtas pesqueras se incorporaron al Derecho comunitario por obra del Reglamento 3944/90 del Consejo, que modificó el Reglamento 4028/86 del Consejo, como un instrumento apto para la reducción de la capacidad pesquera de la flota comunitaria unido a un compromiso de abastecimiento del mercado comunitario, tomando en cuenta la escasez de recursos en aguas comunitarias y la prohibición de acceso a las zonas económicas exclusivas de terceros Estados. Se trata de una lógica de cuatro puntos: eliminación de sobrecapacidad, garantía de aprovisionamiento, mantenimiento parcial del empleo y materialización de los acuerdos políticos y comerciales con terceros países (5). Para implementar las medidas de dichos Reglamentos se aprobó el Reglamento 1956/1991 de la Comisión (6).

2.1.2

Con la adopción de los Reglamentos (CEE) 2080/93 (7) y 3699/93 (8) del Consejo, la gestión y financiación de las sociedades mixtas pesqueras quedó integrada en el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros eran responsables de la selección de proyectos, su gestión y control, así como del pago de las subvenciones. Estas subvenciones eran inicialmente iguales a las de desguace o exportación y finalmente consistentes en el ochenta por ciento (80 %) de la prima que correspondería en caso de desguace del buque. Por tanto, el armador comunitario podía legítimamente considerar que la diferencia de subvención entre la prima de desguace y la correspondiente a exportación a sociedades mixtas, se debe al mantenimiento de un vínculo favorable entre la nueva sociedad mixta a la que aporta su buque, o buques, y la Unión Europea. Estos principios siguieron vigentes en el Reglamento 2468/98 del Consejo de 3 de noviembre de 1998 (9) que derogó el Reglamento 3699/93, así como en el Reglamento 2792/1999 del Consejo de 17 de diciembre de 1999 (10), si bien es de destacar que este último introdujo un concepto más simple de sociedad mixta al definirla como «toda sociedad comercial con uno o varios socios nacionales del tercer país en el que esté registrado el buque» (11).

2.2.1

El «Libro Verde sobre el futuro de la política pesquera común» (12) reconoció, por un lado, el exceso de capacidad de flota de la Unión Europea y, por otro, la mundialización del sector pesquero y la legítima aspiración de muchos países en vías de desarrollo a ampliar su propia industria pesquera. Estas tres ideas, unidas a la intensa capitalización necesaria en las inversiones pesqueras (flota, puertos, frigoríficos, fábricas, etc.) que el propio Libro Verde igualmente reconoce, hubieran debido generar un debate específico sobre la importancia de las sociedades mixtas pesqueras de mayor alcance al que se refleja en los documentos oficiales (13) de aquel momento.

2.2.1.1

Las sociedades mixtas pesqueras son un vehículo de presencia e inversión de la Unión Europea en el desarrollo del sector pesquero en países en vías de desarrollo que permite la formación o crecimiento de un sector económico completo. La aportación de buques pesqueros a dichas sociedades representa el aspecto extractivo de la pesca, pero también se fomentan diversos sectores como el portuario, de servicios diversos (reparaciones, ingeniería, avituallamiento, consignación, transbordo, carga y descarga, atención a las tripulaciones, viajes, etc.), de mantenimiento real de las cadenas de frío (exigido por las propias normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea, a través de inversiones en costosas instalaciones frigoríficas), cumplimiento de normas sanitarias en materia de productos alimentarios y, finalmente, implantación de industrias de transformación.

2.2.1.1.1

Dicho vehículo permite, a la par del mantenimiento de empleo europeo de calidad en las oficialidades y mandos medios de muchos buques, la creación de numerosos puestos de trabajo en los buques y en las empresas de servicios que nacen alrededor de los mismos. Dicho empleo puede ofrecer una salida digna en cuanto a condiciones de trabajo e ingresos a los pescadores locales que, de otro modo, tienen como única salida el empleo tradicional en una pesca artesanal en muchos casos ineficiente y perjudicial para los propios recursos, debido a la inexistencia o escasez de mecanismos de control, conservación, comercialización, etc.

2.2.1.2

La creación de riqueza local y la exportación de las capturas, con o sin transformación previa local, permite, a su vez, crear cadenas de valor internacionales en las que el reparto del mismo se produce de un modo más equitativo, e incrementar exponencialmente el producto interior bruto y la renta per cápita atribuibles al sector en el país en cuestión, creando progresivamente un sector pesquero industrializado donde antes existía sólo una pesca meramente costera, sin condiciones sanitarias ni comerciales suficientes.

2.2.1.3

Las empresas mixtas pesqueras han estado obligadas a suscribir un compromiso de abastecimiento prioritario a los mercados europeos que garantiza la realidad y mantenimiento de las inversiones realizadas por los armadores e industriales pesqueros, los Estados miembros y la propia Unión Europea (vía subvenciones) y permite el abastecimiento de un mercado comunitario deficitario, en el que se incrementa el consumo de pescado siguiendo las recomendaciones de mantenimiento de una dieta sana y variada que se hacen reiteradamente a la población europea tanto desde las instancias científicas como las públicas. Además, este abastecimiento debe respetar estrictamente la normativa alimentaria de la Unión Europea.

