ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 263

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

48o año
22 de octubre de 2005


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Comisión

2005/C 263/1

Tipo de cambio del euro

1

2005/C 263/2

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

2

2005/C 263/3

Ayuda de Estado — Alemania — Ayuda de Estado C 28/2005 (ex NN 18/2005, ex N 517/2000) — Ayuda a Glunz AG — Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, de 1998 — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )

7

2005/C 263/4

Ayudas estatales — Francia — Ayuda estatal C 24/2005 (ex NN 88/04 y E 24/04) — Ayuda al Laboratorio Nacional de Ensayos (Laboratoire National d'Essais) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )

22

2005/C 263/5

Ayuda de Estado — Italia — Ayuda de Estado C 31/2005 (ex N 329/2004) — Legge Regionale n. 21/03. Art. 14, 15 y 16 — Región de Sicilia — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )

30

2005/C 263/6

Ayuda estatal (Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea) — Comunicación dirigida por la Comisión a los demás Estados miembros y otros interesados con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE — Ayuda estatal C 7/2003 (ex N 107/2002) — Reino Unido — Fondo de incubación SBS ( 1 )

39

2005/C 263/7

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3969 — Société Générale/Ford Lease-Business Partner) ( 1 )

40

2005/C 263/8

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3971 — Deutsche Post/Exel) ( 1 )

41

2005/C 263/9

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3963 — Philips/Lumileds) — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ( 1 )

42

2005/C 263/0

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3976 — Mobilkom Austria/ONE/Paybox) — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ( 1 )

43

2005/C 263/1

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3961 — Permira-KKR/SBS Broadcasting) ( 1 )

44

2005/C 263/2

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3902 — Heidelbergcement/De Hoop Terneuzen/Mermans Beton/JV) ( 1 )

44

2005/C 263/3

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3886 — Aster 2/Flint Ink) ( 1 )

45

 

III   Informaciones

 

Comisión

2005/C 263/4

Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación

46

2005/C 263/5

Convocatoria abierta de propuestas VP/2005/019 — 2006 — Año europeo de la movilidad de los trabajadores — Hacia un mercado laboral europeo

50

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Comisión

22.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 263/1


Tipo de cambio del euro (1)

21 de octubre de 2005

(2005/C 263/01)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2012

JPY

yen japonés

138,87

DKK

corona danesa

7,4612

GBP

libra esterlina

0,67710

SEK

corona sueca

9,4900

CHF

franco suizo

1,5463

ISK

corona islandesa

72,25

NOK

corona noruega

7,7925

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5731

CZK

corona checa

29,783

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

254,16

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6962

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,8910

RON

leu rumano

3,6067

SIT

tólar esloveno

239,50

SKK

corona eslovaca

38,926

TRY

lira turca

1,6384

AUD

dólar australiano

1,6005

CAD

dólar canadiense

1,4162

HKD

dólar de Hong Kong

9,3180

NZD

dólar neozelandés

1,7141

SGD

dólar de Singapur

2,0349

KRW

won de Corea del Sur

1 268,17

ZAR

rand sudafricano

7,9463

CNY

yuan renminbi

9,7159

HRK

kuna croata

7,3695

IDR

rupia indonesia

12 084,07

MYR

ringgit malayo

4,533

PHP

peso filipino

66,583

RUB

rublo ruso

34,3180

THB

baht tailandés

49,115


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


22.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 263/2


Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2005/C 263/02)

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Apulia)

Ayuda no: N 469/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por catástrofes naturales (tromba del 12 de julio de 2004 en la provincia de Foggia)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola y en las estructuras agrícolas debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 %

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Friuli-Venecia Julia)

Ayuda no: N 470/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas (heladas del 23 al 25 de mayo de 2004 en la provincia de Pordenone)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Calabria)

Ayuda no: N 471/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por catástrofes naturales (granizo de los días 17, 18 y 19 de junio de 2004)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola y en las estructuras agrícolas debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Lombardía)

Ayuda no: N 474/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas (granizo del 20 de agosto de 2004 en la provincia de Bérgamo)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Campania)

Ayuda no: N 475/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por catástrofes naturales (granizo del 3 de septiembre de 2004)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005)1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Las Marcas)

Ayuda no: N 482/2004

Denominación: Intervenciones en favor de los sistemas de certificación de la calidad y la trazabilidad de las producciones agrarias y agroalimentarias

Objetivo: Medidas para fomentar las producciones de calidad y la introducción de sistemas de trazabilidad y de certificación de las producciones agrarias y agroalimentarias:

Fundamento jurídico: Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23, articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Presupuesto: Dotación presupuestaria anual estimada en unos 2 millones de euros

Intensidad o importe de la ayuda: Variables en función de las medidas

Duración: Medidas A y C: siete años. Medida B: ilimitada

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Emilia Romaña)

Ayuda no: N 484/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas (granizo del verano de 2004 en las provincias de Forlí-Cesena, Piacenza, Rávena, Ferrara y Módena)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola y en las estructuras agrícolas debido a condiciones meteorológicas adversas [granizo que afectó a las provincias de Forlí(el 27 de julio de 2004), Piacenza (el 20 de junio de 2004), Rávena (el 27 de julio de 2004), Ferrara (el 2 de junio de 2004 y el 3 de agosto de 2004) y Módena (el 2 de junio de 2004, el 24 de julio de 2004 y el 3 de agosto de 2004)]

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: 50 884,37 EUR, que se financiarán a cargo del presupuesto aprobado como parte del expediente NN 54/A/04

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 80 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Friul — Venecia Julia)

Ayuda no: N 488/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas dañadas (veranos de 2003 y 2004, granizo y tornado, provincias de Trieste, Pordenone y Udine)

Objetivo: Compensar los daños registrados en la producción agrícola y en las estructuras agrícolas como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas (granizo que afectó a las provincias de Pordenone el 13.7.2003 y de Trieste el 27.6.2004 y el tornado que sacudió la provincia de Udine el 26.8.2004)

Fundamento jurídico: Legge n. 185/1992 e Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Se hace referencia a los regímenes aprobados (C 12/b/1995 y NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de regímenes de ayudas aprobados por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación del régimen aprobado por la Comisión en el ámbito del expediente de ayuda estatal C 12/b/1995 (Decisión 2004/307/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003) y NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005)1622fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Sicilia)

Ayuda no: N 490/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas (fuertes vientos en la provincia de Palermo en abril y mayo de 2004)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola y en las estructuras agrícolas debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 %

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Apulia)

Ayuda no: N 495/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por catástrofes naturales (granizo de 26 de julio de 2004 en la provincia de Brindisi)

Objetivo: Compensación de los daños causados a la producción y las estructuras agrícolas por las condiciones meteorológicas desfavorables

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Se hace referencia al régimen aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 %

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación del régimen de ayudas aprobado por la Comisión con motivo del expediente de ayuda estatal NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005)1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Campania)

Ayuda no: N 512/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por desastres naturales (granizo de los días 1, 2, 3, 6 y 25 de septiembre de 2004 en las provincias de Nápoles y Benevento)

Objetivo: Compensar los daños registrados en la producción agrícola como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: Se hace referencia al régimen aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 % de los daños

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación del régimen aprobado por la Comisión en el ámbito del expediente de ayuda estatal NN 54/A/2004 (Carta de la Comisión C(2005)1622fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Sicilia)

Ayuda no: N 513/2004

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por catástrofes naturales (granizo, tromba y lluvias diluvianas del 17 de junio de 2004 en las provincias de Catania y Trápani)

Objetivo: Compensación de los daños registrados en la producción agrícola y en las estructuras agrícolas debido a condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004

Presupuesto: 22 353 000 EUR, que se financiarán a cargo del presupuesto aprobado como parte del régimen de ayuda NN 54/A/04

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 %

Duración: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión

Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión como parte del expediente de ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión C(2005) 1622 fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Países Bajos (Flevoland)

Ayuda no: N 516/2003

Denominación: Proyecto para fomentar el consumo de fruta en los colegios de Flevoland

Objetivo: La medida de ayuda tiene por objeto promover el consumo de fruta (manzanas) en los centros escolares de enseñanza primaria y secundaria de la provincia neerlandesa de Flevoland

Fundamento jurídico:

Decentralisatie-overeenkomst van de Staat der Nederlanden en de provincie Flevoland met betrekking tot het Enkelvoudig Programmeringsdocument (EPD) 2000-2006. (PME 000320/08, 24.1.2001)

EPD-overeenkomst tussen de provincie Flevoland en Stichting schoolfruit Flevoland

Presupuesto:

Ayuda a la inversión: 155 000 EUR

Ayuda técnica: 144 000 EUR

Ayudas para publicidad y promoción: 12 500 EUR

Intensidad o importe de la ayuda:

Costes de inversión: 38 %

Ayuda técnica: 48 %

Publicidad: 25 %

Duración:

Ayuda para inversiones: Ayuda única

Ayuda para respaldo técnico y publicidad: 2005-2007

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Friul-Venecia Julia)

Ayuda no: N 525/2004

Denominación: Decreto legislativo 102/2004: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas (granizo de los días 19 y 20 de junio de 2004, provincias de Udine y Pordenone)

Objetivo: Facilitar las informaciones meteorológicas relativas a las inclemencias que causaron daños para los cuales está previsto conceder una compensación basándose en el régimen aprobado con el número de ayuda NN 54/A/ 04

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004 («Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»)

Presupuesto: El importe de la ayuda, pendiente de aprobación, será financiado por medio del presupuesto global de 200 millones de EUR asignado al régimen aprobado (NN 54/A/04)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 %

Duración: Una sola vez

Otros datos: Medida de aplicación del régimen aprobado por la Comisión en el ámbito del expediente de ayuda estatal NN 54/A/2004 (Carta de la Comisión C(2005)1622fin, de 7 de junio de 2005)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


22.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 263/7


AYUDA DE ESTADO — ALEMANIA

Ayuda de Estado C 28/2005 (ex NN 18/2005, ex N 517/2000) — Ayuda a Glunz AG — Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, de 1998

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 263/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 20 de julio de 2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con las medidas antes citadas.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Dirección de Ayudas Estatales I

BE-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a las autoridades alemanas. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Descripción de la medida

En agosto de 2000, las autoridades alemanas notificaron su intención de proporcionar ayuda a la inversión (con una intensidad del 35 %) para construir un centro integrado para el tratamiento de madera en Nettgau (Sajonia-Anhalt) formado por dos instalaciones. La primera, propiedad de OSBD, fabricará tableros de partículas orientadas (OSB) (1). La segunda, propiedad de Glunz AG, fabricará tableros de fibras (2). Ambas empresas pertenecen al mismo grupo, TAFISA. Las autoridades alemanas declararon que ambas instalaciones tienen sus líneas de producción ligadas entre sí por una infraestructura técnica común.

El 25 de julio de 2001, la Comisión decidió no plantear objeciones a una intensidad de la ayuda del 35 % (importe total de la ayuda: 69.767.988 euros), en virtud de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, de 1998 (3) (en lo sucesivo denominadas «las Directrices de 1998»).

Por sentencia (aún no publicada) de 1 de diciembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas decidió en el asunto T-27/02, Kronofrance/Comisión, anular la decisión de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión tiene que adoptar una nueva decisión sobre la base de la notificación de las autoridades alemanas de agosto de 2000.

Evaluación de la medida

La evaluación preliminar se basa en los hechos, datos y situaciones que se conocían en el momento de la notificación, en agosto de 2000. La Comisión considera que la medida notificada constituye ayuda estatal a Glunz AG y OSBD en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y que debe ser evaluada sobre la base de las Directrices de 1998.

Con arreglo a dichas Directrices, para determinar la intensidad máxima permitida para una propuesta de ayuda, la Comisión tiene que delimitar la intensidad máxima de ayuda (límite máximo de ayuda regional) que una empresa podría obtener en la zona asistida de que se trate. Nettgau es una región que puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE, con un límite máximo de ayuda regional del 35 %. Según las Directrices de 1998, la Comisión tiene que evaluar tres coeficientes de adaptación específicos aplicables al porcentaje del 35 % con el fin de calcular la intensidad máxima permitida para el proyecto; los tres criterios son: factor de competencia (T), factor capital-empleo (I) e indicador de incidencia regional (M). Los factores I y M no parecen suscitar problemas. Sin embargo, la Comisión tiene grandes dificultades para establecer el factor T (competencia) por las razones explicadas más abajo. Ello se debe a que tras la susodicha sentencia del Tribunal de Primera Instancia, si la Comisión llega a la conclusión de que no existe exceso de capacidad estructural aún tiene que analizar si el mercado está en retroceso o no. En el proyecto de inversión que nos ocupa, hay dos productos afectados: tableros aglomerados y OSB. Como en la presente fase se considera que ambos productos pertenecen a mercados distintos, deben analizarse los dos mercados.

La tasa de crecimiento media anual del sector manufacturero del EEE en los años 1993-1998 fue del 5,78 % y la del mercado al que pertenecen los tableros de fibras, del 4,15 %. Como la diferencia entre 5,78 % y 4,15 % es superior al 10 %, puede concluirse preliminarmente que el mercado de los tableros de fibras, con arreglo al punto 7.8 de las Directrices de 1998 está en retroceso relativo. Por lo tanto, el factor «T» de competencia referente al mercado de los tableros de fibras, puede fijarse en esta fase en 0,75.

Con respecto al mercado de los OSB, la Comisión dispone de varios estudios que presentan resultados contradictorios. Los estudios difieren sobre otros productos (por ejemplo, madera contrachapada (4) o determinados segmentos de madera contrachapada) que pueden ser sustituidos por OSB. Dependiendo de la definición elegida para el mercado pertinente, resultan tasas de crecimiento distintas. Si se considera que el mercado pertinente de los OSB está constituido solamente por OSB y determinados segmentos de la madera contrachapada para usos finales como envases, recubrimientos de suelos, madera para barcos, vallas y cubiertas para tejados, esto resulta en una tasa de crecimiento media del 5,765 %. En tal hipótesis, la diferencia entre 5,78 % y 5,765 % no es superior al 10 %, lo que, según el punto 7.8 de las Directrices de 1998, debería llevar a la conclusión de que este mercado pertinente no está en retroceso. Por lo tanto, un factor «T» de competencia igual a 1 debería aplicarse al mercado de los OSB.

Si se considera alternativamente que el mercado pertinente está formado por OSB y toda la madera contrachapada, resulta una tasa de crecimiento media del 1,727 %. En tal hipótesis, la diferencia de crecimiento entre 5,78 % y 1,727 % es superior al 10 %, lo que, según el punto 7.8 de las Directrices de 1998, debe llevar a la conclusión de que este mercado pertinente está en retroceso relativo. Por lo tanto, debería aplicarse al mercado OSB un factor «T» de competencia de 0,75.

Considerar estos distintos resultados tiene pues importancia para definir el mercado pertinente al que pertenecen los OSB. En esta fase de la evaluación existen dificultades para determinar el mercado pertinente de los OSB, lo que es necesario para establecer si está en retroceso o no. Por lo tanto, la Comisión tiene dificultades para definir el factor «T» de competencia, necesario para evaluar la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común con arreglo a las normas establecidas en las Directrices de 1998.

Por consiguiente, se propone incoar el procedimiento formal de investigación e invitar a terceros a facilitar información que pueda ayudar a la Comisión a definir el mercado pertinente al que pertenecen los OSB.

En consecuencia, la Comisión difícilmente puede evaluar la intensidad de la ayuda máxima permitida con arreglo a la fórmula R x T x I x M establecida en el punto 3.10 de las Directrices de 1998. Los datos que hay que tener en cuenta para determinar el mercado pertinente al que pertenecen los OSB son inciertos y estos datos son necesarios para establecer si el mercado está en retroceso o no con el fin de definir el factor «T» de competencia. Por lo tanto se invita a las terceras partes a facilitar cualquier dato que pueda ayudar a la Comisión a determinar el mercado pertinente.

Considerando sus dudas sobre la compatibilidad de la ayuda, la Comisión propone incoar el procedimiento formal de investigación establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

TEXTO DE LA CARTA

„Die Kommission teilt Ihnen mit, dass sie beschlossen hat, im Anschluss an das Urteil des Gerichtes erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 1. Dezember 2005 in der Rechtssache T-27/02 (Kronofrance SA/Kommission) und nachdem sie die Anmeldung der deutschen Behörden zu der vorstehenden Beihilfe erneut geprüft hat, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in Bezug auf die vorstehende Beihilfe zu eröffnen.

1.   VERFAHREN

Mit dem am 7. August 2000 eingetragenen Schreiben vom 4. August 2000 meldeten die deutschen Behörden der Kommission ihre Absicht, eine Beihilfe mit einer Intensität von 35 % zugunsten eines Investitionsvorhabens zur Errichtung eines integrierten Holzverarbeitungszentrums in Nettgau (Sachsen-Anhalt) durch die Glunz AG und OSB Deutschland GmbH zu gewähren. Das Beihilfevorhaben wurde unter der Nr. N 517/2000 eingetragen.

Nach Auswertung der ergänzenden Informationen erließ die Kommission am 25. Juli 2001 eine Entscheidung, mit der keine Einwendungen gegen eine Beihilfeintensität von 35 % gemäß dem Multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben (5) (nachstehend “MSF 1998”) erhoben wurden.

Mit Urteil vom 1. Dezember 2004 hob das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in der Rechtssache T-27/02 Kronofrance/Kommission die Entscheidung der Kommission auf.

Aus diesem Grund muss die Kommission eine neue Entscheidung auf der Grundlage der von den deutschen Behörden am 7. August 2000 vorgelegten Anmeldung erlassen. Mit Schreiben vom 17. Dezember 2004 ersuchte die Kommission die deutschen Behörden, angesichts der Aufhebung der Kommissionsentscheidung weitere Auskünfte zu der Anmeldung vom 7. August 2000 zu erteilen. Am 3. März 2005 erging ein Erinnerungsschreiben in dieser Sache. Die deutschen Behörden erwiderten mit Schreiben vom 23. März 2005, fügten jedoch keine zusätzlichen Informationen bei.

Die Beihilfe wurde von den deutschen Behörden im Februar 2000 unter dem Vorbehalt ihrer Genehmigung durch die Kommission gewährt. Nach der zustimmenden Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 2001 wurde mit der Auszahlung der Beihilfe begonnen.

Gemäß den von den deutschen Behörden erteilten Informationen nach Ziff. 6 des MSF 1998 sind bisher folgende Auszahlungen erfolgt: von der Beihilfe gemäß der Investitionszulage im Jahr 2000 ein Betrag von […] (6) EUR, im Jahr 2001 […] EUR, im Jahr 2002 […] EUR und im Jahr 2003 […] EUR. Die Zahlen für das Jahr 2004 sind der Kommission bisher nicht bekannt. Gemäß den vorliegenden Informationen betreffend die Investitionszulage wurde somit von den vereinbarten […] EUR (siehe Ziff. 2.1 dieser Entscheidung) ein Betrag von […] EUR bereits ausgezahlt. Für die Beihilfe gemäß dem 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” geht aus den Berichten, die der Kommission gemäß Ziff. 6 des MSF 1998 vorgelegt wurden, hervor, dass die Begünstigten im Jahr 2001 einen Beihilfebetrag von […] EUR, im Jahr 2002 […] EUR, im Jahr 2003 […] EUR und im Jahr 2004 (letzte Zahlung am 27.7.2004) einen Betrag von […] EUR empfangen haben. Die übrigen Zahlen für das Jahr 2004 liegen der Kommission bisher nicht vor. Gemäß den vorliegenden Informationen zum 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe wurde von den vereinbarten 46 201 868 EUR (siehe Ziff. 2.1) ein Betrag von […] EUR bereits ausgezahlt. Somit wurden gemäß den vorliegenden Informationen von dem vereinbarten Gesamtbetrag von 69 767 988 EUR (siehe Ziff. 2.1) den Begünstigten bis Juli 2004 Beihilfen in Höhe von insgesamt […] EUR ausgezahlt.

Infolge der Aufhebung der Entscheidung vom 25. Juli 2001 durch das Gericht Erster Instanz ist festzustellen, dass diese nie bestand und die deutschen Behörden somit keine Zustimmung der Kommission zu dieser Beihilfeintensität erhalten haben. Die bereits ausgezahlten Beihilfebeträge sind damit möglicherweise teilweise zurückzuzahlen, wenn die Kommission nach Abschluss des jetzigen Verfahrens zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass die vorgeschlagene Beihilfeintensität mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren ist (7).

Die Kommission hat diesen Fall im Register der nichtangemeldeten Beihilfen unter der Nr. NN 18/2005 eingetragen.

2.   DIE BEIHILFEMASSNAHME

2.1.   Beschreibung

Das Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt beschloss am 29. Februar 2000, der Glunz AG und der OSB Deutschland GmbH Investitionsbeihilfen für die Errichtung eines Holzverarbeitungszentrums in Nettgau (Sachsen-Anhalt) zu gewähren.

Der Gesamtbetrag der Beihilfen belief sich auf 136 513 000 DEM (69 767 988 EUR).

Gemäß der Anmeldung vom 4. August 2000 sollte ein Teil der Beihilfe in Form eines Zuschusses in Höhe von 90 363 000 DEM (46 201 868 EUR) aufgrund des von der Kommission genehmigten 29. Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” gewährt werden. Dieser Zuschuss entsprechend 23,17 % brutto der förderbaren Kosten sollte in drei Raten gemäß dem Stand der Investitionen und der damit verbundenen Ausgaben ausgezahlt werden. Die letzte Rate entsprechend 5 % war im Jahr 2002 zu zahlen.

