7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/1

2.1.1

La producción de buques viene experimentando desde hace más de dos décadas un fuerte y continuo crecimiento. Los rápidos avances tecnológicos se han traducido en una significativa reducción de los costes del transporte marítimo, impulsando de manera efectiva el comercio en todo el mundo y haciendo del transporte mundial el principal motor de la globalización.

2.1.2

Desde una perspectiva económica, los buques son bienes de inversión móviles que no se importan, sino que se registran bajo el pabellón que elija el armador. En sí, este producto no requiere un gran esfuerzo de marketing ni redes de distribuidores o mantenimiento. Además, es natural que los costes de transporte de las embarcaciones sean muy reducidos. Habida cuenta de que, por lo general, los costes de transacción son bajos y de que no se aplican normas antidumping, el mercado de la construcción naval viene determinado en gran medida por los precios de oferta.

2.1.3

Si se tienen en cuenta el papel crucial que desempeña como medio esencial de transporte para el comercio mundial y la necesidad de construir equipos modernos para cubrir las necesidades de seguridad y defensa, y de desarrollar avanzadas tecnologías con numerosas aplicaciones derivadas para otros sectores, cabe considerar que la construcción naval representa una industria estratégicamente importante para la mayor parte de los países industrializados o en vías de industrialización.

2.1.4

En Europa se ha creado una red diversificada de empresas relacionadas con la construcción naval —en la que se incluyen los astilleros, los fabricantes de equipos marinos y los distintos proveedores de servicios especializados— que proporcionan directamente más de 350 000 puestos de trabajo altamente cualificados. El volumen de facturación de este sector en la UE se cifra en torno a los 34 000 millones de euros (1).

2.1.5

No obstante, la construcción de buques comerciales en la UE ha perdido una enorme cuota de mercado como consecuencia de las prácticas comerciales perniciosas, principalmente de Corea del Sur, y ha de hacer frente a graves dificultades. La cuota de mercado de nuevos pedidos (en toneladas de arqueo bruto compensadas o «CGT») ha caído en dos terceras partes desde el año 2000, pasando del 19 % de aquel año al 6,5 % en 2003 (2). La situación se agravó a mediados de 2003 por una caída de los precios hasta los niveles más bajos de los últimos trece años, acompañada por una revalorización del euro respecto de la divisa de transacción —el dólar estadounidense— y de las divisas de los principales competidores asiáticos. En particular, el comercio internacional ha aumentado espectacularmente durante el año pasado, impulsado por el extraordinario crecimiento de la demanda china de energía y materias primas, y por la importación y exportación de productos manufacturados. Esta demanda se ha traducido en un récord de nuevos pedidos en el segmento de los buques cisterna, los graneleros y los portacontenedores. Los constructores navales europeos se han visto beneficiados por este repentino aumento de la demanda y, en comparación con el año precedente, han podido duplicar prácticamente su cartera de pedidos en 2003. No obstante, su cuota de mercado mundial en el ámbito de la construcción naval continúa disminuyendo.

2.1.6

Esta drástica tendencia continuó hasta mediados de 2003 y se ha estabilizado en cierta medida en algunos Estados miembros. Sin embargo, es posible que la reciente situación no sea duradera, por lo que Europa deberá buscar en breve soluciones sostenibles para su industria de la construcción naval. De no ser así, Europa se arriesgaría seriamente a perder un sector de alta tecnología vital como es éste. Y la experiencia demuestra que, una vez perdida, es muy improbable que se pueda recuperar la capacidad de construir buques.

2.2.1

En su condición de sector estratégicamente importante, la construcción naval ha sido tradicionalmente una industria sometida en todo el mundo a una enérgica intervención estatal. Así, la política comunitaria en materia de construcción naval se centró desde los años setenta en establecer las condiciones de los sistemas de ayuda estatal. El máximo autorizado en las ayudas a la explotación se fue reduciendo paulatinamente –desde el 28 % del valor contractual en 1987 hasta el 9 % en 1992–, para terminar suprimiéndose por completo en el año 2000.

2.2.2

A iniciativa de los EE.UU, en 1989 se emprendieron negociaciones en el marco de la OCDE al objeto de establecer una nueva disciplina internacional para todas las ayudas estatales a la construcción naval. Estas negociaciones concluyeron con éxito en 1994 con la firma por parte de las Comunidades Europeas, Finlandia, Japón, la República de Corea, Noruega, Suecia y los Estados Unidos del Acta Final del «Acuerdo sobre las Condiciones Normales de Competencia de la Industria de la Construcción y de la Reparación de Buques Mercantes». No obstante, este acuerdo no llegó a entrar en vigor porque los EE.UU. no llevaron hasta el final su procedimiento nacional de ratificación.

2.2.3

Ante la falta de un acuerdo internacional, el Consejo instituyó en 1998 una nueva regulación sobre ayudas a la construcción naval (CE 1540/98) en la que se establecía un nuevo conjunto de normas para las ayudas estatales que incluía, entre otras medidas, la supresión total con carácter unilateral de las ayudas a la explotación antes del 31 de diciembre de 2000. Asimismo, este Reglamento obligaba a la Comisión a hacer un seguimiento más detallado del mercado mundial de la construcción naval y evaluar si los astilleros europeos se verían afectados por las prácticas contrarias a la competencia.

2.2.4

Ya en su primer informe de control, publicado en 1999, la Comisión presentó al Consejo pruebas claras de prácticas comerciales perjudiciales a cargo, sobre todo, de astilleros surcoreanos que ofrecían precios por debajo del coste. Los sucesivos informes de control (un total de siete hasta 2003) corroboraron estas conclusiones iniciales con pruebas cada vez más detalladas.

2.2.5

Basándose en unos hechos tan convincentes, el Consejo manifestó en reiteradas ocasiones su profunda preocupación e inició consultas bilaterales con Corea del Sur. Después de varias rondas de consultas, en junio de 2000 se suscribió un acuerdo titulado «Actas Acordadas en el mercado de la construcción naval». No obstante, las posteriores conversaciones con el Gobierno coreano fracasaron a la hora de aplicar los principios establecidos en el acuerdo.

2.2.6

Al finalizar sin resultados las conversaciones bilaterales con Corea, el sector de la construcción naval presentó en octubre de 2000 una denuncia con arreglo al Reglamento (CE) no 3286/94 relativo a los obstáculos al comercio.

2.2.7

La Comisión permaneció firme en su negativa a prorrogar las ayudas a la explotación a finales de 2000. No obstante, la Comisión aceptó elevar el caso ante la OMC para exigir una reparación por las prácticas desleales de Corea en caso de que no se hubiera llegado antes de mayo de 2001 a una solución negociada con este país que resultara satisfactoria para la UE. Además, la Comisión propuso de manera paralela un mecanismo de apoyo defensivo provisional, diseñado específicamente para contrarrestar las prácticas desleales coreanas durante el período que requiriera la conclusión del procedimiento de la OMC.

2.2.8

Finalmente, la Comunidad comenzó a aplicar en el verano de 2002 su denominada doble estrategia, solicitando la creación de un grupo de trabajo en la OMC y presentando su decisión sobre el Mecanismo defensivo temporal (CE 1177/2002).

2.2.9

En 2002 se redoblaron los esfuerzos para establecer, también en el marco de la OCDE, unas condiciones equitativas a nivel mundial para el sector de la construcción naval, aunque esta vez sin la participación de los Estados Unidos. El Consejo de la OCDE creó un Grupo especial de negociación con el objetivo de encontrar una nueva solución que permitiera resolver de manera eficaz el problema. En este orden de cosas, se considera que los avances han sido hasta la fecha bastante lentos, y queda aún por ver en qué medida es factible este planteamiento.

3.1

A continuación se hace un resumen cronológico de las fases que han conducido hasta «LeaderSHIP 2015»:

3.2.1

Si el enfoque comunitario referente al sector de la construcción naval se ha centrado principalmente en la política de competencia y la política comercial, la industria ha echado en falta un tercer pilar como es la política de competitividad y, en especial, una sólida avenencia entre estos tres ámbitos políticos. Asimismo, la industria reconoce sus propias deficiencias para ofrecer una respuesta coordinada ante los desafíos que afrontaba en el plano de la competitividad.

3.2.2

Cuando se eliminaron las ayudas a la explotación, la industria admitió que los subsidios no representaban una solución de futuro, como tampoco lo era ningún proteccionismo que generara una industria no competitiva en países constructores no pertenecientes a la Comunidad Europea. Sin embargo, era urgente hacer frente a la agresiva política industrial de Corea del Sur, por lo que se necesitaba un nuevo planteamiento.

3.2.3

Cuando el Comité de Asociaciones de Constructores Navales de la UE (Committee of EU Shipbuilders' Associations o CESA) esbozó su propuesta para emprender la iniciativa LeaderSHIP 2015, se reconoció de inmediato el valor que revestía este proyecto como respuesta específica del sector a la estrategia a largo plazo de la UE establecida en el Consejo de Lisboa. Efectivamente, LeaderSHIP 2015 abordaba los elementos fundamentales de la estrategia del Lisboa.

3.2.4

Hubo que elaborar una estrategia global, basada en los aspectos del planteamiento ya existente, al que se añadió un nuevo elemento: la petición de la Comisión a la industria para que ésta formulara un plan integrado. El CESA presentó en octubre de 2002 la iniciativa LeaderSHIP 2015, un plan de trabajo para el futuro de la construcción naval y la reparación de buques en Europa.

3.2.5

Para los constructores navales europeos, el objetivo estriba en reforzar el liderazgo en segmentos seleccionados del mercado fomentando la competitividad por medio de la innovación y una I+D selectiva, una mayor orientación hacia el consumidor, la optimización de la producción y la mejora de la estructura del sector. De acuerdo con la industria, entre los objetivos que deberían implicar directamente a la UE cabe mencionar la promoción de unos sistemas avanzados de financiación y garantía, unas normas más elevadas en materia de seguridad y medio ambiente para los nuevos pedidos de buques de gran calidad y el mantenimiento y mejora de la protección de la propiedad intelectual europea.

3.2.6

Una respuesta europea a sus necesidades en materia de defensa naval implica también una política común en el ámbito de la contratación de material defensivo.

3.2.7

A mayor escala, las tendencias que presenta este sector hasta 2015 implican en especial un avance del transporte multimodal, las vías navegables interiores y el transporte marítimo de corta distancia, la consolidación de la innovación y la I+D, la ampliación de la UE y las normativas medioambientales y sanitarias, así como el desarrollo de una política de defensa común. La industria considera que, habida cuenta de la repercusión que tienen las políticas nacionales y comunitarias en todos esos ámbitos, la Comisión debería participar activamente a la hora de desarrollar ideas relacionadas con las futuras políticas.

3.2.8

La industria de la construcción naval asume una gran responsabilidad cuando se trata de poner orden en el propio sector. Así pues, el plan de trabajo defiende el desarrollo de nuevos tipos de buques y nuevas generaciones de equipos marinos que aúnen eficacia, seguridad, comodidad, medio ambiente y especialización.

3.2.9

Por lo que respecta a la estructura de la industria, se han planteado dos planteamientos complementarios que afectan a las empresas del sector:

3.3.1

A comienzos de 2003, un Grupo consultivo de alto nivel presidido por el Comisario Liikanen inició sus deliberaciones en torno a la iniciativa LeaderSHIP 2015 sobre la base del plan de trabajo presentado por el CESA. Este grupo incluía a siete comisarios europeos, dos prominentes miembros del Parlamento Europeo, los presidentes de los diez principales astilleros, el Presidente de la Asociación de industrias de equipos marinos y el Secretario General de la Federación europea de trabajadores del metal.

3.3.2

El Grupo consultivo publicó su Informe sobre LeaderSHIP 2015 en octubre de 2003 (3). En ocho capítulos se examinan todas las cuestiones planteadas en el plan de trabajo del sector, mientras que en un capítulo final se aborda la necesidad de consolidar la industria de la construcción naval europea. En líneas generales, el Grupo concluye que LeaderSHIP constituye un buen ejemplo de política industrial eficaz a nivel sectorial en Europa.

3.3.3

En estos ocho capítulos, el Grupo establece como tales los objetivos del sector de la construcción naval y de la UE. En primer lugar, propone la creación de unas condiciones equitativas a nivel mundial para la construcción naval a través de la política comercial de la UE, el cumplimiento de las normas aplicables de la OMC y el desarrollo de unas disciplina de la OCDE que pueda hacerse cumplir.

3.3.4

En cuanto al aspecto fundamental que constituyen la I+D y la innovación, se hace necesaria una estrecha cooperación entre la UE y el sector de la construcción naval. En este relevante reglamentación comunitaria no se tomaban plenamente en consideración las necesidades específicas que presentan la construcción naval y su tecnología.

3.3.5

Otro tanto ocurría con la creación de unos sistemas avanzados de financiación y garantía. Los instrumentos actuales no son competitivos en el mercado mundial. Debería examinarse la posibilidad de crear un fondo de garantía a escala de la UE para la financiación previa y posterior a la entrega, así como lograr una mayor cooperación con las compañías de seguros de créditos a la exportación, cubiertas por el reaseguro adecuado.

3.3.6

La Agencia Europea de Seguridad Marítima también racionalizará la protección medioambiental marítima. Se debería crear un comité conjunto de expertos, compuesto por las partes marítimas interesadas que dispusieran de los necesarios conocimientos técnicos para ofrecer asesoría técnica tanto a la Agencia como a la Comisión. Además se deberá mejorar la evaluación cualitativa, la seguridad y el control tanto en la construcción como en la reparación de buques al objeto de garantizar la aplicación de unas normas adecuadas de calidad en todo el mundo.

3.3.7

En opinión del Grupo, el llamamiento de la industria para entablar una mayor colaboración en el sector de la defensa podría apoyarse en el ámbito comunitario fomentando la cooperación industrial tanto entre los propios astilleros como entre éstos y los proveedores, con un mejor acceso a los mercados de exportación y con la consolidación de la industria. También sería preciso que la futura Agencia Europea de Defensa canalizara el establecimiento de unos requisitos operativos comunes entre las armadas nacionales y unas normas comunes para los equipos de defensa.

3.3.8

Habida cuenta de que los astilleros europeos dependen en gran medida de su liderazgo tecnológico, se deberán aprovechar al máximo los instrumentos de que se dispone actualmente para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así pues, es preciso crear bases de datos de conocimientos y perfeccionar la normativa internacional para la protección de patentes.

3.3.9

La industria de la construcción naval ha instituido con carácter oficial un comité para el diálogo social sectorial (el primero de estas características en el sector de metal), donde se analizarán y abordarán los distintos programas relacionados con los nuevos requisitos en materia de cualificaciones.

3.3.10

Asimismo, será necesaria una estructura industrial óptima para alcanzar los resultados deseados. El dinámico proceso está dando lugar a nuevas relaciones y marcos de cooperación entre los astilleros y los proveedores para el desarrollo de proyectos, teniendo en cuenta que estos últimos representan hoy por hoy entre el 70 y el 80 % de la producción de los astilleros. También se deberá facilitar un proceso de consolidación con incentivos especiales basado en el concepto de «ayudas a cambio de consolidación».

3.4.1

Con su Comunicación sobre LeaderSHIP 2015 (4), la Comisión enmarca de manera oficial el trabajo del Grupo consultivo de alto nivel en la política comunitaria. La Comisión hace una vez más hincapié en la necesidad de complementar la política horizontal con planteamientos sectoriales específicos. Además, ofrece una valoración de cada uno de los capítulos y muestra su apoyo a las recomendaciones del informe sobre LeaderSHIP 2015.

3.4.2

En esta Comunicación, que reconoce la dimensión estratégica que revisten la construcción naval y la reparación de buques, la Comisión coincide con el informe sobre LeaderSHIP 2015 en su responsabilidad y corresponsabilidad en los ámbitos abordados en los ocho capítulos del informe del Grupo consultivo:

3.5.1

El 27 de noviembre 2003, el Consejo de competitividad sometió a debate la Comunicación de la Comisión sobre LeaderSHIP 2015 en el contexto más amplio de la política industrial (6). El Consejo reconoció la importancia de un análisis sectorial para perfeccionar las políticas horizontales e instó a los Estados miembros y a la Comisión a que reforzaran la competitividad teniendo especialmente en cuenta las necesidades y particularidades de cada uno de los sectores.

3.5.2

Por lo que respecta a las cuestiones sectoriales, se abordaron de manera específica la construcción naval, la aeronáutica y la industria textil y de la confección.

3.5.3

Los puntos de vista del Consejo se inspiran en la necesidad de un planteamiento plenamente integrado que fomente la competitividad. Éste es también el caso de LeaderSHIP 2015.

3.5.4

Los objetivos de la estrategia de Lisboa requieren distintos análisis sectoriales, una mejora de las condiciones marco y una consulta abierta y transparente entre todas las partes interesadas donde se incluya el diálogo social. El Consejo resalta la importancia de proseguir las iniciativas correspondientes.

3.5.5

En lo referente a LeaderSHIP 2015, el Consejo recomienda que la industria y de los entes públicos lleven a cabo un especial esfuerzo en relación con los siguientes aspectos:

3.5.6

El Consejo ha manifestado su deseo de ser informado regularmente sobre los resultados de LeaderSHIP y sobre la aplicación de sus recomendaciones.

4.1

El CESE coincide en que Europa necesita una industria de la construcción naval viable y que se deben prever políticas específicas de carácter sectorial.

4.2

Hay que señalar que la industria ha logrado implantar con éxito un programa cohesionado hasta 2015. Este modelo de planteamiento sectorial moderno se basa, adecuadamente, en la normativa de la UE en materia de conformidad y competencia de los mercados.

4.3

Igualmente cabe señalar que la propia industria y siete comisarios han hecho público un plan común para el futuro: LeaderSHIP 2015. Este compromiso recíproco se ha saldado con la aprobación de LeaderSHIP por parte de la Comisión.

4.4

El CESE valora positivamente el nuevo enfoque del Consejo de competitividad en lo referente a las políticas horizontales y a la política industrial de carácter sectorial. El ejemplo de LeaderSHIP es una muestra de cómo una política industrial de este tipo puede poner a punto unos requisitos derivados de aspectos sectoriales con planteamientos horizontales.

4.5

El CESE acoge con satisfacción las recomendaciones específicas que expone el Consejo en relación con el sector de la construcción naval y de la reparación de buques. Estas recomendaciones se corresponden con las expresadas por la Comisión y por el propio sector en la iniciativa LeaderSHIP 2015.

4.6

El CESE valora positivamente este cambio de perspectiva en la política relativa a la construcción naval como fruto tanto de un nuevo método de trabajo como de un nuevo planteamiento de la política industrial a nivel sectorial. Esta experiencia podría servir de modelo para iniciativas similares en otros sectores.

4.7

En particular, el CESE considera que, en lugar de seguir aplicando políticas nacionales, solamente será posible crear una base estable para un sector sostenible de la construcción y la reparación de buques en Europa si se comparten los puntos de vista, los principios y las prácticas consensuadas de común acuerdo en la UE.

4.8

La ampliación de la Unión Europea brinda nuevas oportunidades, ya que puede añadir valiosos activos que permitan una presencia europea en segmentos del mercado que los astilleros de la UE habían dejado de cubrir antes de dicha ampliación (7). Además, se deberán respetar escrupulosamente las normas comunitarias aplicables.

4.9

LeaderSHIP 2015 sólo podrá saldarse con éxito si todas las partes interesadas (los socios del sector, la Comisión y, en algunos casos, los Estados miembros) emprenden de manera simultánea acciones en todos los ámbitos, actuando cada uno de ellos en los ámbitos que sean de su responsabilidad.

5.1

La credibilidad de la política que se propone depende de su aplicación. El seguimiento es crucial y deberá ser un proceso transparente sometido a un minucioso control. Es preciso salvaguardar la participación, la transparencia y una adecuada supervisión. Además de respaldar las conclusiones del Consejo, el CESE se muestra enérgicamente a favor de que la Comisión y el Consejo de competitividad elaboren un informe evolutivo anual.

5.2

LeaderSHIP 2015 arranca con el objetivo de lograr unas condiciones equitativas a nivel mundial. El CESE recalca la importancia que reviste este ámbito político como piedra angular de toda la estrategia. Apoya plenamente el actual planteamiento de la UE en materia de política comercial, encaminado a la consecución efectiva de un acuerdo internacional que garantice una estricta disciplina en todo el mundo.

5.3

El CESE resalta que el impacto de la competencia desleal que ejercen algunos astilleros asiáticos no sólo constituye una considerable amenaza para los astilleros europeos, sino que debería alertar también a los fabricantes europeos de equipos marinos. Se ha de tomar muy en serio el anuncio que han hecho algunos de los principales constructores navales asiáticos en el sentido de que se centrarán en la oferta local para cubrir sus suministros.

5.4

Por lo que respecta a la creación de unas condiciones equitativas en todo el mundo, y a pesar de que aún existen distintos niveles y métodos de apoyo por parte de los Estados miembros a la construcción naval, no se menciona de manera específica la disciplina sectorial en la propia UE Las condiciones equitativas de carácter interno y su transparencia y supervisión son motivo de especial preocupación Para mejorar la credibilidad y la confianza en este proceso con arreglo a las normas y los objetivos convenidos, el CESE recalca la importancia de que la Comisión supervise la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y las posibles prácticas desleales.

5.5

La I+D y la innovación revisten una importancia fundamental toda vez que Europa sigue siendo fuente de ideas para todo el mundo en el ámbito de la construcción naval. Éste es, por lo tanto, otro elemento esencial para garantizar el éxito. Así pues, es importante contar con distintos instrumentos que brinden un apoyo efectivo y aplicarlos de manera práctica. La industria podría ser útil en el asesoramiento concreto a los dirigentes políticos. En cualquier caso, la aplicación de los instrumentos innovadores deberá ser transparente.

5.6

Para racionalizar los instrumentos de financiación de los buques tanto a escala nacional como comunitaria, el CESE considera que el fondo de garantía europeo deberá ser operativo cuanto antes, al igual que se propone en la iniciativa LeaderSHIP. Su aplicación deberá ser una de las prioridades de la Comisión. Este fondo podrá contribuir a la creación de unas condiciones equitativas y eficaces en la propia UE.

5.7

El CESE acoge con satisfacción al acuerdo al que han llegado la industria y la Comisión sobre el tipo de requisitos y políticas medioambientales que necesita el sector. La UE deberá seguir encabezando la protección del medio ambiente marítimo y presionando para que se aplique escrupulosamente la normativa internacional correspondiente. Un planteamiento europeo coordinado ante la Organización Marítima Internacional puede contribuir a garantizar un nivel de efectividad satisfactorio que sirva para respaldar la autoridad única de esta organización en el establecimiento de una normativa mundial.

5.8

En los últimos años se han logrado considerables avances en la UE por lo que respecta a la legislación en materia de seguridad del transporte marítimo. No obstante, como sugiere LeaderSHIP, es necesario prestar una mayor atención a la aplicación de normas adecuadas para el mantenimiento de los buques.

5.9

La UE presenta todavía importantes puntos débiles en el cumplimiento de las normas aplicables sobre seguridad en el transporte marítimo. Por consiguiente, el CESE defiende enérgicamente una cooperación eficaz entre los guardacostas europeos.

5.10

Asimismo, la consolidación del transporte marítimo de corta distancia y el objetivo de trasladar el tráfico vial al mar constituyen importantes objetivos medioambientales. Para poder alcanzarlos, es preciso modernizar aún más las infraestructuras, incluidos los puertos y los buques. Por lo que respecta a la financiación pública de estas infraestructuras, los entes públicos deberán velar por que estas inversiones reviertan en beneficio de los fabricantes de la UE.

5.11

El factor humano constituye un elemento esencial, por lo que el CESE acoge con satisfacción la intención de intensificar un diálogo sectorial en el que tengan cabida tanto la Comisión como los empresarios y los sindicatos. Cabe señalar que la construcción naval es la primera industria del sector del metal donde se ha instituido oficialmente un comité para el diálogo social sectorial, lo cual constituye una muestra más del carácter innovador de dicha industria.

5.12

El diálogo social ya está contribuyendo de manera valiosa en un gran número de cuestiones sociales como son la formación, la contratación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la adaptación a las tendencias cíclicas. Hasta la fecha se han creado dos grupos de trabajo, uno encaminado a mejorar la imagen de la industria y otro a determinar cuáles son las nuevas competencias que necesita el sector de la construcción naval.

5.13

El diálogo social deberá examinar también las significativas diferencias que se registran en todo el mundo en materia de productividad laboral.

