18.2.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

C 42/2

AYUDA DE ESTADO — FRANCIA

Ayuda de Estado C 15/2004 (ex N 267/2003) — Ayudas al sector de los productores y comerciantes de los vinos de licor Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 42/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 20 de abril de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus observaciones sobre la ayuda en cuestión en el plazo de un mes a partir de la fecha de la presente publicación, enviándolas a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura

Dirección H. Legislación Agraria

Loi 130 5/128

B-1049 Bruselas

Fax no 296 7672

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

Por carta de 23 de junio de 2003, la Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea notificó a la Comisión la medida antes citada de conformidad con el apartado 3 del artículo 88.

La Comisión ha decidido incoar el procedimiento de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado con respecto a las citadas ayudas por cuanto existen dudas sobre su compatibilidad con el artículo 90 del Tratado y, por tanto, con los artículos 87 a 89 del Tratado.

Mecanismo de ayuda notificado

Las ayudas notificadas son prolongación de las que habían sido notificadas y aprobadas anteriormente por la Comisión en el marco de las ayudas estatales no N 703/95 y no N 327/98, y se destinarán a campañas de publicidad y promoción, a programas de investigación y experimentación, a actividades de asistencia técnica y a medidas de fomento de productos de calidad. En relación con el conjunto de las organizaciones interprofesionales interesadas y el conjunto de las ayudas descritas a continuación, está previsto un presupuesto global para un período de 5 años de 12 000 000 euros, desglosado del siguiente modo: Pineau des Charentes, 9 360 000 euros; Floc de Gascogne, 2 040 000 euros; Pommeau de Normandie, 360 000 euros y Macvin du Jura, 240 000 euros.

Las actividades de investigación, de asistencia técnica y de fomento de productos de calidad serán financiadas únicamente por el Estado con recursos presupuestarios. Las campañas de publicidad y promoción serán financiadas en parte por el Estado y en parte por las organizaciones interprofesionales interesadas mediante la recaudación de cuotas voluntarias obligatorias (denominadas en lo sucesivo «CVO») a sus miembros. El Estado contribuirá con un 50 % como máximo a la financiación de campañas publicitarias en el territorio de la Unión Europea. Las CVO se percibirán por los volúmenes de vinos de licor con DOC comercializados por los viticultores, los destiladores profesionales, los comerciantes y los mayoristas establecidos en la zona de producción de la DOC de que se trate.

Evaluación de estas medidas por parte de la Comisión

Por lo que respecta, en primer lugar, a la naturaleza de las cuotas en cuestión, la Comisión observa que el Gobierno francés impuso su obligatoriedad en el marco de un procedimiento de ampliación de los acuerdos interprofesionales. La ampliación de los acuerdos se llevó a cabo mediante adopción de una orden publicada en el Journal officiel de la République française (Boletín Oficial de la República Francesa). De ello se desprende que fue necesario un acto de la autoridad pública para que las citadas cuotas surtieran plenamente efecto. Por este motivo, la Comisión considera por el momento que se trata de impuestos parafiscales, es decir, de recursos públicos. La financiación de las medidas correspondiente constituye, pues, una ayuda estatal en favor de los productos vitícolas en cuestión.

1. Ayudas

1.1. Campañas de publicidad y promoción

Las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE (1) prevén criterios negativos y positivos que han de ser respetados por todos los regímenes de ayuda nacionales. Así, según los puntos 16 a 30 de las directrices, las campañas publicitarias no han de ser contrarias al artículo 28 del Tratado ni al Derecho comunitario derivado y no han de estar orientadas en función de empresas determinadas. La Comisión considera en estos momentos que tales ayudas parecen cumplir los requisitos establecidos a escala comunitaria, aunque, en la fase actual, se impone un compromiso en cuanto a la naturaleza secundaria de las referencias al origen nacional de los productos.

1.2. Actividades de investigación

La compatibilidad de estas ayudas se deberá comprobar a la luz del encuadramiento comunitario sobre ayudas de estado de investigación y desarrollo (2) y de la Comunicación de la Comisión por la que se modifica dicho encuadramiento (3). Así, es compatible con el mercado común un porcentaje de ayuda de hasta un 100 %, siempre y cuando se cumplan las cuatro condiciones siguientes: la ayuda ha de revestir interés general para el sector; deberá publicarse información al respecto en publicaciones adecuadas; los resultados de los trabajos se facilitarán siguiendo un criterio de equidad tanto en términos de costes como de tiempo; la ayuda deberá ajustarse a los criterios comerciales internacionales suscritos por la UE. La Comisión considera por el momento que se han cumplido las condiciones aplicables.

1.3. Actividades de asistencia técnica y de fomento de productos de calidad

Las directrices relativas al sector agrario prevén en sus puntos 13 y 14 que este tipo de ayudas han de ser autorizadas, con un porcentaje del 100 %, cuando pueden acceder a ellas todas las personas con derecho a solicitarlas que ejercen sus actividades en la zona en cuestión, siempre que se cumplan determinadas condiciones definidas objetivamente y el importe total de la ayuda concedida no supere los 100 000 euros por beneficiario y por período de tres años o, en el caso de las PYME, el 50 % de los gastos subvencionables, según cual sea la cifra más elevada. Las autoridades francesas se han comprometido a cumplir estas condiciones. La Comisión considera que, por el momento, las ayudas parecen responder a los requisitos establecidos a escala comunitaria.

2. Financiación de las ayudas

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (4), la Comisión suele considerar que la financiación de una ayuda estatal mediante gravámenes obligatorios puede incidir en la ayuda, teniendo un efecto protector que va más allá de la ayuda propiamente dicha. Las cuotas en cuestión constituyen gravámenes obligatorios. Según esa misma jurisprudencia, la Comisión estima que una ayuda no puede financiarse con impuestos parafiscales que también gravan productos importados de los demás Estados miembros. La Comisión considera que, dado que la única producción gravada es la producción nacional de vinos de licor con DOC objeto de la medida, puede concluirse de momento que ningún producto importado queda gravado con impuestos.

Según sentencia del Tribunal (5), un impuesto debe considerarse constitutivo de una violación de la prohibición de discriminación establecida en el artículo 90 del Tratado si las ventajas que supone la asignación de los ingresos procedentes del tributo benefician especialmente a los productos nacionales gravados que son transformados o comercializados en el mercado nacional, compensando sólo una parte de la carga que recae sobre éstos y desfavoreciendo así a los productos nacionales exportados. Las autoridades francesas se comprometen a velar por que los productos exportados no se vean menos beneficiados por las medidas financiadas con las cuotas interprofesionales que los productos comercializados en el mercado nacional.

3. Compatibilidad con otras disposiciones del Tratado

La Decisión de la Comisión sobre la ayuda estatal no N 703/95 fue anulada mediante sentencia del Tribunal de Justicia (6).

En dicha sentencia, el Tribunal recuerda que, durante los años 1992 y 1993, el Gobierno francés modificó su normativa nacional aplicable en materia de impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas y estableció un régimen de tributación diferenciada para los vinos de licor y para los vinos dulces naturales. El Tribunal señala que, de las dos denuncias presentadas el 24 de marzo de 1995 por la Associação de Exportadores de Vinho do Porto (Asociación de Exportadores de Vino de Oporto; en lo sucesivo, «AEVP»), se desprende claramente que éstas se basaban fundamentalmente en la existencia de una conexión entre, por una parte, la diferencia de tributación entre los vinos de licor y los vinos dulces naturales y, por otra parte, la ayuda a los productores franceses de vinos de licor. En efecto, en su segunda denuncia, que se basaba en la infracción de los artículos 92 y 93 del Tratado (actualmente artículos 87 y 88 CE), la AEVP sostuvo expresamente que la ayuda controvertida estaba destinada a compensar a los productores franceses de vinos de licor por esta diferencia de tributación, lo que implicaba, en esencia, que sólo los productores extranjeros de vinos de licor se hallaban sujetos al nivel impositivo más elevado.

El Tribunal recuerda, además, que la Comisión no puede declarar compatible con el mercado común una ayuda de Estado que, debido a alguna de sus modalidades, infringe otras disposiciones del Tratado, y que a la hora de determinar si una ayuda es compatible con el mercado común, la Comisión debe tener en cuenta las condiciones del mercado, incluido el aspecto fiscal. El Tribunal señala que la Comisión no hizo referencia en la Decisión impugnada al hecho de que la objeción de la AEVP se basaba fundamentalmente en una conexión entre la diferencia de tributación entre los vinos de licor y los vinos dulces y la ayuda a los productores franceses de vinos de licor. La Comisión tampoco explicó por qué llegó a la conclusión de que esta objeción carecía de fundamento.

Ahora bien, según el Tribunal, una parte de las ayudas controvertidas parece favorecer a una categoría de productores que coincide en buena medida con la de los productores franceses de vinos de licor fiscalmente perjudicados por el régimen de tributación. Debe admitirse, por tanto, que la eventual existencia de una conexión entre el régimen de tributación y el proyecto de ayudas controvertido constituía una seria dificultad para apreciar la compatibilidad de dicho proyecto con las disposiciones del Tratado.

A la luz de esta sentencia del Tribunal, la Comisión considera que, en el caso de autos, se impone un examen pormenorizado con arreglo al artículo 90 del Tratado a fin de determinar si existe discriminación con respecto a los productos importados. La Comisión considera en estos momentos que las explicaciones ofrecidas por las autoridades francesas en su notificación no disipan por completo las dudas en cuanto a una posible infracción de las disposiciones del artículo 90 del Tratado, ya que no abordan directamente el hecho de que, como señala el Tribunal, una parte de las ayudas controvertidas parece favorecer a una categoría de productores que coincide en buena medida con la de los productores franceses de vinos de licor fiscalmente perjudicados por el régimen de tributación.

Así, el hecho de que la cuantía de las ayudas propuestas no sea lo suficientemente elevada como para colmar las diferencias fiscales creadas por el sistema entre los productores de los diversos vinos no excluye la posibilidad de que tales ayudas puedan servir, al menos en parte, para compensar a los productores franceses de vinos de licor perjudicados, compensación de la que no pueden disfrutar otros productores comunitarios. Puede aplicarse el mismo razonamiento al argumento según el cual los ingresos derivados de los impuestos especiales que gravan los vinos de licor no se vuelven a utilizar en beneficio de los productores nacionales de vinos de licor.

Las autoridades francesas no han aclarado suficientemente el vínculo existente entre el impuesto y el importe de la ayuda procedente del presupuesto nacional a la luz de los aspectos señalados por el Tribunal. Por tanto, la Comisión se pregunta si las autoridades francesas se han comprometido ante los productores de vinos de licor franceses a compensarlos total o parcialmente por las consecuencias de la introducción en 1993 del impuesto sobre dichos vinos de licor.

Las autoridades francesas han explicado que este sector genera 32 millones de euros anuales en concepto de impuestos especiales. Esta cifra parece incluir los productos originarios del extranjero. Con todo, las autoridades francesas no han presentado las cifras correspondientes a los importes del impuesto sobre los vinos de licor recaudados por los productos franceses y los productos importados. Por otra parte, a fin de proceder al examen de las ayudas en cuestión, también es necesario disponer de cifras con respecto a cada uno de los productos, sean franceses o comunitarios.

La Comisión observa que el Pineau de Charentes es, con mucho, el principal beneficiario de las ayudas notificadas, con el 78 % de los importes, correspondiendo al Floc de Gascogne un 17 %, al Pommeau de Normandie un 3 % y, por último, al Macvin de Jura un 2 %. Se ha pedido a las autoridades francesas que indiquen si estos porcentajes coinciden, en el caso de cada uno de estos productos, con los de los ingresos que el Estado recauda a través del impuesto sobre los vinos de licor.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las ayudas se concentra en las campañas publicitarias y muy poco en otras actividades, se ha solicitado a las autoridades francesas que expliquen si la proporción de ayudas financiadas por el presupuesto nacional en favor de esta medida es representativa de las opciones elegidas por el Estado francés en otros sectores de producción agraria, especialmente en el de los productos de calidad. La Comisión desea, además, conocer el presupuesto de las ayudas destinadas a las campañas publicitarias desarrolladas en Francia sobre cada uno de los cuatro productos en cuestión.

Por último, también habrán de ofrecerse explicaciones sobre la posible relación entre los recursos obtenidos a través de la CVO y los recursos procedentes del presupuesto nacional con miras a la financiación de las ayudas.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I. PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 juin 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88 paragraphe 3, la mesure citée en objet. Des informations complémentaires ont été envoyées par lettres du 9 août, du 24 et 28 novembre 2003 et du 17 et 24 février 2004.

II. DESCRIPTION

(2)

Les aides notifiées sont le prolongement de celles qui avaient été précédemment notifiées et approuvées par la Commission dans le cadre des aides d'État noN 703/95 (7) et no N 327/98 (8), et seront destinées à des opérations de publicité et de promotion, à des programmes de recherche et d'expérimentation, à des actions d'assistance technique et à des actions destinées à encourager les productions de qualité.

(3)	La décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice, dont le contenu est détaillé dans l'appréciation.