Eine weitere Investitionszulage, die von der Kommission in Höhe von 46 150 000 DEM (23 596 120 EUR) genehmigt wurde, sollte auf der Grundlage des Investitionszulagengesetzes 1999 gewährt werden (8). Die Investitionszulage entsprechend 11,83 % brutto der förderbaren Investitionskosten sollte durch Steuerabzug in dem Jahr nach Fälligkeit der entsprechenden Investitionsausgaben gezahlt werden.

2.2.   Der Begünstigte

Es gibt zwei Begünstigte.

Der eine Begünstigte, die Glunz AG in Hamm (Nordrhein-Westfalen) wurde im Jahr 1932 gegründet und war im Bereich der Holzwerkstoffe tätig. Seit den 60er Jahren stellt das Unternehmen ausschließlich Spanplatten, mitteldichte Faserplatten (MDF), OSB (Oriented Strand Board) und Sperrholz her.

Die Gruppe Glunz unterhält neun Produktionsstätten in Deutschland und ein Endverarbeitungswerk in der Schweiz. Die Produktionsstandorte in Frankreich wurden im Jahr 1999 an die Muttergesellschaft Tableros de Fibras S.A. (nachstehend TAFISA) verkauft. TAFISA gehört der portugiesischen Gruppe SONAE und hält seit 1998 96,03 % der Anteile an der Glunz AG.

Die Gruppe Glunz verzeichnete die folgenden Umsätze in den letzten Jahren, für die Angaben vor der Anmeldung vom 7. August 2000 vorliegen, und hatte weltweit, im EWR und auf dem deutschen Markt folgende Beschäftigtenzahl

(Mio. EUR)

 

Weltweit

EWR

Deutschland

Umsatz

Beschäftigte

Umsatz

Beschäftigte

Umsatz

Beschäftigte

1996

1 003,1

6 296

[…]

5 925

[…]

1 800

1997

1 022,5

5 915

[…]

5 558

[…]

1 616

1998

 998

5 919

[…]

5 506

[…]

1 599

In den gleichen Jahren verzeichnete die Gruppe Verluste von jeweils 101,3 Mio., 7,5 Mio. und 43,7 Mio. EUR, die auf die Verluste des französischer Unternehmensteils ISOROY und die zurückgehenden Gewinne des britischen Unternehmensteils CSC Forest Products Ltd. zurückgingen. Im Jahr 1999 verkaufte Glunz seine Beteiligungen an beiden Untergruppen. Die Verkaufserlöse und eine Kapitalerhöhung haben die Finanzlage von Glunz gestärkt. Im Jahr 2000 erzielte die Glunz AG ein positives Betriebsergebnis.

Der zweite Begünstige, die OSB Deutschland GmbH (nachstehend OSBD) gehört zu 100 % TAFISA und ist damit eine Konzernschwestergesellschaft der Glunz AG, weil beide Unternehmen Tochtergesellschaften von TAFISA sind. OSBD wurde am 16. Juni 1999 gegründet, und wird nach Abschluss des Investitionsvorhabens Nettgau mit der Herstellung und dem Verkauf von OSB-Produkten beginnen.

Zum Zeitpunkt der Investition war OSBD noch nicht gegründet, so dass keine Unternehmensergebnisse vorliegen. Die deutschen Behörden haben folgende Umsätze der Muttergesellschaft TAFISA ohne die Gruppe Glunz und Beschäftigtenzahlen unterteilt nach Weltmarkt, EWR-Markt und deutschem Markt vorgelegt:

(Mio. EUR)

 

Weltweit

EWR

Deutschland

Umsatz

Beschäftigte

Umsatz

Beschäftigte

Umsatz

Beschäftigte

1996

192,8

889

[…]

729

[…]

0

1997

340,6

1 768

[…]

1 603

[…]

0

1998

376

1 979

[…]

1 791

[…]

0

In den entsprechenden Jahren erzielte TAFISA, das Holzwerkstoffe herstellt und verkauft, Gewinne von 9,8 Mio. bzw. 12,9 Mio. bzw. 16,9 Mio. EUR. Auch in diesen Zahlen sind die Ergebnisse der Gruppe Glunz nicht einbezogen.

2.3.   Das Vorhaben

Der Investitionsstandort befindet sich in Nettgau (Sachsen-Anhalt), einem Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 a) EGV, wo die höchstzulässige Beihilfeintensität zur Förderung von Neuinvestitionen von Großunternehmen 35 % brutto beträgt.

Die Glunz AG und OSBD haben auf einem bisher nicht für industrielle Zwecke genutzten Gelände ein integriertes Holzverarbeitungszentrum errichtet, das aus zwei miteinander verbundenen Werken besteht. In dem ersten Werk, das der OSB Deutschland GmbH gehört, werden OSB-Produkte, in dem zweiten Werk, das der Glunz AG gehört, Spanplatten hergestellt. Nach Aussage der deutschen Behörden sind die Produktionslinien beider Werke durch eine gemeinsame technische Infrastruktur miteinander verbunden. Sowohl die OSB- als auch die Spanplatten werden in derselben Schleifanlage, derselben Beschichtungsanlage und derselben Nut- und Federanlage weiterverarbeitet und veredelt. Die bei der Verarbeitung von OSB-Platten anfallenden Feinfraktionen werden in dem benachbarten Spanplattenwerk verwendet. Eine Zentralverwaltung leitet beide Werke einschließlich der Bereiche Marketing, Beschaffung und Absatz.

Laut deutschen Behörden bietet das integrierte Holzverarbeitungszentrum von Glunz und OSB mehrere Vorteile angesichts der optimalen Auslegung des Werkes und einer einzigen technischen Infrastruktur vor allem bei der Bearbeitung der hergestellten Holzplatten. Dadurch werde eine optimale Nutzung des Holzsortiments, eine bessere Ausbeute der Rohstoffe und ein interner Wiederverwendungskreislauf ermöglicht.

Gemäß der Anmeldung vom 7. August 2000 wird ein Teil der Beihilfe für das OSB-Werk und der andere Teil für das Spanplattenwerk gewährt. Die Beihilfe für das OSB-Werk beläuft sich auf 55 970 000 DEM (28,61 Mio. EUR) bei förderbaren Investitionskosten von 160 Mio. DEM (81,8 Mio. EUR) entsprechend einer Intensität von 35 % brutto. Die Beihilfe für das Spanplattenwerk beläuft sich auf 80 543 00 DEM (41,18 Mio. EUR) bei förderbaren Investitionskosten von 230 Mio. DEM (117,6 Mio. EUR) entsprechend der gleichen Intensität von 35 % brutto.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung gingen die deutschen Behörden davon aus, dass in Nettgau 355 Dauerarbeitsplätze und zwar 234 Stellen im Spanplattenwerk und 121 Stellen im OSB-Werk geschaffen würden. Außerdem würden in den betreffenden Fördergebieten 25 indirekte Arbeitsplätze, davon 33 gesicherte entstehen. Die Neuinvestition in Nettgau wurde zwischen Januar 2000 und Ende 2002 durchgeführt, die Produktion im Verlauf des Jahres 2001 aufgenommen. Der Vollbetrieb sollte nach Ablauf von zwei Jahren erreicht sein.

Gemäß Ziff. 4.4 des Anmeldungsvordrucks gliedern sich die Projektkosten wie folgt auf:

Posten

Insgesamt

Förderbar

Mio. DEM

Mio. EUR

Mio. DEM

100 000 EUR

Grundstücke

[…]

[…]

[…]

[…]

Gebäude

[…]

[…]

[…]

[…]

Anlagen

[…]

[…]

[…]

[…]

Immaterielle Vermögenswerte

[…]

[…]

[…]

[…]

Insgesamt

390

199,403

390

199,403

Die Produktionskapazität des OSB-Werks wurde für das Jahr 2002 mit […] m3 angegeben. Die Kapazität der Gruppe TAFISA zur Herstellung von OSB-Produkten belief sich im Jahr 1999 auf […] m3.

Im Jahr 1999 betrug die Spanplattenkapazität der Gruppe Glunz […] Mio. m3. Laut deutschen Behörden sollen die Gesamtproduktionskapazitäten auf […] Mio. m3 steigen, wovon […] m3 auf das Werk Nettgau entfallen.

3.   WÜRDIGUNG

Die nachstehende vorläufige Würdigung beruht auf den Fakten, Zahlen und Gegebenheiten, wie sie zum Zeitpunkt der Anmeldung am 7. August 2000 bekannt waren. Da seit der Erstanmeldung und der Entscheidung geraume Zeit verstrichen ist, könnten sich die Gegebenheiten geändert, die Märkte weiterentwickelt und die das Vorhaben betreffenden Tatsachen anders als ursprünglich geplant entwickelt haben. All dies kann von der Kommission bei ihrer Würdigung jedoch nicht berücksichtigt werden. Grundsätzlich hat sie ihre Entscheidung vor der tatsächlichen Durchführung der Investition anhand der für die Zukunft angenommenen Entwicklungen und der Marktzahlen zu treffen. Wenn sich einige Jahre später herausstellen sollte, dass sich die Märkte anders entwickelt haben, werden die Beihilfeintensitäten jedoch nicht angepasst. Obwohl die Kommission ihre Entscheidung nun nach Ablauf von 5 Jahren nach der ursprünglichen Anmeldung zu treffen hat, muss sie ihre Bewertung auf die Tatsachen und Sachverhalte stützen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt waren, und nicht auf später erlangte Informationen.

3.1.   Vorliegen einer Beihilfe nach Artikel 87 Absatz 1 EGV

Die vorliegende Maßnahme wurde von einem Mitgliedstaat aus staatlichen Mitteln im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV (siehe Ziff. 2.1 dieser Entscheidung) gewährt. Die Beihilfe verleiht Glunz und OSBD einen Vorteil, da sie andernfalls die gesamten Investitionen selbst tragen müssten. Da die betreffenden Holzplatten in beträchtlichem Umfang grenzüberschreitend befördert werden, besteht internationaler Handel in der betreffenden Holzwirtschaftsbranche. Deshalb können wirtschaftliche Vorteile zugunsten der beiden Unternehmen den Wettbewerb in einer Weise verfälschen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Die Kommission ist bei dieser ersten Würdigung zu der Auffassung gelangt, dass die angemeldete Maßnahme gemäß Artikel 87 Absatz 1 EGV eine staatliche Beihilfe an die Glunz AG und an OSBD darstellt.

3.2.   Anmeldungserfordernis

Gemäß Artikel 88 Absatz 3 EGV müssen die Mitgliedstaaten der Kommission sämtliche Beihilfemaßnahmen vor ihrer Durchführung melden. Die vorgesehene Beihilfe wird im Rahmen zweier von der Kommission bereits genehmigter Regionalbeihilferegelungen gewährt (9).

Gemäß den Regeln des MSF 1998 ist die Beihilfeintensität von Investitionsgroßvorhaben vom Anwendungsbereich genehmigter Regelungen auszunehmen, wenn die entsprechende Beihilfe bestimmte Schwellenwerte übersteigt.

Die geplanten Beihilfen belaufen sich auf insgesamt 69 767 988 EUR. Wenn man davon ausgeht, dass die Beihilfe für ein einziges Investitionsvorhaben gewährt wird, ist das Anmeldungserfordernis gemäß Ziff. 2.1 (ii) des MSF 1998 erfüllt, da die Gesamtbeihilfe wenigstens 50 Mio. EUR beträgt.

Wie unter Ziff. 2.3 dieser Entscheidung erwähnt, haben die deutschen Behörden in ihrer Anmeldung eingehend dargelegt, dass diese Beihilfe für ein einziges großes Investitionsvorhaben gewährt wird.

Gemäß Ziff. 7.2 zweiter Unterabsatz des MSF 1998 darf ein Investitionsvorhaben nicht künstlich in Teilvorhaben aufgeteilt werden, um das Anmeldungserfordernis zu umgehen. Dies wäre im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. Selbst wenn man von zwei getrennten Investitionsvorhaben ausgehen würde, wäre das Erfordernis zur Anmeldung der Investitionsbeihilfen für das Glunz-Werk und das OSBD-Werk dennoch erfüllt (10). Die Kommission sieht somit keine Veranlassung, das von den deutschen Behörden angemeldete und begründete Vorhaben (siehe Ziff. 2.3) in dieser Hinsicht anders zu bewerten, da es in jedem Fall der Kommission gemäß dem MSF 1998 anzumelden und von ihr zu bewerten wäre.

3.3.   Die drei Bewertungskriterien des MSF 1998

Um die höchstzulässige Intensität für ein Beihilfevorhaben zu ermitteln, muss die Kommission gemäß dem MSF 1998 die Beihilfehöchstintensität (Obergrenze der Regionalbeihilfe) ermitteln, die ein Unternehmen in dem betreffenden Fördergebiet gemäß der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen, genehmigten Regionalbeihilferegelung erlangen könnte.

Da die Anmeldung am 7. August 2000 erfolgte, ist das Verzeichnis der Fördergebiete für den Zeitraum 2000-2006 anwendbar. Nettgau liegt in einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 a) EGV mit einer Beihilfeobergrenze von 35 % BSÄ. Es ist festzustellen, dass die vorgesehene Beihilfeintensität von 35 % brutto die geltende Obergrenze nicht überschreitet.

Gemäß den Regeln des MSF 1998 hat die Kommission drei Anpassungsfaktoren auf den Prozentsatz von 35 % anzuwenden, um die höchstzulässige Beihilfeintensität für das (die) betreffende(n) Vorhaben zu ermitteln, nämlich den Wettbewerbsfaktor (T), den Kapital-/Arbeitsfaktor (I) und den Faktor Regionalauswirkung (M).

3.3.1.   Wettbewerbsfaktor (T)

3.3.1.1.   Regeln

Gemäß Ziff. 3.2 des MSF 1998 birgt die Gewährung von Beihilfen an Unternehmen in Wirtschaftszweigen mit strukturellen Überkapazitäten das besondere Risiko einer Verfälschung des Wettbewerbs in sich. Eine Erweiterung von Kapazitäten, die nicht durch Kapazitätskürzungen an anderer Stelle ausgeglichen wird, verschärft das Problem der strukturellen Überkapazitäten. Es ist festzustellen, dass mit dem angemeldeten Vorhaben zusätzliche Kapazitäten im europäischen Markt entstehen. Zur Anwendung des Wettbewerbsfaktors muss somit untersucht werden, ob das Vorhaben in einem Sektor oder Teilsektor mit strukturellen Überkapazitäten durchgeführt wird.

Wenn ausreichende Daten über die Kapazitätsauslastung vorliegen, muss die Kommission gemäß Ziff. 3.3 des MSF 1998 den Wettbewerbsfaktor auf das mögliche Vorhandensein struktureller/hoher Überkapazitäten in dem betreffenden Sektor/Teilsektor beschränken.

Gemäß Ziff. 3.4 des MSF ermittelt die Kommission erst bei fehlenden Angaben über die Kapazitätsauslastung, ob die Investition in einem schrumpfenden Markt erfolgt. Gemäß dem Urteil vom 1. Dezember 2004 in der Rechtssache T-27/02 Kronofrance SA/Kommission des Gerichts erster Instanz ist Ziff. 3.4 jedoch dahingehend zu verstehen, dass die Kommission ermitteln muss, ob es sich um einen schrumpfenden Markt handelt, wenn die Daten zur Kapazitätsauslastung in dem betreffenden Sektor nicht die eindeutige Feststellung zulassen, dass strukturelle Überkapazitäten vorliegen.

Als Erstes hat die Kommission festzustellen, ob ausreichende Daten über die Kapazitätsauslastung vorliegen. Sollten diese Daten nicht ausreichen bzw. nachweisen, dass keine Überkapazitäten vorliegen, hat sie anhand der Daten über den sichtbaren Verbrauch zu untersuchen, ob es sich um einen schrumpfenden Markt handelt. Gemäß Ziff. 3.6 des MSF muss die Kommission dabei auch ermitteln, ob die Begünstigten vor Stellung des Beihilfeantrags bereits einen Marktanteil von 40 % hielten.

Um diese Untersuchungen vornehmen zu können, muss die Kommission zuerst den relevanten Markt der von dem Investitionsvorhaben betroffenen Produkte definieren.

3.3.1.2.   Die betroffenen Erzeugnisse

Das Investitionsvorhaben betrifft die Herstellung von OSB (Oriented Strand Board) und Spanplatten.

Spanplatten sind Holzplatten, die durch das Zusammenpressen zerkleinerter Rundholzspäne und/oder wiederverwendeter Holzabfälle mit einem organischen Bindemittel entstehen. Laut deutschen Behörden betrug der Preis von Spanplatten zum Zeitpunkt der Anmeldung ca. 230 DEM/m3 (117 EUR/m3).

OSB sind aus drei Schichten zusammengefügte orientierte Spanplatten aus Kiefernholz. OSB-Platten werden überwiegend in der Fertigbauindustrie, für Verpackungen und die Renovierung von Altbauten verwendet. Nach den Angaben der deutschen Behörden belief sich der Preis für OSB-Produkte zum Zeitpunkt der Anmeldung auf rund 560 DEM/m3 (285 EUR/m3).

OSB wurde in den 50er Jahren in Nordamerika entwickelt. In den 80er und 90er Jahren hat es sich im Holzplattenmarkt durchgesetzt und wurde als Substitut für das teurere Sperrholz aus Weichholz verwendet.

Sperrholz ist ein vielseitiger Polymer-Holzverbundstoff. Es besteht aus einer ungeraden Anzahl dünner Holzschichten, die durch synthetische oder natürliche Klebstoffe zu einem Furnier verbunden werden. Es gibt Sperrholz aus Weich- und aus Hartholz. Weichhölzer wie Tanne, Fichte und Kiefer sind (überwiegend) immergrüne Nadelhölzer (der Begriff bezieht sich nicht auf die Härte des Holzes), Harthölzer sind Hölzer von Bäumen mit breiten Blättern, die Früchte oder Nüsse tragen und im Winter in die Vegetationsruhe gehen.

3.3.1.3.   Relevanter Markt

Gemäß Ziff. 7.6 des MSF 1998 umfasst der relevante Produktmarkt die von dem Investitionsvorhaben betroffenen Produkte und gegebenenfalls deren Substitute, wie sie von den Verbrauchern aufgrund der Produktmerkmale, deren Preise und dem Verwendungszweck, oder von den Herstellern aufgrund der Flexibilität der Herstellungsanlagen in Betracht gezogen werden. Der räumlich relevante Markt umfasst in der Regel den EWR oder gegebenenfalls einen erheblichen Teil davon, wenn sich die Wettbewerbsbedingungen in diesem Gebiet spürbar von denen in anderen Gebieten des EWR unterscheiden.

Sachlich relevanter Markt

Wie bereits erwähnt betrifft das Vorhaben die Herstellung von OSB- und Spanplatten.

Laut deutschen Behörden erlauben die Produktionsanlagen nicht die Herstellung anderer Produkte, sondern lediglich von Abwandlungen der gleichen Produkte mit unterschiedlicher Oberflächenqualität. Sie sind deshalb der Auffassung, dass aus Herstellungssicht eine Substitution aufgrund der Flexibilität der Produktionsanlagen ausgeschlossen werden könne. Die Kommission sieht in diesem Stadium keine Veranlassung, diese Sicht in Frage zu stellen.

Auf der Nachfrageseite sind Spanplatten und OSB in der Fertigbauindustrie in gewissem Maße substituierbar. Diese Substitution betrifft jedoch weniger als 10 % des Marktumfangs und ist damit als begrenzt einzustufen (11), was offenbar auf die unterschiedlichen Verwendungszwecke und den erheblichen Preisabstand zurückzuführen ist (285 EUR/m3 für OSB und 117 EUR/m3 für Spanplatten). Das Gleiche gilt für die Substitution von Spanplatten durch Sperrholz. Da OSB einem verglichen mit Spanplatten kleinen Markt angehören, könnte eine 10 %-Substituierung auf dem Markt, dem Spanplatten angehören, größere Auswirkungen haben als auf dem Markt, dem OSB angehört. Wenn jedoch Spanplatten und OSB nur in einem Ausmaß von 10 % auf dem Markt, dem Spanplatten angehören, substituierbar sind, geht die Kommission im jetzigen Stadium davon aus, dass dieser Umfang zu gering ist, um die Zuordnung von OSB und Spanplatten zu demselben Produktmarkt zu rechtfertigen.

Eine gewisse Substituierbarkeit besteht im EWR zwischen OSB und (bestimmten Arten/Segmenten von) Sperrholz. OSB und (bestimmte Arten/Segmente von) Sperrholz sind offenbar in bestimmten Anwendungen substituierbar; so wäre OSB ein Substitut für Weichholz-Sperrholz in der Beplankung, ein Substitut bei Fußbodenbelägen und der Bedachung und ebenfalls ein Substitut für einfaches Sperrholz in Betonschalungen. Mittelfristig könnte OSB weitere Fortschritte bei der Durchdringung der meisten vorhandenen Märkte durch die fortgesetzte Substituierung von (bestimmten Arten/Segmenten von) Sperrholz erzielen. Unter Ziff. 3.3.1.5 wird untersucht, welche Arten von Sperrholz von OSB ersetzt werden könnten.

Unter diesen Gegebenheiten geht die Kommission bisher davon aus, dass einerseits Spanplatten einem Markt und OSB und Sperrholz oder OSB und bestimmte Arten/Segmente von Sperrholz einem anderen Markt angehören (12).