5.14

El CESE se muestra de acuerdo con el planteamiento actualmente en boga en Europa que propone favorecer segmentos industriales específicos como la construcción naval y la aeronáutica en relación con objetivos de la defensa, mediante una interacción entre las industrias civil y de la defensa.

5.15

En este contexto, es grato comprobar cómo LeaderSHIP aboga por los proyectos navales europeos y la cooperación entre astilleros. Hasta la fecha, estos objetivos se han visto obstaculizados por motivos de seguridad nacional y por las distintas tradiciones en este ámbito. Sin embargo, si los europeos no deciden estrechar la cooperación, los costes continuarán incrementándose y pondrán en peligro el liderazgo en innovación y tecnología.

5.16

Ya existen proyectos de cooperación que se han saldado con éxito, como la construcción de fragatas entre Alemania y los Países Bajos, o la cooperación entre Francia y el Reino Unido en el segmento de los portaaviones. También existe la posibilidad de planificar nuevos proyectos en colaboración con la futura agencia europea de contratación armamentística. Lograr la mayor sinergia posible entre los astilleros es muy importante si se pretende conservar y mejorar los conocimientos y las capacidades técnicas. Sería deseable que se encomendara a esta agencia la elaboración de un inventario de la capacidad, la tecnología y la innovación disponibles en los astilleros para garantizar la máxima rentabilidad de las futuras licitaciones. Teniendo en cuenta que los clientes de los astilleros son los gobiernos, se deberá evitar una avalancha de subsidios a la producción de buques mercantes y de guerra.

5.17

La consolidación de esta industria se considera una piedra angular de cara a la futura viabilidad del sector. Aún queda por ver, no obstante, cómo se va llevar a cabo este proceso habida cuenta de la complicada relación entre el núcleo empresarial y el elevado porcentaje de proveedores.

7.12.2004   

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C 302/8

1.1

Con respecto a los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa, tanto antes como después de ellos la UE ha encontrado y sigue encontrando: a) serios problemas de competitividad y de modernización de las empresas europeas, especialmente de las PYME; b) serios problemas de disfuncionamiento y de burocracia por parte de las administraciones públicas en las medidas destinadas a reforzar el espíritu empresarial; c) insuficiente coordinación entre las organizaciones de pequeñas y medianas empresas, las administraciones públicas y la Comisión sobre las medidas destinadas a reforzar el espíritu empresarial, d) falta de coordinación entre las políticas nacionales en favor de las PYME, e) inexistencia de una estrategia necesaria y a largo plazo en favor de las PYME en los Estados miembros; f) graves dificultades de ayuda financiera a las empresas (en particular las PYME) por parte del sector bancario y de las sociedades de capital de riesgo y acciones; g) costes financieros elevados de los préstamos para las PYME en razón de su pequeño tamaño y de los riesgos acrecentados; y h) falta de una política permanente en favor de las PYME.

1.2

Aunque haya realizado plenamente el mercado único desde el punto de vista legislativo y normativo, la UE reconoce que la situación actual y sus ventajas potenciales no han sido totalmente asumidas por las PYME y que no se han aprovechado las posibilidades existentes.

1.3

Al intentar ponerse a la altura de la fuerte posición económica y política de los EE.UU. (1), que presentan excelentes resultados en materia de competitividad y de productividad, la UE está luchando por la competencia, a nivel mundial, con Japón, los países del Sudeste Asiático (2) y las potencias económicas emergentes como China, India y Brasil.

1.4

La UE considera el desempleo como el mayor problema económico y social, y se ha fijado como objetivo prioritario la creación de empleo, especialmente en las PYME, que constituyen la mayoría aplastante de las empresas europeas.

1.5

La UE realiza esfuerzos considerables para reforzar la investigación y la tecnología porque es consciente de que los avances en estos ámbitos son la única garantía de desarrollo y de progreso; no obstante, la estrategia propuesta no siempre produce los resultados previstos, debido a la falta de mecanismos flexibles y a la existencia de marcos reglamentarios que refuerzan la burocracia, reducen la eficacia y producen retrasos perjudiciales.

1.6

Para hacer frente a todas las dificultades aquí mencionadas, el Consejo de Amsterdam de junio de 1997 y la Cumbre sobre el empleo celebrada en noviembre de 1997 en Luxemburgo sentaron las bases de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo. Asimismo, con sus Decisiones 98/347/CE (3) y 2000/819/CE (4), el Consejo de Ministros sentó las bases del fortalecimiento organizado y continuo del espíritu empresarial europeo, con el objetivo al mismo tiempo de crear empleo por medio de programas específicos.

2.1.1

La razón de fomentar las PYME es que crean más fácilmente nuevos puestos de trabajo gracias a su capacidad de adaptación a los cambios de las condiciones del mercado, y a su facilidad para tomar decisiones, así como su mayor rapidez de aplicación de las nuevas disposiciones dentro de las empresas. Asimismo, está demostrado que son estas empresas las que afrontan los mayores problemas en su creación (debido a las trabas burocráticas y a la falta de fondos financieros), cuando intentan promover proyectos innovadores (debido a la imposibilidad de acceder a la financiación de los bancos y, en los nuevos Estados miembros, debido a la inexistencia de un sistema bancario que pueda concederles una financiación similar), así como al desarrollar asociaciones transnacionales de cooperación.

2.2.1

La asignación presupuestaria de la Iniciativa ascendió a 423,56 millones de euros, 168 de los cuales se asignaron al Plan inicial de ayuda del MET, 57 millones al programa ECE y 198,56 millones al Mecanismo de garantía para las PYME. En vista de la utilización intensiva de éste último, 30,56 millones de euros procedentes del programa ECE se transfirieron al Mecanismo de garantía. Hasta el 29 de mayo de 2002, fecha de expiración del plazo de compromiso de los fondos presupuestarios, el FEI empleó completamente el presupuesto inicial previsto para el Plan inicial de ayuda del MET y para el Mecanismo de garantía para las PYME. En lo que respecta al programa ECE, se puso a disposición un total de 14,5 millones de euros para la puesta en práctica de diversos proyectos.

2.2.2

En el Plan de ayuda inicial del MET, el mecanismo de capital de riesgo crea las condiciones necesarias para asegurar la participación con capital de riesgo en las PYME, sobre todo durante su periodo de establecimiento y su fase de desarrollo inicial, o en las PYME de carácter innovador, mediante la inversión en fondos de capital de riesgo especializados.

2.2.2.1

En el programa ECE, la UE concede ayudas para financiar la creación de empresas conjuntas transnacionales entre PYME dentro de la UE.

2.2.2.2

A través del Mecanismo de garantía para las PYME, la UE reserva fondos presupuestarios para cubrir el coste de las garantías y contragarantías que concede el FEI para estimular el aumento de los préstamos que se conceden a las PYME en las empresas nuevas de carácter innovador. Esto se consigue aumentando las capacidades de los sistemas de garantía que funcionan en los Estados miembros, y se refiere tanto a las carteras existentes como a las nuevas. El dispositivo cubre una parte de las pérdidas sufridas con arreglo a las garantías, hasta un importe previamente fijado, y se presta especial atención a la financiación de los activos intangibles de las PYME.

3.1

Según el informe de la Comisión (6), desde junio de 2002 se habían acogido a las ayudas procedentes del Plan de ayuda inicial del MET unas 206 pequeñas y medianas empresas de alta tecnología (biotecnología y ciencias de la vida, tecnologías de la información), que además presentaban resultados sumamente positivos en cuanto a la creación de empleo; el Mecanismo de garantía para las PYME ha facilitado ayudas a 112 000 pequeñas empresas, que aumentaron la tasa de empleo en más del 30 %; en cambio, el programa ECE ha financiado muy pocas propuestas de empresas conjuntas (sólo se aceptaron 137).

4.1

El informe de la Comisión sobre los tres programas (7) se basaba en una muestra muy pequeña de empresas, por lo que es muy probable que las conclusiones extraídas contengan un margen de error estadístico y real.

4.2

En el cuatrienio de 1998 (año inicial) a 2002 (año de evaluación): a) cerca de 206 PYME disfrutaron de las ayudas del Plan de ayuda inicial del MET; el CESE considera que este número es muy bajo si se compara con los resultados de las iniciativas equivalentes en los EE.UU., donde ha habido un gran auge de creación de pequeñas y medianas empresas y un excelente espíritu empresarial, con medidas similares respaldadas con capital de alto riesgo; b) con el programa ECE sólo se crearon 31 empresas conjuntas transnacionales, con 252 nuevos puestos de trabajo, resultados que no corresponden en absoluto a las expectativas previstas; c) los resultados del Mecanismo de garantía para las PYME se consideran positivos.

4.3

Las previsiones expuestas en el Informe acerca del aumento del número de puestos de trabajo en las empresas que reciben ayudas se basan en datos antiguos (de 2001 a mediados de 2002) y no pueden ser evaluadas adecuadamente en ninguno de los tres subprogramas.

4.4

El CESE no tiene los datos definitivos, concretos y completos sobre la creación de nuevos puestos de trabajo (1998-2003). Por tanto es especialmente difícil efectuar una evaluación, así como exponer opiniones o conclusiones. No obstante, el CESE subraya una vez más su especial interés por las medidas destinadas a la creación de empleo, e insta a la Comisión a que convierta este objetivo en su máxima prioridad tras la revisión del programa plurianual.

4.5

Las inversiones de alto riesgo son un requisito esencial para promover ideas innovadoras que se transformen en proyectos empresariales y den lugar a iniciativas de inversiones con éxito. El enorme éxito de algunos de estos proyectos compensa los fracasos de otros proyectos innovadores que finalmente no son asumidos por el mercado.

4.6

El programa ignora por completo la economía tradicional. Al referirse constantemente a las acciones innovadoras, despoja a las pequeñas y medianas empresas tradicionales de la posibilidad de acceder a la financiación. La innovación es una herramienta clave para la modernización de la economía y el refuerzo de la competitividad. No obstante, conviene señalar que: a) las empresas europeas corren el riesgo de perder definitivamente sus participaciones dentro del mercado europeo, debido a las importaciones de productos de la economía tradicional procedentes de terceros países en que los costes son bajos; b) la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas tradicionales entraña el riesgo de crear oligopolios en el sector de la distribución y el comercio, con repercusiones en cadena sobre todo el proceso de producción, con la consiguiente pérdida neta de empleos.

4.7

Reducir las formalidades burocráticas mediante la creación de una ventanilla única encargada de efectuar todos los trámites y suprimir los formularios superfluos gracias al empleo de las tecnologías modernas constituyen requisitos esenciales para que las PYME formen parte de los programas en cuestión.

5.1

El CESE aprueba las modificaciones propuestas por la Comisión a su Decisión 2000/819/CE.

5.2

El CESE coincide con la Comisión en que el impacto global de los tres mecanismos de financiación sólo podrá cuantificarse una vez transcurrido un tiempo considerable, pero cree que ya ha transcurrido suficiente tiempo desde que se introdujeron dichos mecanismos como para poder extraer conclusiones que den lugar a reajustes, y opina también que en las actuales condiciones de globalización de la economía internacional, sumamente competitivas, no cabe permitirse el lujo de esperar, porque las tendencias y las previsiones de las empresas están cambiando constantemente.

5.3

El CESE reconoce que durante 2001 y 2002 el entorno empresarial internacional resultó desfavorable, ya que se produjo una ralentización de los mercados de capital de riesgo en la UE y una reticencia por parte de los grandes bancos a conceder préstamos a las PYME. En 2002, la demanda de garantías en Europa se recuperó sustancialmente, dado que los grandes bancos empezaron a solicitar una seguridad adicional al considerar que los riesgos y los costes de gestión eran muy elevados. En tales circunstancias, el CESE considera mucho más útil que nunca la existencia de estos mecanismos, especialmente el Mecanismo de garantía y el Plan de ayuda inicial. También sugiere que se refuerce la cooperación con pequeños bancos especializados cuyo objetivo esencial sea prestar servicio a las PYME y que estén provistos de mecanismos de comunicación flexibles.

5.4

El CESE apoya los esfuerzos realizados por los tres subprogramas y reconoce su necesidad, pero, no obstante, considera que el procedimiento de acceso de las PYME a los programas es difícil, burocrático y rígido, y que éstas a menudo tienen considerables problemas de información y de organización interna.

5.5

El CESE considera que el Mecanismo de garantía para las PYME es particularmente útil y pide que se refuercen sustancialmente los fondos que se le destinan. Asimismo insta a que se haga todo lo posible para que se incorporen lo antes posible aquellos países que hasta ahora no están incluidos (Grecia, Irlanda y Luxemburgo).

5.6

El CESE apoya los esfuerzos para ampliar el Mecanismo de garantía para las PYME en vista de la adhesión de los nuevos Estados miembros, en los que existen miles de pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a los préstamos bancarios y que por tanto no pueden hacer inversiones productivas ni crear empleo.

5.7

El CESE considera que debe revisarse el presupuesto del programa de modo que tenga en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros. El presupuesto actualmente disponible se elaboró y asignó para 15 y no para 25 Estados miembros, en los cuales es indudable que los nuevos miembros tendrán mayores necesidades.

5.8

El CESE insta a la Comisión a que tome las medidas necesarias para reforzar aún más el Plan de ayuda inicial del MET, ya que en su opinión es un instrumento esencial para desarrollar pequeñas y medianas empresas innovadoras y para apoyar proyectos empresariales de alto riesgo, que son muy necesarios para desarrollar la investigación y la tecnología, así como otros proyectos de inversión de las PYME que no entran en el ámbito de la alta tecnología, pero que presentan un gran interés empresarial y que deben tener la posibilidad de disponer de todos los medios e instrumentos de financiación. En consecuencia, el Comité propone lo siguiente:

5.9

El CESE considera que los capitales privados y públicos de que dispone la UE en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico son insuficientes y no cubren las crecientes necesidades de las PYME en el ámbito de las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías y la biotecnología. El CESE pide que se encuentren fondos en cantidad sustancialmente mayor para cubrir estas necesidades.

5.10

Siempre que sea necesario, deberán examinarse, evaluarse y utilizarse los mecanismos expeditivos existentes en los EE.UU., que funcionan con excelentes resultados, y debería reforzarse la cooperación con los fondos de capital de riesgo especializados, en el momento y lugar en que haya interés en invertir (8). El CESE pide a la Comisión que desempeñe un papel fundamental en este ámbito.

5.11

El CESE opina que deberían tomarse más medidas para informar a las PYME de la existencia y funcionamiento del Mecanismo de garantía para las PYME, y encontrar mejores medios de acción y de comunicación con el BEI y el FEI. De la encuesta realizada se desprende que la mayoría de las PYME ignoran que la UE ha desarrollado un sistema organizado de ayudas de las que son beneficiarias. Por esta razón, es necesario involucrar a las distintas organizaciones empresariales (cámaras de comercio, asociaciones empresariales, organizaciones de pequeñas y medianas empresas, etc.) para que haya una mejor difusión de la información, una comunicación más directa y efectiva con las PYME y una resolución más rápida de los problemas prácticos que surjan en la aplicación del programa.

5.12

El CESE considera que poco después de la adhesión de los nuevos Estados miembros sería muy conveniente realizar una evaluación específica de los instrumentos de los programas, ya que, aparte de los problemas descritos que experimentan actualmente los países de la adhesión, es evidente que: a) la situación real será peor que la descrita; b) hará falta un apoyo considerable que no se puede evaluar en estos momentos; c) y será necesario un periodo de adaptación que entrañará considerables riesgos para las PYME.

5.13

El CESE aprueba la propuesta de la Comisión de liquidar gradualmente el programa ECE, habida cuenta de que su actual estructura es objeto de muchas críticas, pero quiere subrayar también que sigue siendo favorable a los programas de carácter internacional porque considera que hay un importante retraso en lo que respecta a la creación de asociaciones de cooperación e iniciativas empresariales de carácter transnacional dentro de la UE, y en su opinión es imperativo eliminar las fronteras empresariales en Europa.

5.14

También será necesario examinar la posibilidad de reintroducir el programa ECE o un programa de características similares siempre y cuando surja la posibilidad, después de la ampliación, de crear asociaciones transnacionales de cooperación dentro de la UE y el EEE. Es decir, es necesario que exista una política de apoyo a las cooperaciones internacionales entre las PYME que haga posible cumplir este importante objetivo, libre de las trabas burocráticas excesivas que existían en el programa ECE y que constituyeron una de las razones de su fracaso.

5.15

Tras las experiencias adquiridas en el VI Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, el CESE considera que es preciso reactivar en caso necesario los microprogramas a favor de las PYME, programas que hoy en día están ausentes de la filosofía del programa plurianual.

5.16

El CESE reconoce que la aplicación de programas de bajo nivel de financiación entraña unos gastos de gestión elevados y que, por esa razón, hay una tendencia a reducir sustancialmente el número de programas. El CESE observa, no obstante, que restringir estos programas resta posibilidades a la participación de las PYME, que no pueden formar parte de otros programas con un nivel de financiación muy elevado. Por estas razones, el CESE aprueba la posición del Parlamento Europeo e insta a la Comisión a que sea especialmente prudente a la hora de reducir o suprimir estos programas, que se ha demostrado que responden a necesidades sustanciales de las PYME. Para ello, el CESE estima necesario que la Comisión coopere con los representantes de las organizaciones empresariales.

5.17

El CESE considera que la Carta europea de la pequeña empresa, aprobada en el Consejo Europeo de Feira (19 de junio de 2000) es una iniciativa sumamente importante y en el pasado ha manifestado su postura al respecto a través de sus dictámenes. Considera necesario recordar la necesidad de aplicar en la práctica esta Carta por medio de una regulación clara de sus enunciados.

5.18

El CESE aprueba los objetivos de financiación fijados en el Anexo 1 (Descripción de los ámbitos de acción) en lo que respecta al Mecanismo de garantía para las PYME [inciso ii) de la letra a) del punto 4 del anexo I], pero considera que es posible ampliar estos objetivos tras un diálogo serio y regular con los representantes de las PYME (por ejemplo, sistemas de calidad, estudios medioambientales, estudios de calidad, ayuda técnica y tecnológica, transferencia de conocimientos técnicos, etc.).

5.19

El CESE considera que la Comisión debe tomar medidas más firmes y decididas para reforzar las PYME de carácter innovador, eliminando de los programas las trabas burocráticas (documentos inútiles, procedimientos que precisan agilización) que comportan repercusiones negativas y producen retrasos innecesarios.

5.20

El CESE valora positivamente el desarrollo de los programas y expresa el deseo de que sean objeto de apoyo y mejora constantes.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/12

1.1

El 2 de diciembre de 2003 la Comisión Europea aprobó un documento de consulta titulado «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un nuevo marco jurídico para los pagos en el mercado interior».

1.1.1

La Comisión Europea constata la existencia de deficiencias de carácter legal o técnico en materia de pagos transfronterizos al por menor efectuados en euros. Según la Comisión Europea, una de las causas de dichos obstáculos transfronterizos reside en el inadecuado marco jurídico comunitario. Ya se ha aprobado una serie de textos jurídicos sobre pagos —incluido el Reglamento (CE) no 2560/2001 (1), que introduce el principio de igualdad de coste entre pagos nacionales y transfronterizos realizados en euros, y la Directiva 97/5/CE (2) sobre protección de los usuarios de instrumentos electrónicos de pago— pero no existe un marco jurídico coherente. Ahora bien, un requisito previo para el adecuado funcionamiento del mercado interior de bienes y servicios consiste en disponer de servicios de pago baratos, eficaces y seguros. La Comisión facilita una serie de principios rectores que resultan especialmente relevantes en lo que se refiere a la normativa comunitaria sobre pagos. Son los siguientes: 1) la eficacia constituye un objetivo permanente; 2) la seguridad es una condición sine qua non; 3) competencia: acceso a los mercados y competencia; 4) elevado nivel de protección del cliente (3); 5) las disposiciones jurídicas deben ser técnicamente neutras; 6) la modificación de la legislación sobre pagos debe generar valor añadido; 7) naturaleza de un futuro instrumento jurídico.

1.2

El documento de consulta de la Comisión es el resultado de un trabajo previo que se ha llevado a cabo durante un período de tiempo relativamente largo y se pretende que desemboque en 2004 en una iniciativa legislativa.

1.3

Mediante la eliminación de los obstáculos técnicos y jurídicos, la Comisión pretende garantizar unos servicios de pago eficaces, la competencia justa, la adecuada protección de los usuarios y la seguridad de los pagos, así como la certeza jurídica a todas las partes implicadas en el proceso de pago.

1.4

La Comisión reconoce los esfuerzos desplegados por los bancos europeos (4). En efecto, en junio de 2002 se creó el European Payment Council, que estableció un ambicioso programa de trabajo para una Área única de pagos en euros con propuestas de importantes cambios acerca de la organización de los servicios de pago en la Unión Europea. Dichos planes incluyen, en particular, la decisión de establecer como prioridad una nueva infraestructura (5) para las transferencias en euros con un bajo coste y con un plazo máximo de ejecución de tres días.

1.5

Según la Comisión, la liberalización del capital ha facilitado las transferencias transfronterizas de dinero dentro de la UE. Sin embargo, los pagos al por menor, en particular, no son aún tan eficaces en el mercado interior como en el ámbito nacional. También persisten diferencias entre las legislaciones y convenios nacionales relativos a los servicios de pago en el mercado interior. El nuevo marco jurídico debería suprimir, en su caso, estas barreras legales a la creación de una Área única de pagos, sobre todo si suponen un obstáculo para el funcionamiento apropiado de las infraestructuras y sistemas de pago a escala comunitaria como, por ejemplo, las normas relativas a la revocación de una orden de pago que difieren según el lugar del mercado interior en el que se efectúa la orden. Es fundamental la interoperabilidad, el empleo de normas técnicas comunes y la armonización de las normas jurídicas esenciales.

1.6

La incertidumbre jurídica es un elemento que impide actuar, o actuar sin trabas, a los prestadores y usuarios de los servicios de pago. Éste es, por ejemplo, el caso de las operaciones de adeudo directo, que todavía no existen a escala comunitaria (véase el anexo 16). Éste es también el caso de los pagos periódicos regulares (por ejemplo, una orden permanente para pagar la suscripción a un periódico extranjero o los servicios de una casa de veraneo en otro Estado miembro), para los que no es posible la «domiciliación». Para que los usuarios, como los consumidores y las PYME, puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior, los servicios transfronterizos de pago tienen que ser tan eficaces como los nacionales. Así, el nuevo marco jurídico deberá colmar las lagunas, así como acrecentar la confianza y el bienestar de los consumidores en una Área única de pagos en el mercado interior.

1.7

En el mercado interior reviste especial importancia la confianza del cliente en las operaciones de pago, puesto que existe a menudo una dimensión transfronteriza, y la confianza es esencial cuando se utilizan las posibilidades del comercio electrónico en el mercado comunitario. El artículo 153 del Tratado exige, por tanto, un alto nivel de protección del consumidor, lo cual es un principio rector del nuevo marco jurídico. Sin embargo, deben evaluarse los costes de esa protección ya que, al fin y al cabo, estos costes repercutirán en el cliente de una u otra manera.

1.8

Para proteger a los consumidores, los requisitos de información aplicables antes y después de una operación de pago han de ser coherentes y de fácil cumplimiento. Existen ya en la actual legislación comunitaria sobre pagos muchas disposiciones a este respecto que convendrá revisar. Una de las tareas más difíciles es alcanzar el equilibrio adecuado en cuanto al contenido y volumen de información, de modo que el usuario del servicio de pago pueda comprenderla y conocer sus derechos y obligaciones.

1.9

La Comisión considera igualmente esenciales las salvaguardias legales para proteger a los consumidores en el caso de no ejecución del pago o de ejecución defectuosa o no autorizada.

1.10

La esencia de la Comunicación reside en sus 21 anexos, cada uno de los cuales se refiere a una cuestión jurídica o técnica específica relacionada con el funcionamiento eficaz del mercado interior de pagos.

2.1

El Comité comparte el objetivo de la iniciativa de la Comisión consistente en establecer un marco jurídico coherente y global para el Área única de pagos europea. Aunque el mercado interior de pagos encuentra ciertamente obstáculos, éstos se deben a las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales. Los pagos que se realizan en el mercado interior siguen sujetos, en gran parte, a normas y convenios nacionales. Habida cuenta de que el 98 % de los pagos al por menor realizados en Europa son de carácter nacional (6), la demanda de los consumidores en materia de pagos transfronterizos dentro de la UE es obviamente limitada.

