20.5.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 121/1

1-6

7-14

7-13

14

15-34

15-25

15-18

19-25

26-34

26-29

30-32

33-34

35-48

35-40

41-44

45-48

45-47

48

49-61

49-53

49

50-53

54-61

54-57

58-61

62-65

62

63

64-65

I-II

1.

La propuesta de Reglamento tiene por objeto establecer un marco jurídico, con efectos a partir del 1 de enero de 2007, para financiar los dos «pilares» (gastos de mercado y ayudas a la renta; desarrollo rural) de la política agrícola común (PAC). La propuesta se basa en las disposiciones ya existentes relativas a la PAC (2) sin modificar ésta sustancialmente y sin fijar los importes que deben gastarse en relación con la misma.

2.

El Tribunal ha analizado hasta qué punto dicha propuesta puede mejorar la gestión financiera de la PAC y ha tenido en cuenta su dictamen de abril de 2004 sobre el modelo de auditoría única (Dictamen no 2/2004) (3).

3.

Según este modelo, la Comisión se encargaría de fomentar las mejoras de los sistemas de control interno y garantizar que éstos funcionan con eficacia. Los sistemas de control interno se basarían en un marco lógico caracterizado por principios y normas comunes. El Tribunal insistía en que el coste de los controles debía ser proporcional a los beneficios aportados por los mismos. No obstante, es preciso explicar con más precisión algunos de los elementos que se consideran necesarios en el dictamen sobre el modelo de auditoría única para establecer un proceso de rendición de cuentas y de control financiero que resulte eficaz y eficiente (véanse los apartados 20, 21, 23 y 24).

4.

En los apartados siguientes (7 a 61) se tratan los cuatro temas principales del Reglamento que propone la Comisión:

—

consolidación de los gastos agrícolas y separación de los dos pilares (artículos 2 a 5 de la propuesta),

—

gestión y control (artículos 6 a 8,10,11,12 a 17, 22 a 31 y 36 y 37 de la propuesta),

—

disciplina presupuestaria (artículos 12 a 21 de la propuesta),

—

tratamiento de las irregularidades (artículos 9 y 32 a 35 de la propuesta).

5.

A lo largo del texto (artículos 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18,19, 26, 30, 39, 42, 45 y 48), la propuesta de Reglamento deja abiertas cuestiones importantes que se solucionarán en derecho derivado, a través del procedimiento de comité, por lo que el Tribunal evidentemente no puede manifestarse de momento al respecto. El Tribunal observa que la eficacia de una serie de aspectos del sistema propuesto dependerá de la calidad y el contenido del Derecho derivado en cuestión. En particular, la propuesta no especifica las responsabilidades financieras concretas de la Comisión y de los Estados miembros.

6.

Algunas de las modificaciones que se plantean en la propuesta son incompatibles con determinadas disposiciones del Reglamento financiero (4). La Comisión deberá sopesar la necesidad de modificar este último.

7.

Durante muchos años, la política agrícola común se ha venido ejecutando a través de un «fondo» denominado Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. Este fondo cuenta con dos secciones: «Orientación» y «Garantía», que se rigen por normas diferentes [fijadas actualmente en los Reglamentos del Consejo (CE) no 1257/1999 y no 1258/1999 (5)].

8.

La sección de Garantía

—

financia el conjunto de los gastos de ayuda a los mercados y las rentas agrícolas,

—

cofinancia (junto con los Estados miembros) determinadas medidas de desarrollo rural.

9.

Las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por la sección de Garantía son:

a)

los pagos por jubilaciones anticipadas;

b)

los subsidios a los productores de las zonas desfavorecidas y las zonas con restricciones ambientales;

c)

la ayuda en favor del cumplimiento de las disposiciones (en los ámbitos del medio ambiente, salud pública, etc.);

d)

los pagos relativos a medidas agroambientales y el bienestar de los animales;

e)

las ayudas en favor de la calidad de los alimentos;

f)

la ayuda contra la forestación (6),

g)

la ayuda para las «otras medidas de desarrollo rural» en los ámbitos que no cubre el objetivo no 1 de los Fondos Estructurales:

10.

La sección de Orientación cofinancia todas las «otras medidas de desarrollo rural» enumeradas en la letra g) del apartado anterior, en los ámbitos que cubre el objetivo no 1, así como la iniciativa «Leader +» (8).

11.

Estas medidas se muestran esquemáticamente en el gráfico 1.

12.

Así pues, en el momento actual depende del tipo de medida y de su situación geográfica el que la financiación de una medida de desarrollo rural se lleve a cabo mediante la sección de Garantía del FEOGA o por la de Orientación. Por ejemplo: la modernización de un matadero en una región del objetivo no 1 será cofinanciada por la sección de Orientación pero un proyecto idéntico situado fuera del objetivo no 1 será cofinanciado por la sección de Garantía; esta sección cofinancia la forestación de tierra agrícola en toda la Comunidad, mientras que la inversión en mantenimiento y mejora de los recursos forestales dependerá de la sección de Orientación en las zonas del objetivo no 1.

13.

La Comisión propone sustituir las secciones del actual FEOGA mediante dos fondos, es decir, un Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y un Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El FEAGA incluiría los gastos en concepto de ayuda a los mercados agrícolas y a la renta de los productores como se especifica en el primer guión del apartado 8 (9) y el FEADER cofinanciaría el conjunto de los gastos de desarrollo rural, con independencia de su localización geográfica.

14.

La consolidación que se propone al incluir el conjunto de los gastos de desarrollo rural dentro de un solo marco presupuestario permitiría identificar el conjunto de los gastos relativos a las medidas rurales concretas y el gasto global relativo al desarrollo rural (10), con el consiguiente incremento de la transparencia, lo cual se valora positivamente (11).

15.

La propuesta no introduce cambios significativos en lo que se refiere a la gestión y el control de los gastos de mercado. Al igual que ahora, casi todos los gastos se efectuarían a través de los organismos pagadores de los Estados miembros.

16.