Der räumlich relevante Markt

Holzplatten werden zwar in erheblichem Umfang grenzüberschreitend befördert, es handelt sich jedoch um ein sperriges schweres Produkt. Da ein Transport über große Entfernungen zu kostenaufwendig ist, ist der Transportradius auf rund 800 km begrenzt. Die einzelnen Liefergebiete lassen sich als ein Geflecht aus sich überschneidenden Kreisen mit dem jeweiligen Produktionswerk als Zentrum beschreiben. Da die einzelnen Produktionswerke zerstreut liegen und sich die natürlichen Liefergebiete in unterschiedlichem Ausmaß überschneiden, verlagern sich die Wirkungen von einem Kreis in einen anderen, so dass bisher davon auszugehen ist, dass der EWR für beide Produkte den räumlich relevanten Markt bildet (13).

3.3.1.4.   Angaben zur Kapazitätsauslastung

Gemäß Ziff. 7.7 des MSF 1998 liegt eine strukturelle Überschusskapazität vor, wenn im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre der Kapazitätsauslastungsgrad des betreffenden Sektors oder Teilsektors mehr als zwei Prozentpunkte unter dem Auslastungsgrad der Verarbeitungsindustrie insgesamt liegt. Von hohen strukturellen Überkapazitäten ist auszugehen, wenn dieser Unterschied mehr als fünf Prozentpunkte beträgt.

Gemäß Fußnote 13 zum MSF 1998 sind die Marktdaten zur Kapazitätsauslastung anhand der niedrigsten Untergliederung der NACE-Systematik zu ermitteln. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Span- und OSB-Plattenproduktion von Glunz und OSBD der NACE-Klasse 20.20 (Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und Holzspanplattenwerke) entspricht, da auf die Herstellung von Spanplatten, Sperrholz und OSB 81 % der Gesamtproduktion von Holzplatten in Europa entfallen (14). Die Kommission hält es in diesem Stadium für angemessen, bei ihrer Bewertung der Kapazitätsauslastung die NACE-Klasse 20.20 zugrunde zu legen.

Die deutschen Behörden haben Angaben zum durchschnittlichen Auslastungsgrad der Jahre 1994-1998 (zu diesen fünf Jahren lagen zum Zeitpunkt der Anmeldung Daten vor) im EWR für die NACE-Klasse 20.20 in Bezug auf Holzplatten vorgelegt. Diese Daten, die der Studie eines unabhängigen Sachverständigen entstammen (15), erfüllen die Anforderungen von Ziff. 7.7 des Multisektoralen Gemeinschaftsrahmens, da sie dem Sektor mit der niedrigsten Untergliederung der NACE-Einteilung entsprechen.

Der Sachverständige hat die Tageskapazität (23 Stunden) einer Produktionslinie über 300 Tage in einem Jahr als die Grundlage der Jahreskapazitätsberechnung definiert. Die Jahreskapazität hat er anhand von Informationen der Industrie und seiner eigenen Datenbank (Wood-Based Panel Mill Databank) berechnet, die den Angaben zu den Kapazitäten einzelner Werke und Presslinien entstammen. Die Bestimmung der Kapazität einer Produktionslinie (23 Stunden/300 Tage) berücksichtigt die Unterschiede der Maschinen in Typ/Alter und die Konfiguration der Werke.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass der jährliche Kapazitätsauslastungsgrad zwischen 1994 und 1998 im EWR bei Spanplatten 88,8 %, bei OSB 80,4 %, bei Spanplatten und OSB zusammen 88,8 % und bei Holzplatten insgesamt 85 % betrug (NACE 20.20).

Die Gesamtauslastung der Holzplattenindustrie (NACE 20.20) im EWR ist nachstehender Tabelle zu entnehmen:

 

1994

1995

1996

1997

1998

Gesamtproduktion 1000 m3

30 673

32 412

32 566

35 178

36 481

Gesamtkapazität  1000 m3

36 776

37 148

40 034

40 545

41 787

Auslastungsquote

83 %

87 %

81 %

87 %

87 %

Die Kommission hat auch eine zweite Studie berücksichtigt (16), die in ihrem Auftrag erstellt wurde. Dieser zweiten Studie lag eine Kapazität von 22 Stunden und 345 Tagen jährlich zugrunde, was einen Durchschnitt von 81,8 % für die Jahre 1995 bis 1997 ergab. Diese Studie enthält offenbar nur die durchschnittliche Jahreskapazität von modernen Anlagen, außerdem fehlen die Angaben zu dem Jahr 1993.

Gemäß Ziff. 3.1 des MSF 1998 zieht die Kommission gegebenenfalls Daten unabhängiger externer Quellen zur Bewertung der wahrscheinlichen Auswirkungen auf den Wettbewerb in dem relevanten Markt heran; falls solche Daten nicht sofort erhältlich sind, berücksichtigt sie die entsprechenden Daten der Mitgliedstaaten in vollem Maße. Die von den deutschen Behörden übermittelte Studie kann als zuverlässig angesehen werden. Außerdem würde die andere Studie, die keine vollständigen Informationen liefert, zu demselben Ergebnis führen.

In dem Zeitraum 1994-1998 belief sich die jährliche durchschnittliche Kapazitätsauslastungsquote für das verarbeitende Gewerbe in der EU insgesamt auf 81,72 %.

Unter diesen Voraussetzungen gelangt die Kommission in diesem Stadium des Verfahrens zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass das Investitionsvorhaben zur Kapazitätssteigerung in einem Sektor führen wird, in dem keine Überkapazitäten vorliegen. Gemäß dem Urteil des Gerichtes erster Instanz muss die Kommission jedoch ermitteln, ob es sich um einen schrumpfenden Markt handelt, wenn sie wie im vorliegenden Fall zu der Schlussfolgerung gelangt ist, dass keine strukturellen Überkapazitäten vorliegen.

3.3.1.5.   Daten zum sichtbaren Verbrauch

Anwendbare Regeln

Um zu ermitteln, ob es sich um einen schrumpfenden Markt handelt, hat die Kommission gemäß Ziff. 3.4 des MSF 1998 die Entwicklung des sichtbaren Verbrauchs der betreffenden Erzeugnisse (d.h. Produktion plus Einfuhren minus Ausfuhren) mit den Wachstumsraten des verarbeitenden Gewerbes im EWR insgesamt zu vergleichen.

Gemäß Ziff. 7.8 des MSF gilt der Markt der betreffenden Produkte als schrumpfend, wenn in den letzten fünf Jahren die durchschnittliche Jahreswachstumsrate des sichtbaren Verbrauchs der betreffenden Produkte spürbar, d.h. mehr als 10 % unter dem Jahresdurchschnitt des verarbeitenden Gewerbes im EWR insgesamt lag, es sei denn, ein starker Aufwärtstrend bei der relativen Wachstumsrate der Nachfrage nach den betreffenden Erzeugnissen wäre zu verzeichnen. Ein absolut schrumpfender Markt liegt vor, wenn die durchschnittliche Jahreswachstumsrate des sichtbaren Verbrauchs in den letzten fünf Jahren negativ war.

Spanplattenmarkt

Die durchschnittliche Jahreswachstumsrate des verarbeitenden Gewerbes im EWR betrug 5,78 % in den Jahren 1993-1998.

Die Studie eines unabhängigen Sachverständigen (17) mit Daten zum Wert des sichtbaren Verbrauchs von Spanplatten ergibt folgende Zahlen für den Zeitraum 1993-1998 (den fünf Jahren, zu den im Zeitpunkt der Anmeldung Daten vorlagen):

Mrd. EUR

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Jahreswachstum

Spanplatten

4,61

4,78

5,91

4,98

5,71

5,65

4,15 %

Da der Unterschied im Wachstum von 5,78 % und 4,15 % mehr als 10 % beträgt, gelangt die Kommission in diesem Stadium zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass der Markt, dem Spanplatten angehören, gemäß Ziff. 7.8 des MSF 1998 relativ schrumpft. Somit könnte der Wettbewerbsfaktor T für den Markt, dem Spanplatten angehören, in diesem Stadium mit 0,75 angesetzt werden.

Markt zu dem OSB gehört

Wie bereits erwähnt betrug die durchschnittliche Jahreswachstumsrate des verarbeitenden Gewerbes im EWR in den Jahren 1993-1998 5,78 %.

Die Anmeldung nennt die Studie eines unabhängigen Beraters (18), die folgende Angaben zum Wert des sichtbaren Verbrauchs im EWR für die Jahre 1993-1998 von OSB und Sperrholz insgesamt und OSB und “bestimmten Sperrholzsegmenten” (in der Endverwendung Verpackung, Fußbodenbeläge, Beplankung, Bretterzäune und Bedachung) andererseits enthält:

Mrd. EUR

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Jahreswachstum

Sperrholzsegmente

0,46

0,55

0,55

0,48

0,50

0,49

1,175 %

OSB

0,05

0,06

0,08

0,10

0,13

0,18

31,321 %

Sperrholzsegmente und OSB

0,51

0,61

0,63

0,58

0,63

0,67

5,765 %


Mrd. EUR

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Jahreswachstum

Sperrholz insgesamt

2,05

2,11

2,33

2,06

2,29

2,11

0,595 %

OSB

0,05

0,06

0,08

0,10

0,13

0,18

31,321 %

Sperrholz insgesamt und OSB

2,10

2,17

2,41

2,16

2,42

2,29

1,727 %

Wenn man davon ausgeht, dass der relevante OSB-Markt aus OSB und nur Sperrholzsegmenten in der Endverwendung Verpackung, Fußbodenbeläge, Beplankung, Bretterzäune und Bedachung besteht, beträgt der Wachstumsunterschied zwischen 5,78 und 5,765 % nicht mehr als 10 %. Hieraus wäre gemäß Ziff. 7.8 des MSF 1998 die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der relevante Markt kein schrumpfender Markt ist, so dass ein Wettbewerbsfaktor T von 1 auf den Markt anzuwenden wäre, dem OSB angehört.

Wenn man jedoch annimmt, dass der relevante OSB-Markt aus OSB und Sperrholz insgesamt besteht, beträgt der Unterschied in den Wachstumsraten von 5,78 % und 1,727 % mehr als 10 %. Hieraus wäre gemäß Ziff. 7.8 des MSF 1998 zu schließen, dass der relevante Markt ein schrumpfender Markt ist, so dass ein Wettbewerbsfaktor T von 0,75 auf den Markt anzuwenden wäre, dem OSB angehört.

Die Definition des relevanten Marktes, dem OSB angehört, ist in Anbetracht dieser Ergebnisse von Bedeutung.

Die deutschen Behörden haben in der Anmeldung vorgebracht, dass gemäß einer von demselben Berater erstellten Analyse (19) der relevante Markt der EWR-Markt für OSB und “Sperrholzsegmente” in den Endverwendungen Verpackung, Fußbodenbeläge, Beplankung, Bretterzäune und Bedachung sei.

In einem anderen Fall brachten die deutschen Behörden jedoch vor, dass der Gesamtmarkt für OSB und Sperrholz der relevante Markt sei. Dieser Auffassung lagen verschiedene Berichte desselben unabhängigen Beraters zugrunde (20). Der Entscheidung der Kommission vom 3. Juli 2001 zu dem Fall Kronoply (N813/2000) lagen diese Daten zugrunde. Die deutschen Behörden räumen jedoch nunmehr ein (21), dass die zuvor in dem Fall Kronoply vorgelegten Angaben nicht korrekt gewesen seien und ihnen falsche Informationen zur Marktdefinition zugrunde lagen. In dem Fall Kronoply legten die deutschen Behörden zu jener Zeit eine Studie desselben Beraters vor (22), die im Wesentlichen der in der Anmeldung Glunz und OSBD vorgelegten Studie entspricht, und gelangten zu der Schlussfolgerung, dass OSB und Weichholzsperrholz den relevanten Markt bilden. Weichholzsperrholz ist jedoch nicht vollkommen identisch mit Sperrholzsegmenten in den Endverwendungen Verpackung, Fußbodenbeläge, Beplankung, Bretterzäune und Bedachung.

Die Frage, ob OSB dem Markt für OSB und Sperrholz insgesamt oder lediglich dem Markt für OSB und bestimmte Sperrholzsegmente angehört, ist mit der Substituierbarkeit von OSB durch die verschiedenen Sperrholzsorten zu beantworten. Dies hängt wie in Ziff. 7.6 des MSF 1998 erwähnt, von verschiedenen Faktoren wie den Merkmalen der Produkte, den Preisen und dem Verwendungszweck ab. Selbst wenn die Kommission zu der Schlussfolgerung gelangen sollte, dass nur bestimmte Sperrholzsegmente OSB ersetzen können, muss sie sich entscheiden, ob sie sich auf bestimmte Teile gemäß der Endanwendung oder die Gesamtheit der Sperrholzerzeugnisse aus Weichholz bezieht. Aus den von den deutschen Behörden in der zweiten Anmeldung im Fall Kronoply vorgelegten Angaben geht nämlich hervor, dass es sich auch dann nicht um einen schrumpfenden Markt handeln würde, wenn dieser OSB und lediglich Sperrholz aus Weichholz umfassen würde (23).

Verbrauch 1 000 m3

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Weichholz-sperrholz

1 242

1 327

1 430

1 566

1 692

1 751

2 003

2 084

2 188

OSB

232

304

401

522

738

920

1 122

1 463

1 678

Insgesamt

1 474

1 631

1 831

2 087

2 430

2 671

3 125

3 547

3 866

Sichtbarer Verbrauch in der EWG 1994-2002 mengenmäßig

Unter diesen Bedingungen fällt es der Kommission in diesem Bewertungsstadium schwer, den relevanten Markt zu bestimmen, dem OSB angehört, was jedoch für die Feststellung erforderlich ist, ob es sich um einen schrumpfenden Markt handelt. Dies führt auch zu Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Wettbewerbsfaktors T, der zur Feststellung der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt gemäß den Regeln des MSF 1998 zu berücksichtigen ist. Jeglicher Beitrag von dritter Seite zur Definition des relevanten Marktes, dem OSB angehört, ist deshalb willkommen. Aus dem Vorstehenden kann man jedoch die vorläufige Schlussfolgerung ziehen, dass die ungünstigste Annahme für den Markt, dem OSB angehört, einen schrumpfenden Markt ausweist, der einen Wettbewerbsfaktor T von 0,75 ergeben würde.

3.3.1.6.   Anteile an dem relevanten Markt

Bei der Ermittlung des Wettbewerbsfaktors muss die Kommission gemäß Ziff. 3.6 des MSF 1998 auch prüfen, ob die Anteile der Gruppe, der Glunz und OSB angehören, an dem relevanten Markt wenigstens 40 % betragen, was das Risiko bedingen würde, dass die Gewährung von Beihilfen entsprechend den in der Region zulässigen Höchstbeträgen den Wettbewerb übermäßig verfälscht.

In ihrer Anmeldung vom 7. August 2000 haben die deutschen Behörden folgende Marktanteile im EWR der von der SONAE-Gruppe, der Muttergesellschaft von TAFISA, der Glunz und OSB angehören, verkauften Erzeugnisse angegeben:

Produkte

1999 (vor der Investition)

2002 (nach der Investition)

Spanplatten

[…] %

[…] %

OSB

[…] %

[…] %

Die zur Verfügung gestellten Zahlen zeigen das der Marktanteil der SONAE Gruppe zum Zeitpunkt der Notifizierung 40 % weder für OSB noch für Spanplatten überstieg. In Abhängigkeit der abschließenden Marktdefinition können sich diese Zahlen allerdings ändern. Die Kommission geht jedoch bisher davon aus, dass der Anteil der Gruppe SONAE an dem relevanten Markt zum Zeitpunkt der Anmeldung 40 % nicht überstieg. Außerdem nimmt sie an, dass dieser Prozentsatz mit der Neuinvestition von Glunz und OSBD nicht übertroffen wird.

3.3.2.   Faktor Kapital/Arbeit (I)

Der MSF 1998 enthält einen Faktor Kapital/Arbeit, mit dem die höchstzulässige Beihilfeintensität anzupassen ist, um diejenigen Vorhaben zu begünstigen, die zum Abbau von Arbeitslosigkeit durch die Schaffung einer relativ höheren Anzahl neuer direkter Arbeitsplätze wirksam und besser beitragen.

Die verschiedenen Kapital-/Arbeitsfaktoren sind unter Ziff. 3.10.2 des MSF 1998 aufgeführt. Mit den Gesamtinvestitionen von 199 400 000 EUR werden 355 Arbeitsplätze geschaffen. Dies ergibt eine Verhältniszahl von 561 700 EUR je Arbeitsplatz und einen Faktor I von 0,8 für die Anpassung der höchstzulässigen Beihilfeintensität.

3.3.3.   Faktor Regionalauswirkung (M)

Dieser Faktor berücksichtigt die positiven Effekte einer geförderten Neuinvestition auf die Volkswirtschaft der betroffenen Fördergebiete. Nach Auffassung der Kommission kann die Schaffung von Arbeitsplätzen als Bezugsgröße für den Beitrag eines Vorhabens zur Entwicklung der betreffenden Region dienen. Eine kapitalintensive Investition kann eine spürbare Anzahl indirekter Arbeitsplätze in dem Fördergebiet und in benachbarten Förderregionen schaffen. Arbeitsplatzschaffung bezieht sich in diesem Fall auf den mit dem Vorhaben direkt geschaffenen und die durch Erstlieferanten und Kunden in Erwiderung auf die geförderte Investition geschaffenen Arbeitsplätze.

Die deutschen Behörden gaben zum Zeitpunkt der Anmeldung vom 7. August 2000 die Anzahl der als Folge der Investition nach Vollendung des Holzverarbeitungszentrums entstehenden indirekten Arbeitsplätze mit insgesamt 520 an und untergliederten diese gemäß dem Bedarf der einzelnen Produktionsbereiche wie folgt:

 

OSB-Produktion

Indirekte Arbeitsplätze

OSB-Produktion

Zusatzkräfte

Spanplattenproduktion

Indirekte Arbeitsplätze

Spanplattenproduktion

Zusatzkräfte

Insgesamt

Holzaufarbeitung

61

11

70

12

154

Holztransport zum Werk

42

8

77

14

141

Leimtransport zum Werk

5

 

8

 

13

Brennstofftransport zum Werk

2

 

3

 

5

Transport von Melaninpapier

 

 

1

 

1

Transport vom Werk zum Kunden

50

9

76

14

149

Dienstleistungen (Wartung, Reparatur der Anlagen)

17

3

17

3

40

Reinigung durch Dritte

5

 

5

 

10

Wohnungswirtschaft, Konsumgüter für die Belegschaft

2

 

5

 

7

Insgesamt

184

31

262

43

520

Der Ermittlung der zu schaffenden Arbeitsplätze liegt folgende Berechnung zugrunde:

a)

Laut deutschen Behörden ist die Lieferung von Material an die Werke und von Endprodukten an die Kunden die wichtigste Quelle der durch beide Produktionen indirekt zu schaffenden 309 Arbeitsplätze.

Die angenommene Herstellung von rund […] m3 OSB-Produkten soll zu einem Absatz von rund […] m3 führen. Zur Herstellung von einem m3 Endprodukt werden […] m3 Holz benötigt, was einen Jahresbedarf an Holz von […] m3 ergibt. Die entsprechenden Ansätze für Leim und Chemikalien betragen […] t und für Brennstoff […] t jährlich.

Der Rohstoff für OSB-Produkte besteht zu 100 % aus Holz, das in einem Radius von rund 100 km um das Werk geerntet wird. Der Tagesbedarf der Werke ist mit […] m3 angesetzt, die in Lkw einer Kapazität von […] m3 heranbefördert werden. Auf der Grundlage von 2 Tagesfahrten und einer Kapazität von […] m3 wird der Ansatz von 39 Lkw mit 39 Fahrern, weiteren 8 Zusatzkräften und 3 Mechanikern zu 50 indirekt entstehenden Arbeitsplätzen führen. Die Kommission ist jedoch der Auffassung, dass die Zusatzkräfte nicht der Definition der Arbeitsplätze gemäß Ziff. 3.7 und 7.5 des MSF entsprechen (24). Deshalb kann sie nur einer Zahl von 42 indirekt entstehenden Arbeitsplätzen für die Beförderung von Material zu den Werken zustimmen.

Ein angenommener Absatz von […] m3 würde bei 251 Arbeitstagen einen Umfang von […] m3 OSB-Produkte täglich ergeben, die in Lkw einer Kapazität von […] m3 befördert würden. 46 Fahrten täglich erfordern 46 Fahrer, 9 Zusatzkräfte und 4 Mechaniker und würden zur indirekten Schaffung von 59 neuen Arbeitsplätzen führen. Ohne die Zusatzkräfte würden sich 50 indirekt geschaffene Arbeitsplätze für die Beförderung der Endprodukte an die Kunden ergeben.

Die Produktionskapazität des Spanplattenwerks wird mit rund […] m3 Rohspanplatten und […] m3 beschichteten Platten angegeben. Der Absatz soll einen Umfang von […] m3 Rohspanplatten und […] m3 beschichteten Platten erreichen. Der Unterschied zwischen den angenommenen Kapazitäten und den Absatzzahlen ergibt sich daraus, dass ein erheblicher Teil der Spanplatten beschichtet wird. Die Gesamtnachfrage nach Holz wird mit […] m3 jährlich angegeben. Die Ansätze für Leim und Chemikalien belaufen sich auf […] t und für Brennstoff auf […] t jährlich.

Auch bei Spanplatten wird das Holz aus einem Umkreis von rund 100 km an das Werk geliefert. Der Tagesbedarf ist mit […] m3 Stammholz, […] m3 Verpackungsholz und […] m3 Spänen angesetzt. Dies ergibt 72 Tagesfahrten mit einem Bedarf an 72 Fahrern und 14 Zusatzkräften sowie 5 Mechanikern, was zu insgesamt 91 indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen führt. Wenn man die Zusatzkräfte herausnimmt, werden bei der Beförderung von Material an das Spanplattenwerk 77 Arbeitsplätze geschaffen.