2.2

Muchos de los mercados nacionales de pagos existentes en Europa son muy eficaces. En consecuencia, la legislación deberá limitarse a eliminar los obstáculos a los pagos transfronterizos, con el fin de alcanzar un nivel común de eficacia. Por lo tanto, la mejora de los sistemas de pago transfronterizos no debe perjudicar en absoluto a los eficaces sistemas nacionales de pago actuales.

2.3

La Comisión Europea debería eliminar los obstáculos jurídicos que impiden adoptar convenios y acuerdos de mercado aplicables en toda la UE, pero no imponer normas relativas a cuestiones que se puedan regular mediante dichos convenios y acuerdos. En efecto, es preciso alcanzar el equilibrio adecuado entre la autorregulación/corregulación y la normativa comunitaria.

2.4

El CESE (7) considera que deben apoyarse la autorregulación y la corregulación. Sin embargo, cabe adoptar una regulación vinculante en todos los ámbitos en los que las medidas de autorregulación o corregulación resulten inapropiadas, insuficientes o no se apliquen correctamente.

2.5

En efecto, el Comité respalda el principio de alcanzar un elevado nivel común de protección del consumidor habida cuenta de que se trata de un objetivo esencial del Tratado.

2.6

El mercado interior de pagos debe ser competitivo en el ámbito internacional. En el caso de que el nuevo marco jurídico comunitario incremente los costes relativos a los pagos, existe un riesgo real de que cada vez más la actividad económica consistente en prestar servicios de pago la ejerzan entidades no comunitarias que operan desde fuera de Europa y de que la normativa no alcance sus objetivos.

2.7

En cuanto al ámbito de los pagos cubiertos por el nuevo instrumento, el Comité no considera conveniente excluir los cheques, ya que en algunos Estados miembros este medio de pago aún se utiliza corrientemente.

2.8

Por otra parte, será necesario que, en el nuevo régimen, se consiga mediante la autorregulación que las tarjetas de crédito o débito emitidas o autorizadas por cualquier institución financiera reconocida en un Estado miembro sean aceptadas por cualquier ATM (cajero automático) en cualquier otro Estado miembro.

3.4.1

La cuestión de las fechas de valor no se refiere únicamente a los pagos; en efecto, las fechas de valor a menudo no están especialmente vinculadas a una operación de pago, pues pueden referirse a cualquier operación que se realice a partir de una cuenta.

3.4.2

Como reconoce la Comisión, la cuestión de las fechas de valor es esencialmente una cuestión relativa a la determinación de precios (referida, en concreto, a la gestión de productos o a las relaciones con la clientela). Por ser un aspecto de la gestión de productos, la fecha de valor es independiente de la fecha de registro, que consiste en registrar los movimientos de una cuenta.

3.4.3

Las fechas de valor pueden variar según los bancos, de un cliente a otro en el mismo banco e incluso en función de las distintas operaciones que realiza el mismo cliente en el mismo banco.

3.4.4

El Comité acoge con satisfacción la idea de imponer a los prestadores de servicios de pago requisitos de transparencia en la aplicación de las fechas de valor. Debería moderarse la repercusión financiera de la aplicación de las fechas de valor sobre el consumidor. Asimismo, tendrá que considerar la convergencia del sistema de las fechas de valor en toda Europa, si bien, dado que los sistemas nacionales de los Estados miembros difieren considerablemente, esta convergencia deberá considerarse un objetivo a medio plazo.

3.4.5

En este proceso de convergencia, la fecha de valor de la operación de pago debería coincidir con la fecha en que tiene lugar el flujo monetario correspondiente a la orden de pago ejecutada por el prestador de servicio.

3.5.1

El actual Reglamento (CE) no 2560/2001 se refiere a los códigos IBAN (8) y BIC (9) que han sido fomentados y auspiciados por las autoridades comunitarias, incluido el SEBC (Sistema Europeo de Bancos Centrales). El sistema de numeración IBAN ha sido acogido favorablemente y se emplea en toda la UE, con notable éxito. Este sistema de codificación no permite la portabilidad. Los bancos deberían garantizar, por lo menos, que el cliente pueda conservar su número de cuenta cuando la traslade a otra sucursal del mismo banco.

3.10.1

Para garantizar la certidumbre jurídica a los consumidores, sería más adecuado centrar el análisis de este anexo en el debate acerca de la definición y fijación con arreglo al instrumento de pago utilizado en el momento a partir del cual existe irrevocabilidad. El Comité está de acuerdo en que se informe a los consumidores acerca de las condiciones de irrevocabilidad de los distintos sistemas de pagos y del instrumento de pago de que se trate.

3.10.2

Además, hay que tener presente que los consumidores no sólo efectúan sino que también reciben pagos. El establecimiento de plazos extremadamente largos para poder revocar un pago puede tener como efecto indeseable perjudicar al consumidor que espere dicho pago.

3.10.3

Por otra parte, es importante distinguir entre la posible revocación por el consumidor y un sistema de revocabilidad. Por razones de claridad y certidumbre jurídica, en principio las órdenes de pago no deberían revocarse cuando se instaure el sistema definido por la Directiva sobre firmeza de la liquidación.

3.10.4

Según el Comité, la cuestión de la revocabilidad es compleja y debe debatirse en mayor medida. No obstante, el prestador de servicios de pago debería informar a su cliente, previa petición de este último, sobre el momento a partir del cual existe irrevocabilidad del pago concreto de que se trate.

3.12.1

El Comité está de acuerdo en que incumbe al prestador de servicios de pago la responsabilidad de ejecutar adecuadamente las órdenes de pago y demostrar que la operación se ha registrado, ejecutado y abonado correctamente en la cuenta del beneficiario. Es responsable de la parte del sistema de pagos (en un sentido técnico) que está bajo su control. Por otra parte, resulta evidente que el prestador de servicios de pago no puede ser considerado responsable más allá de su responsabilidad civil y, por supuesto, no puede serlo si no ha incurrido en negligencia ni en caso de fuerza mayor. Por lo tanto, el prestador del servicio deberá demostrar que la operación de pago se registró, ejecutó y contabilizó de forma correcta y de acuerdo con los términos en que fue ordenada, y esta obligación no podrá ser limitada ni soslayada por vía contractual.

3.12.2

El Comité considera que el prestador de servicios de pago puede proponer un servicio adicional consistente en responder de cuestiones que quedan fuera de su ámbito de control en caso de reclamación. Ello resultaría beneficioso para los consumidores y reforzaría la competencia.

3.13.1

En lo referente a los pagos con tarjeta, las entidades de crédito ya deben atenerse a las disposiciones que contiene la Recomendación 97/489/CE, en particular sobre:

3.13.2

Detrás de las transacciones fraudulentas se encuentra, a menudo, el crimen organizado. El umbral de 150 euros puede fomentar el fraude. Por ello, el Comité considera que debe establecerse un umbral basado en los riesgos. La responsabilidad del titular de una tarjeta en el caso antes referido debe ser un porcentaje del límite de crédito total de dicha tarjeta que ha acordado en su contrato. Dicho enfoque equilibrado refleja los riesgos y costes reales, a la vez que disuade más eficazmente del fraude, reduciendo así el coste común.

3.13.3

La modificación parcial de la Recomendación 97/489/CE con arreglo al nuevo marco jurídico sería un paso adelante. Según el Comité, dicho anexo debe interpretarse en relación con la posibilidad de emplear una firma electrónica en el sentido de lo dispuesto en la Directiva sobre la firma electrónica.

3.13.4

Cabría preguntarse si un prestador de servicios de pago puede demostrar –fehacientemente además– si su cliente fue o no quien inició una operación realizada con un instrumento electrónico de pago técnicamente fiable. Especialmente en el caso de las operaciones bancarias efectuadas en línea, parece que los prestadores de servicios de pago tienen dificultades para facilitar tales pruebas en la medida en que dichas transacciones pueden realizarse con ordenadores personales privados que se encuentran fuera del ámbito de control del prestador de servicios de pago.

3.14.1

El principio de transferencia del importe total al beneficiario es la cuestión central de este anexo. Este principio está ahora muy arraigado tras la adopción del Reglamento 2560/2001 para los pagos que pueden procesarse de manera totalmente directa (STP, Straight-Through-Processing), siempre que los pagos nacionales correspondientes se abonen en su totalidad sin aplicar deducciones al beneficiario.

3.14.2

Además, la autorregulación existe en forma de ICP («Interbank Convention on Payments»; convenio interbancario sobre pagos) (12) cuyo ámbito de aplicación actual sólo incluye las transferencias en euros. El ICP aboga por la eliminación de la posibilidad de que, en el caso de que actúe como intermediario, un banco pueda deducir gastos de la cantidad transferida.

3.14.3

En cualquier marco jurídico debe evitarse el empleo de términos técnicos que corresponden a conceptos y sistemas específicos ya existentes (como SHARE, BEN y OUR), que en la mayoría de los casos son inapropiados en el ámbito nacional. En consecuencia, el Comité considera que no deben adoptarse nuevas disposiciones para reemplazar la Directiva 97/5/CE. El consumidor puede elegir entre las distintas opciones actuales de imputación de los gastos, lo cual forma parte de las condiciones que éste negocia con su banco. Debe evitarse el riesgo de simplificar en exceso y limitar dicha posibilidad de elección en la medida en que las variantes en cuanto a la asunción de gastos constituyen la respuesta del mercado a la necesidad de disponer de otros instrumentos de pago además de la transferencia intracomunitaria básica y la base indispensable para distintos tipos de pago, así como para el comercio a distancia. El Comité desea que el sector industrial actúe con mayor transparencia en lo que se refiere a la opción de asunción de gastos que aplica.

3.14.4

El Comité exhorta a la Comisión a eliminar las divergencias entre la opción por defecto «OUR» de la Directiva, que es un sistema de asunción de gastos que no existe en la mayoría de los Estados miembros, y la opción «SHA», que pretende fomentar el Reglamento.

3.15.1

El Comité señala que los bancos europeos adscritos al European Payments Council acordaron, mediante autorregulación en el marco del convenio CREDEURO, que el plazo de ejecución por defecto de las transferencias bancarias es de tres días laborables del sector bancario (a partir de la fecha de la aceptación de la orden). En realidad, el plazo de tres días es aplicable por defecto, pero cada banco tiene la posibilidad de reducirlo. Como el plazo de ejecución es un aspecto esencial del servicio, debe confiarse al juego de la competencia para mejorar los servicios.

3.15.2

La necesidad de establecer normativas nuevas deberá considerarse sólo en el caso de que fallen las iniciativas que emprenda el sector.

3.16.1

El European Payments Council (EPC) debe determinar las normas que han de adoptarse, así como los obstáculos que deben eliminarse, y comunicarlo a la Comisión Europea cuando el EPC haya aprobado formalmente el «Pan-European Direct Debit scheme». El marco jurídico que servirá de fundamento al «Pan-European Direct Debit scheme» dependerá en gran medida del modelo que se escoja. Por ello, el Comité está convencido de que debe establecerse una estrecha cooperación entre el sector bancario y el legislador comunitario.

3.17.1

Este anexo no está relacionado con la cuestión de los pagos y, por consiguiente, está fuera del ámbito de aplicación del nuevo marco jurídico en materia de pagos.

3.17.2

No debe producirse discriminación alguna a través de las normas aplicables a los pagos que se efectúan o no en metálico. Determinados obstáculos legales y técnicos impiden el desarrollo del transporte transfronterizo de dinero en metálico dentro de la zona del euro, en especial entre sucursales de los bancos centrales nacionales situadas en un Estado miembro y sucursales de entidades financieras en otro Estado miembro.

3.17.3

El acceso a los servicios transfronterizos del Banco Central Europeo (BCE) es una consecuencia lógica de la utilización de la moneda única en la zona del euro.

3.17.4

Para alcanzar el mayor grado de eficacia posible, debe fomentarse la competencia en el sector del transporte de dinero en metálico dentro de la zona del euro, pero el Comité pone de relieve la necesidad de establecer una licencia para transportes transfronterizos de dinero en metálico y unos controles suficientes de su aplicación.

3.21.1

El Comité considera que la cuestión que se trata en el anexo 21 es una faceta de la que se contempla en el anexo 12 (no ejecución o ejecución defectuosa). En efecto, hay que reconocer que:

3.21.2

No debe considerarse responsables a los prestadores de servicios de pago por operaciones que no estaban en el sistema antes de producirse el fallo. El prestador de servicios de pago tiene una responsabilidad limitada con arreglo a su responsabilidad civil, y debería demostrar que ha tomado todas las medidas necesarias para evitar el fallo.

3.21.3

A raíz del reciente ataque de «phishing» (suplantación de páginas web) perpetrado por correo electrónico contra bancos del Reino Unido, un prestador de servicios por Internet respondió esencialmente dejando de prestar servicios por Internet. Los prestadores de servicios no pueden actuar directamente contra dichos ataques, habida cuenta de que los atacantes se dirigen directamente a los consumidores por correo electrónico. Los prestadores de servicios de pago deberían informar a sus clientes, en la medida de lo posible, antes de cerrar el sistema por motivos de seguridad. El Comité considera inadecuado penalizar a los prestadores de servicios que toman tales medidas para proteger a sus clientes. Además, el Comité insta a los proveedores de servicios de pago a que desempeñen un papel activo en la prevención de estos tipos de fraude.

4.1

El nuevo marco jurídico debe ser compatible con la estrategia política comunitaria en favor del consumidor, uno de cuyos objetivos esenciales es alcanzar un elevado nivel común de protección de los consumidores.

4.1.1

El Comité respalda a la Comisión Europea en su afán por reforzar la confianza de los consumidores, la certidumbre jurídica y la eficacia del mercado en lo que se refiere a los pagos realizados en el mercado interior. Considera positivo, además, el enfoque consistente en proponer la autorregulación y la corregulación como posible planteamiento en varios de los ámbitos mencionados en los 21 anexos.

4.2

Debe darse prioridad a las medidas legislativas referidas a los anexos 1, 2, 8, 12, 13, 18 y 19. En particular, los anexos relativos a los requisitos de información (anexo 2), a la información sobre el ordenante de un pago (anexo 8) y a la protección de datos (anexo 18) deben analizarse urgentemente.

4.3

Es preciso impulsar una cooperación reforzada entre la Comisión y el sector bancario en lo que se refiere al establecimiento del «European Direct Debit Scheme» (anexo 16), a la determinación de quién tiene derecho a prestar servicios de pago (anexo 1), así como en materia de evaluación de la seguridad de los instrumentos de pago y sus componentes.

4.4

En cuanto a los demás anexos, el Comité considera que la autorregulación o la corregulación es la vía más adecuada para alcanzar el objetivo de la Comisión consistente en lograr un mercado interior de pagos eficaz. No cabe duda de que si las medidas de autorregulación no tienen éxito, debería preverse una legislación europea.

4.5

En el mismo sentido, el Comité sugiere que el marco general debe orientarse hacia el objetivo de garantizar transparencia a los consumidores y de armonizar en la mayor medida de lo posible las actuales prácticas y normas de autorregulación existentes. Por ejemplo, no es necesario establecer más normas cuando el mercado ya ha alcanzado los objetivos que persigue el legislador (por ejemplo, no es necesario modificar por el momento la Directiva sobre transferencias bancarias para reducir los plazos de ejecución de éstas). Sin embargo, para ciertas cuestiones la mejor solución consiste en adoptar un planteamiento común.

4.6

El alcance de la Comunicación es, a menudo, mucho mayor que meramente el de los pagos y la Comisión tiene que explicitar más claramente la diferencia entre los servicios comerciales y los sistemas de pago. Cualquier medida legislativa que se apruebe en materia de pagos debe excluir cuestiones referidas al cumplimiento de obligaciones distintas del propio pago.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/19

1.1

El objeto de la presente propuesta es proceder a la codificación de la Decisión 73/391/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1973, relativa a los procedimientos de consulta y de información en materia de seguros de crédito, garantías y créditos financieros. Dicha Decisión fue modificada por la Decisión 76/641/CEE del Consejo, así como por las Actas de adhesión de España y Portugal y por las de Austria, Finlandia y Suecia.

1.2

Las decisiones se aplican exclusivamente al ámbito de las garantías estatales de crédito a la exportación y fijan, en particular, bajo qué condiciones los Estados miembros que tengan la intención de conceder o garantizar créditos exteriores deberán iniciar un procedimiento de consulta a los demás Estados miembros y a la Comisión. La Decisión no afecta a los seguros de crédito a la exportación del sector privado.

1.3

La propuesta reemplaza a los actos jurídicos que son objeto de la operación de codificación.

1.4

La propuesta no modifica el contenido de los textos codificados. Se limita a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

2.1

La propuesta responde al deseo de la Comisión de codificar, en aras de una mayor racionalidad y claridad, actos jurídicos que han sido objeto de frecuentes modificaciones.

2.2

Hasta ahora, las disposiciones se hallaban dispersas en diferentes actos jurídicos, de modo que se precisaba una labor de investigación y comparación de numerosos actos con el fin de determinar las disposiciones en vigor.

2.3

La propuesta se limita a reunir en un único acto jurídico los distintos actos existentes, respetando plenamente su contenido, pues no hay necesidad de modificarlo.

2.4

El Comité acoge positivamente esta propuesta, que servirá para mejorar la transparencia y la legibilidad de las disposiciones comunitarias (1).

2.5

No obstante, con ocasión de la codificación la Comisión debería tener en cuenta los siguientes aspectos:

2.6

Asimismo, debería prestarse especial atención a la conformidad de las traducciones, ya que la imprecisión podría ser fuente de inseguridad jurídica y dar lugar a usos incorrectos.

a)

en los incisos ii) y iv) de la letra e) del artículo 4, «credit starting point» (en la versión española, «inicio [del crédito])» no debería traducirse por «início do crédito», sino más bien por «ponto de partida do crédito», ya que estas dos fechas no tienen por qué ser necesariamente las mismas;

b)

en el inciso iv) de la letra e) del artículo 4, sería más conveniente traducir la expresión «where repayment is not to be effected by equal instalments at regular intervals» («si los reembolsos no se escalonaren en importes de igual cuantía y espaciados regularmente») por «escalonadas em prestações iguais e espaçadas de modo regular» en vez de «escalonadas por parcelas de igual montante de modo regular»;

c)

lo mismo puede decirse de la expresión «aid credit» («crédito de ayuda», que aparece en el inciso i) de la letra f) del artículo 4 y el inciso i) de la letra e) del artículo 5) y debería traducirse por «crédito de ajuda» en vez de por «crédito de auxílio», un concepto que tienen un sentido completamente diferente en la legislación comunitaria relativa a las ayudas estatales;

d)

por último, cabe señalar varios errores ortográficos al menos en el apartado 2 del artículo 3 (primera y tercera líneas) («ntureza» y «peirem»), en la letra c) del apartado 1 del artículo 10 («desdadoravel»), y en la letra d) del punto B del anexo I («antiantamentos»).

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/20

1.1

El Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (IGS) fue aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1979 como instrumento para fomentar el desarrollo de una cultura de la seguridad y la sensibilización con respecto al medio ambiente en el transporte marítimo. En 1994 la OMI decidió hacer el Código obligatorio con la inclusión de un nuevo capítulo IX «Gestión de la seguridad operacional de los buques» en el Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS) de 1974.

1.2

La aplicación obligatoria del Código se efectuó en dos fases. El 1 de julio de 1998 el Código IGS adquirió carácter obligatorio para las compañías que explotan buques de pasaje, petroleros, quimiqueros, gaseros, graneleros y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas brutas en viajes internacionales. El 1 de julio de 2002 se hizo obligatorio para las compañías que explotan otros buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas brutas en viajes marítimos internacionales

1.3

A raíz de la tragedia del Estonia, la UE decidió anticipar la aplicación del Código IGS a los transbordadores de pasaje de carga rodada que realizan viajes internacionales y nacionales en el interior de la Comunidad antes del 1 de julio de 1996 con la adopción del Reglamento (CE) no 3051/95, de 8 de diciembre de 1995 (1). El CESE apoyó la medida y la iniciativa de la Comisión en el dictamen correspondiente (2).

1.4

Posteriormente, el Reglamento se modificó dos veces: a) mediante el Reglamento (CE) no 179/98 (3), en lo que respecta a la aplicación de normas uniformes para la expedición de documentos y certificados IGS para los transbordadores que operan en la UE; y b) mediante el Reglamento (CE) no 1970/2002 (4), con el fin de tener en cuenta las posteriores enmiendas al Código IGS adoptadas por la OMI. El Reglamento entró en vigor el 26 de noviembre de 2002.

2.1

Cuando se adoptó el Reglamento (CE) no 3051/95, los Estados miembros y el Parlamento Europeo manifestaron que la aplicación del Código IGS a los transbordadores de pasaje de carga rodada, aun constituyendo una prioridad, no era sino la primera de una serie de iniciativas para mejorar la seguridad marítima.

2.2

El Reglamento propuesto, de carácter más general, sustituirá al Reglamento (CE) no 3051/95, y su principal propósito es facilitar la aplicación correcta, estricta y armonizada del Código en todos los Estados miembros y países adherentes. El Reglamento mantendrá en paralelo las vigentes reglas IGS de la UE aplicables a los transbordadores de pasaje que naveguen en servicio regular con origen o destino en puertos europeos, con independencia de su pabellón.

2.3

El Reglamento será de aplicación para toda compañía que explote en el mar uno o más de los buques siguientes:

2.4

El ámbito del Reglamento propuesto se basa en las disposiciones del capítulo IX del Convenio SOLAS y se aplicará a todo buque sometido a las prescripciones de dicho Convenio que enarbole el pabellón de un Estado miembro, incluso cuando realice viajes nacionales. Sin embargo, en el caso de los buques de pasaje dedicados a viajes nacionales, las disposiciones del Reglamento sólo se aplicarán a los que naveguen a más de cinco millas de la línea de la costa, aunque, por otro lado, dicha aplicación será independiente del pabellón.

2.5

Toda compañía que opere uno o más de los buques mencionados deberá cumplir el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (Código IGS), que se recoge en el Título I del anexo. Los Estados miembros deberán cumplir las directrices del proceso de certificación (Disposiciones para las administraciones con respecto a la implantación del Código IGS), que se recogen en el Título II del anexo.

3.1

El Código IGS es uno de los pasos más significativos que la OMI ha dado en el ámbito de la seguridad marítima, porque proporciona el marco mediante el cual pueden aplicarse con eficacia los convenios de la OMI. La postura del CESE, tal como ha quedado expuesta en dictámenes anteriores, es que el Reglamento (CE) no 3051/95 ha tenido utilidad al anticipar, dos años antes de lo previsto, la aplicación del Código IGS a los buques de pasaje de transbordo rodado, y al ampliar la aplicación a los buques de este tipo que realizan viajes marítimos nacionales.

3.2

El CESE señala que, con respecto a las compañías que operan buques de pasaje y buques de carga en viajes internacionales, el objetivo del Reglamento propuesto ya se ha alcanzado, dado que la obligación de cumplir el Código IGS se deriva del Convenio SOLAS. De igual modo, con respecto a las compañías que explotan buques de pasaje de transbordo rodado en viajes nacionales, el objetivo también se ha alcanzado en virtud de la aplicación del Reglamento (CE) no 3051/95.

3.3

La justificación básica de la Comisión para elaborar esta propuesta es que la incorporación íntegra del Código IGS y de las directrices de la OMI a la legislación comunitaria incrementará la aplicación efectiva del Código en la UE. El CESE está de acuerdo con la justificación de la propuesta y apoya plenamente este objetivo en la medida en que se aplique a buques para los que ya es aplicable el Código IGS. Sin embargo, con respecto al valor añadido que aporte hacer extensiva la aplicación del Código IGS a otros tipos de buques, el Comité formula las siguientes observaciones:

3.3.1

El Código IGS se originó como una iniciativa de la industria para promover la calidad del transporte marítimo. La experiencia derivada de la aplicación íntegra obligatoria del Código IGS desde su primera fase en 1998, como era de esperar, ha puesto de relieve sus puntos fuertes y débiles. En general, se reconoce la necesidad de que toda la comunidad marítima (Estados de abanderamiento, sociedades de clasificación y compañías marítimas) comprenda mejor los objetivos del Código, para que mejoren las relaciones entre los que expiden los certificados IGS y establecer normas uniformes de formación para los auditores del Código IGS. La base de una buena gestión de la seguridad es el compromiso desde arriba. En materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación es el compromiso y la motivación de los individuos en todos los niveles lo que determina el resultado final. Si la comunidad marítima en su integridad no comprende el Código IGS, se convertiría en un ejercicio teórico, como los escépticos sugieren.