Para la mayoría de los gastos el proceso seguiría siendo el mismo, es decir:

a)

los agricultores presentan sus solicitudes a los organismos pagadores en el año anterior al que debe efectuarse el pago, basándose en la superficie cultivada, el número de animales subvencionables que se poseen durante un período determinado de retención, etc.;

b)

los organismos pagadores someten dichas solicitudes a controles administrativos y, tomando como base una muestra, a verificaciones sobre el terreno, principalmente en el marco del Sistema Integrado de Gestión y de Control (SIGC);

c)

los organismos pagan a los solicitantes e informan de los gastos efectuados mensualmente a la Comisión, que procede al consiguiente reembolso («pagos mensuales»);

d)

las cuentas y los pagos de los organismos pagadores son examinados por un auditor independiente («organismo certificador»), que presenta un informe a la Comisión en febrero del año siguiente al ejercicio en cuestión;

e)

la Comisión debe adoptar para el 30 de abril de ese año una decisión (liquidación financiera o de cuentas) sobre si aceptar las cuentas y los informes de auditoría, o bien solicitar información suplementaria o que se lleven a cabo tareas de control adicionales;

f)

la Comisión entonces puede examinar los pagos efectuados por los organismos pagadores y, si han sido irregulares o los controles financieros han sido débiles, puede decidir que algunos gastos sean asumidos por el Estado miembro correspondiente en lugar de imputarlos al presupuesto comunitario (en lenguaje comunitario, la Comisión «desautoriza» o «deniega» tales gastos como parte de la «liquidación de cuentas» en «decisiones de conformidad»). Cuando desautoriza gastos, la Comisión reduce en la misma medida las cantidades que abona a los organismos pagadores.

17.

Al igual que ocurre ahora con la sección de Garantía, los gastos correspondientes al FEAGA deberían financiarse mediante créditos no disociados, es decir no debería efectuarse una distinción entre los créditos de compromiso y de pago.

18.

La propuesta introduce, no obstante, algunos elementos nuevos o modificaciones:

—

en los Estados miembros que cuentan con más de un organismo pagador ya se requiere un organismo coordinador que centralice la información que debe ponerse a disposición de la Comisión, garantice la coherencia de dicha información y promueva la aplicación armonizada de la normativa comunitaria. El artículo 6, apartado 3, de la propuesta introduce el requisito de que los Estados miembros otorguen una autorización específica a los organismos coordinadores,

—

el artículo 8, apartado 1, letra c), de la propuesta exige que el responsable del organismo pagador firme y envíe a la Comisión todos los años una «declaración de fiabilidad»,

—

el artículo 31, apartado 4, letra a), de la propuesta autoriza a la Comisión, en el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas resumido en el apartado 16, letra f), a denegar la financiación de los gastos FEAGA efectuados con anterioridad a los 36 meses precedentes a la comunicación que haya enviado por escrito al Estado miembro correspondiente de los resultados de las comprobaciones («regla de los 36 meses»). Actualmente el período establecido es de 24 meses.

19.

La eficacia del actual proceso de pago que se sigue en la sección de Garantía del FEOGA es un hecho comprobado. En el pasado, la Comisión no solía proponer modificaciones de los procesos que funcionaban razonablemente bien.

20.

El nuevo requisito de contar con una autorización específica (independiente de la autorización de los organismos pagadores) para los «organismos coordinadores» podría fortalecer el proceso de rendición de cuentas del gasto de la PAC (véanse los apartados I, II y IV del Dictamen no 2/2004 sobre el modelo de auditoría única), si bien ello dependería de la calidad y el contenido de las disposiciones relativas a dicha autorización específica que transmita la Comisión a los Estados miembros y de la manera en que éstos las aplicaran.

21.

La introducción de una «declaración de fiabilidad» firmada por el director del organismo pagador podría mejorar las garantías del sistema de control existente en el sentido del modelo de auditoría única, pero en la propuesta no se indican el objetivo, el contenido ni el ámbito de dicha declaración. El Tribunal sugiere que su contenido resulte muy similar, por ejemplo, a la declaración equivalente que se suele exigir, dentro de las obligaciones de buen gobierno empresarial, a las empresas que cotizan en bolsa. Ello significa que el director del organismo tendría que precisar su responsabilidad respecto de las cuentas, proceder a un análisis anual de la eficacia del sistema de control interno y comunicar que lo ha hecho. Este análisis debería abarcar el conjunto de los controles, incluidos los controles financieros, operativos, de la conformidad y de la gestión del riesgo. La declaración no puede sustituir a la labor de los organismos certificadores. Ni la Dirección General de Agricultura ni el organismo certificador deberían apoyarse en la misma sin contar, además, con pruebas suplementarias que la corroboren. Cabe puntualizar, además, que la denominación propuesta daría lugar a confusión con la declaración de fiabilidad exigida al Tribunal de Cuentas Europeo y con la declaración anual que deben realizar los directores generales de la Comisión. Convendría, así pues, denominarla de otra forma.

22.

El Tribunal manifestó su acuerdo con la «regla de los 36 meses» en su Dictamen no 9/2002 (12). Con esta modificación se reduciría el riesgo de que las debilidades detectadas en los sistemas de los Estados miembros no se penalicen simplemente porque la Comisión no haya podido abarcar todos los ámbitos de gasto en un ciclo de dos años. Esta institución debería considerar los 36 meses como un límite estricto e intentar, en la medida de lo posible, evitar retrasos en la liquidación de cuentas y en la imputación definitiva del gasto al presupuesto.

23.

Es posible efectuar una mejora importante en las disposiciones actuales de la sección de Garantía del FEOGA que no figura en la propuesta de la Comisión. Los organismos certificadores, encargados de examinar las cuentas de los organismos pagadores y el funcionamiento de los procedimientos de control interno de éstos, limitan su trabajo a confirmar la existencia de controles de comprobación de la conformidad de los pagos y no siempre realizan suficientes verificaciones para garantizar que dichos controles resultan eficaces. Tampoco operan suficientemente en el nivel del beneficiario de los pagos de la PAC a efectos de asegurarse de que los pagos son legales y regulares.

24.