(4)

Les aides N 703/95 et 327/98, initialement prévues sur une période de cinq ans à partir de 1995/1996, ont fait l'objet de sept tranches de paiements, la dernière ayant couvert la période mai 2001 à avril 2002. En raison des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, ces derniers crédits sont encore gelés aujourd'hui. La date d'expiration du régime précédent a été reportée au 30 avril 2002.

(5)

En ce qui concerne les productions bénéficiaires, ils existent des changements par rapport aux régimes précédents. Ainsi, les professionnels du secteur des eaux de vie (l'Armagnac, le Calvados, le Cognac) n'ont pas sollicité la prolongation du régime. En conséquence, les autorités françaises ont décidé de la limiter aux seuls vins de liqueur sous AOC.

(6)

Pour l'ensemble des interprofessions visées et l'ensemble des aides ci-dessous décrites, il est prévu, pour 5 ans, un budget global d'aides de 12 000 000 EUR avec la répartition suivante: Pineau des Charentes, 9 360 000 EUR; Floc de Gascogne, 2 040 000 EUR; Pommeau de Normandie, 360 000 EUR et Macvin du Jura, 240 000 EUR.

(7)

Les actions de recherche, d'assistance technique et de développement de productions de qualité seront financées uniquement par l'État sur les ressources budgétaires. Les actions de publicité et de promotion seront financées, en partie par l'État et, en partie par les organisations interprofessionnelles concernées au moyen des cotisations volontaires obligatoires (ci-après CVO) prélevées sur leurs adhérents. Pour les actions de publicité sur le territoire de l'Union européenne, l'État contribuera à hauteur de 50 % maximum.

(8)	Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée.

(9)	En 2002, la CVO pour le Pineau de Charentes était de 12,96 EUR/hectolitre volume; pour le Floc de Gascogne, de 0,25 EUR/col; pour le Pommeau de Normandie, de 30,79 EUR/hectolitre volume; et pour le Macvin de Jura, de 2,75 EUR HT/hectolitre.

1. Les actions de publicité et de promotion

(10)

Les autorités françaises ont expliqué que les programmes envisagés seront réalisés sur certains marchés de l'Union européenne, dont la France, et sur des marchés de pays tiers. L'objectif des actions de publicité envisagées est de favoriser le développement des intentions d'achat par une amélioration de la connaissance des vins de liqueur sur les marchés concernés, sans que les publicités soient jamais limitées à des produits d'entreprises particulières. Les productions qui en feront l'objet sont toutes des appellations d'origine contrôlée: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura.

(11)

Selon les autorités françaises, seront visés, selon les produits, des marchés différents avec des campagnes appropriées, de façon à adapter les actions aux marchés nouveaux d'un côté, aux marchés émergents de l'autre (marchés sur lesquels une présence est nécessaire pour assurer un développement des exportations) ainsi qu'aux marchés où les produits sont déjà connus, mais où une partie des consommateurs n'a pas encore une appréciation suffisante de leurs caractéristiques.

(12)

Pour le Pineau des Charentes, des actions sont projetées essentiellement sur l'Union européenne, mais des opérations dans les pays tiers seront aussi préparées; pour le Floc de Gascogne, il en serait de même, les actions dans l'Union européenne concerneraient notamment la France, la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas; pour le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura, seules des campagnes sur le marché français sont envisagées.

(13)

Les aides visent à amplifier les actions des professionnels en matière de campagnes de publicité du secteur, collectives et génériques, nécessaires au développement des vins de liqueur. Ces actions bénéficient à l'ensemble des producteurs de vins de liqueur organisés qui, selon les autorités françaises, ne pourraient, seuls, fournir un effort équivalent en vue de développer la commercialisation de leurs produits.

(14)

Dans tous les cas, il s'agit, selon les autorités françaises, d'actions de promotion et de campagnes portant sur des actions génériques, dont le but est d'informer et d'inviter les opérateurs économiques et les consommateurs à découvrir des produits de qualité. Il sera veillé à ce que les messages contenus dans les actions publicitaires n'aient pas pour objet de dissuader les consommateurs d'acheter des produits d'autres États membres ou de dénigrer lesdits produits.

(15)

Il s'agira de campagnes de publicité, d'information et de communication, comprenant différents types d'actions, notamment la publicité dans les médias, la création et la diffusion d'autres matériels promotionnels, la mise en œuvre d'actions publicitaires sur les lieux de vente liées aux campagnes. Elles pourront être accompagnées d'actions de promotion telles que relations publiques, participations à des salons, réalisation de séminaires, organisation de manifestations, brochures ou documents d'information, études sur la perception du produit et la pertinence des campagnes.

(16)

Les associations et organisations interprofessionnelles françaises du secteur des vins de liqueur mettront en œuvre les campagnes de communication dans le cadre des missions définies par leurs statuts. Les autorités françaises se sont engagées à présenter les matériels publicitaires utilisés pour ces campagnes ou leurs copies.

(17)	Les aides envisagées par les interprofessions susvisées en matière de publicité seront limitées aux taux de 50 % pour les actions dans l'Union européenne dont la France, et de 80 % pour les actions dans les pays tiers.

(18)

Les aides prévisionnelles aux actions envisagées s'élèvent, en euros, à:

	UE	Pays tiers	Total
Floc de Gascogne	1 490 000	212 500	1 702 500
Pineau des Charentes	695 000	1 000 000	7 956 000
Pommeau de Normandie	360 000	—	360 000
Macvin du Jura	175 000	—	175 000
TOTAL	8 981 000	1 212 500	10 193 500

2. Les actions de recherche

(19)

Selon les autorités françaises, l'objectif des actions de soutien à la recherche et à l'expérimentation vise uniquement toutes les recherches utiles au secteur, à caractère général et bénéficiant à l'ensemble de la filière. Les travaux envisagés dans chaque type de productions concerneront a priori les thèmes exposés ci-dessous.

(20)

Pour le Pineau des Charentes: microbiologie, altérations bactériennes et conséquences (identification des facteurs de développement des bactéries lactiques dans le Pineau des Charentes, mise au point de tests de contamination et de techniques curatives); mécanismes de vieillissement du Pineau des Charentes (identification de critères analytiques caractéristiques des phénomènes oxydatifs et mise en évidence des facteurs de vieillissement); constitution d'une banque de données analytiques (analyses générales — taux d'alcool vinifiable, sucres, pH —, éventuelles contaminations chimiques ou bactériennes, métaux, cations, composés volatiles, résidus de produits phytosanitaires).

(21)

Pour le Floc de Gascogne: études sur les cépages et les assemblages, avec l'objectif d'optimiser l'harmonisation de l'assemblage des cépages pour accroître la fraîcheur et le fruité dans l'élaboration du Floc de Gascogne (recherche de teneurs en sucre élevées, d'une intensité colorante vive, et d'une acidité totale cohérente); étude de l'Armagnac permettant d'élaborer le Floc de Gascogne (suivi analytique — teneur en cuivre, en éthanol, en acétate d'éthyle, degré alcoolique —, amélioration des Armagnac utilisés); études et mise au point d'un Floc de Gascogne adapté à des types de consommations ciblés, opérations de tests qualitatifs et quantitatifs, conservation.

(22)

Pour le Macvin du Jura: développement technique (suivi des maturités de groupes de cépages du Jura afin de déterminer l'état de maturité et les cépages les mieux adaptés à l'élaboration du Macvin du Jura); criblage et notation du vignoble; qualité des moûts et pressurage (incidence des méthodes d'extraction — enzymage et froid — et de macération pelliculaire des moûts sur la qualité aromatique des Macvin du Jura); incidence des doses de SO2 au débourbage; clarification et traitement pour la mise en bouteilles (comparaison de différentes méthodes visant à obtenir et maintenir la limpidité du Macvin du Jura après sa mise en bouteilles).

(23)

Les travaux de recherche envisagés seront financés à 100 % des coûts. L'affectation prévisionnelle des aides à cette action de recherche, incluant les frais informatiques et bibliographiques et tous les supports de diffusion des résultats des actions mises en œuvre à l'ensemble des opérateurs, est pour les 5 années: Pineau des Charentes, 912 600 EUR; Floc de Gascogne, 118 000 EUR et Macvin du Jura, 65 000 EUR.

3. Les actions d'assistance technique

(24)	Selon les autorités françaises, les actions d'assistance technique projetées correspondront aux types d'interventions suivantes.

(25)

Pour le Pineau des Charentes: soutien technique aux opérateurs, par des formations individuelles ou collectives pour la maîtrise des techniques d'élaboration, de l'hygiène et de la réglementation; journées d'étude et de vulgarisation des travaux d'expérimentation relatives à la maîtrise de l'hygiène vinaire et des altérations bactériennes; animation de réunions d'information pour une meilleure maîtrise des modes de conduite spécifiques des vignobles destinés à la production de moûts pour l'élaboration du Pineau des Charentes (densité des plantations, adéquation sol — porte greffe, taille, maîtrise de la vigne, opérations en vert, estimation des récoltes); formation des dégustateurs et agrément: analyse sensorielle, travail approfondi sur l'identification des défauts, leurs seuils de perception.

(26)

Pour le Floc de Gascogne: assistance technique aux opérateurs de la filière en vue d'améliorer la qualité des produits (sélection des terroirs, suivi des vendanges, suivi de l'élaboration, de la conservation, conditionnement); formation des viticulteurs à la conduite spécifique du vignoble AOC (mode de conduite général, taille, ébourgeonnage et épamprage, maîtrise des rendements et estimation, éclaircissage, effeuillage, rognage); opérations de vulgarisation (appui technique, journées d'étude et de visites des terroirs et parcelles représentatifs, édition d'une lettre d'information détaillée destinée à l'ensemble des acteurs de la filière); formation des dégustateurs et agrément classique et de printemps.

(27)	Ces travaux seront financés à 100 % des coûts sous réserve du plafond susvisé. L'affectation prévisionnelle des aides à ce volet est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 280 800 EUR et Floc de Gascogne, 169 000 EUR.

4. Aides à la production de produits de qualité

(28)

Selon les autorités françaises, des aides à la production de produits de qualité sont envisagées dans les secteurs Pineau des Charentes et Floc de Gascogne. Il s'agit des actions suivantes: HACCP et traçabilité (élaboration et diffusion d'un référentiel conforme aux exigences techniques et réglementaires); études techniques et économiques pour encourager les démarches de qualité.

(29)	L'affectation prévisionnelle des aides à ces actions d'encouragement et de développement de produits de qualité est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 210 600 EUR et Floc de Gascogne, 50 500 EUR.

III. APPRÉCIATION

1. Caractère d'aide. Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(30)

Selon l'article 87 paragraphe 1 du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(31)

La Commission note, en ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, que celles-ci ont été rendues obligatoires par le Gouvernement français dans le cadre d'une procédure d'extension des accords interprofessionnels. L'extension des accords est faite par voir d'adoption d'un arrêté publié dans le Journal officiel de la République française. Il ressort de cela que ces cotisations ont nécessité d'un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission considère à ce stade qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques. Le financement des actions qui s'én dégage constitue donc une mesure étatique en faveur des productions viticoles concernées.

(32)

Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)	Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur vitivinicole, notamment concernant les vins de liqueur, semble à ce stade bien démontré par l'existence d'une organisation commune des marchés dans le secteur.

(34)

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires et français des produits viticoles entre les années 1999 et 2001 (9).

Vin

(1000 hl)
Année	Importations UE	Exportations UE	Importations FR	Exportations FR
1999	41 231	49 474	5 701	15 915
2000	38 834	48 460	5 498	14 909
2001	39 774	45 983	5 157	15 215

(35)	A ce stade, il semble s'agir donc de mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2. Compatibilité de l'aide

(36)	Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, connaît toutefois des exceptions.

(37)	Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 87 concernant, notamment, les aides à caractère social et les aides visant à compenser des dommages causés par un désastre naturel ou par un événement exceptionnel ne semblent manifestement pas applicables.

(38)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause.

(39)

La Commission considère à ce stade que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87 paragraphe 3 point a). Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

(40)

La seule dérogation envisageable à ce stade pour le cas d'espèce est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(41)	En ce qui concerne les aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission.

2.1. Les aides

2.1.1. Aides à la publicité et à la promotion

(42)

Les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité de produits relevant de l'annexe I du traité CE (10) prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d'aides nationales. Ainsi, selon les points 16 à 30 des lignes directrices, il ne doit pas s'agir des actions de publicité contraires à l'article 28 du traité ou au droit communautaire dérivé et ne doivent pas être orientées en fonction d'entreprises déterminées.

(43)	Les autorités françaises ont expliqué que les actions ne bénéficieront pas à des entreprises particulières, la publicité ne dénigrera pas les autres produits communautaires, elle n'introduira aucune comparaison défavorable en se prévalant de l'origine nationale des produits.

(44)

Les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison essentielle pour laquelle il leur est conseillé d'acheter le produit. Dans le cas d'espèce, il est important que l'origine française des produits ne soit pas le message prioritaire pour les campagnes réalisées en territoire français.

(45)	Les échantillons envoyés par les autorités françaises permettent de conclure que l'accent n'est pas mis de façon particulière sur l'origine nationale des produits en l'espèce. Toutefois, un engagement des autorités françaises dans ce sens est, à ce stade, nécessaire.