Der angenommene Absatz von […] m3 jährlich würde bei 251 Arbeitstagen einen Umfang von […] Spanplatten täglich ergeben, die in Lkw einer Kapazität von […] m3 befördert werden. Wenn man von den angesetzten 71 Fahrern, 14 Zusatzkräften und 5 Mechanikern die Zusatzkräfte abzieht, kann einer Zahl von 76 beim Transport des Endprodukts an die Kunden indirekt zu schaffenden Arbeitsplätzen zugestimmt werden.

Die deutschen Behörden haben keine Angaben zu den 19 bei der Beförderung von Leim, Brennstoff und Melaminpapier an beide Werke indirekt zu schaffenden Arbeitsplätzen gemacht. Die Kommission hält diese Zahl jedoch für realistisch.

Die Kommission geht davon aus, dass im Transportbereich 264 Arbeitsplätze indirekt geschaffen werden können.

b)

Die Holzaufarbeitung findet als zweite wichtige Quelle der indirekt zu schaffenden Arbeitsplätze an 251 Tagen im Jahr statt.

Für die Herstellung von OSB ist ein Tagesumfang von […] m3 Holz erforderlich, von denen 95 % mechanisch und 5 % manuell verarbeitet werden. Die mechanische Herstellung von […] m3 erfordert 25 Rotten von jeweils 2 Maschinisten und 2 Holzarbeitern sowie einem Zusatzarbeiter je Rotte; die Tagesleistung einer Rotte beträgt […] m3, was 54 Arbeitsplätze ergeben würde. Die manuelle Herstellung von […] m3 erfordert 13 Waldarbeiter mit einer Tagesleistung von 15 m3. Laut deutschen Behörden entstehen neben den 67 indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen 13 Arbeitsplätze bei den Zusatzkräften entsprechend einer Gesamtzahl von 80 Arbeitsplätzen. Von den 67 indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen entstehen 61 in benachbarten Fördergebieten, die somit auch zu berücksichtigen sind.

Die Herstellung von Spanplatten erfordert einen Tagesumfang von […] m3 Holz, wovon 95 % mechanisch und 5 % manuell verarbeitet werden. Anhand der gleichen Berechnungen für die den forstwirtschaftlichen Tätigkeiten vorgelagerten Arbeiten gelangen die deutschen Behörden für die OSB-Herstellung zu 41 indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen einschließlich 5 Stellen für Zusatzkräfte. Von den 41 indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen entstehen 32 in benachbarten Fördergebieten, die damit auch berücksichtigt werden müssen.

Bei einem Umfang von […] m3 Verpackungsholz täglich gehen die deutschen Behörden davon aus, dass 36 Arbeitsplätze bei der Holzernte, der Beförderung und der Größeneinteilung, 37 Arbeitsplätze bei den Zusatzkräften und 7 Arbeitsplätze beim Verkauf von Material, für logistische Zwecke usw. indirekt entstehen. Von den 43 indirekt zu schaffenden Arbeitsplätzen entstehen 38 in benachbarten Fördergebieten.

Bei den forstwirtschaftlichen Tätigkeiten werden somit insgesamt 131 Arbeitsplätze indirekt geschaffen.

c)

Die deutschen Behörden haben keine Angaben zu der Schaffung von 51 Arbeitsplätzen plus 6 Zusatzkräften im Dienstleistungssektor, für die Unterbringung und für Verbrauchsgüter gemacht. Da diese Arbeitsplätze von beiden Werken geteilt werden können, hält die Kommission einen Ansatz von lediglich 45 indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen für realistisch.

Unter diesen Voraussetzungen beläuft sich die Zahl der in Fördergebieten indirekt geschaffenen Arbeitsplätze auf 440. Wenn die gesicherten indirekt geschaffenen Arbeitsplätze darin nicht einbezogen wären, würde sich die Gesamtsumme der indirekt entstehenden Arbeitsplätze auf 407 belaufen. Verglichen mit den 355 direkt geschaffenen Arbeitsplätzen übersteigt die Verhältniszahl in beiden Fällen 100 %, das zu einem Faktor M von 1,5 führt.

4.   SCHLUSSFOLGERUNG

In Anbetracht der vorstehend beschriebenen Gegebenheiten ist es schwierig, die höchstzulässige Beihilfeintensität gemäß der in Ziff. 3.10 des MSF 1998 erwähnten Formel R × T × I × M zu ermitteln. Besonders unbestimmt sind die Daten, die zur Ermittlung des relevanten Marktes, dem OSB angehört, zugrunde zu legen sind. Diese Daten sind bei der Definition des Wettbewerbsfaktors T erforderlich, um festzustellen, ob es sich um einen schrumpfenden Markt handelt. Zur Ermittlung des relevanten Marktes, dem OSB angehört, sind deshalb jegliche Beiträge von Dritten willkommen.

In Bezug auf den größten die Herstellung von Spanplatten betreffenden Teil der Investition geht die Kommission bisher davon aus, dass es sich um einen relativ schrumpfenden Markt handelt, was zu einem Wettbewerbsfaktor T von 0,75 führt. Wie bereits erwähnt führt in diesem vorläufigen Stadium auch die ungünstigste Annahme für den Markt, dem OSB angehört, zu der Schlussfolgerung, dass es sich um einen relativ schrumpfenden Markt handelt, was ebenfalls einen Wettbewerbsfaktor T von 0,75 ergibt. In diesem Fall würde der Wettbewerbsfaktor T für das gesamte Vorhaben ebenfalls 0,75 betragen. Die Kommission kann jedoch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass die endgültige Würdigung zu anderen Beträgen des Wettbewerbsfaktors T für den Markt führt, dem Spanplatten angehören und den Markt, dem OSB angehört. In einem solchen Fall muss die Kommission ermitteln, ob die jedem Einzelteil des Vorhabens zugerechnete Beihilfeintensität auf Basis der Aufteilung der förderbaren Investitionskosten, dem geschätzten Wert des Produktionsausstoßes oder einer anderen Bezugsgröße beruhen soll.

Die Kommission hat deshalb in diesem vorläufigen Stadium für den ungünstigsten Fall einen Faktor T von 0,75 für das Gesamtprojekt errechnet. Gemäß der Formel des MSF 1998 würde dies eine Beihilfeintensität von 31,5 % (= 35 % × 0,75 × 0,8 × 1,5) ergeben. Unter der ungünstigsten Annahme würde die Kommission damit zu der Schlussfolgerung gelangen, dass diese Beihilfemaßnahme bis zu einer Intensität von 31,5 % mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbaren wäre und dass zumindest in diesem Stadium Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt lediglich für 3,5 % bestehen.

Die Kommission hat deshalb ein förmliches Untersuchungsverfahren eingeleitet.

5.   BESCHLUSS

In Anbetracht des Vorstehenden werden die deutschen Behörden ersucht, binnen einem Monat vom Empfang dieses Schreibens an sämtliche Unterlagen, Angaben und Daten der Kommission vorzulegen, die für die Ermittlung der Vereinbarkeit dieser Beihilfemaßnahme erforderlich sind. Dabei sind insbesondere die Zahlen und Daten anzugeben, die zur Substituierbarkeit von OSB durch Sperrholztypen/-segmente vorgelegt wurden, sowie die Unterschiede gegenüber den in anderen Fällen vorgelegten Angaben. In Ermangelung dieser Angaben würde die Kommission eine Entscheidung auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen erlassen. Die deutschen Behörden werden ebenfalls ersucht, den Begünstigten der Beihilfe unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zuzusenden.

Die Kommission ist sich bewusst, dass die Beihilfen bzw. deren überwiegender Teil bereits ausgezahlt worden sind. Die Tatsache jedoch, dass die Kommission ursprünglich die angemeldete Beihilfeintensität genehmigte, führt nicht dazu, dass der Beihilfeempfänger Vertrauensschutz erlangt, da die Entscheidung der Kommission fristgemäß vor dem Gericht Erster Instanz — das die Entscheidung annullierte — angegriffen wurde. In der Konsequenz müssten somit gewährte Beihilfebeträge, die als mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar angesehen werden, vom Begünstigten zurückgefordert werden (25).

Die Kommission wird alle Interessierten durch die Veröffentlichung dieses Schreibens und einer Zusammenfassung seines wesentlichen Inhalts im Amtsblatt der Europäischen Union hiervon in Kenntnis setzen. Sie wird auch alle Interessierten in den EFTA-Ländern, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Mitteilung im EWR-Teil des Amtsblattes der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übersendung einer Kopie dieses Schreibens hiervon unterrichten. Alle Interessierten werden aufgefordert, ihre Bemerkungen binnen einem Monat vom Datum dieser Veröffentlichung an zu unterbreiten.“


(1)  Los OSB son paneles estructurales compuestos por fibras de madera dispuestas en tres capas de virutas de gran tamaño, principalmente de pino tea. Se utilizan en la construcción, en especial para el saneamiento y restauración de edificios viejos, en el sector de casas prefabricadas y en la industria del embalaje.

(2)  Los tableros aglomerados se fabrican prensando virutas de madera rolliza y reciclada que se aglomeran mediante un ligante orgánico. Se utilizan principalmente en la industria del mueble y para el acabado interior de viviendas.

(3)  DO C 187 de 7.4.98, p. 7.

(4)  La madera contrachapada es un compuesto de madera versátil de polímero. Está básicamente compuesta por un número impar de finas capas de chapa llamadas «hoja para enchapados» unidas por un pegamento sintético o natural. Existe contrachapado de madera blanda y de madera dura.

(5)  ABl. C 107 vom 7.4.1998, S. 7.

(6)  Geschäftsgeheimnis

(7)  Siehe hierzu Rechtssache C-169/95 Spanien vs. Kommission [1997] ECR I-135, Paragraph 47 ff., und gemeinsame Rechtssache T-116/01 und 118/01 P&O European Ferries (Vizcaya) SA und Diputación Foral de Vizcaya vs. Kommission [2003] II-2952, Paragraph 205 ff.

(8)  Entscheidung C 72/98 (ex N 702/97) der Kommission vom 28.2.2001.

(9)  ABl. C 340 vom 27.11.1999, S. 8.; Verzeichnis der deutschen Fördergebiete, Regionen nach Artikel 87 Absatz 3 a).

(10)  Die Beihilfe für das OSDB-Werk beläuft sich auf 55 970 000 DEM (28,61 Mio. EUR) bei förderbaren Investitionskosten von 160 Mio. DEM (81,8 Mio. EUR) entsprechend einer Intensität von 35 % brutto und 121 geschaffenen Arbeitsplätzen. Die Beihilfe für das Spanplattenwerk beläuft sich auf 80 543 000 DEM (41,18 Mio. EUR) bei förderbaren Investitionskosten von 230 Mio. DEM (117,6 Mio. EUR) entsprechend einer Intensität von 35 % brutto und 234 geschaffenen Arbeitsplätzen. Damit wären für beide Werke die Anforderungen gemäß Ziff. 2.1 (i) des MSF 1998 erfüllt.

(11)  Jaako Pöyry Consulting, The Development of Wood-Based Panel Industry - Capacity Utilisation Rate and Substitution between OSB and Particle board in the European Economic Area 1993-1998, 20.6.2000.

(12)  Für eine detailliertere Analyse der verschiedenen Märkte siehe auch Kapitel 3.3.1.5

(13)  Siehe auch Sache Nr. IV/M.599, Noranda Forest/Glunz.

(14)  Michel Vernois, Centre Technique du Bois et de l'Ameublement, Paris, Gutachterbericht, Market Structure and Competition in the European Wood Industry, 2001.

(15)  Jaako Pöyry Consulting, The Development of Particle board and OSB Consumption and Capacity Utilisation Rate in the EEA 1993-1998, 14.4.2000.

(16)  Siehe Fußnote 9.

(17)  Jaakko Pöyry ‚The development of wood-based panels consumption in the EEA 1993-1999‘.

(18)  Bericht von Jaakko Pöyry ‚The development of OSB and Plywood Consumption in the European Economic Area 1993-1998‘ vom 13. Februar 2000 (wegen Tippfehler wahrscheinlich 2001).

(19)  Bericht von Jaakko Pöyry ‚Substitution between OSB and Plywood in the European Economic Area‘ vom 13. Februar 2001.

(20)  Jaakko Pöyry, ‚Apparent consumption of wood-based panels in the EEA in value terms 1996-2000‘ (siehe Fußnote 2 der Entscheidung N 813/00 vom 3. Juli 2001 - Kronoply); Jaakko Pöyry ‚The development of wood-based panels consumption in the EEA 1993-1999‘ (siehe Fußnote 6 der Entscheidung Kronoply) und Jaakko Pöyry ‚The European OSB Market‘ (siehe ursprüngliche Anmeldung).

(21)  Am 23. Dezember 2003 legten die deutschen Behörden eine neue ‚zusätzliche‘ Anmeldung zu dem Fall Kronoply (N609/2003) in Bezug auf eine Erhöhung gegenüber der Kommissionsentscheidung vom 3. Juli 2001 genehmigten Beihilfeintensität um 3,5 % auf der Grundlage der neu vorgelegten Studie vor. Die Kommission beschloss am 18. Februar 2004, ein förmliches Untersuchungsverfahren betreffend diese zusätzliche Anmeldung (C 5/2004) zu eröffnen, die am 20.10.2004 im ABl. C 258 veröffentlicht wurde. Diese Einleitung betrifft jedoch nur förmliche Gesichtspunkte, d.h. den ‚Anreizeffekt‘ der ‚zusätzlichen‘ Beihilfe.

(22)  Jaakko Pöyry ‚Structural Panel Supply and Demand in Europe‘, Dezember 2003.

(23)  Jaakko Pöyry ‚Structural Panel Supply and Demand in Europe‘, Dezember 2003.

(24)  Dauer-Vollzeitarbeitsplätze in direktem Zusammenhang mit dem Vorhaben.

(25)  Rechtssache C-169/95 Spanien vs. Kommission [1997] ECR I-135, Paragraph 53.


22.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 263/22


AYUDAS ESTATALES — FRANCIA

Ayuda estatal C 24/2005 (ex NN 88/04 y E 24/04) — Ayuda al Laboratorio Nacional de Ensayos (Laboratoire National d'Essais)

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(2005/C 263/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 5 de julio de 2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Francesa su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88.2 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto a la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Dirección Ayudas Estatales II

Registro de Ayudas Estatales

SPA 3 06/05

BE-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a la República Francesa. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

El Laboratorio Nacional de Ensayos (Laboratoire National d'Essais — LNE) fue creado en 1901 como entidad pública sujeta al control del Ministerio de Educación Nacional. En 1978 pasó a convertirse en un establecimiento público de carácter industrial y comercial (EPIC). Sus actividades consisten en la prestación de servicios de ensayos, metrología, certificación, calibración, formación e investigación y desarrollo, tanto en misiones encomendadas por su autoridad de tutela como en régimen de competencia.

El decreto relativo al LNE establece lo siguiente: «Les ressources de l'établissement comprennent notamment: (…) les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privées (…)». [Los recursos del establecimiento incluyen en particular: (…) las subvenciones del Estado, de colectividades locales, de establecimientos públicos y de todo organismo público o privado (…)]. Sobre esta base, el LNE ha venido recibiendo subvenciones de explotación y subvenciones de inversión cuyo objetivo consistía en cubrir los costes operativos que genera la ejecución de las misiones que el Estado encomienda al LNE, así como los costes extraordinarios de construcción de dos complejos de laboratorios.

Las subvenciones en cuestión, destinadas a financiar actividades o proyectos de inversión de carácter no comercial o derivados de la ejecución de un mandato del Estado, no debían utilizarse para respaldar actividades desarrolladas por el LNE en régimen de competencia. Sin embargo, hasta ahora una parte importante («mixta») de las actividades comerciales y de las no comerciales estaba sujeta a una contabilidad común. Además, el documento por el cual el Estado encomendó al LNE sus misiones no permite apreciar con exactitud el alcance y la naturaleza de las actividades ligadas a estas misiones. En una situación en la cual no hay una separación contable completa de las actividades ligadas a misiones y las ejercidas en régimen de competencia, ni tales actividades pueden delimitarse con precisión, es posible que el LNE haya dispuesto de excedentes de subvenciones para la gestión de sus actividades abiertas a la competencia. Concretamente, ya dispuso de tales excedentes en 2002. Esto equivaldría a una subvención cruzada de las actividades sujetas a la competencia y constituiría una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado CE.

En esta fase, la ayuda en cuestión no parece cumplir ninguna de las condiciones de compatibilidad previstas en el artículo 87 del Tratado CE y en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales. Así pues, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a esta medida.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commission souhaite informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé de proposer des mesures utiles au titre de l'article 18 du règlement de procédure (CE) no 659/1999 et d'ouvrir une procédure formelle d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, à l'égard une série d'aides d'État en faveur du Laboratoire National d'Essais.

I.   PROCÉDURE

1.

Apres avoir été saisis d'une plainte portant allégation d'aide d'État en faveur du Laboratoire National d'Essais (LNE), les services de la Commission ont, par lettre du 3 septembre 2003, invité les autorités françaises à leur fournir une première série d'informations concernant le concours financier de l'État en faveur de l'établissement en question.

2.

Les autorités françaises ont soumis des informations par lettre du 7 novembre 2003 après avoir demandé la prolongation du délai de réponse (par lettre du 30 septembre 2003) que les services de la Commission leur avaient accordée par courrier du 7 octobre 2003.

3.

Par lettre du 11 février 2004, les services de la Commission ont adressé aux autorités françaises une seconde demande de renseignements. Après avoir soumis une nouvelle demande de prolongation de délai de réponse par lettre du 4 mars 2004 (à laquelle la Commission a accédé par lettre du 10 mars 2004), les autorités françaises ont fourni les informations requises par courrier du 5 avril 2004.

4.

Par lettre du 7 juin 2004, les services de la Commission ont demandé des explications en rapport avec les informations précédemment fournies par les autorités françaises. Après avoir demandé la prolongation du délai de réponse par lettre du 8 juillet 2004 (que la Commission a accepté par lettre du 20 juillet 2004), les autorités françaises ont apporté un certain nombre d'informations complémentaires le 6 août 2004.

5.

Le 26 janvier 2005, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure (CE) no 659/1999, les services de la Commission ont fait part aux autorités françaises de leurs doutes concernant la garantie illimitée dont bénéficie le LNE (voir points 15 à 17 de la présente décision) et les ont invitées à présenter ces observations dans un délai d'un mois.

6.

Les autorités françaises ont soumis leurs commentaires à ce sujet par courrier en date du 24 février 2005.

II.   LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS

7.

Le Laboratoire National d'Essais (LNE) a été créé en 1901 au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers, en tant qu'institution publique soumise au contrôle du ministère de l'Education Nationale. En 1978, il a acquis le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en application de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services. Par ce texte le LNE s'est vu confier les responsabilités “d'effectuer tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle, et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits”. Il a également été autorisé à “étudier pour le compte et à la demande des ministères des méthodes d'essais et nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes […]” ainsi qu'à “délivrer des certificats de qualification” et d'assurer au nom des pouvoirs publics les relations avec les organes internationaux chargés des domaines en question.

8.

Aujourd'hui, les activités du LNE incluent la prestation de services d'essais, métrologie, certification, calibration, formation et recherche et développement, aussi bien dans le cadre de missions dont il a été chargé par son autorité de tutelle, qu'en régime de concurrence. L'établissement a réalisé en 2004 61,6 millions d'euros de produits d'exploitation. En 2002, il a dégagé un bénéfice de 1,19 million d'euros (pour des recettes totales de 51,1 millions d'euros). Le LNE mène ses activités sur 55 000 m2 de laboratoires et au moyen de sept implantations locales (dont une à Hong Kong et une à Washington) (1).

9.

Le mandat confié au LNE par l'État est inscrit depuis 1997 dans un contrat d'objectifs conclu entre les autorités françaises et l'établissement pour une période de 4 ans. Il inclut: les missions en tant que Laboratoire National de Métrologie, les missions en tant qu'organisme de recherche, les missions d'assistance technique aux pouvoirs publics ainsi que des missions “d'accompagnement des entreprises” dans le domaine des essais et de l'attestation de conformité.

10.

À côté de cela, le LNE mène des activités à caractère purement commercial en prestant en régime de concurrence des services à une clientèle qui avoisine les 9 000 acteurs par an (2), dans tous les domaines cités au point 8 ci-dessus. Le LNE est ainsi autorisé à délivrer un certain nombre de certificats de conformité étrangers et est également désigné comme organisme notifié par la Commission Européenne pour certifier la conformité avec les Directives dites “Nouvelle Approche”. Il résulte des données fournies par les autorités françaises que le domaine commercial était en 2002 à l'origine de ca 60 % des recettes de l'établissement.

11.

Le LNE fait utilisation d'une part considérable de ses infrastructures et équipements simultanément pour l'exécution des missions dont il est chargé par l'État et la prestation de services à finalité commerciale. Cette partie des activités du LNE, figurant dans les données comptables fournies par les autorités françaises sous la mention “mixte”, ne fait cependant pas l'objet d'une comptabilité séparée entre, d'une part, les activités commerciales menées en régime de concurrence et, d'autre part, les activités non commerciales et celles liées à l'exécution de son mandat d'État.

III.   MESURES EN CAUSE

Subventions

12.

Le décret no 78-280 du 10 mars 1978 relatif au LNE dispose que “les ressources de l'établissement comprennent notamment: (…) les subventions de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés (…) ”. Sur cette base générale, le LNE s'est vu jusqu'à présent octroyer des subventions d'exploitation et des subventions d'investissement.