El Tribunal mantiene su punto de vista [formulado en su Dictamen no 10/98 (13)] de que la certificación de los organismos pagadores efectuada por los organismos certificadores debería basarse en las normas de auditoría internacionales comúnmente admitidas y convendría incluirse una mención a dichas normas en el artículo 7 de la propuesta (14). Tal certificación debe abarcar tanto la legalidad y regularidad de los gastos en el nivel de beneficiario como examinar los controles clave del organismo pagador. Al precisar la intensidad de estos controles, es necesario tener en cuenta los costes y los beneficios correspondientes. De esta forma el proceso de rendición de cuentas del gasto de la PAC resultaría más sólido y claro, proporcionaría más garantías a la Comisión y respondería mejor al concepto del modelo de auditoría única (véase el apartado 42 del Dictamen no 2/2004). Las modificaciones en favor de la ampliación del ámbito de trabajo de los organismos certificadores podrían formularse de forma provechosa en el artículo 7 o en el artículo 8, apartado 1, letra c), inciso iii), de la propuesta de Reglamento.

25.

El Tribunal señala que la responsabilidad de la autorización de los organismos pagadores en el contexto de la PAC debiera radicar en los Estados miembros. En su Informe Especial no 2/2004 (15) sobre Sapard (los mecanismos de financiación de este programa son en muchos aspectos similares a los de la PAC), el Tribunal valoró positivamente el papel de la Comisión como otorgadora de autorización: con la aprobación previa de los sistemas basada en sus auditorías y en las realizadas por los países Sapard, la Comisión ha podido garantizar que, al menos en teoría, existen unos sistemas de control bien definidos con controles clave antes de proceder al gasto. El Tribunal lo consideró una buena práctica.

26.

El marco propuesto de gestión y control del FEADER se basa, en parte, en el de los Fondos Estructurales y, en parte, en la sección de Garantía del FEOGA, y permitiría que la totalidad de los gastos de desarrollo rural se rigiera por un conjunto único de normas y un sistema común de control.

27.

Como se explica en los apartados 8 a 13 y en el gráfico 1, el nuevo FEADER recogería todos los gastos de desarrollo rural:

—

gastos relativos a la sección de Garantía: créditos de pago por valor de 4 800 millones EUR en 2004 pagados con créditos no disociados (véase el apartado 17),

—

gastos relativos a la sección de Orientación: créditos de pago por valor de 2 900 millones EUR en 2004 pagados con créditos disociados (16).

28.

La Comisión propone que todo este gasto se financie en el futuro dentro de una sola categoría de gastos con créditos disociados. Este cambio supone que:

—

los gastos de desarrollo rural no se efectuarían con arreglo a sistemas de programación, ejecución y control diferentes,

—

las «medidas de acompañamiento» (parte A del gráfico 1), que constituyen la mayor parte de los gastos de desarrollo rural y otros gastos por este concepto, que actualmente se financian con cargo a la sección de Garantía del FEOGA (parte B del gráfico 1), ya no se tratarían de la forma que se resume en el apartado 16.

29.

La mayoría de los gastos se regirían, según la propuesta, por el proceso siguiente:

—

una vez aprobado el programa de desarrollo rural de un Estado miembro, la Comisión abonará al organismo pagador u organismos pagadores correspondientes el 7 % de la contribución del FEADER al programa en cuestión,

—

este 7 % representa una prefinanciación (reembolsable a la Comisión si no se presenta una solicitud de pago con cargo al programa rural en un plazo de 24 meses),

—

los gastos se comunicarán a la Comisión una vez al trimestre,

—

la Comisión abonará los pagos intermedios de cada programa de desarrollo rural al organismo pagador autorizado basándose en las solicitudes de pago intermedios «en la medida de lo posible, tres veces al año»,

—

la Comisión efectuará el pago del saldo una vez recibido el informe final de ejecución,

—

el importe abonado de la prefinanciación se liquidará al cerrarse el programa de desarrollo rural (un proceso que puede durar varios años).

30.

Existen buenas razones para recurrir a los créditos disociados con el fin de financiar el gasto con cargo al presupuesto comunitario siempre que se reúnan las dos condiciones siguientes:

—

si el gasto en cuestión constituye un gasto genuinamente plurianual (en el sentido de que el proyecto en cuestión debe planearse y ejecutarse durante varios ejercicios),

—

si el marco presupuestario es genuinamente plurianual, con créditos de compromiso que cubran el coste total del compromiso jurídico contraído durante el ejercicio en curso.

31.

Los gastos de desarrollo rural incluyen un abanico de medidas distintas, algunas de las cuales están destinadas a sufragar los gastos plurianuales de inversión. La mayor parte se refiere a obligaciones contractuales de carácter plurianual que implican pagos anuales y sistemas de control, que con frecuencia son similares a los del «primer pilar» de la PAC.

32.

Si bien la Comisión propone para el FEADER la utilización de créditos disociados, no propone un marco presupuestario genuinamente plurianual. Un auténtico enfoque plurianual consistiría en registrar un compromiso que cubra el coste total de los compromisos jurídicos contraídos durante el ejercicio en curso. En lugar de ello, la Comisión plantea (artículo 23 de la propuesta) registrar un compromiso correspondiente al importe completo que en principio desembolsará un Estado miembro concreto en un ejercicio determinado, es decir, recurrir a tramos anuales de compromisos. Como ya defendió el Tribunal en su Dictamen no 2/2001 (17), este procedimiento es contrario a la teoría y las buenas prácticas relativas al uso de los créditos disociados (18).

33.

El Reglamento financiero prevé dos tipos de crédito presupuestario:

—

los créditos disociados (que incluyen los créditos de compromiso y de pago) destinados financiar los gastos de carácter plurianual,

—

los créditos no disociados destinados a los compromisos y los pagos de los gastos anuales.

34.

El tipo adecuado de crédito para los gastos del FEADER debería elegirse según la naturaleza de cada gasto en cuestión. Dado el carácter diverso de los gastos del FEADER, es importante que la Comisión aplique con corrección y coherencia los principios mencionados en el apartado 30 y que los sistemas de gestión y control sean transparentes y eficaces. La propuesta de la Comisión de dividir en tramos anuales los compromisos presupuestarios, no resulta adecuada al ser contraria al objetivo esencial de la disociación de los créditos y del presupuesto de los compromisos.

35.

La normativa en materia de disciplina presupuestaria tiene por objeto asegurar el respeto de las perspectivas financieras.

36.

Las obligaciones legales en esta materia figuran actualmente en el Reglamento (CE) no 2040/2000 del Consejo (19). La «línea directriz agrícola» (o directriz agrícola) constituye el límite del gasto agrícola que la Comisión debe fijar para cada ejercicio presupuestario al presentar el anteproyecto de presupuesto. La directriz agrícola incluye las subrúbricas 1.a («Gastos de la política agrícola común») y 1.b («Desarrollo rural y medidas complementarias») de las perspectivas financieras, así como una parte de la rúbrica 7, es decir, el instrumento agrícola de preadhesión.