(46)

En ce qui concerne les critères positifs, selon les points 31 à 33 des lignes directrices, les produits bénéficiant de publicité doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes: il doit s'agir des productions agricoles excédentaires ou espèces sous-exploitées, ou des productions nouvelles ou de substitution non excédentaire, ou du développement de certaines régions, ou du développement des petites et moyennes entreprises, ou des produits de haute qualité y compris les produits biologiques.

(47)

Les autorités françaises ont expliqué à cet égard que les mesures viseront l'objectif de développer les régions de production concernées, à travers l'écoulement de leurs productions typiques, elles répondront à la nécessité de donner un appui au tissu de petites et moyennes entreprises des zones géographiques visées: les entreprises des secteurs viticoles concernés sont essentiellement des structures de petite taille, à faible nombre de salariés, souvent encore familiales. Elles viseront aussi l'objectif de développer des produits de haute qualité (AOC).

(48)

Pour ce qui est plus précisément des aides à la publicité en faveur des produits agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée par la Communauté (11), la Commission, afin de garantir que des aides ne seront pas accordées à des producteurs individuels, vérifie que tous les producteurs du produit couvert par l'AOC, ont le même droit à l'aide. Cela signifie que les mesures de publicité doivent se référer à l'AOC elle-même et non à n'importe quel logo ou étiquette, à moins que tous les producteurs ne soient habilités à l'utiliser. De la même manière, lorsque, pour des raisons pratiques, une aide est versée à un groupement de producteurs, la Commission demande des assurances que l'aide bénéficiera effectivement à tous les producteurs, qu'ils soient ou non membres du groupement.

(49)	Les autorités françaises se sont engagées à ce que les bénéficiaires de ces aides, à travers les actions menées collectivement, seront, sans discrimination, tous les producteurs du produit dont la publicité sera faite, ainsi que les professionnels associés à sa commercialisation.

(50)	En ce qui concerne le plafonnement des aides prévu au point 60 des lignes directrices, les actions de publicité peuvent être financées à hauteur de 50 % par des ressources étatiques, le solde devant être apporté par les organisations professionnelles et les interprofessions bénéficiaires.

(51)	Les autorités françaises s'engagent à ce que le taux de financement public soit limité à 50 % maximum des actions conduites en matière de publicité à l'intérieur de l'UE. Le solde devra être apporté par les opérateurs du secteur agricole concerné.

(52)

Les actions menées à l'extérieur de l'UE pourront être financées à 80 %. Cela suit la ligne adoptée par la Commission (12) selon laquelle la participation des producteurs dans ce type d'actions est une notion reprise, notamment, dans le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (13), où il est question d'actions cofinancées. S'agissant d'actions réalisables par la Communauté dans les pays tiers, ce règlement prévoit à son article 9 que, pour ce qui est des actions de relations publiques, de promotion et de publicité des produits agricoles et alimentaires, une partie du financement doit rester à la charge des organisations proposantes. Ainsi, pour les actions d'une durée d'au moins deux ans, en règle générale le pourcentage minimal à leur charge est de 20 % des coûts, avec une participation maximale de la Communauté de 60 % et une participation des États membres de 20 %. Il s'ensuit qu'une implication réelle des bénéficiaires dans ce type d'actions, à un niveau minimal de 20 % des coûts, semble opportune afin de limiter des distorsions de concurrence à l'égard d'autres productions communautaires.

(53)	Les autorités françaises ont envoyé à la Commission des échantillons des activités de promotion et de publicité financées par l'aide notifiée permettant de confirmer les engagements donnés par lesdites autorités.

(54)	La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire, si bien un engagement concernant la nature secondaire des références à l'origine nationale des produits est, à ce stade, nécessaire.

2.1.2. Aides à la recherche

(55)

En ce qui concerne les actions de recherche et d'expérimentation, ainsi que celles de diffusion du progrès scientifique, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (14), prévoient, au point 17, que les aides à la recherche et au développement seront examinées conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (15). Ce dernier précise qu'il est compatible avec le marché commun un taux d'aide pouvant atteindre 100 %, même dans le cas où la R & D serait exécutée par des entreprises, pour autant que les quatre conditions y reprises soient remplies dans tous les cas:

a)	l'aide revêt un intérêt général pour le secteur particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs;

l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité peut être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée. Cette information sera publiée à une date qui ne sera pas postérieure à toute information qui peut être donnée aux membres d'une organisation particulière;

c)	les résultats des travaux sont fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps;

d)	l'aide satisfait aux conditions prévues à l'annexe 2 “Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction” à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (JO L 336 du 23.12.1994, p. 31).

(56)

Les autorités françaises se sont engagées à ce qui suit:

a)	il s'agira uniquement de recherches revêtant un intérêt général pour le secteur considéré, destinées à un usage et à une diffusion généralisée, de façon à ce qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges et ne provoquent pas de distorsion de concurrence indue avec d'autres secteurs;

les données recueillies à l'issue de chaque programme, lorsqu'elles auront été validées, feront l'objet d'une diffusion dans les divers journaux les plus accessibles aux intéressés. Il sera procédé à la publication et à la diffusion des résultats de ces recherches, pour que tous les professionnels et négociants intéressés puissent en être informés et y avoir accès, sans discrimination au même moment que tout autre et sur simple demande. Les conclusions des travaux ou des résumés seront diffusées dans les publications “grand public” des interprofessions concernées, dans les diffusions spécialisées des organismes techniques qui sont associés à la réalisation de ces études et recherches, dans des brochures et publications diverses. Elles seront mises à la disposition des professionnels du secteur par l'intermédiaire des relais habituels du secteur agricole ou du ministère de l'agriculture et de la pêche;

c)	compte tenu du caractère d'intérêt général des recherches, aucune exploitation commerciale des résultats n'est prévue. La question du coût de cession d'un droit d'exploitation ou des conditions d'accès à un droit d'exploitation ne se posera donc pas;

d)	les autorités françaises assurent que les actions financées ne donnent lieu à aucun versement direct aux producteurs ni aux transformateurs et qu'elle satisfait aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'UE.

(57)	La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.3. Aides à l'assistance technique

(58)

Le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (16), n'est pas d'application dans le cas d'espèce puisque la mesure ne pas limitée aux PME.

(59)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 14, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(60)	La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.4. Aides à la production de produits de qualité

(61)	Le règlement (CE) no 1/2004 n'est pas d'application dans le cas d'espèce puisque la mesure ne pas limitée aux PME.

(62)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 13, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(63)	La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.2. Le financement des aides

(64)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (17), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(65)

Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée. Les autorités françaises ont aussi expliqué que, à la différence des taxes perçues sur le fondement des directives communautaires concernant les droits d'accises sur l' alcool et les boissons alcooliques, les cotisations interprofessionnelles ne frappent par définition que les vins de liqueur bénéficiant des AOC concernées, donc produits exclusivement dans les régions délimitées par la réglementation, ce qui implique que les vins de liqueur provenant des autres États membres n'y sont pas assujettis.

(66)

En ce qui concerne plus particulièrement les marchands en gros, il n'est pas exclu qu'ils commercialisent aussi des produits importés. Ainsi, si la taxe est payée sur les volumes de vin de liqueur commercialisés, il faut s'assurer que le vin frappé est uniquement d'origine française. Les autorités françaises ont expliqué qu'il n'est pas contestable que les marchands en gros peuvent commercialiser, en dehors des produits sous les AOC concernées, des vins de liqueur importés. Toutefois, les autorités françaises ont précisé que seuls seront soumis à la cotisation interprofessionnelle payée par les marchands en gros les volumes des vins de liqueur AOC concernés par la notification, à savoir le Pineau des Charentes, le Floc de Gascogne, le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura. Donc, tout volume de vin importé est exclu du paiement de cette cotisation.

(67)	Ainsi, du fait que la seule production taxée est la production nationale de vins de liqueur AOC visée par la mesure, il est possible de conclure, à ce stade, qu'aucun produit importé n'est taxé.

(68)

Selon un arrêt de la Cour (18), une taxe doit être considérée comme constituant une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, en compensant partiellement la charge supportée par ceux-ci et en défavorisant ainsi les produits nationaux exportés.

(69)

La actions financées ont pour vocation d'intéresser, en première lieu, le stade de la production des vins des liqueurs concernés, puisque toutes les actions à caractère scientifique, technique, et orientées vers l'amélioration de la qualité des produits bénéficient l'ensemble de ces vins de liqueur sans différenciation, que ce soit pour ceux qui seront vendus en France ou que ce soit pour ceux qui le seront hors de France. En effet, tel que l'expliquent les autorités françaises, ces producteurs ne modifient pas leurs méthodes de production en fonction des marchés auxquels ils destinent leurs produits, lesquels sont soumis, aux termes de la réglementation française, à des normes uniques. De même, toutes les améliorations techniques et scientifiques les intéressent également pour l'ensemble de leur production, sans discrimination.

(70)

Toutefois, en ce qui concerne les aides à la promotion, celles-ci bénéficient sans doute à la production primaire mais aussi, de manière très significative, au secteur de la commercialisation. Les autorités françaises admettent ceci lorsqu'elles affirment que les actions de promotion ou de publicité peuvent, selon le champ géographique donné aux opérations envisagées, représenter un intérêt différent pour des négociants qui seraient exclusivement tournés vers des ventes hors de France ou en dehors de l'Union européenne.

(71)

Les autorités françaises ont toutefois assuré que, tant le comité national du Pineau des Charentes que le comité interprofessionnel du Floc de Gascogne, les deux productions faisant l'objet d'aides à la publicité en dehors de la France, financent des actions de publicité ou de promotion qui se répartissent aussi bien en France que dans l'UE et dans les pays tiers. Leurs choix à cet égard seraient fixés en toute indépendance de décision par leurs conseils d'administration, où sont représentés tous les acteurs de la filière concernée. A titre d'exemple, les autorités françaises ont expliqué que les ventes en 2001/2002 du Pineau des Charentes ont eu lieu en France pour 75 % et à l'extérieur du territoire français pour 25 %, essentiellement vers la Belgique et le Canada et que les actions de promotion ont été centrées sur ces deux pays.

(72)

Selon les autorités françaises, l'interprofession des appellations cidricoles et le comité interprofessionnel des vins du Jura, eux, n'envisagent pas pour le moment de financer des actions hors du marché français. Cependant, selon les autorités françaises, cette orientation des actions vers le marché français, libre choix de leurs conseils d'administration, relève de la politique de la filière elle-même qui estime, pour l'instant, prioritaire de parfaire son implantation sur le marché national, sachant que la vente de ces vins de liqueurs à l'étranger n'est pas encore entrée dans les pratiques du commerce. Les autorités françaises assurent que cette orientation n'est désavantageuse pour aucun négociant intéressé par la vente de ces vins de liqueur, les négociants qui commercialisent du Macvin du Jura ou du Pommeau de Normandie n'étant en l'occurrence, pour aucun d'entre eux, spécialisés dans les ventes en dehors du territoire national.

(73)	Les autorités françaises s'engagent à ce que les produits exportés ne bénéficieront pas moins des actions financées par les aides de cotisations interprofessionnelles que les produits vendus sur le territoire national.

(74)	La Commission considère, à ce stade, que la taxe n'est pas de nature à causer un préjudice aux produits destinés à l'exportation en faveur des produits commercialisés sur le marché français.

2.3. Compatibilité avec d'autres dispositions du traité

(75)	Tel qu'il a été signalé dans la description, la décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice (19).

(76)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, au cours des années 1992 et 1993, le gouvernement français a modifié sa législation nationale applicable en matière d'accises sur les boissons alcoolisées et a institué un régime de taxation différenciée des vins de liqueur et des vins doux naturels. Ainsi, à la suite de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1993 no 93-859, du 22 juin 1993, ces vins ont supporté, à partir du 1er juillet 1993, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé, pour les vins de liqueur, à 1 400 FRF (20) (soit 9 FRF par bouteille) et, pour les vins doux naturels, à 350 FRF (soit 2,25 FRF par bouteille).

(77)

Pendant l'année 1993 et une partie de l'année 1994, certains producteurs français de vins de liqueur ont entrepris de suspendre partiellement le paiement des accises en retenant la différence entre le montant des droits frappant les vins de liqueur et le montant des droits frappant les vins doux naturels. À partir de mai ou juin 1994, cette “grève des accises” a été suspendue. Le président de la Confédération nationale des producteurs de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée a, dans une déclaration publiée dans le numéro de juin 1994 de la revue VITI, justifié cette suspension par le fait que, selon lui, le gouvernement français envisageait, afin de compenser la différence de taxation, de verser aux producteurs français de vins de liqueur une indemnité annuelle et un dédommagement pour les années 1994 à 1997. Il a déclaré que le gouvernement aurait accepté de verser de 1994 à 1997 une indemnité annuelle de 20 Mio FRF et un dédommagement de 4 Mio FRF en 1994, 8 Mio FRF en 1995, 12 Mio FRF en 1996, et 16 Mio FRF en 1997 afin de compenser progressivement le maintien du niveau actuel des taxes.

