1.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 244/1

1.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 244/2

1.

En 1994 la Comisión adoptó sus primeras Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (1). En 1997, la Comisión les añadió unas disposiciones específicas para el sector agrícola (2). En 1999 se adoptó una nueva versión de la Directrices (3) que vence el 9 de octubre de 2004.

2.

Mediante la presente versión de las Directrices, cuyo texto se inspira en las anteriores, la Comisión desea introducir algunos cambios y aclaraciones motivados por diversos factores.

3.

En primer lugar, a la luz de las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2001, y del Consejo Europeo de Barcelona, celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2002, que instaron a los Estados miembros a seguir reduciendo las ayudas estatales en porcentaje del Producto Interior Bruto y a reorientarlas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión, el mayor control del falseamiento creado por la autorización de las ayudas para operaciones de salvamento y reestructuración parece estar garantizado. Esto se ajusta también a las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, dirigidas a incrementar la competitividad de la economía europea.

4.

La desaparición de las empresas ineficaces constituye un aspecto normal del funcionamiento del mercado. El salvamento por el Estado de una empresa en crisis no puede ser la norma. Las ayudas para operaciones de salvamento y reestructuración han dado lugar en el pasado a algunos de los asuntos de ayudas estatales más controvertidos y constituyen uno de los tipos de ayuda estatal que más contribuyen a falsear la competencia. Por consiguiente, el principio general de la prohibición de las ayudas estatales establecido en el Tratado debería seguir siendo la regla y la excepción a la misma debería estar limitada.

5.

El principio de «ayuda única» se refuerza aún más para evitar que las ayudas reiteradas de salvamento y reestructuración se utilicen para mantener artificialmente en activo a las empresas.

6.

Las Directrices de 1999 distinguían entre ayuda de salvamento y ayuda de reestructuración, definiéndose la primera como la que debe permitir que una empresa en crisis se mantenga en activo durante un período correspondiente al tiempo necesario para elaborar un plan de reestructuración o de liquidación. En principio, durante la fase de salvamento no podían adoptarse medidas de reestructuración financiadas mediante ayudas estatales. Sin embargo, esta distinción tan estricta entre salvamento y reestructuración ha planteado dificultades. Cabe la posibilidad de que las empresas en crisis necesiten tomar inmediatamente medidas estructurales urgentes con objeto de detener o reducir el deterioro de la situación financiera en la fase de salvamento. Por consiguiente las presentes Directrices amplían el concepto de «ayuda de salvamento» con objeto de que el beneficiario pueda tomar medidas urgentes, incluso de carácter estructural, como, por ejemplo, el cierre inmediato de una sucursal o cualquier otro tipo de supresión de las actividades que generen pérdidas. Teniendo en cuenta el carácter urgente de dichas ayudas, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de optar por un procedimiento simplificado de autorización.

7.

Por lo que respecta a las ayudas de reestructuración, las Directrices de 1999, basándose en las de 1994, seguían exigiendo que el beneficiario aportase una contribución sustancial a la reestructuración. En la presente revisión, conviene corroborar con mayor claridad el principio de que esta contribución debe ser real y carecer de ayuda. La contribución del beneficiario persigue un doble objetivo: por una parte, demostrar que los mercados (propietarios, acreedores) creen en la factibilidad del restablecimiento de la viabilidad en un plazo razonable. Por otra parte, garantizar que la ayuda de reestructuración se confina al mínimo necesario para restablecer la viabilidad al tiempo que limita el falseamiento de la competencia. A este respecto, la Comisión exigirá también contrapartidas que minimicen el impacto sobre los competidores.

8.

La concesión de ayudas estatales de salvamento o de reestructuración a empresas en crisis sólo se puede considerar legítima en determinadas circunstancias. Se podrían autorizar ayudas, por ejemplo, al amparo de consideraciones de política social o regional, porque conviene tener en cuenta la función beneficiosa que desempeña el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para la economía, o incluso, con carácter excepcional, por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva en caso de que la desaparición de empresas pudiera llevar a la creación de un monopolio o de un oligopolio restringido. Por otra parte, no se justificaría el mantener artificialmente en activo una empresa de un sector con un exceso de capacidad estructural a largo plazo o cuando sólo puede sobrevivir merced a las reiteradas intervenciones estatales.

9.

No existe una definición comunitaria de empresa en crisis. No obstante, en el marco de las presentes Directrices, la Comisión considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.

10.

Concretamente, en principio y sea cual sea su tamaño, se considera que una empresa está en crisis con arreglo a las presentes Directrices, en las siguientes circunstancias:

11.

Incluso aun cuando no se presente ninguna de las circunstancias establecidas en el punto 10, se podrá considerar que una empresa está en crisis en particular cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis como el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto. En casos extremos, la empresa puede incluso haber llegado a la insolvencia o encontrarse en liquidación con arreglo al Derecho nacional. En este último caso, las presentes Directrices se aplican a las ayudas que se concedan con motivo de este procedimiento y conduzcan al mantenimiento de la actividad de la empresa. En cualquier caso, las empresas en crisis sólo podrán beneficiarse de las ayudas en caso de que se compruebe realmente su incapacidad para reestructurarse con sus propios recursos o con fondos obtenidos de sus propietarios/accionistas o de fuentes del mercado.

12.

A efectos de las presentes Directrices, las empresas de nueva creación no pueden acogerse a las ayudas de salvamento o de reestructuración aunque su situación financiera inicial sea precaria. Tal es el caso especialmente si la empresa de nueva creación ha surgido de la liquidación de otra empresa anterior o de la absorción de sus activos. En principio, se considerará que una empresa es de nueva creación durante los tres primeros años siguientes al inicio de sus operaciones en el correspondiente sector de actividad. Hasta que no haya transcurrido dicho período no podrá obtener ayuda de salvamento o de reestructuración, siempre que:

13.

En principio, las empresas que formen parte de o estén siendo absorbidas por un grupo mayor no pueden acogerse a las ayudas de salvamento o de reestructuración, salvo que se pueda demostrar que las dificultades por las que atraviesa la empresa le son propias, que no son simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo. Si una empresa en crisis crea una filial, ambas empresas —la filial y su matriz en crisis— serán consideradas un grupo y podrán recibir ayudas en las condiciones establecidas en el presente punto.

14.

Las ayudas de salvamento y de reestructuración se abordan en las mismas Directrices porque en ambos casos los poderes públicos se enfrentan a una empresa en crisis y el salvamento y la reestructuración son a menudo dos fases de una única operación, aunque respondan a mecanismos distintos.

15.