37.

Las actuales perspectivas financieras, que abarcan el período 2000-2006, forman parte integrante del Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, firmado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión y responden a las conclusiones de la sesión del Consejo Europeo de Berlín de los días 24 y 25 de marzo de 1999 (20).

38.

El Tribunal señala que las disposiciones previstas respecto del control del gasto de la PAC con posterioridad a 2006 revisten cierta complejidad. Por una parte, la Comisión propuso dividir el gasto comunitario en cinco nuevas rúbricas en las próximas perspectivas financieras en lugar de las ocho rúbricas actuales. La rúbrica 2 de las perspectivas financieras 2007-2013, denominada «Preservación y gestión de los recursos naturales», incluiría los dos pilares de la PAC, así como el gasto relativo a la política de pesca y al medio ambiente. El contenido de la actual subrúbrica 1.a se recogería en la subrúbrica «Gastos de la política agrícola común en relación con medidas de mercado y ayudas directas» de la rúbrica 2.

39.

Por otro lado, los límites máximos (hasta 2013) del primer pilar de la PAC se definieron en el Consejo Europeo reunido en Bruselas los días 24 y 25 de octubre de 2002. Según el acuerdo de Bruselas, el importe relativo a los gastos al mercado y a las ayudas directas debe estabilizarse antes de 2013 a partir de los límites de la subrúbrica 1.a previstos para la UE de los 15 en 2006, sumando el importe de los gastos correspondientes para los 10 nuevos Estados miembros. De este modo, el gasto global relacionado con el mercado y las ayudas directas en términos nominales respecto de cada ejercicio del período 2007-2013 se mantendrá en la cifra de 2006, con el aumento de un 1 % anual.

40.

El Reglamento (CE) no 1782/2003, en el que figuran los resultados de la reforma de la PAC aprobada en junio de 2003, contiene también disposiciones relativas a la disciplina presupuestaria. Su artículo 11 fija como punto de partida el presupuesto de 2007 y establece que el Consejo decida un ajuste de las ayudas directas, sobre la base de una propuesta de la Comisión, cuando las previsiones apunten a que los importes de la actual subrúbrica 1.a de las perspectivas financieras se vean superadas en un ejercicio presupuestario determinado. Dichos ajustes se establecerán a más tardar el 30 de junio del año natural en el que se apliquen.

41.

Las disposiciones en materia de disciplina presupuestaria que figuran en la propuesta reproducen y, respecto de diversas cuestiones, completan algunas de las disposiciones del Reglamento no (CE) 2040/2000 relativo a la disciplina presupuestaria y del Reglamento (CE) no 1782/2003. No obstante, no parece que esté previsto mantener la directriz agrícola.

42.

El apartado 1 del artículo 18 y los artículos 19 y 20 de la propuesta reproducen esencialmente las disposiciones del Reglamento (CE) no 2040/2000 en lo que se refiere a:

—

los instrumentos legislativos con impacto sobre el gasto de la PAC [artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2040/2000],

—

las medidas que debe tomar la Comisión en las diferentes fases del procedimiento presupuestario si existe un riesgo de que el gasto de la PAC resulte excesivo [artículo 6 del Reglamento (CE) no 2040/2000],

—

el «sistema de alerta» del gasto de la PAC.

43.

El artículo 18, apartado 2, de la propuesta prevé que en caso de que, el 30 de junio de un año, el Consejo no haya fijado los ajustes de los pagos directos los fijará la Comisión (véase el apartado 40).

44.

Según el artículo 17, apartado 2, de la propuesta, la Comisión podrá reducir o suspender temporalmente los pagos mensuales al Estado miembro cuando pueda deducir que se ha sobrepasado un límite financiero fijado en la normativa comunitaria. Además, el artículo 19, apartado 4, permite a la Comisión distribuir el saldo presupuestario disponible entre Estados miembros en caso de que, al finalizar el ejercicio presupuestario, las solicitudes de reembolso de los Estados miembros sobrepasen o puedan sobrepasar el saldo neto fijado para el gasto FEAGA.

45.

El Tribunal acoge con satisfacción que el artículo 17, el artículo 18, apartado 4, y el artículo 19, apartado 4, de la propuesta permitan una aplicación en cierta forma más estricta de la disciplina presupuestaria.

46.

Con la desaparición de la directriz agrícola se reduce, en principio, un elemento de disciplina presupuestaria, pues no habría un límite global para los gastos agrícolas. El Tribunal invita al Consejo a sopesar detenidamente los argumentos a favor y en contra del mantenimiento de dicha directriz (21).

47.

El Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (22) establece en su apartado 12 que «en aras de una buena gestión financiera, durante el procedimiento presupuestario y al adoptarse el presupuesto, las instituciones procurarán dejar, en la medida de lo posible, unos márgenes disponibles suficientes por debajo de los límites máximos de las diferentes rúbricas». El Tribunal opina que convendría introducir una disposición similar en la propuesta.

48.

En el proyecto de marco financiero plurianual de la Comisión 2007-2013, los gastos de desarrollo rural ya no figuran en una subrúbrica específica. Los límites de los recursos disponibles para los compromisos del FEADER se fijan en el artículo 70, apartado 1, de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural, actualmente en debate (23). El artículo menciona un importe de 88 750 millones EUR a precios de 2004, que deberán distribuirse cada ejercicio en tramos casi equivalentes durante el período 2007-2013. Es preciso añadir a estos tramos de compromisos los importes fijados por la Comisión tras la modulación.

49.

Los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión cuando detectan pagos irregulares superiores a 4 000 EUR efectuados en el marco de la política agrícola común (PAC) y a intentar recuperar dichos pagos. Cuando no es posible recuperarlos, los importes en cuestión se cancelan y las pérdidas las asume la Comunidad, a menos que la falta de recuperación se deba a la negligencia del Estado miembro afectado. En su Informe Especial no 3/2004 (24) («Recuperación de pagos irregulares en el marco de la política agrícola común»), el Tribunal mostró que en la práctica el nivel de recuperación de pagos irregulares es demasiado reducido. Además, la cancelación de pagos irregulares comunicados a la Comisión es muy limitada.

