13.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

C 89/3

Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús y de Rusia

(2005/C 89/03)

Tras la publicación del anuncio de la próxima expiración (1) de las medidas antidumping vigentes sobre las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús, Rusia y Ucrania, la Comisión recibió una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 (2) del Consejo (el «Reglamento de base»). La solicitud de reconsideración se refiere a las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús y de Rusia («los países afectados»).

1. Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada el 10 de febrero de 2005 por la Asociación Europea de Productores de Potasa («el solicitante») en nombre de productores que representan una proporción importante, en este caso más del 99 %, de la producción comunitaria total de cloruro potásico.

2. Producto

El producto objeto de la reconsideración es el cloruro potásico originario de Belarús y de Rusia («el producto afectado»), actualmente clasificable en los códigos NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 y las mezclas especiales actualmente clasificables en los códigos NC ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 y ex 3105 90 99. Estos códigos NC se indican a título meramente informativo.

3. Medidas vigentes

Las medidas actualmente vigentes son un derecho antidumping definitivo establecido en virtud del Reglamento (CE) no 3068/92 del Consejo (3).

4. Razones para la reconsideración

La solicitud se basa en el argumento de que la expiración de las medidas acarrearía probablemente una continuación o reaparición del dumping y del perjuicio para la industria de la Comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, el solicitante determinó el valor normal para Belarús sobre la base del precio en un país de economía de mercado apropiado, mencionado en el punto 5.1 d) del presente anuncio. La alegación de continuación del dumping se basa en la comparación del valor normal a que se refiere el párrafo anterior con los precios de exportación del producto afectado vendido para su exportación a la UE.

La alegación de continuación del dumping relativa a Rusia se basa en la comparación del valor normal, determinado con arreglo a los precios en el mercado interior y al valor normal calculado, con los precios de exportación del producto afectado vendido para su exportación a la UE.

Los márgenes de dumping calculados de esta forma son significativos.

Por lo que respecta a la reaparición del dumping, se alega que las exportaciones originarias de los países afectados a otros terceros países o territorios, como China, Brasil, Noruega, Suiza, India y Norteamérica, se hacen a precios de dumping.

El solicitante ha presentado pruebas de que las importaciones del producto afectado procedentes de Belarús y Rusia han aumentado en conjunto en términos absolutos y en términos de cuota de mercado.

Se alega también que los volúmenes y los precios del producto importado en cuestión han seguido teniendo, entre otras consecuencias, una incidencia negativa en la cuota de mercado, en las cantidades vendidas y el nivel de los precios cobrados por la industria de la Comunidad, lo cual acarrea importantes efectos negativos para su rendimiento y su situación financiera globales.

El solicitante alega, además, la probabilidad de que continúe el dumping. A este respecto, el solicitante aporta pruebas de que, si se autoriza la expiración de las medidas, es probable que el nivel actual de importación del producto afectado aumente debido a la existencia de capacidad de producción no utilizada o al aumento previsto de la capacidad de producción en los países afectados.

Además, el solicitante alega que la frágil situación de la industria de la Comunidad se deterioraría aún más si se permitiera que expirasen las medidas, y que la reaparición de importaciones sustanciales a precios de dumping procedentes de los países afectados ocasionaría probablemente nuevos perjuicios a la industria de la Comunidad.

5. Procedimiento

Habiendo decidido, previa consulta al Comité consultivo, que existen pruebas suficientes para justificar el inicio de una reconsideración por expiración, la Comisión inicia una reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

5.1. Procedimiento para determinar la probabilidad del dumping y del perjuicio

La investigación determinará si es probable o improbable que la expiración de las medidas traiga consigo la continuación o la reaparición del dumping y del perjuicio.

a) Muestreo

Habida cuenta del número de partes implicadas en este procedimiento, la Comisión podrá recurrir al muestreo de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

i) Muestreo de los importadores

Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión y proporcionen la siguiente información sobre su empresa o empresas en el plazo fijado en el punto 6 b) i) y en el formato indicado en el punto 7 del presente anuncio:

—	nombre, dirección, dirección de correo electrónico, números de teléfono, fax y/o télex y persona de contacto;

—	volumen de negocios total en euros de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004;

—	número total de empleados;

—	actividades exactas de la empresa en relación con el producto afectado;

—	volumen en toneladas y valor en euros de las importaciones y reventas efectuadas en el mercado comunitario durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 del producto importado en cuestión;

—	nombres y actividades exactas de todas las empresas vinculadas que se dedican a la producción o la venta del producto afectado;

—	cualquier otra información pertinente que pueda ayudar a la Comisión a seleccionar la muestra;

—	indicación de si la empresa o empresas están de acuerdo en ser incluidas en la muestra, lo que implica responder a un cuestionario y aceptar una investigación in situ de su respuesta.

A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores, la Comisión podrá ponerse también en contacto con todas las asociaciones de importadores conocidas.

ii) Selección final de la muestra

Todas las partes interesadas que deseen presentar cualquier información pertinente relativa a la selección de la muestra deberán hacerlo en el plazo establecido en el punto 6 b) ii) del presente anuncio.

La Comisión tiene previsto llevar a cabo la selección final de la muestra tras haber consultado a las partes interesadas que hayan expresado su deseo de ser incluidas en ella.

Las empresas incluidas en la muestra deberán responder a un cuestionario en el plazo establecido en el punto 6 b) iii) del presente anuncio y deberán cooperar en la investigación.

b) Cuestionarios

A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios a la industria de la Comunidad y a las asociaciones de productores comunitarios, a los productores exportadores de Belarús y de Rusia, y a todas las asociaciones de productores exportadores, a los importadores y a las asociaciones de importadores citadas en la solicitud o que cooperaron en la investigación que dio lugar a las medidas objeto de la presente reconsideración, así como a las autoridades de los países exportadores afectados.

En cualquier caso, todas las partes deberán ponerse inmediatamente en contacto por fax con la Comisión para saber si figuran en la solicitud y, en su caso, deberán pedir un cuestionario en el plazo fijado en el punto 6 a) i) del presente anuncio, ya que el plazo establecido en el punto 6 a) ii) se aplica a todas las partes interesadas.

Esta información y las pruebas correspondientes deberán llegar a la Comisión en el plazo establecido en el punto 6 a) ii) del presente anuncio.

c) Recogida de información y celebración de audiencias

Se invita a todas las partes interesadas a presentar sus puntos de vista por escrito, a suministrar información adicional a las respuestas al cuestionario y a proporcionar pruebas en su apoyo. Esta información y las pruebas correspondientes deberán llegar a la Comisión en el plazo establecido en el punto 6 a) ii) del presente anuncio.

