ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 52

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

48o año
2 de marzo de 2005


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Comisión

2005/C 052/1

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación: 2,05 % a 1 de marzo de 2005 — Tipo de cambio del euro

1

2005/C 052/2

Anuncio de la próxima expiración de determinadas medidas antidumping y medidas compensatorias

2

2005/C 052/3

Anuncio de expiración de medidas antidumping

4

2005/C 052/4

Informe final del consejero auditor — En el asunto COMP/M.3333 — SONY/BMG (con arreglo al artículo 15 de la Decisión de la Comisión 2001/462/CE, CECA, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Dictamen del Comité Consultivo de Concentraciones emitido en la reunión no 127, celebrada el 9 de julio de 2004, en relación con un anteproyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.3333 — SONY/BMG ( 1 )

7

2005/C 052/6

Documentos COM distintos de las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión

8

2005/C 052/7

Ayudas estatales — Grecia — Ayuda estatal C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Ayudas a las empresas de los departamentos de Kastoria y Eubea (decreto ministerial no 69836/B1461, modificado por los decretos nos 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 y 72742/B1723) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

9

2005/C 052/8

Procedimiento de información — Reglas técnicas ( 1 )

18

2005/C 052/9

Ayudas estatales — Italia — Ayuda estatal — C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — letra a) del apartado 2 del artículo 99 (en lo relativo al sector agrícola) y apartados 1 y 2 del artículo 124 de la Ley regional no 32/2000: Disposiciones relativas a la aplicación del POP 2000-2006 y la remodelación de los regímenes de ayudas a las empresas (Sicilia). — Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

23

 

Banco Central Europeo

2005/C 052/0

Dictamen del Banco Central Europeo, de 17 de febrero de 2005, solicitado por el Consejo de la Unión Europea sobre una propuesta de dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo que refunden respectivamente la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (CON/2005/4)

37

 

II   Actos jurídicos preparatorios

 

Comisión

2005/C 052/1

Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión

47

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Comisión

2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/1


Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación (1):

2,05 % a 1 de marzo de 2005

Tipo de cambio del euro (2)

1 de marzo de 2005

(2005/C 52/01)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3216

JPY

yen japonés

137,90

DKK

corona danesa

7,4420

GBP

libra esterlina

0,68790

SEK

corona sueca

9,0517

CHF

franco suizo

1,5357

ISK

corona islandesa

80,25

NOK

corona noruega

8,2120

BGN

lev búlgaro

1,9559

CYP

libra chipriota

0,5834

CZK

corona checa

29,630

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

241,78

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6961

MTL

lira maltesa

0,4311

PLN

zloty polaco

3,8763

ROL

leu rumano

36 281

SIT

tólar esloveno

239,71

SKK

corona eslovaca

37,838

TRY

lira turca

1,6941

AUD

dólar australiano

1,6771

CAD

dólar canadiense

1,6306

HKD

dólar de Hong Kong

10,3082

NZD

dólar neozelandés

1,8201

SGD

dólar de Singapur

2,1448

KRW

won de Corea del Sur

1 327,55

ZAR

rand sudafricano

7,7193


(1)  Tipo aplicado a la más reciente operación llevada a cabo antes del día indicado. En el caso de una licitación con tipo variable, el tipo de interés es el índice marginal.

(2)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/2


Anuncio de la próxima expiración de determinadas medidas antidumping y medidas compensatorias

(2005/C 52/02)

1.

Τal como establece el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995 (1) sobre defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea y el apartado 4 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (2) sobre defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea, la Comisión comunica que las medidas antidumping y las medidas compensatorias mencionadas más abajo, salvo que se inicie una reconsideración de conformidad con el procedimiento que se indica a continuación, expirarán en la fecha que figura en el cuadro que se recoge al final del presente anuncio.

2.   Procedimiento

Los productores comunitarios podrán presentar por escrito una solicitud de reconsideración que deberá aportar pruebas suficientes de que la expiración de las medidas podría dar lugar a una continuación o reaparición del dumping/de las subvenciones y del perjuicio.

En caso de que la Comisión decida reconsiderar las medidas, los importadores y exportadores, los representantes del país exportador y los productores de la Comunidad podrán completar, refutar o comentar los elementos contenidos en la solicitud de reconsideración.

3.   Plazo

Con arreglo a lo antes citado, los productores comunitarios deberán remitir por escrito la solicitud de reconsideración a la Comisión Europea, Dirección General de Comercio (División B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruselas (3), a partir de la fecha de publicación del presente anuncio y, a más tardar, tres meses antes de la fecha que figura en el cuadro.

4.

El presente anuncio se publica de conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995 y de conformidad con al apartado 4 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997.

Producto

País(es) de origen o de exportación

Medida

Referencia

Fecha de expiración

PET

(politereftalato de etileno)

India

Indonesia

República de Corea

Malasia

Taiwán

Tailandia

Derecho antidumping

Reglamento (CE) no 2604/2000 del Consejo (DO L 301 de 30.11.2000, p. 21) modificado por última vez por Reglamento (CE) no 83/2005 (DO L 19 de 21.1.2005, p. 1)

1.12.2005

 

India

Indonesia

Compromisos

Decisión de la Comisión no 2000/745/CE (DO L 301 de 30.11.2000, p. 88) modificada por última vez por Decisión no 2002/232/CE (DO L 78 de 21.3.2002, p. 12)

1.12.2005

PET

(politereftalato de etileno)

India

Malasia

Tailandia

Derecho compensatorio

Reglamento (CE) no 2603/2000 del Consejo (DO L 301 de 30.11.2000, p. 1) modificado por última vez por Reglamento (CE) no 822/2004 (DO L 127 de 29.4.2004, p. 3)

1.12.2005

 

India

Compromiso

Decisión de la Comisión no 2000/745/CE (DO L 301 de 30.11.2000, p. 88)

1.12.2005

Balanzas electrónicas

República Popular de China

República de Corea

Taiwán

Derecho antidumping

Reglamento (CE) no 2605/2000 del Consejo (DO L 301 de 30.11.2000, p. 42)

1.12.2005


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 12).

(2)  DO L 288 de 21.10.1997, p. 1. Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 12).

(3)  Télex COMEU B 21877; Fax: (32-2) 295 65 05.


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/4


Anuncio de expiración de medidas antidumping

(2005/C 52/03)

No habiéndose recibido ninguna solicitud de reconsideración tras la publicación del anuncio de su inminente expiración (1), la Comisión comunica que las medidas antidumping abajo mencionadas expirarán próximamente.

El presente anuncio se publica, con arreglo al apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo de 22 de diciembre de 1995 (2) relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.

Producto

País(es) de origen o de exportación

Medida

Referencia

Fecha de expiración

Balanzas electrónicas

Japón

Derecho antidumping

Reglamento (CE) no 468/2001 del Consejo (DO L 67 de 9.3.2001, p. 24)

10.3.2005

Balanzas electrónicas

Singapur

Derecho antidumping

Reglamento (CE) no 469/2001 del Consejo (DO L 67 de 9.3.2001, p. 37)

10.3.2005


(1)  DO C 214 de 26.8.2004, p. 2.

(2)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 12).


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/5


INFORME FINAL DEL CONSEJERO AUDITOR

EN EL ASUNTO COMP/M.3333 — SONY/BMG

(con arreglo al artículo 15 de la Decisión de la Comisión 2001/462/CE, CECA, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)

(2005/C 52/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El proyecto de decisión da lugar a las siguientes observaciones:

Procedimiento escrito

Recordemos que el 9 de enero de 2004 las empresas Bertelsmann AG («Bertelsmann») y Sony Corporation of America, perteneciente al grupo japonés Sony («Sony») (1), notificaron a la Comisión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (2) («el Reglamento sobre concentraciones»), la concentración de sus actividades a escala mundial relativas a música grabada.

Mediante decisión de 12 de febrero de 2004 la Comisión incoó un procedimiento de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento sobre concentraciones.

El procedimiento fue suspendido entre el 7 de abril y el 5 de mayo de 2004 de conformidad con el apartado 5 del artículo 11 del Reglamento sobre concentraciones, pues las partes no habían respondido completamente a la petición de información que les fue remitida.

El 24 de mayo de 2004 se envió un pliego de cargos a las partes notificantes.

Se pidió a las partes notificantes que respondieran antes del 9 de junio de 2004, plazo que fue respetado.

Acceso al expediente

El acceso al expediente se concedió a las partes notificantes el 19 de mayo de 2004.

Tras una reunión entre mí mismo, los representantes de las partes notificantes y el equipo encargado del asunto, que tuvo lugar el 1 de junio de 2004, concedí acceso a información adicional recogida en el expediente de la Comisión.

Para poder acceder a datos confidenciales de terceros en la sala de datos de la Comisión, los economistas de las partes notificantes firmaron una declaración de confidencialidad cuyo contenido había sido aprobado por Universal Music International, Warner Music Group y EMI Group. Con el consentimiento de las partes notificantes y las terceras partes, controlé el cumplimiento de esta cláusula.

Finalmente, se concedió a las partes notificantes un mayor acceso al expediente el 10 de junio de 2004, cuando se les facilitó la versión no confidencial de los documentos presentados por European Broadcasting Association y Apple Computer Inc.

Implicación de terceros

Admití a las siguientes empresas como terceros, con arreglo a la letra c) del artículo 11 del Reglamento (CE) no 447/98 de la Comisión: Apple Computer Inc., Universal Music International, Syndicat des Détaillants Spécialisés du Disque y Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, Organización Europea de Consumidores, Unión Europea de Difusión, Playlouder, IMPALA, Foro Internacional de Administradores de Música, Sociedad Sueca de Compositores de Música Popular, EMI Group, Warner Music Group, y Time Warner Inc. Para ponerles al corriente del asunto y del procedimiento, la Dirección General de Competencia les envió una versión confidencial del pliego de cargos, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) no 447/98 de la Comisión.

Audiencia oral

Una audiencia oral tuvo lugar el 14 y 15 de junio de 2004.

La mayoría de las terceras partes que habían participado en el procedimiento también asistieron a dicha audiencia.

EMI Group y Warner Music Group pidieron ser admitidos como observadores en la audiencia oral. Como ya había comunicado anteriormente a ambas empresas por escrito, considero que las audiencias no son ocasiones en que se deba permitir a terceros interesados asistir sin participar activamente. Por lo tanto, su admisión estaba supeditada a su voluntad de presentar sus opiniones durante la audiencia. Puesto que no estaban en condiciones de hacerlo, no fueron admitidas.

A pesar de su no admisión a la audiencia oral, considero que ambas empresas, así como los restantes terceros han tenido suficientes posibilidades de participar en el procedimiento en curso y garantías de que sus opiniones han sido conocidas por los servicios de la Comisión. Todos los terceros han tenido la oportunidad de conocer en profundidad las cuestiones planteadas en el curso del procedimiento y algunos de ellos hicieron contribuciones completas al análisis de la Comisión, tanto antes de la publicación del pliego de cargos como después de haber recibido la versión no confidencial del pliego.

Teniendo en cuenta las respuestas de las partes al pliego de cargos y las explicaciones dadas durante la audiencia oral, la Dirección General de Competencia ha concluido que las objeciones que había recogido en el pliego no están fundamentadas.

Por todo ello considero que se han respetado los derechos a ser oídos de todos los participantes en el presente procedimiento.

Bruselas, a 13 de julio de 2004.

(firmado)

Serge DURANDE


(1)  En lo sucesivo denominadas «las partes notificantes».

(2)  DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; corrección de errores, DO L 257 de 21.9.1990, p. 13, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1319/97, DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; corrección de errores, DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/7


Dictamen del Comité Consultivo de Concentraciones emitido en la reunión no 127, celebrada el 9 de julio de 2004, en relación con un anteproyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.3333 — SONY/BMG

(2005/C 52/05)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la operación notificada constituye una concentración a efectos de lo dispuesto en el Reglamento sobre operaciones de concentración (CEE) no 4064/89 y en que presenta dimensión comunitaria con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento.

2.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los mercados de producto de referencia son:

a)

música grabada, que puede subdividirse en mercados separados para diferentes géneros y para recopilaciones,

b)

música en línea, que se divide en un mercado de venta al por mayor para licencias de música en línea y un mercado de venta al por menor para la distribución de la música en línea,

c)

edición de música, que puede subdividirse en mercados separados para derechos de reproducción mecánica, derechos de ejecución, derechos de sincronización, derechos de impresión y otros derechos.

3.

El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que los mercados de productos de referencia son de alcance nacional excepto en el caso de la edición de música, donde no es preciso definir el mercado geográfico.

4.

La mayoría del Comité coincide con la Comisión en que la concentración notificada no crearía ni fortalecería una posición dominante colectiva en los mercados de:

a)

música grabada o

b)

venta al por mayor de licencias para música en línea.

Una minoría disiente de la Comisión.

5.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la concentración notificada no crearía una posición dominante individual en:

a)

los mercados de música grabada de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, y

b)

los mercados nacionales de distribución de música en línea.

6.

La mayoría de los miembros del Comité coincide con la Comisión en que la concentración notificada no tendrá como efecto la coordinación del comportamiento competitivo de Sony y Bertelsmann en los mercados de la edición de música. Una minoría disiente de la Comisión.

7.

La mayoría del Comité coincide con la Comisión en que la concentración notificada no crearía ni fortalecería una posición dominante como consecuencia de la cual se vería obstaculizada la competencia de manera significativa en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, y en que la concentración, por consiguiente, es compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE. Una minoría discrepa de la Comisión.

8.

El Comité recomienda la publicación de su dictamen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

9.

El Comité recomienda a la Comisión que tome en consideración las demás observaciones formuladas durante el debate.


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/8


Documentos COM distintos de las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión

(2005/C 52/06)

Documento

Parte

Fecha

Título

COM(2004) 447

 

30.6.2004

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: Servicios móviles de banda ancha

COM(2004) 480

 

13.7.2004

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hacia una asociación mundial para la sociedad de la información: la realización de los principios de la Cumbre de Ginebra — Propuestas de la Comisión para la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)

COM(2004) 642

 

12.10.2004

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO Y DEL PARLAMENTO EUROPEO sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior

COM(2004) 694

 

22.10.2004

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Seguimiento del Libro Blanco «Nuevo impulso para la juventud europea»: balance de las acciones llevadas a cabo en el marco de la cooperación europea en el ámbito de la juventud

COM(2004) 701

 

20.10.2004

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO: Lucha contra el terrorismo: preparación y gestión de las consecuencias

COM(2004) 702

 

20.10.2004

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO: Protección de las infraestructuras críticas en la lucha contra el terrorismo

COM(2004) 757

 

19.11.2004

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: Retos para la sociedad de la información europea con posterioridad a 2005

COM(2004) 818

 

20.12.2004

INFORME DE LA COMISIÓN: «AVANCE HACIA LOS OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD CON ARREGLO AL PROTOCOLO DE KIOTO»

COM(2004) 833

 

27.12.2004

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo

COM(2005) 9

 

25.1.2005

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre la posible introducción de la identificación electrónica para animales de la especie bovina

COM(2005) 20

 

28.1.2005

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO: Estrategia comunitaria sobre el mercurio

COM(2005) 25

 

28.1.2005

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO No 1 AL PRESUPUESTO DE 2005 — ESTADO GENERAL DE INGRESOS — ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIÓN — Sección III — Comisión

Estos textos se encuentran disponibles en EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/9


AYUDAS ESTATALES — GRECIA

Ayuda estatal C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Ayudas a las empresas de los departamentos de Kastoria y Eubea (decreto ministerial no 69836/B1461, modificado por los decretos nos 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 y 72742/B1723)

Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 52/07)

Por carta de 16.6.2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Grecia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura

Dirección H2

Despacho: Loi 130 5/120

B-1049 Bruselas

Fax: +32 2 2967672

Dichas observaciones serán comunicadas a Grecia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Los decretos anteriormente mencionados disponen varias medidas de ayuda en favor de empresas artesanales e industriales. Parece que algunas empresas del sector agrícola se han beneficiado igualmente de estas medidas, a saber:

a)

consolidación, en un nuevo empréstito con bonificación de intereses y posibilidades de carencia, de cuantiosas deudas ligadas a préstamos concedidos para inversiones y/o la constitución/alimentación de capital circulante;

b)

concesión de garantía estatal para la operación de renegociación de la deuda;

c)

aplicación de un tipo preferencial incluso antes de la bonificación de intereses.

Estas medidas están destinadas a empresas con problemas de liquidez.

Evaluación

En la fase actual, la Comisión alberga dudas acerca de la compatibilidad de esta medida con el mercado común, dado que:

en respuesta a la solicitud de aclaraciones sobre las ayudas en cuestión, las autoridades griegas indicaron que los decretos arriba mencionados no se habían notificado porque estimaban que las ayudas en ellos previstas no constituían ayudas estatales en virtud del apartado 1 del artículo 87 del Tratado; añadían, además, que, si bien no conocían exactamente el número de beneficiarios, los importes de dichas ayudas habían de inscribirse probablemente en la regla de minimis,

dado que la regla de minimis no es aplicable al sector agrario y que los decretos aquí tratados están destinados a empresas con problemas de liquidez, las ayudas han de analizarse en función de las distintas reglas que han venido aplicándose al salvamento y la reestructuración de empresas en dificultades desde la entrada en vigor del primero de dichos decretos; no obstante, las informaciones disponibles no permiten determinar si se han respetado esas reglas,

con referencia al sector agrario, las informaciones disponibles no permiten determinar si la garantía estatal se otorgó en cumplimiento de las distintas reglas aplicables a las ayudas estatales en forma de garantías desde la entrada en vigor del primero de los decretos mencionados;

en los sectores industrial y de la artesanía, la regla de minimis es sin duda aplicable, pero, dado que las autoridades griegas no conocen el número de beneficiarios de las medidas previstas por los decretos y que los topes se calculan para un periodo de tres años y no para una operación excepcional, es imposible determinar si las ayudas previstas por los decretos pueden efectivamente inscribirse en la regla de minimis; en tal situación, las ayudas deben igualmente analizarse en función de las distintas reglas aplicables al salvamento y la reestructuración de empresas con dificultades desde la entrada en vigor del primero de los decretos antes citados; no obstante, las informaciones disponibles no permiten determinar si esas reglas se han respetado,

en estos mismos sectores, las informaciones disponibles no permiten determinar si la garantía estatal de ha otorgado dentro del respeto de las distintas reglas aplicables a las ayudas estatales en forma de garantías desde la entrada en vigor del primero de los decretos arriba mencionados.

TEXTO DE LA CARTA

«1.

Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιμή να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.

Περιήλθαν στην Επιτροπή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκαν το 1993 όπως και στη διάρκεια των επομένων ετών, ορισμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις των νομών Καστοριάς και Εύβοιας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ρύθμισης (αναδιαπραγμάτευσης) οφειλών, που διέπεται από τις ανωτέρω αποφάσεις. Οι ενισχύσεις αυτές, οι οποίες σύμφωνα με τον τίτλο των προαναφερομένων αποφάσεων θα περιορίζονταν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, φέρονται να έχουν επίσης χορηγηθεί στον γεωργικό τομέα, και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης/εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

3.

Με επιστολή της 27ης Μαΐου 2003, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές να τους κοινοποιήσουν, εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων, το κείμενο των εν λόγω αποφάσεων όπως και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ενόψει εξέτασης των διατάξεών τους βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

4.