50.

La Comisión propone trasladar las disposiciones de la sección de Garantía del FEOGA al FEAGA, pero introduciendo una serie de modificaciones importantes.

51.

Así, se prevé que cuando la recuperación no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial (o de seis años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales) las repercusiones financieras de la falta de recuperación se sufragarán hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto comunitario (véase el artículo 32, apartado 5, de la propuesta). En los casos de negligencia por parte del Estado miembro, la Comisión podrá imputar a éste, al igual que actualmente, la totalidad del importe (véase el artículo 32, apartado 4, de la propuesta).

52.

Aun subrayando la importancia esencial de un mecanismo eficiente y eficaz de recuperación como elemento de un sistema global de control interno (25), el Tribunal acoge con satisfacción la redistribución de la carga financiera de los importes no recuperados, que puede impulsar una mayor agilización de los procedimientos en los Estados miembros. También valora positivamente el hecho de que la propuesta:

—

precise que la Comisión está autorizada a imputar los importes debidos al Estado miembro en los casos de negligencia (26),

—

fije un nuevo plazo de un año tras al primer acto de comprobación administrativa o judicial relativa al pago, para que los Estados miembros inicien todos los procedimientos administrativos o judiciales destinados a la recuperación de los importes pagados de forma indebida.

53.

La Comisión propone que los Estados miembros podrán seguir reteniendo el 20 % de los importes recuperados, en concepto de reembolso global de los gastos de la recuperación, siempre que la irregularidad o negligencia no se deba al Estado miembro (véase el artículo 32, apartado 2, de la propuesta). No obstante, el Tribunal considera que no se debería permitir a los Estados miembros deducir dicho 20 % por gastos de recuperación antes del procedimiento de reparto de costes descrito en el apartado 51, ya que en estos casos la recuperación aún no ha tenido lugar. Por tanto, en la última frase del artículo 32, apartado 5, de la propuesta convendría suprimir «la retención mencionada en el apartado 2».

54.

En lo que atañe a los gastos de desarrollo rural, la posición actual es mixta y refleja el hecho de que por el momento estos gastos son cubiertos en parte por la sección de Garantía y, en parte, por la sección de Orientación del FEOGA.

55.

La situación actual del conjunto de los gastos de desarrollo rural que financia la sección de Garantía es la descrita en el apartado 49.

56.

La parte de dicho gasto que financia la sección de Orientación se rige por las normas de los Fondos Estructurales:

—

los Estados miembros tienen obligación de notificar trimestralmente a la Comisión cualquier irregularidad (superior a 4 000 EUR) que haya sido objeto de comprobaciones administrativas o judiciales iniciales, así como el seguimiento dado a las irregularidades notificadas anteriormente,

—

es responsabilidad, en primer lugar, de los Estados miembros, investigar y recuperar los importes perdidos como consecuencia de una irregularidad detectada,

—

el Estado miembro puede destinar los fondos comunitarios obtenidos mediante recuperación o corrección al programa en cuestión antes de su cierre,

—

cuando un Estado miembro considere que un importe no puede recuperarse (íntegramente) debe notificarlo a la Comisión,

—

la Comisión decide, previa consulta a las autoridades respectivas del Estado miembro, quién asumirá las consecuencias financieras.

57.

En la práctica también se debaten cuestiones similares en la sección de Garantía, como el reducido porcentaje de recuperación, la inadecuación de los criterios para decidir a quién se le imputarán los costes, etc.

58.

La Comisión propone que se apliquen al gasto de desarrollo rural las normas relativas a las irregularidades en el marco de los Fondos Estructurales, incluida la reutilización de fondos recuperados (véase el apartado 56).

59.

Como se explica en el apartado 31, los gastos de de desarrollo rural van acompañados, con frecuencia, de disposiciones en materia de pago y control similares a las que rigen los pagos directos en el contexto del FEAGA, de manera que, en estos casos, hubiera sido más lógico tratar de la misma forma que en dicho contexto los importes cancelados y los recuperados.

60.

Respecto de este fondo de desarrollo rural se propone una disposición similar a la descrita en el apartado 51. Sin embargo, la distribución de la carga financiera de los importes no recuperados tendrá vigor únicamente durante los cuatro años que suceden al cierre de un programa de desarrollo rural, lo que en el caso de gastos ocasionados durante el período 2007-2013 podría significar un horizonte tan lejano como 2019. Ello será casi con seguridad un período más dilatado que el permitido por el FEAGA. En opinión del Tribunal sería más apropiado fijar un plazo inferior.

61.

A semejanza con el FEAGA, en el artículo 33, apartado 5, de la propuesta se especifican los casos de negligencia por parte de un Estado miembro en los que la Comisión podrá imputar a éste la totalidad del importe (artículo 33, apartado 5) (27). No obstante, el artículo 33, apartado 5, debería introducir también el plazo máximo de un año para iniciar los procedimientos administrativos o judiciales pertinentes, como se prevé para el FEAGA.

62.

Según el artículo 26, apartado 6, de la propuesta, las solicitudes de pagos intermedios del FEADER correspondientes a los gastos efectuados a partir del 16 de octubre se consignarán en el presupuesto del ejercicio siguiente. Esta disposición constituye una novedad en lo que se refiere al gasto que financia actualmente la sección de Orientación del FEOGA y permitiría que el ejercicio del FEADER trascurriera paralelamente al del FEAGA, en el que, al igual que ocurre ahora con la sección de Garantía del FEOGA, los importes abonados por los organismos pagadores con posterioridad a la fecha mencionada serán reembolsados por la Comisión en enero del ejercicio siguiente. El Tribunal señala con pesar el hecho de que la Comisión no haya propuesto una armonización con el resto del presupuesto general, donde el ejercicio coincide con el año natural.

63.

En el artículo 39, apartado 1, letra a), de la propuesta se establece que, en lo que respecta a los programas de desarrollo rural del período 2000-2006 financiados por la sección de Garantía del FEOGA, los pagos a los beneficiarios cesarán a más tardar el 15 de octubre de 2006. A modo de excepción [artículo 39, apartado 1, letra c)], los gastos de desarrollo rural incurridos entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre de 2006 se imputarán al presupuesto del FEADER en el contexto de la programación del período 2007-2013. Esta disposición parece significar que los pagos adeudados a los beneficiarios después de 2006 relacionados con cargo a los compromisos contraídos por un período de cinco años a partir de 2003, que con probabilidad serán importantes, no se imputarán al presupuesto del FEADER y, de este modo no se confinanciarán en absoluto, lo cual puede causar problemas financieros y legales en los Estados miembros, aunque parece que el artículo 48 prevé un procedimiento para tratar dichos problemas.