3.3.2

La valoración del riesgo se emplea ampliamente hoy en día como objetivo y herramienta fiable para tener en cuenta las mejoras de la seguridad. Según este enfoque, y teniendo en cuenta la necesidad evidente, la aplicación obligatoria del Código IGS en la UE para los transbordadores que operan en un servicio regular con origen y destino en puertos europeos está plenamente justificada y apoyada. Por las mismas razones, la aplicación de las directrices a todos los restantes buques que realizan viajes nacionales hasta ahora se había dejado, con toda razón, a la discreción de las administraciones nacionales, conforme al principio de subsidiariedad. El CESE no tiene conocimiento de que haya ninguna legislación nacional que extienda la aplicación obligatoria del Código IGS a otros buques que realicen viajes nacionales.

3.3.3

El Código IGS, designado para los buques que realizan viajes internacionales y que, por consiguiente, quedan fuera del alcance inmediato de administraciones y compañías, impone obligaciones importantes a las compañías y sus buques, exige que se respeten los convenios internacionales y favorece el cumplimiento de las normas de la industria. Además, el régimen de seguridad de los buques de carga que realizan exclusivamente viajes nacionales está regulado por las legislaciones nacionales y, por lógica, estos buques tienen que cumplir el régimen aplicable a los buques de carga que realizan viajes internacionales.

3.3.4

El CESE, como guardián, entre otros, de los intereses de las pequeñas y medianas empresas en Europa, manifiesta su preocupación por la aplicación obligatoria del Código IGS a las pequeñas y medianas compañías marítimas que realizan exclusivamente viajes nacionales. A la vista de las consideraciones expuestas, el Reglamento que se propone debería tener en cuenta los trámites burocráticos y los prohibitivos costes de cumplimiento que entraña su aplicación para los buques de dichas compañías. Por tanto, se requerirá flexibilidad de aplicación o establecimiento de exenciones.

4.1.1

El CESE considera que será necesario establecer exenciones por razones prácticas cuando se trate de pequeños buques de carga y buques de pasaje que realizan viajes nacionales, especialmente cuando los buques están operados directamente por el propietario o bajo su supervisión directa.

4.2.1

Por lógica, los buques citados tendrán que cumplir el régimen aplicable a los buques que realizan viajes internacionales. El CESE opina que el Reglamento debería estipular claramente los requisitos básicos del Código IGS que pueden ser aplicables a dichos buques.

4.3.1

El CESE apoya la aplicación obligatoria del proceso de certificación, que constituye la principal justificación válida del Reglamento propuesto.

4.3.2

Con respecto a los apartados 2 y 6, cabe señalar que los Documentos de cumplimiento y los Certificados de gestión de la seguridad también pueden ser expedidos por otra administración a petición de la administración del Estado de abanderamiento.

4.3.3

En opinión del CESE, es preciso clarificar y adaptar a las disposiciones del Código IGS los apartados 4 y 9 del artículo 5, ya que imponen excesivas restricciones e inducen a confusión.

4.4.1

El procedimiento de salvaguardia no incluye —como debería ser— al Estado miembro o al Estado de abanderamiento que haya expedido el Documento de cumplimiento y que podría verse en la necesidad de suspender la validez del Documento o retirarlo.

4.5.1

El artículo se refiere a un formulario que deberá elaborar la Comisión, si bien no estipula qué información deberá recogerse. Es preciso clarificar si está previsto que se informe de la conformidad con el Reglamento por parte de los Estados miembros y, más específicamente, con los procedimientos de certificación, o de la conformidad por parte de las compañías y sus buques, que puede detectarse a través del régimen de control del Estado de abanderamiento y del Estado del puerto.

4.6.1

En consonancia con las observaciones sobre los artículos 3 y 4, el CESE considera apropiado el periodo transitorio de un año para el cumplimiento por parte de los buques de carga y de pasaje que realizan viajes nacionales.

5.1

El CESE apoya la incorporación íntegra del Código IGS y de las directrices correspondientes de la OMI en la legislación comunitaria mediante la nueva propuesta de Reglamento por el que se sustituye el Reglamento (CE) no 3051/95. No obstante, en términos reales, el valor añadido que aportará la extensión del ámbito de aplicación del Reglamento propuesto podría ser limitado, ya que los buques que realizan viajes internacionales y los buques de pasaje de transbordo rodado que realizan viajes nacionales ya cumplen el Código IGS.

5.2

El CESE señala que la experiencia derivada de la aplicación del Código IGS desde la primera fase en 1998 ha puesto de relieve sus puntos fuertes y débiles. Todas las partes de la comunidad marítima implicadas en la aplicación del Código IGS deberían comprender plenamente los objetivos del Código, que de otro modo se quedaría en papel mojado. Esta necesidad es tanto más evidente en lo que respecta a las compañías y buques hasta ahora excluidos del régimen del Código IGS.

5.3

Es preciso reconsiderar la iniciativa de extender la aplicación del Código IGS a todos los buques que realizan viajes nacionales, con el fin de hacerla más flexible. De modo inadvertido y desproporcionado, las nuevas categorías de buques pueden tener que cumplir el régimen aplicable a los buques que realizan viajes internacionales probablemente con unos costes de cumplimiento prohibitivos, en particular en el caso de los buques operados directamente por el propietario o bajo su supervisión directa. Es preciso revisar el procedimiento de certificación del Reglamento propuesto para no imponer restricciones innecesarias a las pequeñas y medianas empresas que realizan viajes nacionales. Por consiguiente, es necesario establecer exenciones o alternativamente estipular unas prescripciones básicas del Código IGS para estos buques.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/23

1.1

En su Comunicación (1) sobre el tema «Mejora de la protección del transporte marítimo» y en su propuesta (2) de Reglamento de «mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias», la Comisión examinó las cuestiones relativas a la protección de los buques y de la interfaz buque-puerto y propuso emprender acciones específicas, actualmente en tramitación. Sin embargo, dicha propuesta de Reglamento circunscribía su ámbito de aplicación a la zona del puerto que actúa de interfaz con el buque, es decir, la terminal.

1.2

En su dictamen (3), el CESE acogió con satisfacción la acción propuesta y apoyó la iniciativa de la Comisión como segunda etapa del proceso de aplicación de normas comunitarias adicionales que cubran tanto el puerto en su conjunto como su interfaz con el interior.

1.3

La segunda, y más dificultosa, fase de la iniciativa de la Comisión atiende a la necesidad de elaborar una política de protección portuaria de amplio alcance, habida cuenta de la vulnerabilidad de las zonas portuarias más amplias que constituyen un eslabón esencial de la cadena de transporte y de los flujos de pasajeros.

2.1

Mediante esta propuesta se complementan las medidas de protección introducidas por el Reglamento de mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias, de manera que la totalidad del puerto goce del mismo régimen de protección. La Directiva garantizará a los puertos comunitarios los niveles de protección adecuada y asegurará la aplicación armonizada de normas de protección que se extiendan a la totalidad del puerto.

2.2

La Comisión Europea afirma que las medidas que están elaborando conjuntamente la OMI y la OIT en forma de código de prácticas no vinculante sobre protección portuaria no desembocarán a corto plazo en el régimen de protección que se precisa. Por lo tanto, es necesario que la UE emprenda una acción proactiva, a ser posible mediante una Directiva, para permitir la flexibilidad necesaria.

2.3

La propuesta de Directiva permitirá mantener los actuales regímenes de protección portuaria siempre que se ajusten a los principios y prescripciones que ésta establece. Más concretamente, la Directiva exige efectuar evaluaciones de protección, determinar los niveles de protección, elaborar y aprobar planes de protección, designar a las autoridades competentes en materia de protección y a los oficiales de protección portuaria, crear comités de protección y respaldar la aplicación de las medidas.

3.1

Todo lo acontecido con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de septiembre corrobora los pronósticos de que la guerra contra el terrorismo será larga. Los trágicos sucesos acaecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 pusieron de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de transportes en su conjunto frente a posibles ataques terroristas y demostró que es imposible alcanzar una seguridad absoluta. En su Dictamen exploratorio sobre protección de los transportes (4) y en su posterior Dictamen (5) sobre protección del transporte marítimo, el CESE afirmó que la UE debería asumir el liderazgo internacional para desarrollar un marco más amplio de protección que aborde las causas del terrorismo y no se limite simplemente a prevenirlo o eliminar sus efectos.

3.2

Al ser una cuestión global, la seguridad marítima ha sido objeto de adecuada atención a escala global y comunitaria. Sin embargo, la seguridad en materia ferroviaria es objeto, en su mayor parte, de iniciativas nacionales, mientras que hasta ahora se ha prestado relativamente poca atención a los ataques terroristas que puedan perpretarse en carreteras y aguas interiores. El CESE subraya que, salvo que los demás modos de transporte asuman su parte de responsabilidad, el eslabón más débil se convertirá en objetivo de los terroristas para poder infiltrarse en el sistema. No es realista pretender que los puertos colmen las lagunas en materia de seguridad de los otros modos de transporte e injusto imponerles la carga financiera correspondiente.

3.3

El CESE insiste en que a las medidas con las que se pretende combatir el terrorismo han de añadirse otras destinadas a solventar los problemas tradicionales de seguridad (crimen organizado, piratería, fraude, contrabando e inmigración ilegal). Dichos problemas existen en las zonas portuarias más grandes y deberían haberse abordado con carácter urgente, como solicitó el CESE. A este respecto, el CESE lamenta que determinados Estados miembros de la UE no hayan suscrito el Convenio y Protocolo para la represión de actos ilícitos (SUA) y subraya la necesidad y urgencia de ratificar dichos instrumentos a fin de reforzar los medios jurídicos para combatir el terrorismo.

3.4

El CESE (6) apoya la acción de la UE de proseguir conversaciones con los EE UU a fin de llegar a un acuerdo recíproco y de colaboración que dispense un tratamiento equitativo a todas las cargas (contenedores) que procedan de la UE y transformar o integrar los acuerdos bilaterales en un acuerdo multilateral bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Deberían celebrarse similares acuerdos de cooperación basados en la reciprocidad con otras regiones o países, reforzándose mediante un sistema de intercambio de información. Cuando sea necesario, dichos acuerdos deberán establecer un sistema de cooperación técnica y de ayuda financiera a los países en vías de desarrollo para mejorar sus infraestructuras de protección portuaria.

3.5

El marco de medidas propuestas es similar al establecido para las instalaciones portuarias (terminales). La novedad más relevante que aporta es la ampliación de su ámbito de aplicación territorial para cubrir toda la zona portuaria, cuyos límites han de determinar los Estados miembros como hicieran los Estados Unidos. El CESE considera que la mejor manera de alcanzar dicho objetivo habría sido ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento CE 725/2004 (7). No obstante, el CESE reconoce las dificultades que plantearía ampliar en una fase temprana el ámbito de aplicación del régimen completo de seguridad que prevé el Reglamento para cubrir las zonas portuarias en sentido amplio y la necesidad de otorgar a los Estados miembros, mediante la Directiva, la flexibilidad que requieren para adoptar las medidas adecuadas en función de los distintos puertos comunitarios y de las distintas actividades que en ellos se desarrollan. Dicha flexibilidad no debe desembocar en la calificación de determinados puertos extranjeros como «seguros» y en la elaboración de listas negras de puertos «inseguros» en relación con la existencia de emigrantes ilegales y terroristas, ya que ello podría provocar distorsiones del mercado y comprometer el buen funcionamiento del comercio internacional.

3.6

El CESE reitera su opinión (8) de que con la ampliación de la UE, el Mediterráneo ganará en importancia. Su proximidad a zonas potencialmente problemáticas desde el punto de vista de la seguridad pone de relieve la necesidad de una dimensión mediterránea en la política de protección del transporte marítimo. El CESE acoge con satisfacción (9) el desarrollo de una red euromediterránea de transporte y la inclusión de la protección del transporte marítimo entre sus objetivos. Está de acuerdo en que es esencial que los socios mediterráneos refuercen las medidas de seguridad y considera que el instituto euromediterráneo para la seguridad y la protección supone un primer paso en esta dirección.

3.7

En su versión actual, la Directiva se centra en determinados aspectos administrativos. La Directiva no establece procedimientos armonizados para la adaptación del contenido de los anexos, pero prevé, en cambio, la posibilidad de efectuar adaptaciones en el futuro. El CESE reconoce que es urgente mejorar la protección portuaria más allá de la interfaz buque-puerto, pero subraya que habría sido más prudente analizar los avances que ya se han realizado al respecto en el ámbito internacional, en particular en el marco de la OMI, la OIT y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como facilitar próximamente unas orientaciones claras para alcanzar dicho objetivo.

3.8

El CESE señala que la Directiva no impone nuevas obligaciones en lo que se refiere a las materias que ya regula el Reglamento CE 725/2004 (10) ni tampoco a las zonas portuarias en sentido amplio. Aprovecha, sin embargo, la oportunidad para reiterar el principio fundamental de que las medidas de protección portuaria han de ser proporcionadas respecto de los objetivos que persiguen, de sus costes y del impacto que éstas tienen en el tráfico marítimo y en los flujos comerciales. Por lo tanto, es preciso analizar con detenimiento si son necesarias y evaluar si son realistas y factibles. Dichas medidas han de respetar los derechos fundamentales y observar los principios consagrados en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de manera que no conculquen los derechos humanos de los ciudadanos ni alteren el orden constitucional, lo cual facilitaría la consecución de los objetivos de los terroristas. Por consiguiente, debe evitarse especialmente:

3.9

Los costes que supone la aplicación de las nuevas medidas de protección de zonas portuarias sensiblemente más grandes –referidas concretamente a las restricciones de acceso, control de carga y de equipajes, así como de la identidad de las personas– aumentarán en la mayoría de los puertos habida cuenta de que la aplicación de las medidas de seguridad requerirá nuevo equipamiento e infraestructura, así como más personal y formación. El CESE se remite a sus anteriores dictámenes sobre la financiación de los costes en materia de protección y vuelve a instar a la Comisión a que establezca un plan comunitario para financiar la aplicación de las medidas. El CESE afirmó concretamente que «aunque una parte de ellos pueda trasladarse a los clientes, en aras de la equidad los gobiernos deberían también asumir parte de algunos costes, dado que el terrorismo es una reacción a las políticas gubernamentales». El CESE reitera también su invitación a que la Comisión elabore un estudio de impacto global sobre los efectos financieros del incremento de las medidas de protección marítima y respalda la solicitud similar formulada por el Parlamento Europeo.

3.9.1

Los puertos marítimos son activos nacionales esenciales. Así, es lógico que las medidas destinadas a proteger la totalidad de la zona portuaria se consideren de interés público general. Por consiguiente, la financiación pública de dichas medidas no debe estar sujeta a las normas sobre ayudas estatales del Tratado de la UE. Habida cuenta de que, en cualquier caso, los Estados miembros pueden elegir entre financiar o no tales medidas con cargo a los fondos públicos, debe adoptarse un planteamiento armonizado de alcance comunitario para evitar las posibles distorsiones de la competencia. Dicho enfoque, que también tiene en cuenta la financiación de las medidas de protección de las instalaciones portuarias, debe atenerse a los siguientes principios:

3.9.2

Resulta extremadamente difícil estimar los costes en materia de seguridad portuaria. No obstante, con carácter comparativo se considera que en la UE los costes en materia de seguridad portuaria serán más elevados que en los Estados Unidos por razones geográficas derivadas de la mayor cantidad de puertos comunitarios. Se calcula que en términos comparativos los costes que asumirán los puertos grandes (11) y pequeños para conformarse a las normas serán enormes.

3.10

La falta de pronta reacción frente a las nuevas amenazas terroristas puede desembocar en la interrupción de las actividades de uno u otro puerto cuyo coste ascendería a miles de millones de euros. Por ello, la cuestión de la seguridad puede convertirse en un obstáculo no arancelario al comercio.

4.1

En general, la superficie y el régimen administrativo de los puertos ya están claramente definidos y en ellos coexisten diversas actividades. Normalmente, los límites de las zonas portuarias incluyen las instalaciones del puerto y no al revés, como se deduce del artículo 2, apartado 4, e incluso de la definición de «puerto» o «puerto marítimo» que figura en el artículo 3. A tenor de dicha definición, se considera que las zonas portuarias son menores que las zonas de las «instalaciones portuarias», las cuales incluyen, además, los fondeaderos, atracaderos de espera y accesos desde el mar. En consecuencia, es preciso aclarar la expresión «se antepondrán» que figura en el artículo 2, apartado 4.

4.2

Como primera medida, al ser un plan director, el plan de protección portuaria debe ser compatible con las decisiones que ya fueron adoptadas en el marco del proceso de aplicación del Código PBIB y con el Reglamento CE 725/2004 (12), a la luz de los criterios relativos a las instalaciones portuarias. Debería englobar los planes integrados de protección para las instalaciones portuarias situadas dentro de los límites del puerto. En su caso, las instalaciones portuarias secundarias deben funcionar como secciones del puerto, y sus planes de protección han de formar parte del plan general de protección, adaptándose cuando sea necesario en aras de la armonización y coordinación con los objetivos generales y, en consecuencia, la autoridad y responsabilidad supremas han de recaer sobre las autoridades de protección portuaria.

4.3

El papel asesor de los comités de protección portuaria que se propone crear reforzará la aplicación efectiva del plan de protección portuaria. El CESE supone que las autoridades de protección portuaria crearán dichos comités, con la finalidad, además, de identificar los elementos que componen el plan de protección portuaria. El CESE apoya la participación de representantes de los trabajadores portuarios y marineros en los comités de seguridad portuaria para llegar a soluciones prácticas.

4.4

No debe someterse la carga y los pasajeros a un control por partida doble al entrar en la zona portuaria y después al llegar en su caso a las instalaciones portuarias. Además, es preciso adoptar un planteamiento práctico en lo que se refiere a la movilidad de las tripulaciones, visitantes y proveedores de los navíos.

4.5

A la Comisión Europea incumbirá la responsabilidad de las inspecciones relativas a la aplicación de las medidas de seguridad portuaria que realicen en un Estado miembro inspectores de seguridad de otro Estado miembro (artículo 17, apartado 2, y 14, apartado 3).

5.1

Los trágicos sucesos acaecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 corroboran los temores de que el sistema de transportes en su totalidad es vulnerable frente a posibles ataques terroristas y demuestran que la protección absoluta es inalcanzable.

5.2

El CESE subraya que, salvo que los demás modos de transporte asuman su parte de responsabilidad, el eslabón más débil se convertirá en objetivo de los terroristas para poder infiltrarse en el sistema. No es realista pretender que los puertos colmen las lagunas en materia de seguridad de los otros modos de transporte e injusto imponerles la carga financiera correspondiente.

5.3

Una estrategia de control no es una estrategia segura en un mundo inseguro. Por ello, la UE debería asumir el liderazgo internacional mediante la creación de un marco más amplio para la seguridad que trate las causas del terrorismo y no se limite a intentar eliminar sus efectos.

5.4

El CESE apoya totalmente la propuesta de Directiva mediante la que se pretende aplicar medidas de protección en las zonas portuarias en sentido más amplio. La flexibilidad que otorga la propuesta de Directiva a los Estados miembros no debe desembocar en la calificación de determinados puertos extranjeros como «seguros» y en la elaboración de listas negras de puertos «inseguros» en relación con la existencia de emigrantes ilegales y terroristas, ya que ello podría provocar distorsiones del mercado y comprometer el buen funcionamiento del comercio internacional.

5.5

El CESE insiste en que a las medidas con las que se pretende combatir el terrorismo han de añadirse otras destinadas a solventar los problemas tradicionales de seguridad (crimen organizado, piratería, fraude, contrabando e inmigración ilegal).

5.6

Los puertos marítimos son activos nacionales esenciales. Así, es lógico que las medidas destinadas a proteger la totalidad de la zona portuaria se consideren de interés público general. Por consiguiente, la financiación pública no debe estar sujeta a las normas del Tratado de la UE sobre ayudas estatales. Para evitar distorsiones de la competencia, los Estados miembros deben adoptar un planteamiento armonizado de alcance comunitario a la hora de conceder ayudas públicas. El CESE vuelve a instar a la Comisión a que establezca, cuando sea necesario, un plan comunitario para financiar la aplicación de las medidas. En consecuencia, el CESE considera que el aspecto económico de la seguridad portuaria es esencial en materia de comercio internacional y que la UE debería examinarlo con carácter urgente.

5.7

Las medidas de seguridad en las zonas portuarias han de respetar los derechos fundamentales y observar los principios consagrados en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de manera que no conculquen los derechos humanos de los ciudadanos ni alteren el orden constitucional.

5.8

El CESE destaca la apremiante necesidad de reconocer la dimensión mediterránea de la política comunitaria de protección portuaria que pasará a ser vital tras la ampliación de la UE.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/27

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.1

El modo de vida y la cultura actual se basa en la energía útil (1). El camino hacia los niveles de vida actuales se inició precisamente en el momento en que se dispuso de suficiente energía: la esperanza de vida, el suministro de alimentos, el bienestar general y la libertad personal han alcanzado en los grandes y pujantes países industrializados un nivel sin parangón en la historia. Un suministro insuficiente de energía pondría en peligro todos estos logros.

1.2

La necesidad de contar con un suministro seguro de energía útil, a precios razonables, no perjudicial para el medio ambiente y sostenible ocupa un lugar central en los objetivos de Lisboa, Gotemburgo y Barcelona. Con su política energética la Unión Europea persigue tres objetivos estrechamente relacionados entre sí e igual de importantes, a saber: proteger y mejorar 1) la competitividad, 2) la seguridad de suministro y 3) el medio ambiente, todo ello dentro de un desarrollo sostenible.

1.3

El Comité ha señalado ya en diversos dictámenes los grandes obstáculos que se oponen a la consecución de estos objetivos; y en varias ocasiones se ha ocupado del consiguiente problema energético, de sus distintos aspectos y de las posibles soluciones (2). Cabe destacar aquí el dictamen sobre el «Libro Verde — Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» (3) y el que lleva por título «Necesidades de la investigación con vistas a un abastecimiento energético seguro y sostenible» (4).

1.4

El Comité subrayaba allí que la producción y la utilización de energía comportan contaminación ambiental, riesgos, agotamiento de los recursos, dependencias de terceros y factores imponderables, y que la principal medida para reducir los riesgos –los vinculados al suministro y otros– consiste en una utilización lo más diversificada y equilibrada posible de los distintos tipos y formas de energía y un esfuerzo máximo por el ahorro y por la gestión racional. También se exponían allí brevemente (5) las ventajas e inconvenientes de los distintos procedimientos, aspecto sobre el que no se va a volver aquí por falta de espacio.

1.5

Ninguna de las opciones y técnicas que pueden contribuir al futuro abastecimiento energético es técnicamente perfecta, ni está absolutamente libre de perturbaciones para el medio ambiente, ni es suficiente para cubrir todas las necesidades ni tampoco previsible a un plazo suficientemente largo. De ahí que una política energética europea previsora y responsable no pueda partir de la hipótesis de que es posible garantizar un abastecimiento energético suficiente (según los criterios mencionados más arriba) con un número reducido de fuentes energéticas. Lo mismo vale en relación con la necesidad de ahorrar energía y utilizarla racionalmente.

1.6

Así pues, ni en Europa ni a escala mundial está garantizado un suministro de energía a largo plazo que respete el medio ambiente y que sea económicamente viable (6). La clave para posibles soluciones solo puede venir de una actividad intensiva y continua de investigación y desarrollo. La investigación en el campo de la energía (7) es el elemento estratégico y el necesario fundamento de toda política energética que quiera tener éxito a largo plazo. En el dictamen antes mencionado el Comité propuso un programa europeo de investigación energética coherente; buena parte de él está ya recogido en el Sexto Programa Marco de I+D y en el programa Euratom de investigación y formación, pero debería aumentarse significativamente el presupuesto destinado a I+D.

1.7

Además, el Comité señalaba que el estudio del problema de la energía debería tener un enfoque más mundial y abarcar un periodo bastante más largo. En efecto, los cambios en el sector de la energía son lentos; la emisión de gases de efecto invernadero es un problema, no regional, sino mundial, y finalmente, es de prever que el problema se agrave aún más en la segunda mitad del siglo.

1.8

Las limitaciones relativas a los recursos y el problema de las emisiones (gases de efecto invernadero) se ven agravados por otro factor: el pronóstico de que las necesidades mundiales de energía se multiplicarán probablemente por dos o incluso por tres de aquí a 2060, debido al crecimiento demográfico y a la necesidad de los países menos desarrollados de recuperar terreno. Las estrategias y las perspectivas de desarrollo deben por tanto ir más allá de ese horizonte.