Las ayudas de salvamento son por naturaleza transitorias y reversibles. Su objetivo principal estriba en permitir que una empresa en crisis se mantenga en activo durante el tiempo necesario para elaborar un plan de reestructuración o de liquidación. El principio general consiste en que la ayuda de salvamento permite prestar un apoyo temporal a una empresa que se enfrenta a un deterioro importante de su situación financiera, el cual se refleja en una grave crisis de liquidez o en una insolvencia técnica. Gracias a dicho apoyo temporal se debería disponer de tiempo para analizar las circunstancias que dieron lugar a la crisis y para desarrollar un plan adecuado para resolver las dificultades. Además, la ayuda de salvamento debe limitarse al mínimo imprescindible. Dicho de otra manera, la ayuda de salvamento proporciona a la empresa en crisis un breve respiro que no puede ser superior a seis meses. La ayuda debe consistir en ayudas de tesorería en forma de garantías sobre préstamos o en préstamos, con un tipo al menos comparable a los aplicados a los préstamos concedidos a empresas saneadas y especialmente a los tipos de referencia adoptados por la Comisión. Las medidas estructurales que no requieran una acción inmediata, como la participación irremediable y automática del Estado en los fondos propios de la empresa, no podrán financiarse mediante ayuda de salvamento.

16.

Una vez se haya elaborado y comenzado a aplicar un plan de reestructuración o de liquidación para el que se haya pedido ayuda, toda ayuda posterior se considerará ayuda de reestructuración. Las medidas que hayan de aplicarse inmediatamente para reducir las pérdidas, incluidas las medidas estructurales (por ejemplo, el abandono inmediato de un sector de actividad que genere pérdidas) pueden emprenderse mediante la ayuda de salvamento, siempre que se cumplan las condiciones contempladas en la sección 3.1, si se trata de ayuda individual, y en la sección 4.3, si se trata de regímenes de ayuda. El Estado miembro deberá demostrar que dichas medidas estructurales deben emprenderse inmediatamente salvo que se utilice el procedimiento simplificado mencionado en la sección 3.1.2. En principio no puede concederse ayuda de salvamento para reestructuraciones financieras.

17.

En cambio, una reestructuración forma parte de un plan realista, coherente y de amplio alcance destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. Por lo general, contiene uno o más de los siguientes elementos: la reorganización y racionalización de las actividades de la empresa sobre una base más eficiente, que consiste, por lo general, en que la empresa se desprenda de sus actividades deficitarias, reestructure aquéllas cuya competitividad pueda ser restablecida y, en ocasiones, se diversifique orientándose hacia nuevas actividades viables. Generalmente, la reestructuración industrial ha de ir acompañada de una reestructuración financiera (inyecciones de capital, amortización de deudas). Ahora bien, una reestructuración con arreglo a las presentes Directrices no puede, sin embargo, limitarse exclusivamente a una intervención financiera destinada a cubrir las pérdidas anteriores sin abordar las causas que las originan.

18.

Las presentes Directrices se aplicarán a todos los sectores empresariales, salvo a los del carbón (8) y la siderurgia (9), sin perjuicio de cualesquiera normas específicas relativas a empresas en crisis de un determinado sector (10). Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 79 (11), se aplican al sector de la pesca y la acuicultura, siempre que se respeten las normas específicas establecidas en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (12). El capítulo 5 contiene algunas normas adicionales aplicables a la agricultura.

19.

Los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado contemplan la posibilidad de que las ayudas que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 sean compatibles con el mercado común. Si se exceptúan los casos de ayuda contemplados en el apartado 2 del artículo 87, en particular la ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, que no se abordan en las presentes Directrices, el único fundamento de la compatibilidad de las ayudas a empresas en crisis es la letra c) del apartado 3 del artículo 87. Conforme a dicha disposición, la Comisión está facultada para autorizar «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades […] económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común». Éste podría ser el caso, en particular, de la ayuda necesaria para corregir las disparidades debidas a las deficiencias del mercado o para garantizar la cohesión económica y social.

20.

Dado que está en peligro su propia existencia, una empresa en crisis no puede considerarse un instrumento adecuado para promover otros objetivos políticos hasta que su viabilidad no esté garantizada. Por consiguiente, la Comisión considera que la ayuda a empresas en crisis puede contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar negativamente al comercio en forma contraria al interés común, únicamente si se cumplen los requisitos que figuran en las presentes Directrices. Cuando las empresas destinatarias de la ayuda de salvamento o de reestructuración estén situadas en regiones subvencionadas, la Comisión tendrá en cuenta las consideraciones de carácter regional contempladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87, conforme a lo indicado en los puntos 55 y 56.

21.

La Comisión prestará especial atención a la necesidad de impedir que las presentes Directrices se utilicen para soslayar los principios establecidos en los encuadramientos y directrices vigentes.

22.

Los cambios en la propiedad de la empresa beneficiaria no deberían afectar en modo alguno a la evaluación de la ayuda de salvamento o de reestructuración.

23.

Cuando se haya concedido anteriormente a una empresa en crisis una ayuda ilegítima respecto de la cual la Comisión haya adoptado una decisión negativa con una orden de recuperación, y dicha recuperación no se haya producido de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (13), en la evaluación de cualquier ayuda de salvamento y de reestructuración que vaya a concederse a la misma empresa se deberá tomar en consideración, en primer lugar, el efecto acumulativo de ambas ayudas —la antigua y la nueva— y, en segundo lugar, el hecho de que la primera no ha sido reembolsada (14).

24.

El presente capítulo se refiere exclusivamente a las ayudas notificadas a la Comisión de forma individual. En determinadas condiciones, la Comisión puede autorizar regímenes de ayuda de salvamento o de reestructuración: estas condiciones están recogidas en el capítulo 4.

25.

Para recibir la correspondiente autorización de la Comisión, la ayuda de salvamento, tal y como ha quedado definida en el punto 15, debe:

26.

Cuando el Estado miembro haya presentado un plan de reestructuración en los seis meses siguientes a la fecha de autorización o, si se trata de una ayuda no notificada, de la ejecución de la medida, el plazo para el reembolso del préstamo o para poner fin a la garantía se amplía hasta que la Comisión adopte su decisión sobre el plan, a menos que la Comisión decida que dicha ampliación no se justifica.

27.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 659/1999 y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de Justicia de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 88 del Tratado, la Comisión iniciará el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado si el Estado miembro no comunica:

28.

En cualquier caso, la Comisión podrá optar por incoar dicho procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 659/1999 y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de Justicia a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 88 del Tratado, cuando estime que el préstamo o la garantía se han utilizado incorrectamente o que, una vez transcurrido el plazo de seis meses, no se justifica el incumplimiento de la obligación de rembolsar la ayuda.

29.

La autorización de la ayuda de salvamento no presupone en absoluto la posterior aprobación de ayudas concedidas en el marco de un plan de reestructuración, que deberán ser evaluadas en función de sus características propias.

30.

La Comisión intentará en la medida de lo posible adoptar una decisión en el plazo de un mes con respecto a las ayudas de salvamento que cumplan todas las condiciones establecidas en la sección 3.1.1 así como los siguientes criterios acumulativos:

31.