64.

En el artículo 8, apartado 2, párrafo primero, de la propuesta debería añadirse «y del Tribunal de Cuentas», a efectos de que éste pueda desempeñar sus funciones.

65.

En la versión inglesa de la propuesta, el artículo 33, apartado 3, letra c), última frase, debería decir: «siempre y cuando esos fondos NO se reasignen a las operaciones a las que se haya aplicado una corrección financiera». Además, también en dicha versión, el artículo 33, apartado 5, letra b), se refiere al apartado 2, letras a) y c), del mismo artículo. Debería modificarse y quedar como sigue: apartado 3, letras a) y c).

I.

El Tribunal:

—

acoge con satisfacción el aumento de transparencia que resultaría de agrupar la totalidad de los gastos de desarrollo rural en una sola rúbrica presupuestaria,

—

considera que, en lo que se refiere a la gestión del FEOGA, la propuesta de la Comisión incluye algunas modificaciones potencialmente útiles que pueden, no obstante, mejorarse a la luz del dictamen del Tribunal sobre el modelo de auditoría única,

—

señala que las propuestas de la Comisión en materia de disciplina presupuestaria y el tratamiento de las irregularidades también incluyen algunas modificaciones positivas pero mejorables en algunos aspectos,

—

considera inapropiado el planteamiento de la Comisión de dividir en tramos anuales los compromisos presupuestarios contraídos en el contexto del FEADER.

II.

A continuación figuran las principales observaciones del Tribunal sobre las disposiciones concretas de la propuesta:

i)

Gestión y control del FEAGA

ii)

Gestión y control del FEADER

iii)

Disciplina presupuestaria

iv)

Irregularidades

20.5.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 121/14

1-29

30

1.

La propuesta de Reglamento confirma fundamentalmente el marco establecido en los anteriores períodos de programación y pretende lograr una mayor simplificación sobre todo en cuanto a los instrumentos financieros, la elección de los temas y, de forma más general, los sistemas de ejecución, de gestión y de control. El Tribunal consideró en particular las consecuencias de las medidas propuestas en materia de gestión financiera y de control.

2.

El artículo 274 del Tratado CE establece el marco jurídico de ejecución del presupuesto comunitario, al amparo del cual la Comisión ejecutará el presupuesto, bajo su propia responsabilidad y, en cooperación con los Estados miembros, con arreglo al principio de buena gestión financiera.

3.

En el contexto de las distintas formas de ejecución del presupuesto comunitario, las acciones estructurales figuran entre los ámbitos denominados de «gestión compartida» en los que «las competencias de ejecución del presupuesto se delegan en los Estados miembros» (9). La gestión y el control de las acciones estructurales no sólo afectan a varios servicios de la Comisión, sino también a centenares de administraciones y de organismos de los Estados miembros a nivel nacional, regional y local. Estas acciones en el futuro podrían representar casi la mitad de los créditos del presupuesto comunitario.

4.

La normativa actual sobre las acciones estructurales [Reglamento (CE) no 1260/1999] dispone que:

5.

El artículo 12 de la propuesta de Reglamento hace referencia a la gestión compartida en el sentido del artículo 53, apartado 3, del Reglamento financiero. Sin embargo, la referencia a la responsabilidad final de la Comisión no figura en el texto de la propuesta. Así, el artículo 12, apartado 1, última frase, precisa que «los Estados miembros y la Comisión deberán garantizar la observancia del principio de una buena gestión financiera […]»; el artículo 12, apartado 2, limita fundamentalmente las responsabilidades de la Comisión en materia de ejecución del presupuesto a comprobar «la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros […]»; el artículo 69, apartado 1, atribuye la responsabilidad a los Estados miembros únicamente: «los Estados miembros serán los encargados de garantizar la buena gestión financiera de los programas operativos y la legalidad y regularidad de las transacciones conexas.» Recae además en los Estados miembros la obligación general de garantizar la conformidad de las intervenciones con la legislación comunitaria [artículos 39, letra f); 59, letra a); 60, letra b), inciso ii), y 66, apartado 2, letra g)]. Sin embargo, el hecho de que las tareas de ejecución se deleguen a los Estados miembros no limita la responsabilidad final de la Comisión. En un contexto en el que los Estados miembros son beneficiarios de los fondos comunitarios y, a su vez, responsables de la ejecución de las acciones, sólo la Comisión puede garantizar una aplicación coherente y con conocimiento de los objetivos comunitarios. Por tanto, resulta fundamental que el concepto de responsabilidad final de la Comisión, tal y como se prevé en el artículo 274 del Tratado, se mencione de forma clara en los artículos que abordan la responsabilidad de los Estados miembros.

6.

Cabe señalar que si dejara de recaer en la Comisión la responsabilidad final de la ejecución del presupuesto, el proceso financiero comunitario perdería gran parte de su sentido, especialmente en cuanto al procedimiento de aprobación de la gestión. Las observaciones que emanan de las autoridades presupuestarias (artículo 276, apartado 3, del Tratado CE) dejarían de surtir efecto en la práctica.

7.

Con el fin de permitir que la Comisión pueda ejercer su responsabilidad final en la ejecución presupuestaria, la propuesta de Reglamento debería tener en cuenta los siguientes elementos clave en los que se basa el Dictamen del Tribunal no 2/2004 sobre el modelo de auditoría única:

8.

En la normativa actual no existe ningún elemento relativo a la intensidad de la verificación en el nivel del beneficiario final, que debería basarse en una comparación entre el coste de los controles que corren a cargo de los Estados miembros y de la Comisión y el beneficio que aportan. La cuestión del establecimiento de un umbral de confianza y de importancia relativa aceptable sólo se menciona de forma indirecta [artículo 61, apartado 1, letra e), inciso ii), y apartado 1, letra g)]. Sería conveniente prever explícitamente unos criterios apropiados en las disposiciones de aplicación contempladas en el artículo 58, apartado 6. También sería necesario definir los términos «garantías suficientes» y «validez de la solicitud».