2.2.1.4

La actividad de las empresas mixtas, en las zonas que dependen de la pesca dentro de la propia Unión Europea, permite el mantenimiento de niveles de empleo en la propia industria, al mantenerse operativas las oficinas centrales, técnicas y comerciales de las empresas en Europa y los empleos que genera la industria auxiliar, ya sea directamente, en las ocasiones en que los grandes buques regresan a sus puertos de base europeos para las reparaciones cuatrienales, ya indirectamente, al crearse cadenas de servicios de «know how» con las industrias de servicios locales a las que antes nos hemos referido.

2.2.1.5

Las empresas mixtas pesqueras hacen posible que la Unión Europea disponga de datos eficaces de seguimiento y control de las capturas en aguas de terceros países e internacionales al mantener un vínculo jurídico con las sociedades pesqueras radicadas en las zonas de origen. Esto permite que la Unión Europea ejerza un liderazgo efectivo en su actuación en las Organizaciones Regionales de Pesca competentes, constituidas o amparadas bajo los auspicios de la FAO, organización de Naciones Unidas competente en la materia (14). Esto es así porque, a los oportunos efectos de control financiero por la Comisión, los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas, las empresas mixtas deben remitir a los Estados miembros datos semestrales de sus capturas.

2.2.1.6

Permiten, asimismo, mantener una presencia pesquera de los intereses de la Unión Europea en aguas y caladeros internacionales, de calidad garantizada por el nivel de exigencia en materia de pesca responsable, conservación y gestión de los recursos, seguridad a bordo de los buques, control, seguridad de la cadena alimentaria, etc., de los Reglamentos comunitarios. De esta forma se evitaría o minimizaría el efecto pernicioso de flotas pesqueras extranjeras que ni favorecen el desarrollo pesquero e industrial del país tercero ni garantizan la calidad de la pesca de productos cuyo destino final sería la Unión Europea ni permiten un adecuado control responsable de los recursos.

2.2.1.7

Mediante ellas, finalmente, la Unión Europea puede contribuir, de modo efectivo y duradero, al desarrollo de una industria pesquera local en los países con los que ha suscrito acuerdos pesqueros y en los que operan sociedades mixtas pesqueras o sociedades de dichos terceros países en los que el control es de empresarios europeos. Dicha industria pesquera ha generado beneficios tanto en los terceros países como en la Unión Europea en general, al permitir el abastecimiento continuado de productos del mar.

2.2.2

Nada de cuanto antecede se reflejó, ni siquiera de un modo indirecto, ni en el apartado 3.9. del reiteradamente citado «Libro Verde» sobre «La dimensión internacional de la PPC» (15) ni en su punto 5.8. sobre las «Relaciones exteriores» (16). Ni una sola vez se mencionan las sociedades mixtas pesqueras como instrumento válido de actuación de los principios de política pesquera que el propio «Libro Verde» propugna, que, sin embargo, sí habían sido avaladas hasta el año 2002 por la extensa reglamentación comunitaria al respecto, conforme queda indicado ampliamente en el presente dictamen.

2.2.3

La prácticamente total supresión de las sociedades mixtas pesqueras en la nueva PPC queda demostrada por el hecho de que el último informe reencargado por la Comisión con datos exhaustivos sobre el particular data del año 2001 y en él no se distinguen los buques adscritos a sociedades mixtas (17). Anteriormente a éste se encuentra disponible otro informe específico titulado «Etude de bilan des sociétés mixtes dans le contexte des interventions structurelles dans le domaine de la pêche», que data del 16 de junio de 2000. Dichos documentos apuntan a la existencia en la actualidad de unas 300 empresas mixtas que agrupan a más de 600 buques. Dichas empresas han quedado fuera del marco de regulación pesquera comunitaria, en una situación de vacío legal, convirtiéndose exclusivamente en empresas extranjeras participadas por socios comunitarios que tienen con la Unión Europea una obligación de abastecimiento prioritario y una obligación de remisión de información periódica sin otra protección que la que, en su caso, puedan brindar los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones entre el Estado miembro de origen y el tercer país de destino.

2.3.1

A la par que se realizaban los trabajos que condujeron a la definitiva redacción del antecitado Libro Verde, se produjo la aprobación de los Reglamentos: Reglamento (CE) no 1263/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (18) y el Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (19). Estos Reglamentos continuaban dando vigencia, dentro del IFOP, a las sociedades mixtas pesqueras hasta la finalización de su periodo de vigencia, es decir, el 31 de diciembre de 2006.

2.3.2

Sin embargo, desde el 31 de diciembre de 2004 las empresas mixtas han quedado prácticamente eliminadas de la política de estructuras pesqueras de la Unión Europea por obra del Reglamento (CE) 2369/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca (20). Las empresas mixtas siguen formando parte del acervo comunitario en cuanto deben cumplir las normas aplicables en el momento de su constitución, pero carecen de una regulación específica a medio y largo plazo.