(78)

Le 24 mars 1995, l'Associação de Exportadores de Vinho do Porto (association d'entreprises exportatrices de vin de Porto, ci-après l'AEVP) a adressé à la Commission deux plaintes portant, l'une, sur l'incompatibilité du régime français de taxation des vins de liqueur avec l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), l'autre, sur la violation des articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE) par les mesures de compensation envisagées par le gouvernement français au profit de ses producteurs nationaux de vins de liqueur.

(79)

La Cour explique qu'il ressort clairement des deux plaintes déposées par l'AEVP que celles-ci étaient fondées essentiellement sur l'existence d'un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels, d'une part, et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur, d'autre part. En effet, dans sa seconde plainte, qui portait sur la violation des articles 92 et 93 du traité (devenus articles 87 et 88 CE), l'AEVP a expressément soutenu que l'aide en cause était destinée à compenser, pour les producteurs français de vins de liqueur, cette différence de taxation, ce qui impliquait en substance que seuls les producteurs étrangers de vins de liqueur se trouvaient soumis au niveau de taxation plus élevé.

(80)

La Cour rappelle en outre qu'une aide d'État qui, par certaines de ses modalités, viole d'autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission et que, en déterminant si une aide est compatible avec le marché commun, la Commission doit tenir compte des conditions du marché, y compris au niveau fiscal.

(81)

La Cour signale que la Commission n'a fait référence, dans la décision attaquée, au fait que le grief de l'AEVP se fondait essentiellement sur un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur. La Commission n'a pas non plus expliqué pourquoi elle avait conclu que ce grief n'était pas fondé.

(82)

Or, selon la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation. Il convient donc d'admettre, selon la Cour, que l'existence éventuelle d'un lien entre le régime de taxation et le projet d'aides en cause représentait une difficulté sérieuse pour apprécier la compatibilité dudit projet avec les dispositions du traité.

(83)

Dans ces conditions, dit la Cour, c'est uniquement en ouvrant la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2) que la Commission aurait été en mesure d'appréhender les questions soulevées dans les plaintes déposées par l'AEVP et de déterminer si le lien éventuel entre la différence de taxation et le projet d'aides constituait ou non une violation de l'article 95 du traité (devenu article 90 CE) et, partant, si ledit projet était ou non incompatible avec le marché commun. En tout état de cause, la décision attaquée est dénuée de toute motivation sur ce point, contrairement aux exigences de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE).

(84)	La Cour a conclu que la décision attaquée était entachée d'illégalité en raison tant de l'omission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) que de la violation de l'obligation de motivation.

(85)	La Commission considère, à la lumière de cet arrêt de la Cour, qu'un examen approfondi au regard de l'article 90 du traité s'impose dans le cas d'espèce afin d'éclaircir s'il existe une éventuelle discrimination envers des produits importés.

(86)	Dans le cadre de la notification de la mesure en l'espèce, plusieurs échanges ont été entretenus entre la Commission et les autorités françaises à cet égard.

(87)

La Commission a interrogé les autorités françaises afin de savoir si l'aide d'État en faveur des seuls producteurs français des vins de liqueurs ne consisterait pas, de facto, en une dévolution partielle, en faveur des seuls producteurs français de vins de liqueur, de la taxe prévue à l'article 402 bis du code général des impôts, dévolution dont les vins de liqueur importés, acquittant aussi ladite taxe, ne sauraient pas bénéficier.

(88)

Les autorités françaises ont expliqué tout d'abord que les vins de liqueur sont taxés à 214 EUR/hectolitre et les vins doux naturels à 54 EUR/hectolitre. D'après les autorités françaises, du point de vue fiscal, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et répondant à un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées, sont assimilés aux vins doux naturels (article 417 bis du code général des impôts). Les autorités françaises considèrent que la différence de taxation entre les vins doux naturels et les vins de liqueur est justifiée par des données objectives telles que les différentes conditions de production, les différentes techniques viticoles, le différent rendement et la différence de convertibilité des productions. Les autorités françaises se réfèrent à un arrêt de la Cour pour étayer leur raisonnement (21).

(89)

Les autorités françaises ont expliqué que si le projet des autorités françaises était de faire bénéficier le secteur des vins de liqueur de 2,4 Mio EUR par an (12 Mio EUR d'aides sur cinq ans), le chiffre est sans commune mesure avec ce que ce secteur rapporte en droits de consommation (accises) prévus par le code général des impôts et qui relèvent du cadre juridique communautaire. Ainsi, les 150 000 hectolitres de vins de liqueur AOC commercialisés représentent, avec un droit de d'accise de 214 EUR/hl, plus de 32 Mio EUR de recettes d'accises par an. Du fait de ce taux spécifique sur les vins de liqueur, au lieu de 54 EUR/hl pour les vins doux naturels, ce secteur, par rapport à une quantité équivalente de vins doux naturels, est taxé de 24 Mio EUR d'accises supplémentaires, montant là aussi sans équivalence avec le niveau d'aides proposé.

(90)

Les autorités françaises affirment qu'aucune disposition n'a jamais été mise en œuvre pour que les fonds collectés au titre de l'article 402 bis du code général des impôts, issus de la mise en œuvre de directives communautaires, soient réutilisés au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur. Ainsi, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, les recettes perçues par les services des Douanes en application de l'article 402 bis du code général des impôts étaient versées au “fonds de solidarité vieillesse”. Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, elles ont été utilisées au profit fonds destiné au financement de la réduction du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2004, ces recettes sont prélevées par les services des Douanes et reversées au budget de l'État, les interprofessions n'en bénéficiant pas davantage.

(91)

Les autorités françaises affirment aussi que, dans le passé comme aujourd'hui, il n'existe aucun lien entre les mesures de soutien proposées en faveur des vins de liqueur, objet de la notification, et les accises. De ce fait, les autorités françaises assurent à la Commission qu'il n'y a pas de réutilisation des recettes d'accises au profit des productions nationales de vins de liqueur. Il ne leur apparaît ainsi pas que la perception en France des accises sur les vins de liqueur importés aboutisse à une discrimination fiscale, d'autant plus que les produits français du même type consommés dans les autres États membres sont soumis aux droits équivalents dans ces États, sans qu'une distorsion de concurrence y soit dénoncée.

(92)

Les autorités françaises rappellent, finalement, que les interprofessions concernées ne versent aucune aide individuelle à leurs cotisants, leurs ressources, conformément aux textes les régissant, étant intégralement affectées, en dehors des frais de fonctionnement et de personnel inhérents à leur activité, à des actions d'intérêt collectif (article L 632-3 du Code rural) telles que décrites dans la notification.

(93)	La Commission considère, à ce stade, que les explications fournies par les autorités françaises n'enlèvent pas, de façon catégorique, les doutes concernant une possible violation de l'article 90 du traité.

(94)

En effet, les arguments fournis, bien qu'utiles, ne s'attaquent pas directement au fait que, comme le dit la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation.

(95)

En effet, le fait que le niveau des aides proposé ne soit pas d'un volume assez grand pour combler l'écart fiscal créé par le système entre producteurs des différents vins n'exclut pas la possibilité que ces aides puissent, au moins partiellement, servir à compenser les producteurs français des vins des liqueurs désavantagés, compensation dont d'autres producteurs communautaires ne sauraient pas bénéficier. Le même raisonnement est valable concernant l'argument selon lequel les recettes tirées des accises frappant les vins de liqueurs ne sont pas réutilisées au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur.

(96)

Les autorités françaises n'ont pas suffisamment éclairé la question concernant le lien entre la taxe et le montant d'aide venant du budget national, à la lumière des points relevés par la Cour. Ainsi, existe-t-il un engagement de la part des autorités françaises vis-à-vis des producteurs des vins de liqueur français de les compenser entièrement ou partiellement pour l'impact causé par l'introduction, en 1993, de la taxe sur lesdits vins de liqueur ?

(97)

Les autorités françaises ont expliqué que ce secteur rapporte 32 Mio EUR en droits d'accises par an. Ce chiffre semble inclure les productions d'origine non française. Les autorités françaises n'ont pas toutefois fourni des chiffres relatifs aux montants de la taxe sur les vins de liqueur venant, respectivement, des produits français et des produits importés. En plus, des chiffres par production individuelle, qu'elles soient françaises ou communautaires, concernant le fruit des accises s'avèrent aussi nécessaires pour l'examen des aides en question.

(98)

La Commission note que le Pineau de Charentes est, de loin, le principal bénéficiaire des aides notifiées, avec 78 % des montants, le Floc de Gascogne suit avec 17 %, puis le Pommeau de Normandie avec 3 % et, finalement, le Macvin de Jura avec 2 %. Les autorités françaises sont priées d'expliquer si ces pourcentages coïncident, pour chacune de ces productions, avec ceux des revenus que l'État tire au moyen de la taxe sur les vins de liqueur.

(99)

Du fait que la plupart des aides se concentre sur les actions de publicité, et très peu sur d'autres activités, les autorités françaises sont priées d'expliquer si la proportion des aides financées par le budget national en faveur de cette mesure est représentatives des choix opérés par l'État français dans d'autres secteurs de la production agricole, notamment des produits de qualité.

(100)

En outre, la Commission souhaite connaître le budget des aides destinées pour les campagnes de publicité réalisées en France pour chacune de quatre productions concernées.

(101)

Des explications concernant l'éventuelle relation entre les ressources tirées de la CVO et les ressources provenant du budget national en vue du financement des aides semblent aussi nécessaires.

(102)

La Commission, en ouvrant la présente procédure d'examen, souhaite, d'un côté, permettre aux autorités françaises de fournir toutes les explications nécessaires afin d'enlever les doutes de la Commission et, d'un autre côté, répondre au souci exprimé par la Cour de donner l'opportunité aux tiers intéressés d'avancer des arguments concernant une éventuelle violation de l'article 90 du traité.

IV. CONCLUSION

(103)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission constate, après cet examen préliminaire, que la mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(104)

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne les aides traitées dans la présente décision.

(105)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

(106)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. En outre, la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement des mesures communautaires pourra se voir refuser l'imputation au budget du FEOGA.».

(1) DO C 252 de 12.9.2001.

(2) DO C 45 de 17.2.1996.

(3) DO C 48 de 13.2.1998.

(4) TJCE, 25 de junio de 1970, asunto 47/69, Gobierno de la República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. XVI, p. 487.

(5) Sentencia de 23 de abril de 2002 en el asunto C-234/99, Nygard, Rec. 2002, p. I-3657.

(6) Sentencia del Tribunal de 3 de mayo de 2001 en el asunto C-204/97, República Portuguesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec., p. I-03175.

(7) Lettre aux autorités françaises du 21 novembre 1996, no SG(96) D/9957.

(8) Lettre aux autorités françaises du 4 août 1998, no SG(98) D/6737.

(9) Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2002. Direction générale de l'Agriculture, Commission européenne.

(10) JO C 252 du 12.9.2001.

(11) Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992).

(12) Aide d'État no N 166/2002.

(13) JO L 327 du 21.12.1999.

(14) JO C 28 du 1.2.2000.

(15) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, ultérieurement modifié en ce qui concerne son application au secteur agricole, JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(16) JO L du 3.1.2004.

(17) CJCE, 25 juin 1970, affaire 47/69, Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. XVI, p. 487.

(18) Arrêt du 23 avril 2002 dans l'affaire C-234/99, Nygard, Recueil 2002, p. I-3657.

(19) Arrêt de la Cour du 3 mai 2001, affaire C-204/97, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, Rec., p. I-03175.

(20) 1 FRF = 0,15 EUR.

(21) Arrêt du 7 avril 1987 dans l'affaire C-196/85, Rec., p. 1597.

18.2.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

C 42/15

AYUDAS ESTATALES — ITALIA

Ayuda estatal N586/2003, N587/2003, N589/2003 & C 48/2004 (ex N595/2003) — Prórroga del plazo de entrega de 3 años para un buque quimiquero

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 42/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 30 de diciembre de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

J-70, 4/151

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

En diciembre de 2003 Italia notificó a la Comisión cuatro peticiones de prórroga del plazo de tres años para la entrega de cuatro buques de alta mar, a los que se habían asignado respectivamente las siguientes referencias de ayuda estatal: N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 y N 595/2003.

La Comisión ha decidido conceder la prórroga en los primeros tres casos, referidos a tres buques denominados C.190, C.197 y C.196, construidos por el astillero Cantiere Navale De Poli S.p.A, en Italia. Las prórrogas lo son de 4 meses para el quimiquero C.190 y de 6 meses para los gaseros para GLP C.196 y C.197, de conformidad con el artículo 3(2) segundo párrafo del Reglamento sobre construcción naval. Sin embargo, la Comisión no pudo adoptar igual decisión en el asunto N 595/03 una vez finalizado el período de investigación preliminar.

El asunto N 595/03 se refiere a un buque quimiquero construido por Cantieri Navali Termoli por encargo de la armadora Marnavi S.p.A, para el que se pide posponer la fecha de entrega de finales de 2003 al 31 de diciembre de 2004. El astillero está trabajando en el buque con arreglo a esta nueva fecha de entrega.