Με επιστολή της 10ης Ιουλίου 2003, που πρωτοκολλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2003, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στις υπηρεσίες της Επιτροπής σημείωμα των ελληνικών αρχών με το οποίο οι τελευταίες ζητούσαν παράταση ενός μηνός της ανωτέρω στο σημείο 3 προθεσμίας.

5.

Με επιστολή της 4ης Αυγούστου 2003, που πρωτοκολλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2003, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τις πληροφορίες που ζητήθηκαν με την επιστολή της 27ης Μαΐου 2003.

6.

Από την εξέταση των πληροφοριών αυτών προέκυψε ότι οι ενισχύσεις είχαν πράγματι καταβληθεί χωρίς την έγκριση της Επιτροπής. Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, υπ' αριθ. NN 153/03.

7.

Η παρούσα απόφαση αναφέρεται στις διατάξεις της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461, και μόνον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις αριθ. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 και 72742/B1723. Οι διατάξεις των αποφάσεων αριθ. 66336/B.1398 της 14.9.93 και 30755/B1199 θα εξεταστούν στο πλαίσιο άλλου φακέλου, δεδομένου ότι, βάσει των σήμερα διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται να αφορούν άλλους από τους αναφερόμενους στο θέμα νομούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 69836/B.1461 της 30 Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλομένων υπολοίπων χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Καστοριάς και Εύβοιας, προβλέπει τα ακόλουθα:

το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο,

το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες από το λογαριασμό του Νόμου 128/75 (1), κατά τα πέντε πρώτα έτη, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως τη δική του συμμετοχή,

το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες,

οι υπαγόμενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας,

ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 1994,

οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993,

σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση,

εναλλακτικώς, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της επιδοτήσεως του επιτοκίου των 10 εκατοστιαίων μονάδων επί πέντε έτη για τις υφιστάμενες οφειλές την 30 Ιουνίου 1993 για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε δραχμές και σε συνάλλαγμα.

9.

Η υπαγωγή στις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή ρυθμίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθούν επί της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991-1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση μέχρι την ημέρα της ρύθμισης των δανείων (ημερομηνία υπογραφής του νέου δανειακού συμφώνου),

οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,

ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονομικών,

στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους, η εφαρμογή των μέτρων του ανωτέρω σημείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου των Αναπτυξιακών Νόμων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 11 των Αναπτυξιακών Νόμων,

στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234 της 31ης Οκτωβρίου 1991 με επιδότηση 4 %, η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νομών Καστοριάς και Εύβοιας) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόμενης απόφασης.

10.

Η απόφαση αριθ. 2035824/5887 της 1ης Ιουνίου 1994:

α)

αντικαθιστά το κεφάλαιο 1 της απόφασης 69836/B1461 (βλ. σημείο 7) με το ακόλουθο κείμενο:

“1.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια τραπεζών (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο.

Το επιτόκιο των νέων δανείων, για το τμήμα τους που καλύπτεται από την εγγύηση του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας, ορίζεται ίσο με αυτό των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο με πέντε εκατοστιαίες μονάδες, ενώ για το τμήμα των νέων δανείων που δεν καλύπτεται με την εγγύηση του δημοσίου, θα καθορίζεται ύστερα από συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

Το επιτόκιο αυτό (και στις δύο περιπτώσεις) επιδοτείται, κατά τα πέντε πρώτα έτη, με δέκα εκατοστιαίες μονάδες από τον λογαριασμό του Ν 128/75, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως και τη δική του συμμετοχή.

Οι υπαγόμενες στην παρούσα απόφαση οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας.

Ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 1994.

Οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταπέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση.”,

β)

προβλέπει τα εξής:

το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ανεπιφύλακτα, παραιτούμενο του δικαιώματος της προβολής της ένστασης της δίζησης, την εγγύησή του προς τις τράπεζες για την κάλυψη οφειλών μέχρι ποσού δραχμών 150 εκατομ. (440 205 €), κατά επιχείρηση, που θα ρυθμιστούν σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 69836/B1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, όπως θα ισχύει μετά από τα οριζόμενα στο ανωτέρω κεφάλαιο Ι,

στην περίπτωση που επιχείρηση έχει οφειλές προς ρύθμιση σε περισσότερες της μιας Τράπεζες συνολικού ποσού μεγαλύτερου των δραχμών 150 000 000 εκατομ. (440 205 €), τότε θα έχει την εγγύηση του δημοσίου πρώτα η τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος οφειλών και θα ακολουθούν οι άλλες τράπεζες πάλι με κριτήριο το ύψος των οφειλών (από μεγαλύτερο προς μικρότερο) μέχρι συμπληρώσεως του ως άνω καθοριζόμενου ορίου εγγύησης των δραχμών 150 000 000 (440 205 €),

οι τράπεζες, σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής δύο συνεχόμενων ληξιπρόθεσμων δόσεων, πρέπει να κηρύσσουν αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών και εφόσον θέλουν να εξοφληθούν από τον εγγυητή Ελλ. Δημόσιο θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτό (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διεύθυνση 25-Δ) μετά από προηγούμενη βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε βάρος της κάθε οφειλέτριας επιχείρησης, του συνολικού ποσού των απαιτήσεών τους, στον ειδικό λογαριασμό “ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΑΧΚΕΕΔ)”,

το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των απαιτήσεων των τραπεζών που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό (από κεφάλαιο και τόκους) των ρυθμιζόμενων οφειλών και όσους από τους νέους τόκους, μέχρι κι'ένα τρίμηνο κατ'ανώτατο όριο μετά την κήρυξη του δανείου ως ληξιπρόθεσμου και απαιτητού, αναλογούν πάνω στο εγγυημένο τμήμα των ρυθμιζόμενων οφειλών και τέλος, όσα από τα αναλογούντα συναφή έξοδα, που αφορούν χρονικό διάστημα για το οποίο καλύπτονται από το Δημόσιο ανεξόφλητοι τόκοι, είναι ανεξόφλητα.

11.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994:

α)

μετά το τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου Ι της απόφασης αριθ. 69836/B.1461 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2035824/5887 (βλ. σημείο 9) παρεμβάλλει το εξής εδάφιο:

“Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, χορηγείται περίοδος χάριτος για ενάμισυ έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των 10 ετών και υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη πενταετής επιδότηση του επιτοκίου των ρυθμιζομένων οφειλών θα μειωθεί από 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν την 31η Δεκεμβρίου 1994, θα προστεθούν το αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν με αυτό ενιαία σε 17 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1η Ιουλίου 1995.”·

β)

διατυπώνει τις εξής διευκρινίσεις:

η διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 69836/B1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, σύμφωνα με την οποία, “εναλλακτικώς οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της επιδοτήσεως του επιτοκίου των 10 εκατοστιαίων μονάδων επί πέντε έτη για τις υφιστάμενες οφειλές την 30.6.1993 για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε δραχμές και σε συνάλλαγμα” (βλ. τελευταία περίπτωση του σημείου 7), εξακολουθεί να έχει ισχύ μόνο για όσες επιχειρήσεις είχαν αποδεδειγμένα ζητήσει από τις τράπεζες την υπαγωγή τους σ' αυτή και μόνο σ' αυτή, μέχρι την ημέρα έκδοσης της αριθ. 035824/5887 της 1ης Ιουνίου 1994 απόφασής μας με την οποία απαλείφθηκε η διάταξη αυτή,

στη ρύθμιση της δεκαετούς εξόφλησης υπάγεται το σύνολο των υφισταμένων την 30ή Ιουνίου 1993 οφειλών από δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης. Για τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια οι καταβολές που τυχόν έχουν γίνει μετά την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης, θα άγονται σε εξόφληση των δόσεων και τόκων του νέου δανείου που προκύπτει από τη ρύθμιση. Για τα κεφάλαια κίνησης τα υφιστάμενα την 30ή Ιουνίου 1993 ποσά που εξοφλήθηκαν μερικά ή ολικά μετά την ημερομηνία αυτή και επαναχορηγήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν πριν την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης, μπορούν να ρυθμιστούν υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό της οφειλής που υφίστατο την 30ή Ιουνίου 1993. Τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1η Ιουλίου 1993 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης και δεν επαναχορηγήθηκαν θα παραμείνουν σε έντοκο λογαριασμό στην τράπεζα προς εξόφληση δανείων και τόκων του νέου δανείου που προκύπτει από τη ρύθμιση.

12.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 2071670/11297 της 9ης Νοεμβρίου 1994 προβλέπει την παροχή της εγγυήσεως του Δημοσίου για τη ρύθμιση των προαναφερομένων οφειλών. Η εγγύηση αυτή ισχύει με τον όρο της διατήρησης των ασφαλειών που έχουν συσταθεί στις Τράπεζες.

13.

Τέλος, η απόφαση αριθ. 72742/B1723 επιφέρει ορισμένες τελευταίες τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 69836/B1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, όπως επίσης και σε μια άλλη απόφαση υπ' αριθ. 66336/B1398, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1993, ορίζοντας τα ακόλουθα:

“Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/B1199 της 21.7.94 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994, έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που βαρύνει το λογαριασμό του Ν 128/75, δεν θα είναι μεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μία επιχείρηση όταν κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/B1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994.”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

14.

Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Στο παρόν στάδιο, το εξεταζόμενο μέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί με τον ορισμό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισμένων τρεχουσών δαπανών (των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/B1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, αλλά επίσης, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του τομέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000 ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και 17,6 % το 2001).

15.

Εντούτοις, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισμένα μέτρα δύνανται, κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά.

16.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να προταθεί μόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

17.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ενδεχομένως περιέχουν ορισμένες μορφές κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν οριστεί και χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες αρχές (βλ. σημείο 8 δεύτερη περίπτωση και υποσημείωση αριθ. 1):

α)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς διάρκειας, υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχόμενων από τραπεζικά δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης·

β)

ο υπολογισμός των τόκων ανά εξάμηνο αντί του τρίμηνου που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει δάνεια·

γ)

η παροχή της εγγυήσεως του Δημόσιου μέχρι ποσού 150 εκατομμυρίων δραχμών (440 205 €)·στο πλαίσιο της εγγύησης αυτής, το ελληνικό Δημόσιο εξοφλεί τις απαιτήσεις των Τραπεζών και αναλαμβάνει εξίσου την υποχρέωση να καταβάλει τους αναλογούντες νέους τόκους, μέχρι και ένα τρίμηνο μετά τη κήρυξη του δανείου ως ληξιπροθέσμου, καθώς και τα αναλογούντα συναφή έξοδα (βεβαίως, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν στη σύσταση ασφαλειών για να συμμετάσχουν στο σύστημα ενισχύσεων, αλλά στο παρόν στάδιο, δεν διαθέτουμε καμιά πληροφορία όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του ποσού των ασφαλειών και αυτού της εγγύησης)·

δ)

η εφαρμογή, στο τμήμα εκείνο των δανείων που καλύπτει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, επιτοκίου ισοδύναμου προς αυτό των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες (η προσαύξηση ανήλθε σε 5 μονάδες βάσει της αποφάσεως αριθ. 2035824/5887 της 1ης Ιουνίου 1994)· η υφιστάμενη πριν από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις υπαγόμενες στη ρύθμιση των οφειλών τους επιχειρήσεις και των επιτοκίων που επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εμφαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα (με την προβλεπόμενη από τις αποφάσεις αριθ. 69836/B1461 και 2035824/5887 προσαύξηση) (2):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ %

(+ προσαύξηση)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (%)

30.6.1993

21,25 + 2 = 23,25

28,60

31.12.1993

20,25 + 2 = 22,25

15.7.1994

20,25 + 5 = 25,25

27,40

16.12.1994

17,75 + 5 = 22,75

17.7.1995

15,50 + 5 = 20,50

23,10

18.12.1995

13,90 + 5 = 18,90

1.7.1996

13,30 + 5 = 18,90

21

2.12.1996

11,50 + 5 = 16,50

1.7.1997

9,60 + 5 = 14,60

18,20

10.12.1997

11,30 + 5 = 16,30

1.7.1998

11,70 + 5 = 16,70

18,60

2.12.1998

10,50 + 5 = 15,50

2.7.1999

8,69 + 5 = 13,69

15,00

17.12.1999

8,26 + 5 = 13,26

28.7.2000

6,22 + 5 = 11,22

12,33

22.12.2000

4,59 + 5 = 9,59

30.8.2001

3,74 + 5 = 8,74

8,58

13.12.2001

3,02 + 5 = 8,02

6.6.2002

3,72 + 5 = 8,72

7,40

28.11.2002

2,69 + 5 = 7,69

7,24

ε)

η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα μονάδες επί του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα προσαυξημένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του ανωτέρω πίνακα)·

στ)

η δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος για ενάμισυ έτος (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994), υπό τον όρο μείωσης επιδότησης επιτοκίου από 10 μονάδες σε 8,5 μονάδες· στο μέτρο όμως που η πρώτη δόση θα έπρεπε να καταβληθεί την 1η Ιουλίου 1995, η περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή διαρκεί στην πραγματικότητα δύο έτη·

ζ)

η δυνατότητα για τους δικαιούχους, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 72742/B1723, να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος που τους βαρύνουν, αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν· στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση επιτοκίου ορίζεται εκ νέου σε 10 μονάδες·

η)

η αποδέσμευση των ασφαλειών που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις από τις υποβοηθούμενες επιχειρήσεις, η οποία προβλέπεται από την απόφαση αριθ. 2071670/11297· όσον αφορά τις οφειλές που καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διατηρούνται οι εμπράγματες επί των παγίων στοιχείων ασφάλειες, οι λοιπές εμπράγματες επί των εξωεπιχειρηματικών ακινήτων, οι ενοχικές και αυτές επί των χρεογράφων και αξιογράφων που καλύπτουν μέχρι και το 100 % της οφειλής·οι ασφάλειες οι σχετικές με ποσά που υπερβαίνουν το ποσό της οφειλής αποδεσμεύονται· όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή, οι τράπεζες συχνά χρεώνουν έξοδα με τα οποία οι απαιτήσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό του δανείου.

18.

Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρμογής τους στον γεωργικό τομέα και αυτήν της εφαρμογής τους στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, λαμβανομένων γενικότερα υπόψη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές στις 4 Αυγούστου 2003, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2003.

Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα

19.

Η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι, στην επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, οι ελληνικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν είχαν κοινοποιήσει τις εν λόγω ενισχύσεις επειδή θεωρούσαν ότι δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της συνθήκης. Ανέφεραν επίσης ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ύψος της επιδότησης επιτοκίου ανήλθε κατά την περίοδο της εφαρμογής των αποφάσεων στα 47 εκατομμύρια ευρώ· όσον αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του Δημοσίου, ανήλθαν σε 7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο Δημόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία ανά επιχείρηση και νομό, μπορούσαν ωστόσο να εκτιμήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα de minimis.

20.

Καθώς πρόκειται για μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τους ισχύοντες κατά τον χρόνο της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23.3 δεύτερο εδάφιο των κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (3).

21.

Αλλά, κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 69836/B1461 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας de minimis, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 1992 (4), δεν είχε εφαρμογή στον γεωργικό τομέα (5).

22.

Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς ο εν λόγω κανόνας προβάλλεται ρητά από τις ελληνικές αρχές για δικαιολόγηση των ενισχύσεων, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των ενισχύσεων αυτών με την κοινή αγορά.

23.

Πράγματι, δυνάμει της απόφασης αριθ. 69836/B1461, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους (βλ. ανωτέρω σημείο 9), πράγμα που σημαίνει ότι κατά τον χρόνο της ρύθμισης θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν προβλήματα (το στοιχείο αυτό αποτυπώνεται στο προοίμιο της απόφασης αριθ. 2045909/7431/0025, η οποία αναφέρει την ανάγκη υποβοήθησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Καστοριάς και Εύβοιας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας).

24.

Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 69836/B1461, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ανωτέρω περιγραφόμενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη λειτουργία, οι οποίες δεν μπορούσαν, καταρχήν, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά παρά μόνον εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:

α)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηματοοικονομικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηματοδότηση ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων,

β)

το σωρευτικό ισοδύναμο επιδότησης των ενισχύσεων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ·

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τα τομεακά προγράμματα ή με κάποιον από τους στόχους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1) για τα λοιπά σχέδια, στο μέτρο που δεν αποκλείονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·

γ)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν μεταγενέστερες αναπροσαρμογών των επιτοκίων των νέων δανείων που πραγματοποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά βάρη των υφιστάμενων δανείων είναι τέτοια που να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων ή και να κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν.

25.

Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (6). Το σημείο 4.4 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ορίζει ότι “όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, [οι κατευθυντήριες γραμμές] θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ημερομηνία, σε περίπτωση δε που η Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του(των) συγκεκριμένου(ων) κράτους(κρατών) μέλους(μελών) βάσει του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της Συνθήκης”.

26.

Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές, στις 9 Οκτωβρίου 1999 (7). Στο σημείο 6.3 των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται ότι “τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν και που παραμένουν σε ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραμμίσουν με τις … κατευθυντήριες γραμμές … μετά την ημερομηνία αυτή ”. Επίσης, “για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την προσαρμογή αυτή, τα κράτη μέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, κατάσταση με όλα αυτά τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις … κατευθυντήριες γραμμές”.

27.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς οι ελληνικές αρχές ανέφεραν, στην επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, ότι η ισχύς των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων είχε λήξει, χωρίς να διευκρινίζουν την ημερομηνία που κατέστησαν ανενεργείς (8), η Επιτροπή οφείλει να προβεί στην εξέταση των εν λόγω μέτρων λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερόμενους στα σημεία 24 έως 26 κανόνες.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997

28.

Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης Δεκεμβρίου 1997 (για τους παρατιθέμενους στο σημείο 25 λόγους), η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:

οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια για επενδύσεις· όμως, στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση φαίνεται ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση και/ή τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια (για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθμιση είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο στόχο 1,

ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηματοδοτηθείσες από τα δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση ήταν σύμφωνες με τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας (9), όπως επίσης προς τα οριζόμενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας και για την κατάργηση της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (10).

29.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων στο σημείο 24 προϋποθέσεων, και συνεπώς όσον αφορά το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997.

30.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461 (11).

Πιθανές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 30ής Ιουνίου 2000

31.

Η Επιτροπή, ελλείψει πληροφοριών, δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προβεί στην προσαρμογή των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997. Μπορεί ωστόσο να διατυπώσει την ανησυχία ότι δεν έπραξαν κάτι τέτοιο, στο μέτρο που, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 19, θεωρούσαν ότι τα μέτρα δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης.

32.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

33.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (12).

Πιθανές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2000

34.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1999. Μπορεί ωστόσο να διατυπώσει την ανησυχία ότι δεν έπραξαν κάτι τέτοιο, για τους προαναφερόμενους στο σημείο 30 λόγους.

35.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

36.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (13).

Όσον αφορά το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα

37.

Στους δύο αυτούς τομείς, ο κανόνας de minimis στον οποίο παραπέμπουν οι αρχές, όντως εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ. ανωτέρω σημείο 19) υπάγονται στον κανόνα de minimis (ότι δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόμενα στο σημείο 21 κείμενα και στην υποσημείωση της σελίδας 6), στο μέτρο που δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων που υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σημείο μας υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο ήταν οι ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο μέτρο που τα ανώτατα όρια τα υπαγόμενα στον κανόνα de minimis υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη.