1.9

En un reciente dictamen sobre el uso sostenible de los recursos naturales el Comité volvió a señalar que cualquier estrategia de sostenibilidad debe abarcar un periodo bastante más largo.

1.10

Ahora bien, como el Comité también ha señalado ya, las observaciones anteriores no encuentran suficiente resonancia en la percepción de los ciudadanos ni en los debates públicos. El abanico de opiniones es muy amplio: desde quienes subestiman los riesgos y las oportunidades a quienes los sobrestiman. Desde los que opinan que no hay ningún problema energético, que hasta ahora todo ha ido bien y que, en caso de necesidad, ya se encontrarán nuevos yacimientos (porque, dicen, desde hace decenas de años se viene prediciendo la desaparición de los bosques o que las reservas de gas y de petróleo se agotarían en 40 años), hasta los que creen que con las fuentes de energía renovables podrían perfectamente cubrirse todas las necesidades energéticas del planeta, a condición de concentrar todos los recursos de la investigación en estas energías y adaptar la sociedad en consecuencia.

1.11

No existe por tanto aún una política energética mundial suficientemente armonizada, e incluso dentro de los propios Estados miembros de la Unión, existen claras diferencias en su actitud frente al problema de la energía.

2.1

Tanto la fisión de núcleos atómicos muy pesados como la fusión de núcleos atómicos muy ligeros son procesos en los que –comparado con la masa transformada– se libera aproximadamente un millón de veces más energía que en los procesos químicos.

2.2

Hacia 1928 se descubrió que la fusión nuclear era la fuente de energía del Sol y de la mayoría de las estrellas. Así pues, la energía de fusión, a través de la radiación solar, es también la fuente de energía fundamental de la vida terrestre: por ejemplo, para el crecimiento vegetal, para la formación de las fuentes de energía fósiles y para la obtención de formas de energía renovables.

2.3

Poco después, en 1938, se descubrió la fisión nuclear y sus posibilidades como potente fuente de energía para fines pacíficos, lo que dio lugar de inmediato a una carrera dinámica y llena de expectativas en pos de su utilización.

2.4

Es evidente que en el caso de la fisión nuclear se ha llegado a la meta en un tiempo asombrosamente corto, mientras que para la fusión nuclear la esperanza de obtener una fuente de energía terrestre prácticamente inagotable aún no ha podido concretarse de un modo definitivo.

2.5

La utilización concreta de ambas formas de energía nuclear tiene como objetivo 1) producir electricidad sin emisión de gases de efecto invernadero y 2) reducir el consumo de los hidrocarburos que son importantes para el sector de los transportes (el petróleo y el gas natural); su combustión produce menos CO2 que el carbón y por ello se tienen en cuenta y utilizan cada vez más para la producción de electricidad (8).

2.6

La fisión y la fusión nuclear se diferencian sustancialmente en su funcionamiento, en su explotación, en sus aspectos medioambientales y de seguridad, en la disponibilidad y abundancia de sus recursos, etc.; en todos estos aspectos la fusión nuclear tendría ventajas conceptuales (véase el punto 2.11 y siguientes).

2.7

Fisión nuclear. La fisión nuclear viene utilizándose desde hace decenas de años para producir energía. Las centrales de fisión nuclear han contribuido mucho a limitar las emisiones de gas de efecto invernadero (CO2) y a reducir la dependencia en cuanto al consumo e importación de petróleo y gas. Con ello se ha vuelto a abrir el debate sobre la energía nuclear, sobre todo en relación con la disminución de las emisiones de CO2 y los instrumentos previstos a tal efecto (incentivos/sanciones). El Comité emitió recientemente un dictamen en el que aborda esa cuestión (9).

2.8

En la fisión nuclear el combustible está constituido por isótopos (10) de algunos de los elementos más pesados de la tabla periódica, como son el torio, el uranio y el plutonio. Los neutrones liberados en la fisión provocan en los núcleos atómicos de estos materiales nuevos procesos de fisión, lo que pone en marcha una reacción en cadena que libera energía y que es preciso regular. En ese proceso se crean productos de fisión y actínidos radiactivos, algunos de ellos de vida muy larga, que hay que aislar de la biosfera durante miles de años. Es un hecho que preocupa y que hace que parte de los ciudadanos rechacen en términos generales la utilización de la energía nuclear. La fisión genera además nuevos materiales fisibles, como el plutonio (del uranio-238), que, como materia prima que es para la fabricación de armas nucleares, está sujeto a controles.

2.9

Las centrales de fisión funcionan por el principio del reactor nuclear. Las reservas de combustible para varios años (en una central vienen a ser del orden de 100 toneladas o más) se almacenan en el núcleo del reactor; mediante procesos de moderación adecuados se consigue establecer el número de reacciones de fisión necesarias para obtener la potencia deseada. A pesar de que las técnicas de regulación utilizadas en estos procesos y en los sistemas de seguridad están ya muy estudiadas, la simple magnitud de la energía almacenada aumenta aún más esa preocupación a la que se hacía antes referencia. A eso se añade el hecho de que la fisión produce un calor residual considerable, por la cual la mayoría de los tipos de reactor, después de parar, necesitan una refrigeración intensiva durante bastante tiempo para evitar que se recalienten las cubiertas protectoras.

2.10

En relación con esa preocupación, el Comité ha señalado recientemente (11) que en el campo de la tecnología de la fisión nuclear se están desarrollando actualmente ya centrales de la cuarta generación, en las cuales se mejora aún más el alto nivel de seguridad pasiva que ya tienen las instalaciones actuales.

2.11

Fusión nuclear. Por la cantidad de masa convertida, la fusión nuclear es el proceso energético más eficiente de todos los que se pueden utilizar en la Tierra. Los reactores de fusión son aparatos destinados a producir de manera controlada procesos de fusión y para utilizar la energía liberada en ellos; están pensados para funcionar como centrales eléctricas de funcionamiento ininterrumpido (12), preferiblemente para carga de base. Como combustible se utilizarán los isótopos pesados del hidrógeno (véase más abajo). El helio, un gas noble (13) inocuo de útiles aplicaciones, constituye la «ceniza» del reactor de fusión.

2.12

No obstante, en las reacciones de fusión —que solo tienen lugar cuando las colisiones se producen a gran velocidad (14)— se liberan neutrones que producen radiactividad en los materiales de las paredes del reactor (y que pueden modificar las propiedades mecánicas de éstas). De ahí que uno de los objetivos del programa de I+D en este terreno sea el de desarrollar materiales cuya radiotoxicidad (15) disminuya hasta el nivel del de las cenizas de carbón al cabo de un periodo comprendido entre cien y como mucho algunos cientos de años, con la posibilidad por tanto de reciclar una gran parte de ellos. El problema de su almacenamiento definitivo quedaría así en gran parte resuelto.

2.13

Las condiciones científicas y técnicas para la producción de energía de fusión son extraordinariamente estrictas. En esencia se trata del difícil problema de calentar un gas constituido por isótopos de hidrógeno (una mezcla de tritio y deuterio) hasta temperaturas de más de 100 millones de grados (transformándose así en plasma (16)), con el fin de que los núcleos atómicos que chocan entre sí tengan una velocidad suficientemente alta para provocar los procesos de fusión deseados. Además hay que conseguir mantener unido este plasma durante un tiempo suficientemente largo, extraer la energía de fusión así generada y canalizarla para su aprovechamiento.

2.14

Estos procesos tienen lugar en la cámara de combustión del reactor de fusión. El combustible se inyecta en régimen continuo (en una central, del orden de algunos gramos); pero si la alimentación no fuese continua solo bastaría para algunos minutos, de modo que no hay ninguna posibilidad de que la potencia se dispare. Cualquier avería acarrea el enfriamiento y la extinción del proceso de combustión «termonuclear» (17), y esa es otra ventaja inherente desde el punto de vista de la seguridad.

2.15

Estas ventajas intrínsecas desde el punto de vista de la seguridad, la posibilidad de reducir drásticamente los residuos radiotóxicos de larga vida —en la fusión no hay productos de fisión ni componentes de vida media larga especialmente peligrosos (actínidos)— y la reserva casi ilimitada de recursos convertirían por tanto la fusión termonuclear en un componente muy atractivo y fundamental del futuro abastecimiento sostenible de energía y contribuiría de ese modo a resolver los problemas que se plantean en la actualidad.

2.16

En consonancia con lo anterior, el Comité ha indicado ya en algunos de sus dictámenes que los trabajos de I+D orientados a la utilización de la energía de fusión son un elemento sumamente importante de la futura política energética, que dichos trabajos representan un éxito ejemplar de la integración europea y que por tanto deben fomentarse resueltamente en los programas marco europeos de I+D y en los programas de investigación y formación de Euratom.

3.1

Las primeras ideas sobre la utilización pacífica de la energía de fusión datan de hace apenas 50 años. Algunos países ya disponían entonces de la tecnología necesaria para aplicar la fusión a la fabricación de armas (bomba de hidrógeno), pero el paso a las aplicaciones pacíficas, aun siendo sumamente prometedor, parecía extraordinariamente complejo y difícil.

3.2

Dos frases de aquella época, que aún hoy se citan con frecuencia, vienen a ilustrar esta reflexión y reflejan bien la tensión que desde el principio se vio que existía entre las grandes expectativas creadas y los dificilísimos problemas físicos y técnicos planteados. Por un lado, H.J. Bhabha, en su discurso inaugural de la primera Conferencia «Átomos para la paz» en Ginebra en 1955, dijo: «I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next two decades» (18). Por otro lado, R.F. Post, en el primer artículo de fondo (19) publicado en los Estados Unidos sobre la fusión nuclear, dijo en 1956: «However, the technical problems to be solved seem great indeed. When aware of this, some physicists would not hesitate to pronounce the problem impossible of solution» (20).

3.3

Retrospectivamente cabe decir que entre las múltiples ideas lanzadas entonces en torno a su realización figuraban ya los planes para el así llamado confinamiento magnético, que entretanto se ha revelado como el proceso más prometedor de todos los que cumplen las condiciones requeridas. Pero para llegar ahí hizo falta un desarrollo científico y un proceso de perfeccionamiento muy arduo y lleno de obstáculos y reveses. Aquí hay que hacer referencia al Tokamak (acrónimo ruso de «cámara magnética toroidal» (21)) y al Stellarator. Ambos procedimientos son variantes de una misma idea básica: utilizar campos magnéticos anulares, estructurados de determinadas formas, para confinar el plasma caliente en las condiciones requeridas.

3.4

El papel pionero en esta evolución lo desempeñó el proyecto común europeo JET (Joint European Torus), cuyo diseño técnico (22) estuvo listo unos veinte años más tarde (23). Durante la fase experimental de JET se consiguió no solo producir por primera vez las temperaturas necesarias, sino también, en los años noventa, gracias a la fusión del deuterio con tritio, liberar cantidades significativas (alrededor de 20 Megajoule por prueba) de energía de fusión de manera controlada. Con ello se consiguió, durante periodos breves, extraer del plasma casi tanta energía de fusión como energía calorífica inyectada previamente.

3.5

Este éxito fue posible gracias a la unión de todas las fuerzas en el programa de investigación comunitario sobre la fusión, en el marco del programa Euratom. Dentro de esa red se reunieron en una identidad común los distintos laboratorios de los Estados miembros asociados a Euratom, con sus respectivas instalaciones experimentales y aportaciones a la división del trabajo, así como a través de su participación en JET. Se trata, por tanto, de uno de los primeros ejemplos de realización del Espacio de Investigación Europeo y una de las primeras pruebas de su capacidad.

3.6

Con ello se completó con éxito la primera y decisiva etapa de la investigación mundial sobre la fusión, quedando demostrado el principio físico de la producción y el confinamiento magnético de plasmas de fusión.

3.7

Estos avances se caracterizaron además por una cooperación internacional ejemplar, coordinada entre otras cosas por organizaciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Agencia Internacional de Energía (AIE). La contribución de la investigación europea fue a este respecto decisiva. Tras un esfuerzo consciente de recuperación, sobre todo con respecto a los Estados Unidos, Europa ocupa hoy, reconocido por todos, un lugar de cabeza en este campo.

3.8

Partiendo de una iniciativa lanzada hace 17 años por los Presidentes Gorbachov y Reagan, y después también por Mitterrand, el proyecto ITER (24) nació con la idea de desarrollar como proyecto internacional común —y, de ser posible, construirlo y explotarlo también conjuntamente— el primer reactor de prueba con balance positivo de energía del plasma (es decir, mediante procesos de fusión obtener del plasma una cantidad de energía significativamente mayor que la aportada al sistema). El objetivo de ITER es demostrar, a escala de una central, la posibilidad técnica y científica de obtener energía útil a partir de la fusión nuclear mediante la combustión de plasma.

3.9

Por «combustión» (o «combustión termonuclear») se entiende el estado en el cual la energía liberada por los procesos de fusión (o más exactamente, la energía transportada por los núcleos de helio así generados) contribuye de manera esencial a mantener la temperatura extremadamente elevada del plasma. Los datos experimentales obtenidos hasta ahora demuestran que esto solo se puede conseguir con instalaciones suficientemente grandes, del tamaño de una central de energía. Esto llevó al dimensionamiento de ITER.

3.10

El programa ITER se encuentra actualmente en una fase de transición entre investigación y desarrollo, sin que sea posible trazar una línea clara entre ambos aspectos. En efecto, para lograr los objetivos de ITER es necesario resolver de modo concluyente aquellos problemas físicos que solo se pueden estudiar una vez que se logre mantener la combustión de plasma de fusión durante un tiempo suficiente. Por otro lado, se necesitan componentes técnicos (por ejemplo, imanes superconductores de gran tamaño, una cámara de combustión capaz de resistir (25) el plasma, unidades de calentamiento del plasma, etc.) como los que, con especificaciones y tamaños parecidos, se utilizarían posteriormente en un reactor de fusión operativo. Es, pues, el primer paso desde la física a la tecnología de las centrales eléctricas.

3.11

Los resultados de los trabajos de planificación de ITER a escala internacional se encuentran en la forma de especificaciones y planes detallados de construcción, así como de prototipos y componentes verificados. Se basan en la experiencia y extrapolación de todos los experimentos llevados a cabo hasta ahora, encabezados por JET como buque insignia del programa de fusión no solo europeo sino mundial.

3.12

Las dimensiones lineales de ITER (diámetro mayor medio del anillo de plasma: 12 metros; volumen de la cámara de combustión: alrededor de 1 000 m3) serán casi dos veces mayores que las de JET. Con ITER está previsto obtener —con un factor de multiplicación energético de diez (26)— una potencia de fusión de cerca de 500 MW durante periodos de combustión que al principio serán de al menos 8 minutos (con factores de multiplicación menores, los períodos de combustión serán en teoría ilimitados).

3.13

Los costes de construcción de ITER se calculan en aproximadamente 5 mil millones de euros (27).

3.13.1

En la construcción de ITER, la mayor parte de estos costes irá a las compañías que obtengan el encargo de fabricar y montar las distintas partes de la instalación experimental. Así pues, un grado alto de participación de Europa en la construcción de ITER reportaría a la industria europea beneficios en la forma de capacidad de innovación y know-how técnico en general y serviría por tanto a los objetivos de la estrategia de Lisboa.

3.13.2

El programa de fusión ha reportado ya a la industria múltiples «spin-offs» (28). Es de esperar que este importante beneficio secundario en la construcción de ITER se produzca a un nivel realmente alto.

3.13.3

Durante la fase de construcción de ITER, los gastos europeos necesarios para el programa de fusión en su conjunto (es decir, los comunitarios y los de los Estados miembros) serían inferiores al 0,2 % de los costes del consumo final de energía en Europa.

3.14

La asociación para el proyecto ITER comenzó entre la UE, Japón, Rusia y los Estados Unidos, y su historia está llena de vaivenes (29). Hace unos cinco años se retiraron los Estados Unidos, para reincorporarse de nuevo en 2003, y en un momento dado se unieron también China y Corea del Sur. Esta cooperación mundial permitió no sólo distribuir los costes de planificación entre los grandes protagonistas de la investigación internacional en el sector de la energía, sino también integrar en el proyecto los resultados registrados en todas las partes del mundo.

3.15

De ese modo se ha puesto de manifiesto la importancia de esta empresa como proyecto mundial para solucionar un problema mundial.

3.16

La construcción y gestión conjunta de ITER supondría también para todos los países asociados un incremento considerable de conocimientos y de capacidad técnica (véase también el punto 5), y no solo en lo que concierne a este nuevo sistema de obtención de energía, sino también en relación con innovaciones generales en el campo de las tecnologías de punta.

3.17

Dentro de la historia de la técnica sería sin embargo un hecho insólito que de una máquina con un objetivo como el de ITER se construyera una sola en todo el mundo, es decir, que en esta etapa se renunciara a la puesta a punto y experimentación de variantes con el mismo grado de desarrollo y en competencia mutua, como ha ocurrido siempre en la historia de la aeronáutica, de la astronáutica y de los reactores de fisión, por poner algunos ejemplos.

3.18

Esa renuncia, motivada por razones económicas, debería por tanto compensarse con un programa de acompañamiento especialmente enérgico en el que tuviesen también lugar las ideas innovadoras y las variantes de diseño dirigidas a disminuir los riesgos de desarrollo (30), variantes que, en una primera etapa, deberían sin embargo estudiarse a escala reducida y por tanto con unos gastos más limitados.

4.1

Los resultados acumulados que se espera obtener unos veinte años después de la construcción de ITER deberán proporcionar los datos de base para el diseño y la construcción de DEMO, la primera planta de fusión de demostración para la producción de electricidad. La construcción de DEMO podría así comenzar dentro de unos 20 o 25 años.

4.2

Actualmente se piensa que es posible construir centrales de fusión con las siguientes características:

4.3

Para el desarrollo de DEMO, además de resolver problemas centrales como el del rendimiento energético y el de los procesos que limitan la duración de la combustión —spectos que se estudiarán y demostrarán ya con ITER— y más allá de los ambiciosos procedimientos ya disponibles o que habrá que desarrollar ulteriormente a esos efectos, es necesario proseguir y reforzar otros avances técnicos de importancia.

4.4

Estos avances tienen que ver en especial con el ciclo interno del combustible (generación y tratamiento del tritio), la extracción de la energía, la resistencia de los materiales a la acción del plasma (interacción plasma-paredes)y al bombardeo de neutrones, las técnicas de reparación, el perfeccionamiento del control a distancia y las técnicas para aumentar la duración de la combustión hasta obtener un funcionamiento continuo. Uno de los problemas más importantes es el desarrollo de materiales estructurales de baja activación o de activación muy efímera; dada la necesidad de una experimentación y validación a largo plazo, es preciso intensificar la labor en ese frente.

4.5

Sería sin embargo un error creer que con DEMO finalizarían las actividades de I+D. La historia de la técnica demuestra que en mucho casos los trabajos de investigación y desarrollo no comienzan realmente sino una vez diseñado el primer prototipo.

4.5.1

La historia de la técnica enseña también que los primeros prototipos de una nueva tecnología no son a menudo más que aparatos muy rudimentarios e imperfectos al lado de las elegantes máquinas que después van surgiendo progresivamente.

4.5.2

El grado de perfeccionamiento que han alcanzado hoy día los motores diesel se ha producido unos cien años después de su invención. Las centrales de fusión tendrán también que pasar por un proceso de mejora, optimización y adaptación a los futuros requisitos técnicos.

5.1

Actualmente se está librando al máximo nivel político una batalla en torno al emplazamiento de ITER, entre Cadarache (36) por Europa y Rokkasho-Mura (37) por Japón. Del resultado dependerá la participación económica de los distintos socios y la estructura del necesario programa de acompañamiento.

5.2

Antes de la reintegración de los Estados Unidos y la entrada de China y Corea en ITER había pocas dudas de que su emplazamiento estaría en Europa, entre otras razones porque de ese modo se garantizaría mejor el éxito de ITER (y de JET).

5.3

Ahora la situación es distinta, porque los Estados Unidos y Corea apoyan el emplazamiento de Rokkasho-Mura en Japón, a pesar de las claras ventajas técnicas que ofrece Cadarache, como generalmente está admitido. Si al final se optara por el emplazamiento japonés, Europa perdería su posición de liderazgo y tendría que renunciar a los frutos de las inversiones y trabajos realizados hasta entonces, con todas las consecuencias que ello tendría para la investigación y la industria.

5.4

Por ello, el Comité acoge con satisfacción y apoya la decisión del Consejo Europeo del 25 y 26 de marzo de 2004, en la que ratifica el apoyo unánime a la oferta europea para el proyecto ITER e invita a la Comisión a que impulse las negociaciones en este terreno con el fin de que el proyecto pueda empezar lo antes posible en el emplazamiento europeo.

6.1

El Comité comparte la opinión de la Comisión de que la utilización pacífica de la energía de fusión posee el potencial necesario para contribuir de un modo muy esencial a solucionar a largo plazo el abastecimiento de energía de un modo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y competitivo.

6.1.1

El motivo estriba en las ventajas potenciales de esta tecnología de futuro, a saber:

6.1.2

El potencial de la energía de fusión constituye un complemento al de las fuentes de energía renovables, con la ventaja, respecto a la energía eólica y la energía solar, de no depender de las condiciones meteorológicas ni del ciclo anual ni diurno. Lo mismo cabe decir con vistas a una relación adecuada entre sistemas centralizados y descentralizados.

6.1.3

Por esa razón, el Comité se ha pronunciado ya en diversos dictámenes (39) a favor de que se impulse de un modo claro y más intenso el programa de I+D sobre la energía de fusión.

6.2

El Comité se felicita de que, gracias principalmente al programa de fusión europeo y su proyecto experimental JET, se haya franqueado con éxito la primera y decisiva etapa de la investigación mundial sobre la fusión nuclear, consistente en demostrar el principio físico de la obtención de energía mediante la fusión nuclear. Con ello se han sentado las bases para el reactor experimental ITER, en el que se pretende producir y estudiar por primera vez un plasma de fusión que suministre más energía de la que recibe.

6.3

Los largos años de I+D y las consiguientes inversiones, ahora en el marco de una cooperación a nivel mundial, han logrado que los trabajos de planificación y las medidas políticas para la construcción y el funcionamiento del reactor experimental ITER, cuyas dimensiones se acercan ya a las de una central, avancen hasta la fase de toma de decisiones.

6.4

El Comité destaca la contribución pionera y de primerísima importancia del programa europeo de fusión nuclear, sin el cual no existiría hoy el proyecto ITER.

6.5

Los resultados de ITER, por su parte, deben proporcionar los datos fundamentales para diseñar y construir DEMO, el primer prototipo de demostración de reactor de fusión capaz de producir electricidad. La construcción de DEMO podría comenzar dentro de unos 20 o 25 años.

6.6

El Comité apoya a la Comisión en su esfuerzo por preparar estratégicamente a Europa para que pueda adoptar también una posición fuerte en la fase de explotación comercial y, por consiguiente, imprimir ya hoy a determinadas partes del programa de investigación sobre la fusión una mayor orientación no solo hacia ITER, sino también hacia DEMO.

6.7

Para el desarrollo de DEMO hace falta encontrar respuestas a cuestiones fundamentales que está previsto investigar y demostrar con ITER, pero aparte de eso es necesario avanzar en otros sectores importantes, como es, por ejemplo, la optimización de la configuración magnética, el desarrollo de materiales (p. ej. mejoras en la erosión inducida por el plasma, daños producidos por los neutrones, tiempo de extinción de la radiactividad inducida), el ciclo de combustible, la extracción de la energía, la activación de las corrientes de plasma y el control de su distribución interna, el rendimiento y la fiabilidad de los componentes.

6.7.1

El Comité destaca que esos nuevos progresos solo se podrán realizar con un programa de acompañamiento I+D europeo muy ambicioso en el que participen los Estados miembros y que requiere una red de experimentos y grandes instalaciones físicas y sobre todo técnicas que sirvan de apoyo a ITER y lo complementen.

6.8

El Comité considera extraordinariamente importante mantener el impulso actual y afrontar con vigor, empeño y recursos suficientes los retos que plantea un objetivo tan ambicioso a nivel científico y técnico y tan crucial para el suministro energético a largo plazo. También es una seria obligación para el cumplimiento de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo.

6.8.1

Para lograrlo es preciso que en el Séptimo programa marco de I+D y en el programa Euratom se asignen a la investigación energética en general, y al programa de fusión en particular, los recursos necesarios para seguir obteniendo buenos resultados (es decir, unos recursos netamente superiores) y, por otro lado, agotar las demás posibilidades de financiación de ITER.