13.

Selon les autorités françaises, les subventions d'exploitation et une partie des subventions d'investissement sont accordées au LNE “en contrepartie de ses missions de service public” (excluant celles relatives à l'accompagnement des entreprises — voir point 9). Elles constituent une aide au fonctionnement visant à couvrir les coûts générés par l'exécution desdites missions. Les subventions en question sont accordées chaque année sur la base de la loi de finances votée par le Parlement français. […] (3). Elles ont jusqu'à présent été octroyées par le Ministère français de l'Industrie et le Bureau National de Métrologie.

14.

Une autre partie des subventions d'investissement est constituée de subventions exceptionnelles ayant pour but la construction de deux complexes de laboratoires dénommés “Trappes 3” et “Trappes 4”. La construction du premier complexe a été financée dans les années 1995-1999 et est à présent achevée. Les subventions y relatives ont été octroyées par les Ministères français de l'Industrie et de l'Environnement, le Bureau National de Métrologie, ainsi que la Région Île-de-France et le Conseil Général des Yvelines. […]. Les subventions pour la construction du deuxième complexe “Trappes 4” sont, elles, octroyées depuis 2001. […]

Garantie illimitée

15.

Le LNE a acquis par la loi 78-23 du 10 janvier 1978 le statut d'“établissement public à caractère industriel et commercial” (EPIC). L'article 15 du Décret no 78-280 relatif au laboratoire national d'essais dispose que le LNE est “soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable (…)”. Or, il y a lieu de relever qu'en France les personnes morales de droit public ne sont pas soumises au droit commun relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté. De plus, par application d'un principe général de droit reconnu par la jurisprudence française depuis la fin du XIXe siècle, les biens des personnes morales de droit public sont insaisissables. Du fait de son statut, le LNE a donc depuis sa création en 1901 échappé aux procédures d'insolvabilité et de faillite et ses actifs, étant insaisissables, ne peuvent être vendus pour rémunérer des créanciers potentiels.

16.

Par ailleurs, le remboursement des dettes des personnes publiques (et donc du LNE) obéit à une procédure spéciale établie par la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Selon cette procédure l'autorité administrative compétente est tenue d'ordonnancer le paiement de toute somme dont l'État ou un EPIC sont débiteurs, chaque fois qu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée les a condamnés à payer. En l'espèce, l'article 1er, section II de la loi susmentionnée dispose qu' “en cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède au mandatement d'office”.

17.

Il en découle que l'État peut se subroger à l'emprunteur défaillant dans son obligation de payer les créanciers. En effet, malgré le fait que les créanciers puissent faire valoir leurs droits à l'encontre du LNE en utilisant la procédure spéciale de recouvrement de créances sur les institutions publiques prévue à l'article 1er, section II, de la loi du 16 juillet 1980, les biens de ce dernier étant insaisissables, l'État est tenu non seulement d'ordonnancer le paiement des créances, mais aussi d'intervenir en tant que garant en dernier ressort des personnes morales de droit public. L'État serait donc tenu de payer à la place du LNE si, à l'issue de la procédure de recouvrement, le LNE n'était toujours pas en mesure d'effectuer le paiement. Ceci équivaut à une garantie générale de la part de l'État, portant sur l'ensemble de ses engagements, illimitée dans sa couverture, dans le temps et dans ses montants.

IV.   APPRÉCIATION DES MESURES EN QUESTION

A.   QUALIFICATION DES MESURES COMME AIDE D'ÉTAT AU TITRE DE L'ARTICLE 87 DU TRAITÉ CE

18.

Le LNE mène une partie de ses activités dans le cadre du mandat qu'il s'est vu octroyer par l'État. À ce titre, la Commission relève à l'issue de son examen préliminaire que le contrat d'objectifs qui recueille l'ensemble des missions dont le LNE a été chargé (voir point 9), bien que faisant état de certaines prérogatives de puissance publique et de missions à vocation purement scientifique dont la nature ne suscite pas de doutes (p.e. dans le domaine de la recherche fondamentale), ne permet toutefois pas d'apprécier avec exactitude le caractère (en tant que service d'intérêt général ou non) et la portée d'un nombre important des missions attribuées au LNE et, en outre, de trancher sur la nature commerciale ou non commerciale des activités qui s'y reportent. À cet égard, il a été également impossible à ce stade de juger si le LNE effectue un quelconque service d'intérêt économique général, tel que l'entend la jurisprudence communautaire en la matière. Néanmoins, la Commission ne saurait en même temps exclure que le LNE mène des activités concurrentielles dans le cadre des missions qui lui ont été attribuées par l'État (4).

19.

En dehors des missions dont il est question ci-dessus, le LNE exerce une partie importante de ses activités en régime de concurrence (voir point 10).

20.

Le LNE est donc à considérer comme une entreprise au sens de l'article 87 du traité CE.

21.

Au vu des doutes exprimés au point 18, il semble impossible à ce stade de mener à l'encontre des mesures d'aide en cause l'analyse prévue par la jurisprudence communautaire relative à l'exécution de services économiques d'intérêt général (5).

22.

Pour déterminer si les mesures que concerne la présente décision constituent une aide d'État aux termes de l'article 87, la Commission doit donc procéder à l'évaluation des critères suivants: origine étatique de la mesure et transfert de ressources publiques, octroi d'un avantage à certains bénéficiaires, distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre les États membres.

1.   Subventions

23.

Les subventions octroyées au LNE par l'État, étant destinées au financement d'activités ou de projets d'investissement ayant un caractère non économique ou résultant de l'exécution d'un mandat de l'État, ne devraient être utilisées pour supporter des activités menées par le LNE en régime de concurrence. Or, selon les informations fournies par les autorités françaises au sujet des comptes du LNE, une partie importante (dite “mixte”) des activités non commerciales et commerciales était jusqu'à présent assujettie à une comptabilité commune (voir point 11). En conséquence, si les subventions destinées aux activités non commerciales devaient excéder les coûts qu'elles étaient censées couvrir, le surplus serait de facto disponible pour la gestion d'activités commerciales du fait du manque de séparation comptable entre les deux segments d'activités.

24.

Selon les calculs préliminaires effectués par les autorités françaises à la demande la Commission dans le but de faire apparaître une séparation comptable du domaine mixte mentionné, les subventions dont a bénéficié le LNE au titre des missions dont il est chargé ont déjà en 2002 effectivement excédé les coûts relatifs à ces missions, […]. La Commission n'a cependant pas été à ce stade en mesure de juger de la justesse de cette évaluation, car les autorités françaises n'ont pas fourni de détails quant à la méthodologie appliquée à la séparation des données comptables. Le montant en question pourrait en effet varier selon le type de clés de répartition utilisé dans les calculs ou selon la qualification potentielle de certaines activités en tant que prestations concurrentielles (dans ce cas la structure des coûts à compenser par l'État en serait affectée). En outre, les autorités françaises n'ont plus fourni d'autres données pour la période 1993-2003.

25.

Par ailleurs, selon d'autres informations soumises par les autorités françaises, la construction du laboratoire “Trappes 3” aurait été financée à la hauteur de 90 % par des entités publiques françaises, alors que, toujours selon ces mêmes informations, ce même laboratoire semble abriter […] activités menées en régime concurrentiel.

26.

La Commission considère donc qu'il existe de sérieux doutes quant à la justesse des subventions au fonctionnement et à l'investissement octroyées au LNE dans le but de compenser les coûts de ses activités ou de ses projets d'investissement non économiques, ou des coûts qui résultent de l'exécution d'un mandat de l'État. Dans la situation où l'ensemble des activités citées et des activités concurrentielles ne bénéficie pas d'une séparation comptable et, de surcroît, ne peut être précisément délimité, […], le LNE a pu disposer d'une partie des subventions pour la gestion de ses activités exercées en régime de concurrence. Cela équivaudrait à un subventionnement de croisé desdites activités et constituerait un aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Ressources étatiques

27.

Selon les autorités françaises, les subventions au fonctionnement ainsi que les subventions à l'investissement ont été octroyées par les ministères français ainsi que le Bureau National de Métrologie, qui est assimilable à une entité publique (6). Les subventions exceptionnelles ont été en outre accordées par les organes administratifs d'un département français et d'une région française (voir points 13 et 14). Les mesures de support financier au LNE proviennent donc de ressources étatiques.

Avantage sélectif

28.

Le subventionnement croisé des activités que le LNE mène en régime concurrentiel lui procurerait des ressources financières additionnelles pour la gestion de ces activités. Cela constituerait un avantage par rapport aux entreprises concurrentes.

29.

Ce subventionnement à également un caractère sélectif, au vu du fait que le LNE est juridiquement le seul bénéficiaire des mesures d'aide en question (voir point 12).

2.   Garantie illimitée

30.

La Commission considère que le LNE, n'étant pas soumis aux procédures d'insolvabilité et de faillite et étant, en même temps, assujetti à loi du 16 juillet 1980, bénéficie d'une garantie illimitée de l'État. La communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (7) (nommée ci-après “Communication sur les garanties”) dispose, au point 2.1.3, que “constituent […] une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État”. Ainsi, dès lors que l'on est en présence de l'une de ces hypothèses, l'entreprise concernée est considérée comme bénéficiant d'une aide d'État.

31.

Il convient de relever par ailleurs que la garantie dont bénéficie le LNE, du fait de son caractère illimité dans le temps, l'application et les montants ne remplit pas les conditions excluant l'existence d'une aide d'État énoncées au point 4.3 de la Communication susvisée.

32.

À ce propos, les autorités françaises dans leurs observations du 24 février 2005 affirment qu'“il n'existe aucune garantie expresse de l'État au bénéfice du LNE”. Elles soutiennent également que “le droit européen considère que seule une garantie expresse constitue une mesure spécifique en faveur d'un établissement et qu'une garantie doit être expresse pour être considérée comme apportant aux prêteurs une sécurité particulière et dérogatoire”. Néanmoins, les autorités françaises ne rejettent pas les arguments selon lesquels le LNE ne peut être mis en état de faillite et selon lesquels il est en même temps assujetti à la loi du 16 juillet 1980 ainsi que la législation d'application. Elles ne contestent pas non plus le fait que cette disposition puisse toutefois conférer un autre type de garantie.

33.

À ce titre, il convient à nouveau d'articuler la teneur inéquivoque du point 2.1.3 de la Communication sur les garanties. Le cas du LNE représente bien l'hypothèse selon laquelle les procédures de faillite ou d'insolvabilité ne sont pas appliquées à une entreprise au titre de son statut légal, ce qui suffit pour constater l'existence d'une aide sous forme de garantie illimitée de l'État. Il ne parait pas nécessaire aux yeux de la Commission qu'une garantie découlant la non application de procédures de faillites ou d'insolvabilité soit formulée de façon explicite pour constituer une aide d'État, du moment où elle remplit les conditions énoncées à l'article 87 du traité CE. En l'occurrence, la Communication sur les Garanties ne considère la garantie explicite que comme l'une des trois conditions suffisantes et non comme la condition nécessaire à l'existence d'une garantie de l'État. Il y a ainsi lieu d'observer également que cette même Communication dit couvrir “toutes les formes de garanties, quelles que soient leur base juridique et la transaction couverte”. On notera finalement en espèce que le Conseil d'État français a déjà estimé dans un de ses rapports que “la garantie de l'État à […][un] établissement découlera, sans disposition législative explicite, de la nature même d'établissement public de l'organisme” (8). De surcroît, cette même institution a jugé que la procédure de faillite ou d'insolvabilité de laquelle résulte cette garantie constitue une “immunité des personnes publiques [qui] paraît susceptible d'être contestée” notamment “au regard de la jurisprudence sur les aides d'État illégales” (9). De ce fait, bien que le LNE ne soit pas bénéficiaire d'une garantie expresse, la non-application de procédures de faillite ou d'insolvabilité, aurait cependant bien les traits d'une garantie illimitée, telle que la conçoit la Communication sur les garanties.

34.

Enfin, la Commission tient à rappeler le raisonnement suivi dans sa décision concernant la garantie illimitée de l'État octroyée à Electricité de France au titre de son statut légal d'EPIC. Ce texte dit notamment que “l'inapplicabilité de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires implique […] une garantie de l'État”. En effet, “si tel n'était pas le cas, les autres opérateurs économiques n'assumeraient pas le risque de conclure des transactions avec un établissement qui, d'une part, ne peut pas être soumis à une procédure de faillite ou d'insolvabilité et dont les biens ne sont pas saisissables et, d'autre part, dont personne n'assumerait la garantie des obligations non respectées” (10).

35.

La Commission juge donc que les observations des autorités françaises ne permettent pas de dissiper ses doutes quant à l'existence d'une garantie illimitée en faveur du LNE au titre de son statut d'EPIC et, en conséquence, de l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Ressources étatiques

36.

Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, l'État français se porte garant des engagements du LNE tout au long du fonctionnement de l'établissement. Telle garantie est donc une mesure imputable à l'État, qui supporte le risque associé à la défaillance potentielle de l'entreprise bénéficiaire. Or, comme indiqué au point 2.1.2 de la Communication de la Commission sur les garanties, “cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée”. Cependant, la garantie dont bénéficie un EPIC (le LNE en l'occurrence) résulte automatiquement de son statut, sans faire l'objet d'une rémunération, ce qui constitue pour l'État une ponction sur ses ressources financières. La loi française dispose par ailleurs qu'à l'occasion de l'exécution d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement par un établissement public défaillant, l'autorité de tutelle “dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires, soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources” (11). Ce texte permet donc une augmentation par l'État des actifs de l'entreprise concernée au moyen ressources étatiques externes à cette dernière. La garantie dont bénéficie le LNE au titre de son statut est donc une mesure imputable à l'État, qui implique un transfert de ressources étatiques.

Avantage sélectif

37.

La non-application au LNE des procédures de faillite et solvabilité procure à ce dernier un avantage par rapport aux autres entreprises de droit privé, sous forme de conditions de crédit plus favorables. En effet, dès lors qu'en raison de son statut, le LNE ne peut pas faire faillite et l'État se porte garant de ses engagements, ces derniers ne présentent plus de risque d'insolvabilité.

38.

Comme évoqué au point 32, les autorités françaises soutiennent à ce propos que seule une garantie expresse de l'État procure aux prêteurs une sécurité particulière et dérogatoire et donc un avantage à son bénéficiaire. Elles n'apportent toutefois aucun argument qui puisse confirmer cette thèse et qui puisse démontrer en même temps qu'une garantie qui ne serait pas explicite ne pourrait être porteuse d'un tel avantage.

39.

Les autorités françaises précisent seulement que “lorsque le LNE emprunte auprès d'un établissement de crédit, il ne bénéficie d'aucun régime particulier du fait de son statut” dans la mesure où “le taux de pondération [appliqué par les établissements de crédit pour évaluer le risque lié aux différentes catégories de leurs actifs, et notamment de leurs prêts] est égal à 100 % pour un EPIC, c'est-à-dire sans distinction aucune avec une entreprise quelconque”. Elles ajoutent également que, selon une réglementation française qui constitue la transposition de la législation européenne en la matière (12), “le taux de pondération égal à 0 % n'est reconnu que pour les administrations centrales ou pour les établissements pour lesquels il existe une garantie expresse de l'État”.

40.

Il convient d'observer, dans le cas de figure, que la législation invoquée par les autorités françaises ne contient aucune provision qui permette de conclure avec exactitude du niveau de pondération qui serait appliqué à un organisme tel que le LNE, et donc en moindre mesure encore de juger des conditions de crédit dont bénéficierait ce dernier auprès des établissements de crédit. En effet, selon une pratique établie dans le secteur bancaire, ledit niveau de pondération pourrait effectivement dépasser 0 %, mais pourrait être, en même temps aussi, inférieur à 100 %, selon l'appréciation individuelle de la banque. Quand bien même pourrait on assumer qu'un EPIC ne bénéficie pas d'une garantie expresse de l'État (et donc que ses engagements ne sont pas pondérés “zéro”), aucun argument ne permet d'étayer la thèse selon laquelle le LNE bénéficierait des mêmes conditions de crédit que les autres entreprises de droit privé. En effet, lors de la fixation de l'encours de crédit, les banques prennent en compte tous les autres facteurs qui puissent influer sur l'appréciation de la qualité du débiteur. On compte certainement parmi ces facteurs toutes mesures qui permettraient pour l'établissement de crédit de réduire le risque d'un défaut de paiement.

41.

Le fait que les engagements du LNE ne présentent aucun risque d'insolvabilité constitue indéniablement un facteur qui pèserait sur l'évaluation du risque de crédit du LNE et, par conséquent, rendrait meilleures les conditions d'emprunt que ce dernier pourrait obtenir sur le marché. En effet, il y a lieu d'observer que les agences de notation indépendantes qui évaluent, similairement aux banques, le risque de crédit des acteurs économiques considèrent toutes la garantie étatique résultant de la non-application des procédure de faillite comme un élément déterminant de l'appréciation de ce risque. En conséquence, les notes que ces agences accordent aux acteurs économiques pour refléter le risque de crédit sont habituellement plus élevées en présence d'une garantie, même implicite, de l'État (13). Une note plus élevée, à son tour, a un impact direct sur les conditions d'emprunt que ces acteurs peuvent se voir accorder et influe en particulier sur le montant de la rémunération exigée par un investisseur pour souscrire à des emprunts obligataires. Le LNE, ne présentant aucun risque d'insolvabilité, bénéficierait de conditions meilleures de crédit (ne serait-ce que sous la forme de conditions plus favorables sur le marché des obligations), ce qui constituerait un avantage par rapport aux sociétés commerciales de droit commun soumises aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que la garantie découlant du statut du LNE apporte bien un avantage économique à ce dernier.

42.

L'avantage exposé ci-dessus présente un caractère sélectif. En effet, la garantie qui résulte de la non application de procédures de faillite et de solvabilité, ainsi que la loi du 16 juillet 1980, sont à considérer comme sélectives, dans la mesure où elles s'appliquent uniquement aux entreprises dotées d'un statut de personne publique. Elles ne constituent donc pas des mesures générales et ne bénéficient pas aux nombreux concurrents du LNE.

3.   Distorsion de concurrence et affectation des échanges entre États membres

43.

Les marchés sur lesquelles le LNE fournit ses prestations (services d'essais, métrologie, certification, calibration, formation et recherche et développement) sont ouverts à la concurrence dans toute la Communauté européenne. En particulier, le LNE entre en concurrence avec d'autres organismes notifiés sur le marché de la certification exigée par les directives européennes, ainsi qu'avec des milliers d'établissements d'évaluation de conformité, du fait notamment de son autorisation à octroyer les standards nationaux établis par les autorités d'autres États membres (comme par exemple la marque allemande GS).

44.

L'avantage procuré au titre d'un subventionnement des activités concurrentielles et d'une garantie illimitée qui couvrirait ces dernières favoriserait le LNE dans ses prestations sur des marchés soumis au régime de concurrence à l'échelle européenne. Les échanges intracommunautaires en seraient donc affectés. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (14), toute aide d'État qui renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes agissant sur des marchés intracommunautaires crée une distorsion de concurrence. Les mesures en question sont donc susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires et de fausser la concurrence au sens de l'article 87 du traité CE.

B.   STATUT LÉGAL DES MESURES

45.

Comme évoqué au point 12, la loi de 1978 énumère parmi les revenus du LNE des subventions étatiques. Selon les informations disponibles, cette disposition n'apparaît pas comme inconditionnelle, et ne semble pas contenir un nombre suffisant d'éléments pour constituer une règle substantielle de financement du LNE. On peut donc considérer que les subventions au fonctionnement ainsi que les autres subventions exceptionnelles ont jusqu'à présent été effectivement octroyées au LNE chaque année sur la base de la loi de finances votée par le Parlement français et que les subventions au fonctionnement accordées en exécution des contrats du LNE avec le Bureau National de Métrologie ont été octroyées chaque année sur la base desdits contrats. Tous les subsides auraient donc été accordés après l'entrée en vigueur du traité CE en France, sans faire l'objet d'une notification auprès de la Commission Européenne et au cours d'une période où les marchés sur lesquels agissait le LNE étaient déjà assujettis à un régime concurrentiel (15). D'après les informations au dossier, les montants qui proviendraient de ces subsides et donneraient lieu à un subventionnement croisé seraient donc à considérer comme des aides nouvelles illégales au sens de l'article 1 du règlement de procédure (CE) no 659/1999.

46.

Le LNE, en tant que personne morale de droit public a bénéficié d'une garantie de l'État depuis sa création initiale en 1901, et ce malgré son changement de statut en 1978. De plus, le rôle de garant en dernier ressort joué par l'État vis-à-vis des établissements publics, bien que codifié par la loi de 1980, découle d'un principe général de droit français antérieur à l'institution des Communautés Européennes. Cette garantie constitue donc une aide existante au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE.

C.   COMPATIBILITÉ DES MESURES

47.

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dispose que les aides correspondant aux critères qu'il définit sont en principe incompatibles avec le marché commun.

48.

Les exceptions à cette incompatibilité prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne sont pas applicables en l'espèce en raison de la nature des aides, qui n'est pas destinée à atteindre les objectifs énumérés dans ledit paragraphe. En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) pour les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions, les aides concernées en l'espèce ne remplissent pas les conditions nécessaires pour avoir un tel effet et les autorités françaises ont elles-mêmes exclu que celles-ci tombent sous le coup desdites exceptions. En outre, ni les subventions au fonctionnement, ni la garantie illimitée dont bénéficie la LNE ne semblent à ce stade être subordonnées à des investissements ou à la création d'emplois comme le prévoient les lignes directrices de Communauté européenne concernant les aides d'État à finalité régionale, alors que les subventions à l'investissement, elles, ne paraissent pas, remplir les conditions établies par ces mêmes lignes directrices. En tout état de cause, les sites du LNE qui ont fait l'objet de subventions ne sont pas situés dans une zone concernée par les points a) et c) de l'article 87, paragraphe 3. À ce stade, les aides examinées ne peuvent être donc être considérées comme remplissant les conditions d'autorisation d'un encadrement communautaire relatif aux aides d'État à finalité régionale.