38.

Σε μια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των εν λόγω δύο νομών υπάγονται πράγματι στον κανόνα de minimis, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην ανάλυση των εν λόγω μέτρων με βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύσσονται στο ανωτέρω σημείο 23, οι εν λόγω κανόνες είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461, και συγκεκριμένα, κατά σειρά:

α)

οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (14)·

β)

οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1994 (15), που επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τους δύο εξεταζόμενους τομείς, από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 (16), και των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων (17)·

γ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 (18).

39.

Στο στάδιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση τις εν λόγω αποφάσεις έγινε τηρουμένων των προαναφερομένων στο σημείο 35 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης. Δύναται ωστόσο να αμφιβάλλει ότι τηρήθηκαν οι κανόνες αυτοί, στο μέτρο που, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 19, οι ελληνικές αρχές θεώρησαν, με την επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, ότι τα εν λόγω μέτρα δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

40.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει σχετικά με το συμβιβάσιμο των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

41.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από το Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (19).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

42.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

43.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της όπως και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την αξιολόγηση των εν λόγω ενισχύσεων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας. Καλεί επίσης τις αρχές της χώρας σας να διαβιβάσουν αμέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στους πιθανούς δικαιούχους-αποδέκτες ενισχύσεων.

44.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα το ανασταλτικό αποτέλεσμα της διατάξεως του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και παραπέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, το οποίο προβλέπει ότι κάθε παράνομη ενίσχυση δυνατόν να αποτελέσει το αντικείμενο ανάκτησης από τον δικαιούχο της.

45.

Με την παρούσα, η Επιτροπή γνωστοποιεί στην Ελλάδα ότι θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη με δημοσίευση της παρούσας επιστολής και με περίληψή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.»


(1)  Ο λογαριασμός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασμού αυτού βαραίνει το κράτος (σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασμός παρέμεινε επί μακρόν ελλειμματικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην υπόθεση C 57/86 (Συλλογή 1988, σ. 439), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης και πληρωμών υπόκειτο σε άμεσο κρατικό έλεγχο.

(2)  Δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν γνωρίζουν τον χρόνο κατά τον οποίο έπαυσαν να ισχύουν οι αποφάσεις (στην επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι αυτές δεν εφαρμόζονται πλέον, χωρίς να διευκρινίσουν από πότε), η προσαύξηση του 5 % λογικά εφαρμόστηκε για όλες τις μεταγενέστερες της 1ης Ιουνίου 1994 περιόδους που αναφέρονται στον πίνακα· συνεπώς, ο πίνακας αυτός είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ημερομηνίες παύσης ισχύος των αποφάσεων, τις οποίες οι ελληνικές αρχές θα οφείλουν να κοινοποιήσουν.

(3)  ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.

(4)  ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

(5)  Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis του 1996 (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9), και μετά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).

(6)  ΕΕ C 283 της 19.9.1997, σ. 2.

(7)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(8)  Βλ. υποσημείωση αριθ. 2.

(9)  ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.

(10)  ΕΕ L 79 της 23.3.1994, σ. 29.

(11)  Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη μέλη SG(89) D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG(89) D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς και σημείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).

(12)  Βλ. υποσημειώσεις 9 και 11.

(13)  ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14.

(14)  Ειδικότερα στα σημεία 177, 227 και 228 της εν λόγω Έκθεσης.

(15)  ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12.

(16)  Βλ. υποσημείωση 6.

(17)  ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 31.

(18)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(19)  Βλ. υποσημειώσεις 9 και 11.


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/18


Procedimiento de información — Reglas técnicas

(2005/C 52/08)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; DO L 217 de 5.8.1998, p. 20).

Notificaciones de proyectos nacionales de reglas técnicas recibidas por la Comisión:

Referencia (1)

Título

Plazo del statu quo de tres meses (2)

2005/0033/S

Reglas y orientaciones de la Dirección de la Navegación relativas a la construcción del casco, a la estabilidad y al francobordo

3.5.2005

2005/0034/CZ

Proyecto de Orden Gubernamental que modifica la Orden Gubernamental no 368/2003 del Código, relativa al registro integrado de la contaminación

4.5.2005

2005/0035/SK

Proyecto de decreto del Ministerio del Interior de la República Eslovaca, relativo a las cualidades concretas de los equipos fijos y semifijos de extinción y los requisitos para su servicio y sus controles regulares

5.5.2005

2005/0036/NL

Decreto por el que se modifica el Reglamento relativo a los vehículos debido a determinadas modificaciones técnicas

6.5.2005

2005/0037/UK

Reglamento relativo a los equipos de medición (Carburante Líquido y Lubricantes) (Modificación) (Irlanda del Norte) de 2005

5.5.2005

2005/0038/D

Reglamento modelo sobre la construcción y la gestión de lugares de reunión (Reglamento modelo sobre lugares de reunión — MVStättV), versión 2005

9.5.2005

2005/0039/F

Proyecto de orden por el que se modifica la orden de 17 de mayo de 2001, modificada por la orden de 26 de abril de 2002, que fija las condiciones técnicas que deben reunir las distribuciones de energía eléctrica

9.5.2005

2005/0040/S

Modificación de las reglas y orientaciones de la Inspección Nacional de la Energía Nuclear relativas a los equipos mecánicos, SKIFS 2000:2

10.5.2005

La Comisión desea llamar la atención sobre la sentencia «CIA Security», dictada el 30 de abril de 1996 en el asunto C-194/94 (Rec. 1996, p. I-2201), en virtud de la cual el Tribunal de Justicia considera que los artículos 8 y 9 de la Directiva 98/34/CE (entonces 83/189/CEE) deben interpretarse en el sentido de que los particulares pueden ampararse en ellos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, al que incumbe negarse a aplicar un reglamento técnico nacional que no haya sido notificado con arreglo a la Directiva.

Esta sentencia confirma la Comunicación de la Comisión de 1 de octubre de 1986 (DO C 245 de 1.10.1986, p. 4).

Para más información sobre el procedimiento de notificación, dirigirse a:

Comisión Europea

DG Empresa e Industria, Unidad C3

B–1049 Bruselas

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Ver también el sitio: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Por lo tanto, el incumplimiento de la obligación de notificar un reglamento técnico implica la inaplicabilidad de dicho reglamento y por consiguiente, no sera oponible a los particulares.

LISTA DE ORGANISMOS NACIONALES RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 98/34/CE

BÉLGICA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/ 16

B-1000 Bruxelles

Sra. Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 206 46 89

Fax: (32) 2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail general: belnotif@mineco.fgov.be

Sitio web: http://www.mineco.fgov.be

REPÚBLICA CHECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sra. Helena Fofonkova

Tel.: (420) 224 907 125

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

E-mail general: eu9834@unmz.cz

Sitio web: http://www.unmz.cz

DINAMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (o DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (directo)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: Sra. Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Dirección común para mensajes de notificación - noti@ebst.dk

Sitio web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ALEMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Sra. Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Fax.: (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sitio web: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Sr. Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-mail: margus.alver@mkm.ee

E-mail general: el.teavitamine@mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Sitio web: http://www.elot.gr

ESPAÑA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Sr. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Doña Esther Pérez Peláez

Consejera Técnica

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sra. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sra. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sr. Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Fax: (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sitio web: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sr. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sr. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Sitio web: http://www.minindustria.it

CHIPRE

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 o (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Sr. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Sra. Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

E-mail general: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sitio web: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETONIA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Sra. Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Fax: (371) 7280882

E-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Sra. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Fax: (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sitio web: http://www.lsd.lt

LUXEMBURGO

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Sr. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sitio web: http://www.see.lu

HUNGRÍA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Sr. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 287 3

Fax: (36) 1 473 162 2

E-mail: notification@gkm.hu

Sitio web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Fax: (356) 2124 2406

Sra. Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail general: notification@msa.org.mt

Sitio web: http://www.msa.org.mt

PAÍSES BAJOS

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Sr. Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Sra. Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Sra. Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Fax: (31) 50 5 23 21 59

E-mail general:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Sra. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 71 1 00 58 96

Fax: (43) 1 715 96 51 o (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sitio web: http://www.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Sra. Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Fax: (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sra. Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

E-mail general: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Sra. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 o 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail general: not9834@mail.ipq.pt

Sitio web: http://www.ipq.pt

ESLOVENIA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 478 304 1

Fax: (386) 1 478 309 8

E-mail: contact@sist.si

Sra. Vesna Stražišar

ESLOVAQUIA

Sra. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Fax: (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Dirección para el público:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

y

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Dirección postal:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Sr. Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Fax: (358) 9 1606 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Sra. Katri Amper

E-mail general: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sitio web: http://www.ktm.fi

SUECIA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Sra. Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 o (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 8 690 48 40 o (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail general: 9834@kommers.se

Sitio web: http://www.kommers.se

REINO UNIDO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Sr. Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Fax: (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail general: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sitio web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Sra. Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail general: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sitio web: http://www.eftasurv.int

EFTA (AELC)

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Sra. Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 34

Fax: (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail general: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sitio web: http://www.efta.int

TURQUÍA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Sr. Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Sitio web: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Año, número de registro, Estado miembro autor.

(2)  Plazo durante el cual no podrá adoptarse el proyecto.

(3)  No hay período de statu quo por haber aceptado la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor.

(4)  No hay período de statu quo por tratarse de especificaciones técnicas u otros requisitos o reglas sobre los servicios vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión del párrafo segundo del apartado 11 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE.

(5)  Finalizado el procedimiento de información.


2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/23


AYUDAS ESTATALES — ITALIA

Ayuda estatal — C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — letra a) del apartado 2 del artículo 99 (en lo relativo al sector agrícola) y apartados 1 y 2 del artículo 124 de la Ley regional no 32/2000: «Disposiciones relativas a la aplicación del POP 2000-2006 y la remodelación de los regímenes de ayudas a las empresas» (Sicilia).

Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 52/09)

Por carta de 8.9.2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con las ayudas antes citadas.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las ayudas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura

Dirección H2

Despacho: Loi 130 5/120

B-1049 Bruselas

Fax: 00 32 2 2967672

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

El artículo 99 de la Ley regional siciliana no 32/2000 prevé en la letra a) de su apartado 2 ayudas para constituir o alimentar unos fondos destinados a la concesión de garantías con vistas a que las empresas afiliadas a ellos puedan obtener financiación por parte de sociedades e institutos de crédito, sociedades de arrendamiento financiero, sociedades de cesión de créditos empresariales y organismos similares a entidades bancarias.

En la fase actual, la Comisión alberga dudas acerca de la compatibilidad de esta medida con el mercado común, dado que:

el principio de la posible concesión de una garantía implica en sí la existencia de un préstamo; no obstante, a la vista de la lista remitida por las autoridades italianas donde figuran los regímenes que pueden ir acompañados de garantías, cabe señalar que resulta dudoso que algunos de dichos regímenes puedan financiarse mediante préstamos, dadas las características de las medidas previstas en ellos (por ejemplo, es poco plausible que las ayudas destinadas a cubrir las primas de seguros en el sector agrícola revistan forma de préstamo),

la posibilidad de conceder garantías vinculadas a determinadas medidas previstas en el artículo 124 de la ley citada debe ponerse en tela de juicio, ya que, debido a las razones que se exponen a continuación, en el momento actual la Comisión considera dudoso que las medidas en cuestión sean compatibles con el mercado común y el hecho de conceder una garantía a una medida cuya admisibilidad se pone en duda convierte a su vez en dudosa la admisibilidad de la propia garantía,

la Comisión carece de indicaciones sobre el modo en que las autoridades italianas van a comprobar que la acumulación de la ayuda que pueden suponer las garantías con la ayuda prevista para los regímenes a los que dichas garantías son aplicables no va a dar lugar a un rebasamiento de los niveles de ayuda admisibles con arreglo a los regímenes en cuestión.

El artículo 124 de la Ley regional siciliana no 32/2000 contempla, en sus apartados 1 y 2, la concesión de un ayuda a las agrupaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (CEE) no 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1), que no pudieron obtener integralmente la ayuda a la que tuvieron derecho en años anteriores debido a la falta de recursos financieros a nivel regional. Esta medida debe financiarse con cargo a una parte de una dotación de 3 615 198 €.

En la fase actual, la Comisión alberga dudas acerca de la compatibilidad de esta medida con el mercado común, dado que:

es obvio que, en lo que concierne a tres de las cuatro asociaciones de productores beneficiarias de la medida, la ayuda prevista se concede mucho después del periodo de siete años siguiente al reconocimiento de la asociación, lo que significa que se han extinguido los derechos de estas asociaciones a la obtención de la ayuda (en virtud del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 1035/72 del Consejo modificado, las ayudas deben abonarse en cinco anualidades dentro de los siete años siguientes al reconocimiento de la asociación);

el Reglamento (CEE) no 1035/72 del Consejo fue derogado por el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (2); por consiguiente, el hecho de conceder una ayuda en virtud de una norma que ya no está en vigor a asociaciones cuyos derechos se han extinguido interfiere en el funcionamiento de los mecanismos de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, establecidos por el Reglamento (CEE) no 2200/96 del Consejo; cabe señalar que el punto 3.2 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (3) indica claramente que la Comisión en ningún caso puede aprobar una ayuda incompatible con lo dispuesto en una organización común de mercado o que entorpezca el correcto funcionamiento de la misma;

una ayuda concedida en las circunstancias expuestas equivaldría a un ayuda retroactiva, explícitamente proscrita en el punto 3.6 de las Directrices por carecer del elemento de incentivación que debe contener cualquier ayuda en el sector agrícola (excepto las ayudas de carácter compensatorio);

uno de los argumentos aducidos por las autoridades italianas, a saber, que el FEOGA no garantizaba la cobertura financiera de los compromisos adquiridos con respecto a Italia, plantea dudas a la Comisión, ya que la cofinanciación de la constitución de las asociaciones de productores implica el reembolso automático por parte del FEOGA de una parte del importe de la ayuda aprobada en el marco de la organización común de mercados.

TEXTO DE LA CARTA

«1.

Con la presente, ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE con riguardo agli aiuti previsti dall'articolo 99, paragrafo 2, lettera a) della legge regionale in oggetto, per quanto riguarda il settore agricolo, nonché in merito agli aiuti previsti dall'articolo 124, paragrafi 1 e 2 della stessa legge, a favore di talune associazioni di produttori e di non sollevare obiezioni in merito agli aiuti previsti dagli altri articoli della stessa legge citati in oggetto, eccetto l'articolo 111 (ritirato – cfr. punto 9 in appresso) e l'articolo 123 (già esaminato nell'ambito di un altro fascicolo di aiuto – cfr. punto 5 in appresso).

Procedimento

2.

Con lettera del 28 agosto 2001, protocollata il 29 agosto 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure di cui all'oggetto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3.

Con lettere del 17 maggio 2002 e del 10 ottobre 2002, protocollate rispettivamente il 21 maggio 2002 e l'11 ottobre 2002, detta Rappresentanza ha trasmesso alla Commissione i complementi d'informazione chiesti alle autorità italiane con lettere in data 24 ottobre 2001 e 18 luglio 2002.

4.

Nella lettera del 10 ottobre 2002, le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni concernenti unicamente l'aiuto di cui all'articolo 123 della legge regionale in oggetto, dato il carattere d'urgenza da questo presentato.

5.

L'aiuto previsto dall'articolo 123 della legge regionale in questione è stato scorporato dagli altri aiuti di cui agli articoli suindicati ed è stato dichiarato compatibile con il mercato comune nel quadro del fascicolo relativo all'aiuto N 590/A/2001 (4).

6.

Siccome la lettera delle autorità italiane in data 10 ottobre verteva unicamente sull'articolo 123 della legge regionale in oggetto, i servizi della Commissione hanno inviato, con lettera datata 11 febbraio 2003, un sollecito alle autorità in questione, pregandole di rispondere anche alle altre domande formulate nella lettera del 18 luglio 2002.

7.

Con lettera del 5 marzo 2003, protocollata il 6 marzo 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alle domande contenute nella lettera del 18 luglio 2002.

8.

I servizi della Commissione, dopo aver esaminato questa risposta, hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettera in data 2 maggio 2003.

9.

Con lettera del 13 agosto 2003, protocollata il 18 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 2 maggio 2003. In questa risposta, le autorità italiane annunciavano il ritiro dell'articolo 111 dalla legge regionale in oggetto e chiedevano alla Commissione di adottare una decisione distinta per alcuni articoli della stessa.

10.

Con lettera del 1o ottobre 2003, i servizi della Commissione hanno spiegato alle autorità italiane che avrebbero preso una decisione sull'insieme del fascicolo N 590/B/2001 e hanno chiesto ancora qualche precisazione su uno degli articoli della legge regionale.

11.

Con lettera del 7 gennaio 2004, protocollata il 14 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 1o ottobre 2003.

12.

Con lettera del 10 marzo 2004, i servizi della Commissione hanno ufficialmente chiesto alle autorità italiane talune precisazioni già richieste nel corso di contatti informali.

13.

Con le lettere del 20 aprile 2004, protocollata il 21 aprile 2004, e del 24 maggio, protocollata il 25 maggio 2004, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le precisazioni di cui al punto 12.

14.

La presente decisione verte su tutto l'articolato della legge regionale in oggetto, ad eccezione:

dell'articolo 99, per quanto riguarda il settore della pesca, dato che la notifica iniziale è stata effettuata dall'Assessorato all'agricoltura della Regione siciliana e che, nella lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea il 24 maggio 2004, l'Assessorato alla pesca della Regione siciliana ha comunicato che sarebbe stata effettuata una notifica separata ulteriore per il settore della pesca,

degli articoli 111 (ritirato) e 123 (trattato nell'ambito del fascicolo N 590/A/2001).

15.

Inoltre, per i motivi esposti ai paragrafi da 95 a 100, gli aiuti di cui all'articolo 124, paragrafi 1 e 2, a favore di un'associazione di produttori, nonché gli aiuti di cui all'articolo 124, paragrafo 3 non formano oggetto della presente decisione.

Descrizione

16.

Gli articoli citati in oggetto istituiscono le seguenti misure di aiuto (tutte relative al periodo 2000-2006):

Articolo 99

17.

Questo articolo prevede, a favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado (in altri termini, i consorzi fidi e le loro associazioni) del settore agricolo:

Paragrafo 2, lettera a)

contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie ai fini della concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;

Paragrafo 2, lettera b)

contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate (reperimento e migliore utilizzo delle fonti finanziarie, prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione delle imprese).

18.

I contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi finalità analoghe. Detti contributi non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.

19.

I contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) sono parimenti concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta; sono cumulabili con gli altri aiuti di cui al punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo  (5) e con altre agevolazioni per la prestazione di assistenza tecnica, nei limiti del 90 % delle spese ammissibili e per un importo non superiore a 100 000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, ovvero, per aziende assimilabili a piccole e medie imprese, nella misura del 50 % delle spese ammissibili, nel qual caso si applica l'importo massimo.

20.

Entrambe le categorie di aiuti saranno finanziate mediante stanziamenti annuali di bilancio. Per l'insieme degli aiuti di cui all'articolo 99 è prevista una dotazione globale di 20 000 000 EUR per tutto il periodo considerato.

Articolo 107

21.