Además, la Comisión podrá oír a las partes interesadas, siempre que lo soliciten y demuestren que hay razones específicas por las que deben ser oídas. Esta solicitud se formulará en el plazo fijado en el punto 6 a) iii) del presente anuncio.

d) Selección del país de economía de mercado

En la investigación anterior se utilizó Canadá como país de economía de mercado apropiado a efectos de determinar el valor normal por lo que se refiere a Belarús. La Comisión tiene la intención de volver a utilizar Canadá para este fin. Por el presente anuncio, se invita a las partes interesadas a que formulen sus observaciones respecto a la conveniencia de esta opción en el plazo específico establecido en el punto 6 c) del presente anuncio.

5.2. Procedimiento de evaluación del interés de la Comunidad

En el caso de que se confirme la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio, se determinará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de base, si el mantenimiento o la derogación de las medidas antidumping redundaría en interés de la Comunidad. Por esta razón, la industria de la Comunidad, los importadores, las asociaciones que los representan, los usuarios representativos y las organizaciones de consumidores representativas podrán darse a conocer y facilitar información a la Comisión en el plazo general fijado en el punto 6 a) ii) del presente anuncio, a condición de que demuestren que existe un vínculo objetivo entre su actividad y el producto afectado. Las partes que hayan actuado de conformidad con la frase anterior podrán solicitar una audiencia exponiendo las razones particulares por las que deberán ser oídas en el plazo fijado en el punto 6 a) iii) del presente anuncio. Obsérvese que la información facilitada de conformidad con el artículo 21 sólo se tomará en consideración si se acompaña de pruebas materiales en el momento de su presentación.

6. Plazos

a) Plazos generales

i) Para que las partes soliciten un cuestionario

Todas las partes interesadas que no cooperaron en la investigación que dio lugar a las medidas objeto de la actual reconsideración deberán solicitar un cuestionario lo antes posible, y, a más tardar, 15 días después de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ii) Para que las partes se den a conocer, presenten sus respuestas al cuestionario y cualquier otra información

Para que las observaciones de las partes interesadas puedan ser tomadas en consideración durante la investigación, éstas deberán darse a conocer poniéndose en contacto con la Comisión, presentar sus puntos de vista y sus respuestas al cuestionario o cualquier otra información en el plazo de 40 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que se indique lo contrario. Se señala que el ejercicio de la mayor parte de los derechos relativos al procedimiento establecidos en el Reglamento de base depende de que las partes se den a conocer en el plazo mencionado.

iii) Audiencias

Todas las partes interesadas podrán solicitar asimismo ser oídas por la Comisión en ese mismo plazo de 40 días.

b) Plazo específico para el muestreo

Toda la información especificada en el punto 5.1 a) i) deberá llegar a la Comisión en el plazo de 15 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya que la Comisión tiene intención de consultar a las partes interesadas que hayan manifestado su disposición a ser incluidas en la muestra sobre la selección final dentro de los 21 días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ii)	Cualquier otra información pertinente para la selección de la muestra, tal como se menciona en el punto 5.1 a) ii), deberá llegar a la Comisión en un plazo de 21 días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

iii)	Las respuestas al cuestionario de las partes incluidas en la muestra deberán llegar a la Comisión en el plazo de 37 días a partir de la fecha de la notificación de su inclusión en la muestra.

c) Plazo específico para la selección del país de economía de mercado

Las partes en la investigación podrán presentar sus observaciones sobre la idoneidad de Canadá que, según el punto 5.1 d) del presente anuncio, está previsto utilizar como país de economía de mercado para determinar el valor normal por lo que se refiere a Belarús. Estas observaciones deberán llegar a la Comisión en el plazo de 10 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Observaciones por escrito, respuestas al cuestionario y correspondencia

Todas las observaciones y solicitudes de las partes interesadas deberán presentarse por escrito (y no en formato electrónico, salvo que se especifique lo contrario) y en ellas deberán indicarse el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico y los números de teléfono y fax o télex de la parte interesada. Todas las observaciones por escrito, incluidas la información que se solicita en el presente anuncio, las respuestas al cuestionario y la correspondencia que aporten las partes interesadas y que tenga carácter confidencial, deberán llevar la indicación «Difusión restringida» (4) y, de conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, deberá incluirse asimismo una versión no confidencial, que llevará la indicación «PARA INSPECCIÓN POR LAS PARTES INTERESADAS».

Dirección de la Comisión para la correspondencia:

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

Dirección B

Despacho: J-79 5/16

B-1049 Bruselas

Fax (32-2) 295 65 05

8. Falta de cooperación

Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, podrán formularse conclusiones, positivas o negativas, con arreglo a los datos disponibles.

Si se comprobara que alguna de las partes interesadas ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base. Si una de las partes interesadas no coopera o coopera sólo parcialmente, y las conclusiones se basan por lo tanto en los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos favorable a la parte que si hubiera cooperado.

9. Calendario de la investigación

La investigación deberá concluirse, de conformidad con el artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base, en el plazo de 15 meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1) DO C 249 de 8.10.2004, p. 3.

(2) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 12).

(3) DO L 308 de 24.10.1992, p. 41; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 992/2004 del Consejo (DO L 182 de 19.5.2004, p. 23).

(4) Esto significa que el documento estará reservado exclusivamente para uso interno. Estará protegido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo (DO L 56 de 6.3.1996, p. 1) y con el artículo 6 del Acuerdo de la OMC sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994 (Acuerdo antidumping).

13.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

C 89/7

Anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús

(2005/C 89/04)

La Comisión ha recibido una solicitud de reconsideración provisional parcial de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96 (1) (el «Reglamento de base»).

1. Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada por la Republican Unitary Enterprise «PA Belaruskali» («el solicitante»), único productor exportador de Belarús.

El alcance de la solicitud se limita al examen del dumping con respecto al solicitante.

2. Producto

El producto objeto de la reconsideración es el cloruro potásico originario de Belarús («el producto afectado»), actualmente clasificable en los códigos NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 y las mezclas especiales actualmente clasificables en los códigos NC ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 y ex 3105 90 99. Estos códigos NC se indican a título meramente informativo.

3. Medidas vigentes

Las medidas actualmente vigentes son un derecho antidumping definitivo establecido en virtud del Reglamento (CE) no 3068/92 del Consejo (2).

4. Razones para la reconsideración

La solicitud conforme al artículo 11, apartado 3, está basada en indicios razonables proporcionados por el solicitante de que, en lo que le concierne, las circunstancias en las que se impusieron las medidas han cambiado y estos cambios son de naturaleza duradera.

El solicitante alega que la comparación del valor normal en un tercer país de economía de mercado apropiado y de sus precios de exportación a la UE durante un período prolongado daría lugar a una reducción del dumping significativamente por debajo del nivel de las medidas actuales, y aporta pruebas al respecto. Por lo tanto, para compensar las prácticas de dumping ya no es necesario mantener las medidas al nivel actual, establecido de acuerdo con el nivel de dumping previo.