6.8.2

Para ello hace falta prever un número suficiente de especialistas en el terreno de la física y la técnica con el fin de contar con suficientes expertos europeos para el funcionamiento de ITER y el desarrollo de DEMO. El Comité se remite a ese respecto a su reciente dictamen sobre este tema (40).

6.8.3

Lo anterior requiere, entre otras cosas, que los centros de enseñanza superior y los centros de investigación se conecten en red: por una parte, para proporcionar a los jóvenes científicos e ingenieros los conocimientos técnicos necesarios; por otra parte, para participar, con sus conocimientos e instalaciones técnicas, en las futuras tareas, y finalmente para funcionar como eslabón de unión con la sociedad civil.

6.8.4

Finalmente —y se trata de una tarea particularmente importante— es necesario también promover y tratar de obtener a tiempo el (cada vez más necesario) compromiso de la industria europea en este sector, caracterizado por múltiples desarrollos científicos y técnicos de vanguardia. Mientras que la industria europea, en el programa de fusión aplicado hasta ahora, desempeñó sobre todo el papel de quien desarrolla y suministra componentes sueltos altamente especializados y extremadamente sofisticados (experiencia que, por otro lado, hay que cuidar y conservar), ahora, ante la posibilidad cada vez más inminente de utilizar reactores de fusión, debería asumir poco a poco un papel más autónomo y más determinante.

6.8.5

La enorme inversión que está prevista para la construcción de ITER y el desarrollo de DEMO, inversión que irá a parar a la industria, será una inyección para la economía y —lo que es aún más importante– un impulso para la competencia y la innovación en un terreno de la técnica que está aún virgen y que es de gran complejidad. Los múltiples «spin— offs» del anterior programa de fusión lo han demostrado ya claramente.

6.9

A nivel internacional Europa se halla ante un reto múltiple: por un lado, debe reafirmarse en su papel de líder de la investigación en materia de fusión no solo frente a la potente investigación norteamericana, sino también frente a la fuerza ascendente de los tres socios asiáticos (41) de ITER; pero, por otro, le interesa conservar y desarrollar lo mejor posible la ejemplar cooperación internacional que ha existido hasta ahora.

6.10

Por ello, el Comité apoya a la Comisión en su intención de aceptar ese reto. Insta al Consejo, al Parlamento y a los Estados miembros a que hagan suyo ese objetivo y a que no renuncien al puesto privilegiado que tiene Europa en este importante campo de futuro. No obstante, también aquí existen problemas.

6.11

Antes de la reincorporación de los Estados Unidos y la entrada de China y Corea en la asociación ITER había pocas dudas de que el emplazamiento de ITER estaría en Europa, entre otras razones porque de ese modo se garantizaría mejor el éxito de ITER y de JET.

6.12

Ahora la situación es distinta, porque los Estados Unidos y Corea son partidarios del emplazamiento de Rokkasho-Mura en Japón, a pesar de las claras ventajas técnicas que ofrece Cadarache, un hecho generalmente admitido. Si al final se optara por el emplazamiento japonés, Europa perdería su posición de liderazgo y tendría que renunciar a los frutos de las inversiones y trabajos realizados hasta entonces, con todas las consecuencias que ello tendría para la investigación y la industria.

6.13

Por ello, el Comité reconoce, acoge con satisfacción y suscribe la decisión del Consejo Europeo del 25 y 26 de marzo de 2004, en la que ratifica el apoyo unánime a la oferta europea para el proyecto ITER e invita a la Comisión a que impulse las negociaciones en este terreno con el fin de que el proyecto pueda empezar lo antes posible en el emplazamiento europeo.

6.14

Resumiendo y reiterándose en esas observaciones, el Comité insta al Consejo, al Parlamento y a la Comisión a que tomen las medidas oportunas, agoten realmente todas las posibilidades y, en caso necesario, desarrollen nuevos planes estructurales de la división internacional del trabajo con el fin de que ITER, dado su papel estratégico decisivo para el desarrollo de una importante fuente de energía sostenible, se pueda construir en cualquier caso en Europa.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/35

1.1

El Programa GALILEO constituye un desafío de gran envergadura para la Unión Europea, su independencia, su capacidad tecnológica y científica, su economía y, ante todo, su sector espacial y su sector de telecomunicaciones. En efecto, el desarrollo del sector espacial se ha basado esencialmente, durante estos últimos años, en la actividad comercial vinculada a las telecomunicaciones por satélite. Las graves dificultades a las que se enfrenta la industria de las telecomunicaciones han afectado a su vez al sector espacial, que recibe insuficiente apoyo en el plano institucional y político, especialmente en comparación con nuestros principales competidores.

1.2

Retrasado por los debates relativos al reparto de los «justes retours» del programa entre los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea, así como por presiones ejercidas desde el exterior de Europa, el Programa GALILEO entró finalmente en una fase de puesta en marcha efectiva de sus actividades tras el acuerdo alcanzado el 26 de mayo de 2003 en el marco del Consejo de la AEE sobre las respectivas contribuciones financieras de sus miembros.

1.3

El Programa Galileo se caracteriza especialmente, al contrario que el GPS, por ser un programa civil. Este gran proyecto de infraestructura reviste una importancia estratégica decisiva para la Unión Europea y su independencia, como ya han subrayado el CESE, el Parlamento Europeo y el Consejo. Encaja perfectamente en el marco de la Estrategia de Lisboa. La trascendencia de un programa de semejante envergadura para impulsar la construcción europea merece decididamente resaltarse.

1.4

El sistema Galileo prestará cinco servicios:

1.5

Al ser un sistema civil, no obstante, se empleará esencialmente para la vida corriente, en particular en materia de transporte. Por consiguiente, deberá garantizar la continuidad y la seguridad del servicio y, en caso de que se produzca un fallo, se incurrirá en responsabilidad civil al contrario de lo que ocurre con el GPS.

1.6

Por último, el sistema Galileo será algo más preciso que el GPS y sobre todo cubrirá la totalidad del planeta. Además, incluye la posibilidad de comprobar en tiempo real la integridad de la señal, lo cual resulta esencial para determinadas aplicaciones y, en particular, para la aviación civil.

1.7

El objetivo de la Comunicación consiste esencialmente en hacer un balance de la situación en la que se encuentra el Programa Galileo, considerar las perspectivas de futuro e identificar las escasas incertidumbres que persisten respecto de un proyecto que en principio movilizará 3 200 millones de euros en tres fases, a saber:

—

los avances en la fase de desarrollo,

—

el impulso de la cooperación internacional,

—

el paso a las fases de despliegue y de explotación.

—

los últimos trabajos de la fase de definición,

—

la infraestructura básica,

—

EGNOS, que pronto será operativo,

—

el Plan europeo de radionavegación.

2.1.3.1

La Comunidad Europea se enfrentaba a retos de extraordinaria envergadura, derivados de sus dos objetivos:

2.1.3.2

Los debates se entablaron en una situación caracterizada por el monopolio histórico del sistema americano GPS pero, en definitiva, la Comunidad Europea obtuvo los resultados esperados, tanto en lo referente a las condiciones de utilización del espectro de frecuencia como en cuanto a la exigencia de una coordinación multilateral imparcial.

2.2.1

Como ha subrayado el Consejo en varias ocasiones, la cooperación internacional es fundamental para obtener el máximo beneficio del programa GALILEO. Por lo demás, son cada vez más numerosos los terceros países que solicitan poder participar. A este respecto, la Comisión Europea adopta simultáneamente un enfoque bilateral y otro regional.

2.2.2

El 30 de octubre de 2003 se alcanzó un primer acuerdo con China y se han emprendido negociaciones con India e Israel. Iniciativas similares existen con Corea del Sur, Brasil, Japón, Canadá, Australia, México y Chile.

2.2.3

En lo referente a la cooperación regional, se está entablando un diálogo con la región mediterránea, América Latina y África.

2.2.4

Por último, se han iniciado negociaciones con los países que ya disponen de un sistema de navegación por satélite, a saber, Rusia y Estados Unidos. Tales negociaciones son especialmente importantes, pues con ellas se pretende garantizar la compatibilidad técnica y la interoperabilidad de sus sistemas con Galileo. Cabe recordar que los Estados Unidos cuestionaron en un primer momento la legitimidad del propio programa Galileo. En cualquier caso, el mecanismo de concertación que se debate actualmente deberá basarse en una simetría entre los derechos y deberes de cada socio respecto del otro, en particular en lo que se refiere al ejercicio de un posible derecho de veto.

2.3.1.1

La empresa común gestiona la concesión del sistema. El procedimiento se inició en octubre de 2003. Se presentaron cuatro candidaturas, que fueron admitidas a trámite. Procedían de consorcios compuestos por socios principales, junto con una constelación de empresas asociadas. Todos los candidatos consideraron que el futuro sistema europeo puede generar importantes ingresos comerciales y, por tanto, estimaron que podían financiar una parte no desdeñable de las aportaciones con fondos propios.

2.3.1.2

Dicho extremo es especialmente relevante en la medida en que el Consejo desea que las aportaciones con cargo a los fondos comunitarios no superen un tercio de la financiación de la fase de despliegue. Por último, en la segunda fase de la negociación competitiva se han seleccionado tres consorcios (Alcatel/Alenia/Vinci, EADS/Thalès/Inmarsat, Eutelsat).

2.3.1.3

Se han identificado seis tipos de fuentes de ingresos, a saber:

2.3.2.1

La Comisión envió al Consejo y al Parlamento Europeo una propuesta de Reglamento sobre las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite. En ella se propuso crear, por una parte, el Órgano de vigilancia y, por otra, un Centro de seguridad y protección que dependa directamente del Secretario General/Alto Representante de la política exterior y de seguridad común. Es muy probable que la decisión que finalmente se tome sea la de crear un Órgano de vigilancia, competente en materia de seguridad. En principio, el Centro de seguridad y protección no se creará y en caso de crisis el propio Consejo adoptará decisiones en tiempo real.

2.3.2.2

Otra cuestión relevante en materia de estructura marco del sistema se refiere a las posibles amenazas para la vida privada. Procede recordar que el sistema Galileo no supone en modo alguno un peligro para la vida privada, puesto que no recibe ningún dato de sus usuarios (no hay conexiones en sentido ascendente). En cambio, la información que reciben los usuarios puede ser retransmitida por otro procedimiento —por ejemplo, mediante un teléfono móvil GSM— lo cual permite localizarlos. La responsabilidad de regular tales usos de la información facilitada por Galileo no incumbe en modo alguno a las estructuras europeas de gestión del programa, sino a las autoridades nacionales. Debe llamarse la atención de éstas sobre las disposiciones que han de adoptar para regular la utilización de Galileo y también, a partir de ahora, del sistema GPS.

3.1

El Comité se congratula de la actitud voluntarista de que hace gala la Comisión Europea en su documento, ya que se trata de un proyecto de suma importancia y difícil realización. Para el éxito del proyecto es necesario prestar especial atención a determinadas cuestiones:

3.2

El éxito de este gran proyecto depende de la voluntad política y financiera que el Consejo afirmó con claridad y mantiene firmemente. Al apostar por Galileo, el Consejo mostró cuál es su ambición para la Unión Europea y su política espacial.

4.1

En sus conclusiones, la Comisión Europea parece manifestar cierta inquietud o incertidumbre en lo relativo a la cuestión de la financiación. Dicha cuestión es fundamental, pues de ponerse en entredicho su financiación, podría peligrar todo el programa. El CESE reafirma la trascendencia estratégica capital del proyecto Galileo para la Unión Europea y para el futuro de su sector espacial así como para impulsar la construcción europea, tal como ya puso firmemente de manifiesto y con detenimiento en sus dictámenes sobre el Libro Verde y el Libro Blanco de la Comisión relativos a la política espacial europea (1). El CESE comparte la satisfacción de la Comisión Europea en cuanto a los logros muy efectivos alcanzados en su fase de lanzamiento y desea que el optimismo actual no quede atenuado por problemas de última hora.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/38

1.

El objeto de la propuesta examinada es proceder a la codificación de la Directiva del Consejo 95/18/CE, de 19 de junio de 1995, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes de mercancías por carretera (1).

2.

En el contexto de «La Europa de los ciudadanos», la simplificación y claridad del Derecho comunitario revisten gran importancia. Por ello, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión subrayaron la necesidad de codificar los actos legislativos que sufran frecuentes modificaciones y convinieron, mediante el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994, en que podría adoptarse a tal fin un método de trabajo acelerado. La codificación no puede tener por resultado la introducción de ninguna modificación sustantiva en los actos objeto de la misma.

3.

La propuesta de la Comisión objeto de examen responde precisamente a tal intención, por lo que el CESE la suscribe plenamente.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/39

1.1

El Reglamento (CE) no 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad, tiene como finalidad crear un verdadero mercado interior de la electricidad mediante la intensificación de los intercambios transfronterizos en este sector. En materia de tarificación transfronteriza y atribución de la capacidad de interconexión disponible es preciso introducir normas equitativas que reflejen los costes, sean transparentes y directamente aplicables, estén basadas en una comparación entre gestores de redes eficaces que ejerzan su actividad en zonas comparables desde el punto de vista estructural y completen las disposiciones de la Directiva 96/92/CE, con el fin de garantizar un acceso efectivo a las redes de transporte que permita la realización de transacciones transfronterizas.

2.1

La República de Eslovenia ha presentado a la Comisión una solicitud de enmienda del Reglamento objeto de examen, que permitiría a Eslovenia continuar utilizando su actual sistema de gestión de la congestión en las interconexiones con Austria e Italia hasta el 1 de julio de 2007. En la actualidad, la mitad de la capacidad total disponible en las dos interconexiones en cuestión es asignada por Eslovenia sobre la base de este sistema. De hecho, de conformidad con un acuerdo al que han llegado los gestores de redes de transmisión interesados, la otra mitad de la capacidad de cada interconexión es asignada, respectivamente, por el gestor de la red italiano y por el gestor de la red austriaco. En virtud del actual sistema esloveno, la capacidad disponible, en caso de que la demanda total de capacidad supere la capacidad disponible (congestión), es asignada a los solicitantes de capacidad mediante prorrateo. La capacidad se asigna gratuitamente. Este sistema no puede ser considerado una solución no discriminatoria y conforme a la lógica del mercado, en el sentido del Reglamento de la Electricidad. Esta excepción se justifica por el hecho de que el proceso de reestructuración de la industria eslovena aún no ha concluido, y que la adaptación de la producción eslovena de electricidad a las nuevas condiciones del mercado aún está en curso (costes de inversión elevados para la protección del medio ambiente).

3.1

La Comisión Europea fundamenta su propuesta en el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que forma parte del capítulo relativo a la aproximación de las legislaciones. Sin embargo, los hechos justifican sin lugar a dudas un enfoque basado en el Tratado de adhesión y en el Acta de adhesión: el Reglamento (CE) no 1228/2003 se adoptó después de las negociaciones finales de adhesión y de la firma del Tratado de adhesión, por lo que Eslovenia no pudo participar en el proceso de elaboración.

3.2

El Acta de adhesión contiene disposiciones relativas a la aplicación de las decisiones tomadas por las instituciones, en particular en el caso de que un nuevo país no haya podido participar en las negociaciones relativas a una decisión adoptada entre la fecha de la firma del Tratado y la fecha de adhesión efectiva, a saber, el 1 de mayo de 2004. Éste es el caso actualmente para Eslovenia con dicho Reglamento.

3.3

En el espíritu de estas disposiciones, conviene examinar la solicitud del Gobierno esloveno de aplazar hasta el 1 de julio de 2007 la aplicación del apartado 1 del artículo 6 de este Reglamento y las correspondientes disposiciones contenidas en el anexo, así como la propuesta de la Comisión objeto de examen.

3.4

En el marco de esta evaluación deberá tenerse en cuenta que, de acuerdo con la expresión «pacta sunt servanda», sólo podrá concederse una excepción en el caso de que la aplicación de la disposición pudiera provocar daños irreparables para el conjunto de la Unión.

3.5

No obstante, la Comisión reconoce en su propuesta que el impacto práctico del período de transición en el funcionamiento del mercado interior de la electricidad sería muy pequeño. El Comité comprende este argumento. Efectivamente, es poco probable que durante ese período transitorio Eslovenia se convierta en una plataforma regional importante en el mercado interior.

3.6

Además, para justificar el rechazo de la solicitud no es suficiente el argumento de que el Reglamento (CE) no 1228/2003 se elaboró precisamente para desarrollar finalmente el comercio internacional de electricidad (1) y que la solicitud de Eslovenia perjudicaría este objetivo, teniendo en cuenta su duración, alcance y cobertura geográfica.

3.7

Tampoco debe prevalecer aquí la afirmación, justificada, de que una competencia equitativa, en particular entre los fabricantes europeos de aluminio y acero y los productores de electricidad, es un elemento esencial del mercado interior.

3.8

Por otra parte, sí podría aducirse para aceptar la propuesta de la Comisión el argumento de garantizar una red eléctrica segura y fiable en Eslovenia y tener la posibilidad de realizar inversiones en el ámbito de la protección del medio ambiente durante el período transitorio.

3.9

Para el Comité, la aprobación de la propuesta es tanto más urgente cuanto que, en su Dictamen (2) de 17 de octubre de 2001 sobre el Reglamento (CE) no 1228/2003, había afirmado precisamente, refiriéndose a sus consecuencias para los entonces países candidatos, que «[los sectores de la electricidad y el gas natural de los países candidatos se caracterizan, en general, (...) por mantener unas infraestructuras y métodos de gestión poco competitivos. La consecuencia inmediata puede ser una fuerte reducción de empleo en las empresas de estos sectores, que genere unas tensiones sociales insoportables en los países candidatos especialmente, para los que no dispongan de un sistema de seguridad social similar al existente en los Estados miembros. Por ello, desde la Unión Europea se debe ofrecer a estos países las experiencias obtenidas en los procesos de liberalización que se están llevando a cabo en Europa y aportar financiación para ayudar a la modernización de las empresas. Es preciso por tanto adecuar la apertura de estos nuevos mercados a la reestructuración de sus sectores energéticos, de forma que las empresas de los países candidatos estén en condiciones de competir en términos de igualdad]».

4.1

Las razones invocadas en la propuesta de la Comisión para aplazar hasta el 1 de julio de 2007, para Eslovenia, la aplicación del apartado 1 del artículo 6 y de las disposiciones afines de las directrices contenidas en el Reglamento (CE) no 1228/2003, relativas a la gestión de los problemas de congestión, no justifican, en sí, la modificación del mencionado Reglamento si se tiene en cuenta únicamente el punto de vista de la competencia equitativa en el mercado interior.

4.2

En cambio, la modificación se justifica efectivamente si se adopta el enfoque del Comité, basado en las fechas de entrada en vigor del Reglamento y de firma de las negociaciones de adhesión. La concesión del breve período transitorio solicitado no provocará daños irreparables al conjunto de la Unión, sino todo lo contrario: así quedarán garantizadas la seguridad y fiabilidad del sistema esloveno, así como las inversiones relacionadas con el medio ambiente. Además, el Comité, que en su Dictamen sobre el Reglamento (CE) no 1228/2003 (3) había solicitado a la Unión que ayudara a los entonces países candidatos a mejorar su competitividad, considera que debe ser decisivo el argumento según el cual Eslovenia no pudo participar en las negociaciones ni en la aprobación del mencionado Reglamento.

4.3

Independientemente de que la exposición de motivos y el fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión deberían completarse o, en su caso, adaptarse en función de los argumentos arriba citados, el Comité recomienda que se apruebe la propuesta de modificación (aplazamiento de la aplicación del Reglamento (CE) no 1228/2003 hasta el 1 de julio de 2007).

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/41

—

desarrollo regional como regulador de la globalización a través de la creación de «clusters» a nivel regional como medio eficaz de atracción y establecimiento de las empresas;

—

responsabilidad social de las empresas y aplicación de buenas prácticas con un planteamiento preventivo y de anticipación en lo que se refiere a la gestión de las transformaciones;

—

negociación y diálogo social en las empresas para que la reestructuración sea abordada de manera socialmente responsable, a través de una actitud positiva por parte de la administración y de los trabajadores de las empresas que permita encontrar soluciones acertadas para las empresas, los trabajadores y la colectividad, logrando así un equilibrio entre lo social y lo económico;

—

cooperación entre los empresarios, interlocutores sociales, sociedad civil (universidades, centros de investigación e innovación, asociaciones, etc.) y autoridades locales, de manera que se creen las condiciones necesarias para el aumento de la productividad y se mejore el potencial de crecimiento de las regiones;

—

propuesta del concepto de «región más favorecida», para tener en cuenta la situación de las regiones que, a pesar de tener elevados niveles de cohesión social y empleo, pierdan repentinamente competencias debido a la deslocalización de empresas y a la inexistencia de actividades económicas alternativas que puedan sustentarlas en términos de empleo; estas regiones se beneficiarían de apoyos financieros, al objeto específico de regenerar el tejido económico.

1.1

A fin de establecer un marco interpretativo correcto para el presente Dictamen de iniciativa, se define como transformación industrial «el proceso de evolución normal y continuo por el que atraviesa un sector industrial que responde de manera proactiva a los movimientos de su entorno empresarial para mantener su nivel de competitividad y generar oportunidades de crecimiento» (2). Asimismo, se define como reestructuración «una forma particular de transformación industrial, y constituye normalmente un proceso específico de adaptación (a menudo impuesto) a las condiciones del entorno empresarial, con el fin de recuperar la competitividad, lo que provoca una discontinuidad en las actividades empresariales» (3). El concepto de «anticipación» es fundamental para una buena gestión de la transformación, porque puede ser la clave para evitar una reestructuración problemática. La anticipación es precisamente el proceso de estudio y previsión de las condiciones futuras de competencia y exigencia de los mercados que permite programar a su debido tiempo las adaptaciones minimizando los problemas sociales y de productividad de las empresas.

1.2

Podemos definir la globalización como la búsqueda de un escenario en el que las relaciones comerciales entre los países sean más frecuentes y fáciles, contribuyendo a ello la supresión de barreras comerciales entre los países, la reducción (supresión) de los aranceles a la importación, y el fortalecimiento de los grupos internacionales (como la Unión Europea y el Mercosur). En este proceso, el gobierno de cada país ofrece incentivos para la instalación de empresas extranjeras en su territorio y facilita la internacionalización de todas las actividades de su negocio. La globalización exige también el establecimiento y respeto de reglas comunes básicas y válidas a nivel global.

1.3

La política de cohesión económica, social y territorial tiene por objeto la reducción de las disparidades económicas y sociales existentes entre los Estados miembros y entre las regiones, y la aceleración de un desarrollo más sostenible, mediante la ayuda a las regiones más desfavorecidas para que se adapten a los desafíos de la economía basada en el conocimiento, y de este modo que todas las regiones contribuyan a concretar los objetivos de la estrategia de Lisboa.

Concretamente, está política debe materializarse en el ámbito de las infraestructuras, el medio ambiente, la iniciativa empresarial, la renta por habitante, el acceso al empleo y a la seguridad social, así como en el combate contra la exclusión social, el acceso a las nuevas tecnologías de la información, la educación y la formación durante toda la vida, una mejor administración y el reforzamiento de las capacidades de los agentes económicos y sociales.

1.4

Una buena definición de «cluster» es la que ofrece Michael Porter (profesor de la Harvard Business School) en su libro La competitividad de las naciones, a saber: un grupo geográficamente cercano de compañías interrelacionadas y de instituciones asociadas (universidades, instituciones públicas o asociaciones industriales) interesadas en un ámbito específico y vinculadas por la competencia y la cooperación.

2.1

No cabe duda de que toda la sociedad europea admite que las transformaciones industriales son inevitables y vienen motivadas por los efectos de la globalización, y, por consiguiente, por las transformaciones estructurales de la economía mundial, que a su vez están marcadas por la evolución rápida y profunda de los mercados y los comportamientos y por la creciente complejidad técnica y la elevada participación de los consumidores en el proceso de concepción y producción de bienes y productos y de prestación de servicios.

2.2

La globalización es la fuerza motriz de la productividad y de la competencia mundial en los mercados de trabajo. Las empresas multinacionales dirigen sus inversiones hacia los países que tienen bajos costes laborales, acceso directo a los mercados y capacidades tecnológicas.

2.3

El aumento de la competencia, el envejecimiento de la población y las exigencias y el nivel de los consumidores configuran un marco de referencia actual y venidero en el que se generan grandes tensiones y problemas.