Las ayudas de reestructuración plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia, dado que pueden suponer que una parte injusta del peso del ajuste estructural y de los consiguientes problemas sociales y económicos recaiga sobre otros productores que no reciben ayudas y sobre otros Estados miembros. Por lo tanto, como principio general, sólo se deberían autorizar estas ayudas de reestructuración cuando pueda demostrarse que su concesión no es contraria al interés comunitario, lo que sólo será posible cuando la ayuda cumpla una serie de requisitos estrictos y se tengan garantías de que los posibles falseamientos de la competencia quedarán compensados por las ventajas que implica el mantenimiento de la actividad de la empresa (por ejemplo, si se demuestra que el efecto neto de los despidos derivados de la quiebra de la empresa, junto con las consecuencias para los proveedores, exacerbarían los problemas en materia de empleo o cuando, excepcionalmente, la desaparición de la empresa llevara a una situación de monopolio u oligopolio restringido) y, en principio, existan contrapartidas suficientes para los competidores.

32.

Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a las regiones subvencionadas, a las PYME y al sector agrario (véanse los puntos 55, 56, 57 y 59 y el capítulo 5), la Comisión sólo autorizará las ayudas si se cumplen las condiciones generales siguientes:

33.

Es preciso que la empresa se considere en crisis con arreglo a lo establecido en las presentes Directrices (véanse los puntos 9 a 13).

34.

La concesión de la ayuda debe estar supeditada a la ejecución del plan de reestructuración que, para todas las ayudas individuales, habrá sido autorizado por la Comisión salvo cuando se trate de PYME, tal como se establece en la sección 3.2.5.

35.

El plan de reestructuración, cuya duración ha de ser lo más breve posible, ha de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable, partiendo de hipótesis realistas por lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación. Por consiguiente, la ayuda de reestructuración deberá estar vinculada a un programa viable de reestructuración al que se compromete el propio Estado miembro. El plan se ha de presentar a la Comisión con todas las precisiones necesarias, entre las que se incluye especialmente un estudio de mercado. La mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración y sólo podrá basarse en factores externos, como el aumento de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerza gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general. Una buena reestructuración debe implicar el abandono de las actividades que, incluso una vez realizada la reestructuración, sigan generando pérdidas estructurales.

36.

El plan de reestructuración debe describir las circunstancias que han generado las dificultades de la empresa, con objeto de determinar si las medidas propuestas son las adecuadas. Debe tener en cuenta, entre otros factores, la situación y la evolución previsible de la oferta y la demanda en el mercado de productos de referencia, y se barajarán hipótesis optimistas, pesimistas e intermedias, atendiendo, asimismo, a los puntos fuertes y débiles de la empresa. El plan debe permitir una transición de la empresa a una nueva estructura que le dé perspectivas de viabilidad a largo plazo y la posibilidad de funcionar con sus propios recursos.

37.

El plan de reestructuración debe proponer tal cambio en la empresa que, una vez llevado a cabo, ésta pueda cubrir todos sus costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras. La rentabilidad prevista de los fondos propios de la empresa reestructurada debería bastar para que pueda afrontar la competencia con sus propias fuerzas. Cuando la crisis de la empresa se deba a deficiencias de su propio sistema de gestión, será necesario introducir las modificaciones pertinentes.

38.

Con objeto de velar por reducir todo lo posible los efectos negativos sobre las condiciones comerciales, de tal modo que los efectos positivos perseguidos sobrepasen a los negativos, es necesario introducir contrapartidas. De lo contrario, la ayuda se considerará «contraria al interés común» y, por consiguiente, incompatible con el mercado común. Al determinar la idoneidad de las contrapartidas, la Comisión tendrá en cuenta el objetivo de restablecer la viabilidad a largo plazo.

39.

Estas medidas pueden consistir en la venta de activos, en reducciones de la capacidad o de la presencia en el mercado, y en la disminución de los obstáculos a la entrada en los mercados afectados. Al evaluar si las contrapartidas son adecuadas, la Comisión tendrá en cuenta la estructura del mercado y las condiciones de la competencia con objeto de garantizar que ninguna de estas medidas suponga un deterioro de la estructura del mercado, por ejemplo, produciendo el efecto indirecto de crear una situación de monopolio u oligopolio restringido. Si un Estado miembro puede demostrar que se planteará esta situación, las contrapartidas establecidas deberían tener por objeto evitar la misma.

40.

Las medidas deben ser proporcionales al efecto de falseamiento de la ayuda y, en particular, al tamaño (16) y la importancia relativa de la empresa en su mercado o mercados. Deberían adoptarse, en particular, en el(los) mercado(s) donde la empresa vaya a tener una posición de mercado importante tras la reestructuración. El grado de reducción se determinará según los casos. La Comisión determinará el alcance de las medidas necesarias según el estudio de mercado adjunto al plan de reestructuración y, cuando proceda, según cualquier otra información que obre en poder de la Comisión, incluida la suministrada por las partes interesadas. La reducción deberá ser parte integrante de la reestructuración y ajustarse a lo establecido en el plan de reestructuración Este principio se aplica independientemente de si estas desinversiones tienen lugar antes o después de la concesión de la ayuda estatal, siempre y cuando formen parte de la misma reestructuración. Las condonaciones y el cierre de actividades que generen pérdidas que hubieran sido necesarios en cualquier caso para restablecer la viabilidad no se considerarán reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado a efectos de la evaluación de las contrapartidas. Esta evaluación tendrá en cuenta cualquier ayuda de salvamento concedida por anticipado.

41.

No obstante, esta condición no se aplicará por lo general a las pequeñas empresas ya que cabe asumir que la ayuda ad hoc que se concede a estas no suele falsear la competencia en forma contraria al interés común, salvo disposición en contrario de las normas sobre ayudas estatales aplicables a un determinado sector o cuando el beneficiario o prevé en un mercado que parece de un exceso de capacidad desde hace tiempo.

42.

Cuando el beneficiario opere en un mercado que padece un exceso de capacidad estructural desde hace tiempo, según se define en el contexto de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (17), la reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado de la empresa podrá llegar a ser del 100 % (18).

43.

El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a los costes de reestructuración estrictamente necesarios para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras de la empresa, de sus accionistas o del grupo comercial del que forme parte. Su evaluación tendrá en cuenta cualquier ayuda de salvamento concedida por anticipado. Los beneficiarios de la ayuda deberán contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos, incluida la venta de activos que no sean indispensables para la supervivencia de la empresa, o mediante financiación externa obtenida en condiciones de mercado. Esta contribución constituye un indicio de que los mercados creen que es factible el restablecimiento de la viabilidad. La contribución debe ser real, es decir auténtica, sin incluir ningún beneficio previsto en el futuro como puede ser el flujo de tesorería, y debe ser lo mas alta posible.

44.