5. Procedimiento para la determinación del dumping

Tras haber determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existen pruebas suficientes que justifican el inicio de una reconsideración parcial provisional, la Comisión inicia una reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, a fin de determinar el margen de dumping del solicitante y el nivel del derecho al que deben estar sujetas las importaciones del producto afectado en la Comunidad.

La investigación evaluará la necesidad de mantener, suprimir o modificar las medidas existentes respecto al solicitante mencionado en el punto 1.

a) Cuestionarios

A fin de obtener la información que considera necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios al solicitante y a las autoridades del país exportador afectado. Esta información y las pruebas correspondientes deberán llegar a la Comisión en el plazo establecido en el punto 6 a) i) del presente anuncio.

b) Recogida de información y celebración de audiencias

Se invita a todas las partes interesadas a presentar sus puntos de vista, a suministrar información adicional a las respuestas al cuestionario y a proporcionar pruebas en su apoyo. Esta información y las pruebas correspondientes deberán llegar a la Comisión en el plazo establecido en el punto 6 a) i) del presente anuncio.

c) Selección del país de economía de mercado

En la investigación anterior, que dio lugar a la imposición de las medidas existentes, se utilizó Canadá como país de economía de mercado apropiado a efectos de determinar el valor normal por lo que se refiere a Belarús. La Comisión prevé volver a utilizar Canadá para este fin de conformidad con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base. Se invita a las partes interesadas a que formulen sus observaciones respecto a la conveniencia de esta opción en el plazo específico establecido en el punto 6 b) del presente anuncio.

6. Plazos

a) Plazos generales

i) Para que las partes se den a conocer, presenten sus respuestas al cuestionario y cualquier otra información

Para que las observaciones de las partes interesadas puedan ser tomadas en consideración durante la investigación, éstas deberán darse a conocer poniéndose en contacto con la Comisión, presentar sus puntos de vista y sus respuestas al cuestionario o cualquier otra información en el plazo de 40 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que se indique lo contrario. Debe señalarse que el ejercicio de la mayor parte de los derechos relativos al procedimiento establecidos en el Reglamento de base depende de que las partes se den a conocer en el plazo mencionado más arriba. Además, el solicitante debe presentar su respuesta al cuestionario dentro del mencionado período de 40 días.

ii) Audiencias

Todas las partes interesadas podrán solicitar asimismo ser oídas por la Comisión en ese mismo plazo de 40 días.

b) Plazo específico para la selección del país de economía de mercado

Las partes en la investigación podrán presentar sus observaciones sobre la idoneidad de Canadá que, según el punto 5 c) del presente anuncio, está previsto utilizar como país de economía de mercado para determinar el valor normal por lo que se refiere a Belarús. Estas observaciones deberán llegar a la Comisión en el plazo de 10 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Observaciones por escrito, respuestas al cuestionario y correspondencia

Todas las observaciones y solicitudes de las partes interesadas deberán presentarse por escrito (y no en formato electrónico, salvo que se especifique lo contrario) y en ellas deberán indicarse el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico y los números de teléfono y fax o télex de la parte interesada. Todas las observaciones por escrito, incluidas la información que se solicita en el presente anuncio, las respuestas al cuestionario y la correspondencia que aporten las partes interesadas y que tenga carácter confidencial, deberán llevar la indicación «Difusión restringida» (3) y, de conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, deberá incluirse asimismo una versión no confidencial, que llevará la indicación «PARA INSPECCIÓN POR LAS PARTES INTERESADAS».

Dirección de la Comisión para la correspondencia:

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

Dirección B

Despacho: J-79 5/16

B-1049 Bruselas

Fax (32-2) 295 65 05

Télex COMEU B 21877

8. Falta de cooperación

En caso de que cualquier parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos oportunos u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, sobre la base de los datos disponibles.

Si se comprobara que alguna de las partes interesadas ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Si una de las partes interesadas no coopera o coopera sólo parcialmente, y las conclusiones se basan por lo tanto en los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos favorable a la parte que si hubiera cooperado.

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 12).

(2) DO L 308 de 24.10.1992, p. 41; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 992/2004 del Consejo (DO L 182 de 19.5.2004, p. 23).

(3) Esto significa que el documento estará reservado exclusivamente para uso interno. Estará protegido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo (DO L 56 de 6.3.1996, p. 1) y con el artículo 6 del Acuerdo de la OMC sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994 (Acuerdo antidumping).

13.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

C 89/9

Procedimiento de información — Reglas técnicas

(2005/C 89/05)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; DO L 217 de 5.8.1998, p. 20).

Notificaciones de proyectos nacionales de reglas técnicas recibidas por la Comisión:

Referencia (1)	Título	Plazo del statu quo de tres meses (2)
2005/0120/PL	Decreto del Ministro de Economía y de Trabajo relativo al conjunto de los productos pirotécnicos para cuya adquisición, almacenamiento o utilización no se requiere ninguna autorización	20.6.2005
2005/0121/PL	Decreto del Ministro de Economía y Trabajo relativo al método de realización de los trabajos que empleen materiales explosivos destinados a un uso civil	20.6.2005
2005/0122/PL	Decreto del Ministro de Economía y de Trabajo relativo al modo de almacenamiento de los materiales explosivos destinados a un uso civil en un almacén temporal	20.6.2005
2005/0123/NL	Decreto del Ministro de Sanidad, Bienestar y Deportes, por el que se establece una regla de conducta relativa a las normas aplicadas para la seguridad de los globos	20.6.2005
2005/0124/NL	Proposición de ley por la que se establecen las reglas relativas a las unidades de medida y a la comercialización y utilización de instrumentos de medida (Ley de la metrología).	20.6.2005
2005/0125/E	Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de material de multiplicación de hongos cultivados	20.6.2005
2005/0126/S	Reglamento por el que se modifica el reglamento de la Dirección Sueca de Emergencias (SRVFS 2004:14) relativo al transporte de mercancías peligrosas por carretera y por el campo (ADR-S)	20.6.2005
2005/0127/S	Reglamento por el que se modifica el reglamento de la Dirección Sueca de Emergencias (SRVFS 2004:15) relativo al transporte de mercancías peligrosas por vía férrea (RID-S)	20.6.2005
2005/0128/DK	Reglamento por el que se modifica el Reglamento sobre la producción agrícola ecológica, etc.	20.6.2005
2005/0129/CZ	Proyecto de decreto por el que se modifica del Decreto no 323/2004 del DO para la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley de la viticultura y la actividad vinícola.	22.6.2005
2005/0131/S	Reglas de la Autoridad encargada de la protección de los animales por las que se modifican las reglas y las orientaciones (DFS 2004:17) de la Autoridad encargada de la protección de los animales relativas al cuidado de los animales en el sector agrícola, etc.	23.6.2005
2005/0132/LV	Proyecto de Ley «Ley de Actividades de Guarda de Seguridad»	27.6.2005
2005/0133/NL	Modificación de la Ley de la electricidad de 1998 y de la Ley del gas debido al establecimiento de unas reglas adicionales relativas a la gestión independiente de la red	24.6.2005
2005/0134/NL	Reglamento por el que se modifica el Reglamento de la Asociación de productores de bebidas relativo a la cerveza de 2003	24.6.2005
2005/0135/S	Proyecto de ley relativa a los dominios superiores nacionales en el ámbito de Internet para Suecia.	27.6.2005
2005/0136/I	Decreto interministerial sobre: «Reglas técnicas de producción y métodos de supervisión técnica de los aparatos de diversión y entretenimiento a los que hace referencia el art. 110, apartado 7, del Texto Único de las Leyes de Seguridad Pública (T.U.L.P.S.)».	27.6.2005