Questo articolo prevede l'erogazione dei seguenti contributi alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

Paragrafi 1 e 2

22.

Un contributo per:

a)

la certificazione di sistemi di qualità dei prodotti e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica necessarie per la certificazione dei prodotti;

b)

l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;

c)

l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.

23.

Il contributo è erogato fino al 75 % delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni di lire (103 291 EUR). Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie, il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature. I beneficiari sono le aziende agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Paragrafo 3

24.

Un contributo per la costituzione di organismi di controllo delle denominazioni di origine protette.

25.

Il contributo, non cumulabile, di durata quinquennale, è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio nel primo anno e in misura decrescente del 20 % annuo per gli anni successivi. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno d'intervento, né dopo sette anni dalla costituzione dell'organismo. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali o, in caso di acquisto, l'equivalente del valore locativo a prezzi di mercato, l'acquisto di materiale per ufficio e di attrezzatura informatica, le spese di personale, i costi di esercizio e altri oneri amministrativi.

26.

La dotazione globale destinata a queste due misure durante il periodo considerato ammonta ad un massimo di 70 miliardi di lire (36 151 983 EUR).

Articolo 110

27.

Questo articolo prevede aiuti per i seguenti investimenti nel settore dell'elicicoltura:

a)

acquisto, costruzione o ristrutturazione di locali adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;

b)

ricerca idrica e realizzazione di impianti di irrigazione.

28.

L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese nella misura del 50 % delle spese ammissibili e per investimenti fino a 500 000 euro per azienda singola e a 1 500 000 euro per azienda associata. L'aiuto non è cumulabile. Il bilancio previsto ammonta a 3 000 000 EUR.

Articolo 112

29.

Questo articolo prevede la concessione di un aiuto per la costituzione o per l'ampliamento delle attività delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato.

30.

L'importo dei contributi può raggiungere il 100 % dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio, in modo che sia limitato al 20 % nel quinto e ultimo anno.

31.

Sono ammissibili le spese sostenute per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione (affitto o acquisto, in quest'ultimo caso l'aiuto è limitato al valore locativo a prezzi di mercato), l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi i materiali e le attrezzature informatiche, i costi del personale, le spese necessarie per il funzionamento ordinario, nonché l'assistenza tecnica, economica, giuridica e commerciale.

32.

In caso di estensione significativa delle attività (a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento), sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

33.

Il bilancio assegnato a questa misura durante il periodo considerato ammonta ad un massimo di 30 miliardi di lire (15 493 707 EUR).

Articolo 120

34.

Questo articolo istituisce un incentivo finanziario per incoraggiare gli imprenditori agricoli a tenere la contabilità aziendale. Il contributo, per un importo complessivo di lire 5 000 000 (2 582 EUR) per azienda, sarà ripartito in cinque quote annuali di lire 1 000 000 (circa 516 EUR). Ogni quota sarà versata nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, previa verifica della corretta tenuta della contabilità.

35.

Il contributo è cumulabile con gli altri aiuti di cui al punto 14 degli Orientamenti.

36.

Il bilancio assegnato a questa misura durante il periodo considerato ammonta a 14 miliardi di lire (7 230 397 EUR).

Articolo 122

37.

Quest'articolo prevede una dotazione massima di 30 miliardi di lire (15 493 707 EUR) per la concessione di aiuti finalizzati ad interventi di ricomposizione fondiaria. Possono beneficiare della misura gli imprenditori agricoli (in particolare i giovani agricoltori), i coltivatori diretti, gli affittuari e i salariati agricoli singoli o associati, dotati di adeguate competenze professionali e che si impegnino a tenere una contabilità semplificata almeno durante i dieci anni successivi al loro insediamento.

38.

L'aiuto, non cumulabile, è pari al 30 % delle spese sostenute (40 % nelle zone svantaggiate) per l'acquisto di terreni destinati ad operazioni di ricomposizione fondiaria e copre interamente le spese legali, amministrative e tecniche connesse alle transazioni effettuate in relazione alla ricomposizione.

Articolo 124

39.

Questo articolo prevede due tipi di aiuti:

Paragrafi 1 e 2

40.

Contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (6).

41.

L'aiuto è concesso per una durata di cinque anni, a totale copertura delle spese sostenute per l'avviamento durante il primo anno, e in misura decrescente del 20 % annuo negli anni successivi, fino all'azzeramento al termine del quinto anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento.

Paragrafo 3

42.

Aiuti per la costituzione e l'avviamento dei gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7). L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti (8), ed è erogato entro i seguenti massimali:

fino a 100 000 euro per anno, per il primo e secondo anno;

fino a 80 000 euro, per il terzo anno;

fino a 60 000 euro, per il quarto anno;

fino a 50 000 euro, per il quinto anno.

43.

Si considerano come spese di avviamento l'affitto dei locali (o, in caso di acquisto, l'equivalente del valore locativo a prezzi di mercato), l'acquisto di materiale per ufficio e di attrezzatura informatica, le spese di personale e i normali costi di esercizio.

44.

In entrambi i casi, non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento o dal prericonoscimento.

45.

Nessuno dei due aiuti è cumulabile con altre provvidenze aventi finalità analoghe. Il bilancio assegnato a queste due misure per il periodo considerato è limitato ad un massimo di 7 miliardi di lire (3 615 198 EUR).

Articolo 135

46.

Questo articolo prevede, ai paragrafi 3 e 4, aiuti per progetti di ricerca nel settore agricolo. Si applicano le aliquote seguenti (intensità lorda):

Paragrafo 3

per progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi o di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti: 50 % dei costi ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della “Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (9), con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo;

Paragrafo 4

per progetti di ricerca precompetitiva secondo la definizione di cui all'allegato I della precitata Disciplina comunitaria: 25 % dei costi ammissibili, con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo.

47.

I progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici. I risultati della ricerca devono essere resi accessibili agli operatori regionali, nazionali e comunitari interessati. Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri aiuti aventi le stesse finalità. Il bilancio assegnato a queste misure per il periodo considerato è limitato ad un massimo di 80 miliardi di lire (41 316 552 EUR).

48.

In termini generali, l'articolo 200 della legge in oggetto dispone che gli stanziamenti annuali di bilancio potranno essere svincolati soltanto dopo che la Commissione avrà autorizzato i regimi di aiuto notificati. Il bilancio destinato a finanziare l'insieme degli aiuti summenzionati ammonta a complessivi 142 301 544 EUR.

Valutazione

49.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure previste dalla decisione in oggetto corrispondono a questa definizione, in quanto fanno parte di un complesso di misure suscettibili di alterare gli scambi, data la vasta gamma di prodotti a cui si applicano (è interessato tutto il settore agricolo e, negli scambi comunitari di prodotti agricoli, l'Italia svolge un ruolo non trascurabile, poiché nel 2000 ha realizzato scambi di tali prodotti per un importo pari a 16,419 miliardi di euro per le importazioni e a 10,691 miliardi di euro per le esportazioni; nel corso dello stesso anno, gli scambi di prodotti agricoli nell'UE sono ammontati a 139,280 miliardi di euro, per le importazioni, e a 146,975 miliardi di euro per le esportazioni).

50.

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

51.

Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

52.

Per poter beneficiare di tale deroga, gli aiuti in questione devono essere conformi alle normative ad essi applicabili, ossia:

per gli aiuti nel settore agricolo in generale, gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso denominati “Orientamenti”) (10), che sono applicabili nella fattispecie ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (11), dato che il regime non è diretto soltanto alle PMI e che le condizioni di applicazione non sono quindi soddisfatte (12);

per gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (13);

per gli aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo, la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo  (14) ed eventualmente la comunicazione del 1998 che modifica detta Disciplina  (15).

53.

A questo proposito la Commissione osserva quanto segue in merito ai vari articoli di legge in esame.

Articolo 99

Paragrafo 2, lettera a)

54.

L'aiuto previsto da questo paragrafo deve essere esaminato sotto due aspetti: la dotazione e la prestazione di garanzie vera e propria.

55.

Per quanto riguarda la dotazione, la Commissione rileva che, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 99, i contributi regionali non possono oltrepassare il 50 % della dotazione globale dei consorzi, mentre il resto può essere fornito da enti pubblici o da operatori privati. Interrogate sull'entità complessiva della partecipazione pubblica all'operazione, le autorità italiane si sono impegnate affinché essa non superi in alcun caso il 70 %, sottolineando che una simile percentuale è già stata accettata in passato dalla Commissione (aiuto N 62/2001) (16). Esse hanno inoltre assicurato che i fondi pubblici versati in dotazione saranno impiegati unicamente per la prestazione di garanzie e in nessun caso per coprire le spese di funzionamento dei consorzi.

56.

Avendo effettivamente accettato una partecipazione pubblica globale del 70 % nell'ambito del precitato regime, la Commissione non ha motivo di modificare la propria posizione e può quindi accettare la partecipazione proposta dalle autorità italiane.

57.

Quanto alle garanzie vere e proprie, le autorità italiane hanno precisato che:

l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie prestate dai consorzi sarà calcolato secondo il metodo descritto al punto 3.2, secondo trattino, della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

la garanzia prestata da un consorzio non coprirà più dell'80 % del prestito, conformemente a quanto disposto ai punti 3.3 e 3.4 della citata comunicazione della Commissione;

conformemente al disposto dei punti 3.5 e 5.2 della comunicazione di cui al punto 49, secondo trattino, le garanzie saranno prestate per operazioni aventi caratteristiche (aliquota di aiuto, beneficiari e finalità) conformi ai requisiti degli Orientamenti; esse saranno inoltre concesse unicamente ad imprese solvibili e in buona situazione finanziaria;

dato che circa il 70 % delle aziende agricole siciliane sono di dimensioni ridotte, alcune di esse potrebbero non essere in grado di fornire le coperture necessarie per garantire il prestito o per ottenere garanzie (punto 4.5 della comunicazione);

lo svincolo della garanzia sarà subordinato all'espletamento delle procedure legali previste nei confronti del debitore in caso d'insolvenza (dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria, ecc.);

l'affiliazione ai consorzi è aperta a tutti gli operatori del settore agricolo senza restrizioni;

potranno ottenere garanzie anche gli operatori che non sono soci dei consorzi;

le garanzie potranno coprire soltanto prestiti concessi nel quadro e alle condizioni di regimi autorizzati dalla Commissione.

58.

Sulla base di tali informazioni e alla luce dei criteri della citata comunicazione che consentono di determinare se un regime di aiuti sotto forma di garanzie comporti o meno elementi di aiuto di Stato, la Commissione constata, alla luce del quarto trattino di cui sopra, che il regime proposto potrebbe contenere un elemento di aiuto, in quanto le indicazioni fornite dalle autorità italiane non permettono di verificare il rispetto di tutte le condizioni previste affinché un regime di garanzie non venga considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

59.

Quanto alla compatibilità di tale elemento di aiuto con il mercato comune (punto 5 della comunicazione), la Commissione constata anzitutto che l'elemento di aiuto interessa soltanto il mutuatario, poiché i fondi pubblici versati in dotazione saranno impiegati unicamente per la prestazione di garanzie e non per coprire le spese di funzionamento dei consorzi (ossia dei mutuanti). In secondo luogo, essa prende atto che lo svincolo della garanzia sarà subordinato all'espletamento delle procedure legali previste nei confronti del debitore in caso d'insolvenza (eventualmente, dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria) e che la percentuale del prestito sulla quale potrà valere la garanzia corrisponde a quella prescritta dalla precitata comunicazione. Infine e soprattutto, essa osserva che le garanzie potranno essere applicate solo nel rispetto delle condizioni previste dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione.

60.

A questo riguardo, i regimi attualmente identificati dalle autorità italiane come possibili beneficiari delle garanzie previste dall'articolo 99 della legge in oggetto sono i seguenti:

A livello regionale:

i regimi istituiti dagli articoli 99, 107, 110, 112, 120, 122, 124 e 135 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del presente fascicolo (cfr. “descrizione”);

i regimi istituiti dagli articoli 104, 109 e 119 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del fascicolo N 591/01 e approvati dalla decisione della Commissione C(2003) 240 del 15 aprile 2003 (tali articoli riguardano rispettivamente il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale, l'allevamento di struzzi e il miglioramento fondiario);

i regimi istituiti dagli articoli 114, e 126 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del fascicolo N 592/01 e approvati dalla decisione della Commissione C(2002) 4168 del 13 novembre 2002 (tali articoli riguardano rispettivamente il sostegno alle organizzazioni interprofessionali e la promozione di prodotti agro-alimentari);

i regimi istituiti dagli articoli 131, 132 e 134 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del fascicolo N 593/01 e approvati dalla decisione della Commissione C(2003) 3274 dell'8 settembre 2003 (tali articoli riguardano rispettivamente la copertura dei premi di assicurazione, l'indennizzo di danni dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli e il sostegno agli allevatori);

il regime istituito dall'articolo 108 della legge regionale in oggetto, esaminato nel quadro del fascicolo N 342/02 e approvato (per quanto riguarda l'aspetto “apicoltura”) dalla decisione della Commissione C(2003) 2914 del 4 agosto 2003 (tale articolo riguarda contemporaneamente l'apicoltura e la bachicoltura).

A livello nazionale

Il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 274/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 (regolamento per la concessione degli aiuti di Stato sui programmi realizzati dalle Unioni nazionali tra le associazioni di produttori);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 110/2001 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001 ( Interventi a favore del riordino fondiario);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 759/2000 e approvato dalla decisione della Commissione C(2001) 3844 del 27 novembre 2001 (Promozione dei prodotti agroalimentari nei paesi terzi);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 729/A/2000 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/286847 del 13 marzo 2001 (Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 646/C/2000 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/289229 del 14 giugno 2001 (Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 558/2000 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/286564 del 28 febbraio 2001 (Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 241/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 1786 def. del 7 maggio 2002 (Camere di commercio);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 220/2002 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002 (Modifica del regime di aiuto N 646/C/2000 – cfr. quinto trattino);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 122/2002 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 3432 del 23 settembre 2002 (Promozione di prodotti di qualità);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 30/2002 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 579 def. del 27 febbraio 2002 (Pubblicità per i prodotti agricoli);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 381/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 4105 def. dell'11 novembre 2003 (Regime dei contratti di filiera);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 121/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 3219 del 2 settembre 2003 (Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo NN 6/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 781 def. del 19 marzo 2003 (Modifiche ai crediti di imposta per investimenti);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 336/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 129 del 13 febbraio 2003 (Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e della nuova imprenditorialità);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 313/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 369 def. del 5 febbraio 2003 (Interventi a favore dell'agrumicoltura);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 384/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2004) 169 def. del 3 febbraio 2004 (Accesso al mercato dei capitali);

il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 111/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2004) 25 del 7 gennaio 2004 (Attuazione delle attività previste dalla legge n. 499/99).

Misure cofinanziate (che sono state tutte approvate dalle decisioni della Commissione C(2000) 2348 dell'8 agosto 2000 e C(2003) 3982 del 21 ottobre 2003)

Misura 4.6 del POR (programma operativo regionale) della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 100 della legge regionale in oggetto),

misura 4.7 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 102 della legge regionale in oggetto),

misura 4.8 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 117 della legge regionale in oggetto),

misura 4.9 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 105 della legge regionale in oggetto),

misura 4.11 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 121 della legge regionale in oggetto),

misura 4.12 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 115 della legge regionale in oggetto),

misura 4.13 A del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 125 della legge regionale in oggetto),

misura 4.13 B del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 128 della legge regionale in oggetto),

misura 4.15 C del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 130 della legge regionale in oggetto),

misura 4.15 A del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 87 della legge regionale in oggetto),

misura 4.15 B del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 87 della legge regionale in oggetto),

misura 4.10 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 118 della legge regionale in oggetto),

misura 4.14 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 129 della legge regionale in oggetto).

61.

Nella loro lettera del 20 aprile 2004, le autorità italiane hanno inoltre precisato che per il futuro esse si sarebbero preoccupate di comunicare alla Commissione tutti i regimi di aiuto nazionali e regionali ai quali potrebbero essere applicate le garanzie.

62.

La Commissione desidera sottolineare anzitutto che il principio stesso dell'eventuale concessione di una garanzia comporta l'esistenza di un prestito. Ora, alla luce dell'elenco di cui al punto 60 supra, la Commissione constata che taluni dei regimi che potrebbero beneficiare di garanzie da parte dei Fondi di cui all'articolo 99, difficilmente potrebbero essere finanziati tramite prestiti, tenuto conto della natura delle misure previste nel loro ambito (per fare un esempio, è difficile pensare che gli aiuti diretti alla copertura di premi assicurativi nel settore agricolo possano rivestire la forma di un prestito). Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità a questo livello, le autorità italiane dovrebbero indicare, per ogni regime o misura menzionati nell'elenco di cui al punto 60 supra, se gli aiuti previsti rivestano la forma di sovvenzioni a fondo perduto o di prestiti, agevolati o meno, nonché limitare l'applicazione delle garanzie alle misure il cui finanziamento viene assicurato da un prestito.

63.

Un altro elemento di perplessità per la Commissione, in questa fase, è dato dalla possibilità di prestare delle garanzie connesse alle misure previste dall'articolo 124 della legge in oggetto. In effetti, oltre al fatto che le considerazioni sviluppate al punto 62 sono valide anche in questo caso (dato che difficilmente si può immaginare che degli aiuti all'avviamento siano concessi sotto forma di prestito), la Commissione dubita, in questa fase, della compatibilità con il mercato comune delle misure previste per diverse associazioni di produttori dall'articolo 124 precitato, per le ragioni menzionate ai punti da 103 a 108 infra e il fatto di concedere un aiuto supplementare ad una misura la cui ammissibilità è già soggetta a cauzione non può che far nascere a sua volta nuovi dubbi sull'ammissibilità della garanzia stessa.

64.

Infine, in questa fase, la Commissione non dispone di indicazioni sul modo in cui le autorità italiane verificheranno che il cumulo dell'aiuto potenziale delle garanzie e dell'aiuto previsto per le misure alle quali esse sono applicabili non comporti un superamento delle percentuali di aiuto ammissibili nell'ambito dei suddetti regimi.

65.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione si chiede se gli aiuti sotto forma di garanzie, verranno utilizzati in modo pertinente dalle autorità italiane e, in questa fase, non può non nutrire dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune delle modalità di concessione delle garanzie che potrebbero essere prestate dall'intemediario di Fondi alimentati da risorse pubbliche.

Paragrafo 2, lettera b)

66.

L'aiuto di cui al paragrafo 2, lettera b) è un aiuto finalizzato alla prestazione di assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli Orientamenti. Per quanto riguarda il rispetto di questa disposizione, la Commissione osserva che:

il massimale dell'aiuto corrisponde a quello fissato dal suddetto punto 14;

nel complemento d'informazione fornito dalle autorità italiane, queste ultime hanno sottolineato innanzitutto che l'affiliazione ai consorzi è aperta a tutte le imprese del settore agricolo e agroalimentare, nonché alle loro associazioni, senza alcuna restrizione; esse hanno inoltre precisato che gli operatori non affiliati ai consorzi potranno fruire delle prestazioni di assistenza tecnica alle stesse condizioni dei soci (il testo dell'articolo 99, paragrafo 2, lettera b) sarà modificato in tal senso);

qualsiasi partecipazione alle spese amministrative del consorzio sarà limitata ai costi inerenti alla prestazione del servizio;

poiché l'aiuto previsto è cumulabile con altri regimi di aiuti ricadenti nel campo di applicazione del punto 14 degli Orientamenti, le autorità italiane hanno assicurato che intendono creare una banca dati regionale per tutti gli aiuti disciplinati dai punti 13 e 14 degli Orientamenti, onde evitare che un cumulo di aiuti dia luogo al superamento dei massimali consentiti; inoltre, le autorità pubbliche procederanno a regolari controlli e ogni irregolarità accertata comporterà l'annullamento degli aiuti, seguito dal rimborso degli importi già percepiti e dall'irrogazione di sanzioni amministrative che possono arrivare fino al 50 % dell'indebito.