9.

La referencia a las «normas internacionales en la materia» [artículo 61, apartado 1, letra a)] no resulta lo suficientemente precisa para que los procedimientos de control se basen en normas y principios comunes. Debería preverse, en el marco de las disposiciones de aplicación anteriormente mencionadas, una aceptación previa que englobe tanto la auditoría de los sistemas como de las propias operaciones.

10.

El artículo 54 del Reglamento financiero prevé que las competencias de ejecución que se deleguen deberán ser definidas con exactitud y el uso que se haga de ellas deberá estar sujeto a control en su totalidad. El artículo 35, apartado 1, de las normas de desarrollo de este Reglamento precisa que en el supuesto de gestión compartida la Comisión «deberá cerciorarse, mediante inspección previa de documentos e inspección in situ, de la existencia, pertinencia y buen funcionamiento de los procedimientos y de los sistemas en los organismos a los que hubiere encomendado la gestión». La propuesta de Reglamento se distancia de estas disposiciones ya que dispone que previamente a la aprobación por la Comisión de un programa operativo corresponderá a los Estados miembros asegurarse de que se han establecido los sistemas de gestión y control (artículo 70). En estas condiciones, si no es posible fijar un procedimiento de acuerdo, al menos debería preverse la supervisión por parte de la Comisión de los procesos de designación de las instancias de gestión y control a escala nacional. Por otro lado, también sería conveniente fundar un organismo intermediario, a nivel nacional, que desempeñe el papel de interlocutor con las autoridades comunitarias.

11.

Un sistema en el que la gestión de los proyectos depende de las autoridades nacionales y regionales debe tener como contrapartida indispensable un refuerzo significativo del control comunitario (10). Las condiciones anteriormente mencionadas cobran todavía mayor importancia teniendo en cuenta que en lo sucesivo las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán fundamentalmente a nivel nacional.

12.

El Reglamento financiero prevé que compete al ordenador garantizar la legalidad y la regularidad de los gastos (artículo 60, apartado 1). Asimismo, indica que, en caso de gestión compartida, los Estados miembros deberán comprobar periódicamente la correcta ejecución de las acciones financiadas por el presupuesto comunitario, adoptar las medidas oportunas para prevenir irregularidades y fraudes, y, en su caso, emprender las acciones necesarias para recuperar los fondos indebidamente pagados (artículo 53, apartado 6).

13.

Frente a estas disposiciones, la propuesta de Reglamento (artículo 69, apartado 1) confía a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar la legalidad y regularidad de las transacciones conexas (véase el apartado 5). La consiguiente transferencia de responsabilidad a los Estados miembros constituye además el corolario de su obligación de garantizar el funcionamiento de los sistemas de gestión y control prevista en el artículo 70.

14.

Si bien es verdad que, en caso de dudas respecto del funcionamiento de los sistemas o en caso de irregularidades detectadas o presuntas, la Comisión podría interrumpir el pago durante un plazo de entre seis y doce meses (artículo 89), y que los Estados miembros y la Comisión tienen la facultad de efectuar correcciones financieras (artículos 99 y 100 de la propuesta), estas medidas contribuyen sólo de forma reducida y complementaria a lograr el necesario rigor en la gestión corriente; además su eficacia se encuentra estrechamente vinculada al número de controles realizados. Por otro lado, puesto que las correcciones financieras sólo se efectúan a posteriori, no bastan por sí solas para compensar las consecuencias de las operaciones realizadas que no sean conformes a las condiciones reglamentarias establecidas.

15.

El artículo 60, apartado 1, del Reglamento financiero indica que el ordenador deberá ejecutar los gastos de acuerdo con los principios de buena gestión financiera. El artículo 27 de este mismo Reglamento precisa las condiciones de utilización de los créditos presupuestarios de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia. Esta disposición prevé para todas las actividades del presupuesto la fijación de objetivos específicos, mensurables, realizables, pertinentes y con fecha determinada. La Comisión deberá realizar evaluaciones previas y evaluaciones a posteriori, que comunicará ulteriormente a las administraciones encargadas del gasto y a las autoridades legislativas y presupuestarias.

16.

La propuesta de Reglamento dispone que serán los Estados miembros los encargados de garantizar la buena gestión financiera (artículo 69). Esta disposición se limita sin embargo a establecer la existencia de «orientaciones adecuadas» a la hora de implantar los sistemas de gestión y control a fin de garantizar una utilización «correcta y eficiente» de la financiación comunitaria. Cuando se trata de eficacia (11) la propuesta de Reglamento prácticamente sólo hace referencia a los sistemas de gestión y control, y de forma implícita a los que conciernen a la legalidad y regularidad únicamente. El artículo 59 de la propuesta se limita a confiar a la autoridad de gestión la responsabilidad de la gestión y ejecución de los programas de forma «eficiente, eficaz y correcta» y, por último, hace referencia [letra e)] a los requisitos de calidad acordados por la Comisión y los Estados miembros en cuanto a las evaluaciones ex ante.

17.

Respecto a las evaluaciones en concreto, la propuesta de Reglamento prevé que la metodología y las normas que vayan a aplicarse (artículo 45, apartado 5) serán acordadas por la Comisión y los Estados miembros [artículo 59, letra e)]. La calidad de estas normas revestirá especial importancia en el marco de las evaluaciones ex ante que han de realizar los Estados miembros (artículo 46, apartados 2 y 3) con el fin de, entre otros, identificar el valor añadido comunitario de los programas operativos.

18.

Resulta pues especialmente importante que las disposiciones de aplicación que deberá adoptar la Comisión en virtud del artículo 58, apartado 6, de la propuesta de Reglamento aporten todas las precisiones necesarias a este respecto.

19.

El artículo 88 de la propuesta de Reglamento señala que los documentos justificativos relacionados con el gasto se mantendrán a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas por un período de tres años, como mínimo, a partir del cierre. Con respecto a las intervenciones cofinanciadas, en cuyo caso la subvencionabilidad del gasto obedece en gran medida a la normativa nacional, sería conveniente prever expresamente que el plazo de tres años se fija sin perjuicio de las disposiciones nacionales que establecen plazos más prolongados.

20.