En principio, la Comisión considerará adecuadas las siguientes contribuciones (19) a la reestructuración: como mínimo del 25 % cuando se trate de pequeñas empresas, como mínimo del 40 % cuando se trate de medianas empresas y como mínimo del 50 % en el caso de las grandes empresas. En circunstancias excepcionales y en caso de dificultades especiales, que deben ser demostradas por el Estado miembro, la Comisión podrá aceptar una contribución más baja.

45.

Para limitar el falseamiento de la competencia, conviene evitar que la ayuda se conceda de forma que lleve a la empresa a disponer de una liquidez excedentaria que pudiera dedicar a actividades agresivas susceptibles de provocar falseamientos del mercado, que no estuvieran relacionadas con el proceso de reestructuración. A tal efecto, la Comisión examinará el nivel del pasivo de la empresa después de su reestructuración, incluso después de cualquier aplazamiento o reducción de sus deudas, especialmente en el contexto de su continuación a raíz de un procedimiento de quiebra o insolvencia con arreglo al Derecho nacional (20). Ninguna ayuda deberá servir para financiar nuevas inversiones que no sean indispensables para lograr que la empresa vuelva a ser viable.

46.

Además de las contrapartidas descritas anteriormente en los puntos 38 a 42, la Comisión podrá imponer las condiciones y obligaciones que considere necesarias para velar por que no se falsee la competencia de forma contraria al interés común, en caso de que el Estado miembro interesado no se haya comprometido a adoptar dichas condiciones y obligaciones. Entre otras cosas, la Comisión podrá obligar al Estado miembro a:

47.

La empresa deberá aplicar íntegramente el plan de reestructuración y cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en la decisión de la Comisión por la que se autoriza la ayuda. La Comisión considerará que el incumplimiento del plan o de las obligaciones constituye un uso abusivo de la ayuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 659/1999 y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de Justicia a tenor de lo establecido en el párrafo 2 del apartado 2 del artículo 88 del Tratado.

48.

En el caso de reestructuraciones que se prolonguen durante varios años y que movilicen ayudas importantes, la Comisión podrá exigir que la ayuda de reestructuración se fraccione en varios pagos y podrá supeditar la concesión de los pagos a:

49.

Es esencial que la Comisión pueda garantizar la correcta ejecución del plan de reestructuración mediante informes periódicos y detallados, que le serán presentados por el Estado miembro.

50.

Por lo que se refiere a las ayudas destinadas a grandes empresas, el primero de estos informes se deberá presentar a la Comisión, por regla general, a más tardar seis meses después de la fecha en que se autorice la ayuda. A continuación, se deberán enviar los informes a la Comisión, al menos una vez al año, en una fecha determinada, mientras no se hayan alcanzado los objetivos del plan de reestructuración. En ellos se incluirán todos los datos que la Comisión necesita para poder supervisar la ejecución del programa de reestructuración, el calendario de pagos a la empresa y su situación financiera, así como la observancia de las condiciones y obligaciones establecidas en la decisión de autorización. Entre otras cosas, incluirán todos los datos de utilidad en relación con las ayudas, independientemente del fin que pretendan lograr, ya sean ad hoc o en el marco de regímenes, que la empresa haya podido recibir durante el período de reestructuración (véanse los puntos 68 a 71). En caso de que la Comisión necesite que se confirmen rápidamente determinados datos básicos tales como, por ejemplo, los relativos a los cierres o a las reducciones de capacidad, podrá exigir que se le presenten informes con mayor frecuencia.

51.

Por lo que respecta a las ayudas destinadas a las PYME, bastará, por lo general, que se remita con una periodicidad anual la cuenta de resultados y el balance de la empresa beneficiaria, salvo en el caso de que existan disposiciones más estrictas en la decisión de autorización.

52.

Si se autoriza una ayuda de reestructuración, el Estado miembro que la conceda puede solicitar a la Comisión, durante el período de reestructuración, que acepte modificaciones del plan de reestructuración y del importe de la ayuda. La Comisión puede autorizar tales modificaciones si cumplen las normas siguientes:

53.

Si las condiciones impuestas por la Comisión o los compromisos ofrecidos por el Estado miembro se suavizan, el importe de la ayuda deberá reducirse en consecuencia o se podrán imponer otras condiciones.

54.

Si el Estado miembro modifica un plan de reestructuración autorizado sin informar debidamente a la Comisión, ésta incoará el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado, tal como se establece en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 659/1999 (ayuda abusiva), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de dicho Reglamento y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de Justicia a tenor de lo establecido en el párrafo 2 del apartado 2 del artículo 88 del Tratado.

55.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del Tratado, la cohesión económica y social es un objetivo prioritario de la Comunidad. El artículo 159 (21) establece que las demás políticas han de participar en la consecución de este objetivo. Por consiguiente, la Comisión ha de tener en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar una ayuda de reestructuración en las regiones subvencionadas. A pesar de ello, el hecho de que una empresa en crisis se encuentre en una de estas regiones no justifica la adopción de una actitud permisiva con relación a estas ayudas. A medio y largo plazo, el hecho de que se contribuya artificialmente al mantenimiento de empresas no es un factor de ayuda para las regiones. Por otra parte, con objeto de fomentar el desarrollo regional, interesa a las regiones afectadas que sus recursos se empleen para desarrollar con la máxima rapidez otras actividades viables y duraderas. Por último, se han de reducir al mínimo los falseamientos de la competencia, incluso en el caso de ayudas concedidas a empresas situadas en regiones subvencionadas. En este contexto, también se deberán tener en cuenta los posibles efectos colaterales perniciosos que pudieran producirse en la zona de que se trate y en otras regiones subvencionadas.

56.

Por consiguiente, los criterios contemplados en los puntos 32 a 54 se aplican también a las regiones subvencionadas, incluso si se tienen en cuenta las necesidades de desarrollo regional. No obstante, en el caso de estas regiones subvencionadas y salvo que se indique lo contrario en las normas sobre ayudas estatales sectoriales, las condiciones para la autorización de la ayuda podrán ser menos estrictas en lo que respecta a la introducción de contrapartidas y a la dimensión de la contribución del beneficiario. Si lo justifican las necesidades de desarrollo regional, cuando una reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado resulte ser la forma más adecuada de evitar falseamientos indebidos de la competencia, la reducción necesaria en las zonas subvencionadas será menor que en las zonas no subvencionadas. En estos casos, que deberán ser demostrados por el Estado miembro interesado, se distinguirá entre las regiones que pueden acogerse a ayuda regional en virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del articulo 87 del Tratado y las que se pueden acoger a las disposiciones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87, con el fin de tener en cuenta la mayor gravedad de los problemas regionales en las primeras.

57.

En general, las ayudas concedidas a las pequeñas empresas (22) alteran las condiciones de los intercambios en menor medida que las concedidas a las empresas medianas y grandes. Esta consideración también es válida para las ayudas de reestructuración, de tal forma que las condiciones contempladas en los puntos 32 a 54 se aplican menos estrictamente en los siguientes aspectos:

58.