2.3.3

El principio en el que se basó la supresión de las ayudas a las empresas mixtas pesqueras y, con ello, a casi toda referencia legislativa a las mismas se contiene en el considerando (5) de dicho último Reglamento según el cual conviene que el IFOP se concentre en la reducción de capacidades a través del desguace de buques. La mera reducción de la capacidad de pesca es sólo uno de los muchos objetivos de las políticas comunitarias a los que han servido y pueden seguir sirviendo de vehículo adecuado las sociedades mixtas, como se explica más adelante.

3.1

Conveniencia de mantener una política específica para las sociedades mixtas del sector pesquero en el seno de la PPC

3.1.1

En contra de su supresión en la normativa en vigor, las sociedades mixtas pesqueras se asientan en una lógica económica especialmente adecuada para una economía globalizada, consistente, por un lado, en el ahorro de costes por el habitual menor impacto de los existentes en el país de destino si se comparan con los del Estado miembro de origen y, por otro, en la transferencia de tecnologías, la creación y reparto de valor añadido, el acceso a los recursos y el abastecimiento de los mercados.

3.1.2

Las sociedades mixtas pesqueras permiten, a la par, el mantenimiento parcial del empleo, tanto en la mar como en tierra, en las zonas dependientes de la pesca de la Unión Europea y el desarrollo de nuevos empleos, de mayor cualificación, en los terceros Estados que las acogen, incluyendo la formación y cualificación de los trabajadores en el país de destino.

3.1.3

Las sociedades mixtas pesqueras fueron incorporadas al ordenamiento comunitario en el seno de la política de estructuras pesqueras en 1990; hace, por tanto, quince años y han sido un instrumento útil durante todo dicho periodo de tiempo. La inadecuada supresión de la que han sido objeto, al desaparecer de la nueva PPC promovida por la Comisión y su desaparición de la reglamentación vigente desde el 1 de enero de 2005, supone la pérdida de apoyo comunitario a un instrumento válido de cooperación económica de la Unión Europea en terceros países, normalmente en vías de desarrollo, además de poder constituir una quiebra del principio de confianza legítima que debe presidir las relaciones entre los operadores europeos y las instituciones de la Unión.

3.1.4

Las sociedades mixtas pesqueras pueden y deben ser contempladas como un capítulo específico de los tratados multilaterales o bilaterales de cooperación con terceros países, estableciéndose normas concretas que contemplen sus especificidades tanto desde el punto de vista propiamente pesquero, como de fomento y protección de las inversiones europeas en el exterior, aduanero, laboral, fiscal, etc.

3.1.5

Si bien es cierto que, en la normativa vigente, las sociedades mixtas pesqueras pudieran tener un encaje en los denominados «acuerdos de asociación», hasta el momento no se observan resultados prácticos de importancia, por lo que se hace preciso que una norma coordine las competencias dispersas en el seno de la Comisión (Direcciones Generales de Desarrollo, Cooperación y Pesca) y clarifique a los empresarios y otros actores del sector cómo deben actuar en el marco de tales acuerdos y de cualesquiera otros instrumentos existentes, para conseguir los resultados prácticos de los que se ha venido hablando.

4.1

El Comité estima recomendable que, en el seno de los trabajos iniciados para la revisión de la política pesquera común y conforme se reflejó ya en las conclusiones del Consejo de 19 de julio de 2004 (21), se considere que las empresas mixtas pesqueras, que han dejado de ser un elemento de regulación estructural de las capacidades de flota, sustitutivo del desguace de buques pesqueros, pasen a ser definidas como un vehículo de abastecimiento de mercados y de acción sectorial integral del que dispone la Unión Europea en el marco de sus competencias propias y compromisos globales y regionales y de sus Tratados bilaterales, para una correcta ejecución de las políticas pesqueras de la Unión Europea en consonancia con los principios de la FAO y de la OMC, siempre con la debida atención a que no se produzca un incremento de las capacidades de pesca que pueda llevar a la sobreexplotación de los recursos.

4.2

El Comité considera necesario que:

4.2.1

La Comisión realice un estudio de balance detallado y actualizado de la realidad y potencialidad de las sociedades mixtas pesqueras y facilite sus conclusiones a las restantes Instituciones de la Unión y a los sectores interesados.

4.2.2

Se introduzcan en la legislación comunitaria vigente las normas y mecanismos necesarios para dotar a las empresas mixtas pesqueras de seguridad jurídica en un marco de actuación específico en el seno de los acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados, a largo plazo estable y propio, que tenga en cuenta las singularidades de esta actividad y sus efectos beneficiosos desde el punto de vista de la gestión de los recursos pesqueros, el abastecimiento de los mercados, la creación de empleo en zonas dependientes de la pesca, la creación de valor añadido, la cooperación y el intercambio internacional.

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/50