2.4

La Unión Europea debe hacer frente a dichos problemas y tensiones con decisión, mediante medidas que anticipen la desindustrialización de Europa, es decir, que eviten que se produzcan simultáneamente los siguientes fenómenos:

Puede afirmarse que estos tres aspectos no se están produciendo aún al mismo tiempo, pero es evidente que la reducción del empleo y el desequilibrio comercial son ya reales.

2.5

Las respuestas de la UE a estos desafíos solo podrán tener éxito si se revisa la política industrial para hacerla más proactiva y para que proporcione una visión totalmente transparente y sistemática de los efectos específicos y acumulativos implícitos en toda decisión que afecte a las estructuras de costes y eficiencia de la industria europea, tanto en su dimensión horizontal como en los sectores industriales específicos, como por ejemplo el del acero y el textil, siempre teniendo en cuenta los efectos de la ampliación a 25 países.

3.1

La paradoja de nuestro tiempo son las persistentes desigualdades existentes en una época en que los progresos de la ciencia y la técnica deberían permitir saciar el hambre de todos. Al mismo tiempo, la nueva economía global, al apoyarse en una competencia no reglamentada, comporta serios riesgos de agravamiento de las citadas asimetrías.

En este contexto, el desarrollo regional es indispensable como movimiento regulador de la propia globalización. Es preciso realizar una aproximación a las personas, dondequiera que estén, que les facilite el acceso a los bienes, los servicios y las oportunidades.

3.2

El desarrollo tiene que llegar a las personas dondequiera que estén, y no se puede dar por sentado sin más que la movilidad que tienen algunas personas para procurar su propio desarrollo sea la regla, entre otras cosas porque las personas que más carecen de medios son también las que más carecen de capacidad de desplazamiento.

Las regiones deben definir sus ambiciones en lo relativo a las transformaciones y reestructuraciones industriales, definir las inversiones que deben realizarse y la cooperación entre los sectores público y privado, y muy particularmente en las infraestructuras relacionadas con la educación y la formación profesional.

3.3

El CESE considera que la creación de clusters regionales sería el medio más eficaz de atracción y asentamiento de empresas, y que es un importante factor de competitividad regional, a la vez que un proceso que impulsa la cohesión económica social y territorial, y una forma de prevenir los efectos económicos, sociales y territoriales negativos que las transformaciones y las reestructuraciones industriales pueden acarrear.

Entre los factores que pueden transformar los clusters en un sistema que facilite la fijación de las empresas y mantener las competencias territoriales pueden citarse los siguientes:

3.4

Debido al hecho de que, en el actual ambiente económico, las empresas compiten globalmente, se localizan o deslocalizan hacia los clusters relacionados con su negocio que les ofrecen ventajas comparativas basadas en factores genéricos como el nivel y la calificación de la población trabajadora, la calidad de la gobernanza, la infraestructura territorial y el nivel local o regional de innovación y desarrollo y, en general, la calidad de vida en el territorio considerado (la cual puede requerir, por ejemplo, una intervención pública para sanear zonas industriales abandonadas). A escala regional, los clusters pueden ser factores relevantes de incremento de la cohesión económica, social y territorial, y motivo de localización de empresas en regiones en desarrollo donde se apliquen y financien programas —tanto nacionales como de la UE— de apoyo a la instalación de empresas de base tecnológica, de desarrollo e innovación, de formación profesional y de promoción de asociaciones entre empresas, universidades, entes locales, interlocutores sociales y sociedad civil.

3.5

Las regiones metropolitanas, en su condición de centros de cultura y de diversas actividades donde los agentes públicos y los privados trabajan conjuntamente para hallar soluciones de cambio y modernidad, tienen un papel decisivo en la construcción y éxito de los clusters, dado que dichas áreas «se ven afectadas en primer término por el cambio tecnológico que afecta a los transportes, la construcción y las obras públicas, las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión de las infraestructuras, etc. Esta transformación tecnológica también es el origen de las reestructuraciones industriales y deslocalizaciones de las actividades de mano de obra y de los servicios de alto valor añadido. Los fenómenos de especialización económica tienen también un componente territorial: los racimos (“clusters”) de empresas que trabajan en red con centros de investigación e innovación y las universidades» (5).

El gran desafío de las regiones metropolitanas europeas está también relacionado con los problemas de cohesión social, como la exclusión y la pobreza, cuya solución pasa evidentemente por el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las grandes regiones metropolitanas europeas, e incluyen su vinculación con las zonas vecinas. No obstante, la búsqueda de soluciones adecuadas resulta difícil debido a la falta de datos estadísticos coherentes.

(1) y (2):

En estos dos escenarios se trata de una estrategia horizontal de inversión. En el primer caso, las multinacionales tienen por objetivo principal ganar nuevos mercados y ampliar su red de servicios, como por ejemplo los servicios bancarios o las redes de transportes y de energía. En el segundo caso, las multinacionales procuran ampliar sus capacidades de producción de servicios o productos fácilmente reexportables.

(3):

En este caso se trata de una estrategia vertical de deslocalización, que tiene una mayor repercusión en el empleo.

Las empresas cuyas actividades son fundamentalmente de mano de obra intensiva (por ejemplo, la industria textil y la electrónica del automóvil) están expuestas a este tipo de escenario.

4.4.1

En los casos de reestructuración industrial o de deslocalización de empresas es preciso evaluar los activos en materia de infraestructuras, equipamientos y recursos humanos, y se ha de incentivar el establecimiento de nuevas empresas. En determinados casos, el saneamiento del suelo y del subsuelo cuando se abandona una región es indispensable para su reactivación.

La responsabilidad territorial de los inversores que han recibido financiación pública debe reforzarse y vigilarse.

Los acuerdos de cooperación entre todos los agentes son necesarios para regenerar regiones afectadas por las transformaciones industriales.

4.7.1

A partir del decenio de los setenta, el crecimiento económico se caracterizó por la predominancia del sector de servicios sobre el sector de la industria manufacturera. Sin embargo, la interdependencia e interacción de ambos sectores son fundamentales para el aumento de la productividad y la innovación, así como para la mejora de la calidad de los productos y de los servicios.

En cuanto a las reestructuraciones y transformaciones industriales, dicha interacción es fundamental por cuanto las empresas suministradoras de servicios (por ejemplo de I+D) destinados a las empresas industriales siguen, por regla general, a éstas cuando se trasladan.

5.1

En el Dictamen del CESE sobre «Transformaciones industriales en Europa: balance y perspectivas – Enfoque global» (6) se afirma que Europa necesita vivir un nuevo paradigma que se concentre en la «transformación industrial de rostro humano» y esté basado en la competitividad, el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial. Esta perspectiva tiene como telón de fondo los objetivos establecidos en la estrategia de Lisboa, y en esta línea la UE hace un llamamiento especial al sentido de responsabilidad social de las empresas, para que tengan en cuenta las necesidades y las mejores prácticas en la formación profesional a lo largo de toda la vida, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el desarrollo sostenible.

5.2

Se sabe que, basándose en un comportamiento ético, la responsabilidad social de las empresas puede ejercerse en dos aspectos fundamentales:

En general se pide a las empresas que fomenten la participación de los interlocutores sociales, las autoridades locales, los consumidores y los proveedores, cada uno de ellos en su respectivo nivel de competencia.

5.3

Este ejercicio de responsabilidad social por parte de la empresa (en el sentido arriba referido) puede ser una herramienta que contribuya a la cohesión económica y social y territorial si, de una manera proactiva, se aplica un enfoque preventivo de la gestión de la transformación o reestructuración beneficioso para todos los participantes.

6.1

El Fondo Social Europeo fomenta y apoya las experiencias de buenas prácticas en materia de gestión de las transformaciones industriales. El Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, con sede en Dublín, se hace eco regularmente de las experiencias en la valorización de la responsabilidad social y territorial de las empresas. Asimismo, la primera parte de la consulta iniciada por la Comisión Europea «Anticipating and managing change – a dynamic approach to the social aspects of corporate restructuring» («Prever y gestionar el cambio: Un enfoque dinámico de los aspectos sociales de las reestructuraciones de empresas») también ha permitido determinar una serie de buenas prácticas en este ámbito.

En general, dichas experiencias de buenas prácticas ponen de relieve:

6.2

Es fundamental la negociación y el diálogo social para que la reestructuración se realice de forma socialmente responsable, por lo que es importante que tanto por parte de las empresas como de los sindicatos exista una actitud positiva para hallar fórmulas de reestructuración que resulten beneficiosas para las empresas, los trabajadores y las colectividades. La Comisión ha dado impulso a estas buenas prácticas mediante algunas Directivas (98/59/CE, 2001/23/CE, 94/45/CE y 2002/12/CE) que establecen determinadas orientaciones y obligaciones. Cabe destacar a nivel europeo la iniciativa tomada en 2002 que preconiza una «reestructuración socialmente inteligente» que condujo a algunas de las directrices emitidas en junio de 2003. Todas las alternativas a los despidos deben tenerse en cuenta.

6.3

Existen muchos ejemplos positivos de buenas prácticas en este ámbito, de empresas europeas que han recurrido a prácticas socialmente responsables para resolver sus estrategias de transformación y reestructuración industrial, como es el caso —por citar sólo uno— del grupo siderúrgico Arcelor, resultado de la fusión entre Arbed, Aceralia y Usinor, que decidió —en un contexto de sobrecapacidades estructurales de producción de acero plano y buscando mejorar las sinergias— cerrar progresivamente los altos hornos de Lieja y reducir la producción de Bremen y Eisenhüttenstadt. Ante la pérdida de puestos de trabajo que supondrán estas medidas, Arcelor se comprometió a no abandonar a nadie con un problema de empleo, a recuperar los centros afectados y, con la ayuda de todos los interesados, a contribuir a la reindustrialización de los tejidos económicos locales.

A la inversa, un ejemplo negativo de no adopción de buenas prácticas es el de la reestructuración de la industria automovilística en el sur de Italia, que pretendía transferir parte de su actividad de subcontratación a un país extranjero sin prever ni organizar medidas suficientes de acompañamiento y solución de los problemas sociales así generados.

6.4

Las transformaciones industriales necesarias para que las empresas sigan siendo competitivas deben ser apoyadas por las autoridades y financiadas en el ámbito de la educación y la formación de su fuerza de trabajo; en este contexto, debe promoverse la utilización de las nuevas tecnologías, con vistas a reforzar la responsabilidad social de las empresas y los intereses sociales en la creación de más y mejores empleos y la sostenibilidad medioambiental de las regiones en las que las empresas están localizadas.

7.1

El objetivo del desarrollo sostenible es fundamental para la UE. Los grandes proyectos transeuropeos, como las redes de comunicación viaria y otras infraestructuras en proyecto a escala europea, no son suficientes para la promoción del desarrollo sostenible y la apertura al desarrollo en general de la regiones más desfavorecidas. Las disparidades en materia de producción, productividad y acceso al empleo que persisten entre países y regiones provienen de diferencias estructurales en factores clave de la competitividad, a saber, estructuras inadecuadas en lo que se refiere al capital humano y físico, problemas medioambientales y carencias en materia de capacidad de innovación y gobernación regional.

7.2

Las oportunidades que ofrecen las transformaciones industriales, teniendo en cuenta los efectos inducidos que producen en el tejido económico, social, científico y en la participación de la sociedad civil y las autoridades locales, mediante la utilización combinada de los instrumentos y las políticas de cohesión social y de las políticas estructurales comunitarias, pueden ayudar significativamente y contribuir al proceso de desarrollo sostenible y equilibrado. En efecto, las transformaciones exigen un esfuerzo de adaptación, investigación e innovación y otras actitudes tanto por parte de los empresarios como de los interlocutores sociales y la sociedad civil, actuando conjuntamente, con el objetivo de ayudar a las regiones a preservar y mejorar sus estructuras económicas y sociales de manera equilibrada.

8.1

La Comisión propone una nueva arquitectura para la política de cohesión económica, social y territorial de la UE, organizada en torno a tres prioridades:

9.1

El CESE se congratula de que la Comisión, en su Tercer informe sobre la cohesión económica y social, presentado el 18 de febrero, haya abordado el asunto de las transformaciones industriales y económicas en general de una forma explícita y objetiva.

9.2

En particular, da su aprobación a los principios en que se basan las estrategias del Tercer informe sobre la cohesión, así como a la vinculación entre la estrategia de Lisboa y la futura política regional, en lo relativo a los programas orientados al conocimiento y los programas nacionales y regionales, con el fin de impulsar el desarrollo económico de las regiones menos favorecidas. No obstante, considera estas medidas insuficientes y formula las siguientes críticas:

10.1

El CESE considera que las propuestas de reforma de la política de cohesión presentadas por la Comisión son insuficientes y que no se aprovecha totalmente esta oportunidad de gestión de unos cambios que no sólo son inevitables sino también esenciales, como expresión del dinamismo económico y como palanca para el desarrollo sostenible. Todo ello se debe a la falta de optimación y de combinación con las oportunidades que ofrece la estrategia de Lisboa y su positivo enfoque de las transformaciones, la competitividad y la cohesión, con la agenda política y social, que define la anticipación y la gestión del cambio como un desafío clave, y con la estrategia europea del empleo en lo que se refiere al pilar de la adaptabilidad.

10.2

El CESE considera que es necesario alcanzar un equilibrio entre lo económico y lo social, y adoptar una gestión de las transformaciones industriales con un doble objetivo, que debe ser la garantía y la promoción de objetivos sociales globales (formación, empleo, oportunidades y protección social), y asegurar la supervivencia de las empresas, mediante políticas específicas de apoyo que garanticen la reestructuración y la consolidación como condición de su supervivencia y mayor competitividad a través de acciones integradas complementarias que impliquen a los principales agentes, es decir, el Estado (a sus distintos niveles: central, regional y local) y las empresas.

10.3

El CESE considera que es imprescindible para el éxito de la política de cohesión económica, social y territorial alcanzar una mayor y mejor coordinación en la aplicación de las políticas de desarrollo existentes en la UE, teniendo en cuenta las Directivas vigentes que regulan la participación de los trabajadores en las empresas, el diálogo social transversal en los sectores industriales, la consulta regular a la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCTI) del propio Comité, el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC), la aplicación de los fondos estructurales, la política de competencia y el fomento de la aplicación de la responsabilidad social de las empresas. A tal fin, es fundamental el compromiso y el esfuerzo de todas las partes interesadas.

10.4

El CESE considera que es necesario establecer en el ámbito de las situaciones de reestructuración un conjunto de principios que constituya la base y el soporte de las buenas prácticas y que implique la necesidad de impulsar la competitividad de las empresas y las exigencias de cohesión económica, social y territorial.

10.5

El CESE considera que el continuo deterioro de la competitividad de Europa en relación con Estados Unidos es resultado de la falta de exigencia en el cumplimiento de los plazos por parte de los Estados miembros en la ejecución de las estrategias e instrumentos básicos de la Unión Europea como, por ejemplo, la estrategia de Lisboa, las reformas estructurales y el desarrollo sostenible.

Si se mantiene esta tendencia, la UE corre el peligro de pasar de ser la segunda potencia mundial a ser la tercera (en beneficio de Japón, China o India), y es preciso evitar que esto suceda. Por esta razón, el CESE considera necesario que se logre un mayor grado de exigencia y un papel más activo de la Comisión en la coordinación y supervisión de la puesta en práctica efectiva de las estrategias citadas. Una de las principales medidas de coordinación sería el nombramiento de un Comisario responsable del acompañamiento de las transformaciones y deslocalizaciones industriales, lo cual permitiría una mejor articulación entre la política industrial y la protección del medio ambiente.

a)

Revisar la visión estratégica de la cohesión en el contexto de los actuales desafíos de la UE, mediante una definición renovada y reforzada del concepto de cohesión, en el que sus contornos no se agoten en el economicismo de los fondos estructurales y de cohesión, y sean considerados a la luz de su triple contenido:

b)

Modificar como criterio absoluto el PIB por habitante a la hora de determinar la elegibilidad, dado que este criterio es fuente de injusticias relativas en la aplicación de las políticas estructurales. Como se sabe, la riqueza relativa no se refleja únicamente en la frialdad de una cifra como el PIB por habitante. Los niveles de cualificación de los recursos humanos, los déficit de infraestructuras, la distancia del centro motor de la economía europea y la estructura demográfica deben ser factores relevantes para la elegibilidad de las regiones comunitarias.

c)

Crear una nueva matriz de criterios de evaluación de las regiones, a fin de elaborar un mapa renovado de la cohesión europea.

d)

En cuanto a la cohesión territorial, la gestión del territorio comunitario debe ser diseñada nuevamente de tal forma que permita un desarrollo policéntrico, armonioso, equilibrado y sostenible. Esta planificación espacial debe tener en cuenta la cohesión interregional en sus dimensiones física y económica, integrando a las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas en el sentido de la construcción de un modelo de desarrollo territorial europeo que conduzca a nuevas estrategias económicas (inversión, I & D) y sociales (empleo).

e)

Aplicar una lógica aceleradora en la formulación de las políticas estructurales relativas a la cohesión económica, social y territorial, como forma de anticipación de las transformaciones económicas en general y en particular de las reestructuraciones industriales. El actual techo de recursos financieros de la UE (1,24 % del PIB) —que podría reducirse en las perspectivas financieras para 2007-2013— es insuficiente para las necesidades existentes e impone a las medidas una lógica reductora, lo que impide que se alcancen más rápidamente los objetivos de cohesión.

f)

Centrarse en los recursos humanos, concentrando medios en una educación orientada a la profesionalización y en la formación profesional propiamente dicha, aunque con un enfoque flexible que pueda adaptarse a los diferentes matices de los problemas a que hacen frente en este ámbito los Estados y las regiones.

g)

Apoyar específicamente a las regiones que se hallen ante reestructuraciones drásticas de su estructura productiva industrial, mediante la identificación de los sectores y las regiones que corren un riesgo elevado de pérdida de competitividad, y presentar propuestas específicas de apoyo que tengan en cuenta cada sector en su especificidad. Debe tenerse asimismo un cuidado especial en lo que se refiere al impacto de la reestructuración industrial en los nuevos Estados miembros.

h)

En el contexto de lo indicado en el párrafo anterior es necesario establecer el «principio de región más favorecida», a la que sería posible conceder apoyos financieros específicos al objeto de promover la reconversión de la región. En este contexto, el diálogo social desempeña un papel fundamental, al igual que el diálogo civil con la participación de todas las fuerzas vivas presentes en la misma (empresas, universidades, autoridades locales, asociaciones, sindicatos, etc.). Se lograría así revitalizar su tejido económico mediante la creación de nuevas alternativas de actividad económica.

i)

Conviene apoyar el desarrollo de clusters regionales, impulsando la expansión de los sectores relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y de industrias creativas y de fuerte base tecnológica, que desarrollen las potencialidades y competencias de las regiones y fomenten su capacidad para atraer y fijar empresas.

Así se contribuiría a que las transformaciones y reestructuraciones industriales se realicen con un refuerzo de la competitividad de las regiones y del aumento de la cohesión económica, social y territorial y del empleo. Es importante que se lleven a cabo estudios regionales para programar conjuntamente con los gobiernos nacionales y regionales la manera de optimizar el potencial de una región en la construcción del cluster.

j)

Debe tenerse en cuenta la experiencia positiva del pasado con los programas sectoriales –como por ejemplo Rechar, Resider y Retext– para la elaboración de políticas de modernización industrial de las regiones, al objeto de poder aprovechar al máximo su potencial de crecimiento.

k)

La Comisión debería seguir modernizando y activando la política industrial en una perspectiva de adecuación de las normas al nuevo marco mundial. En este sentido, el CESE celebra la reciente propuesta de revisión de la política industrial, presentada el 20 de abril de 2004 (7). Conviene especialmente velar por la coordinación entre la política industrial y otras políticas comunitarias, en particular la medioambiental.

l)

Europa está obligada a cumplir y hacer cumplir rigurosamente las normas de la OIT por cuanto, si no se toman medidas para acabar con el «dumping social» y el «dumping fiscal» en otras regiones que no siguen en un mismo plano de igualdad las reglas de juego del mercado, podemos entrar en una crisis económica debido a falta de competitividad de las empresas europeas.

m)

Europa debe entrar en el juego mundial basándose en su elevada competencia técnica, tecnológica y humana, pero para ello necesita revisar su política de apoyos a la investigación y principalmente al capital humano. Sabemos que de los casi 14 000 investigadores europeos que estudian en Estados Unidos sólo 3 000 tienen la intención de regresar a Europa. Es ésta una situación gravísima que exige tomar medidas adecuadas inmediatamente. Un buen paso en esta dirección es la iniciativa «Regions for knowledge» (knowREG), en el marco de la cual se decidió el 27 de abril de 2004 la creación de catorce proyectos piloto para fomentar la economía del conocimiento a nivel local y regional.

n)

El CESE señala la necesidad de que el Consejo Europeo establezca una vinculación clara entre los objetivos de competitividad y conocimiento y la futura política regional.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/49

1.1

La «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003 tras la ratificación de los primeros veinte Estados. En la actualidad son 25 los Estados que la han ratificado (1). Es por lo tanto un tratado internacional en vigor de cumplimiento obligatorio para los Estados que lo ratifiquen.

1.2

La Convención tiene como objetivo proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas que emigran por motivos económicos o laborales en todo el mundo, a través de legislaciones adecuadas y de buenas prácticas nacionales. La promoción de la democracia y los derechos humanos deben ser la base común para una adecuada legislación internacional para las políticas migratorias. La Convención garantiza también el equilibrio de las diferentes situaciones, tanto en los países emisores, como en los receptores de inmigración.

1.3

Es uno de los siete tratados internacionales de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y reconoce la protección internacional de ciertos derechos humanos fundamentales definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a todos los trabajadores migratorios y a los miembros de sus familias. La Convención codifica de manera integral y universal los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, sobre la base del principio de la igualdad de trato. Define los derechos que se han de aplicar a los inmigrantes en situación regular e irregular, fija estándares mínimos de protección con respecto a los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y de trabajo y reconoce que los trabajadores migratorios deben gozar de determinados derechos fundamentales que han de protegerse a través de normas internacionales.

1.4

Desarrollando convenios anteriores de la OIT (2), esta Convención amplía el marco jurídico para todas las migraciones internacionales; promueve un trato justo para los inmigrantes y pretende impedir la explotación de los inmigrantes irregulares. Contempla todo el proceso migratorio: formación, selección, salida y tránsito, la residencia en los Estados de empleo y el retorno y el restablecimiento en el país de origen.

1.5

La gestión de los flujos migratorios es responsabilidad de los Estados. El CESE, de conformidad con el Secretario General de las Naciones Unidas, desea que mejore la cooperación bilateral, regional e internacional entre los países emisores y receptores de migrantes. La Convención no promueve ni gestiona los movimientos migratorios, tan solo pretende garantizar el reconocimiento universal de los derechos humanos fundamentales y reforzar su protección internacional.

1.6

La Convención contempla de manera diferente la situación administrativa de las personas migrantes: a todas las personas se les garantiza la protección de los derechos humanos fundamentales; y a los inmigrantes legales se les aplican derechos más desarrollados.

1.7

A través de la Convención, la comunidad internacional y las Naciones Unidas afirman su voluntad de mejorar la cooperación entre las naciones para prevenir y eliminar el tráfico y el trabajo clandestino de los inmigrantes en situación irregular, y extender la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas inmigradas en todo el mundo (3).

2.1

La Convención pretende garantizar la igualdad de trato y las mismas condiciones legales para los trabajadores inmigrantes y los trabajadores nacionales, lo que implica:

2.2

La Convención también reconoce a los inmigrantes el derecho a mantener la conexión con su país de origen, lo que implica:

2.3

La Convención se basa en la noción fundamental de que todos los inmigrantes deben tener acceso a un grado mínimo de protección. La Convención contempla las dos situaciones (regular o irregular) en que se encuentran los trabajadores inmigrantes; establece un catálogo de derechos más amplios para quienes se encuentran en situación legal, y reconoce también algunos derechos fundamentales para los irregulares.

2.4

La Convención propone que se emprendan acciones para erradicar la inmigración ilegal, fundamentalmente a través de la lucha contra la información engañosa que pueda incitar a la gente a emigrar irregularmente, y a través de sanciones a los traficantes y a los empleadores de inmigrantes indocumentados.

2.5

Se constituye un Comité de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, compuesto de diez expertos encargados de velar por la aplicación de la Convención y nombrados por los Estados que la hayan ratificado.