67.

Tenuto conto di quanto precede, l'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera b) della legge in oggetto può considerarsi conforme al punto 14 degli Orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 107

Paragrafi 1 e 2

68.

Dalla lettura di questo articolo, la Commissione evince che l'aiuto previsto può coprire non solo prestazioni di assistenza tecnica riconducibili al punto 13 (cfr. lettere a) e c) della descrizione) o al punto 14 (cfr. lettera b) della descrizione) degli Orientamenti, ma anche l'esecuzione di controlli di qualità ai sensi del punto 13 degli Orientamenti.

69.

Per quanto riguarda il rispetto di quest'ultima disposizione, la Commissione osserva che:

Per le prestazioni di assistenza tecnica:

nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane si sono impegnate a limitare l'aiuto ad un massimo di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, per l'insieme delle prestazioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 107, o al 50 % delle spese ammissibili per le PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001;

in caso di cumulo, il rispetto dei massimali autorizzati sarà verificato tramite la banca dati che la Regione intende costituire per tutti gli aiuti disciplinati dai punti 13 e 14 degli Orientamenti. Saranno anche effettuati controlli come indicato sopra, riguardo all'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera b) della legge in oggetto, con le stesse sanzioni in caso d'infrazione.

70.

Tenuto conto di quanto precede, si può ritenere che le condizioni di cui ai punti 13 e 14 degli Orientamenti, applicabili nella fattispecie, siano rispettate.

Per l'esecuzione di controlli:

nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane hanno assicurato che l'aiuto sarà concesso non solo per i controlli obbligatori, ma anche per quelli facoltativi, a condizione che siano effettuati da terzi o per conto terzi; esse hanno precisato che i controlli di routine effettuati dal produttore stesso nell'ambito del normale ciclo di produzione saranno esclusi dalla copertura dell'aiuto;

per quanto riguarda i controlli obbligatori, la Commissione rileva che il punto 13.4 degli Orientamenti ammette la copertura totale, tranne quando la normativa comunitaria stabilisce gli importi che i produttori devono pagare. Poiché le autorità italiane si sono impegnate a rispettare questa restrizione, la Commissione ritiene che il disposto del punto 13.4 sia ottemperato;

in merito agli altri controlli, la Commissione prende atto che, nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane hanno deciso di applicare le seguenti modalità di concessione dell'aiuto:

per i controlli finalizzati alla certificazione delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità nell'ambito dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio: contributo del 100 % nel primo anno e in seguito applicazione di un'aliquota decrescente (80 %, 60 %, 40 %, 20 % e 10 %), con estinzione al termine del sesto anno;

per i controlli sul metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91: contributo del 100 %;

per i controlli attinenti alla supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi di garanzia della qualità (ad esempio, certificazioni ISO 9000 e/o 14000, tracciabilità dei prodotti): contributo del 100 % nel primo anno e in seguito applicazione di un'aliquota decrescente (85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), con estinzione al termine del sesto anno.

71.

Dato che queste modalità di concessione sono conformi alle disposizioni dei punti 13.4 e 13.5 degli Orientamenti, la Commissione può considerarle ammissibili.

Paragrafo 3

72.

In considerazione della destinazione dell'aiuto e della natura dei beneficiari, questa misura deve essere analizzata alla luce delle disposizioni della sezione 10 degli Orientamenti, concernenti gli aiuti alle associazioni di produttori (17). Per quanto riguarda il rispetto di queste disposizioni, la Commissione osserva che:

la durata dell'aiuto (cinque anni) corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli Orientamenti;

la degressività dell'aiuto, a cominciare dal 100 % nel primo anno per poi diminuire ogni anno di 20 punti percentuali, in modo da estinguersi al termine del quinto anno, corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli Orientamenti;

le spese ammissibili rientrano tra quelle autorizzate dalla sezione 10 degli Orientamenti.

73.

Dato che queste modalità di concessione sono conformi alle disposizioni della sezione 10 degli Orientamenti, la Commissione può considerarle ammissibili.

74.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 3 della legge in oggetto possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 110

75.

Nei complementi d'informazione trasmessi, le autorità italiane hanno precisato che sono coperti dall'aiuto unicamente gli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole della specie Helix aspersa, ad esclusione quindi delle chiocciole catturate in mare o nelle acque interne, oppure prodotte in impianti di acquacoltura. Esse hanno inoltre dichiarato che gli investimenti finalizzati alla ricerca idrica e alla realizzazione di impianti di irrigazione sono giustificati dal fatto che le chiocciole si nutrono degli ortaggi coltivati negli allevamenti stessi.

76.

Quanto alle modalità di concessione dell'aiuto, le autorità italiane hanno precisato che sarà applicato un tasso del 50 % nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle altre zone (l'aiuto sarà concesso in via prioritaria nelle zone svantaggiate e secondariamente nelle altre zone). Riguardo al rispetto delle altre condizioni applicabili agli aiuti agli investimenti nelle aziende, di cui al punto 4.1 degli Orientamenti, esse hanno assicurato che si atterranno rigorosamente alle disposizioni relative alle misure 4.06 e 4.09 del programma operativo regionale della Regione siciliana, approvato dalla Commissione, e del relativo complemento di programmazione, stabiliti in conformità degli Orientamenti.

77.

Alla luce di tali informazioni, la Commissione constata che le chiocciole di cui trattasi non rientrano nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, né di alcun'altra organizzazione comune dei mercati.

78.

Secondo il punto 3.8 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo  (18), quando un prodotto agricolo non è disciplinato da un'organizzazione comune dei mercati, gli aiuti di Stato concernenti specificamente quel prodotto rimangono soggetti alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (19).

79.

A norma dell'articolo 4 del regolamento precitato, a questi aiuti si applicano esclusivamente le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 1, e della prima frase del paragrafo 3 dello stesso articolo, il che implica che la Commissione non può opporsi all'erogazione degli aiuti in questione, ma può eventualmente formulare osservazioni in merito.

80.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione constata che gli aiuti agli investimenti saranno concessi secondo i tassi prescritti al punto 4.1 degli Orientamenti e che le altre condizioni per la loro concessione saranno quelle che figurano in un documento di programmazione approvato dalla Commissione.

81.

Tuttavia, la Commissione rileva che la ricerca idrica propriamente detta potrebbe rientrare in una delle categorie di spese ammissibili agli aiuti agli investimenti soltanto se viene considerata come prestazione di esperti da ascriversi alle spese generali, le quali possono essere annoverate tra spese ammissibili solo fino ad un massimo del 12 % del costo degli investimenti materiali descritti al punto 4.1 degli Orientamenti.

82.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere non solo l'acquisto, ma anche l'ammodernamento dei locali, in modo che la misura sia realmente incentrata su un miglioramento della produzione, come disposto al punto 4.1.1.1 degli Orientamenti.

83.

La Commissione raccomanda pertanto alle autorità italiane di computare le spese per la ricerca idrica tra le spese ammissibili solo fino ad un massimo del 12 % del costo degli investimenti materiali per l'irrigazione delle colture praticate negli allevamenti di chiocciole e di combinare l'aiuto per l'acquisto di locali con l'ammodernamento dei medesimi.

Articolo 112

84.

In considerazione della sua natura, questo aiuto deve essere analizzato alla luce delle disposizioni della sezione 10 degli Orientamenti, concernenti gli aiuti alle associazioni di produttori. Per quanto riguarda il rispetto di queste disposizioni, la Commissione osserva che:

la durata dell'aiuto (cinque anni) corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli Orientamenti;

la degressività dell'aiuto, a cominciare dal 100 % nel primo anno per poi diminuire ogni anno di 20 punti percentuali, in modo da estinguersi al termine del quinto anno, corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli Orientamenti;

le spese ammissibili rientrano tra quelle autorizzate dalla sezione 10 degli Orientamenti;

nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane hanno specificato che per “ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione” si intende l'estensione delle attività a prodotti e a settori d'intervento diversi da quelli per i quali l'associazione era stata riconosciuta a livello comunitario; in caso di estensione dell'attività, l'aiuto è limitato alle spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi; in caso di adesione di nuovi soci, la concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che l'estensione dell'attività rappresenti almeno il 30 % in termini di fatturato, di valore dei prodotti commercializzati e di valore dei prodotti forniti dai nuovi soci;

le autorità italiane hanno precisato che, contrariamente a quanto indicato nella scheda descrittiva dell'aiuto, l'assistenza tecnica, economica, giuridica e commerciale annoverata tra le spese ammissibili è quella ricevuta dall'organizzazione (se fosse stata prestata dall'organizzazione, quest'ultima non avrebbe potuto fruire di un aiuto all'avviamento, conformemente al punto 10.7 degli Orientamenti).

85.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 112 della legge in oggetto risponda ai requisiti della sezione 10 degli Orientamenti e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 120

86.

Nei complementi d'informazione trasmessi, le autorità italiane hanno precisato che questo aiuto non costituisce un premio forfettario, bensì un contributo a favore delle aziende agricole che adottano un sistema di contabilità che richiede una formazione e prestazioni di consulenti. Da questo punto di vista, esso si configura come un aiuto alla prestazione di assistenza tecnica ai sensi della sezione 14 degli Orientamenti. Per quanto riguarda il rispetto di queste disposizioni, la Commissione osserva che:

l'importo dell'aiuto (2 582 EUR) è nettamente inferiore al massimale stabilito dagli Orientamenti (100 000 EUR per beneficiario e per triennio);

l'aiuto verrà concesso solo dietro presentazione dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute per i servizi ricevuti;

l'aiuto è cumulabile con le altre prestazioni contemplate dalla sezione 14 degli Orientamenti, ma il rispetto del massimale in caso di cumulo sarà verificato mediante i dispositivi di controllo previsti dagli articoli 99 e 107.

87.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 120 della legge in oggetto risponda ai requisiti della sezione 14 degli Orientamenti e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 122

88.

Gli aiuti finalizzati ad interventi di ricomposizione fondiaria sono disciplinati dalla sezione 12 degli Orientamenti. Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di tale sezione, la Commissione osserva che, nel complemento d'informazione da esse trasmesso, le autorità italiane hanno dichiarato che, per l'attuazione del regime di cui all'articolo 122 della legge in oggetto, verranno applicate le stesse condizioni e gli stessi tassi di aiuto previsti per il regime nazionale di ricomposizione fondiaria approvato dalla Commissione nel quadro del fascicolo N 110/01 (20).

89.

Si ricorda che, nel quadro del succitato fascicolo, la Commissione aveva approvato gli aiuti alla ricomposizione fondiaria essenzialmente sulla base dei seguenti elementi:

a)

l'aiuto per l'acquisto di terreni poteva assumere la forma di prestito agevolato o di “leasing”, regolato da un contratto contenente una clausola di riscatto del terreno;

b)

l'elemento di aiuto era calcolato in base al valore attualizzato della differenza tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato (il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo era quello della Commissione);

c)

sia in caso di prestito agevolato, sia in caso di “leasing”, l'elemento di aiuto così calcolato doveva rimanere, al momento della concessione dell'aiuto come anche in occasione degli ulteriori controlli, al di sotto dei tassi massimi previsti al punto 4.1.1.2 degli Orientamenti, vale a dire il 40 % nelle zone normali e il 50 % nelle zone svantaggiate, con una maggiorazione di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori partecipanti ad un'operazione di ricomposizione fondiaria nel corso dei cinque anni successivi all'insediamento;

d)

potevano beneficiare dell'aiuto unicamente le aziende redditizie con buone prospettive, condotte da una persona dotata delle competenze richieste e rispettose delle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali definite nel piano di sviluppo rurale (PSR) o nel programma operativo regionale (POR); occorreva altresì che i terreni fossero adibiti a produzioni per le quali esistevano sbocchi di mercato, valutati secondo i parametri indicati nel PSR/POR;

e)

il contributo a copertura degli oneri legali e amministrativi connessi alle operazioni di ricomposizione fondiaria non superava il 100 % ammissibile in virtù della sezione 12 degli Orientamenti.

90.

Poiché tutte queste condizioni saranno applicate nella fattispecie, la Commissione non ha motivo di modificare la posizione da essa adottata nel quadro del fascicolo sopraccitato.

91.

Di conseguenza, gli aiuti previsti dall'articolo 122 della legge in oggetto possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 124

Paragrafi 1 e 2

92.

Nei complementi d'informazione trasmessi, le autorità italiane hanno dichiarato che questi aiuti sono destinati esclusivamente a saldare un arretrato di pagamenti di contributi alle associazioni di produttori riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tali contributi avrebbero già dovuto essere pagati, ma non lo sono stati per mancanza di risorse finanziarie e perché il FEAOG non aveva garantito la copertura degli impegni finanziari assunti a livello italiano. La Commissione prende atto dell'impegno da parte italiana a rispettare tutte le condizioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 1035/72. Per quanto riguarda, più in particolare, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento suddetto, le autorità italiane si sono impegnate a raccogliere tutti i documenti necessari e ad effettuare controlli presso le sedi delle organizzazioni di produttori per verificare il volume della produzione commercializzata e le spese effettivamente sostenute per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni stesse. Possono beneficiare dell'aiuto unicamente i soggetti che ne abbiano acquisito il diritto prima del 21 novembre 1996, data dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96, e che non siano decaduti da tale diritto.

93.

La Commissione constata che, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell'entrata in vigore del regolamento, in virtù dell'articolo 14 e del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, sono mantenuti sino ad estinzione degli stessi.

94.

Pertanto, nell'ipotesi che ricorrano tutte le condizioni dell'articolo 14, gli aiuti nazionali eventualmente erogati sulla base di questo articolo sarebbero ipso iure compatibili con l'OCM ortofrutticoli e non dovrebbero formare oggetto della presente decisione (un approccio analogo era stato seguito per gli aiuti previsti a livello nazionale a favore delle associazioni di produttori a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel quadro del fascicolo di aiuto N 157/2000 (21)).

95.

Secondo l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo massimo di tali aiuti è pari, a titolo del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno, rispettivamente al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione. Esso è versato in rate annuali, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

96.

Nel complemento d'informazione fornito, le autorità italiane si sono impegnate a modificare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 124 in modo tale che l'aiuto, limitato alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione interessata, sia calcolato sulla base delle percentuali del valore della produzione commercializzata indicate al precedente punto 95.

97.

La Commissione rileva che tali modifiche renderebbero le modalità di concessione dell'aiuto conformi ad alcuni dei requisiti dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Essa osserva peraltro che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, l'aiuto sarebbe erogato esclusivamente alle seguenti organizzazioni:

l'associazione ASPROSUD di Messina, riconosciuta il 13 marzo 1992, per il quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1995 e 1996);

l'associazione Sicilia Verde di Bagheria, riconosciuta l'8 luglio 1993, per il terzo, quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1996, 1997 e 1998);

l'associazione AGRISUD di Vittoria, riconosciuta il 15 novembre 1994, per il secondo, terzo, quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1996, 1997, 1998 e 1999);

l'associazione APRO FRUS di Capo d'Orlando, riconosciuta il 23 novembre 1990, per il quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1994-1995 e 1995-1996).

98.

Da queste informazioni risulta chiaramente che, nel caso delle associazioni ASPROSUD, Sicilia Verde e APRO FRUS, sarebbe ampiamente superato il termine di sette anni dal riconoscimento per il versamento dell'aiuto, il che significa che non tutti i requisiti dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sarebbero soddisfatti (in quanto uno di essi prescrive che l'aiuto sia versato in cinque rate annuali entro i sette anni successivi al riconoscimento), sicché l'aiuto deve essere analizzato alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato.

99.

In virtù di tale analisi, la Commissione osserva che il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96. Pertanto, la concessione di un aiuto a norma di un regolamento non più esistente ad associazioni i cui diritti sono estinti (il che rende inapplicabile l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 – cfr. punti 92 e 93) verrebbe ad interferire con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli quale istituita dal regolamento (CE) n. 2200/96. D'altra parte, il punto 3.2 degli Orientamenti indica chiaramente che la Commissione non può approvare in alcun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune dei mercati o contrario al buon funzionamento dell'OCM stessa.

100.

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che un aiuto concesso nelle circostanze sopra descritte sarebbe un aiuto retroattivo, espressamente vietato dal punto 3.6 degli Orientamenti in quanto privo dell'elemento d'incentivo che deve essere insito in tutti gli aiuti nel settore agricolo (eccetto quelli a carattere compensativo).

101.

Infine, l'argomento secondo cui il FEAOG non avrebbe garantito la copertura finanziaria degli impegni assunti a livello italiano è quanto meno singolare, dal momento che il cofinanziamento della costituzione di associazioni di produttori implica il rimborso automatico, da parte del FEAOG, di una parte dell'importo dell'aiuto approvato nel quadro dell'OCM.

102.

In simili circostanze, la Commissione non può fare a meno di dubitare, allo stato attuale, della compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti a favore di queste tre associazioni di produttori.

103.

Per quanto riguarda l'aiuto ad AGRISUD, poiché i diritti dell'associazione si sono estinti soltanto il 15 novembre 2001, cioè dopo la notifica della legge n. 32, la Commissione ritiene che le autorità italiane avrebbero potuto procedere direttamente al pagamento dell'aiuto fino al 15 novembre 2001 senza ricorrere alla suddetta legge, impiegando i fondi che esse hanno poi deciso d'imputare al bilancio di quest'ultima. Inoltre, se l'associazione avesse ottenuto un aiuto dalle autorità italiane, si sarebbe semplicemente trattato del seguito delle prime rate corrisposte in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e quindi anche questo aiuto sarebbe stato conforme alle disposizioni del regolamento in parola.

104.

In tali circostanze, e in considerazione del fatto che le autorità italiane si sono impegnate a modificare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 124 in modo tale che l'aiuto, limitato alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione interessata, sia calcolato sulla base delle percentuali del valore della produzione commercializzata indicate al punto 95, come previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Commissione, riferendosi all'approccio menzionato al punto 94, ritiene che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in ordine all'associazione interessata e che l'aiuto in parola, fondato su questo stesso articolo, sia ipso iure compatibile con l'OCM ortofrutticoli e non debba formare oggetto della presente decisione.

Paragrafo 3

105.

La Commissione rileva che l'aiuto previsto in questo paragrafo si fonda sull'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (22), nonché sull'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti (23).

106.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96, nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

107.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, l'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori sotto forma di aiuto forfettario limitato a:

100 000 ecu il primo anno,

100 000 ecu il secondo anno,

80 000 ecu il terzo anno,

60 000 ecu il quarto anno,

50 000 ecu il quinto anno,

ed è versato in rate annue, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del prericonoscimento.

108.

Nella fattispecie, la Commissione constata che l'aiuto previsto soddisfa i requisiti dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 e, di conseguenza, anche i pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 2200/96. L'aiuto è dunque compatibile con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, in quanto aiuto nazionale espressamente autorizzato da un regolamento che istituisce un'organizzazione comune dei mercati, non deve essere esaminato alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato (cfr. punto 94). Pertanto, esso non forma oggetto della presente decisione.