La aprobación de la petición por la Comisión es necesaria puesto que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1540/1998 del Consejo, sobre ayudas estatales a la construcción naval, los buques entregados después de 2003 no pueden acogerse a ayudas de funcionamiento, incluso si los contratos fueron firmados antes del 31 de diciembre de 2000. El valor total de la ayuda para el buque asciende aproximadamente a 3,9 millones de euros.

Las razones que esgrimen las autoridades italianas en este caso son iguales a las de decisiones previas de la Comisión por las que se aprobaron peticiones similares, por ejemplo en el asunto Meyer Werft (1), es decir, que el propietario del buque pide la suspensión del contrato debido al impacto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Italia también invoca dos razones más, la necesidad de realizar cambios técnicos en el buque e interrupciones en el programa de trabajo del astillero debido a dos desastres naturales (un terremoto e inundaciones), que golpearon a la región en donde está situado el astillero en octubre de 2002 y enero de 2003, respectivamente.

La Comisión observa que para el buque existe un contrato final, firmado en diciembre de 2000 y con fecha de entrega en junio de 2003. El propietario del buque, que es un cliente importante del astillero, también pidió la suspensión del contrato hasta el 30 de septiembre de 2003 debido al impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, puesto que el buque no es de crucero, la medida notificada no responde a los mismos criterios que en la decisión Meyer Werft y la razón mencionada no puede aceptarse para aprobar la petición notificada.

Sin embargo la Comisión verificó el impacto y la compatibilidad de las otras causas del retraso invocadas por Italia. En caso de que estas razones no estuvieran fundamentadas, una prórroga del plazo de entrega permitiría a Italia facilitar más ayuda de funcionamiento de la permitida.

Con respecto a la necesidad de aportar modificaciones técnicas al buque, hay que observar que éstas se harían a petición del propietario en relación con la revocación de la suspensión del contrato, acaecida el 29 de septiembre de 2003, y que las modificaciones solamente se formalizaron mediante un anexo al contrato original de fecha 10 de diciembre de 2003. La Comisión observa que aunque un propietario siempre puede pedir cambios en un contrato de construcción naval, estos cambios no son acontecimientos imprevistos ni infrecuentes en el sector de la construcción naval y suelen ser competencia del departamento comercial del astillero. Por lo tanto, este motivo no puede aceptarse.

Con respecto al impacto de los dos desastres naturales que afectaron a la región en donde está establecido el astillero, se acepta que estos acontecimientos serían normalmente argumentos aceptables, pero el examen de la información disponible hace dudar a la Comisión de que sí lo sean en el presente asunto.

De hecho, estos acontecimientos se produjeron durante el período de suspensión del contrato y por lo tanto difícilmente pudieron afectar a la construcción del buque puesto que aún faltaban por lo menos 8 meses para la fase de ejecución material. Del mismo modo, se observa que no se facilitó información detallada que permitiera a la Comisión valorar el impacto de dichos acontecimientos en el programa de trabajo del astillero. Además, la Comisión observa que 3 meses antes del vencimiento del plazo del 31 de diciembre de 2003 previsto por el Reglamento (CE) no 1540/98, el propietario del buque solicitó modificaciones técnicas sustanciales que afectaban a la eslora, la manga, y al número de tanques y su tamaño. Por ello parece difícil que pudiera haberse trabajado significativamente en el buque C.180, en especial teniendo en cuenta las modificaciones pedidas a finales de 2003. En consecuencia, la Comisión pone en duda que los desastres naturales citados tuvieran repercusiones en el programa de trabajo del astillero con respecto al buque C.180.

Finalmente también se observa que la suspensión del contrato se solicitó hasta el 30 de septiembre de 2003 y que la revocación fue efectiva el 29 de septiembre, es decir, 3 meses antes del plazo límite de entrega, fijado para el 31 de diciembre. Sin embargo, dado que las autoridades italianas han declarado que la construcción del buque C.180 requeriría hasta 15 meses, parece que el astillero supo que no podía construirlo en sólo tres meses. Además, dados los 15 meses necesarios para la construcción, el astillero debería haber sabido desde principios de agosto de 2002 o desde poco después, es decir, tres meses antes de que el terremoto afectara a la región de Molise, que en cualquier caso no podría entregarlo antes del 31 de diciembre de 2003.

Este análisis hace surgir dudas en el sentido de que las razones invocadas por las autoridades italianas se atengan al 3(2) segundo párrafo del Reglamento sobre construcción naval y que por lo tanto puedan ser compatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 87(3) e) del Tratado CE.

Por todo ello la Comisión ha decidido incoar el procedimiento formal relativo a la petición de prorroga del plazo de entrega de un buque quimiquero denominado C.180 construido por Cantieri Navali Termoli S.p.A.

TEXTO DE LA CARTA

«1. PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell'11.12.2003, protocollata dai servizi della Commissione in data 16.12.2003, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale (2) (in appresso “regolamento sulla costruzione navale”), la richiesta di accordare agli armatori FASE Shipping BV (in relazione alla nave denominata C. 190) e AR.CO.TUR. S.r.l (in relazione alle navi denominate C. 196 e C. 197) una proroga del termine ultimo di tre anni stabilito per la consegna delle tre suddette navi, che hanno fruito di aiuti al funzionamento. Tutte e tre le navi sono costruite dal Cantiere Navale De Poli SpA.

(2)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari mediante lettera datata 5.2.2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 29.3.2004, protocollata il 31.3.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto a tale scopo. In data 24.5.2004, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni mediante lettera, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 30.7.2004, protocollata il 2.8.2004 avendo ottenuto una proroga del termine previsto per la risposta. Il 22.9.2004, la Commissione ha inviato una lettera chiedendo delle informazioni integrative, che sono state trasmesse dalle autorità italiane mediante lettera datata 18.10.2004, protocollata il 19.10.2004.

(3)

Contemporaneamente, con lettera del 22.12.2003, protocollata dai servizi della Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla costruzione navale la richiesta di accordare all'armatore Marnavi SpA una proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave, denominata C. 180, che ha fruito di aiuti al funzionamento, in costruzione presso i Cantieri Navali Termoli SpA.

(4)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari mediante lettera datata 5.2.2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 30.3.2004, protocollata l'1.4.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto a tale scopo. In data 26.5.2004, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni mediante lettera, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 22.7.2004, protocollata il 27.7.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto per la risposta. Il 22.9.2004 la Commissione ha inviato una lettera chiedendo delle informazioni integrative, che sono state trasmesse dalle autorità italiane mediante lettera datata 18.10.2004, protocollata il 19.10.2004.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

2.1. Casi N 586/03, N 587/03 e N 589/03

(5)

L'Italia ha chiesto alla Commissione di accordare una proroga del termine ultimo di consegna del 31.12.2003 contemplato dal regolamento (CE) sulla costruzione navale, a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto relativi a navi. La proroga è stata richiesta fino al 31.4.2004 (4 mesi per la nave C. 190) e fino al 30.6.2004 (6 mesi per le navi C. 197 e C. 196) (3).

(6)

Nave C. 190: il contratto, firmato il 19.12.2000, prevedeva originariamente quale termine di consegna l'11.12.2003. La nave è stata commissionata dalla società S.A.I. Srl, un armatore italiano, per il trasporto di petrolio e prodotti chimici. Il 20.12.2002, S.A.I. Srl ha ceduto il contratto ad AR.CO.IN SpA, un armatore italiano, che lo ha a sua volta ceduto a FASE Shipping BV, un armatore olandese, in data 1.4.2003. In relazione al predetto contratto, a quest'ultimo armatore è stato promesso un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 8,5 milioni di euro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale.

(7)

Navi C. 196 e C. 197: entrambe i contratti sono stati firmati il 27.12.2000 e prevedevano originariamente quale termine di consegna, rispettivamente, il 24.6.2003 e il 22.9.2003. Le navi in questione sono state commissionate dall'impresa Stargas Holding SpA, un armatore italiano, per il trasporto di gas di petrolio liquefatto-propano (LPG). Il 17.04.2002, i due contratti sono stati acquisiti dalla Silver Srl, un armatore italiano, che li ha a sua volta ceduti ad AR.CO.TUR., un altro armatore italiano, in data 16.12.2002. In relazione ai predetti contratti, a quest'ultimo armatore è stata promesso per entrambe le navi un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 4,5 milioni di EUR per la nave C. 196 e a circa 5 milioni di EUR per la nave C. 197, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale.

(8)

Il processo di costruzione è tuttavia durato più a lungo di quanto previsto, per un concorso di circostanze, segnatamente: i ritardi relativi alla conclusione delle opere di banchinamento per la salvaguardia della laguna della città di Venezia dalle acque alte, che hanno interessato direttamente gli scali e l'area occupata dal cantiere; gli scioperi nazionali di categoria e la tardiva fornitura di componenti essenziali, più precisamente i serbatoi di carico. Il cantiere è stato quindi costretto a chiedere una proroga del termine di consegna delle navi della durata di 4 mesi (nave C. 190) e di 6 mesi (navi C. 196 e C. 197), rispettivamente, oltre il 31.12.2003, data in cui decade il regolamento sulla costruzione navale.

(9)

Nella notifica, le autorità italiane fanno riferimento ad una decisione della Commissione del 5 giugno 2002, con cui è stata autorizzata un'analoga proroga del termine di consegna oltre il 31 dicembre 2003, per una nave da crociera in costruzione nel cantiere Meyer Werft, a Papenburg, in Germania (in appresso “decisione Meyer Werft”). Le autorità italiane hanno specificamente messo in risalto numerose analogie fondamentali tra i due casi, sotto i seguenti aspetti: i) la ragione fatta valere per la proroga (ossia effetto dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001), ii) il mercato interessato (ovvero il trasporto marittimo di LPG, petrolio e prodotti chimici) e iii) i consolidati rapporti commerciali esistenti tra il cantiere e gli armatori (4). In breve, le autorità italiane affermano che la decisione Meyer Werft costituisce un chiaro precedente per l'autorizzazione a titolo eccezionale nella fattispecie. Le autorità rammentano inoltre che il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato un'altra decisione con cui autorizza la proroga della data di consegna di una nave da crociera in costruzione al cantiere Kvaerner Masa, in Finlandia (in appresso “decisione Kvaerner Masa”), per ragioni analoghe.

(10)

A motivazione della loro richiesta, le autorità italiane fanno valere circostanze a loro dire eccezionali, impreviste, esterne ed estranee al cantiere, che hanno provocato perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si sono ripercosse sul programma di lavoro del cantiere. Più precisamente, tali ritardi sono dovuti ai seguenti episodi (si rinvia alla tabella sinottica n. 1 riportata più avanti):

Impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 Per quanto riguarda la nave C. 190, il 18.10.2001, prima dell'inizio della costruzione, l'armatore ha chiesto al Cantiere Navale De Poli di sospendere l'esecuzione del contratto fino al 31.7.2002, anziché annullarlo. L'armatore ha alla fine revocato la richiesta di sospensione del contratto in data 3.7.2002.

Per quanto riguarda le navi C. 196 e C. 197, il 18.10.2001, prima dell'inizio della costruzione, l'armatore ha chiesto al Cantiere Navale De Poli di sospendere l'esecuzione dei relativi contratti fino al 30.4.2002, anziché annullarli. L'armatore ha alla fine revocato la richiesta di sospensione dei contratti in data 30.4.2002.

ii)

Scioperi nazionali di categoria Nel 2002 e 2003, il programma di lavoro del cantiere è stato ulteriormente perturbato da scioperi di categoria indetti a livello nazionale, qualificabili come “eventi di forza maggiore” in base ai contratti, che hanno ritardato di 0,3 mesi la costruzione della nave C. 190 e di 0,2 mesi quella delle navi C. 196 e C. 197.

Ritardi relativi alle opere di banchinamento intraprese dal comune di Venezia nelle aree utilizzate dal cantiere

A luglio del 1999, il Magistrato delle Acque di Venezia ha avviato tramite il Consorzio Venezia Nuova, conformemente ai piani previsti, delle opere di banchinamento sull'isola di Pellestrina, negli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere. Tali opere s'inquadrano in un ambizioso programma volto a proteggere Venezia dalle acque alte. L'ultimazione delle opere nelle aree utilizzate dal cantiere (scali) era stata originariamente prevista per il 12.11.2001. Tale data era compatibile con il programma di produzione del cantiere.

I predetti lavori si sono invece conclusi solo il 31.5.2002, con grave perturbamento del programma di lavoro del cantiere e conseguenti ritardi (con effetto a cascata) che hanno influito sulla costruzione di tutte le altre navi costruite in stretta successione negli scali, tra cui le navi C. 190, C. 196 e C. 197.

iii)

Ritardi nella consegna di componenti essenziali

Per quanto riguarda le navi C. 196 e C. 197, il cantiere aveva commissionato a Idromacchine S.r.l., uno dei maggiori costruttori di serbatoi, la costruzione di serbatoi di carico per le motonavi C. 188 e C. 189, navi gemelle delle costruzioni C. 196 e C. 197. Nel corso della costruzione delle motonavi C. 188 e C. 189 il RINA (Registro italiano navale), organismo italiano di certificazione, ha dichiarato non idonei i serbatoi che Idromacchine stava costruendo per le predette navi, avendovi riscontrato dei difetti.