3.1

Las migraciones internacionales son consecuencia de las grandes desigualdades económicas y sociales que existen entre los países ricos del norte y los países en vías de desarrollo, desigualdades que se están acrecentando en un sistema económico cada vez más globalizado. Sin embargo, los países que han ratificado la Convención son en su mayoría países de origen de los inmigrantes. Los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Japón y los demás países occidentales que son receptores de gran número de inmigrantes (4) no han ratificado ni firmado (5) la Convención hasta la fecha.

3.2

La Unión Europea, que pretende establecer normas internacionales en diversos ámbitos (en la OMC para el comercio internacional, a través de Kyoto respecto al medio ambiente, etc.), también debe promover que los derechos fundamentales de los inmigrantes estén garantizados a través de normas internacionales.

4.1

La Unión Europea es un espacio donde se garantizan y protegen los derechos humanos y donde se aplican la mayor parte de los instrumentos jurídicos internacionales de las Naciones Unidas. También dispone de instrumentos propios, tales como la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de los Derechos Fundamentales.

4.2

También la Unión Europea ha desarrollado diversos instrumentos jurídicos de lucha contra la discriminación (6). Sin embargo, diversos expertos, así como el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia (7), han informado de las discriminaciones que sufren los inmigrantes en sus condiciones de trabajo.

4.3

Desde el Consejo Europeo de Tampere la Unión está elaborando una legislación común de asilo e inmigración. Tampere definió una buena base política para que la Unión Europea armonice su legislación para la inmigración y el asilo, así como para mejorar la cooperación con terceros países en la gestión de los flujos migratorios. En Tampere también se acordó que las personas deben recibir un trato justo y que son necesarias las políticas de integración y de lucha contra la discriminación.

4.4

La Comisión ha elaborado numerosas iniciativas legislativas que, sin embargo, se debaten en el Consejo con gran dificultad (8). Cuatro años después de Tampere, el resultado es escaso. La legislación adoptada es decepcionante, muy alejada de los objetivos de Tampere, de las propuestas de la Comisión, de la opinión del Parlamento y de la opinión del CESE. En el Consejo es muy difícil alcanzar acuerdos debido a los bloqueos que permite el sistema actual y a causa de la actitud de algunos gobernantes.

4.5

A través de diversos dictámenes, el Comité Económico y Social Europeo ha solicitado al Consejo que actúe con mayor responsabilidad y con un espíritu más constructivo y de mayor cooperación. Cada vez es más necesario que la Unión Europea disponga de una adecuada legislación común para gestionar la inmigración de manera legal y transparente.

4.6

El CESE ha elaborado diversos Dictámenes (9) en los que se propone que la Unión Europea disponga de una adecuada política para que la inmigración económica se canalice a través de las vías legales, se evite la inmigración irregular y se luche contra el tráfico ilegal de personas.

4.7

Resulta urgente la aprobación de la Directiva sobre las condiciones de entrada y residencia y acceso al empleo de los inmigrantes, sobre la base de la propuesta de la Comisión (10) y considerando la opinión del CESE (11).

4.8

El Consejo Europeo en Salónica consideró positiva la Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo (12), en la que se señala que en los próximos años se va a incrementar notablemente la inmigración laboral en la Unión Europea y por ello será necesario disponer de una legislación adecuada para gestionar la inmigración de manera legal. La Comisión también afirma que serán necesarias políticas de integración hacia la población inmigrada, así como de lucha contra toda forma de explotación y de discriminación.

4.9

Algunas legislaciones nacionales sobre inmigración no son plenamente respetuosas con los Convenios internacionales de derechos humanos, e incluso algunas de las directivas europeas (la de reagrupación familiar, por ejemplo) han sido consideradas por diversas ONG y por el Parlamento Europeo contrarias a los derechos humanos fundamentales. El CESE considera que los convenios internacionales de derechos humanos y la Carta de los derechos fundamentales de la UE debe ser la base para toda la estructura legislativa europea en materia de inmigración

5.1

Estados Unidos ha implantado en los últimos tiempos una lógica unilateral en la gobernanza de los asuntos internacionales. Todo el sistema de Naciones Unidas está sufriendo problemas graves derivados de esta situación, poniendo en peligro el único sistema existente para la solución multilateral y cooperativa de los conflictos internacionales.

5.2

La Unión Europea, con grandes dificultades, está construyendo una política exterior común en la que las Naciones Unidas ha de desempeñar un papel fundamental. El futuro Tratado Constitucional consolidará ese mandato en política exterior entre las tareas comunitarias.

5.3

El multilateralismo es la base de las relaciones exteriores de la Unión Europea, así como el compromiso activo con el sistema de las Naciones Unidas. En un reciente documento (13), la Comisión Europea afirma: «El desafío con el que se encuentran las Naciones Unidas en la actualidad es claro: la gobernanza mundial seguirá siendo insuficiente si las instituciones multilaterales no pueden garantizar la aplicación efectiva de sus decisiones y de sus normas, ya sea en la esfera de la alta política, es decir la paz y la seguridad internacionales, o en la aplicación práctica de los compromisos contraídos en recientes conferencias de Naciones Unidas en los ámbitos social, económico o medioambiental. La Unión Europea tiene una especial responsabilidad al respecto. Por una parte, ha hecho del multilalateralismo un principio constante en sus relaciones exteriores. Por otra parte, podría y debería servir de modelo en el cumplimiento, yendo más allá del mero cumplimiento, de sus compromisos internacionales».

5.4

La globalización está generando nuevas oportunidades y nuevos problemas en la gobernanza del mundo (14). Las migraciones en la actualidad suponen grandes problemas para las personas que emigran y para los países de origen y de acogida. El reto con el que nos encontramos es el de transformar los problemas en oportunidades para todos, para las personas que emigran, para los países de origen y para los de acogida. El multilateralismo y la cooperación internacional es la hoja de ruta para una buena gobernanza global, para disponer de un sistema de normas e instituciones establecidos por la comunidad internacional y que sean universalmente reconocidas.

5.5

Como dijo el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Parlamento Europeo el 29 de enero de 2004, la cooperación internacional es la mejor manera de gestionar las migraciones internacionales, que van a aumentar en los próximos años. «Solo por medio de la cooperación –bilateral, regional y mundial– podremos forjar unas alianzas entre los países receptores y emisores que redunden en interés de todos; hacer de la inmigración un motor de desarrollo; luchar con eficacia contra los traficantes de personas; y acordar normas comunes para el trato de los inmigrantes y la gestión de la inmigración».

5.6

Europa es un espacio de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos de todas las personas. Para reforzar en el futuro esos valores, los convenios internacionales que protegen los derechos humanos fundamentales deben ser ratificados por todos los Estados de la Unión, y sus preceptos jurídicos incorporados a la legislación comunitaria y nacional.

5.7

El artículo 7 del proyecto de Constitución para Europa propone la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que el CESE respalda. El CESE respalda asimismo la incorporación a la Constitución de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que supondrá una base común para los derechos de todas las personas en el ámbito de la Unión Europea.

5.8

Estos valores se deben incorporar también a las relaciones internacionales de la Unión. Europa debe promover que, sobre la base de los convenios internacionales patrocinados por las Naciones Unidas, se construya un cuerpo jurídico común de protección internacional de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de origen nacional y sea cual fuera su lugar de residencia.

6.1

El Comité Económico y Social Europeo, en consonancia con los dictámenes que ha elaborado en relación con la política europea de inmigración y de conformidad con la opinión del Parlamento Europeo, propone que los Estados miembros de la Unión Europea ratifiquen la Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución no 45/158 de 18 de diciembre de 1990) y que se encuentra en vigor desde el 1 de julio de 2003.

6.2

El CESE propone al Presidente de la Comisión y a la Presidencia en ejercicio del Consejo que adopten las iniciativas políticas adecuadas para que en los próximos 24 meses los Estados miembros procedan a la ratificación de la Convención y que la UE ratifique también la Convención cuando el tratado constitucional le autorice la firma de acuerdos internacionales. Con el fin de facilitar la ratificación, la Comisión realizará un estudio en el que se analicen las legislaciones nacionales y comunitarias en relación con la Convención. Además, los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil se asociarán con el CESE y la Comisión en la promoción de la ratificación.

7.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 302/53

1.1

En noviembre de 2003, la Comisión organizó en Salzburgo una conferencia sobre el futuro de la política comunitaria de desarrollo rural en la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea. Al igual que la Conferencia de Cork en favor de «un medio rural vivo» (1), esta conferencia ha permitido:

Por ello, el Comité propone que la reflexión sobre las adaptaciones de la política de desarrollo de las zonas rurales para este período 2007-2013 se apoye en las conclusiones de la conferencia.

1.2

El Comité, que observa que la ampliación de la Unión Europea hará aumentar la diversidad de los territorios rurales y especialmente la preeminencia de la cuestión social y de empleo en los nuevos Estados miembros, considera esencial delimitar la coherencia y la estructuración de la política regional y el segundo pilar de la PAC.

1.3

La Comisión ha publicado dos documentos en los que se presentan las perspectivas financieras para el futuro período de programación (2) y el Tercer informe sobre la Cohesión (3). De estos documentos se desprende que la política regional integra plenamente la estrategia de Lisboa en favor de una economía del conocimiento competitiva y la futura política de desarrollo rural figura en el apartado titulado «Gestión sostenible y protección de los recursos naturales», que hace referencia a la estrategia de desarrollo sostenible. Este apartado comprende asimismo el primer pilar de la PAC y los programas comunitarios de protección del medio ambiente.

1.4

Las conclusiones de la cumbre europea de Gotemburgo, celebrada los días 15 y 16 de junio de 2001 (4), permitieron la adopción de una estrategia europea para el desarrollo sostenible, en la cual se precisa que uno de los objetivos de la política agrícola común «debería ser la contribución al logro de un desarrollo sostenible haciendo mayor hincapié en el fomento de productos inocuos y de alta calidad, en métodos de producción respetuosos con el medio ambiente» (5).

1.5

Las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de Luxemburgo, celebrado en junio de 2003, confirman el refuerzo del segundo pilar de la PAC con vistas a «promover el medio ambiente, la calidad y el bienestar de los animales, y para ayudar a los agricultores a que cumplan las normas de producción de la UE que se pondrán en marcha en 2005» (6). Por ello, el presente Dictamen de iniciativa deberá analizar los tres ejes de acción propuestos en Salzburgo —una agricultura competitiva, la protección del medio ambiente y la contribución a la cohesión económica y social en las zonas rurales— y profundizar en la reflexión sobre ellos.

1.6

Los interesados en el desarrollo rural también subrayaron en la declaración final de Salzburgo que era necesario y al mismo tiempo urgente simplificar notablemente la política comunitaria de desarrollo rural. Esta simplificación debe otorgar más responsabilidades a las asociaciones de colaboración de los programas para la formulación y aplicación de las estrategias generales.

1.7

Así pues, el Comité se propone examinar, en el marco del presente Dictamen de iniciativa, la coherencia entre la futura política regional y la futura política de desarrollo rural, a fin de limitar las «zonas grises», profundizar en la propuesta de los tres ejes futuros que constituirán la política de desarrollo rural y definir los elementos de la simplificación administrativa.

2.1

La adopción del Acta Única, en 1986, aceleró el proceso de integración de las economías de los Estados miembros. Los distintos grados de desarrollo de las regiones de la Unión Europea y la competencia entre ellas significaron, no obstante, el comienzo de una auténtica política de cohesión destinada a aportar una contrapartida a las restricciones que el mercado único imponía a los países del sur de Europa y las regiones menos favorecidas. Posteriormente, el Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993, institucionalizó la política de cohesión económica y social.

2.2

Paralelamente, el desarrollo de las relaciones comerciales de la Unión y la apertura progresiva del mercado interior han intensificado la competencia entre las regiones europeas, cuando por otro lado todas no disponen de las mismas bazas. Durante los años noventa, por tanto, la política estructural intentaba responder a los retos siguientes:

2.3

En línea con los elementos de la política estructural existente, la reforma decidida en 1999 (Agenda 2000) tenía por objeto:

2.4

La declaración de los Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea responsables de la ordenación territorial (Potsdam, 10 y 11 de mayo de 1999 (7)) y las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo (junio de 2001) sobre la definición de una estrategia europea para el desarrollo sostenible subrayan la necesidad de la cohesión territorial para un desarrollo equilibrado y sostenible en los territorios de la Unión Europea. Como última fase de esta evolución, la Convención ha propuesto, en el artículo 3 del proyecto de Constitución para Europa, incluir la cohesión territorial en los objetivos de la Unión (8).

2.5

Por otra parte, el Reglamento (CE) no 1260/1999 (9), por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, reconoce que el desarrollo del potencial endógeno de las zonas rurales sigue siendo un objetivo prioritario de desarrollo y de ajuste estructural de las regiones con retraso en su desarrollo.

2.6

A la vista de la evolución de los principios que guían la política estructural —el apoyo al crecimiento y al desarrollo sostenible— el Comité pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de la cohesión territorial, recuerden que el desarrollo de las zonas rurales sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de la política regional. Por lo tanto, los problemas de creación de empleo, de formación permanente y de acceso a las nuevas tecnologías de la información en el medio rural deben encontrar una respuesta plenamente satisfactoria en esta política.

3.1

En los últimos cincuenta años se han producido cambios sustanciales en la agricultura. Con el paso del tiempo han ido conformando la evolución de la política comunitaria destinada a las estructuras agrícolas. De 1962 a 1972 la intervención comunitaria se limitaba a la coordinación de las medidas de gestión de los mercados, que aún estaban creándose. Entre 1972 y 1985 surgieron dos grandes categorías de acciones complementarias: por una parte, las acciones horizontales, aplicables en todos los Estados miembros (formación profesional, jubilación anticipada, etc.), y, por otra, las acciones regionales encaminadas a reducir los obstáculos naturales y estructurales y a promover la agricultura en su conjunto.

3.2

De 1985 a 1999, la búsqueda de un equilibrio entre la necesaria mejora de la competitividad de la agricultura europea y el ajuste del potencial de producción a las necesidades del mercado, la protección del medio ambiente y el desarrollo de las regiones menos favorecidas hicieron que la política para las estructuras agrarias se convirtiera en el capítulo agrícola de la nueva estrategia de la política regional. De este modo, la política de las estructuras pone en marcha, además de acciones horizontales, acciones de conservación del espacio rural, de protección del medio ambiente y de desarrollo de las infraestructuras rurales, turísticas y de las actividades agrícolas.

3.3

Tomando como base la Conferencia de Cork, la Agenda 2000 permitió establecer una política integrada de desarrollo rural mediante dos instrumentos jurídicos (FEOGA-Garantía y FEOGA-Orientación). Su objetivo es mejorar la coherencia entre la política de desarrollo rural (segundo pilar de la PAC) y la política de mercados (primer pilar de la PAC), en particular promoviendo la diversificación de la economía rural.

3.4

También se introdujo el mecanismo opcional de modulación de las ayudas directas, que permite aumentar los recursos financieros para las medidas agroambientales, de jubilación anticipada, de reforestación o las destinadas a las zonas menos favorecidas mediante una tasa sobre las ayudas compensatorias para las reducciones institucionales de los precios que se deciden en las organizaciones comunes de mercados de productos agrarios.

3.5

El Reglamento (CE) no 1257/1999 (10), sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA, se basa en las siguientes consideraciones:

3.6

La serie de 22 medidas que los Estados miembros pueden incluir en sus programas de desarrollo rural se reparte de la siguiente manera en la programación para el período 2000-2006 (11): 39,2 % para la mejora de la competitividad y la adaptación de la agricultura, 35 % para las zonas desfavorecidas y las medidas agroambientales y 25,8 % para la adaptación y el desarrollo de las zonas rurales.

3.7

La reforma de la PAC, aprobada en junio de 2003, consolidó una de las misiones de la política de desarrollo rural, como es el acompañamiento de la adaptación de la agricultura a las exigencias de la sociedad. El ámbito de las medidas se amplió a la promoción de la calidad de los productos, la mejora de las normas de producción (medio ambiente, bienestar de los animales), la puesta en marcha de Natura 2000 y el refuerzo de las medidas de apoyo a jóvenes agricultores.

3.8

Por otra parte, el mecanismo de modulación ya es obligatorio en el ámbito europeo y debería corresponder a una transferencia financiera de cerca de 1 200 millones de euros, en un año completo, de la política de mercados hacia la política de desarrollo rural.

3.9

A la luz de esta evolución, el Comité subraya que el objetivo principal del segundo pilar de la PAC debe ser el acompañamiento de la agricultura en su adaptación para responder a los cambios estructurales de las expectativas de los ciudadanos.

3.10

La Comunicación de la Comisión sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013 presenta un presupuesto estable y modesto, con un nivel de recursos propios de la Unión Europea del 1,24 % del PIB. El Comité respalda la propuesta de la Comisión y subraya que la reducción de los recursos comunitarios sería una mala señal en el momento de la realización efectiva de la ampliación de la Unión Europea.

3.11

Esta observación puede aplicarse asimismo a la política de desarrollo rural. En efecto, el único recurso «complementario» para esta política sería aplicar la modulación, es decir, que únicamente se permitiría una transferencia financiera entre el primer y el segundo pilar de la PAC. Por este motivo, el Comité pide encarecidamente al Consejo y al Parlamento Europeo que asignen los recursos financieros adecuados a esta política, si no se quiere dejarla vacía de contenido.

3.12

Por último, la futura política de desarrollo rural será llevada a cabo por una nueva Comisión que debería estar constituida por 25 comisarios. La gestión de los dos pilares de la PAC por comisarios distintos supondría un riesgo real de pérdida de coherencia entre estas dos políticas. El Comité subraya su oposición a toda intención de recurrir a Direcciones Generales distintas y al nombramiento de comisarios distintos para las cuestiones agrarias y las de desarrollo rural.

4.1

El Comité ya ha recordado en dictámenes anteriores (12) que los mercados agrícolas son inestables por naturaleza y están muy sujetos a las variaciones de precios. Por este motivo, los mecanismos de regulación de la oferta y del mercado constituyen la condición indispensable para que las explotaciones agrarias puedan cumplir las condiciones de una producción agrícola sostenible. El Comité subraya que mantener una política en favor de la regulación de los mercados de productos agrarios contribuye igualmente al éxito de la política de desarrollo de las zonas rurales.

4.2

Por otra parte, la supresión del vínculo entre el acto de producción y la ayuda pública a la agricultura se introdujo en la última reforma de la PAC, el 26 de junio de 2003. Esta evolución pone de relieve la necesidad de una perspectiva de desarrollo económico de las actividades agrícolas para reflejar mejor las nuevas exigencias, como la biodiversidad, la conservación de paisajes determinados o la creación de puestos de trabajo por parte de este sector. En consecuencia, el Comité recuerda que la actividad de producción agrícola es el primero de los factores que contribuyen a lograr un campo vivo, puesto que permite el desarrollo de una relación directa entre las actividades humanas y la tierra.

4.2.1

La vinculación territorial de los sistemas de producción, los medios de valorización de las producciones agrarias, en particular mediante el desarrollo de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas de producción (IGP), así como la venta directa, son algunos de los aspectos de la multifuncionalidad de la agricultura en favor del desarrollo rural.

4.3

La agricultura representará en la Unión de 25 Estados miembros más de trece millones de empleos directos y más de cinco millones de empleos indirectos en los sectores de producción conexos. Estos empleos, por su naturaleza, están claramente «territorializados». Además, la evolución de los intercambios intracomunitarios, en los que cada vez predominan más los productos agroalimentarios transformados, refuerza el vínculo entre el sector agrícola y el sector agroalimentario. Por tanto, mantener y repartir la actividad agrícola en las zonas rurales se convierte en una prioridad para evitar que sea un factor que limite la integración de las zonas rurales en la economía regional.

4.4

La actividad agrícola ocupará el 45 % del territorio europeo, es decir, 190 millones de hectáreas (UE de 27). En 2001, más del 10 % de la superficie agrícola útil (SAU) estaba sujeta a medidas agroambientales. El 15 % de las zonas incluidas en la Directiva sobre hábitats y aves silvestres son terrenos agrícolas. El 38 % de los terrenos agrícolas de la UE de los 15 están clasificados como «zona vulnerable a los nitratos». Estas medidas responden a objetivos locales de conservación del medio ambiente y ordenación territorial. No es preciso recordar que la actividad agrícola ocupará siempre un lugar primordial en la gestión de los territorios.

4.5

El Comité recuerda que los aspectos multifuncionales de la producción agrícola contribuyen de varias maneras a mantener un campo vivo. La Comisión y el Consejo deben recordarlo antes de cualquier nueva orientación de la política de desarrollo rural.

4.6

Aunque apoya las conclusiones de la Conferencia de Salzburgo sobre la diversificación de la economía rural, el Comité subraya que es preciso evitar el error de la «urbanización del campo», es decir, aplicar en las zonas rurales las mismas acciones de desarrollo que en las zonas urbanas. En este sentido, el Comité está elaborando un dictamen de iniciativa sobre la agricultura periurbana (13). Por este motivo, el eje «diversificación de la economía rural», en el marco de la política de desarrollo rural, debería concentrarse en algunos asuntos temáticos relacionados estrechamente con la agricultura, en particular los servicios que se prestan a la población para mejorar sus condiciones de vida, el desarrollo del agroturismo y la ayuda a la pluriactividad basada en una actividad agrícola.

5.1

Las conclusiones del Tercer informe sobre la cohesión demuestran que las disparidades que aún persisten entre las regiones en materia de producción sostenible, productividad y creación de empleo son consecuencia de unas insuficiencias estructurales que afectan a los principales factores de la competitividad. El Comité subraya que la política de desarrollo rural debe inspirarse también en estos principios para inscribirse en una iniciativa de desarrollo estructural de las zonas rurales.

5.2

La ampliación de la Unión Europea agrava el problema del desarrollo económico de las zonas rurales debido a la presencia de un elevado «desempleo oculto» en los nuevos Estados miembros. Ello complica aún más la distinción entre política regional y política de desarrollo rural. El Comité propone que, en el marco de un nuevo reglamento sobre los Fondos Estructurales, se precisen los temas comunes a la política regional y de desarrollo rural y se limite el número de medidas que puedan ser financiadas por una u otra de dichas políticas, a fin de favorecer una concepción más clara de cada una de ellas.

5.3

Aunque la agricultura por sí sola no puede aspirar a garantizar el desarrollo de las zonas rurales, este sector de actividad sigue siendo indispensable para el éxito de toda política de desarrollo rural. El vínculo entre el empleo directo e indirecto y el territorio, así como la extensión del espacio destinado a la agricultura, hacen que siga siendo prioritario el acompañamiento de la agricultura en su adaptación a las evoluciones de las expectativas de los ciudadanos. Además, tanto el primer como el segundo pilar de la PAC participan en los objetivos de desarrollo rural manteniendo o reforzando las actividades agrícolas.

5.4

La ampliación de la Unión Europea representa igualmente un reto importante para el futuro de la PAC. El Comité subraya que los intercambios de experiencia y las transferencias de metodologías deberían ocupar también un lugar especial en las condiciones de aplicación del segundo pilar de la PAC para el próximo período.

5.5

El Comité señala que las regiones de escasa densidad de población, como las islas, las zonas árticas y las zonas de montaña siguen incluidos, por sus obstáculos naturales permanentes, en el objetivo de la realización del mercado único. Tanto la política regional como la política de desarrollo rural deben tener presente este aspecto en sus modalidades de aplicación, proponiendo particularmente una tasa de cofinanciación superior a fin de reflejar estas limitaciones. Por otra parte, el Comité elabora actualmente un dictamen de iniciativa (14) que se ocupa más particularmente de las modalidades que permiten una mejor integración de las zonas con obstáculos naturales en la economía regional.

5.6

Por último, el Comité subraya que la política de desarrollo rural y la política regional no son las únicos medios de que disponen los poderes públicos para favorecer el desarrollo armonioso de los territorios de la Unión Europea. El Comité recuerda que una vinculación territorial adecuada de los servicios públicos a la población también forma parte del objetivo de cohesión territorial.

6.1

La reforma de la PAC aprobada en junio de 2003 puso de manifiesto la necesidad de reforzar el vínculo entre el segundo pilar de la PAC, consagrado al desarrollo rural, y la adaptación del primer pilar. Por ello, se establecieron nuevas medidas de acompañamiento del primer pilar de la PAC, pasando su número de 22 a 26.

6.1.1

Se adoptaron dos medidas nuevas en defensa de la calidad de los alimentos (participación voluntaria en un programa nacional de marcas de calidad reconocidas y acciones de promoción e información sobre estos productos dirigidas a los consumidores). Las otras dos nuevas medidas se destinan a adaptar las técnicas de producción a las normas europeas sobre medio ambiente, bienestar de los animales y salud de las plantas y de los animales.