Articolo 135

109.

In questo articolo, le autorità italiane fanno espresso riferimento alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo  (24) anziché alla comunicazione della Commissione del 1998 che la modifica (25). È quindi sulla base di questa Disciplina che sarà valutato l'articolo 135 della legge in oggetto.

Paragrafo 3

110.

A giudicare dalla descrizione, l'aiuto previsto in questo paragrafo si configura come un aiuto per attività di ricerca industriale. La Commissione constata che il tasso di aiuto e le maggiorazioni previste (50 % delle spese ammissibili, con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo) corrispondono a quanto previsto per questo tipo di attività ai punti 5.3, 5.10.1 e 5.10.3 della Disciplina succitata e che il cumulo di tali aiuti non darà luogo al superamento dell'intensità massima fissata al punto 5.10.6 (75 % per attività di ricerca industriale). Essa rileva altresì che le spese ammissibili sono limitate a quelle menzionate nell'allegato II della Disciplina e che i risultati della ricerca saranno accessibili a tutti gli interessati.

111.

Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 135, paragrafo 3 della legge in oggetto risponda ai requisiti della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Paragrafo 4

112.

A giudicare dalla descrizione, l'aiuto previsto in questo paragrafo si configura come un aiuto per attività preconcorrenziali. La Commissione constata che il tasso di aiuto e le maggiorazioni previste (25 % delle spese ammissibili, con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo) corrispondono a quanto previsto per questo tipo di attività ai punti 5.3, 5.10.1 e 5.10.3 della Disciplina succitata e che il cumulo di tali aiuti non darà luogo al superamento dell'intensità massima fissata al punto 5.10.6 (50 % per attività di ricerca preconcorrenziali). Essa rileva altresì che le spese ammissibili sono limitate a quelle menzionate nell'allegato II della Disciplina e che i risultati della ricerca saranno accessibili a tutti gli interessati.

113.

Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 135, paragrafo 4 della legge in oggetto risponda ai requisiti della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Decisione

114.

Riassumendo, alla luce degli elementi suesposti, la Commissione ha deciso:

di non sollevare obiezioni riguardo agli aiuti di cui agli articoli 99, paragrafo 2, lettera b) (per quanto riguarda il settore agricolo), 107, 112, 120, 122 e 135 della legge in oggetto, avendo constatato che essi sono compatibili con il mercato comune;

di non sollevare obiezioni riguardo agli aiuti di cui all'articolo 110 della legge in oggetto, raccomandando però alle autorità italiane di computare le spese per la ricerca idrica tra le spese ammissibili solo fino ad un massimo del 12 % del costo degli investimenti materiali per l'irrigazione delle colture praticate negli allevamenti di chiocciole e di combinare l'aiuto per l'acquisto di locali con l'ammodernamento dei medesimi;

di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in merito agli aiuti di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo), nonché all'articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge in oggetto.

115.

Nel quadro di detta procedura, la Commissione invita le autorità italiane a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli aiuti in questione, entro un mese dalla data di ricezione della presente, nonché a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali degli aiuti.

116.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

117.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.

118.

Si richiama inoltre l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che la legge n. 32 dovrà essere modificata conformemente agli impegni assunti dalle autorità italiane nell'ambito dell'esame degli articoli citati in oggetto. Il nuovo testo di legge dovrà essere notificato alla Commissione affinché questa possa verificare se gli impegni in questione sono stati debitamente recepiti.»


(1)  DO L 118 de 20.5.1972, p. 1.

(2)  DO L 297 de 21.11.1996, p. 1.

(3)  DO C 232 de 12.8.2000, p. 17.

(4)  Lettera SG (2002) D/233133 del 18.12.2002.

(5)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(6)  GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

(7)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1

(8)  GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 40.

(9)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(10)  Cfr. nota in calce n. 1.

(11)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(12)  Cfr. articolo 20, paragrafo 2, primo comma del regolamento.

(13)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(14)  Cfr. nota 6.

(15)  GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2

(16)  Lettera SG (2001) D/290914 dell'8.8.2001.

(17)  Il punto 10.7 degli Orientamenti dispone infatti che la Commissione applicherà i principi enunciati nella sezione 10 agli aiuti concessi a copertura delle spese di avviamento delle associazioni di produttori incaricate di controllare l'utilizzazione delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

(18)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(19)  GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

(20)  Lettera SG (2001) D/288933 del 5.6.2001.

(21)  Cfr. lettera SG(2001) D/288558 del 16.5.2001.

(22)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(23)  GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 40.

(24)  Cfr. nota 4.

(25)  Cfr. nota 12.


Banco Central Europeo

2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/37


DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 17 de febrero de 2005

solicitado por el Consejo de la Unión Europea sobre una propuesta de dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo que refunden respectivamente la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito

(CON/2005/4)

(2005/C 52/10)

1.

El 15 de septiembre de 2004 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen sobre una propuesta de dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo (1): la primera (en adelante, la «directiva bancaria propuesta») refunde la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (2), y la segunda (en adelante, la «directiva propuesta sobre la adecuación del capital») refunde la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (3) (en adelante denominadas conjuntamente las «directivas propuestas»).

2.

La competencia consultiva del BCE se basa en el primer guión del apartado 4 del artículo 105 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que dispone que el BCE sea consultado sobre cualquier propuesta de acto comunitario que entre en su ámbito de competencia. Las directivas propuestas comprenden disposiciones esenciales para la solvencia y estabilidad del sistema financiero. De acuerdo con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

3.

Las directivas propuestas son elementos esenciales del Plan de acción en materia de servicios financieros. Tienen por finalidad modernizar el vigente marco de adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. Garantizarán la aplicación uniforme en la UE del marco revisado de convergencia internacional de medidas y normas de capital de los bancos que operan a escala internacional (4) (en adelante, el «Acuerdo de Basilea II»), que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (en adelante, el «Comité») aprobó en junio de 2004 con el respaldo de los gobernadores de los bancos centrales y los jefes de las autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los Diez. En particular, las directivas propuestas tienen una orientación más amplia y sensible al riesgo, pues promueven una mejor gestión del riesgo por las instituciones financieras, lo que contribuirá a la estabilidad financiera, inspirará confianza en las instituciones financieras y reforzará la protección de los consumidores.

4.

En contribuciones anteriores (5), el BCE ha apoyado decididamente el esfuerzo que la Comisión Europea y el Comité han hecho en los últimos años por establecer una normativa revisada sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. El BCE celebra que el Comité haya alcanzado un Acuerdo de Basilea II definitivo y que al poco tiempo la Comisión haya presentado propuestas que garantizarán la aplicación uniforme y oportuna de dicho acuerdo por los bancos y las empresas de inversión de la UE que operan a escala internacional, y que además extenderán los criterios del acuerdo a otras instituciones financieras de la UE teniendo presentes sus características específicas.

5.

El BCE está convencido de que cuando los Estados miembros hayan incorporado a las legislaciones nacionales las directivas propuestas, éstas reforzarán notablemente la solvencia y estabilidad del sistema bancario de la UE gracias a la aplicación de unas normas de capital más perfeccionadas y sensibles al riesgo. Por eso el BCE subraya su opinión general positiva respecto de las directivas propuestas. Sin perjuicio de esta opinión general, el BCE desea formular algunas consideraciones generales y especiales sobre las directivas propuestas y su futura aplicación (6).

CONSIDERACIONES GENERALES

Instrumentos jurídicos uniformemente aplicables en toda la UE

6.

El BCE ha apoyado en diversas ocasiones, en particular en su Dictamen CON/2004/7 relativo a la propuesta de directiva sobre los comités de servicios financieros (7) (encaminada a modificar varias directivas comunitarias en vigor a fin de extender el denominado «proceso Lamfalussy» para la regulación financiera, del sector de los valores, a todos los demás sectores financieros), las recomendaciones del Grupo de seguimiento interinstitucional de limitar los actos jurídicos comunitarios de nivel 1 a los principios generales y de utilizar en lo posible reglamentos en el nivel 2. Como se expresa en el apartado 6 del Dictamen del BCE CON/2004/7, el BCE considera que la adopción de las recomendaciones del Grupo de seguimiento interinstitucional podría conducir progresivamente a que los actos de nivel 2 se convirtieran en el principal cuerpo de normas técnicas aplicables a las entidades financieras de la UE.

7.

Asimismo, en sus comentarios al tercer documento de consulta, el BCE propuso que, a fin de aplicar el Acuerdo de Basilea II, los anexos técnicos de las directivas propuestas se adoptaran directamente como medidas de nivel 2 y, en lo que fuera compatible con la flexibilidad necesaria en cuanto a la aplicación en el plano nacional, por medio de reglamentos comunitarios.

8.

En opinión del BCE, la aplicación del Acuerdo de Basilea II ofrecía una oportunidad única de revisar los requisitos de capital de la UE conforme a lo expuesto, oportunidad que se ha desaprovechado. El BCE reconoce que, con arreglo al apartado 1 del artículo 150 de la directiva bancaria propuesta, la Comisión podrá adoptar, de acuerdo con el procedimiento de comitología a que se refiere dicha directiva en su artículo 151, ajustes de las disposiciones de los anexos V a XII a fin de reflejar la evolución de los mercados financieros en nuevos productos financieros específicos o en las normas contables o requisitos establecidos en la legislación comunitaria.

9.

Sin embargo, igual que en el acuerdo de extender el proceso Lamfalussy del sector de los valores a todos los demás sectores financieros (8), habría sido preferible limitar las directivas propuestas a establecer principios marco que reflejaran las decisiones políticas básicas y los asuntos de mayor importancia en materia de adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito, y reunir las disposiciones técnicas sobre adecuación del capital en un reglamento, directamente aplicable, de nivel 2. Esta solución reforzaría la aplicación convergente del Acuerdo de Basilea II en toda la UE, facilitaría el cumplimiento de las normas por los grupos financieros que operan en varios países de la UE y reduciría costes, además de promover la igualdad de condiciones y una mayor integración financiera.

10.

Si se considera que en este momento no es posible modificar las directivas propuestas a fin de adoptar esa solución, el BCE opina que la estructura legal prevista debería tenerse en cuenta no por el resultado definitivo deseable, sino más bien por un paso de un largo proceso destinado, siempre que sea posible, a la creación de unas normas técnicas de Nivel 2 para las instituciones financieras en el seno de la UE.

Reducción de las opciones y la discrecionalidad nacionales

11.

La reducción de las opciones nacionales es esencial, pues simplificaría el marco regulador, facilitaría la convergencia de las prácticas de supervisión y contribuiría a establecer la igualdad de condiciones. El BCE reconoce los logros del Comité de supervisores bancarios europeos (CSBE) en la reducción del número de opciones y exenciones, apoya plenamente los esfuerzos del CSBE y anima resueltamente a proseguir la labor en este terreno, pues, a pesar de los logros conseguidos, persiste un número considerable de opciones que puede impedir la igualdad de condiciones. En los artículos 68 a 73 de la directiva bancaria propuesta se permite la exención de los requisitos de capital en distintos niveles dentro de los grupos. En opinión del BCE, si estas opciones se consideran demasiado importantes como para prescindir de ellas en algunos países, al menos debería haber convergencia y transparencia acerca de las situaciones en las que se ejerzan para garantizar la igualdad de condiciones en la UE. Dada la necesidad de reducir aún más las opciones nacionales, el BCE sería partidario de incluir una disposición expresa que exija a la Comisión que vigile los logros conseguidos en esta dirección y que, en un plazo razonable (p. ej. tres años), informe a las instituciones comunitarias del uso de la discrecionalidad nacional restante, evaluando su necesidad y si procede tomar otras iniciativas normativas.

12.

La redacción general de varias disposiciones de las directivas propuestas da amplio margen a interpretaciones divergentes por parte de las autoridades nacionales, con lo que plantea el riesgo de que no haya igualdad de condiciones en toda la UE. Ejemplo concreto y no único de ello es el apartado 2 del artículo 84 de la directiva bancaria propuesta, que faculta a las autoridades competentes para permitir que una entidad de crédito utilice el método basado en calificaciones internas (Internal Ratings Based (IRB) Approach; en adelante, el «método IRB») si sus sistemas de gestión y calificación de los riesgos de crédito cumplen una serie de condiciones (tales como ser solventes, ser aplicados con integridad y proporcionar una evaluación significativa). El mencionado artículo remite a otras condiciones establecidas en la Parte 4 del anexo VII de la directiva bancaria propuesta, que dejan mucho margen de discrecionalidad a la aplicación nacional. Aunque el BCE reconoce que a veces es preciso utilizar expresiones que dejen un considerable margen de discrecionalidad a las autoridades nacionales (por ejemplo, para no impedir la evolución de las prácticas de gestión del riesgo en las entidades de crédito o facilitar una transposición a las legislaciones nacionales y una aplicación flexibles tomando en consideración las diferentes estructuras de los sistemas bancarios nacionales o los diferentes regímenes reguladores), convendría, conforme surgen las mejores prácticas en el mercado, fomentar una interpretación uniforme de esas expresiones por las autoridades competentes. A tal fin, la Comisión podría dictar recomendaciones basadas en lo que aconsejara el CSBE.

13.

El BCE también recomienda el uso de una terminología uniforme para expresar de qué forma pueden intervenir las autoridades competentes antes de la utilización de ponderaciones según el riesgo y técnicas de medición determinadas. Podría distinguirse claramente entre los casos en que las autoridades competentes deben dictar una decisión administrativa formal a solicitud de las entidades de crédito y aquellos otros en que las autoridades competentes pueden simplemente examinar una técnica propuesta sin necesidad de dictar una decisión formal.

Funciones de la autoridad encargada de la supervisión en base consolidada

14.

El BCE considera un avance el refuerzo de las funciones de la autoridad encargada de la supervisión en base consolidada (en adelante, el «supervisor en base consolidada»), establecido en los artículos 129 a 132 de la directiva bancaria propuesta. Sin embargo, podrían surgir problemas complejos cuando la directiva propuesta se incorpore a las legislaciones nacionales y se aplique. La función de coordinación establecida en el apartado 1 del artículo 129, además de las obligaciones de compartir información establecidas en el apartado 2 del artículo 130 y en el artículo 132, agilizará las relaciones entre las autoridades supervisoras y entre estas y los bancos, con lo que mejorará la eficiencia al facilitar el proceso de toma de decisiones y reducir el coste global de la supervisión. Esta es una respuesta apropiada a la demanda creciente de los grupos bancarios con actividades transfronterizas apreciables (9) de que se reduzcan los costes a los que deben hacer frente para cumplir las obligaciones de supervisión y regulación que les imponen distintos supervisores y reguladores nacionales y que a veces se superponen o no están plenamente armonizadas.

15.

Además, el BCE espera que la función de coordinación del supervisor en base consolidada, unida a la obligación expresa de intercambiar información, contribuya a la estabilidad del sector bancario en la UE y en cada Estado miembro. Desde la perspectiva del supervisor en base consolidada, la mayor información facilitada por los supervisores nacionales acerca de las actividades y riesgos locales de las filiales comunitarias de un grupo debería reunirse a fin de lograr un examen y una evaluación completos del grupo en su conjunto, tal como exige el artículo 124, conjuntamente con los artículos 71 a 73, de la directiva bancaria propuesta. Desde la perspectiva de los supervisores nacionales, la información reunida por el supervisor en base consolidada podría facilitar la evaluación de posibles problemas financieros de otras entidades de un grupo que pueden afectar a filiales locales. Por otra parte, la mayor información a disposición de los supervisores nacionales facilitaría además el ejercicio de las funciones de banca central en materia de estabilidad financiera, sistemas de pago y política monetaria.

16.

El apartado 2 del artículo 129 de la directiva bancaria propuesta (junto con el apartado 2 del artículo 37 de la directiva propuesta sobre la adecuación del capital) ofrece una oportunidad de promover la integración financiera. Proporciona la base jurídica para utilizar los métodos IRB, de medición avanzada (AMA) y de modelos internos para los riesgos de mercado a nivel de todo el grupo, y la complementa con un procedimiento que simplifica el proceso de autorización a nivel de todo el grupo. Esto posibilitaría la armonización de las prácticas de gestión a nivel de todo el grupo en relación con el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital, lo cual mejoraría la integración de las estructuras de los grupos y, en consecuencia, del sector bancario en su conjunto.

17.

No obstante las posibles ventajas del apartado 2 del artículo 129, su aplicación puede acarrear problemas complejos que es preciso prever y resolver a fin de aprovechar al máximo esta disposición. Por ejemplo, podrían surgir problemas si hubiera discrepancias entre los supervisores del país de origen y del país de acogida de filiales de un grupo que se consideraran importantes (10) sobre la interpretación de los requisitos de la directiva bancaria propuesta. Aunque el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 129 obliga al supervisor en base consolidada a decidir a falta de acuerdo entre las autoridades supervisoras en el plazo de seis meses, es preciso solucionar las discrepancias entre los supervisores del país de origen y del país de acogida para no minar las facultades de las autoridades supervisoras nacionales competentes, que deben fiarse del resultado del método para todo el grupo a nivel local y garantizar la igualdad de condiciones (11).

18.

Las posibles ventajas del apartado 2 del artículo 129 dependen también del modo en que las facultades de los supervisores nacionales competentes de imponer medidas de supervisión a filiales locales conforme al segundo pilar del Acuerdo de Basilea II (el proceso de examen supervisor) se conjuguen con las decisiones de autorización a nivel de todo el grupo. Las entidades de crédito que presenten solicitudes con arreglo a dicho apartado requieren seguridad jurídica. En este sentido, merecen atención los procedimientos aplicables y el examen de las decisiones a nivel de todo el grupo por parte de los tribunales, así como la supervisión continua del uso de los métodos IRB y AMA a nivel de todo el grupo. Por lo tanto, las facultades respectivas de las autoridades supervisoras de rectificar las deficiencias del método de un grupo surgidas después de concedida una autorización, y de retirar una autorización, deberían abordarse en la directiva bancaria propuesta.

19.

Dada la importancia de lo expuesto para la aplicación eficaz del apartado 2 del artículo 129 de la directiva bancaria propuesta, el BCE apoya resueltamente la labor que sobre la aplicación del artículo 129 en su conjunto llevará a cabo el CSBE y está seguro de que se traducirá en su aplicación uniforme. Sin embargo, el BCE recomienda introducir en la directiva bancaria propuesta una disposición que exija evaluar, y si fuera necesario modificar, el artículo 129 a los tres años de la incorporación de la directiva a las legislaciones nacionales, a fin de examinar cómo se aplica en la práctica el artículo 129 y si cumple sus fines.

20.

El BCE apoyaría también la labor del CSBE respecto del artículo 131 de la directiva bancaria propuesta, que obliga al supervisor en base consolidada y a las otras autoridades supervisoras competentes a adoptar por escrito medidas de coordinación y cooperación. Por consiguiente, el BCE apoya la labor del CSBE encaminada a crear un acuerdo modelo de coordinación y cooperación para uso de todas las autoridades supervisoras interesadas.

Calendario y disposiciones transitorias

21.

El BCE celebra las disposiciones sobre el calendario de introducción de los nuevos requisitos de capital del Capítulo 1 del Título VII de la directiva bancaria propuesta. Estas disposiciones coinciden con las del calendario establecido en el Acuerdo de Basilea II y garantizan que las entidades de crédito europeas no se encuentren en situación de desventaja respecto de sus competidores de terceros países. Por otra parte, posponer la aplicación perjudicaría en cierta medida a los preparativos que las entidades de crédito de la UE han hecho para respetar los plazos iniciales. Por estas razones el BCE anima a las instituciones comunitarias a mantener el calendario propuesto por la Comisión.

22.

Además, el BCE considera que debe tenerse presente la gran envergadura de la reforma y la incertidumbre residual en cuanto a su influencia en el nivel de capital del sistema financiero de la UE en su conjunto (aunque la incertidumbre se haya reducido todo lo posible gracias a estudios cuantitativos de impacto). Por esta razón, el BCE apoya plenamente la inclusión, en el artículo 152 de la directiva bancaria propuesta, de disposiciones transitorias que limitan los efectos de esta en los requisitos mínimos de capital de las entidades de crédito en los tres primeros años de su transposición a las legislaciones nacionales.

23.

No obstante la necesidad de basar las estimaciones de los factores de riesgo en períodos de observación lo suficientemente largos como para abarcar situaciones económicas muy variadas, las disposiciones transitorias deben ayudar a las entidades de crédito en su transición al método IRB, más complejo, suavizando temporalmente ciertos requisitos, que se van endureciendo conforme mejora la capacidad de una entidad para recopilar datos. Esto se refiere a la obligación de tener datos históricos de la probabilidad de impago por un período mínimo de cinco años (apartado 66 de la Parte 4 del anexo VII de la directiva bancaria propuesta). Así, el apartado 5 del artículo 154 de la directiva propuesta permitirá que los Estados miembros impongan un requisito reducido de dos años de datos históricos a las entidades de crédito que hayan decidido adoptar el método IRB antes del 31 de diciembre de 2007. No obstante, las entidades que adopten el método IRB después del 31 de diciembre de 2007 deben tener tres años de datos históricos a finales de 2008, cuatro años de datos históricos a finales de 2009 y cinco años de datos históricos a finales de 2010. En la práctica les resultará imposible tener tres años de datos históricos a finales de 2008 si no han obtenido dos años de datos históricos a finales de 2007. Por consiguiente, el BCE considera conveniente modificar esta disposición de manera que sea más realista y permita el reconocimiento del uso del método IRB también durante el período transitorio. En este sentido, el BCE celebra los cambios en los apartados 5 y 6 del artículo 154 establecidos en el planteamiento general del Consejo, que constituyen una solución pragmática.

Vigilancia de la incidencia estructural y la posible incidencia procíclica del nuevo marco

24.

La incidencia estructural global de las directivas propuestas es motivo de preocupación que nace, entre otras cosas, del reto de conjugar la neutralidad del capital con métodos cada vez más complejos. El BCE respalda plenamente la estimación global de los requisitos mínimos de capital establecidos en las directivas propuestas y observa que un estudio cuantitativo de impacto (QIS3) (12) que comprendía a los Estados miembros arrojó una valoración global positiva en relación con la repercusión en entidades de crédito de menor tamaño, empresas de inversión de la UE, y crédito a la pequeña y mediana empresa en la UE (que, al parecer, no resultarán perjudicados por las directivas propuestas), y con el mantenimiento de la igualdad de condiciones en la UE con los competidores de terceros países. El BCE observa también la valoración global positiva dada por un informe, elaborado bajo los auspicios de la Comisión Europea, sobre las consecuencias financieras y macroeconómicas de los requisitos de capital revisados (13). Sin embargo, una valoración prospectiva de los efectos cuantitativos de las directivas propuestas no puede comprender sus efectos dinámicos, ya que el comportamiento de las instituciones financieras puede variar merced a los incentivos proporcionados por ponderaciones según el riesgo que difieren según se apliquen los requisitos de capital vigentes o los revisados. Por consiguiente, el BCE sería partidario de una vigilancia retrospectiva periódica, que debería comprender además la incidencia estructural y la asignación de los riesgos.

25.

Además de vigilar la repercusión general de las directivas propuestas, ciertas particularidades pueden requerir además una ulterior vigilancia. A modo de ejemplo, el BCE observa que el trato preferente de que pueden gozar los préstamos garantizados con propiedad inmobiliaria comercial con arreglo al método estándar y al método IRB básico (14) ofrece una mayor flexibilidad en comparación con el Acuerdo de Basilea II. El BCE subraya que la interacción entre la disponibilidad de esos préstamos inmobiliarios comerciales y los precios de los inmuebles debería, aparte de la valoración prudencial de los activos de garantía por los bancos, estar sujeta además a una estrecha vigilancia desde una perspectiva macroprudencial. El BCE pretende contribuir a este proceso de vigilancia.

26.

En cuanto a la posible incidencia procíclica de las directivas propuestas (o sea, la posibilidad de que los requisitos de capital puedan ser más estrictos durante períodos de recesión y suavizarse en períodos de expansión, agudizando así las oscilaciones cíclicas), el BCE reconoce la importancia de abordar este problema y lo mucho que se ha avanzado para mitigarlo ajustando las directivas propuestas de manera que se limiten los efectos procíclicos. Efectivamente, las autoridades supervisoras de la UE comparten el interés por examinar los modos adecuados de reducir el riesgo de un mayor efecto procíclico, pues las condiciones macroeconómicas se entretejen poco a poco más estrechamente, especialmente en la zona del euro. Abordar en común el efecto procíclico contribuiría además a la igualdad de condiciones y la transparencia en el mercado único. No obstante, el BCE aún considera necesaria la vigilancia de la Comisión y las autoridades nacionales competentes.

27.

Por lo tanto, el BCE apoya la propuesta de que la Comisión vigile periódicamente si la directiva bancaria propuesta produce efectos apreciables en el ciclo económico, que figura en su artículo 156. Además, el BCE observa que la Comisión tiene la prerrogativa de adoptar propuestas de modificación del texto refundido de la Directiva codificada sobre banca y que esto vale igualmente para las posibles medidas correctoras legislativas mencionadas en el artículo 156. Sin embargo, desde una perspectiva macroprudencial es esencial que las posibles medidas correctoras legislativas sean simétricas y que las normas de capital sólo se modifiquen cuando sea prudencialmente posible mantener el ajuste durante todo el ciclo. El BCE propone que esta necesidad se explique en el considerando 59 de la directiva bancaria propuesta.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Definición de bancos centrales

28.

El BCE considera necesario que se clarifique su situación en cuanto a la exclusión de los bancos centrales de la directiva bancaria propuesta. En el primer guión del artículo 2 se excluye a los bancos centrales de los Estados miembros del ámbito de aplicación de la directiva bancaria propuesta, mientras que en el apartado 23 del artículo 4 se establece que la expresión «bancos centrales» (frente a la de «bancos centrales de los Estados miembros») incluye al BCE salvo que se indique lo contrario. El BCE propone que se modifique el artículo 2 de manera que se excluya expresamente también al BCE.

Consolidación individual

29.

En el artículo 70 de la directiva bancaria propuesta se da a las autoridades competentes la posibilidad de permitir, en casos concretos y con sujeción a ciertas condiciones, que las entidades de crédito matrices de determinado Estado miembro incorporen a las filiales situadas en la UE en los cálculos que requiere el apartado 1 del artículo 68 de la directiva bancaria propuesta. Este proceso se denomina consolidación individual.

30.

El BCE recomienda que se reconsideren las condiciones con las cuales puede aplicarse la consolidación individual (15). Una de estas condiciones se establece en la letra a) del apartado 1 del artículo 69 de la directiva bancaria propuesta, que exige que no haya impedimentos para la transferencia de recursos propios de la empresa matriz a la filial. En opinión del BCE, no es apropiado imponer dicha condición a la empresa matriz en el contexto de los requisitos de la consolidación individual. En este sentido, el BCE acoge con gran satisfacción el hecho de que los cambios en el artículo 70 de la directiva bancaria propuesta contemplados en el planteamiento general del Consejo impongan requisitos respecto de la disponibilidad de recursos propios de la filial para la empresa matriz y eliminen el requisito de que no deban existir impedimentos para la transferencia de recursos propios de la empresa matriz a la filial. El BCE observa que la consolidación individual se extendería a filiales situadas en Estados miembros distintos del de la empresa matriz. Esto supone en la práctica que la posición financiera de una filial se tratará, a efectos de adecuación de capital, como si fuera parte de la posición financiera de la propia empresa matriz. El supervisor de la empresa matriz debe, por consiguiente, tener pleno acceso a la información relativa a la calidad del activo, el pasivo y el capital de la filial. El BCE sugiere añadir otro criterio para asegurar que la autoridad supervisora de la empresa matriz pueda efectivamente verificar esa información sobre la posición financiera de las filiales situadas en otro Estado miembro. Por principio, el BCE apoya además resueltamente la transparencia en la utilización del artículo 70 de la directiva y celebra las disposiciones encaminadas a este fin contempladas en el planteamiento general del Consejo.

31.

El BCE observa que el artículo 70 de la directiva bancaria propuesta no cuestiona la aplicación de requisitos de capital individuales a filiales de la UE incorporadas en los requisitos de capital individuales de la entidad de crédito matriz. Sería útil aclarar que el artículo 70 se entiende sin perjuicio de los requisitos que el artículo 68 impone a las filiales interesadas.

Requisitos de capital para el préstamo interbancario intragrupo

32.

En el apartado 7 del artículo 80 de la directiva bancaria propuesta se permite a las autoridades competentes, con ciertas condiciones, que excluyan de los requisitos de capital para el riesgo de crédito el préstamo de una entidad de crédito a su empresa matriz, a su filial o a otras filiales de la misma empresa matriz (16). El BCE subraya que toda exposición al riesgo de crédito debería sujetarse a requisitos de capital adecuados. Las condiciones con sujeción a las cuales se aplica el apartado 7 del artículo 80 no eliminan el riesgo de crédito de las operaciones de préstamo en cuestión ya que, por ejemplo, una entidad de crédito puede no cumplir sus obligaciones frente a otra entidad de crédito controlada por la misma empresa matriz. Además, el BCE observa que el apartado 7 del artículo 80 se aplicará principalmente al préstamo interbancario, donde los requisitos de capital son esenciales para limitar el riesgo sistémico. El BCE observa asimismo que esta exención no se encuentra en el Acuerdo de Basilea II (17) y en algunos sistemas bancarios podría afectar a la igualdad de condiciones en el ámbito nacional. Por lo tanto, el BCE recomienda que esa forma de préstamo continúe sujeta a los requisitos de capital.

Instituciones externas de evaluación del crédito

33.

En cuanto al reconocimiento de las instituciones externas de evaluación del crédito (External Credit Assessment Institutions, ECAI), el BCE quisiera plantear tres cuestiones.

34.

En primer lugar, el BCE considera que es posible precisar más el requisito de «independencia» del apartado 1.2 de la Parte 2 del anexo VI de la directiva bancaria propuesta. En el proceso de evaluación, las autoridades competentes deberían tener en cuenta factores como la propiedad y la estructura organizativa de las ECAI, sus recursos financieros, dotación de personal y conocimientos especializados y su gobierno corporativo. En opinión del BCE, las autoridades competentes deberían comprobar además que las ECAI disponen de procedimientos internos efectivos para distinguir, evitar y gestionar posibles conflictos de intereses, velando así por que la información confidencial no se difunda, publique o use indebidamente de manera involuntaria. Es general la consideración de estas cuestiones como cuestiones normativas clave; se reconocen en la declaración de principios relativa a las actividades de las agencias de calificación crediticia («Statement of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies»), de 25 de septiembre de 2003 (18), de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV).

35.

En segundo lugar, el BCE quisiera subrayar la necesidad de abordar de manera prudente y justa la evaluación, por los supervisores, de la credibilidad y aceptación en el mercado de las ECAI. En particular, es importante que las autoridades competentes, al evaluar a posibles ECAI, no creen ninguna barrera al acceso de nuevos participantes del mercado imponiéndoles la carga excesiva de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2.1 de la Parte 2 del anexo VI de la directiva bancaria propuesta (cuota de mercado, recursos financieros e ingresos, e incidencia en la fijación de los precios). En lugar de ello, las autoridades competentes deberían centrar debidamente su evaluación en la solidez y solvencia de los métodos de evaluación. Por lo tanto, deberían desarrollarse las disposiciones pertinentes de manera que permitieran un proceso de evaluación suficientemente diferenciado. En este sentido, el BCE sería partidario de que se diera al susodicho apartado una nueva redacción conforme con el Acuerdo de Basilea II, con objeto de asegurar que la credibilidad es el resultado tanto de la aceptación en el mercado como de unos métodos solventes.

36.

En tercer lugar, el BCE subraya la necesidad de una convergencia en materia de supervisión y una cooperación adecuadas respecto del reconocimiento de las ECAI. Será indispensable un alto grado de uniformidad en las prácticas de los Estados miembros para garantizar la comparabilidad de las evaluaciones de calificaciones externas y la igualdad de condiciones de las entidades de crédito que utilicen esas evaluaciones de conformidad con el método estándar para el riesgo de crédito. Además, ese alto grado de uniformidad contribuirá a reducir el riesgo de arbitraje reglamentario. Asimismo, la cooperación en materia de supervisión será esencial para reducir los gastos en regulación de las ECAI que soliciten su reconocimiento en más de un Estado miembro. Actualmente, la directiva bancaria propuesta, en el apartado 3 del artículo 81, el apartado 2 del artículo 82 y el apartado 3 del artículo 97, solo incluye una opción discrecional de reconocimiento mutuo. De acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto de la libre prestación de servicios, el BCE considera que el reconocimiento mutuo debería ser el principio general aplicable a las ECAI en la UE. Esto no impediría que un supervisor decidiera imponer otros requisitos en consonancia con las particularidades del mercado nacional, siempre que esos requisitos no fueran repetición de requisitos análogos ya satisfechos en el Estado miembro de origen. El BCE celebra el documento de consulta del CREV sobre los posibles modos de regular las agencias de calificación crediticia (19). Además, el BCE apoya resueltamente la labor de armonización de los criterios de reconocimiento de las ECAI que actualmente desarrolla el CSBE. El BCE considera que el proceso de asignación (establecido en el anexo 2 del Acuerdo de Basilea II), conforme al cual, entre otras cosas, las autoridades nacionales asignan las evaluaciones del riesgo de crédito a las ponderaciones por riesgo disponibles, es de gran importancia, y, por lo tanto, el CSBE debería estimular la convergencia en este campo.

Uso parcial permanente para ciertos riesgos

37.

El BCE observa que, a diferencia del Acuerdo de Basilea II, la directiva bancaria propuesta permite la utilización parcial permanente del método IRB para riesgos importantes y en unidades de gestión significativas en las diversas circunstancias enumeradas en las letras a) y b) y d) a g) del apartado 1 del artículo 89 de la directiva bancaria propuesta. El BCE observa que la finalidad de restringir la utilización parcial permanente es evitar que los bancos traten permanentemente exposiciones a riesgos altos con el método estándar mientras utilizan sus propias estimaciones de parámetros de riesgo para carteras de riesgo más bajo, seleccionando así el método más ventajoso en cada caso.

38.

El BCE apoya que las entidades de crédito de pequeño tamaño puedan acceder a la utilización parcial permanente para los riesgos frente a gobiernos centrales, entidades de crédito y empresas de inversión, porque, en estos casos, la aplicación de estimaciones propias sería muy gravosa, lo que podría impedir a las entidades de crédito de pequeño tamaño adoptar el método IRB. La posición de las entidades de crédito de pequeño tamaño se aborda adecuadamente en un nuevo considerando 35A, que se propone en el planteamiento general del Consejo. El BCE recomienda que la Comisión examine si la aplicación del artículo 89 de la directiva bancaria propuesta ha resultado efectiva en cuanto a la consecución de su objetivo a los tres años de su introducción en los derechos internos.

Tratamiento coherente de los compromisos en los métodos IRB y estándar

39.

Existe una contradicción en la exigencia de capital de los compromisos en los métodos estándar e IRB básico. El BCE entiende que la divergencia entre ambos métodos no es algo intencionado. Sin embargo, si no se abordara, podría tener como efecto la aparición, con arreglo al método IRB básico, de una exigencia de capital para algunas garantías que reducen los riesgos y protegen la estabilidad del sistema financiero garantizando que se produce una liquidación completa en algunos sistemas de pago. Por lo tanto, el BCE recomienda que se modifique la redacción de la letra a) del apartado 1.11 de la Parte 3 del anexo VII de la directiva bancaria propuesta para adecuarla a la disposición equivalente aplicable al método estándar, es decir, que establezca que para las líneas de crédito no comprometidas, que puedan ser canceladas incondicionalmente por la entidad en cualquier momento y sin previo aviso, o para las que se contemple su cancelación automática en caso de deterioro de la solvencia del prestatario, se aplicará un factor de conversión del 0 %.

Proceso de examen supervisor

40.

El BCE subraya la importancia de asignar al segundo pilar la misma importancia que a los otros pilares del Acuerdo de Basilea II, a saber, los requerimientos mínimos de capital y la disciplina de mercado. El BCE considera que la redacción muy general de los artículos 123 y 124 de la directiva bancaria propuesta, que refleja el segundo pilar, puede dar a entender erróneamente que los tres pilares no tienen la misma importancia.

41.

Desde el punto de vista del BCE, puesto que no existe una definición en la directiva bancaria propuesta del concepto de «capital interno» (que se utiliza en el artículo 123 de la directiva), la noción que los supervisores y las entidades de crédito tengan del mismo tendrá que irse aproximando conforme evolucionen las prácticas empresariales. El BCE considera deseable ofrecer una orientación con respecto a lo que deben hacer las entidades de crédito para cumplir las obligaciones del artículo 123. El BCE es consciente de que dicha orientación sólo puede ofrecerse con el tiempo con arreglo a la evolución de las prácticas empresariales y la experiencia de los supervisores nacionales, y no insiste en una definición más detallada de capital interno en este momento.

42.

En cuanto a las reservas de capital, hay que subrayar la declaración del Comité de julio de 2002 en la que reconoce expresamente la importancia de las reservas de capital respecto de la posible preocupación por el efecto procíclico (20). La directiva bancaria propuesta no se refiere a esta cuestión, y el BCE propone que se aborde en un considerando, indicando que los supervisores deberían esperar que los bancos operaran con reservas de capital para que puedan alcanzar el nivel mínimo de capital, incluso en situaciones de estrés.

43.

Por último, el BCE observa que actualmente algunos Estados miembros, en circunstancias especiales, establecen el coeficiente mínimo de capital por encima del 8 % estipulado en el artículo 75 de la directiva bancaria propuesta. La aplicación automática de requisitos superiores de capital a ciertas clases de instituciones no conviene, pues las diferencias en los coeficientes mínimos de capital obstaculizan la igualdad de condiciones en la UE e incentivan la reestructuración de grupos buscando el arbitraje reglamentario entre regímenes de capital.

Cooperación en situaciones críticas

44.

El BCE celebra el apartado 1 del artículo 130 de la directiva bancaria propuesta, que es muy importante porque obliga al supervisor en base consolidada a avisar a las autoridades mencionadas en la letra a) del artículo 49 y en el artículo 50 de la directiva propuesta cuando se produzca una situación crítica que pueda poner en peligro la estabilidad del sistema financiero.

45.