Le quattro navi gemelle summenzionate erano allestite nello stesso scalo del cantiere in stretta successione, nel seguente ordine: C. 188, C. 189, C. 196 e C. 197. Al fine di minimizzare lo slittamento del programma di produzione causato dalla necessità di emettere un nuovo ordine per i serbatoi delle motonavi C. 188 e C. 189, il cantiere decise di utilizzare i serbatoi delle motonavi C. 196 e C. 197 – la cui consegna era prevista per il 31 luglio 2003 e il 30 settembre 2003, e che in base al programma di produzione del cantiere avrebbero potuto essere consegnate entro il 31.12.2003 – per le navi C. 188 e C. 189, la cui costruzione era più avanzata. I serbatoi originariamente destinati alle navi C. 188 e C. 189, nuovamente commissionati ad un altro costruttore, l'impresa Gas & Heat, con data di consegna il 31.01.2004 e 31.03.2004, rispettivamente, sarebbero quindi stati installati nelle navi C. 197 e C. 196, determinando un ritardo complessivo di 6 mesi nella loro consegna oltre il termine del 31.12.2003.

Facendo presente che i serbatoi di carico sono un componente indispensabile, affinché la motonave possa essere autorizzata al trasporto di gas liquido LPG/NH3/VCM ad una temperatura di – 48 °C e con pressione di 12 bar, le autorità italiane affermano che i serbatoi utilizzati nelle navi C. 188, C. 189 – e nelle navi gemelle C. 196 e C. 197 – devono soddisfare rigorose norme di qualità e sicurezza navale. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, vista l'esperienza di Idromacchine, il cantiere non avrebbe potuto prevedere che il RINA si sarebbe espresso negativamente in merito alla idoneità dei serbatoi delle motonavi C. 188 e C. 189. Le autorità italiane precisano altresì che a fronte di questa avversità, il cantiere si è immediatamente prodigato a cercare degli altri fornitori sul mercato. Gas & Heat è stato l'unico fornitore disposto a produrre i nuovi serbatoi che, a quanto risulta, non potevano essere consegnati prima del 31.1.2004 e del 31.3.2004, per cui il cantiere è stato costretto a chiedere una dilazione del termine di consegna. Nella tabella n. 1 che segue si riportano sinotticamente le vicende intervenute nei tre casi summenzionati.

2.2. Caso N 595/03

(11)

L'Italia ha chiesto alla Commissione di accordare una proroga del termine ultimo di consegna del 31.12.2003, contemplato dal regolamento (CE) sulla costruzione navale, a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto relativi a navi. L'istanza di proroga è stata presentata dall'armatore Marnavi S.p.A. in relazione ad una nave denominata C. 180, costruita dalla Cantieri Navali Termoli S.p.A., un cantiere situato nella regione del Molise (Italia). La proroga è stata richiesta inizialmente fino al 31.10.2004 (10 mesi).

(12)

Il contratto di costruzione firmato il 30.12.2000 prevedeva originariamente quale termine di consegna il 30.6.2003. La motonave era stata commissionata dalla Marnavi S.p.A., un armatore italiano, per il trasporto di prodotti chimici e petroliferi. In relazione al predetto contratto, all'armatore è stata promesso un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 3,9 milioni di EUR per tale nave, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale.

(13)

Il processo di costruzione è durato tuttavia più a lungo di quanto previsto, per un concorso di circostanze, segnatamente: l'impatto degli avvenimenti dell'11 settembre 2001, la conseguente necessità di adeguare la motonave alle mutate esigenze tecnico-commerciali ed il succedersi di due calamità naturali – un terremoto e un'alluvione. Il cantiere è stato quindi costretto a chiedere una proroga del termine ultimo di consegna stabilito per la nave C. 180, di dieci mesi oltre il 31.12.2003, scadenza fissata dal regolamento sulla costruzione navale.

(14)

Nella notifica, le autorità italiane fanno riferimento ad una decisione della Commissione del 5 giugno 2002, con cui è stata autorizzata un'analoga proroga del termine di consegna oltre il 31 dicembre 2003, per una nave da crociera in costruzione nel cantiere Meyer Werft, a Papenburg, in Germania (in appresso “decisione Meyer Werft”). Le autorità italiane hanno specificamente messo in risalto numerose analogie fondamentali tra i due casi, sotto i seguenti aspetti: i) la ragione fatta valere per la proroga (ossia effetto dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001), ii) il mercato interessato (ovvero il trasporto marittimo di petrolio e prodotti chimici) e iii) i consolidati rapporti commerciali esistenti tra il cantiere e l'armatore (5). In breve, le autorità italiane affermano che la decisione Meyer Werft costituisce un chiaro precedente per l'autorizzazione a titolo eccezionale nella fattispecie. Le autorità rammentano inoltre che il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato un'altra decisione con cui autorizza la proroga della data di consegna di una nave da crociera in costruzione al cantiere Kvaerner Masa, in Finlandia (in appresso “decisione Kvaerner Masa”), per ragioni analoghe.

(15)

Impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 L'1.10.2001, prima dell'inizio della costruzione, l'armatore ha chiesto a Cantieri Navali Termoli di sospendere l'esecuzione del contratto fino al 31.9.2002 anziché annullarlo. L'armatore ha alla fine revocato la richiesta di sospensione del contratto in data 29.9.2003.

ii)

Necessità di modificare la nave per conformarsi alle mutate esigenze tecnico-commerciali Ai predetti avvenimenti si aggiunge il fatto che, in sede di revoca della sospensiva, l'armatore ha chiesto che il progetto della nave fosse modificato - discostandosi dalle specifiche originariamente contenute nel contratto – per adeguarla alle mutate esigenze tecnico-commerciali. Tali modifiche riguardano la dimensione e il numero dei serbatoi, nonché la lunghezza e larghezza complessiva della motonave, i cui piani progettuali modificati sono stati sottoposti, ai fini dell'autorizzazione, al R.I.NA, l'organismo italiano di certificazione. Le modifiche sono state infine formalizzate in data 10.12.2003, in un addendum accluso al contratto originario di costruzione.

iii)

Incidenza di calamità naturali

Il 31.10.2002 la regione Molise è stata colpita dal terremoto, che ha avuto ripercussioni sul cantiere, le maestranze e i fornitori. Successivamente, tra il 23.1.2004 e il 25.1.2003 la regione ha subito un'alluvione, con ulteriori effetti devastanti sul cantiere, le maestranze e i fornitori. Questi due eventi calamitosi hanno arrecato al cantiere un pregiudizio diretto, a causa della inattività delle maestranze, ed indiretto, a causa della revoca unilaterale di contratti da parte di imprese locali, cui erano stati subappaltati i lavori relativi alla motonave C. 180, le quali hanno addotto a motivazione i danni provocati dalle calamità naturali all'infrastruttura produttiva dei loro fornitori. Le autorità italiane hanno argomentato in particolare che i suddetti eventi hanno pregiudicato il lavoro di ingegneria propedeutico alla fase esecutiva della nave.

Pur concedendo che entrambe gli eventi calamitosi si sono verificati durante il periodo di sospensione del contratto di costruzione, le autorità italiane affermano che questi eventi hanno sconvolto i programmi produttivi del cantiere, sottolineando che per entrambe le calamità è stato proclamato lo stato d'emergenza fino all'l 1.2.2004, mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

(16)

Le autorità italiane hanno messo in rilievo l'urgenza dell'aiuto, determinata dalle limitate risorse finanziarie ed industriali del cantiere (PMI), essendo il prezzo contrattuale della motonave stato fissato in previsione delle sovvenzioni che sarebbero state erogate per legge. Stando alle autorità italiane, qualora inoltre non si conceda la proroga del termine ultimo di consegna della nave (che aveva raggiunto un grado di esecuzione del 25,65 % al 16.12.2003), e quindi la costruzione non fruisca dell'aiuto, la nave non può essere ultimata senza ingenti danni economici per il cantiere, con conseguente perdita di posti lavori sia a livello del cantiere sia delle imprese che lavorano per il cantiere. Le autorità italiane hanno infatti precisato che l'armatore Marnavi ed il cantiere hanno convenuto di annullare il contratto di costruzione di un'altra motonave denominata C. 173, la cui costruzione è stata perturbata dai suddetti eventi, e di dirottare le relative forniture già disponibili verso la nave C. 180, le cui specifiche sono state modificate in data 10.12.2003, al fine di uniformarle a quelle della nave C. 173. Nella tabella sinottica n. 2 sono riportate le incidenze di questi tre eventi.

Tabella 1 — Quadro sinottico dei ritardi intervenuti nella consegna delle navi C. 190, C. 197 e C. 196

Nave

Causa del ritardo

Responsabilità

Problemi

Ritardo

(mesi)

Mesi extra

C. 190

Avvenimenti dell'11.9.2001:

—	sospensione e tardivo riavvio della commessa

S.A.I. S.r.l.

(armatore)

Sospensione del contratto dal 18.10.2001 al 31.7.2002.

Revoca della sospensione all'inizio di luglio 2002.

9,5

Non precisato

ii)	Scioperi nazionali di categoria

non precisata

non precisati

0,3

iii)	Ritardi nell'esecuzione delle opere di banchinamento da parte del Magistrato delle Acque di Venezia con ripercussioni sugli scali del cantiere;

Magistrato delle Acque di Venezia (committente)

Consorzio Venezia Nuova

(Organismo pubblico incaricato dei lavori)

Protrazione delle opere complessive di banchinamento sull'isola di Pellestrina e segnatamente dei lavori agli scali del cantiere, ultimati il 31.5.2002 anziché il 12.11.2001.

6,5

Totale

16,3

4,3

Proroga richiesta

4 mesi

C. 197

Avvenimenti dell'11.9.2001:

—	sospensione e tardivo riavvio della commessa

Stargas Holding S.p.A.

(armatore)

Sospensione del contratto dall'8.10.2001 al 30.4.2002.

Revoca della sospensione alla fine di aprile 2002.

Non precisato

ii)	Scioperi nazionali di categoria

non precisata

non precisati

0,2

iii)	Ritardi nell'esecuzione delle opere di banchinamento da parte del Magistrato delle Acque di Venezia con ripercussioni sugli scali del cantiere;

Magistrato delle Acque di Venezia (committente)

Consorzio Venezia Nuova

(Organismo pubblico incaricato dei lavori)

Protrazione delle opere complessive di banchinamento sull'isola di Pellestrina e segnatamente dei lavori agli scali del cantiere, ultimati il 31.5.2002 anziché il 12.11.2001.

6,5

iv)

Ritardo fornitura componenti essenziali:

—

Serbatoi

Idromacchine S.r.l.

(produttore)

L'inidoneità dei serbatoi difettosi delle navi gemelle C. 188 e C. 189, in fase di costruzione più avanzata, ha costretto il cantiere ad installarvi i serbatoi destinati alle navi C. 196 e C. 197.

I nuovi serbatoi sono stati consegnati il 31.1.2004 anziché il 30.9.2003.

Totale

17,7

8,2

Proroga richiesta

C. 196

Avvenimenti dell'11.9.2001:

—	sospensione e tardivo riavvio della commessa

Stargas Holding S.p.A.

(armatore)

Sospensione del contratto dall'8.10.2001 al 31.7.2002.

Revoca della sospensione alla fine di aprile 2002.1

Non precisato

ii)	Scioperi nazionali di categoria

non precisata

non precisati

0,2

iii)	Ritardi nell'esecuzione delle opere di banchinamento da parte del Magistrato delle Acque di Venezia con ripercussioni sugli scali del cantiere;

Magistrato delle Acque di Venezia (committente)

Consorzio Venezia Nuova

(Organismo pubblico incaricato dei lavori)

Protrazione delle opere complessive di banchinamento sull'isola di Pellestrina e segnatamente dei lavori agli scali del cantiere, ultimati il 31.5.2002 anziché il 12.11.2001.

6,5

iv)

Ritardo fornitura componenti essenziali:

—

Serbatoi

Idromacchine S.r.l.

(produttore)

L'inidoneità dei serbatoi difettosi delle navi gemelle C. 188 e C. 189, in fase di costruzione più avanzata, ha costretto il cantiere ad installarvi i serbatoi destinati alle navi C. 196 e C. 197.

I nuovi serbatoi sono stati consegnati il 31.1.2004 anziché il 30.9.2003.

Totale

21,7

12,2

Proroga richiesta

Tabella 2 — Quadro sinottico dei ritardi intervenuti nella consegna della nave C. 180

Nave

Causa del ritardo

Responsabilità

Problemi

Ritardo

(mesi)

Mesi extra

C. 180

Avvenimenti dell'11.9.2001:

—	sospensione e tardivo riavvio della commessa

Marnavi. S.p.A.

(armatore)

Sospensione del contratto dall'1.10.2001 al 30.9.2003.

Revoca della sospensione il 29.9.2003.

Non precisato

ii)	modifiche tecniche

Marnavi. S.p.A.