La Comisión desea llamar la atención sobre la sentencia «CIA Security», dictada el 30 de abril de 1996 en el asunto C-194/94 (Rec. 1996, p. I-2201), en virtud de la cual el Tribunal de Justicia considera que los artículos 8 y 9 de la Directiva 98/34/CE (entonces 83/189/CEE) deben interpretarse en el sentido de que los particulares pueden ampararse en ellos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, al que incumbe negarse a aplicar un reglamento técnico nacional que no haya sido notificado con arreglo a la Directiva.

Esta sentencia confirma la Comunicación de la Comisión de 1 de octubre de 1986 (DO C 245 de 1.10.1986, p. 4).

Para más información sobre el procedimiento de notificación, dirigirse a:

Comisión Europea

DG Empresa e Industria, Unidad C3

B–1049 Bruselas

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Ver también el sitio: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Por lo tanto, el incumplimiento de la obligación de notificar un reglamento técnico implica la inaplicabilidad de dicho reglamento y por consiguiente, no sera oponible a los particulares.

LISTA DE ORGANISMOS NACIONALES RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 98/34/CE

BÉLGICA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/ 16

B-1000 Bruxelles

Sra. Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail general: belnotif@mineco.fgov.be

Sitio web: http://www.mineco.fgov.be

REPÚBLICA CHECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sra. Helena Fofonkova

Tel.: (420) 224 907 125

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

E-mail general: eu9834@unmz.cz

Sitio web: http://www.unmz.cz

DINAMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (o DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (directo)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: Sra. Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Dirección común para mensajes de notificación — noti@ebst.dk

Sitio web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ALEMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Sra. Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Fax.: (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sitio web: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Sr. Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-mail: margus.alver@mkm.ee

E-mail general: el.teavitamine@mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

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ESPAÑA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Sr. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34-91) 379 83 32

Doña Esther Pérez Peláez

Consejera Técnica

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 379 84 01

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FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sra. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sra. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sr. Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Fax: (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sitio web: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sr. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sr. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Sitio web: http://www.minindustria.it

CHIPRE

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 o (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Sr. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Sra. Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

E-mail general: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sitio web: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETONIA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Sra. Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Fax: (371) 7280882

E-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Sra. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Fax: (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sitio web: http://www.lsd.lt

LUXEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Sr. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

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HUNGRÍA

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15

H-1055

Sr. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36-1) 374 287 3

Fax: (36-1) 473 162 2

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Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

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Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

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E-mail general: not9834@mail.ipq.pt

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SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

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Fax: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Sra. Vesna Stražišar

ESLOVAQUIA

Sra. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Fax: (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

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Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Dirección para el público:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Dirección postal:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Sr. Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Fax: (358) 9 1606 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Sra. Katri Amper

E-mail general: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sitio web: http://www.ktm.fi

SUECIA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Sra. Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 o (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 86 90 48 40 o (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail general: 9834@kommers.se

Sitio web: http://www.kommers.se

REINO UNIDO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Sr. Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Fax: (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail general: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sitio web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Sra. Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail general: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sitio web: http://www.eftasurv.int

EFTA (AELC)

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Sra. Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 34

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail general: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sitio web: http://www.efta.int

TURQUÍA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

Sr. Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Sitio web: http://www.dtm.gov.tr

(1) Año, número de registro, Estado miembro autor.

(2) Plazo durante el cual no podrá adoptarse el proyecto.

(3) No hay período de statu quo por haber aceptado la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor.

(4) No hay período de statu quo por tratarse de especificaciones técnicas u otros requisitos o reglas sobre los servicios vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión del párrafo segundo del apartado 11 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE.

(5) Finalizado el procedimiento de información.

13.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

C 89/15

AYUDA ESTATAL — FRANCIA

Ayuda estatal C 46/2004 (ex NN 65/2004) — Agrupaciones de interés económico fiscales: sistema de amortización en favor de determinadas empresas autorizadas por el Ministerio de Presupuesto

Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 89/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 14 de diciembre de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

SPA 3, 6/5

B-1049 Bruselas

No fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Procedimiento

La Comisión envió 2 solicitudes de información a las autoridades francesas relativas al dispositivo denominado «agrupaciones de interés económico fiscales», establecido mediante la Ley de 2 de julio de 1998 (no 98-546). Las respuestas de las autoridades francesas fueron remitidas en sendas cartas de 3 de mayo (A/33117) y 2 de agosto de 2004 (A/36007). El régimen había sido objeto de una comunicación de las autoridades francesas mediante carta de 16 de marzo de 1998 (A/32232). Esta comunicación no constituye una notificación previa a la Comisión en el sentido del artículo 88, apartado 3 del Tratado CE y por lo tanto se trata de una ayuda aplicada ilegalmente.

Descripción de la medida

El artículo 39 C del Código General de Impuestos establece que la amortización fiscalmente deducible no puede sobrepasar el importe del alquiler percibido por la agrupación de interés económico fiscal, una vez deducidas las otras cargas correspondientes al bien otorgado en alquiler.

El artículo 39 CA del Código prevé una derogación a este principio según la cual las operaciones de financiación que presenten un «interés económico y social significativo» realizadas por medio de una agrupación de interés económico fiscal no estarán sometidas al límite de amortización. El beneficio de esta derogación se concede previa autorización del Ministerio de Presupuesto.

A petición de la Comisión, las autoridades francesas facilitaron una lista de los beneficiarios del régimen por sector de actividad.

Sector	Solicitudes de autorización	Decisiones de autorización
Inversiones marítimas	142	110
Inversiones aeronáuticas	32	18
Inversiones ferroviarias	5	2
Inversiones industriales	7	3
Inversiones espaciales	3	0

Evaluación de la medida

La Comisión considera en esta fase que la medida puede constituir una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado CE. En primer lugar, parece conferir una ventaja en forma de rebaja de los beneficios imponibles y de exención de las plusvalías en favor de los miembros de las agrupaciones fiscales de interés económico. Además parece favorecer a los usuarios finales de los bienes alquilados, que en general son empresas de transporte y en particular de transporte marítimo. En segundo lugar, la medida se concede con cargo a recursos estatales al reducir los beneficios y al otorgar una exención fiscal que implica pérdida de ingresos para el Estado. En tercer lugar, puede afectar a los intercambios entre Estados miembros puesto que concierne a empresas activas en sectores donde existen intercambios intracomunitarios intensos.