No obstante, el principio de «ayuda única» (sección 3.3) se aplica plenamente a las PYME.

59.

En el caso de las PYME no es necesario que la Comisión autorice el plan de reestructuración. Sin embargo, el plan debe cumplir los requisitos establecidos en los puntos 35 a 37 y ser autorizado por el Estado miembro correspondiente y comunicado a la Comisión. La concesión de la ayuda estará condicionada a la plena aplicación del plan de reestructuración. La obligación de comprobar que se cumplen estas condiciones incumbe al Estado miembro.

60.

Los planes de reestructuración implican, por lo general, la reducción o el abandono de las actividades afectadas. A menudo resulta necesario reducir las actividades de la empresa por motivos de racionalización y eficacia, independientemente de las reducciones de capacidad que puedan exigirse como condición para la concesión de ayuda. Cualesquiera que sean las razones para adoptar tales medidas, llevarán, por lo general, a una reducción de la mano de obra de la empresa.

61.

La legislación laboral de los Estados miembros puede contemplar unos regímenes generales de seguridad social conforme a los cuales las prestaciones de desempleo y las pensiones de jubilación anticipada se pagan directamente a los trabajadores afectados por la reducción de plantilla. Estos regímenes no se consideran ayudas estatales incursas en la prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

62.

Además de las prestaciones directas por desempleo y jubilación anticipada de los trabajadores, los regímenes generales de prestaciones sociales prevén, a menudo, que el Gobierno cubra el coste de las prestaciones que la empresa concede a los trabajadores despedidos y que exceden de sus obligaciones legales o contractuales. Siempre que estos regímenes sean aplicables en general y sin limitaciones sectoriales a todos los trabajadores que cumplan los requisitos previamente establecidos que les permiten beneficiarse automáticamente de dichas prestaciones, se considerará que no constituyen ayudas a la reestructuración de empresas en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87. Por el contrario, si estos regímenes se utilizan para apoyar la reestructuración de sectores específicos, podrían implicar ayudas, dado que se utilizan con criterio selectivo (23).

63.

Las obligaciones que una empresa ha de asumir en virtud de la legislación laboral o de los convenios colectivos celebrados con los sindicatos en materia de desempleo o de pensiones de jubilación anticipada forman parte de los costes normales que una empresa debe financiar con cargo a sus propios recursos. En estas condiciones, cualquier contribución a estos costes por parte del Estado debe calificarse de ayuda. Esta consideración es aplicable independientemente de que los pagos se efectúen directamente a la empresa o se efectúen a los trabajadores a través de un organismo gubernamental.

64.

La Comisión no tiene a priori objeción alguna contra estas ayudas cuando se conceden a empresas en crisis, dado que proporcionan ventajas económicas que exceden de los intereses de la empresa, facilitando el cambio estructural y mitigando la dificultad de tal situación.

65.

Además de satisfacer el coste de las prestaciones de desempleo y de jubilación anticipada, es frecuente que las ayudas de reestructuración sirvan para financiar, en determinados casos, acciones de formación, asesoramiento y ayuda práctica para buscar un empleo alternativo, ayuda para recolocación, y formación profesional y asistencia para los trabajadores que deseen iniciar nuevas actividades. La Comisión emite sistemáticamente un dictamen favorable en relación con este tipo de ayudas cuando se conceden a empresas en crisis.

66.

Las ayudas mencionadas en los puntos 62 a 65 deben estar claramente identificadas en el plan de reestructuración, dado que las ayudas destinadas exclusivamente a medidas sociales para el personal no se tienen en cuenta a la hora de determinar la magnitud de las contrapartidas que figuran en los puntos 38 a 42.

67.

En aras del interés general, la Comisión velará en la medida de lo posible por limitar, en el marco del plan de reestructuración, las implicaciones sociales de las reestructuraciones en los Estados miembros distintos del que concede la ayuda.

68.

Cuando una ayuda de reestructuración recibida por una mediana o gran empresa se examina con arreglo a las presentes Directrices, la concesión de cualquier otra ayuda de inversión durante el período de reestructuración, aunque sea en aplicación de un régimen ya autorizado, puede influir en las contrapartidas que ha de establecer la Comisión.

69.

Las notificaciones de las ayudas de reestructuración a una mediana o gran empresa deberán indicar las demás ayudas, sean del tipo que sean, que se prevé conceder a la empresa beneficiaria durante el período de reestructuración, a menos que entren en el ámbito de aplicación de la norma de minimis o de un reglamento de exención por categorías. La Comisión tendrá en cuenta estas ayudas a la hora de evaluar la ayuda de reestructuración.

70.

Cualquier ayuda concedida de hecho a una mediana o gran empresa durante el período de reestructuración, incluidas las ayudas concedidas con arreglo a un régimen autorizado, deben notificarse individualmente a la Comisión siempre que ésta no hubiera sido informada de las mismas cuando tomó su decisión sobre la ayuda de reestructuración.

71.

La Comisión velará por que la ayuda concedida a tenor de un régimen autorizado no pueda sustraerse a lo establecido en las presentes Directrices.

72.

La ayuda de salvamento es una operación excepcional destinada a mantener la actividad durante un período limitado, durante el cual se puede evaluar el futuro de la empresa. Por otra parte, no debería ser posible autorizar la concesión reiterada de ayudas de salvamento que se limitasen a mantener el statu quo, a retrasar lo inevitable y, mientras tanto, a transferir los problemas económicos y sociales a otros productores más eficientes o a otros Estados miembros. Por consiguiente, la ayuda de salvamento sólo debe conocerse una vez (condición de «ayuda única»). De acuerdo con este mismo principio, con objeto de evitar que las empresas reciban una ayuda ilegal cuando sólo pueden sobrevivir merced al reiterado apoyo estatal, las ayudas de reestructuración sólo deben conocerse una vez. Por último, si la ayuda de salvamento se concede a una empresa que ya ha recibido ayuda de reestructuración, se podrá considerar que la crisis del beneficiario es de carácter recurrente y que las intervenciones reiteradas del Estado dan lugar a falseamientos de competencia contrarios al interés común. Estas intervenciones estatales reiteradas no deberían permitirse.

73.

Cuando se notifique a la Comisión un proyecto de ayuda de salvamento o de reestructuración, el Estado miembro debe verificar si la empresa interesada ha recibido anteriormente una ayuda de salvamento o de reestructuración, concepto en el que se incluyen las ayudas de esta índole concedidas antes de la fecha de aplicación de las presentes Directrices y cualesquiera ayudas no notificadas (24). Si así fuera y si han transcurrido menos de diez años ya sea desde la concesión de la ayuda de salvamento o desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan (aplicándose la fecha más reciente), la Comisión no autorizará nuevas ayudas de salvamento o de reestructuración salvo en los siguientes casos:

En los casos contemplados en las letras b) y c), no podrá seguirse el procedimiento simplificado mencionado en la sección 3.1.2.