49.

En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE, les aides concernées en l'espèce n'étaient ni destinées à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun, ni à remédier une perturbation grave de l'économie française, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

50.

En ce qui concerne l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, celui-ci ne s'applique qu'à des activités économiques qui seraient couvertes pas une mission d'intérêt général exécutée pour le compte de l'État. Cependant, après une analyse préliminaire du dossier, il n'apparaît pas des informations dont dispose à ce stade la Commission, que les missions dont a été chargé le LNE par l'État dans le cadre du contrat d'objectifs (voir point 9), puissent être considérées comme ayant un caractère inconditionnellement économique. Il ne semble pas non plus que les services prestés en régime de concurrence par le LNE (voir point 10) fassent l'objet d'une mission distincte de service d'intérêt général. De ce fait, la Commission considère qu'à ce stade l'article 86, paragraphe 2, du traité ne saurait être invoqué pour décider de la compatibilité des mesures en cause (16).

51.

En conclusion, un subventionnement croisé des activités concurrentielles du LNE ainsi que la garantie dont celui-ci bénéficie au titre de son statut ne sauraient à ce stade remplir aucune des conditions d'exception de l'article 87 du traité CE. Il ne semble pas non plus que les mesures en question puissent être considérées comme compatibles au titre de quelconque des encadrements communautaires relatifs aux aides d'État. Dès lors, les mesures d'aide visées par la présente décision seraient donc constitutives d'aides d'État incompatibles avec le marché commun au sens du traité CE.

V.   DÉCISIONS

A.   PROPOSITION DE MESURES UTILES

La garantie illimitée dont bénéficie le LNE sur tous ses engagements relatifs au domaine concurrentiel en vertu de son statut d'EPIC constitue une aide existante qui ne pourrait être considérée comme compatible avec le développement du marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 1. Au titre de l'article 18 du règlement de procédure (CE) no 659/1999, si la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles.

Par lettre du 26 janvier 2005, la Commission a informé la France de son avis préliminaire sur l'incompatibilité de cette mesure et lui a donné l'occasion de présenter ses observations dans un délai d'un mois conformément à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement de procédure. Les informations que les autorités françaises ont transmises n'ont cependant pas permis de dissiper les doutes de la Commission. Par conséquent, la Commission propose que la France élimine l'élément d'aide en question en supprimant la garantie illimitée dont bénéficie le LNE dans l'exercice de ses activités concurrentielles en vertu de son statut d'EPIC.

La France devra, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de procédure précité, informer la Commission de son accord concernant cette proposition de mesures utiles dans un délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre. Dans le cas contraire, la Commission appliquera la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement susvisé.

La Commission voudrait à cette occasion évoquer une fois encore la motivation qu'elle a donnée à sa proposition de mesures utiles concernant la garantie illimitée dont a bénéficié la société Electricité de France (17). En effet, similairement, dans la présente proposition de mesures utiles, la Commission ne conteste pas le statut d'EPIC en tant que tel, car aux termes de l'article 295 du traité CE la Communauté européenne est neutre en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres. La Commission tient à souligner par contre que, dans un contexte où les règles de concurrence se doivent d'être préservées au titre du traité CE, le respect du principe de neutralité implique précisément la suppression de tout avantage injustifié au bénéfice des entreprises publiques au détriment de leurs concurrents privés. De ce fait, une garantie liée au statut d'EPIC ne peut favoriser une entreprise publique dans l'exercice de ses activités concurrentielles.

B.   PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

Les subventions qui excéderaient les coûts provenant d'activités à caractère non commercial ou de l'exécution d'un mandat de l'État du LNE, et qui serviraient en même temps à la gestion des activités concurrentielles de cet établissement constitueraient une aide illégale incompatible. Conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement de procédure (CE) no 659/1999, si la Commission constate, après un examen préliminaire, que une mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à lui présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide susmentionnée, entre autres:

les données comptables reflétant une séparation complète des comptes relatifs aux domaines concurrentiel et non concurrentiel, pour les années 1993 à 2004 (sauf année 2002, pour laquelle ces données ont déjà été fournies), ainsi que celles disponibles pour le premier semestre de 2005,

les détails de la méthode appliquée pour effectuer une telle séparation,

dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission invite vos autorités à transmettre une copie de cette lettre au Laboratoire National d'Essais.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et se réfère à l'article 14 du règlement de procédure (CE) no 659/1999, qui dispose que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'EEE, en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être publiés, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d'accord avec la publication du texte intégral de la lettre. Cette demande et les informations susmentionnées demandées par la Commission devront être envoyées par lettre recommandée ou par télécopie à:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Direction H

Greffe Aides d'État

SPA 3 06/05

BE-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42.»


(1)  Données provenant de la page internet du LNE (www.lne.fr).

(2)  Idem.

(3)  Secret d'affaires.

(4)  À cet égard, la présente décision ne préjuge pas de l'application par la Commission de procédures concernant la passation de marchés publics à l'égard des missions dont l'État a chargé le LNE.

(5)  Voir arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH, Rec. p. I-7747, points 87 à 95.

(6)  Le Bureau National de Métrologie est un groupement d'intérêt public constitué entre, d'une part, l'État français, représenté par le Ministère chargé de l'industrie et le Ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies, et d'autre part, le Commissariat à l'énergie atomique, le Conservatoire national des arts et métiers, le Laboratoire national d'essais et l'Observatoire de Paris. Les moyens financiers de tel groupement proviennent de ses membres. Elles constituent donc, du moins en partie, des ressources étatiques.

(7)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(8)  Rapport public du Conseil d'État, 1995, à propos du projet de loi relatif à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs, p. 219.

(9)  Rapport public du Conseil d'État, 2002, sur les collectivités publiques et la concurrence, p. 271.

(10)  Voir lettre du 4 avril 2003 contenant la décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen concernant la mesure d'aide en faveur d'Électricité de France sous la forme de la garantie illimitée de l'État liée au statut d'établissement public industriel et commercial, paragraphe 21 (JO C 164 du 15.7.2003, p. 9), reprise en substance dans le décision finale.

(11)  Décret d'application no 81-501 du 12 mai 1981, art. 3-1, quatrième alinéa.

(12)  Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO L 386 du 30.12.1989, p. 14).

(13)  Lettre du 4 avril 2003 contenant la décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen concernant la mesure d'aide en faveur d'Électricité de France sous la forme de la garantie illimitée de l'État liée au statut d'établissement public industriel et commercial, paragraphe 31 (JO C 164 du 15.7.2003, p. 7).

(14)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730/79, Philip Morris, Rec. p.2671 et l'arrêt du 11 novembre 1987 dans l'affaire C-259/85, République française c/ Commission, Rec. p. 4393.

(15)  À cet égard, même si l'on considérait que l'acte de 1978 puisse avoir constitué dans une certaine mesure un régime de financement, il y a lieu d'observer qu'il est, pareillement aux lois budgétaires, entré en vigueur après l'établissement de la Communauté européenne, à un moment où, selon les affirmations des autorités françaises, le LNE effectuait déjà certaines activités dans le domaine concurrentiel.

(16)  Toutefois, au vu des doutes que la Commission soulève au point 18 en rapport avec le caractère, la qualification et la portée des activités du LNE, il ne peut être exclu que cet article puisse être d'application à l'issue de l'enquête formelle que vise la présente décision.

(17)  Lettre du 16 octobre 2002 contenant les décisions de la Commission concernant une série d'aides d'État en faveur d'Électricité de France (JO C 280 du 16 novembre 2002, p. 9).


22.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 263/30


AYUDA DE ESTADO — ITALIA

Ayuda de Estado C 31/2005 (ex N 329/2004) — Legge Regionale n. 21/03. Art. 14, 15 y 16 — Región de Sicilia

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 263/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 6 de septiembre de 2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Dirección de Ayudas Estatales I

BE-1049 Bruselas.

Fax: (32-2) 296 95 80

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito que su identidad sea tratada confidencialmente, exponiendo los motivos de su solicitud.

RESUMEN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

La medida está constituida por dos sistemas: los artículos 14 y 15 conceden una exención del IRAP (el impuesto italiano sobre actividades productivas regionales) a determinadas empresas y el artículo 16 crea el Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y Seguros.

Los artículos 14 y 15 prevén una exención del IRAP durante 5 años para determinadas nuevas empresas, creadas a partir de 2004, y para determinadas empresas que ya existían anteriormente. Más en concreto, el artículo 14 prevé una exención de 5 años consecutivos del IRAP para: i) todas las nuevas empresas que a partir del año 2004 hayan iniciado su actividad en los sectores del turismo, la hostelería, los artículos culturales, la agroalimentación, la información tecnológica, y la artesanía; ii) todas las nuevas empresas que a partir del año 2004 hayan iniciado su actividad en un sector industrial cuyo volumen de negocios sea inferior a 10 millones de euros. El artículo 15 prevé una exención de 5 años, a partir del año 2004, de la parte de la base imponible del IRAP que supere la media de la base fiscal de los años 2001-2003 para todas las empresas existentes, con exclusión de las empresas químicas y petroquímicas.

El artículo 16 crea el Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y Seguros. En el Centro desarrollan sus actividades filiales de empresas financieras y aseguradoras que obtienen fondos en los mercados internacionales que deben utilizarse exclusivamente fuera de Italia y con residentes no italianos. Las ventajas fiscales previstas se conceden exclusivamente para las operaciones realizadas con terceros países que hayan suscrito la Declaración de Barcelona de 27-28 de noviembre de 1995. Las ventajas fiscales concedidas a estas empresas son: i) reducción de un 50 % del tipo del IRAP para las actividades realizadas en el Centro; ii) exención de las tasas aplicables a las concesiones regionales; iii) pago de una prima fija en vez de abonar los derechos de registro así como los impuestos hipotecarios y catastrales, y iv) exención del impuesto de sociedades italiano sobre los rendimientos generados en Sicilia

Las autoridades italianas calculan que el impacto presupuestario global de los artículos 14 y 15 en cuestión ascenderá aproximadamente a 170 millones de euros para 2009. No se ha proporcionado ninguna estimación del impacto presupuestario del artículo 16.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

Según la Comisión, la ventaja anteriormente descrita parece cumplir todas las condiciones pertinentes previstas en el artículo 87, apartado 1 del Tratado CE.

Los artículos 14 y 15 parecen proporcionar a los beneficiarios una ventaja económica consistente en la exención del IRAP durante un período de cinco años. La medida es selectiva porque excluye a determinadas empresas (nuevas empresas en ciertos sectores) y determinadas producciones (por ejemplo, las producciones químicas y petroquímicas). El artículo 16 concede a los beneficiarios ventajas consistentes en una reducción del IRAP, una exención del impuesto de sociedades y de las tasas aplicables a las concesiones regionales y en el pago de una tasa fija en vez de abonar los derechos de registro así como los impuestos hipotecarios y catastrales. La ventaja parece asimismo selectiva porque está restringida a empresas que realizan sus actividades comerciales en el Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y Seguros.

Las ventajas son atribuibles al Estado puesto que consisten en la renuncia a unos ingresos fiscales por parte del Gobierno regional siciliano. Finalmente, las medidas falsean la competencia y los intercambios comerciales entre Estados miembros porque los beneficiarios compiten con otras empresas en mercados abiertos a la competencia.

La Comisión tiene dudas en cuanto a si los artículos 14, 15 y 16 son, en tanto que ayuda, compatibles con el mercado único. En esta fase del procedimiento, parece que las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2 y en el artículo 87, apartado 3, letras c) y d) no pueden aplicarse a la medida en cuestión. Las autoridades italianas esgrimen que la excepción prevista en el artículos 87, apartado 3, letra a) del Tratado CE, en virtud de la cual las ayudas estatales de funcionamiento pueden ser consideradas compatibles con el mercado común, es aplicable al presente caso dado que Sicilia puede acogerse a dicha excepción.

Sin embargo, la Comisión observa que la medida, en tanto que ayuda, debe considerarse como una ayuda estatal de funcionamiento porque la ventaja fiscal concedida por el régimen no está ligada a inversiones específicas, a la creación de empleo o a proyectos concretos, pero supone una reducción de las cargas que normalmente deberían soportar las empresas beneficiadas en el ejercicio de su actividad empresarial. Según una práctica reiterada de la Comisión, ésta considera que las ayudas de funcionamiento están en principio prohibidas. No obstante, dichas ayudas pueden concederse excepcionalmente siempre que: i) estén justificadas por su aportación al desarrollo regional y su naturaleza y ii) su importe guarde proporción con las desventajas que se pretenda paliar. Incumbe al Estado miembro demostrar la existencia de cualquier posible desventaja y valorar su importancia y, en esta fase del procedimiento, la Comisión duda que el Estado miembro haya demostrado la existencia de una desventaja pertinente y haya valorado su importancia.

Por último, las autoridades italianas subrayan que el artículo 16 es similar a la Ley 19/1991, por la que se creaba el Centro Financiero de Trieste, que la Comisión consideró incompatible con el mercado común en 2003, invirtiendo una decisión previa de compatibilidad de la Comisión de 1995, adoptada de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra b) del Tratado CE, y esgrimen que los argumentos para invertir la decisión previa de compatibilidad de la Comisión no son aplicables en el presente caso. Sin embargo la Comisión observa que la decisión de compatibilidad de 1995 no se tomó sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra b) y que las razones para invertir la decisión previa fueron diferentes de las indicadas por las autoridades italianas y que son pertinentes en el presente caso.

Puesto que la medida, en tanto que ayuda, no parece, en esta fase del procedimiento, poder acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el Tratado, en el contexto de su evaluación preliminar y tal y como prevé el artículo 6 del Reglamento (CE) no 659 /1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 [en la actualidad artículo 88] del Tratado CE, la Comisión tiene dudas sobre su compatibilidad con el mercado común.

Teniendo en cuenta sus dudas sobre la compatibilidad de la ayuda con el Tratado CE, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88, apartado 2 del Tratado CE.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità sulle misure succitate, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 28 luglio 2004 (A/35943), le autorità italiane hanno notificato gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (denominata nel prosieguo “LR 21/2003”). Con lettere del 16 settembre 2004 e del 10 giugno 2005 (D/54467), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane. Queste ultime hanno risposto con lettere del 18 maggio 2005 (A/34054) e del 2 giugno 2005 (A/34424), a seguito di un sollecito della Commissione del 27 aprile 2005 (D/53374), e con lettere del 12 luglio 2005 (A/35835) e del 14 luglio 2005 (A/35958).

(2)

La LR 21/2003 è entrata in vigore il 30 dicembre 2003, ma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 è esplicitamente subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Con lettera del 26 gennaio 2005 le autorità italiane hanno comunicato che il regime di aiuti di cui agli articoli 14 e 15 veniva applicato a titolo del regolamento sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”)  (1) in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(3)

Secondo le autorità italiane, la misura mira ad incentivare la creazione di nuove imprese e a ridurre il gap esistente tra le imprese operanti in Sicilia e le imprese situate in altre regioni italiane.

(4)

Inoltre la misura in questione sarebbe volta a favorire l'integrazione dell'economia dell'Unione europea con le economie dei paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995.

(5)

La misura è costituita da due regimi: gli articoli 14 e 15 dispongono la concessione di un'esenzione dall'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) a talune imprese e l'articolo 16 prevede l'istituzione del centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi.

ESENZIONE DALL'IRAP

(6)

Gli articoli 14 e 15 prevedono un'esenzione dall'IRAP di durata quinquennale per talune nuove imprese che inizino l'attività lavorativa dall'anno 2004 e a determinate imprese già esistenti. Più precisamente:

(7)

l'articolo 14 prevede l'esenzione dall'IRAP per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività:

per le imprese turistiche ed alberghiere, le imprese artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agroalimentari, le imprese del settore dell'information technology che inizino l'attività dall'anno 2004;

per tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di EUR e che inizino l'attività dall'anno 2004;

(8)

l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'IRAP per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003 per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. La riduzione dell'IRAP per le società esistenti si applica al quinquennio seguente il 2003.

(9)

Soltanto le imprese aventi, cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia possono beneficiare del regime di aiuto.

(10)

I beneficiari applicheranno la riduzione automaticamente al momento del pagamento dell'IRAP.

(11)

Nelle loro lettere le autorità italiane si impegnano a limitare la durata degli aiuti e a trasformarli in aiuti decrescenti se ciò fosse necessario per renderli compatibili con il mercato comune.

(12)

Le autorità italiane stimano che, una volta introdotte le suddette clausole, gli articoli 14 e 15 avranno un impatto sul bilancio quantificabile, tra il 2004 e il 2009, in circa 170 milioni di EUR (rispettivamente 120 e 48 milioni di EUR).

Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi

(13)

L'articolo 16 istituisce il centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi, ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche società di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. Sovrintende al centro un comitato, nominato dal presidente della Regione Sicilia, che conferisce e revoca alle imprese l'autorizzazione ad operare nel centro.

(14)

I benefici concessi alle imprese sono:

abbattimento del 50 % dell'aliquota IRAP per i redditi prodotti nel centro;

esenzione dalle tasse sulle concessioni regionali,

sconto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa,

esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per i redditi prodotti in Sicilia (2)relativi alle attività compiute all'interno del centro.

(15)

I vantaggi fiscali previsti dal regime sono accordati esclusivamente in relazione alle operazioni realizzate con i paesi terzi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995 (3) e sono concessi dall'entrata in vigore della misura fino all'anno in cui sarà operativa la zona di libero scambio prevista dalla Dichiarazione (2010).

(16)

L'ubicazione precisa del centro in Sicilia e i criteri per il conferimento dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del centro stesso verranno stabiliti nella normativa di attuazione.

(17)

Nelle loro lettere le autorità italiane si impegnano a rendere gli aiuti decrescenti nel tempo se ciò è necessario per renderli compatibili con il mercato comune.

(18)

Le autorità italiane non forniscono alcuna stima per quanto riguarda l'impatto dell'articolo 16 sul bilancio.

Imposte nazionali e Statuto regionale siciliano

(19)

L'adozione delle misure in questione è possibile in virtù dell'esercizio da parte della Regione Sicilia dell'autonomia fiscale prevista dagli articoli 36 e 38 dello Statuto regionale siciliano. Lo Statuto ha rango di norma costituzionale.

(20)

L'IRAP è stata creata con l'intento di fornire alle autorità regionali la fonte di reddito necessaria per finanziare l'esercizio autonomo dei poteri loro devoluti. Soggetti passivi dell'imposta sono le imprese che esercitano abitualmente una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l'imposta si applica sul valore della produzione netta (4) derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. L'aliquota di base dell'imposta è pari al 4,25 %. L'IRAP è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta e tutte le regioni hanno facoltà di maggiorare o ridurre l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. L'aggiustamento può essere differenziato per settore di attività e per categoria di soggetti passivi.

(21)

Secondo quanto affermato dalle autorità italiane, l'esenzione dall'IRAP — nella misura in cui vada oltre l'aggiustamento dell'1 % consentito dal decreto legislativo 446/1997 che istituisce l'IRAP — sarebbe frutto dell'attuazione del principio di autonomia, visto che il gettito dell'IRAP spetta alla Regione Sicilia e l'IRAP è concepita come un'imposta regionale.

(22)

Secondo le autorità italiane, la Regione Sicilia può prevedere l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, poiché esiste una misura nazionale comparabile (5). Questa è infatti la condizione necessaria affinché la Regione Sicilia possa esercitare l'autonomia fiscale in caso di un'imposta nazionale che interferisce con la tassazione locale di società non siciliane, conformemente alla sentenza n. 58 del 1957 della Corte Costituzionale italiana.

(23)

Infine occorre notare che dinanzi alla Corte di Giustizia è pendente una causa (6) riguardante la compatibilità dell'IRAP con l'articolo 33, paragrafo 1 della Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CE del 17 maggio 1977. In base alle conclusioni dell'Avvocato generale del 17 marzo 2005, un'imposta nazionale come l'IRAP si configura come un'imposta sul fatturato, in quanto tale vietata dall'articolo 33, paragrafo 1 della Sesta direttiva. Tale causa potrebbe ovviamente avere conseguenze per la misura descritta nel presente documento qualora la Corte stabilisse che l'IRAP non è conforme al diritto comunitario.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(24)

Per accertare se, nel caso di specie, la misura costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, la Commissione deve valutare se essa favorisca talune imprese o talune produzioni, conferendo un vantaggio di natura economica, se tale vantaggio falsi o minacci di falsare la concorrenza, se esso sia concesso mediante risorse statali e se sia atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Vantaggio economico

Esenzione dall'IRAP

(25)

La Commissione constata che l'articolo 14 e l'articolo 15 conferiscono ai beneficiari un vantaggio economico consistente nell'esenzione dall'IRAP per un periodo di cinque anni consecutivi. L'importo annuo del vantaggio può ammontare fino al 5,25 % del valore annuo della produzione netta delle imprese in Sicilia.

Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi

(26)

La Commissione constata che l'articolo 16 conferisce ai beneficiari diversi vantaggi economici consistenti in:

i)

un abbattimento dell'IRAP per un importo annuo pari fino al 2,625 % dei redditi netti prodotti nel centro per il periodo compreso tra la data di istituzione del centro e il 2011;

ii)

una riduzione dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un importo annuo pari fino al 33 % degli utili prodotti in Sicilia con attività realizzate nell'ambito del centro per gli anni compresi tra la data di istituzione del centro e il 2011;

iii)

l'abbuono dell'importo totale delle tasse sulle concessioni regionali, dalle quali i beneficiari sono esentati; e

iv)

l'abbuono della differenza tra l'importo fisso che il beneficiario paga e l'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che sarebbero dovute dalle stesse imprese per gli stessi atti sugli stessi beni qualora esse non operassero nell'ambito del centro.

(27)

In conclusione, entrambe le misure, comportando un abbattimento del carico fiscale, consentono alle imprese beneficiarie di avvalersi di una riduzione dell'imposta dovuta, che si traduce in un vantaggio finanziario di cui le predette imprese beneficiano immediatamente negli anni in cui la riduzione viene applicata.

Favorire talune imprese o attività economiche

(28)

I vantaggi di cui sopra sembrano favorire talune imprese per una serie di ragioni.

Favorire talune imprese o attività economiche — I: selettività materiale

Esenzione dall'IRAP

(29)

La Commissione osserva che gli articoli 14 e 15 devono essere esaminati congiuntamente, in quanto conferiscono vantaggi simili a categorie diverse di beneficiari. I due articoli, in combinato disposto, escludono dalla gamma dei possibili beneficiari varie categorie di imprese:

le nuove imprese con un fatturato superiore ai 10 milioni di EUR che operano in tutti i settori diversi da quelli contemplati dall'articolo 14, comma 1 (ovvero il settore turistico ed alberghiero, dei beni culturali, agroalimentare, dell'information technology e le imprese artigianali);

le nuove imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR che operano in tutti i settori diversi da quello contemplato all'articolo 14, comma 2 (ovvero il settore industriale); si tratta sostanzialmente delle imprese del settore agricolo e dei servizi;

le imprese esistenti operanti nel settore chimico e petrolchimico (articolo 15).

(30)

Pertanto, in primo luogo la misura sembra favorire taluni settori produttivi, in particolare quello turistico e alberghiero, dei beni culturali, agroalimentare e dell'IT, in cui tutte le imprese possono beneficiare di un'esenzione quinquennale dall'IRAP. In secondo luogo, la misura sembra favorire le imprese industriali, esistenti e nuove, con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR, escluse quelle operanti nel settore chimico e petrolchimico.

(31)

Anche se le autorità italiane dimostrassero che nel settore industriale non esistono nuove imprese con un fatturato superiore ai 10 milioni di EUR salvo quelle del settore chimico e petrolchimico, sulla base di una giurisprudenza consolidata (7) la misura all'esame costituirebbe una misura selettiva che favorisce il settore produttivo summenzionato, in quanto l'esenzione quinquennale dall'IRAP non è prevista per imprese attive in settori diversi da quello industriale.

(32)

Nelle loro lettere le autorità italiane sostengono che le imprese del settore chimico e petrolchimico sono state escluse dal beneficio dell'articolo 15 in quanto non debbono sostenere gli elevati costi di trasporto dovuti all'insularità della regione e il numero di società operanti in questo settore è molto ridotto. Tuttavia non sembra che le società di tutti i settori ammessi a beneficiare della misura debbano far fronte a costi di trasporto elevati; inoltre il numero dei beneficiari non ha alcuna influenza sulla caratterizzazione di una misura quale aiuto.

(33)

Infine la misura sembra fornire un vantaggio selettivo alle società siciliane, nella misura in cui solo le imprese soggette ad imposta che abbiano, cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime. Ciò non sembra essere il caso di tutte le imprese che esercitano un'attività produttiva o commerciale in Sicilia e che sono soggette all'IRAP su tale attività. Le autorità italiane non hanno addotto alcun argomento su questo aspetto della selettività nella corrispondenza con loro intercorsa.

Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi

(34)

La Commissione osserva che l'articolo 16 conferisce vantaggi selettivi, nella misura in cui solo talune società sono ammesse a beneficiarne. In effetti, i vantaggi riguardano solo le imprese assicurative e finanziarie che sono autorizzate ad operare nel centro. Pertanto, la misura esclude le società che raccolgono fondi sui mercati internazionali per investirli nei paesi indicati nella nota 3 le cui attività con questi paesi non siano realizzate nell'ambito del centro.

(35)

Inoltre la misura è selettiva nella misura in cui esclude le imprese assicurative e finanziarie che investono in Italia e in altri paesi che non figurano nell'elenco esaustivo della nota 3.

Favorire talune imprese o attività economiche- II: selettività regionale

(36)

In aggiunta la Commissione osserva che potrebbe esservi anche un secondo aspetto di specificità in quella parte dei vantaggi previsti dalle due misure che si applicano solo alle società soggette ad imposizione in Sicilia.

(37)

Come indicato in precedenza, il decreto legislativo 446/1997 che istituisce l'IRAP consente a tutte le regioni di modificare l'aliquota IRAP al massimo di un punto percentuale. Lo Statuto conferisce alla Regione Sicilia il potere di esentare le società siciliane dall'IRAP; nessun'altra regione italiana beneficia di tale potere.

(38)

Pertanto l'esenzione totale prevista dagli articoli 14 e 15 è effettivamente applicabile solo alle imprese che abbiano sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia. La Commissione potrebbe considerare, seguendo la prassi adottata in altri casi (8), che l'abbattimento dell'aliquota IRAP, nella misura in cui superiore alla riduzione di un punto percentuale consentita a ciascuna regione dal decreto legislativo 446/1997, costituisca un vantaggio selettivo a favore delle imprese siciliane. Tale vantaggio ammonterebbe al 3,25 % del valore netto prodotto dai beneficiari.

(39)

Analogamente, il sistema italiano di imposizione dei redditi delle persone giuridiche non prevede alcuna esenzione per le istituzioni creditizie, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli enti e le società di assicurazione e le società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Né altre regioni, a parte la Sicilia, avrebbero il potere di conferire siffatta esenzione.

(40)

La Commissione potrebbe pertanto considerare che l'articolo 16 conferisca vantaggi selettivi alle imprese situate in Sicilia. I vantaggi selettivi consisterebbero i) in una riduzione dell'IRAP per un importo annuo pari fino all'1,3 % dei redditi netti prodotti nel centro per il periodo compreso tra la data di istituzione del centro e il 2011; e ii) nell'abbuono dell'importo totale dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche non riscossa.

Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

(41)

Secondo una giurisprudenza consolidata (9), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.

Esenzione dall'IRAP

(42)

La Commissione osserva che le misure di cui agli articoli 14 e 15 sembrano falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri in quanto il loro effetto è liberare i beneficiari da un onere al quale sarebbero altrimenti soggetti.

(43)

Nella fattispecie i beneficiari sono imprese di tutte le dimensioni operanti per lo più nel settore industriale, ad eccezione di quelle chimiche e petrolchimiche. Giacché esse competono con altre imprese in mercati aperti alla concorrenza, le esenzioni dall'IRAP sono atte a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi, secondo quanto sancito da una giurisprudenza consolidata

Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi

(44)

Analogamente la Commissione nota che la misura di cui all'articolo 16 sembra falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Di fatto, per via della natura della loro attività, le società finanziarie, le società di assicurazione, le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie competono con altre imprese a livello europeo.

Presenza di risorse statali

(45)

La misura implica l'uso di risorse statali nella forma di una perdita di gettito fiscale da parte della Regione Sicilia; tale perdita è pari all'importo della riduzione delle imposte dovute dalle imprese beneficiarie di cui al punto precedente.

Compatibilità

(46)

La Commissione ha dubbi sul fatto che gli aiuti di cui agli articoli 14, 15 e 16 siano compatibili con il mercato unico. Le autorità italiane hanno presentato alcuni elementi volti a dimostrare che, nel caso di specie, si applicherebbe la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, per effetto della quale gli aiuti di Stato al funzionamento possono essere considerati compatibili con il mercato comune, essendo la Sicilia una regione ammissibile a tale deroga. Inoltre le autorità italiane hanno addotto argomenti intesi a comprovare che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE si applicherebbe all'articolo 16. Le autorità italiane non hanno presentato alcun argomento volto a dimostrare che altre deroghe sarebbero applicabili al caso in oggetto.

(47)

Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non sembrano applicarsi in questo caso.

(48)

Analogamente, la misura non sembra essere destinata a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, come previsto all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), né sembra rientrare tra le altre categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e).

(49)

Il regime in oggetto deve inoltre essere esaminato alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tale articolo dispone che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sono ammessi a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione sottolinea che le agevolazioni fiscali concesse mediante il regime non sono connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Il regime prevede semplicemente una riduzione degli oneri che dovrebbero essere sostenuti normalmente dalle imprese interessate nel corso della loro attività — nella fattispecie il debito IRAP — e deve pertanto essere considerato come un aiuto di Stato al funzionamento, come viene peraltro correttamente riconosciuto dalle autorità italiane nella corrispondenza intercorsa. La prassi seguita dalla Commissione a tutt'oggi è stata quella di autorizzare tali aiuti solo nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e a condizioni molto rigorose (cfr. infra).

(50)

Infine occorre esaminare se l'aiuto sia ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, che prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione o alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), che prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia.

Esenzione dall'IRAP

(51)

In primo luogo, sembra che gli articoli 14 e 15 non favoriscano la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, in quanto la misura non promuove alcun progetto specifico, che possa apportare benefici all'Unione europea nel suo insieme, né rimedia ad un grave turbamento dell'economia italiana, come previsto dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

(52)

Come già menzionato, le autorità italiane affermano nella loro corrispondenza che la misura in questione costituisce un aiuto al funzionamento. In base ad una prassi consolidata della Commissione, gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati. In via eccezionale, però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché i) siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e ii) il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Tali aiuti devono essere tuttavia limitati e decrescenti nel tempo. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza (10).

(53)

Nelle loro note le autorità italiane hanno argomentato che la misura in questione, che concede un aiuto al funzionamento, sarebbe compatibile con il mercato comune per le ragioni seguenti:

i)

l'esenzione dall'IRAP contribuirebbe alla creazione di nuove imprese e a ridurre il gap esistente tra imprese allocate in Sicilia e imprese operanti in altre regioni italiane;

ii)

le imprese siciliane sarebbero strutturalmente svantaggiate per via del carattere insulare della Sicilia. Le imprese siciliane sarebbero pertanto penalizzate a causa di costi di trasporto più elevati, di una maggiore scarsità delle risorse naturali e di un deficit infrastrutturale (11). Inoltre la prevalenza di micro-imprese determinerebbe costi di finanziamento più elevati ed un maggior impiego di risorse umane. Giacché il costo del lavoro e il costo dell'indebitamento costituirebbero gran parte della base imponibile dell'IRAP, le imprese siciliane sarebbero penalizzate;

iii)

le autorità italiane sostengono che il massimale di 10 milioni di EUR sia sufficientemente basso da garantire che l'articolo 14 si applichi de facto soltanto alle PMI;

iv)

l'aiuto verrebbe reso decrescente e limitato nel tempo nei regolamenti attuativi e sarebbe proporzionale allo svantaggio che è inteso a compensare. L'argomento avanzato dalle autorità italiane è che la “normale” impresa siciliana con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR e meno di dieci dipendenti operante nel settore industriale, dell'ITC e turistico/alberghiero verserebbe un'imposta IRAP più elevata della “normale” impresa lombarda con caratteristiche comparabili.

(54)

La Commissione osserva quanto segue:

i)

il collegamento tra l'abbattimento dell'IRAP ai beneficiari (ad esempio dell'articolo 15) e la creazione di nuove imprese in Sicilia non è chiaro e le autorità italiane non hanno apportato alcuna spiegazione sotto questo profilo. Il fatto che esista una vaga possibilità che la riduzione dell'IRAP incrementi il numero di nuove imprese non è di per sé sufficiente perché l'aiuto possa essere considerato compatibile, in quanto la distorsione generata dalla misura potrebbe essere molto ampia;

ii)

per quanto riguarda l'argomento addotto dalle autorità italiane che l'economia siciliana sarebbe penalizzata dalla prevalenza di micro-imprese, alla Commissione sembra che una riduzione dell'IRAP generalizzata per le imprese di ogni dimensione non risolva il problema, non essendo essa mirata alle micro-imprese. Inoltre l'aiuto non sembra volto a rimediare ai problemi collegati al carattere insulare della Sicilia. Ad esempio, alla Commissione non sembra che le imprese siciliane operanti nel settore turistico/alberghiero e dei beni culturali risentano di particolari svantaggi per via della loro ubicazione (articolo 14);

iii)

l'articolo 14 è solo apparentemente limitato alle PMI, in quanto non tiene conto del numero di dipendenti e soprattutto del fatto che l'impresa beneficiaria possa essere un'impresa “collegata” o “associata” ai sensi degli orientamenti relativi alle PMI (12). Inoltre, anche se le autorità italiane potessero dimostrare che solo le PMI ai sensi degli orientamenti beneficiano della misura, resterebbe il fatto che la misura in questione costituisce un aiuto al funzionamento. Fino ad ora le autorità italiane non hanno dimostrato che gli aiuti sono proporzionali agli svantaggi che intenderebbero compensare;

iv)

alla Commissione sembra che la documentazione presentata dalle autorità italiane non contenga informazioni sufficienti a garantire che l'aiuto sarà decrescente nel tempo. Nell'esempio fornito, sembra che le autorità italiane intendano ridurre la proporzione dell'esenzione dall'IRAP, ma ciò non garantisce di per sé che l'importo dell'aiuto sia decrescente. Infine, il fatto che l'articolo 15 conferisca aiuti a imprese di ogni dimensione e l'uso di dati riguardanti solo le imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR e meno di dieci dipendenti operanti nel settore industriale, dell'ITC e turistico/alberghiero non sembrano dimostrare la proporzionalità della misura in questione.

(55)

Infine, come spiegato al punto 32, nell'ambito delle imprese operanti in Sicilia, la misura sembra operare una discriminazione tra imprese “siciliane” e “non siciliane”, in quanto impedisce alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell'aiuto. Alla Commissione sembra che nessuna ragione obiettiva possa giustificare questa scelta delle autorità italiane e che pertanto questa disposizione del regime di aiuto sia contraria all'articolo 43 del trattato CE. Anche per questa ragione la misura non può essere compatibile con il mercato comune (13). Le autorità italiane non hanno addotto alcun argomento su questo aspetto nella corrispondenza con loro intercorsa.

Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi

(56)

Occorre innanzitutto esaminare se l'aiuto sia ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, come sostenuto dalle autorità italiane nelle loro note. Si noti che le autorità italiane non hanno chiarito per quali ragioni ritengano che l'articolo 16 sia ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(57)

Come già menzionato, le autorità italiane affermano nella loro corrispondenza che la misura in questione costituisce un aiuto al funzionamento. In base ad una prassi consolidata della Commissione, gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati a meno che siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura e il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Pertanto, se la giustificazione addotta dalle autorità italiane fosse identica a quella fornita per l'esenzione dall'IRAP, la Commissione sarebbe dell'avviso che la distorsione della concorrenza determinata dall'aiuto nel settore finanziario può essere molto ampia, in linea con la decisione adottata nel summenzionato caso delle Azzorre (14), e che le attività finanziarie non contribuiscono in modo significativo a risolvere gli svantaggi delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), come affermato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (15) e in diverse decisioni adottate in seguito. La predetta comunicazione della Commissione prevede chiaramente che per poter ottenere dalla Commissione la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune, gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di particolari regioni devono essere “proporzionati e mirati rispetto all'obiettivo perseguito”. In base a questo criterio, è improbabile che attività “off-shore” e attività prive di effetti o con effetti limitati sull'economia locale vengano autorizzate in quanto aiuti di Stato compatibili. Pertanto, la Commissione dubita che vi sia proporzionalità tra il livello dell'aiuto e lo svantaggio che intende compensare.

(58)

Infine, occorre esaminare la possibilità che il regime sia destinato a promuovere un progetto di comune interesse europeo come previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. È questa la principale giustificazione addotta dalle autorità italiane per l'introduzione dell'aiuto.

(59)

In particolare le autorità italiane sottolineano che l'articolo 16 ricalca una norma analoga della legge 19/1991 che istituiva il centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste che fu considerato incompatibile dalla Commissione nel 2003, dopo essere stato autorizzato dalla Commissione con decisione del 1995 sulla base della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE (16). Le autorità italiane affermano che le motivazioni alla base della seconda decisione di incompatibilità non possano essere estese al centro Euro-Mediterraneo. In particolare esse sostengono che:

i)

contrariamente all'area di Trieste, la Sicilia è una regione ammissibile agli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato;

ii)

contrariamente al caso precedente, in cui dal 1995, anno della prima decisione, al 2002, anno della decisione sfavorevole, il mercato dei capitali europeo si era integrato con quello dei paesi dell'Europa dell'est, nel presente caso il mercato europeo dei capitali non si sarebbe integrato con il mercato africano dei capitali, per cui favorire questa integrazione, conformemente alla Dichiarazione di Barcellona, resterebbe un obiettivo europeo rilevante.

(60)

Sotto questo profilo, la Commissione osserva quanto segue.

(61)

Primo, nella sua prima decisione la Commissione ha considerato l'aiuto all'istituzione del centro finanziario a Trieste compatibile con il mercato comune a titolo della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), (attuale articolo 87, paragrafo 3, lettera c)), e non già a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) (17).

(62)

Secondo, la Commissione effettua un'analisi dettagliata di ciascun caso e tiene conto delle diverse particolarità di regimi apparentemente simili che possono tuttavia essere di tutta rilevanza, così come del contesto economico.

(63)

La Commissione osserva ad esempio che l'aiuto totale (lungo il periodo di cinque anni di durata del regime) per l'istituzione del centro finanziario a Trieste era soggetto ad un massimale e che il totale dei prestiti e degli investimenti delle imprese del centro era limitato.

(64)

Inoltre la Commissione è dell'avviso che le considerazioni fatte nel 2003 nel caso di Trieste siano valide anche nel presente caso. In realtà la seconda decisione sfavorevole nel caso di Trieste era dovuta alle ragioni seguenti:

i)

questo tipo di misura costituisce un aiuto al funzionamento che la Commissione autorizza solo eccezionalmente, in settori di attività che necessitano di un trattamento straordinario. Non è questo il caso del settore finanziario, come già indicato, anche alla luce del notevole sviluppo dei mercati finanziari nell'ultimo decennio. Questa evoluzione ha indotto la Commissione a ritenere che allo stato attuale gli aiuti ad operatori partecipanti ai mercati finanziari possano produrre gravi distorsioni in questo settore;

ii)

come indicato nella predetta comunicazione sulla tassazione diretta delle imprese, nella sua valutazione alla luce delle regole sugli aiuti di Stato la Commissione può tenere conto, tra l'altro, degli effetti negativi sulla concorrenza evidenziati nei lavori per la stesura del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (18). Da questi lavori è emerso che gli incentivi fiscali su attività mobili a livello internazionale, quali quelle finanziarie, assicurative, i servizi intragruppo, ecc., possono avere effetti negativi per altri Stati membri, in particolare in quanto creano opportunità di evasione fiscale. Il regime relativo a Trieste, che è stato considerato dannoso sulla base dei criteri contenuti nel codice, poteva avere tale potenziale. La Commissione osserva che le autorità italiane, nelle loro osservazioni sulla lettera inviata nel 2001 dalla Commissione, nella quale si proponevano misure adeguate per quanto riguarda il regime di Trieste, menzionarono la riunione del 19 marzo 2002 del gruppo “codice di condotta”, nel corso della quale l'Italia affermò che il centro sarebbe stato smantellato entro un periodo di tempo compatibile con il programma di lavoro sul codice di condotta.

(65)

Inoltre, considerato che due dei paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona, Cipro e Malta, erano già membri dell'Unione europea al momento della notifica della presente misura, la Commissione è dell'avviso che la situazione dei paesi che beneficerebbero degli investimenti delle società operanti nel centro diverga per molti aspetti dalla situazione esistente nei paesi dell'Europa dell'est nel 1995. In particolare i problemi peculiari della transizione non hanno mai riguardato molti dei paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione di Barcellona oppure li hanno riguardati in passato (ad esempio, la Turchia e Israele sono chiaramente economie di libero mercato) ed il periodo di transizione è terminato (ad esempio in Algeria).

(66)

Infine, la Commissione osserva che, come specificato al punto 16, i criteri per il conferimento dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del centro verranno stabiliti nella normativa di attuazione e pertanto non sono ancora noti. Giacché tali criteri sono essenziali per il funzionamento del centro, la valutazione della compatibilità della misura ne presuppone la conoscenza.

(67)

Pertanto la Commissione dubita che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE possa applicarsi all'articolo 16.

Conclusione

(68)

In questa fase della procedura la Commissione ha dubbi sul fatto che lo Stato membro abbia dimostrato l'esistenza di uno svantaggio pertinente e che ne abbia quantificato l'importanza. In ogni caso la Commissione osserva che le informazioni presentate non consentono alla Commissione, in questa fase della procedura, di verificare se l'aiuto in questione sia giustificato dal contributo fornito allo sviluppo regionale e se l'entità dell'aiuto sia proporzionata agli svantaggi che esso intende compensare. La Commissione dubita inoltre, in questa fase della procedura, che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE possa applicarsi all'articolo 16.

(69)

Visto che la misura, nella sua qualità di aiuto, non risulta, allo stato attuale, ammissibile ad alcuna delle deroghe previste dal trattato, nel contesto della sua valutazione preliminare, quale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (attuale 88) del trattato CE, la Commissione nutre dei dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente.