(armatore)

Modifiche relative alle dimensioni e al numero di serbatoi, alla lunghezza e larghezza della nave.

Non precisato

iii)

Ritardi dovuti ad eventi calamitosi che hanno colpito la regione Molise:

—	Moti tellurici 31.10.2002

—	Alluvione dal 23 al 25.1.2003

Cause di forza maggiore

Incidenza di eventi calamitosi sul cantiere, le maestranze e i subfornitori.

> 2

Totale

Più di 26 mesi

Più di 2 mesi

Proroga richiesta

10 mesi

3. VALUTAZIONE

(17)

L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, il criterio della distorsione degli scambi è applicabile se l'impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri.

(18)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che su tale base giuridica il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale. Benché detto regolamento sia decaduto il 31 dicembre 2003, le sue disposizioni sono ancora applicabili nel quadro della valutazione delle richieste di proroga del termine ultimo di consegna, visto che riguarda aiuti concessi in base al predetto regolamento e che la disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (6) non offre indicazioni in merito a tali istanze.

(19)

La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell'ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L'aiuto al funzionamento in discorso consiste nel finanziamento mediante fondi statali di parte dei costi che il cantiere in causa avrebbe dovuto normalmente sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L'aiuto in parola rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(20)

Si rammenta che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per “costruzione navale” s'intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. Le tre navi costruite dal Cantiere Navale De Poli – segnatamente la nave petrolchimica e le due navi gasiere adibite al trasporto di LPG – e la nave costruita dai Cantieri Navali Termoli – ovvero una nave petrolchimica – sono tutte navi d'alto mare a propulsione autonoma adibite a servizi marittimi specializzati, ovvero al trasporto di prodotti chimici e di gas liquido (LPG) ed al trasporto di prodotti petrolchimici, e sono quindi soggette alle disposizioni del predetto regolamento, a norma dell'articolo 1, lettera a).

(21)

L'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % (contratti con valore contrattuale superiore ai 10 milioni) a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base al primo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia la prima e la seconda frase del secondo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, stabiliscono che le precedenti disposizioni non si applicano - vale a dire che nessun aiuto può essere erogato - alle navi consegnate più di tre anni dopo la data della firma del contratto definitivo. Il termine ultimo di consegna di una nave, affinché questa sia ancora ammessa a fruire dell'aiuto al funzionamento, è quindi il 31 dicembre 2003.

(22)

L'aiuto proposto a favore delle navi in esame sarà erogato in base all'articolo 3 della legge n. 88 del 16.3.2001, autorizzata dalla Commissione, a titolo di regime di aiuti di Stato n. N 502/00. L'importo erogato è di circa 8,5 milioni di EUR per la nave C. 190, di circa 4,5 milioni di EUR per la nave C. 196, di circa 5 milioni di EUR per la nave C. 197 e di circa 3,9 milioni di EUR per la nave C. 180, ossia non più del 9 % del valore dei relativi contratti.

(23)

L'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso, terza frase, del regolamento sulla costruzione navale recita: “La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa”. La Commissione rileva che l'istanza di proroga è motivata dall'impossibilità del Cantiere Navale De Poli SpA e dei Cantieri Navali Termoli di ultimare rispettivamente le tre navi summenzionate e la quarta nave a causa di ritardi imprevisti ed esterni all'impresa.

(24)

Il regolamento sulla costruzione navale esige che la proroga del termine ultimo di consegna sia motivata da circostanze a) eccezionali, b) imprevedibili ed c) esterne all'impresa. È inoltre necessario che, d) vi sia una correlazione causale tra tali eventi e le perturbazioni inattese all'origine del ritardo e che e) si determini la durata di tali perturbazioni e quanto queste siano f) serie e giustificabili. Le circostanze addotte dalle autorità italiane sembrano essere tali da rispondere ai requisiti sopra indicati (quale la tardiva consegna di elementi essenziali per la costruzione della nave).

3.1. Casi N 586/03, 587/03 e N 589/03

(25)

In ordine al primo argomento fatto valere dalle autorità italiane, ovvero l'impatto degli eventi dell'11 settembre 2001, coerentemente a precedenti decisioni della Commissione, tale motivazione non può essere accolta nella fattispecie. Citando infatti quanto affermato dalla Commissione nella decisione relativa al cantiere Odense (7), “il rallentamento della crescita economica o il deterioramento della situazione di mercato in relazione ad un tipo di nave non possono essere considerati un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale”.

(26)

In ordine al secondo argomento fatto valere dalle autorità italiane, ovvero gli scioperi nazionali di categoria, coerentemente a precedenti decisioni della Commissione, tale motivazione non può essere accolta nella fattispecie. In precedenti decisioni (8) la Commissione ha infatti già dichiarato che “le agitazioni sindacali non sono degli eventi imprevedibili, essendo gli scioperi di piccola portata diffusi nel settore cantieristico navale. Tali avvenimenti si iscrivono nella normale attività commerciale del cantiere”.

(27)

In ordine agli altre due argomenti addotti dalle autorità italiane non ancora trattati, si constata anzitutto che, stando a quanto è stato dichiarato, i ritardi nell'ultimazione dei lavori di banchinamento predisposti dal Magistrato delle Acque di Venezia sull'isola di Pellestrina, ed in particolare quelli effettuati negli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere, hanno influito sulla consegna delle tre motonavi C. 190, C. 196 e C. 197 in discorso. Per quanto riguarda la fornitura di componenti essenziali, ossia i serbatoi, si rammenta che tale argomentazione vale solo per le motonavi C. 196 e C. 197. Nei paragrafi che seguono le motivazioni addotte sono analizzate in modo più particolareggiato, alla luce dei criteri indicati al punto 24 della presente decisione.

(28)

Eccezionali: questo criterio esclude gli avvenimenti consueti, o perlomeno ordinari, che è ragionevole supporre vengano preventivati nel quadro del progetto di costruzione navale. Si rileva perciò che le cause addotte dal cantiere soddisfano questo requisito.

Riguardo ai ritardi nella realizzazione dei lavori di arginamento ordinati dal Magistrato delle Acque di Venezia sull'isola di Pellestrina, più precisamente quelli che hanno interessato gli scali e le aree utilizzate dal cantiere, si rileva che detti lavori si inquadrano in un più ampio progetto infrastrutturale mirante a tutelare la città di Venezia dalle acque alte. A quanto risulta, sebbene l'acqua alta sia un fenomeno ricorrente nella zona, l'attività del cantiere è sempre proseguita, nonostante questo problema naturale. Si può tuttavia sostenere che le opere infrastrutturali in discorso, volte a risolvere il problema dell'acqua alta, sono per loro natura degli interventi eccezionali e che il loro impatto sul programma produttivo del cantiere è eccezionale.

Riguardo ai serbatoi, si rileva che l'impossibilità dell'impresa Idromacchine, costruttore dei serbatoi, di fabbricare i serbatoi (un componente essenziale della nave) in conformità alle norme di certificazione prescritte e la conseguente impossibilità di consegnare i medesimi entro i termini pattuiti è quanto meno eccezionale.

(29)

Imprevedibili: questo criterio esclude gli eventi che le parti avrebbero potuto ragionevolmente prevedere.

In ordine ai ritardi relativi all'ultimazione delle opere di banchinamento predisposte dal Magistrato delle Acque of Venezia sull'isola di Pellestrina e in particolare i lavori agli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere, è doveroso precisare che non è imprevedibile che si registrino dei ritardi nella realizzazione di progetti infrastrutturali, visto che frequentemente in tali progetti si verificano dei lievi ritardi, e tale evenienza rientra nella normale attività commerciale delle parti interessate dai lavori. Nella fattispecie si tratta tuttavia di ritardi di entità non lieve e, a quanto sembra, il cantiere non avrebbe potuto prevederne l'esatta portata.

Per quanto riguarda i serbatoi, si constata che i problemi causati dall'impossibilità di Idromacchine di consegnare i serbatoi, componente necessario per l'utilizzo della motonave ai fini commerciali in condizioni di esercizio autorizzate, erano anch'essi imprevedibili.

(30)

Esterne: i lavori di banchinamento sono stati realizzati per conto del Magistrato della Acque di Venezia e sotto la regia del Consorzio Venezia Nuova. Inoltre, la fabbricazione dei serbatoi che ha in ultima analisi ritardato la consegna delle navi C. 196 e C. 197 è stata commissionata all'impresa Idromacchine S.r.l., mentre il Cantiere Navale De Poli SpA è responsabile solo dell'allestimento delle navi. Gli enti responsabili dei lavori di banchinamento ed il costruttore dei serbatoi sono dei soggetti operanti al di fuori del controllo del cantiere, la cui attività dipende invece dal loro operato. A ciò si aggiunga che i serbatoi sono indispensabili per la sicurezza e la qualità delle navi C. 196 e C. 197, che dovevano essere conformi alle specifiche IMO e R.I.NA. per ottenere la prevista classificazione R.I.NA “Marca Stella 100 A.1.1. Nav.I.L. Cst (GL) P (-48 °C, 1 bar, 0,97 ton/m3) tipo 2G, IIQ-IAQ-A”.

(31)

Il costruttore non ha consegnato i serbatoi conformemente agli obblighi contrattuali e il cantiere ha dovuto commissionare tali componenti ad un altro fornitore, ritardando ulteriormente l'ultimazione delle navi C. 196 e C. 197, visto che a quanto risulta i nuovi serbatoi sono stati consegnati solo il 31.1.2004 ed il 31.3.2004. Il mancato rispetto della scadenza di consegna delle forniture necessarie è estraneo alla volontà dell'impresa e il cantiere non aveva modo di intervenire. Alla luce della dipendenza del cantiere dal fabbricante di serbatoi e della necessità di trovare un altro fornitore, si può concludere che lo stesso sia stato costretto a chiedere una proroga di sei mesi del termine ultimo di consegna per le navi C. 196 e C. 197, pur essendosi sforzato in ogni modo di allestire e consegnare le navi entro la fine del 2003.

(32)	Rapporto casuale: i ritardi relativi all'ultimazione delle opere di banchinamento e la mancata consegna dei serbatoi hanno causato il ritardo della consegna delle motonavi ed hanno turbato il programma di lavoro del Cantiere Navale De Poli.

(33)

Durata: la Commissione rileva che la tempistica originaria, prevista all'atto della firma dei contratti (19 dicembre 2000 per la nave C. 190, 27 dicembre 2000 per le navi C. 196 e C. 197) avrebbe permesso di consegnare le navi entro i termini stabiliti. Questa constatazione è corroborata dai programmi di lavoro originali trasmessi dalle autorità italiane. Il Cantiere Navali De Poli si è sforzato di consegnare le navi entro il 31 dicembre 2003, ma nel 2002 e nel 2003 ci si è resi conto che tale scadenza non avrebbe potuto essere rispettata per le navi C. 190, C. 196 e C. 197. A fronte di un ritardo di almeno 4,5 mesi (ovvero fino alla fine di aprile del 2004, anziché nel dicembre 2003, data originariamente prevista) come risulta dai programmi di lavoro del cantiere, determinato dalla tardiva conclusione dei lavori di banchinamento, la proroga fino alla 30 aprile 2004 non appare infatti eccessiva ed irragionevole per la nave C. 190. Analogamente, a fronte di un ritardo di almeno 12 mesi (ovvero fino alla fine di giugno del 2004 anziché nel giugno 2003, data originariamente prevista) come risulta dai programmi di lavoro del cantiere, imputabile alla tardiva conclusione dei lavori di banchinamento e alla tardiva consegna dei serbatoi, la proroga fino alla 30 giugno 2004 non appare eccessiva ed irragionevole per la nave C. 196. Riguardo alla nave C. 197, con un ritardo di almeno 9 mesi (ovvero fino alla fine di giugno del 2004 invece della data originariamente prevista per settembre 2003), come risulta dai programmi di lavoro del cantiere, causato dalla tardiva conclusione dei lavori di banchinamento e dalla tardiva consegna dei serbatoi, la proroga fino al 30 giugno 2004 sembra ragionevole e non esagerata.

(34)

Serie e giustificabili: conformemente a precedenti deliberazioni della Commissione (9), tali sono da considerarsi le perturbazioni causate dai ritardi relativi, in primo luogo, all'ultimazione dei lavori effettuati agli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere nel quadro di un progetto infrastrutturale di straordinaria importanza, sui quali il cantiere non esercita alcun controllo, e in secondo luogo, ai componenti essenziali della nave (serbatoi).

(35)

Alla luce di quanto precede, dovendo la consegna delle navi essere ritardata a causa di perturbazioni inattese, serie e giustificabili, riconducibili a circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, la proroga del termine ultimo di consegna di tre anni è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento sulla costruzione navale e, di riflesso, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE.

3.2. Caso N 595/03

Impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 Riguardo a questo argomento, la Commissione prende atto della imprevedibilità di tali eventi, esterni ed estranei alla volontà del cantiere. In conformità a quanto deliberato in precedenti decisioni della Commissione, tale motivazione non può tuttavia essere accolta, non trattandosi nella fattispecie di una nave da crociera. Infatti, come afferma la Commissione nella decisione relativa al cantiere Odense (10) “il rallentamento della crescita economica o il deterioramento della situazione di mercato in relazione ad un tipo di nave non possono essere considerati un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale”.