74.

La aplicación de esta norma no se verá afectada en modo alguno por los cambios en la propiedad de la empresa beneficiaria tras la concesión de una ayuda, ni por ningún procedimiento judicial o administrativo que tenga como consecuencia el saneamiento de su balance, la reducción de sus créditos o la liquidación de deudas anteriores, cuando sea la misma empresa la que continúe sus actividades.

75.

Cuando un grupo de empresas haya recibido ayuda de salvamento o de reestructuración, la Comisión no autorizará, en principio, ninguna otra ayuda de salvamento o de reestructuración al propio grupo o a cualquiera de las entidades pertenecientes al mismo, a menos que hayan transcurrido menos de diez años desde la concesión de la ayuda de salvamento o desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan, aplicándose la fecha más reciente. Cuando una entidad perteneciente a un grupo de empresas haya recibido ayuda de salvamento o de reestructuración, el grupo en su conjunto así como las demás entidades del mismo podrán recibir ayuda de salvamento o de reestructuración (siempre que se cumplan las demás disposiciones de las presentes Directrices), a excepción del anterior beneficiario de la ayuda. Los Estados miembros deben velar porque no se filtre ninguna ayuda desde el grupo o desde otras entidades del mismo al anterior beneficiario de la ayuda.

76.

En el caso de una empresa que retome los activos de otra a la que se haya aplicado uno de los procedimientos mencionados en el punto 74 o un procedimiento de quiebra basado en el Derecho nacional y que haya recibido una ayuda de salvamento o reestructuración, el comprador no tendrá que cumplir la condición de la ayuda única, siempre que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas:

77.

No obstante, conviene recordar aquí que las ayudas destinadas a la adquisición de activos por parte de la nueva empresa, al tratarse de ayudas a la inversión inicial, no pueden ser autorizadas con arreglo a las presentes Directrices.

78.

La Comisión sólo autorizará regímenes de ayudas de salvamento o de reestructuración que se destinen a PYME en crisis cuando las empresas interesadas se ajusten a la definición comunitaria de PYME. Siempre que se cumplan las disposiciones específicas siguientes, la compatibilidad de tales regímenes se evaluará a la luz de los capítulos 2 y 3, con excepción de la sección 3.1.2, que no se aplica a los regímenes de ayuda. Toda ayuda que se conceda en el marco de un régimen y que no cumpla alguna de estas condiciones deberá ser notificada individualmente y autorizada previamente por la Comisión.

79.

Salvo disposición en contrario recogida en alguna norma sobre ayudas estatales sectoriales, la concesión de ayuda a PYME con arreglo a regímenes autorizados a partir de la fecha de aplicación de las presentes Directrices sólo podrán quedar exentas de notificación individual cuando la empresa interesada cumpla al menos uno de los tres criterios del punto 10. Las ayudas destinadas a empresas que no reúnan ninguno de estos tres criterios deberán notificarse individualmente a la Comisión para que pueda determinar si el beneficiario es una empresa en crisis. La ayuda a las empresas que operan en un mercado que padece un exceso de capacidad estructural desde hace tiempo, independientemente de la dimensión del beneficiario, deberán notificarse también individualmente a la Comisión para que ésta pueda examinar la aplicación del punto 42.

80.

Para que puedan ser autorizados de conformidad con las presentes Directrices, los regímenes que establecen la concesión de ayudas de salvamento han de reunir los requisitos de las letras a), b), d) y e) del punto 25. Además, podrá concederse ayuda de salvamento durante un período máximo de seis meses, durante el cual se realizará un análisis de la situación de la empresa. Antes de que finalice dicho plazo, el Estado miembro deberá aprobar un plan de reestructuración o un plan de liquidación o solicitar la devolución del préstamo y de la ayuda correspondiente a la prima de riesgo.

81.

Toda ayuda de salvamento que se conceda por un período superior a seis meses o que no haya sido reembolsada una vez transcurridos seis meses deberá ser notificada individualmente a la Comisión.

82.

La Comisión sólo podrá autorizar estos regímenes de ayuda de reestructuración si la concesión de las ayudas se supedita a la ejecución plena por parte del beneficiario de un plan de reestructuración previamente aprobado por el Estado miembro y que cumpla las condiciones siguientes:

83.

Los regímenes han de indicar el importe máximo de ayuda que puede concederse a una empresa individual como parte de una operación de concesión de ayuda de salvamento o de reestructuración, incluso en caso de modificación del plan. Toda ayuda que supere dicho importe máximo ha de ser notificada individualmente a la Comisión. El importe máximo de la ayuda combinada concedida a una única empresa tanto en concepto de salvamento como de reestructuración no podrá ser superior a 10 millones de euros, incluida cualquier ayuda recibida de otras fuentes o con arreglo a otros regímenes.

84.

Además, deberá respetarse el principio de «ayuda única». Se aplicará la norma establecida en la sección 3.3.

85.

Los Estados miembros también deberán notificar individualmente las medidas a la Comisión cuando una empresa absorba los activos de otra empresa que, por su parte, ya haya recibido ayuda de salvamento o de reestructuración.

86.

Los puntos 49, 50 y 51 no se aplican a los regímenes de ayuda. No obstante, la autorización del régimen estará condicionada a la presentación de un informe sobre la aplicación del régimen en cuestión, por lo general con una periodicidad anual, en el que se faciliten los datos previstos en las instrucciones de la Comisión relativas a los informes normalizados (26). También se ha de incluir una lista de todas las empresas beneficiarias, haciendo constar para cada una de ellas:

87.

Los puntos 38 a 42 y 57 y la letra b) del punto 82 establecen que la exigencia de una contrapartida no se aplica, en principio, a las pequeñas empresas, salvo disposición contraria recogida en alguna norma sectorial. En el sector agrario, la Comisión exigirá, por lo general, una contrapartida, según los principios enunciados en los puntos 38 a 42, a todos los beneficiarios de una ayuda de reestructuración, sea cual sea su tamaño.

88.

A efectos de las presentes Directrices, la Comisión definirá en cada caso el exceso de capacidad estructural en el sector agrario, teniendo en cuenta en particular la magnitud y la tendencia, para la categoría de producto de que se trate, de las medidas de estabilización del mercado en el transcurso de los tres últimos años, especialmente de las restituciones a la exportación y de las retiradas del mercado, de la evolución de los precios en el mercado mundial y de las limitaciones sectoriales previstas en la normativa comunitaria.

89.

Como excepción al punto 79, la Comisión podrá eximir también de la obligación de notificación individual a las ayudas destinadas a las PYME cuando la PYME en cuestión no cumpla al menos uno de los tres criterios establecidos en el punto 10.

90.