Por el momento la Comisión considera que ninguna de las derogaciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3 del Tratado CE parece poder aplicarse en este caso. El régimen no parece respetar las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (1), ni las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (2), ni las disposiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (3), ni tampoco las condiciones previstas por las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (4). Hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones la Comisión ha comprobado que ayudas para la compra de vehículos de transporte o activos móviles no eran, en principio, compatibles con el mercado común.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser reclamada a su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 19 février 2004 (D/51178) la Commission a adressé une demande d'information aux autorités françaises concernant le dispositif de crédit-bail fiscal en faveur de certaines entreprises agréées par le Ministre du Budget mis en place par la loi du 2 juillet 1998 (no 98-546). Par lettre du 18 mars 2004 les autorités françaises ont demandé une extension du délai pour fournir les renseignements nécessaires. La réponse des autorités françaises a été reçue par lettre du 3 mai 2004 (A/33117). Par lettre du 6 juillet 2004 (D/54933) la Commission a demandé des informations supplémentaires. La réponse a été reçue le 2 août 2004 (A/36007).

(2)

Dans une lettre du 16 mars 1998 (A/32232) les autorités françaises ont informé la Commission de l'introduction prévue d'un dispositif limitant l'amortissement des biens donnés en location afin de lutter contre l'utilisation de ce mécanisme à seule fin d'optimisation fiscale et prévoyant un exception à cette limitation. Selon les autorités françaises que le dispositif ne semblait pas constituer une aide d'Etat devant faire l'objet d'une notification préalable auprès de la Commission. Il s'ensuit que cette information ne peut être considérée comme une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2. DESCRIPTION DU RÉGIME

(3)	L'article 39 C du Code général des impôts (ci-après “CGI”) prévoit que l'amortissement fiscalement déductible ne peut excéder le montant du loyer perçu par le GIE, diminué des autres charges afférentes au bien donné en location.

(4)

Une dérogation à ce principe a été introduite par l'article 77 de la loi du 2 juillet 1998 (no 98-546) qui met en place un système d'amortissement favorable au profit de certaines entreprises agréées par le ministère du budget (ci-après “GIE fiscal”) (5). Cette dérogation figure à l'article 39 CA du CGI, aux termes duquel les opérations de financement présentant un intérêt économique et social significatif ne sont pas soumises à la limitation d'amortissement et peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un GIE (Groupement d'intérêt économique). Le bien financé doit être amortissable selon le mode dégressif sur une durée d'au moins huit ans et l'investissement doit présenter un intérêt économique et social significatif. Le prix d'acquisition du bien doit correspondre au prix de marché. Les coefficients d'amortissement dégressif habituels sont majorés d'un point. L'utilisateur final doit être une société exploitant le bien dans le cadre de son activité habituelle et doit pouvoir acquérir le bien à titre permanent à la fin du crédit-bail.

(5)

Le GIE, constitué généralement par des établissements financiers, acquiert le bien à financer, lequel doit être acquis au prix de marché, et le donne en crédit-bail à l'utilisateur. Les loyers versés par l'utilisateur et le prix de levée de l'option d'achat en fin de contrat permettent au GIE de couvrir son propre financement, intérêts et capital compris.

(6)

En raison des amortissements dégressifs et des frais financiers qui, par définition, sont concentrés sur les premières années d'utilisation du bien, les résultats du GIE sont fortement déficitaires au cours de ces années et deviennent bénéficiaires au cours d'une seconde période, lorsque le montant des loyers perçus excède le total des charges constatées (amortissements et frais financiers compris). Dès lors que le GIE relève du régime des sociétés de personnes, les déficits qu'il constate au cours de ses premières années d'activité viennent en déduction des bénéfices imposables réalisés par ses membres à raison de leurs activités courantes. Selon les autorités françaises les économies d'impôt ainsi obtenues par les établissements financiers durant les premières années de l'opération sont compensées par les suppléments d'impôt qui apparaissent ensuite lorsque le GIE réalise des bénéfices. Cependant, ce décalage dans le temps permet de dégager un gain de trésorerie utilisé par le GIE pour offrir des conditions financières plus favorables aux utilisateurs des biens.

(7)

Le régime prévoit aussi la rétrocession à l'utilisateur du bien des deux tiers de l'avantage fiscal retiré par le GIE. Cette rétrocession est effectuée sous forme de diminution de loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Enfin, la revente du bien par le GIE à l'utilisateur, lorsque les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés, fait l'objet d'une exonération des plus-values de cession. En principe, les biens éligibles doivent être acquis à l'état neuf mais les navires d'occasion font l'objet d'une exception.

(8)

En ce qui concerne la notion d'intérêt économique et social significatif dont la démonstration par le demandeur est nécessaire pour profiter de la dérogation, les autorités françaises ont indiqué qu'il n'existait pas de lignes directrices pour évaluer cet intérêt et que l'examen se faisait à la lumière des retombées indirectes de l'investissement sur le bassin d'emploi, les conditions de concurrence, le développement de l'activité dans la zone économique concernée.

(9)

Les autorités françaises estiment que la Commission a elle-même considéré dans sa décision du 8 mai 2001 (6) que les Groupements d'intérêt économique et les avantages fiscaux qui peuvent découler de leur application ne constituent pas des aides d'État. À la demande de la Commission, les autorités françaises ont également fourni une liste des bénéficiaires du régime par secteur d'activité.

Secteurs	Demandes d'agrément	Décision d'agrément
Investissements maritimes	142	110
Investissements aéronautiques	32	18
Investissements ferroviaires	5	2
Investissements industriels	7	3
Investissements spatiaux	3	0

(10)

En ce qui concerne l'application du régime au secteur du transport maritime les autorités françaises ont indiqué que, c'est dans un contexte marqué à la fois par le souci d'enrayer la stagnation du nombre des navires de commerce immatriculés dans les registres français et par la volonté de réduire la dépense fiscale, que le législateur a adapté le crédit-bail fiscal au secteur du transport maritime.

3. APPRÉCIATION DU RÉGIME AU REGARD DE L'ARTICLE 87 DU TRAITÉ

(11)	La Commission considère à ce stade, que le régime du GIE fiscal est un régime d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car il semble satisfaire cumulativement les critères développés ci-après.

(12)	En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises. Cet avantage doit être sélectif en ce qu'il favorise certaines entreprises.

(13)	En second lieu, l'avantage doit être octroyé au moyen de ressources de l'État.