La Commissione osserva peraltro che secondo il rapporto elaborato dall'istituto Clarkson Research nel novembre 2003 (11), “I fatti dell'11 settembre 2001 hanno indubbiamente aggravato i problemi dell'economia mondiale già in fase di rallentamento”. Inoltre, in merito agli investimenti relativi a navi chimichiere di portata lorda inferiore alle 20 000 tonnellate, quale la motonave C. 180, nel medesimo rapporto di Clarkson Research si legge che: “Nel periodo tra il 1998 e il 2000 non vi è stata molta attività e nonostante la ripresa registrata all'inizio del 2001, i livelli di attività sono nuovamente diminuiti nell'ultimo trimestre del 2001, registrando un andamento analogo a quello rilevato nel resto del settore. Le commesse hanno registrato una notevole ripresa all'inizio del 2002 e da allora il livello è rimasto alquanto sostenuto.” (nel testo originale: “Activity was fairly low over the period 1998 to 2000 e despite a recovery in early 2001, levels did fall back in the final quarter of 2001 in line with the rest of the industry. However, the level of contracting picked up significantly in early 2002 e has been fairly strong since”).

ii)

Necessità di modificare la nave per conformarsi alle mutate esigenze tecnico-commerciali In ordine al secondo argomento, è stato inizialmente indicato che le modifiche tecniche sono state effettuate su richiesta dell'armatore per soddisfare mutate esigenze tecnico-commerciali. Inoltre, secondo quanto indicato nell'addendum del 10.12.2003 accluso al contratto originario di costruzione, il cantiere intendeva chiedere una dilazione del termine di consegna della nave C. 180 all'armatore, accollandosi tutti gli oneri ed i rischi connessi all'eventuale erogazione/concessione dell'aiuto di stato a favore di quest'ultimo.

La Commissione fa presente che, benché l'armatore possa sempre chiedere delle modifiche al contratto di costruzione, tali richieste sono un evento né imprevedibile né infrequente nel settore della costruzione navale. Tali eventi si iscrivono nella normale attività commerciale del cantiere. Tale motivazione non può pertanto essere accolta.

iii)

Incidenza di calamità naturali che hanno colpito la regione Molise ove è situato il cantiere

È riconosciuto che i moti tellurici, le inondazioni e altre “cause di forza maggiore” costituiscono generalmente una giustificazione accettabile. Per analogia, si stabilisce che tali eventi hanno avuto ripercussioni sull'attività della regione Molise — come attestato dallo stato d'emergenza decretato dal Presidente del Consiglio dei ministri — e potenzialmente sull'intera attività del cantiere.

La Commissione rileva tuttavia che non sono stati forniti ragguagli precisi in merito sia alle perturbazioni del programma complessivo di lavoro del cantiere, sia alla correlazione tra i medesimi e il programma di lavoro specifico della nave C. 180. Avendo attentamente esaminato i fatti esposti nel presente caso, la Commissione dubita che tali eventi abbiano realmente inciso in modo specifico sulla costruzione della nave C. 180. Conformemente a quanto attestato dalle autorità italiane, la Commissione constata infatti che:

—	Le due calamità naturali si sono verificate durante il periodo di sospensione dell'esecutività del contratto, conclusosi solo il 29.9.2003, ossia un anno dopo i moti tellurici e 8 mesi dopo l'alluvione.

—	Le calamità naturali non hanno perturbato direttamente la costruzione della nave C. 180. Infatti, stando alle affermazioni delle autorità italiane, la costruzione della nave non era ancora entrata nella fase esecutiva materiale.

—

Pur concedendo che i lavori di ingegneria relativi alla nave C. 180, propedeutici alla fase esecutiva della costruzione, abbiano potuto eventualmente essere stati perturbati dai due suddetti eventi calamitosi, non si capisce perché tali lavori siano stati effettuati durante la sospensiva del contratto e quale avrebbe dovuto esserne la durata. Inoltre, non è comprensibile come il ritardo dei lavori di ingegnerizzazione possa da solo giustificare una proroga di 10 mesi del termine ultimo di consegna.

—

Le autorità italiane affermano altresì che nel settembre 2003, oltre alla revoca della sospensione del contratto, l'armatore ha chiesto delle modifiche tecniche, i cui relativi disegni sono stati successivamente approvati dall'ente di certificazione italiano R.I.NA; si constata inoltre che dette modifiche sono state formalizzate nel contratto solo nel dicembre 2003. In concreto, le modifiche riguardano la dimensione e il numero di serbatoi, la lunghezza e la larghezza della nave. Tali modifiche possono pertanto essere considerate sostanziali, visto che interessano delle specifiche strutturali essenziali della nave.

Non avendo le autorità italiane fornito alcun preciso elemento comprovante gli eventuali lavori svolti in relazione alla nave C. 180 durante il periodo di sospensione, e vista l'entità delle modifiche strutturali da effettuare, appare estremamente improbabile che siano stati effettuati lavori di alcun rilievo (ammesso che se ne siano effettuati) per la nave C. 180 durante il periodo di sospensiva (prima del 29.9.2003), e più precisamente all'epoca delle calamità. Si dubita quindi che le calamità naturali abbiano avuto delle ripercussioni sul programma di lavoro della nave C. 180.

—

Si aggiunga che, oltre alla sospensione del contratto fino al 30.9.2003 e al fatto che fino ad allora non erano stati realizzati lavori di costruzione per la nave C. 180, le autorità italiane hanno dichiarato che la costruzione della nave C. 180 potrebbe richiedere fino a 15 mesi. Non è quindi pensabile che, revocando la sospensione alla fine di settembre del 2003, fosse materialmente possibile per il cantiere consegnare la nave entro il 31.12.2003, ossia costruirla in soli 3 mesi, a prescindere dalle calamità naturali precedentemente menzionate. Analogamente, vista la scadenza fissata per la revoca della sospensiva, si deduce che l'impossibilità del cantiere di completare la nave entro il 31.12.2003 era prevedibile già al momento della sospensione del contratto l'1.10.2001 o, al più tardi, all'inizio di agosto del 2002 o comunque subito dopo, ossia già 3 mesi prima dei moti tellurici.

—

In merito all'annullamento della commessa della nave C. 173, cui hanno accennato le autorità italiane, e al dirottamento delle forniture previste per questa nave verso la costruzione della nave C. 180, la Commissione rileva che le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento alla Commissione che le possa permettere di valutare l'eventuale pertinenza di detta circostanza ai fini della valutazione della ammissibilità dell'istanza presentata.

(36)

La Commissione mette in dubbio che le ragioni addotte a giustificazione del ritardo nel caso in esame siano conformi al disposto del secondo capoverso del paragrafo 2, dell'articolo 3, del regolamento sulla costruzione navale e siano quindi compatibili con il mercato comune ai sensi dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE.

4. DECISIONE

La Commissione ha pertanto deciso di accordare una proroga del termine ultimo di consegna di tre anni per le navi denominate C. 190, C. 197 e C. 196, costruite dal Cantiere Navale De Poli S.p.A (Italia). La proroga del termine ultimo di consegna di tre anni, per un periodo di 4 mesi per la nave petrolchimica denominata C. 190 e per 6 mesi per le navi gasiere adibite al trasporto di LPG denominate C. 196 e C. 197, è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento sulla costruzione navale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha inoltre deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in relazione alla proroga del termine ultimo di tre anni richiesta dall'Italia per la costruzione della nave petrolchimica denominata C. 180, costruita dai Cantieri Navali Termoli.

La Commissione ingiunge alle autorità italiane di trasmetterle, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per la valutazione della compatibilità dell'aiuto. In caso contrario, la Commissione adotterà una decisione sulla scorta delle informazioni già in suo possesso. Si invitano le autorità italiane a trasmettere una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

La Commissione fa presente alle autorità italiane l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e richiama alla loro attenzione le disposizioni dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che dispone che la Commissione potrà esigere il rimborso degli aiuti indebitamente erogati.

La Commissione comunica inoltre al Governo italiano che informerà i terzi interessati mediante pubblicazione della presente lettera e della sua sintesi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nonché i terzi interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed infine l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmetterle loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.».

(1) DO C 238 de 3.10.2002, p. 14, asunto N 843/01.

(2) GU L 202 18.7.1998, pag. 1.

(3) Le navi sono state consegnate il 28.4.2004 (C. 190) e il 28.6.2004 (C. 197 e C. 196).

(4) Stargas Holding, AR.CO.TUR., AR.CO.IN e FASE Shipping B.V. sono importanti clienti del Cantiere Navale De Poli. Nel periodo tra il 1994 e il 2000, le commesse aggregate dei suddetti armatori hanno rappresentato il 54 % del fatturato del Cantiere De Poli, mentre nel periodo dal 2001 al giugno 2004 la loro quota del fatturato è salita al 99 %.

(5) Tra il 2000 e il 2004, le commesse di Marnavi hanno rappresentato il 43 % circa del fatturato dei Cantieri Navali Termoli; nel quinquennio precedente (1995-1999 ) la corrispondente quota di fatturato era quasi uguale a zero.

(6) GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(7) Cfr. il caso N 99/02 (GU 262, 29.10.2002), Cantiere Odense — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per due motonavi (Danimarca).

(8) Cfr. caso N 607/2003 (GU C 95, 20.4.2004), Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per il super Panfilo «Mirabella V» (Regno Unito).

(9) Cfr. caso N 99/02 — Danimarca — Cantiere Odense — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per due motonavi (Danimarca), (GU C 262 del 29.10.2002). Cfr. inoltre il caso N 607/2003 — Regno Unito — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per il super Panfilo «Mirabella V» (GU C 95/2004). Cfr. anche il caso N 584/2003 — Italia — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per due navi Ro-Ro, approvata dalla Commissione il 14.7.2004, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nei casi summenzionati la Commissione ha stabilito che la tardiva consegna dei componenti essenziali rispondeva ai criteri indicati al punto 24 della presente decisione.

(10) Idem nota 6.

(11) «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets & Newbuilding Investment over 2001 e onwards», Clarkson Research Novembre 2003, pag. 19-20.

		ISSN 1725-244X
Diario Oficial de la Unión Europea		C 42

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	48o año 18 de febrero de 2005

Número de información	Sumario	Página
	I Comunicaciones
	Comisión
2005/C 042/1	Tipo de cambio del euro	1

2005/C 042/2	Ayuda de Estado — Francia — Ayuda de Estado C 15/2004 (ex N 267/2003) — Ayudas al sector de los productores y comerciantes de los vinos de licor Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )	2

2005/C 042/3	Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3697 — SYMANTEC/VERITAS) ( 1 )	14

2005/C 042/4	Ayudas Estatales — Italia — Ayuda estatal N586/2003, N587/2003, N589/2003 & C 48/2004 (ex N595/2003) — Prórroga del plazo de entrega de 3 años para un buque quimiquero — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )	15

2005/C 042/5	No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3662 — XSTRATA/WMC RESOURCES) ( 1 )	28

2005/C 042/6	No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3519 — ELECTRA/THYSSENKRUPP FAHRZEUGGUS) ( 1 )	28

2005/C 042/7	No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3666 — NORDIC CAPITAL/PLASTAL HOLDING) ( 1 )	29

2005/C 042/8	No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3676 — WARBURG/PROVIDENCE/TELCORDIA) ( 1 )	29

2005/C 042/9	No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3668 — DIFA/INVESTKREDIT/JV) ( 1 )	30

2005/C 042/0	No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.3690 — CNP/CAPITALIA/FINECO VITA) ( 1 )	30

	III Informaciones
	Parlamento Europeo
2005/C 042/1	Anuncio relativo a la organización de un procedimiento de selección	31

	Corrección de errores
2005/C 042/2	Corrección a la Comunicación 2003/C 118/03 de la Comisión en lo que se refiere a la nota explicativa relativa a los tipos de empresas considerados para calcular los efectivos y los importes financieros (DO C 118 de 20.5.2003)	32

	Moneda	Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,3041
JPY	yen japonés	137,8
DKK	corona danesa	7,4436
GBP	libra esterlina	0,6912
SEK	corona sueca	9,1048
CHF	franco suizo	1,5485
ISK	corona islandesa	81,12
NOK	corona noruega	8,366
BGN	lev búlgaro	1,9559
CYP	libra chipriota	0,5831
CZK	corona checa	29,985
EEK	corona estonia	15,6466
HUF	forint húngaro	243,27
LTL	litas lituana	3,4528
LVL	lats letón	0,6961
MTL	lira maltesa	0,4312
PLN	zloty polaco	4,0014
ROL	leu rumano	37 348
SIT	tólar esloveno	239,76
SKK	corona eslovaca	38,13
TRY	lira turca	1,7116
AUD	dólar australiano	1,6597
CAD	dólar canadiense	1,6101
HKD	dólar de Hong Kong	10,1717
NZD	dólar neozelandés	1,8216
SGD	dólar de Singapur	2,1422
KRW	won de Corea del Sur	1 337,62
ZAR	rand sudafricano	7,7995