Cuando exista un exceso de capacidad estructural, se aplicará el requisito de reducción o supresión irreversible de la capacidad de producción establecido en los puntos 38 a 42. Los espacios agrícolas abiertos se podrán volver a utilizar transcurridos quince años desde el cierre efectivo de la capacidad. Hasta ese momento todas las tierras agrarias, especialmente las que ya no se utilicen para la producción, deberán mantenerse en buenas condiciones agrarias y medioambientales conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (29) y en las correspondientes disposiciones de aplicación.

91.

Cuando las medidas de ayuda se dirijan a determinados productos u operadores, la reducción de la capacidad de producción deberá alcanzar un 10 % de aquella por la que se concede efectivamente la ayuda de reestructuración. Para las demás medidas, la reducción de la capacidad de producción deberá alcanzar al menos el 5 %. Cuando las medidas de reestructuración se concedan en regiones menos favorecidas (30), la cifra exigida de reducción de capacidad se recortará en dos puntos porcentuales. La Comisión no aplicará estos requisitos de reducción de la capacidad cuando la totalidad de las decisiones de conceder ayuda de reestructuración tomadas a favor de los beneficiarios en un determinado sector durante cualquier período de 12 meses consecutivos no afecte a más del 1 % de la capacidad de producción del sector en cuestión en el Estado miembro de que se trate. Esta norma podrá aplicarse a escala regional cuando se trate de un régimen de ayuda limitado a una determinada región.

92.

El requisito de reducción de la capacidad de forma irreversible podrá cumplirse al nivel de mercado de referencia (sin que deba implique necesariamente reducciones por los beneficiarios de la ayuda de reestructuración). Siempre que se cumplan las disposiciones de la política agrícola común, los Estados miembros podrán escoger el sistema de reducción de capacidad que deseen aplicar.

93.

El Estado miembro deberá demostrar que la reducción de capacidad tendrá carácter suplementario con respecto a cualquier reducción que se hubiese efectuado en ausencia de la ayuda de reestructuración.

94.

Cuando la reducción de capacidad no se aplique a la capacidad de producción del beneficiario de la ayuda, las medidas destinadas a conseguir la reducción deberán aplicarse antes de que transcurra un año desde la concesión de la ayuda.

95.

Para garantizar la eficacia del cierre de capacidad realizado en el correspondiente nivel del mercado, el Estado miembro debe comprometerse a no conceder ayuda estatal destinada a incrementar la capacidad en el sector de que se trate. Este compromiso permanecerá vigente durante un período de cinco años a partir de la fecha en la que se efectuó realmente la reducción de capacidad exigida.

96.

Al determinar si se cumplen los requisitos para poder beneficiarse de una ayuda de reestructuración, y el importe de ésta, no se tendrán en cuenta las restricciones derivadas del cumplimiento de la cuota comunitaria y las disposiciones complementarias, aplicables a los operadores individuales.

97.

El principio según el cual la ayuda de salvamento o de reestructuración sólo debe conocerse una vez también se aplica al sector agrario. No obstante, en lugar del período de diez años contemplado en la sección 3.3 se aplicará un período de cinco años.

98.

Por lo que se refiere a la supervisión y al informe anual en el sector agrario, serán de aplicación las disposiciones de los capítulos 3 y 4, salvo la obligación de presentar una lista de todos los beneficiarios de los regímenes así como determinadas informaciones (véase el punto 86). En caso de que se recurra a las disposiciones de los puntos 90 a 96, el informe deberá incluir también datos que indiquen la capacidad de producción que ha recibido realmente ayuda de reestructuración y la reducción de capacidad lograda.

99.

Mediante carta separada, la Comisión propondrá a los Estados miembros, con arreglo al apartado 1 del artículo 88 del Tratado, las medidas apropiadas establecidas en los puntos 100 y 101 para sus regímenes de ayudas vigentes. La Comisión tiene la intención de supeditar la autorización de todo régimen futuro al cumplimiento de dichas disposiciones.

100.

Los Estados miembros que hayan aceptado la propuesta de la Comisión deberán adaptar en un plazo de seis meses sus regímenes de ayuda existentes que vayan a mantenerse en vigor después del 9 de octubre de 2004, con objeto de ajustarlos a lo dispuesto en las presentes Directrices.

101.

Los Estados miembros deberán hacer saber su aceptación de estas medidas apropiadas en el mes siguiente a la recepción de la citada carta en la que se proponen las medidas apropiadas.

102.

La Comisión aplicará estas Directrices desde el 10 de octubre de 2004 hasta el 9 de octubre de 2009.

103.

Las notificaciones registradas por la Comisión antes del 10 de octubre de 2004 se examinarán a la luz de los criterios vigentes en el momento de la notificación.

104.

La Comisión examinará la compatibilidad con el mercado común de toda ayuda de salvamento o de reestructuración que se conceda sin la autorización de la Comisión y, por lo tanto, infringiendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado con arreglo a las presentes Directrices, cuando la ayuda, o una parte de ella, se haya concedido después de la publicación de las Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En los demás casos las examinará con arreglo a las Directrices aplicables en el momento de la concesión de la ayuda.

1.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 244/18

1.

Con fecha 23 de septiembre de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Wendel Investissement («Wendel», Francia) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de Bureau Veritas S.A. («Bureau Veritas», Francia) a través de adquisición de acciones.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3569 — WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS, a la siguiente dirección:

1.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 244/19

1.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 244/20

1.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 244/21

—

encuestas en los sectores de la inversión, la construcción, el comercio al por menor y los servicios en los nuevos Estados miembros de la UE, Bulgaria, Croacia y Rumanía,

—

encuestas en los sectores del comercio al por menor y los servicios en Luxemburgo,

—

encuestas en el sector industrial y entre los consumidores en Croacia,

—

la Comisión también organiza encuestas específicas sobre problemas económicos de actualidad. Estas encuestas específicas son por definición más esporádicas y se realizan, además de las encuestas mensuales y utilizando sus mismas muestras, para obtener información sobre problemas politicoeconómicos específicos.

—

Las encuestas mensuales deberán realizarse durante la primera quincena de cada mes y los resultados deberán transmitirse por correo electrónico a la Comisión como muy tarde cuatro días laborables antes de que finalice el mes y de acuerdo con el calendario que se incluya en el convenio de subvención.

—

Las encuestas trimestrales deberán realizarse durante la primera quincena del primer mes de cada trimestre (enero, abril, julio y octubre) y los resultados deberán transmitirse por correo electrónico a la Comisión como muy tarde cuatro días laborables antes de que finalicen enero, abril, julio y octubre, respectivamente, y de acuerdo con el calendario que se incluya en el convenio de subvención.

—

Las encuestas semestrales sobre inversiones deberán efectuarse durante los meses de marzo/abril y de octubre/noviembre y los resultados deberán transmitirse por correo electrónico a la Comisión como muy tarde cuatro días laborables antes de que finalicen mayo y diciembre, respectivamente, y de acuerdo con el calendario que se incluya en el convenio de subvención.

—

Por lo que se refiere a las encuestas específicas, el beneficiario se comprometerá a respetar el calendario específico de cada encuesta.