El BCE entiende que el apartado 1 del artículo 130 se aplica tanto a la dimensión nacional como comunitaria del sistema financiero. Por consiguiente, el BCE entiende que la información debe comunicarse a las autoridades mencionadas en la letra a) del artículo 49 tanto a nivel nacional como transfronterizo. Esto es importante, ya que, los avances en la integración de los mercados financieros y las infraestructuras de los mercados de la UE, al tiempo que aumentan la liquidez y eficiencia de dichos mercados, pueden también aumentar la probabilidad de que se produzcan perturbaciones sistémicas que afecten a más de un Estado miembro y el riesgo de contagio transfronterizo en el sector bancario de la UE. El BCE celebra que en el apartado 1 del artículo 130 se siga la recomendación del informe del Comité Económico y Financiero sobre la gestión de las crisis financieras (21), estableciendo la obligación de informar oportunamente a esas autoridades en situaciones críticas. A fin de aclarar el alcance del apartado 1 del artículo 130, el BCE recomendaría que se indicara que la obligación de avisar a las autoridades mencionadas en la letra a) del artículo 49 se aplica a las autoridades en la UE.

46.

El BCE entiende asimismo que la referencia del apartado 1 del artículo 130 a las autoridades mencionadas en el artículo 50 (22) tiene por objeto velar por que se avise de las situaciones críticas tan pronto como se pueda a los miembros de los gobiernos de los Estados miembros que se ocupan de los servicios financieros. El BCE propone que la directiva bancaria propuesta sea más explícita y, en lugar de referirse a las autoridades mencionadas en su artículo 50, se refiera expresamente a «los miembros del gobierno competentes», a fin de garantizar que no haya impedimentos para comunicar la información confidencial necesaria para gestionar las situaciones críticas, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación nacional y comunitaria, es decir, cuando sus funciones políticas respectivas se vean afectadas por la situación crítica.

47.

El BCE apoya decididamente además la redacción del apartado 1 del artículo 130 de la directiva bancaria propuesta porque da margen suficiente a las autoridades competentes tanto a nivel nacional como de la UE para adoptar acuerdos flexibles, necesarios en la gestión de crisis. Sobre este particular, el BCE destaca los actuales acuerdos entre los bancos centrales y los supervisores en los que se especifican los principios y las normas de comunicación y cooperación en relación con la gestión de crisis financieras. Concretamente, el Memorándum de entendimiento sobre los principios de alto nivel para la cooperación entre los supervisores bancarios y los bancos centrales de la Unión Europea en situaciones de gestión de crisis (el Memorándum) establece principios y normas específicos sobre la determinación de las autoridades competentes para gestionar crisis, la circulación de información que debe producirse entre todas las autoridades implicadas y las condiciones prácticas para el intercambio de información a nivel transfronterizo. El Memorándum dispone además que se establezca la infraestructura logística necesaria para una cooperación transfronteriza reforzada entre esas autoridades (23).

48.

Por otra parte, el BCE observa que ya se han puesto en marcha algunas iniciativas para desarrollar los acuerdos sobre gestión de crisis con arreglo a lo dispuesto en el artículo 130 de la directiva bancaria propuesta. Así, el Comité de Supervisión Bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales y el CSBE han creado un grupo de trabajo conjunto sobre gestión de crisis, que contribuirá a adoptar otros acuerdos prácticos para la gestión de crisis. En este contexto, el BCE anima a seguir trabajando en la adopción de acuerdos de cooperación eficaces. El BCE considera que la interacción fluida entre las funciones de supervisión y banca central contribuirá a que se evalúe antes la incidencia sistémica de las crisis y a que estas se gestionen eficazmente a nivel nacional y de la UE.

Compatibilidad con el Acuerdo de Basilea II en lo que respecta al riesgo operativo

49.

El BCE observa que las disposiciones de la directiva bancaria propuesta relativas al riesgo operativo difieren de lo establecido en el Acuerdo de Basilea II de manera que podría obstaculizar la igualdad de condiciones. Por ello, el BCE recomienda que la directiva propuesta se modifique en los siguientes puntos.

50.

En primer lugar, el indicador relevante de las partes 1 y 2 del anexo X de la directiva bancaria propuesta, calculado sobre la base de las seis últimas observaciones de doce meses hechas a mitad y al final del ejercicio económico y la aceptación de cifras estimadas a falta de cifras verificadas, es incompatible con el Acuerdo de Basilea II, que establece que deben utilizarse observaciones anuales. El BCE celebra que los cambios en el apartado 3 de la Parte 1 y en el apartado 5 de la Parte 2 del anexo X de la directiva contemplados en el planteamiento general del Consejo armonicen la directiva con el Acuerdo de Basilea II en este asunto.

51.

En segundo lugar, el cálculo propuesto de los requisitos de capital de acuerdo al método estándar deja a las entidades de crédito de la UE en desventaja respecto de la situación de las entidades de crédito de terceros países a las que se aplica el Acuerdo de Basilea II. Además, este método podría impedir el objetivo de estimular a los bancos a cambiar el método del indicador básico por el método estándar. El Acuerdo de Basilea II permite que los ingresos brutos negativos de ciertos ramos de negocio se utilicen en parte para compensar los ingresos brutos positivos de otros en cada ejercicio y de esta forma se logra compatibilizarlo con el método del indicador básico, conforme al cual se produce normalmente la compensación entre los ramos de negocio en cada ejercicio. El BCE observa que el método elegido en la directiva bancaria propuesta es, de hecho, más prudente. Sin embargo, el BCE sería partidario de armonizar la directiva bancaria propuesta con el Acuerdo de Basilea II.

52.

En tercer lugar, los requisitos de la Parte 4 del anexo X de la directiva bancaria propuesta se apartan del Acuerdo de Basilea II en que, en principio, permiten una utilización parcial permanente ilimitada de los métodos de medición avanzada. El BCE observa que las limitaciones al alcance y la duración de la utilización parcial del método IRB y de los métodos de medición avanzada se consideraron esenciales en el Acuerdo de Basilea II para evitar el posible arbitraje reglamentario y el potencial menoscabo de la igualdad de condiciones. El BCE comparte la preocupación del Comité por esta cuestión y recomienda que se limite con carácter general, y no solo caso por caso, la utilización parcial de los métodos de medición avanzada.

53.

Por último, las disposiciones transitorias del artículo 155 de la directiva bancaria propuesta permiten que se aplique un indicador relevante del 15 % al ramo de negocio de operaciones y ventas hasta el 31 de diciembre de 2012, en los casos en que este ramo de negocio constituya al menos el 50 % de los indicadores relevantes totales. Esta es una desafortunada discrepancia con respecto al Acuerdo de Basilea II, donde no existe una disposición transitoria de esta clase.

Riesgo legal como parte del riesgo operativo

54.

El BCE observa que el apartado 22 del artículo 4 de la directiva bancaria propuesta introduce el concepto de riesgo legal como un elemento del concepto, más amplio, de riesgo operativo. El BCE reconoce que el riesgo legal es una importante categoría de riesgo que debe tenerse en cuenta en la medición del capital, pero observa también que el concepto de riesgo legal no se define en la directiva propuesta, lo que podría causar incertidumbre y una transposición a las legislaciones nacionales y una aplicación divergentes. Por eso el BCE considera que convendría introducir en el marco de la UE la redacción, más precisa, del Acuerdo de Basilea II, donde se establece concretamente que el riesgo operativo «incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación» (apartado 644 del Acuerdo de Basilea II). En la nota a pie de página del apartado 644 se dice que el «riesgo legal incluye, entre otros, la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones supervisoras o de acuerdos privados entre las partes». El BCE considera que sería útil reproducir esta definición en un considerando de la directiva bancaria propuesta.

55.

La definición general de riesgo legal facilitaría una correcta evaluación y gestión del riesgo y aseguraría un planteamiento uniforme entre las entidades de crédito de la UE. Convendría también examinar en qué medida debe tenerse en cuenta el dato de que los riesgos legales son intrínsecamente imprevisibles y normalmente no se ajustan a modelos. Además, la gestión del riesgo legal tendría que ser compatible con la gestión del riesgo operativo en general. Por todo ello el BCE propone que el CSBE prosiga la labor de clarificar la definición de riesgo legal.

56.

El BCE observa que cabe considerar que los requisitos de seguridad jurídica de las técnicas de reducción del riesgo de crédito de los anexos VII a IX de la directiva bancaria propuesta reducen los riesgos legales propios de la utilización de esas técnicas. El motivo es que esos requisitos no se refieren directamente al cálculo de los activos ponderados según el riesgo, sino a la cuestión de si las técnicas de reducción del riesgo de crédito tienen una base legal sólida. No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 14 del apartado 1.2 de la Parte 3 del anexo X de la directiva bancaria propuesta, el BCE entiende que las pérdidas debidas a defectos legales de las técnicas de reducción del riesgo de crédito no se sujetarán a un requisito específico para el riesgo operativo si se tratan como riesgo de crédito para calcular los requisitos mínimos de capital.

Requisitos de capital para ciertas empresas de inversión

57.

En el artículo 20 de la directiva propuesta sobre la adecuación del capital se faculta a las autoridades competentes para eximir a ciertas empresas de inversión de los requisitos de capital para el riesgo operativo. Sin embargo, en el considerando 22 de la directiva propuesta se subraya que el riesgo operativo es un riesgo importante para las entidades y que requiere la protección de recursos propios. Basándose en un estudio publicado en julio de 2004 (24), la Comisión incluyó en su propuesta esta facultad de las autoridades competentes, cuya finalidad es mitigar los efectos de los requisitos para el riesgo operativo en el conjunto de los requisitos impuestos a las empresas de inversión. El BCE observa que los autores de ese estudio mantuvieron una actitud relativamente cautelosa sobre la cuestión de si el aumento de los requisitos de capital para las empresas de inversión a consecuencia de la introducción de un requisito de capital para el riesgo operativo debía considerarse desproporcionado. Por otra parte, en el propio estudio se afirmaba que los datos empleados parecían ser incompletos. El BCE advierte además que la discrecionalidad y la limitación a ciertas empresas de las exenciones permitidas con arreglo a la directiva propuesta sobre la adecuación del capital podrían afectar a la igualdad de condiciones en tres niveles: entre distintos tipos de empresas de inversión; entre empresas de inversión del mismo tipo que compitan en el plano internacional, y entre empresas de inversión y entidades de crédito. Consecuentemente, el BCE propone que la Comisión revise en su momento el efecto de esas exenciones y el modo en que las aplican las autoridades competentes, y que se incluya una disposición a tal fin en la directiva propuesta sobre la adecuación del capital.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 17 de febrero de 2005.

El Presidente del BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2004) 486 final, volúmenes I y II y anexos técnicos.

(2)  DO L 126 de 26.5.2000, p. 1 (en adelante, la «Directiva codificada sobre banca»). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/69/CE de la Comisión (DO L 125 de 28.4.2004, p. 44).

(3)  DO L 141 de 11.6.1993, p. 1 (en adelante, la «Directiva sobre la adecuación del capital»). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/39/CE (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

(4)  Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, «Convergencia internacional de medidas y normas de capital: Marco revisado», Banco de Pagos Internacionales (BPI), junio de 2004; disponible en la dirección del BPI en Internet.

(5)  Véanse en particular los comentarios del BCE al segundo documento consultivo del Comité de 31 de mayo de 2001; la respuesta del BCE al tercer documento consultivo (CP3) del Comité de agosto de 2003, y los comentarios del BCE al tercer documento de consulta de la Comisión Europea sobre la revisión de los requisitos mínimos de capital (en adelante, el «tercer documento de consulta») de noviembre de 2003. Todos estos documentos pueden consultarse en la Dirección del BCE en Internet.

(6)  Adviértase que en su reunión de 7 de diciembre de 2004, el Consejo ECOFIN estableció un planteamiento general relativo a las directivas propuestas (en adelante, el «planteamiento general del Consejo»). Solicitó a la Presidencia del Consejo que continuara sus contactos con los representantes del Parlamento Europeo con el fin de explorar la posibilidad de adoptar las directivas propuestas en primera lectura. El planteamiento general del Consejo también aborda algunas de las cuestiones que trata el BCE en el presente dictamen. Cuando corresponde, se hace referencia al planteamiento general del Consejo.

(7)  Dictamen del BCE CON/2004/7 de 20 de febrero de 2004, solicitado por el Consejo de la Unión Europea, acerca de una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE y 94/19/CE y las Directivas 2000/12/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros (DO C 58 de 6.3.2004, p. 23).

(8)  Véase la página 12 del comunicado de prensa de la sesión no2 580 del Consejo ECOFIN celebrada en Bruselas el 11 de mayo de 2004, disponible en la dirección del Consejo en Internet.

(9)  Síntoma de la importancia cada vez mayor de las actividades transfronterizas es la creciente participación de las sucursales y filiales extranjeras en los activos totales del sector bancario, que en 2003 fue superior al 20 %. Véase el «Report on EU Banking Structure» (informe sobre la estructura bancaria en la UE) del BCE, de noviembre de 2004, disponible en la dirección del BCE en Internet.

(10)  «Importantes» puede hacer referencia a la importancia relativa de las filiales para el grupo en su conjunto o para el sistema bancario en el país de acogida.

(11)  Se podría poner en peligro la igualdad de condiciones si los métodos IRB de ciertos bancos los validara el supervisor en base consolidada mientras que, para otros bancos, la validación la efectuara el supervisor nacional.

(12)  «Review of the Capital Requirements for Credit Institutions and Investment Firms, Third Quantitative Impact Study: EU Results», Comisión Europea, 1 de julio de 2003; disponible en la dirección de la Comisión en Internet.

(13)  «Study on the financial and macroeconomic consequences of the draft proposed new capital requirements for banks and investment firms in the EU», PricewaterhouseCoopers, MARKT/2003/02/F, 8 de abril de 2004; disponible en la dirección de la Comisión en Internet.

(14)  El método estándar se describe en los artículos 78 a 83 de la directiva bancaria propuesta. El método IRB básico es el método IRB descrito en los artículos 84 a 89 de la directiva bancaria propuesta, solo que la entidad de crédito no utiliza sus propias estimaciones de pérdidas en caso de impago y/o factores de conversión conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 84.

(15)  La consolidación individual es un elemento de la directiva bancaria propuesta que no se aborda en el Acuerdo de Basilea II. En el apartado 23 del Acuerdo de Basilea II se dice que los supervisores deberán comprobar que «cada banco esté suficientemente capitalizado en tanto que entidad independiente».

(16)  Esta exención sólo se aplica al método estándar. No obstante, puede también aplicarse a entidades de crédito mediante un tipo específico de uso parcial permanente (letra e) del apartado 1 del artículo 89 de la directiva bancaria propuesta).

(17)  El Acuerdo de Basilea II se aplica a bancos que operan a escala internacional en todos los ámbitos de un grupo bancario en base consolidada, lo cual significa que una filial que sea un banco que opera a escala internacional tendrá que mantener capital para cubrir el riesgo de crédito frente a otras entidades del grupo que no sean filiales suyas. El Acuerdo de Basilea II no permite ninguna exención con respecto a dichos requisitos de capital.

(18)  Disponible en la dirección de la OICV en Internet.

(19)  «CESR's technical advice to the European Commission on possible measures concerning credit rating agencies — Consultation Paper», 30 de noviembre de 2004; disponible en la dirección del CREV en Internet.

(20)  Según la nota de prensa del Comité de 10 de julio de 2002, disponible en inglés en la dirección del BPI en Internet, a fin de contribuir a solucionar la posible preocupación por el efecto cíclico de los métodos IRB, el Comité acordó que la realización por los bancos de pruebas justificadamente conservadoras de estrés en relación con el riesgo de crédito debería ser una exigencia de los métodos IRB como medio de asegurar que los bancos tienen una reserva de capital suficiente con arreglo al segundo pilar del nuevo acuerdo.

(21)  Comité Económico y Financiero, «Report on financial crisis management», 17 de abril de 2001, Economic Paper N156, julio de 2001; disponible en la dirección de la Comisión en Internet.

(22)  El artículo 50 de la directiva bancaria propuesta, refundiendo parte del apartado 9 del artículo 30 de la Directiva codificada sobre banca, permite a los Estados miembros que autoricen la comunicación de información prudencial confidencial a los departamentos de sus administraciones centrales responsables de la legislación de supervisión de las entidades de crédito, las entidades financieras, los servicios de inversión y las compañías de seguros, así como a los inspectores comisionados por dichos departamentos.

(23)  Véase en la dirección del BCE en Internet la nota de prensa del BCE de 10 de marzo de 2003.

(24)  Comisión Europea, «Review of the Capital Requirements for EU Investment Firms — 2004 Quantitative Impact Study — Main Conclusions»; sin fecha; disponible en la dirección de la Comisión en Internet.


II Actos jurídicos preparatorios

Comisión

2.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 52/47


Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión

(2005/C 52/11)

Documento

Parte

Fecha

Título

COM(2004) 492

 

14.7.2004

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión

COM(2004) 551

 

19.8.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica la Decisión 2001/51/CE del Consejo, por la que se establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y la Decisión no 848/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres

COM(2004) 594

1

17.9.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la firma del acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca, por el que se extiende a Dinamarca lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 343/2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país y en el Reglamento (CE) no 2725/2000 relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín

COM(2004) 594

2

17.9.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración del acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca, por el que se extiende a Dinamarca lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 343/2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país y en el Reglamento (CE) no 2725/2000 relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín

COM(2004) 699

 

20.10.2004

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas

COM(2004) 710

 

25.10.2004

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y el Reglamento (CE) no 1788/2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos

COM(2004) 716

 

12.11.2004

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado

COM(2004) 725

 

27.10.2004

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE relativas a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y a las cuentas consolidadas

COM(2004) 781

 

7.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión 2000/819/CE del Consejo relativa al Programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-2005)

COM(2004) 787

 

9.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptarán las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el Consejo de Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE-Moldova

COM(2004) 788

 

9.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptará la Comunidad Europea y sus Estados miembros en el seno del Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE-Marruecos

COM(2004) 789

 

9.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptará la Comunidad Europea en el Comité mixto establecido por el Acuerdo interino de asociación en materia de comercio y cooperación con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE-Autoridad Palestina

COM(2004) 790

 

9.10.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE-Israel

COM(2004) 791

 

9.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE-Ucrania

COM(2004) 792

 

9.10.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptará la Comunidad Europea y sus Estados miembros en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE-Túnez

COM(2004) 796

 

9.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que adoptará la Comunidad Europea y sus Estados miembros en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción UE- Jordania

COM(2004) 798

 

16.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, según fue revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991

COM(2004) 809

1

16.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre los principios generales de la participación de la República de Albania en los programas comunitarios

COM(2004) 809

2

16.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y Bosnia y Herzegovina sobre los principios generales de la participación de Bosnia y Herzegovina en los programas comunitarios

COM(2004) 809

3

16.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre los principios generales de la participación de la República de Croacia en los programas comunitarios

COM(2004) 809

4

16.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, relativo a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre los principios generales de la participación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en los programas comunitarios

COM(2004) 809

5

16.12.2004

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y Serbia y Montenegro sobre los principios generales de la participación de Serbia y Montenegro en los programas comunitarios

COM(2004) 835

 

28.12.2004

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros

COM(2004) 852

 

5.1.2005

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, se autoriza a Suecia a aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad consumida por determinados hogares y empresas del sector de los servicios

COM(2005) 4

 

19.1.2005

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República de Chipre para establecer una medida de inaplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Sexta Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios

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