(14)	En troisième lieu, la mesure en cause doit affecter la concurrence et les échanges entre les États membres.

3.1. Existence d'un avantage

(15)	Le recours au GIE fiscal concerne trois acteurs: le GIE lui-même, l'utilisateur du bien financé et l'investisseur qui est le membre du GIE et finance le bien.

(16)

Le GIE lui-même, au niveau du quel est pratiqué l'amortissement déplafonné, mais dont les résultats sont imposables entre les mains de ses membres en proportion des droits qu'ils y détiennent. N'étant pas redevable de l'impôt, le GIE ne semble pas devoir être regardé comme le bénéficiaire de l'avantage fiscal.

(17)

Pour l'investisseur, membre du GIE, l'avantage est constitué par la diminution des bénéfices imposables (et par conséquent la diminution de l'impôt dû) et par la possibilité de déduire de ses propres résultats le déficit constaté au niveau du GIE. La disposition dérogatoire — l'article 39 CA du CGI — prévoit que certaines opérations de financement présentant un intérêt économique et social significatif ne sont pas soumises à la limitation de l'amortissement fiscalement déductible prévue par l'article 39 C. Les membres du GIE peuvent ainsi imputer durant la première période de la dépréciation du bien pendant laquelle les résultats du GIE sont déficitaires, le résultat négatif du GIE sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leurs activités courantes, sans tenir compte de la limitation établie par l'article 39 C. L'avantage est d'autant plus important que le coefficient “normal” applicable à la dépréciation des biens du même type est augmenté d'un point. Selon les autorités françaises la majoration a pour objectif de renforcer la performance du dispositif. Cet avantage fiscal doit être diminué des cotisations supplémentaires d'impôt que les membres du GIE auront à subir durant la seconde période de la dépréciation du bien, lorsque le résultat du GIE redevient bénéficiaire.

(18)

Les autorités françaises ont avancé l'argument que les économies d'impôt obtenues ainsi durant les premières années de l'opération sont neutralisées par les suppléments d'impôt qui sont constatés ultérieurement lorsque le GIE commence à réaliser des bénéfices (les loyers payés excèdent les annuités d'amortissement). Toutefois, il y a lieu d'observer que même dans le cas d'une hypothétique neutralisation, les investisseurs participant aux GIE fiscaux sont favorisés par rapport aux entités soumises au régime de droit commun qui n'ont pas la possibilité de se prévaloir de l'imputation susmentionnée, puisque l'article 39 CA du CGI limite la déduction de l'amortissement au montant du loyer perçu par le GIE.

(19)

En outre, les membres du GIE doivent rétrocéder deux tiers de cet avantage à l'utilisateur du bien, néanmoins il garde un tiers qui constitue son propre avantage. Ils restent les bénéficiaires de l'avantage fiscal résultant du déplafonnement de l'amortissement, même si cet avantage est ramené au tiers de son montant net actualisé, le reste venant en déduction du loyer versé par l'utilisateur. Par ailleurs, le GIE fiscal peut également bénéficier, le cas échéant, d'une exonération des plus-values, en cas d'une cession anticipée du bien.

(20)

L'utilisateur du bien financé, lequel déduit de son bénéfice imposable la charge que constitue le loyer versé au GIE. Dans la mesure où ce loyer est diminué d'une partie de l'avantage fiscal résultant du montage financier, cet utilisateur reçoit un avantage financier sous forme de réduction de charge. Mais cette réduction de charge déductible se traduit par une augmentation de sa base imposable et donc de l'impôt dû. Par voie de conséquence, l'utilisateur ne semble pas recevoir d'avantage fiscal. Toutefois, l'avantage pour l'utilisateur du bien semble résulter de l'obligation pour les membres du GIE de lui rétrocéder les deux tiers de son propre avantage. Par le biais de ce mécanisme, l'utilisateur final voit les charges, grevant son budget du fait de la souscription du crédit-bail avec le GIE fiscal, diminuées.

3.2. Sélectivité

(21)	À ce stade, la Commission estime que plusieurs indices de sélectivité peuvent être relevés:

(22)

En premier lieu, la Commission constate que le bénéfice de la mesure est conditionné à l'octroi d'un agrément préalable du Ministre du Budget afin de vérifier que l'investissement présente un intérêt économique et social significatif. Bien que l'article 77 de la loi du 2 juillet 1998 mentionne cette notion, elle ne fait selon les autorités françaises l'objet d'aucun décret ou circulaire en vue de définir précisément son champ d'application. En particulier, le critère d' “intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi” paraît vague, étant donné qu'il n'existe aucun lien précis entre l'impact en termes d'emploi et le montant de l'investissement réalisé. Les autorités françaises ont admis qu'il n'y avait aucun texte législatif ou réglementaire traitant de cette condition d'une manière plus détaillée. La Commission ne peut donc exclure à ce stade que le Ministre du Budget dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation au sens du point 12 de la Communication de la Commission sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (7). L'existence d'un pouvoir discrétionnaire semble permettre aux autorités de l'Etat membre de sélectionner les bénéficiaires d'un régime d'aide selon des critères subjectifs. Or, les statistiques fournies par les autorités françaises font apparaître que certains dossiers ont fait l'objet de refus en raison de l'absence d'un intérêt économique et social significatif.

(23)

En deuxième lieu, un second élément qui considéré ensemble avec l'élément discrétionnaire, est susceptible de renforcer le caractère sélectif du régime en cause résulte de la circonstance qu'en pratique les entreprises utilisatrices des biens sont principalement d'entreprises actives dans le secteur du transport. D'après le dispositif, les utilisateurs finals des biens doivent être des sociétés qui exploitent le bien dans le cadre de leur activité habituelle. En effet, compte tenu de la durée d'amortissement de 8 ans fixée par la loi, les biens en mesure de bénéficier du régime sont essentiellement des moyens de transport tels que les trains (15 ans), les avions (13 ans) et les navires (8 ans). Cette démarche des autorités françaises a eu pour effet de concentrer l'impact du régime sur le secteur du transport et en particulier du transport maritime. Cet aspect est confirmé par les réponses fournies par les autorités françaises aux questions posées par la Commission. Les informations fournies montrent clairement qu'en pratique la plupart des demandes d'agrément pour bénéficier du régime dérogatoire concernent les investissements dans le secteur du transport (182 sur 189 des demandes d'agrément reçues concernent le secteur du transport ferroviaire, aérien, maritime ou spatial). En outre, le secteur maritime représente à lui seul 75 % des dossiers présentés au Ministre du Budget pour obtenir son agrément. Cette part monte à 82 % si l'on considère le total des agréments accordés. D'ailleurs, les travaux parlementaires relatifs à la mesure en cause (8) laissent entendre que l'objectif recherché est d'aider la flotte commerciale maritime française. Ceci semble être confirmé par le fait que seuls les navires font l'objet d'une exception qui leur permet de bénéficier du régime dérogatoire même dans le cas où il ne s'agit pas d'un bien acquis à l'état neuf.