Estos comentarios también son de aplicación si se produce el cierre parcial de los programas operativos (artículo 97). En este caso específico, que constituye una excepción a la norma general (artículo 88), el plazo de conservación de los documentos justificativos comienza a partir del cierre parcial (artículo 98, apartado 2). El control al finalizar un período de programación de un programa operativo en su conjunto se vería pues ampliamente limitado, puesto que los documentos justificativos de las operaciones cerradas anteriormente podrían no encontrarse disponibles. El Tribunal considera que en tal caso se verían usurpadas sus prerrogativas de control previstas al amparo del artículo 248 del Tratado CE.

21.

Conforme a la propuesta de la Comisión, cada Estado miembro elaborará un «marco estratégico nacional de referencia» que sea coherente con las «orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión económica, social y territorial», que el Consejo deberá establecer (artículo 23). Se observa sin embargo que el «marco estratégico nacional de referencia» no afecta al objetivo de «cooperación territorial europea».

22.

El contenido del «marco estratégico nacional de referencia» (artículo 25) no es lo suficientemente preciso (en cuanto a las medidas, asignación de recursos y efectos previstos) para garantizar una información detallada sobre la estrategia de desarrollo nacional y regional. Tampoco se mencionan las «prioridades temáticas y territoriales», cuyo fin consiste en establecer las acciones que deberán financiarse. Por otra parte, existe el riesgo de que este marco se limite únicamente a los ámbitos relativos a las intervenciones cofinanciadas. Así pues, la Comisión, encargada de la aprobación de los marcos, no estará en situación de hacer hincapié en un aspecto determinado de los programas operativos.

23.

Los programas operativos adolecen también de falta de precisión, ya que no se ha solicitado ninguna información sobre las diferentes medidas destinadas a la realización de los objetivos prioritarios, lo cual impide cualquier elección entre medidas. Los objetivos específicos se cuantificarán mediante un reducido número de indicadores de ejecución, resultados e impacto. Con relación a la normativa actual ya no se prevé la descripción de las disposiciones de gestión del programa operativo (artículo 36). Así, el «marco estratégico nacional de referencia» y los programas operativos ya no serían considerados por la Comisión como verdaderos instrumentos de gestión y de seguimiento. Cabe pues plantearse de qué forma esta institución logrará garantizar que se ha establecido una coordinación con los programas operativos a escala nacional.

24.

La justificación del mantenimiento de fondos separados (con relación a una posible agrupación de los fondos, tal y como dispone el artículo 161 del Tratado CE) no ha sido abordada en el análisis de impacto ampliado, pese a que sería conveniente analizar en profundidad las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones posibles. De hecho, el análisis de impacto ampliado expone varios argumentos a favor de la creación de un único fondo. Efectivamente, se afirma que en el caso del actual objetivo 2 la relativa dispersión temática de los proyectos financiados, así como el fraccionamiento derivado de la distribución en zonas, no permitieron aplicar las políticas adecuadas. Por otro lado, no ha sido posible aprovechar suficientemente las sinergias FEDER/FSE en el marco del objetivo 3. Se admite pues la necesidad de intensificar:

25.

El establecimiento del principio «un fondo/un programa operativo», basado en el objetivo de simplificación, no permitiría favorecer el logro de las sinergias necesarias.

26.

Además, en el marco del objetivo de «convergencia», la separación entre el FEDER y el Fondo de Cohesión resulta particularmente difícil de justificar. En principio estos fondos intervienen en los mismos programas operativos y se refieren a los mismos temas (infraestructuras de transporte, proyectos o acciones en el ámbito del medio ambiente). Sus acciones o proyectos son a menudo complementarios (por ejemplo, un tramo de autopista financiado por el Fondo de Cohesión y el tramo restante por el FEDER). Las diferencias corresponden a la subvencionabilidad de las regiones o Estados [menos del 75 % de la media comunitaria del PIB por habitante (Fondos Estructurales) y menos del 90 % de la media comunitaria del PNB por habitante (Fondo de Cohesión), respectivamente], a los límites máximos de contribución, 85 % en el caso del Fondo de Cohesión y 75 % en el del FEDER (artículo 51), pese a que el tipo máximo del FEDER puede alcanzar un 85 % en ciertos casos específicos (artículos 51, apartado 4, y 52, apartado 1) y a la prefinanciación (artículo 81), que representa el 7 % en el caso de los Fondos Estructurales y el 10,5 % en el del Fondo de Cohesión. Las acciones del FEDER y los proyectos del Fondo de Cohesión son a menudo gestionados por las mismas instancias públicas. Los conceptos de gran proyecto y de proyecto generador de ingresos son válidos tanto en el caso del FEDER como en el del Fondo de Cohesión. En aras de la coherencia sería conveniente contar con un solo fondo, al menos en el caso del FEDER y del Fondo de Cohesión, ya que las anteriores diferencias no representan verdaderos obstáculos.

27.

Teniendo en cuenta el artículo 3, apartado 2, de la propuesta, resulta difícil establecer una diferenciación clara entre las acciones contempladas en los párrafos a) y b). La verdadera diferencia parece ser «territorial» (zonas subvencionables) y «financiera» (ayudas otorgadas).

28.

Desde un punto de vista práctico, la disposición del artículo 33 (financiación de un único fondo, salvo un 5 % como máximo que puede proceder de otro fondo) resulta una complicación suplementaria ocasionada por la existencia de varios fondos.

29.

El Tribunal ha hecho constar en el pasado (12) diversos retrasos imputables a los servicios de la Comisión durante las distintas fases de programación o durante la ejecución de los controles. Resulta pues indispensable crear unas estructuras administrativas y unos procedimientos adecuados. Por otro lado, sería necesario fijar unos plazos precisos en varias de las disposiciones propuestas (artículos 31, apartado 5; 32, apartado 2; 40, apartado 3; 85, apartado 2; 96, apartado 1). También sería útil que los servicios responsables de los distintos fondos establezcan de forma común la estrategia de auditoría, la asignación de los recursos y el nivel de garantía exigido.

30.

El Tribunal presenta sus observaciones específicas en el cuadro siguiente, haciéndose referencia en repetidas ocasiones a la falta de precisión de algunos plazos o de algunas expresiones utilizadas, que podría dar origen a interpretaciones divergentes y afectar al alcance jurídico de las disposiciones en cuestión.