La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a trasmetterle le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), GU L 10 del 13.1.2001, pag. 1.

(2)  Più precisamente, la Sicilia si accollerebbe, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai beneficiari aventi domicilio fiscale al di fuori della Sicilia. Il gettito delle imposte sulle persone giuridiche pagate dalle imprese siciliane spetta alla Regione Sicilia

(3)  I paesi terzi in questione sono Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e l'Autorità palestinese.

(4)  Il valore netto della produzione è determinato dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione, esclusi i proventi di operazioni finanziarie straordinarie, e la somma dei costi di produzione, esclusi i costi finanziari e le spese per il personale. Regole speciali disciplinano la determinazione del valore della produzione netta per le banche, le imprese di assicurazioni, i lavoratori autonomi, le autorità pubbliche e imprese private non commerciali.

(5)  L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 istituisce il centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste. La disposizione fu soppressa nel 2002, prima che il centro diventasse operativo.

(6)  Causa C-475/03.

(7)  Cfr. ad esempio la causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten [2001] Racc. I-08365 riguardante un rimborso alle sole imprese produttrici di beni materiali.

(8)  Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito [notificato con il numero C(2002) 4487], GU L 150 del 30.5.2003 e decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra [notificato con il numero C(2004) 929], GU L 85 del 2.4.2005, pag. 1.

(9)  Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest contro Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

(10)  Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale, GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(11)  Le autorità italiane sostengono che anche la Corte di giustizia avrebbe più volte valutato il fattore “insularità” quale criterio di svantaggio strutturale. Le autorità italiane fanno riferimento alla sentenza nelle cause riunite C-37/96 e C-38/96 Sodiprem SARL e a. (C-37/96) e Roger Albert SA (C-38/96) contro Direction générale des douanes, Racc. 1998 I-02039 riguardante i dazi di mare - regime fiscale dei dipartimenti francesi d'oltremare e alla sentenza nella causa C-282/00 Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) contro Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga), Racc. 2002 I-04741 relativa a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera. Tuttavia queste cause riguardano piccole isole ultraperiferiche e non possono essere considerate rilevanti per il caso in esame. Sotto questo profilo la Commissione osserva che per regioni ultraperiferiche si intendono quelle individuate in un elenco esaustivo di cui alla Dichiarazione 26 sulle regioni ultraperiferiche della Comunità, allegata al Trattato sull'Unione europea, ovvero i Dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madeira e le Isole Canarie. La Sicilia non può essere considerata una regione ultraperiferica. Tuttavia è una regione ammissibile agli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(12)  Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, GU L 10 del 13.1.2001 e successive modifiche. Cfr. in particolare l'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 [C(2003) 1422], GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(13)  Cfr. causa C-156/98 Germania contro Commissione [2000] Racc. I-6857, punti 76-87.

(14)  In quel caso la Commissione autorizzò la concessione di aiuti al funzionamento in settori diversi da quello finanziario solo per via del fatto che le Azzorre sono una regione ultraperiferica.

(15)  GU C 384 del 10.12.1998, punto 33.

(16)  Più precisamente il centro fu istituito dall'articolo 3 della legge 19 gennaio 1991, n. 19. Le relative decisioni della Commissione sono la decisione 95/452/CE del 12.4.1995, GU L 264 del 7.11.1995, e la decisione C(2002) 4829, GU L 91 dell'8.4.2003, pag. 47.

(17)  Cfr. le decisioni della Commissione citate nella nota precedente.

(18)  I ministri delle finanze della UE hanno istituito il gruppo “Codice di condotta” (in materia di tassazione delle imprese) in una riunione del Consiglio del 9 marzo 1998, sotto la presidenza del ministro britannico Paymaster General, Dawn Primarolo; tale gruppo è incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del suddetto codice. In una relazione del novembre 1999 il gruppo ha identificato 66 misure fiscali dannose, tra le quali rientrava la misura che istituiva il Centro finanziario a Trieste.


22.10.2005   

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C 263/39


AYUDA ESTATAL

(Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea)

Comunicación dirigida por la Comisión a los demás Estados miembros y otros interesados con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

Ayuda estatal C 7/2003 (ex N 107/2002) — Reino Unido — Fondo de incubación SBS

(2005/C 263/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante la siguiente carta de 19 de noviembre de 2003, la Comisión informó al Reino Unido de su decisión de cerrar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

TEXTO DE LA CARTA

«Procedimiento

Mediante carta de fecha 31 de enero de 2002, registrada el 4 de febrero de 2002, las autoridades británicas notificaron la citada medida de ayuda, de conformidad con el artículo 88.3 CE. Por carta de 28 de febrero de 2002, la Comisión pidió información adicional, que le fue suministrada por las autoridades británicas por carta de 26 de abril de 2002, registrada el 30 de abril de 2002. Las autoridades británicas proporcionaron nuevos elementos relativos a la notificación por carta de 13 de mayo de 2002. El 24 de mayo de 2002 se celebró una reunión entre las autoridades británicas y la Comisión, seguida de una nueva carta de petición de información, enviada el 4 de julio de 2002. Las autoridades británicas respondieron por carta de 13 de septiembre de 2002, registrada el 18 de septiembre de 2002. Esta respuesta motivó otra carta de petición de información de la Comisión, de 29 de octubre de 2002. Las autoridades británicas enviaron su respuesta el 3 de diciembre de 2002, registrada el 9 de diciembre de 2002.

El 5 de febrero de 2003, la Comisión decidió iniciar el procedimiento establecido en el artículo 88.2 del Tratado en relación con esta ayuda. La Decisión de la Comisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (1). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones. La Comisión recibió treinta y tres comentarios, que envió al Reino Unido por carta de 1 de julio de 2003.

En carta de 22 de mayo de 2003, registrada el 27 de mayo de 2003, las autoridades británicas presentaron sus comentarios. El 1 de julio de 2003 se celebró una reunión entre las autoridades británicas y la Comisión. Tras esta reunión, el Sr. Griffiths, subsecretario de Estado para la Pequeña y Mediana Empresa, remitió al Comisario Monti una carta fechada el 16 de julio de 2003 y registrada el 17 de julio de 2003. El Comisario respondió por carta de 4 de agosto de 2003. Mediante carta de 8 de octubre de 2003, registrada el 9 de octubre de 2003, las autoridades británicas retiraron la notificación.

Valoración

Una vez retirada la notificación, el procedimiento ha dejado de tener objeto.

Conclusión

Por tanto, la Comisión ha decidido cerrar el procedimiento establecido en el artículo 88.2 del Tratado CE por carecer de objeto.».


(1)  DO C 104 de 30.4.2003.


22.10.2005   

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C 263/40


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3969 — Société Générale/Ford Lease-Business Partner)

(2005/C 263/07)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 13 de octubre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Group Société Générale («SG», Francia) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de ciertos activos (conjuntamente «Ford Lease Business Partner»), propiedad en última instancia de Ford Motor Company a través de adquisición de activos.

2.

Ambito de actividad de las empresas afectadas:

SG: gestión de activos, banca privada y de inversiones, financiación corporativa, y leasing de flotas de automóviles y gestión de servicios en Europa,

Ford Lease Business Partner: leasing de flotas de automóviles y gestión de servicios en Italia, España, Dinamarca, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Finlandia.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3969 — Société Générale/Ford Lease-Business Partner, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

BE-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


22.10.2005   

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C 263/41


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3971 — Deutsche Post/Exel)

(2005/C 263/08)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 17 de octubre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Deutsche Post AG («Deutsche Post», Alemania) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la empresa Exel plc («Exel», Reino Unido), a través de una oferta pública de adquisición presentada el 19/09/2005.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

Deutsche Post:servicios postales, envío urgente de documentos y paquetes, servicios de transporte de mercancías y de logística; servicios financieros;

Exel: servicios de transporte de mercancías y de logística.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3971 — Deutsche Post/Exel, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

BE-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


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C 263/42


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3963 — Philips/Lumileds)

Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2005/C 263/09)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 17 de octubre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 siguiendo un proceso de reenvío conforme al artículo 4(5) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Koninklijke Philips Electronics N.V. («Philips», Holanda) a través de su filial Philips Lumileds Holding B.V. o de otra filial de su propiedad, adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la empresa Lumileds Lighting LLC («Lumileds», Estados Unidos), hasta ahora controlada conjuntamente por Philips y por Agilent LED International Inc. («Agilent», Estados Unidos) a través de adquisición de acciones.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

Philips: diseño, fabricación y venta de una amplia gama de productos electrónicos, incluyendo productos de iluminación;

Lumileds: desarrollo, fabricación y venta de diodos emisores de luz («LEDs»).

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3963 — Philips/Lumileds, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

BE-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


22.10.2005   

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C 263/43


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3976 — Mobilkom Austria/ONE/Paybox)

Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2005/C 263/10)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 17 de octubre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas Mobilkom Austria AG & Co KG («Mobilkom», Austria) y ONE GmbH («ONE», Austria), perteneciente al grupo alemán E.ON, adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa Paybox Austria AG («Paybox», Austria), que actualmente está controlada únicamente Mobilkom, a través de adquisición de acciones.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

Mobilcom: prestador de servicios de telecomunicaciones móviles en Austria.

ONE: prestador de servicios de telecomunicaciones móviles en Austria.

Paybox: operador de sistemas de pago no al contado a través de dispositivos móviles.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax ([(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3976 — Mobilkom Austria/ONE/Paybox, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

BE-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


22.10.2005   

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C 263/44


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.3961 — Permira-KKR/SBS Broadcasting)

(2005/C 263/11)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 7 de octubre de 2005, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32005M3961. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


22.10.2005   

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C 263/44


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.3902 — Heidelbergcement/De Hoop Terneuzen/Mermans Beton/JV)

(2005/C 263/12)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 19 de septiembre de 2005, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en neerlandés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32005M3902. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


22.10.2005   

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C 263/45


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.3886 — Aster 2/Flint Ink)

(2005/C 263/13)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 25 de agosto de 2005, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32005M3886. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informaciones

Comisión

22.10.2005   

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C 263/46


Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación»

(2005/C 263/14)

1.

Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el Consejo aprobó el 30 de septiembre de 2002 el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado «programa específico»).

Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002 un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea (2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «normas de participación»), las propuestas de acción indirecta de IDT se presentarán en el marco de convocatorias de propuestas.

2.

Las presentes convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT (en lo sucesivo denominadas «las convocatorias») constan de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en los anexos. En estos se indica, en particular, las fechas de cierre del plazo de presentación de propuestas de acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos afectados, los criterios de evaluación de las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número mínimo de participantes y las posibles restricciones.

3.

Se invita a las personas físicas o jurídicas a las que no sean aplicables los criterios de exclusión previstos, por una parte, en dichas normas de participación y, por otra, en el apartado 2 del artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.

Las condiciones de participación aplicables a los proponentes se comprobarán durante la negociación de la propuesta de acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán haber firmado una declaración según la cual no se encuentran incursos en ninguno de los supuestos indicados en el apartado 1 del artículo 93 del Reglamento financiero. Asimismo, deberán haber remitido a la Comisión la información indicada en el apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6).

La Comisión ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se alienta especialmente a las mujeres a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a participar en la presentación de estas propuestas.

4.

La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de las convocatorias, en las que se da información sobre la preparación y presentación de propuestas de acción indirecta de IDT. También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de evaluación y selección de propuestas» (7). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información acerca de las convocatorias, pueden obtenerse en la siguiente dirección de la Comisión:

Comisión Europea

The FP6 Information Desk

Dirección General RTD

BE-1049 Bruselas, Bélgica

Dirección de Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Las propuestas de acción indirecta de IDT sólo pueden presentarse como propuestas electrónicas a través del sistema electrónico de presentación de propuestas [EPSS (8)] en la red. Sin embargo, en casos excepcionales, los coordinadores pueden solicitar a la Comisión que les permita presentar sus propuestas en papel antes del cierre de la convocatoria. Para ello, deberán dirigirse por escrito a una de las siguientes direcciones:

European Commission

Directorate General RTD — Unit H1

BE-1049 Brussels

o rtd-aeronautics@cec.eu.int o rtd-transport@cec.eu.int. La solicitud habrá de ir acompañada de una explicación que justifique debidamente esta excepción. Los proponentes que deseen presentar sus propuestas en papel serán responsables de que sus solicitudes de exención y los procedimientos consiguientes no impidan el respeto de los plazos establecidos.

Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar de dos partes: los formularios (parte A) y el contenido (parte B).

Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden prepararse en línea o fuera de línea y presentarse en línea. La parte B de las propuestas de acción indirecta de IDT solo puede presentarse en formato PDF («portable document format», compatible con Adobe Versión 3 o superior con fuentes incrustadas). Se excluirán los archivos comprimidos («zipped»).

La herramienta de software del EPSS (para uso en línea o fuera de línea) está disponible en el sitio web de Cordis www.cordis.lu.

Las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus quedarán excluidas.

Se excluirán las versiones de propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en un soporte electrónico extraíble (por ejemplo, CD-ROM, disquete), por correo electrónico o por fax.

También quedará excluida cualquier propuesta de acción indirecta de IDT con autorización a ser presentada en papel y que sea incompleta.

En el anexo J de las «Directrices sobre los procedimientos de evaluación y selección de propuestas» se da más información sobre los diversos procedimientos de presentación de propuestas

6.

Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a la Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria. Las que lleguen fuera de plazo quedarán excluidas.

Asimismo, quedarán excluidas las propuestas que no reúnan las condiciones sobre el número mínimo de participantes indicado en la convocatoria.

También se excluirán las que no cumplan cualquier otro criterio de admisión complementario mencionado en el programa de trabajo.

7.

Si se presentan sucesivas versiones de una propuesta, la Comisión sólo examinará la última versión recibida dentro del plazo establecido en la convocatoria en curso.

8.

En caso de que esté previsto en la convocatoria, las propuestas de acción indirecta de IDT podrían incluirse en el marco de una futura evaluación.

9.

Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta (por ejemplo: solicitud de información o presentación de una propuesta de acción indirecta de IDT).


(1)  DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.

(2)  DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.

(3)  Decisión de la Comisión C(2002)4789, modificada por C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244 y C(2005)3390, ninguna de ellas publicada.

(4)  DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.

(5)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

(6)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

(7)  C (2003)883 de 27.3.2003, cuya última modificación la constituye C(2004) 1855 de 18.5.2004.

(8)  El EPSS es una herramienta destinada a ayudar a preparar y presentar las propuestas por vía electrónica.


ANEXO 1

1.   Programa específico: Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación

2.   Actividad: Campo temático prioritario de investigación «Aeronáutica y Espacio».

3.   Título: Convocatoria temática en el campo «Acciones de apoyo específicas a la Aeronáutica».

4.   Referencia de la convocatoria (1): FP6-2002-Aero-2.

5.   Fecha de publicación (2): 17 de diciembre de 2002.

6.   Fecha de cierre (3): 30 de marzo de 2006 a las 17.00 (hora local de Bruselas).

7.   Presupuesto indicativo total (2002-2006): 7 millones de euros (2006: 0.5 millón de EUR).

Instrumento (4)

EUR (millones)

AAE

7

8.   Campos de la convocatoria:

Campo

Tema

Instrumento

Todos

Fomento de la participación de las PYME

AAE

Fomento de la difusión y explotación de resultados

Construcción del Espacio Europeo de la Investigación

Fomento de la participación de los países candidatos

Fomento de la cooperación internacional

Elaboración de una estrategia comunitaria de investigación en el sector

9.   Número mínimo de participantes:

Instrumento

Número mínimo de participantes:

AAE

1 entidad jurídica de un EM o EA

10.   Restricciones a la participación: Ninguna.

11.   Acuerdos de consorcio: los participantes en las acciones de IDT derivadas de la presente convocatoria no estarán obligados a celebrar un acuerdo de consorcio.

12.   Procedimiento de evaluación:

La evaluación seguirá un procedimiento en una sola etapa.

Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.

13.   Criterios de evaluación: El Anexo B del programa de trabajo proporciona los criterios aplicables (incluidos la ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) según el instrumento.

14.   Calendario indicativo de la evaluación y los contratos:

Resultados de la evaluación: se prevé que estén disponibles en un plazo de 2 meses a partir de la fecha de cierre

Celebración de los primeros contratos: se prevé que los primeros contratos relacionados con esta convocatoria entren en vigor 6 meses después de la fecha de cierre.


(1)  El código de la convocatoria se indicará en la versión publicada de la presente convocatoria.

(2)  El Director General responsable de la publicación de esta convocatoria puede publicarla hasta un mes antes o un mes después de la fecha de publicación prevista.

(3)  En caso necesario, cuando la fecha de publicación prevista se adelante o se atrase (véase la nota anterior), la o las fechas de cierre se adaptarán según corresponda en la convocatoria de propuestas publicada.

(4)  PI = proyecto integrado; RE = red de excelencia; PEIF = proyectos específicos de investigación focalizados; AC = acciones de coordinación; AAE = acciones de apoyo específicas.


ANEXO 2

1.   Programa específico: Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación

2.   Actividad: Campo temático prioritario de investigación «Transporte de superficie sostenible».

3.   Título: Convocatoria temática en el campo «Acciones específicas de apoyo al transporte de superficie sostenible».

4.   Referencia de la convocatoria: FP6-2002-Transport-2

5.   Fecha de publicación (1): 17 de diciembre de 2002.

6.   Fecha de cierre (2): 30 de marzo de 2006 a las 17.00 (hora local de Bruselas).

7.   Presupuesto indicativo total (2002-2006): 5 millones de euros (2006: 1 millón de EUR)

Instrumento (3)

EUR (millones)

AAE

5

8.   Campos de la convocatoria:

Campo

Tema

Instrumento

Todos los ámbitos de investigación para investigación, desarrollo tecnológico e integración

Fomento de la participación de las PYME

AAE

Fomento de la difusión y explotación de resultados

Construcción del Espacio Europeo de la Investigación

Fomento de la participación de los países candidatos

Fomento de la cooperación internacional

9.   Número mínimo de participantes (4):

Instrumento

Número mínimo de participantes:

AAE

1 entidad jurídica de un EM o EA

10.   Restricciones a la participación: Ninguna.

11.   Acuerdos de consorcio: Los participantes en acciones de IDT derivadas de la presente convocatoria están obligados a suscribir un acuerdo de consorcio.

12.   Procedimiento de evaluación:

La evaluación seguirá un procedimiento en una sola etapa.

Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.

13.   Criterios de evaluación: El Anexo B del programa de trabajo proporciona los criterios aplicables (incluidos la ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) según el instrumento.

14.   Calendario indicativo de la evaluación y los contratos:

Resultados de la evaluación: se prevé que estén disponibles en un plazo de 2 meses a partir de la fecha de cierre.

Celebración de los primeros contratos: se prevé que los primeros contratos relacionados con esta convocatoria entren en vigor 6 meses después de la fecha de cierre.


(1)  El Director General responsable de la publicación de esta convocatoria puede publicarla hasta un mes antes o un mes después de la fecha de publicación prevista.

(2)  En caso necesario, cuando la fecha de publicación prevista se adelante o se atrase (véase la nota anterior), la o las fechas de cierre se adaptarán, según corresponda, en la convocatoria de propuestas publicada.

(3)  PI = proyecto integrado; RE = red de excelencia; PEIF = proyecto específico de investigación focalizado; AC = acciones de coordinación; AAE = acciones de apoyo específicas.

(4)  EM = Estados miembros de la UE; EA (incluidos los PCA) = Estados asociados; PCA = países candidatos asociados.

Toda entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido puede ser participante único en una acción indirecta.


22.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 263/50


Convocatoria abierta de propuestas VP/2005/019

«2006 — Año europeo de la movilidad de los trabajadores — Hacia un mercado laboral europeo»

(2005/C 263/15)

Mediante esta convocatoria se respaldará la organización de actividades de cooperación y sensibilización y de proyectos piloto destinados a potenciar las oportunidades de movilidad de los trabajadores en Europa, a promover el intercambio de buenas prácticas y a informar a los agentes pertinentes sobre los derechos que asisten a los trabajadores en materia de libre circulación y sobre los instrumentos en apoyo de la movilidad en la UE.

Las propuestas deberán ser preparadas y puestas en práctica por una asociación en la que participen al menos dos agentes pertinentes potencialmente interesados en los objetivos de la propuesta, en particular autoridades públicas y organizaciones de interlocutores sociales que trabajen a nivel europeo, nacional, regional o local, organizaciones no gubernamentales, empresas, instituciones del mundo académico, asociaciones, fundaciones, municipalidades y cámaras de comercio, así como los medios de comunicación.

Se dará prioridad a aquellas propuestas coordinadas que sean originales, significativas e innovadoras, que potencien la participación y que prevean la posibilidad de llevar a cabo actividades de seguimiento.

El presupuesto disponible para la presente convocatoria se estima en 4 millones de EUR, siempre que la autoridad presupuestaria confirme las asignaciones presupuestarias. La Comisión cofinanciará los proyectos hasta un máximo del 85 % del total de los costes subvencionables. Dependiendo de la calidad de las candidaturas, la Comisión espera financiar entre veinte y treinta proyectos (la ayuda media se situará entre 100 000-150 000 EUR).

El plazo para la presentación de candidaturas expira el 12.12.2005.

Puede descargarse más información sobre la convocatoria de propuestas, incluida la guía del candidato y toda la documentación pertinente en el siguiente sitio web:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/tender_es.html

Para cualquier consulta, diríjase exclusivamente por correo electrónico a la dirección siguiente:

empl-e-vp/2005/19@cec.eu.int.