(24)

Il est vrai que la durée de huit ans permet de réserver l'avantage aux biens d'équipement lourds pour lesquels le retour sur investissement nécessite un délai long. C'est un argument qui justifie économiquement le principe de l'application de cette condition. En effet, il est de jurisprudence constante que pour être qualifiée de mesure générale et donc échapper à l'interdiction de l'article 87 du traité, une mesure fiscale sélective doit pouvoir être justifiée par la nature et l'économie du système fiscal (9). Néanmoins, les autorités françaises n'ont fourni aucun argument qui puisse justifier cette dérogation par la nature ou l'économie du système fiscal français.

(25)

En dernier lieu, seules peuvent bénéficier du régime les entreprises membres d'un GIE, ayant acquis des biens meubles à l'état neuf ayant une durée d'amortissement supérieure à 8 ans. Dès lors, toutes les entreprises dans une situation similaire qui investissent dans un bien avec une durée d'amortissement inférieure à 8 ans ou, si la durée est supérieure à 8 ans, qui ne remplissent pas le critère de l'intérêt économique et social significatif mentionné précédemment, sont exclues du bénéfice de la mesure en cause. En pratique, la Commission estime à ce stade que ce dispositif peut avoir pour effet de restreindre le nombre des bénéficiaires potentiels principalement aux seules entreprises disposant d'actifs permanents significatifs.

(26)

Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Commission estime que le régime en cause est susceptible de constituer un régime sélectif bien que l'article 39 CA du CGI n'empêche d'autres secteurs industriels de bénéficier du mécanisme susvisé. En effet, la Cour de justice a considéré dans son arrêt du 12 juillet 1990 (10) que le fait qu'une mesure soit en théorie ouverte à tous les secteurs n'exclut pas son caractère sélectif, à partir du moment où la mesure favorise en pratique un secteur déterminé. Ce raisonnement a été confirmé par le récent arrêt GEMO (11), où la Cour a qualifié de sélectif un régime bénéficiant aux activités d'élevage et d'abattage qui a, très accessoirement, également bénéficié à d'autres activités.

(27)

Enfin, il convient de rappeler que la Commission s'est déjà prononcée sur la nature d'aides d'État de montages fiscaux similaires à celui mis en place par l'article 39 CA du CGI quant à leur mécanisme, mais fondés sur une autre base juridique — l'article 199 undecies B du Code général des impôts (12). En outre, la décision de la Commission du 8 mai 2001 susmentionnée invoquée par les autorités françaises ne peut pas constituer un précédent dans le cas d'espèce, d'une part car le régime examiné ici est différent de celui qui a fait l'objet de cette décision et d'autre part car cette décision avait pour objet d'examiner la compatibilité non pas des mesures en question mais de l'aide à la restructuration en faveur de Brittany Ferries.

(28)

Par conséquent, il apparaît que le régime du GIE fiscal est susceptible de favoriser certaines entreprises en leur conférant de manière sélective les avantages fiscaux évoqués. Cette différenciation ne peut pas être justifiée par la nature ou l'économie du système fiscal français, puisque, en l'espèce, les autorités françaises n'ont pas fourni des arguments à cet égard (13).

3.3. L'avantage doit être octroyé au moyen de ressources de l'État

(29)	Dans le cas présent, il semble que la réduction de l'assiette imposable des membres du GIE du fait de la déductibilité des déficits d'amortissement ainsi que l'exonération des plus-values dans le cas d'une cession anticipée du bien entraînent une diminution des ressources de l'État.

3.4. Affectation de la concurrence et des échanges entre les Etats membres.

(30)

Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne de justice et du Tribunal européen de première instance, les échanges entre les États membres sont affectés lorsque l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres. Le simple fait que les aides renforcent la position de cette entreprise par rapport à celle de ses concurrents dans les échanges intracommunautaires permet de conclure que ces échanges sont affectés.

(31)

Ce critère apparaît d'emblée rempli dans la mesure où, en premier lieu, les organismes qui consentent la location, en particulier les établissements financiers, exercent une activité économique transfrontalière. Ces sociétés et les autres membres du GIE fiscal sont actifs dans de nombreux secteurs de l'économie, où ils sont en concurrence directe avec d'autres entreprises.

(32)	En deuxième lieu, les biens amortis peuvent être achetés, et en pratique ils sont achetés dans les autres Etats membres. Par ailleurs, les utilisateurs effectifs des biens amortis affectent par leurs activités commerciales les échanges entre les Etats membres.

3.5. Conclusion

(33)

En conclusion, à ce stade, la Commission considère que tous les éléments constitutifs de la notion d'aide d'Etat sont réunis et que le régime du GIE fiscal est susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence tant pour ce qui semble être une mesure d'aide pour le secteur du transport que pour les organismes qui consentent la location ou la mise à disposition des biens.

4. EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ

(34)	Dans la mesure où le régime du GIE fiscal semble constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il y a lieu de porter une première appréciation sur son éventuelle compatibilité à la lumière des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité CE.

(35)	Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas d'application en l'espèce.

(36)

La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (a), qui prévoit la possibilité d'autoriser des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ne saurait être invoquée du fait que les mesures ne sont pas limitées régionalement. Il en va de même pour la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (c), qui autorise les aides visant le développement de certaines régions.

(37)

De même, les autorités françaises n'ont jamais invoqué que le régime concerné rentre dans la catégorie des projets d'intérêt européen commun éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (b). Dans la mesure où il ne vise pas à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, il ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (d). Selon les autorités françaises le mécanisme du GIE fiscal permet de participer à l'objectif de soutien aux intérêts maritimes communautaires. Toutefois, cet objectif ne doit pas être confondu avec l'intérêt européen commun qui, en principe, exige l'engagement des plusieurs Etats Membres.

(38)

Enfin, il convient d'examiner si le régime en question est susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (c), qui autorise les aides facilitant le développement de certaines activités pour autant que les conditions des échanges ne soient pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(39)

Les autorités françaises estiment que le régime du GIE fiscal est lié à la réalisation des investissements sociaux et économiques importants, contribuant à l'amélioration de la sécurité maritime, à la création d'emplois et à la formation de marins et d'officiers, à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie. À cet égard, il faut souligner que, en ce qui concerne la création d'emplois, le Règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi (14) dispose que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emploi. En l'espèce, la Commission constate que il n'a y pas un lien entre l'impact en termes d'emploi et le montant de l'investissement réalisé qui pourrait permettre à la Commission de considérer ce régime comme compatible avec le marché commun. De même, puisqu'il n'existe pas un lien direct entre le montant de l'investissement et l'impact sur les objectifs invoqués par les autorités françaises, la Commission ne peut pas accepter l'amélioration de la sécurité maritime, la formation de marins et d'officiers, la protection de l'environnement et l'économie d'énergie comme justifications valables rendant le régime compatible avec le marché commun. En tout état de cause les autorités françaises n'ont pas démontré à ce stade que les bénéfices accordés dans le cadre du régime étaient proportionnés aux objectifs visés. En outre, le régime ne semble pas satisfaire aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (15), ni à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (16). En effet, le régime n'est pas limité aux régions françaises éligibles aux aides à finalité régionale et ne tient nul compte des seuils prévus par l'encadrement multisectoriel précité. La Commission estime également à ce stade que le régime n'est pas conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides pour la protection de l'environnement (17) dans la mesure où les textes régissant le régime ne garantissent pas que les dispositions de cet encadrement soient respectées. Enfin, la Commission estime à ce stade que le régime ne satisfait pas aux conditions prévues par les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (18). En effet, la Commission a constaté à de nombreuses reprises que des aides pour l'achat de véhicules de transport ou actifs mobiles n'étaient, en principe, pas compatibles avec le marché commun.

(40)	De même, les avantages fiscaux accordés dans le cadre du régime précité ne sont pas liés à la réalisation des objectifs susmentionnés d'une manière précise et prévisible qui pourrait permettre à la Commission d'apprécier leur compatibilité.

(41)	Le régime en question ne semble pouvoir a priori bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87 du Traité. En conséquence, la Commission exprime ses doutes quant à la compatibilité du régime du GIE fiscal avec le marché commun.

5. CONCLUSION

(42)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. La Commission invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide. La Commission sollicite aussi les informations concernant le montant de l'aide accordé aux bénéficiaires du régime.

(43)

La Commission invite également la France et les tiers intéressés à présenter des observations et à fournir tout élément utile pour déterminer s'il existe, dans le chef des bénéficiaires du régime, une confiance légitime de nature à imposer la prévision de mesures transitoires. En particulier, la Commission invite les entreprises qui ont fait l'objet d'un refus des autorités françaises et celles qui ont pu obtenir un agrément au titre de l'article 39 CA de CGA de témoigner de leur cas individuel. Les parties intéressées, ayant déjà bénéficié du régime, sont invitées à répondre si elles auraient néanmoins réalisé leur investissement sans agrément du Ministre du Budget.

(44)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»

(1) DO C 74 de 10.3.1998.

(2) DO C 70 de 19.3.2002 (anteriormente, Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, DO C 107 de 7.4.1998).

(3) DO C 37 de 3.2. 2001 (anteriormente, Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, DO C 72 de 10.3.1994).

(4) DO C 13 de 17.1.2004 (anteriormente, Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo, DO C 205 de 5.7.1997).

(5) Ou autres “véhicules fiscaux transparents”.

(6) JO L 12 du 15.1.2002, p. 33.

(7) JO C 384 du 10.12.1998.

(8) Rapport no 449 (1997-1998) de MM. Alain LAMBERT et Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 26 mai 1998.

(9) CJCE 2 juillet 1974 dans l'affaire C-173/73 Italie/Commission.

(10) CJCE 12 juillet 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA et Société chimique de la Grande Paroisse SA contre Commission, aff. C-169/84, Rec. p. I-3083.

(11) 20 novembre 2003, aff. C-126/01.

(12) Cas N 96/b/03 loi de programme pour l'outre-mer: mesures fiscales en faveur des DOM, N 502/02 Caraïbes Air Transport programme 2002, N 427/03 Air Austral, N 474/03 Air Caraïbes programme 2003.

(13) 26 septembre 2002, aff. C-351/98.

(14) JO L 337 du 13.12.2002 (antérieurement les lignes directrices concernant les aides à l'emploi, JO C 334 du 12.12.1995).

(15) JO C 74 du 10.3.1998.

(16) JO C 70 du 19.3.2002 (antérieurement l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement JO C 107 du 7.4.1998).

(17) JO C 37 du 3.2.2001 (antérieurement l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnent JO C 72 du 10.3.1994).

(18) JO C 13 du 17.1.2004 (antérieurement orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime, JO C 205 du 5.7.1997).

		ISSN 1725-244X
Diario Oficial de la Unión Europea		C 89

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	48o año 13 de abril de 2005

Número de información	Sumario	Página
	I Comunicaciones
	Comisión
2005/C 089/1	Tipo de cambio del euro	1

2005/C 089/2	Anuncio de expiración de medidas antidumping	2

2005/C 089/3	Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús y de Rusia	3

2005/C 089/4	Anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de cloruro potásico originario de Belarús	7

2005/C 089/5	Procedimiento de información — Reglas técnicas ( 1 )	9

2005/C 089/6	Ayuda estatal — Francia — Ayuda estatal C 46/2004 (ex NN 65/2004) — Agrupaciones de interés económico fiscales: sistema de amortización en favor de determinadas empresas autorizadas por el Ministerio de Presupuesto — Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )	15

	Corrección de errores
2005/C 089/7	Corrección de errores de la nota informativa Días festivos en 2005(DO C 65 de 17.3.2005)	21

	Moneda	Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,2985
JPY	yen japonés	139,97
DKK	corona danesa	7,4502
GBP	libra esterlina	0,68540
SEK	corona sueca	9,1578
CHF	franco suizo	1,5494
ISK	corona islandesa	80,47
NOK	corona noruega	8,1760
BGN	lev búlgaro	1,9559
CYP	libra chipriota	0,5829
CZK	corona checa	29,893
EEK	corona estonia	15,6466
HUF	forint húngaro	245,93
LTL	litas lituana	3,4528
LVL	lats letón	0,6960
MTL	lira maltesa	0,4303
PLN	zloty polaco	4,0793
ROL	leu rumano	36 176
SIT	tólar esloveno	239,71
SKK	corona eslovaca	38,660
TRY	lira turca	1,7467
AUD	dólar australiano	1,6738
CAD	dólar canadiense	1,6022
HKD	dólar de Hong Kong	10,1272
NZD	dólar neozelandés	1,7983
SGD	dólar de Singapur	2,1388
KRW	won de Corea del Sur	1 315,90
ZAR	rand sudafricano	7,9634
CNY	yuan renminbi	10,7470
HRK	kuna croata	7,3950
IDR	rupia indonesia	12 318,87
MYR	ringgit malayo	4,934
PHP	peso filipino	70,346
RUB	rublo ruso	36,0630
THB	baht tailandés	51,511

Producto	País(es) de origen o de exportación	Medida	Referencia	Fecha de expiración
Cloruro potásico	Ucrania	Derecho antidumping	Reglamento (CEE) no 3068/1992 del Consejo (DO L 308 de 24.10.1992, p. 41) modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 992/2004 (DO L 182 de 19.5.2004, p. 23)	12.5.2005