—

El presupuesto total anual disponible para estas encuestas es del orden de 650 000 euros.

—

El número de beneficiarios podría situarse entre 12 y 24, en función de las propuestas que se reciban.

a)

que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

b)

que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética profesional;

c)

que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación por cualquier medio a su alcance;

d)

que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de contratación o del país donde deba ejecutarse el contrato;

e)

que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de las Comunidades;

f)

que, a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una subvención financiados con cargo al presupuesto comunitario, hayan sido declarados culpables de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

g)

que se hallen en una situación de conflicto de intereses;

h)

que hayan presentado declaraciones falsas en relación con la información exigida o no hayan aportado esa información.

1.

Sin perjuicio de la aplicación de sanciones contractuales, los candidatos o licitadores y los contratistas a quienes se hubiere declarado culpables de declaraciones falsas o de haber cometido una falta grave de ejecución por no haber respetado sus obligaciones contractuales en un contrato anterior quedarán excluidos de la concesión de contratos y subvenciones financiados con cargo al presupuesto comunitario por un período de tiempo máximo de dos años a partir del acta de infracción, confirmada tras un intercambio contradictorio con el contratista. La exclusión podrá ampliarse a tres años en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción.

A los licitadores o candidatos que sean declarados culpables de declaraciones falsas se les impondrán, además, sanciones financieras por un importe de entre el 2 % y el 10 % de la cuantía total del contrato en curso de concesión.

A los contratistas que hayan incumplido gravemente sus obligaciones contractuales se les impondrán sanciones financieras por un importe de entre el 2 % y el 10 % de la cuantía total del contrato de que se trate. La sanción podrá elevarse a un importe de entre el 4 % y el 20 % en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción.

2.

En los supuestos recogidos en las letras a), c) y d) del punto 5.2, los licitadores o candidatos quedarán excluidos de la concesión de todo contrato o subvención por un período máximo de dos años a partir del acta de infracción, confirmada tras un intercambio contradictorio con el contratista.

En los supuestos recogidos en las letras b) y e) del punto 5.2, los licitadores o candidatos quedarán excluidos de la concesión de todo contrato o subvención por un período mínimo de un año y máximo de cuatro a partir de la notificación de la sentencia.

La exclusión podrá ampliarse a cinco años en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción o a la primera sentencia.

3.

Los supuestos recogidos en la letra e) del punto 5.2 se refieren a los siguientes casos:

—

una experiencia probada de al menos tres años en la preparación y realización de encuestas cualitativas de coyuntura;

—

experiencia probada en al menos dos de los siguientes ámbitos:

—

capacidad de aplicar la metodología del programa común armonizado para las encuestas de coyuntura en la Unión Europea y para atender las instrucciones de la Comisión: cumplir los plazos mensuales de información y mejorar y adaptar el programa de encuesta según las exigencias de los Servicios de la Comisión, con arreglo a los acuerdos alcanzados en las reuniones de coordinación con los representantes de los organismos o centros colaboradores.

—

el grado de conocimientos y experiencia en los ámbitos mencionados en el punto 6.2,

—

la metodología de encuesta propuesta, incluidos el método de muestreo, el tamaño de la muestra, el grado de cobertura y la tasa de respuesta,

—

el nivel de competencia y conocimiento por lo que respecta a las características especiales del sector y del país en que esté previsto realizar la(s) encuesta(s),

—

la eficacia de la organización del trabajo, en términos de flexibilidad, infraestructura, personal cualificado e instalaciones, para la ejecución de las tareas, notificación de los resultados, participación en los preparativos de las encuestas en el marco del programa común armonizado y conexión con los Servicios de la Comisión,

—

la relación coste/beneficio.

—

el formulario estándar de propuesta,

—

un modelo del acuerdo marco de asociación,

—

un modelo del convenio específico de subvención, así como el anexo con una descripción detallada de la acción,

—

el modelo de declaración presupuestaria que debe utilizarse para proporcionar la estimación de los costes de la encuesta y el plan de financiación,

—

una ficha estándar de identificación financiera,

—

una ficha estándar de entidad legal,

—

un modelo de declaración de idoneidad,

a)

descargándolos de la siguiente dirección de Internet:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm,

b)

en caso de que la opción anterior no sea posible, escribiendo a la Comisión a la siguiente dirección:

Se ruega indicar «Convocatoria de propuestas — ECFIN/2004/A3-01».

—

una ficha estándar de «entidad legal» debidamente rellenada y firmada, junto con los documentos exigidos que acrediten la personalidad jurídica del organismo o centro,

—

una ficha estándar de «identificación financiera» debidamente rellenada y firmada,

—

una declaración estándar de «idoneidad» debidamente firmada,

—

el organigrama del organismo o centro, con los nombres y cargos del personal directivo y de los miembros del servicio operativo responsable de realizar las encuestas,

—

una declaración del organismo o centro en que éste manifieste su disposición a firmar el acuerdo marco de asociación y el convenio específico de subvención en caso de resultar seleccionado,

—

prueba de una situación financiera saneada: deberán adjuntarse los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios presupuestarios cerrados.

—

una descripción de las actividades del organismo o centro, que permita valorar sus competencias y la amplitud y duración de su experiencia en los ámbitos a que se refiere el punto 6.2. Deberán mencionarse los estudios, contratos de servicios, consultas, encuestas, publicaciones y otros trabajos efectuados anteriormente, indicando el o los destinatarios y precisando los realizados por cuenta de la Comisión Europea. Además, deberán adjuntarse los estudios o resultados más relevantes,

—

una descripción detallada de la organización operativa de que se dispone para llevar a cabo las encuestas. Deberá adjuntarse la documentación pertinente relativa a la infraestructura, instalaciones, recursos y personal cualificado (currículos sucintos) de que dispone el candidato,

—

una descripción detallada de la metodología de la encuesta: métodos de muestreo, errores de muestreo e intervalos de confianza, tamaño de la muestra y tasa de respuesta estimada,

—

una descripción detallada de las tareas que vayan a subcontratarse.

—

para cada encuesta, una declaración presupuestaria estándar debidamente rellenada y desglosada (en euros) para un período de 12 meses que contenga un plan de financiación de la acción y un desglose detallado de los gastos subvencionables totales y unitarios de realización de la encuesta, incluidos los costes de subcontratación,

—

en su caso, un documento que certifique la contribución financiera de otras organizaciones.

Comisión Europea

Dirección General ECFIN

«Convocatoria de propuestas — ECFIN/2004/A3-01»

Unidad ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Bruxelles/Brussel.

a)

bien por correo certificado, enviado como muy tarde el 16 de noviembre de 2004, de lo que dará fe el matasellos de correos,

b)

bien mediante entrega en mano en el Servicio Central de Correos de la Comisión Europea (en persona o a través de un representante autorizado, incluidos los servicios privados de mensajería) en la siguiente dirección: