14.9.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/1

14.9.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/2

Nombre

:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dirección

:

Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Teléfono

:

06-4819968,

fax

:

06-42013126

Correo electrónico

:

qualita@politicheagricole.it

2.1.

:

Nombre

:

Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo

2.2.

:

Dirección

:

Via Matteotti, 73, I-01100 Viterbo

2.3.

:

Composición

:

Productores/transformadores (x) otros ( ).

4.1

Nombre del producto: «Tuscia».

4.2.

Descripción del producto: Aceite de oliva virgen extra con las siguientes características:

4.3.

Zona geográfica: La zona de producción y transformación de las aceitunas destinadas a la obtención del aceite de oliva virgen «Tuscia» comprende los territorios de los siguientes municipios de la provincia de Viterbo, región de Lacio: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (en parte), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (en parte), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo y Vitorchiano. La descripción de la delimitación de los municipios incluidos en parte en la zona de producción figura en el pliego de condiciones.

4.4.

Prueba del origen: El olivo se extendió en esta zona a principios del siglo VI a.C. gracias a los intercambios de los etruscos con los fenicios y los griegos de la Magna Grecia. Se han encontrado huesos de aceituna en algunas piezas arqueológicas de la Etruria meridional, en la provincia de Viterbo.

En sus orígenes, el territorio de Tuscia, que en la actualidad corresponde a la provincia de Viterbo, estaba comprendido en Etruria, denominada en latín Hetruria o Aetruria por sus habitantes, llamados etruscos o etrurios. A partir del siglo II d.C., los romanos empezaron a utilizar también el nombre de Tusci o Tuscia para denominar ese territorio. Con el tiempo, Tuscia se convirtió en la denominación oficial de Etruria, establecida en la reorganización administrativa de la Italia antigua, realizada por el Emperador Diocleciano (284-305). Los habitantes de Tuscia se dedicaban, entre otras cosas, al cultivo del olivo y a la producción de aceite de oliva, como lo demuestran las pinturas halladas en las tumbas etruscas. Más adelante, también los romanos dedicaron mucha atención a ese cultivo y, en las «Villae» diseminadas por el territorio de Tuscia, producían las aceitunas y las transformaban en las almazaras anejas; un ejemplo típico de esto se puede observar en Civita di Bagnoregio. En algunos centros locales (como en Fabrica di Roma o Civita Castellana) se realizaron durante siglos los recipientes de cerámica para el transporte y almacenamiento del aceite.

4.5.

Método de obtención: El aceite de oliva virgen extra «Tuscia» se obtiene de aceitunas de las variedades Frantoio, Caninese y Leccino, que deben producirse, solas o mezcladas, en los olivares en un 90 % como mínimo. Se admite la existencia en los olivares de un porcentaje máximo del 10 % de otras variedades.

El olivo representa en esta zona uno de los cultivos más extendidos, con plantaciones especializadas de 150 a 300 árboles por hectárea, plantaciones intensivas con más de 300 árboles por hectáreas y cultivos mixtos con un máximo de 100 olivos por hectárea.

Los sistemas de poda de formación más extendidos en los olivares especializados son el vaso en forma de arbusto, la forma en Y, el de un solo cono y el cono invertido, mientras que en los olivares mixtos son el vaso de varios conos y el vaso libre. Las podas se realizan generalmente una vez al año, aunque las podas de renovación se efectúan tras períodos más largos.

La protección fitosanitaria se realiza según las indicaciones de los servicios de lucha orientada e integrada que trabajan en ese territorio. Están prohibidos los tratamientos del suelo con productos desherbantes o desecantes.

Las aceitunas se recogen directamente del árbol durante la fase fenológica de envero superficial del epicarpio y, en cualquier caso, no se recogen nunca después del 20 de diciembre si se trata de cultivares precoces (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino) y ni después del 15 de enero en el caso de cultivares tardíos (Caninese, Moraiolo).

Está prohibido utilizar los productos caídos del árbol o de abscisión. La producción máxima de aceitunas por hectárea no supera los 9 000 kg en los olivares especializados mientras que en los olivares asociados o mixtos la producción máxima de aceitunas por árbol no supera los 90 kg. Las aceitunas se transportan a la almazara en un plazo de 24 horas desde su recogida y su proceso de elaboración comienza antes de que transcurra un día desde su traslado. El transporte de las aceitunas se realiza en recipientes adecuados.

Las técnicas de oleificación practicadas consisten en lo siguiente:

Las operaciones de producción, transformación y embotellado se efectúan dentro del contorno territorial delimitado. El producto se embotella también en la zona delimitada debido a la necesidad de salvaguardar las características peculiares y la calidad del aceite «Tuscia», garantizando así que el control efectuado por el organismo tercero se efectúa bajo la vigilancia de los productores interesados. Para estos últimos, la denominación de origen protegida reviste una importancia decisiva y ofrece, en línea con los objetivos y la orientación del Reglamento, una ocasión de mejorar sus beneficios. Por otro lado, tal operación se efectúa tradicionalmente en la zona geográfica delimitada. Con el fin de garantizar el origen del producto, los productores que desean comercializar aceite virgen extra con esta denominación deben inscribir los olivares y las plantas transformadoras y envasadoras en registros específicos del organismo de control, que se mantienen actualizados.

4.6.

Vínculo: El territorio de Tuscia presenta caracteres geomorfológicos y aspectos paisajísticos peculiares. Los sistemas montañosos de Volsini, Cimini y Sabatini comprenden los grandes lagos volcánicos de Bolsena, Vico y Bracciano y los lagos menores de Mezzano, Monterosi y Martignano. A la diversificación orográfica corresponden terrenos de origen volcánico con las mismas características. Esos aspectos ofrecen condiciones climáticas favorables al desarrollo de una fauna y de una rica vegetación. Las óptimas características agroedafológicas y la presencia de microclimas específicos favorables, originados sobre todo por factores geomorfológicos (relieves de colinas y presencia de lagos), condicionan especialmente este territorio para el cultivo del olivo y confieren al aceite de oliva virgen extra de Tuscia un carácter típico y único.

En la gastronomía local, el aceite de oliva ocupa una situación relevante en conjunción indisoluble con el medio de producción.

El clima es templado con precipitaciones en torno a los 900 mm anuales, que se distribuyen preferentemente en la primavera y el otoño, con excepción de la zona de los Colli Cimini, que se caracteriza por una notable amplitud térmica y mayor pluviosidad.

4.7.

Estructura de control:

4.8.

Etiquetado: El aceite de oliva virgen extra debe comercializarse en envases de vidrio o de acero de capacidad inferior o igual a 5 litros.

El nombre de la denominación de origen protegida «Tuscia» debe figurar en la etiqueta en caracteres claros e indelebles, además de las indicaciones prevista en las normas de etiquetado.

Asimismo, deberá figurar el símbolo gráfico correspondiente al logotipo específico e inconfundible que debe utilizarse en asociación indisoluble con la denominación. El símbolo gráfico ha sido diseñado a partir de la imagen de una antefija etrusca de terracota procedente de las excavaciones efectuadas en Acquarossa (Viterbo).

La antefija es de un color ocre oscuro que contrasta con la inscripción «Tuscia» de color rojo oscuro. El logotipo forma parte integrante del pliego de condiciones donde se describe con precisión con los colores de referencia.

4.9.

Requisitos nacionales:

14.9.2004   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/5

1.1.

La aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales, establecidas en los artículos 87 a 89 del Tratado CE, a la producción y al comercio de los productos de la pesca está prevista en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (1), y en el artículo 32 del Reglamento (CE) no 104/2000, de 17 de diciembre de 1999, relativo a la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (2).

El principio de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común, formulado en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado está condicionado a las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 87. Mediante las presentes Directrices, la Comisión pretende gestionar tales excepciones en el sector de la pesca.

1.2.

Las presentes Directrices se aplican a la totalidad del sector pesquero y atañen a la explotación de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura, así como a los medios de producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos, exceptuando las actividades de pesca deportiva o recreativa cuyas capturas no se destinan a la venta.

Estas Directrices afectarán a todas las medidas que constituyan una ayuda de acuerdo con la definición establecida en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, incluidas todas aquellas que supongan una ventaja financiera, cualquiera que sea su forma, que estén financiadas directa o indirectamente con recursos presupuestarios de cualquier autoridad pública (nacional, regional, provincial, comarcal o local), o con otros recursos públicos. Por ejemplo, se considerarán ayudas: las transferencias de capital, los préstamos con interés reducido, las bonificaciones de intereses, determinadas participaciones públicas en el capital de las empresas, las ayudas financiadas con recursos procedentes de gravámenes especiales o impuestos parafiscales, así como las ayudas concedidas en forma de garantía del Estado para préstamos bancarios o en forma de reducción o exención de tasas o impuestos, incluidas las amortizaciones aceleradas y la reducción de las cotizaciones sociales.

2.1.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999, los artículos 87, 88 y 89 del Tratado no se aplican a las ayudas financieras obligatorias concedidas por los Estados miembros a medidas cofinanciadas por la Comunidad que estén previstas en virtud de los planes de desarrollo contemplados en el apartado 3 del artículo 3 de dicho Reglamento y definidos en la letra b) del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (4), o bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2370/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por el que se establece una medida comunitaria urgente para el desguace de buques pesqueros (5). Por consiguiente, los Estados miembros no deberán notificar ese tipo de aportaciones a la Comisión y no estarían sujetas al presente Reglamento.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999, las medidas que contemplen una financiación pública superior a lo dispuesto en dicho Reglamento o en el Reglamento (CE) no 2370/2002 sobre las participaciones financieras obligatorias a que se refiere el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999 deberán notificarse a la Comisión como ayudas estatales y estarán sujetas a las presentes Directrices.

Para reducir la carga administrativa que puede entrañar la aplicación del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999 y facilitar el desembolso de los Fondos Estructurales comunitarios, convendría que los Estados miembros distinguieran claramente, en su propio interés, entre las ayudas financieras obligatorias que tienen la intención de conceder de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999, a efectos de cofinanciación de medidas comunitarias en el marco del instrumento financiero de orientación de la pesca, las cuales no han de ser objeto de notificación, por un lado, y las ayudas estatales sujetas a la obligación de notificación, por otro.

2.2.

Los Estados miembros no están obligados a notificar las ayudas al sector de la pesca que reúnan las condiciones establecidas en virtud de los reglamentos sobre exenciones por categorías adoptados por la Comisión con arreglo al artículo 1 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (6). Entre dichas ayudas figuran las siguientes:

2.3.

El Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis  (11), no es aplicable al sector de la pesca.

3.1.

Tanto en el sector de la pesca, como en otros sectores económicos de la Comunidad, la política comunitaria en materia de ayudas estatales tiene por objeto evitar el falseamiento de la competencia en el mercado interior.

Las ayudas estatales al sector de la pesca solamente están justificadas si son conformes a los objetivos de la política de la competencia y de la política pesquera común, establecidos en las presentes Directrices y, en particular, en el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (12), y en los Reglamentos (CE) no 2792/1999 y no 104/2000.

3.2.

Es esencial velar por la coherencia de las políticas comunitarias en lo que respecta al control de las ayudas estatales y a la utilización de los Fondos Estructurales en el marco de la política pesquera común.

Así pues, las medidas que sean elegibles para recibir financiación procedente de los Fondos comunitarios sólo serán elegibles para una ayuda estatal si satisfacen los criterios establecidos en el Reglamento (CE) no 2792/1999. La tasa de participación financiera de la ayuda estatal, expresada en porcentaje de los costes subvencionables nunca deberá superar en equivalente de subvención el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

La Comisión examinará caso por caso, teniendo en cuenta los principios enunciados en los artículos 87, 88 y 89 del Tratado y la política pesquera común, cualquier ayuda para medidas que no estén cubiertas por las presentes Directrices ni por el Reglamento (CE) no 1595/2004 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales concedidas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca.

3.3.

Es esencial que no se conceda ayuda alguna en los casos de incumplimiento del Derecho comunitario y, en particular, de las normas de la política pesquera común. Por lo tanto, las ayudas estatales sólo podrán considerarse compatibles si, antes de su concesión, el Estado miembro en cuestión comprueba que las medidas financiadas y sus efectos se ajustan al Derecho comunitario. Durante el período de concesión, los Estados miembros deberán verificar que los beneficiarios de la ayuda cumplen las normas de la política pesquera común. Si durante dicho período se constatara que el beneficiario de la ayuda no cumple las normas en cuestión, la ayuda deberá ser reembolsada de manera proporcional a la gravedad del incumplimiento.

3.4.

Con objeto de garantizar que la ayuda es necesaria y que sirve de incentivo para realizar determinadas actividades, no se considerarán compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a actividades que el beneficiario llevaría a cabo por sí mismo en condiciones normales de mercado. No deberán concederse ayudas por actividades que el beneficiario ya haya emprendido.

3.5.

Las ayudas no podrán tener carácter conservador; por el contrario, deberán favorecer la racionalización y la eficacia de la producción y comercialización de los productos de la pesca. Estas ayudas deberán conducir a mejoras duraderas, de manera que el sector de la pesca pueda desarrollarse gracias únicamente a las rentas obtenidas en el mercado.

3.6.

Las ayudas estatales a la exportación y al comercio de productos de la pesca dentro de la Comunidad son incompatibles con el mercado común.

3.7.

Las ayudas estatales concedidas sin exigir por parte de los beneficiarios ninguna obligación que contribuya a los objetivos de la política pesquera común y que estén destinadas a mejorar la situación de las empresas y a aumentar su liquidez, o cuyos importes estén calculados en función de la cantidad producida o comercializada, del precio de los productos, de las unidades producidas o de los medios de producción, y cuyo resultado suponga una reducción de los costes de producción o una mejora de las rentas del beneficiario, serán incompatibles con el mercado común por tratarse de ayudas de funcionamiento. La Comisión tiene la intención de aplicar esta disposición de manera rigurosa a todas las ayudas de funcionamiento, lo cual abarca las reducciones fiscales y las reducciones de las cotizaciones a los sistemas de seguridad social o de subsidios de desempleo.

3.8.

En beneficio de la transparencia, ninguna ayuda estatal podrá ser declarada compatible por la Comisión si el Estado miembro de que se trate no ha comunicado el importe total de la ayuda por medida, así como la intensidad de la ayuda.

Con arreglo a la práctica consolidada de la Comisión, los umbrales deberían expresarse normalmente como intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables, en lugar de como importes máximos de ayuda. No obstante, se tendrán en cuenta todos los factores que permitan evaluar la ventaja real obtenida por el beneficiario.

Al examinar los regímenes de ayudas estatales se tendrá en cuenta el efecto acumulativo que tengan para el beneficiario todas las intervenciones con carácter de subvención, concedidas por las autoridades públicas en virtud de normas comunitarias, nacionales, regionales o municipales, especialmente las destinadas a favorecer el desarrollo regional.

3.9.

Las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional (13) no se aplican a este sector. Los componentes de los regímenes de ayuda de finalidad regional que incluyan al sector de la pesca se examinarán de acuerdo con las presentes Directrices.

3.10.

Las ayudas estatales otorgadas para las categorías de medidas contempladas por el Reglamento (CE) no 1595/2004 sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca, que estén destinadas a beneficiar, no obstante, a otras empresas distintas de las PYME o cuyo importe supere el límite que dicho Reglamento establece en el apartado 3 de su artículo 1, se examinarán en función de las presentes Directrices y de los criterios establecidos para cada categoría de medidas en los artículos 4 a 13 del mismo.

4.1.1.

Las ayudas estatales destinadas a la protección del medio ambiente se evaluarán de conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (14). Como complemento a los requisitos que establecen dichas Directrices, no podrán declararse compatibles las ayudas estatales destinadas a la protección del medio ambiente que guarden relación con la capacidad de un buque o tengan por objeto aumentar la eficacia de sus artes de pesca.

4.1.2.

Las ayudas estatales que tengan por objeto el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis se evaluarán de conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (15). Como complemento a los requisitos que establecen dichas Directrices, sólo podrán otorgarse ayudas estatales a la reestructuración de empresas cuya actividad incluya la pesca marítima previa presentación ante la Comisión de un plan adecuado de reducción de la capacidad de la flota que vaya más allá de las obligaciones previstas por la legislación comunitaria.

4.3.1.

Podrán considerarse compatibles las ayudas a la paralización temporal de las actividades pesqueras siempre que cumplan las condiciones que se establecen en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 2792/1999.

Cuando se trate de una paralización temporal de las actividades pesqueras en el marco de un plan de recuperación o de gestión, las ayudas estatales sólo podrán declararse compatibles cuando la adopción del plan se haya hecho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 o 6 del Reglamento (CE) no 2371/2002.

Cuando se trate de una paralización temporal de las actividades pesqueras en el marco de una medida de urgencia, las ayudas estatales sólo podrán declararse compatibles cuando la Comisión haya decidido dicha medida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 2371/2002 o en el apartado 1 del artículo 45 del Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (17), o cuando la hayan decidido uno o varios Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 2371/2002 o en el apartado 2 del artículo 45 del Reglamento (CE) no 850/98.

4.3.2.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 2792/1999, podrán considerarse compatibles las medidas sociales complementarias destinadas a las tripulaciones de buques afectados con el objetivo de facilitar el cese temporal de las actividades pesqueras en el marco de un plan de protección de los recursos acuáticos.

Los Estados miembros deberán decidir la paralización de las actividades de conformidad con lo dispuesto ya sea en los artículos 8, 9 o 10 del Reglamento (CE) no 2371/2002, o bien en el artículo 46 del Reglamento (CE) no 850/98, en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 88/98 del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por el que se fijan determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos de la pesca en las aguas del Mar Báltico, de los Belts y del Sund (18), o en el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo (19).

Además de prever la paralización temporal de las actividades, los planes de protección de los recursos acuáticos también deberán incluir medidas eficaces destinadas a reducir la mortalidad por pesca, por ejemplo mediante la reducción permanente de la capacidad pesquera o la adopción de medidas técnicas. Estos planes, que deberán notificarse a la Comisión, habrán de tener unos objetivos precisos y cuantificables y una duración temporal limitada.

La Comisión recabará sin demora el dictamen al respecto del Comité científico, técnico y económico de pesca contemplado en el apartado 1 del artículo 33 del Reglamento (CE) no 2371/2002. Deberán presentarse pruebas de la repercusión social del plan, así como una justificación de cualquier medida específica diferente de las incluidas en el régimen normal de la seguridad social. Sólo se considerarán tripulantes las personas que ejerzan su actividad profesional principal a bordo de un buque de pesca marítima en activo. Las ayudas a los armadores no se considerarán admisibles, salvo en los casos en que los interesados ejerzan su actividad profesional principal a bordo del buque del que son propietarios.

La notificación a la Comisión deberá ir acompañada de la justificación científica y, en su caso, económica de tales ayudas. Las medidas no deberán rebasar los límites estrictamente necesarios para lograr los objetivos perseguidos y deberán ser temporales. Deberán evitarse las compensaciones excesivas.

Los Estados miembros podrán conceder una compensación por un período de un año, prorrogable por otro año más.

4.3.3.

Las ayudas estatales contempladas en los puntos 4.3.1 y 4.3.2 sólo podrán compensar parcialmente las pérdidas de ingresos debidas a una medida de paralización temporal.

4.3.4.

No se autorizarán las ayudas destinadas a limitar las actividades pesqueras que aplique un Estado miembro con el fin de reducir su esfuerzo pesquero de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2371/2002.

4.4.1.

Las ayudas a la renovación de los buques pesqueros podrán considerarse compatibles con el mercado común si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 9 y 10 y en el punto 1.3 del anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 siempre que el total de las ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV del mencionado Reglamento.

No podrá concederse ayuda alguna a los astilleros para la construcción de buques de pesca. Las ayudas a los astilleros para la construcción, reparación o transformación de buques de pesca extracomunitarios deberán ajustarse al marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (20).

4.4.2.

Las ayudas a la modernización y el equipamiento de los buques pesqueros podrán considerarse compatibles con el mercado común si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 9 y 10 y en el punto 1.4 del anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 siempre que el total de las ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV del mencionado Reglamento.

4.4.3.

La concesión de las ayudas contempladas en los puntos 4.4.1. y 4.4.2 estará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 2371/2002 y en el Reglamento (CE) no 1438/2003 de la Comisión, de 12 de agosto de 2003, por el que se establecen las normas de aplicación de la política comunitaria de flotas pesqueras definida en el capítulo III del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo (21), y, cuando proceda, del Reglamento (CE) no 639/2004 del Consejo, de 30 de marzo de 2004, sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad (22).

4.4.4.

Las ayudas para la compra de buques de ocasión se considerarán compatibles con el mercado común únicamente si se cumple lo dispuesto en la letra d) del apartado 3 y en la letra f) del apartado 4 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo.

4.4.5.

Ninguna ayuda a las inversiones en la flota será considerada compatible o concedida por un Estado miembro cuando se trate de medidas para las que se haya suspendido la asistencia financiera de la Comunidad en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2371/2002.

14.9.2004   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/13

(1)

El 25 de agosto de 1998, la Federación Alemana de Fútbol (Deutscher Fußballbund, en adelante, «DFB») solicitó una declaración negativa o, en su defecto, una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE en relación con la comercialización centralizada de los derechos de retransmisión por televisión y radio y de los derechos sobre otras formas técnicas de explotación (1) de los encuentros del campeonato de liga (Bundesliga) masculino de primera y segunda división. El 30 de octubre de 2003, la Comisión anunció mediante Comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea su intención de adoptar una posición favorable a un régimen modificado de comercialización centralizada (2) y, a raíz de ello, recibió las observaciones de terceros interesados.

(2)

Por carta de 18 de junio de 2004, la Comisión informó a la DFB y a la Asociación de la Liga (Ligaverband) de su evaluación preliminar a efectos del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003.

(3)

Según la evaluación preliminar de la Comisión, los problemas residen en la transferencia de los derechos de retransmisión de los encuentros de primera y segunda división de los clubes a la Asociación de la Liga y en su posterior comercialización centralizada. En los acuerdos de comercialización, la Asociación de la Liga determina el precio y el carácter y alcance de la explotación. El acuerdo sobre la comercialización centralizada y la posterior comercialización conjunta impide a los clubes negociar de manera independiente con los operadores de radio y televisión y/o con las agencias de derechos deportivos. Queda así excluida la competencia por la venta de derechos. En particular, se impide a los clubes adoptar decisiones comerciales independientes en materia de precios o estructurar el carácter y alcance de la concesión de derechos al margen del sistema de comercialización conjunta.

(4)

Por otra parte, según la evaluación preliminar, la comercialización centralizada tiene efectos negativos sobre los mercados de referencia descendentes, tanto televisivos como de nuevos medios de comunicación, toda vez que la posibilidad de ofrecer contenidos futbolísticos desempeña un papel importante en la competencia entre proveedores de programas por los ingresos publicitarios y los abonados o clientes de pago por visión.

(5)

A raíz de ello, la Asociación de la Liga confirmó los compromisos propuestos con motivo del procedimiento de notificación, que ya tienen en cuenta las observaciones presentadas con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 y que ahora se ajustan al apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003. A continuación se resumen brevemente los compromisos propuestos, cuya publicación íntegra figura en la página Internet de la Dirección General de Competencia.

(6)

Los derechos sobre la liga se ofrecerán en varios paquetes en un procedimiento transparente y no discriminatorio. La duración de los contratos que se celebren con el agente o los titulares de las sublicencias no superará las tres temporadas.

(7)

La Liga ofrecerá la retransmisión en directo de partidos de primera y segunda división principalmente en dos paquetes, destinados tanto a operadores de televisión en abierto como a operadores de televisión de pago. Un tercer paquete autorizará al comprador a transmitir en directo un mínimo dos encuentros de primera división y a emitir en primicia los resúmenes en diferido de los momentos culminantes en la televisión en abierto. Un cuarto paquete abarcará partidos en directo de la segunda división, así como los derechos de emisión en primicia de los resúmenes en diferido de los momentos culminantes en la televisión en abierto. En un quinto paquete se ofrecerán los derechos de explotación secundarios y terciarios. Los paquetes tres a cinco también podrán adjudicarse a varios explotadores.

(8)

El sexto paquete incluirá el derecho de retransmisión de encuentros de primera y segunda división por Internet, en directo y/o ligeramente diferidos. A partir del 1 de julio de 2006, el paquete incluirá el derecho de retransmitir los encuentros en directo y ligeramente diferidos. La Asociación de la Liga ofrecerá, por cada jornada en que se trasmitan encuentros, un total de al menos 90 minutos de cobertura en directo de los encuentros por Internet, por ejemplo en forma de teleconferencia. El séptimo paquete se refiere a la transmisión en diferido de los momentos más importantes de los partidos. El octavo paquete incluirá el derecho de transmisión por telefonía móvil de encuentros de primera y segunda división en directo y/o ligeramente diferidos y/o diferidos. El noveno paquete otorgará el derecho de retransmisión en diferido por telefonía móvil de fragmentos de los encuentros de primera y/o segunda división.

(9)

Cada club podrá vender los partidos jugados en casa 24 horas después del encuentro a un operador de televisión en abierto para una única difusión íntegra y en abierto en el EEE.

(10)

Cada club podrá explotar por Internet, una hora y media después de finalizado el partido, un resumen de hasta 30 minutos de sus encuentros jugados en casa y fuera de casa. A partir del 1 de julio de 2006, los clubes podrán informar exhaustivamente y sin restricciones, una vez finalizado el partido, sobre sus encuentros jugados en casa y como visitante en su página Internet o en la página de terceros. Los clubes podrán vender a los operadores de telefonía móvil los derechos para transmitir por sus redes de telefonía móvil en el EEE las crónicas de sus partidos jugados en casa. Una vez finalizado el encuentro, los clubes podrán explotar sin restricciones los partidos jugados en casa a través de emisoras radiofónicas gratuitas. En el caso de las retransmisiones en directo, la explotación no podrá superar los diez minutos por cada mitad de juego.

(11)

Los derechos mencionados no podrán venderse de tal forma que un usuario pueda elaborar un producto que sea contrario a los intereses de la DFB y la Asociación de la Liga, o de los compradores de los paquetes 1 a 9, de disponer de un producto uniforme o que ponga en peligro las ventajas de la creación de una marca (branding) o de la comercialización centralizada (ventanilla única).

(12)

Según la propuesta de las partes, los derechos no utilizados podrán ser explotados por los clubes. Sin embargo, la Asociación de la Liga conservará el derecho de comercialización paralela y no exclusiva del correspondiente paquete. Éste será el caso, por una parte, cuando la Asociación de la Liga no haya enajenado determinados derechos para los que se hubiera previsto su comercialización centralizada. Cuando, una vez transcurridos 14 días desde la primera jornada de una temporada, no se haya llegado a ningún acuerdo con alguno de los explotadores sobre alguno de los citados paquetes según las modalidades especificadas, serán los propios clubes quienes, a partir de ese momento y hasta el final del campeonato, exploten para los partidos jugados en casa los derechos previstos en el paquete no utilizado. Por otra parte, los clubes podrán explotar los derechos cuando el comprador de éstos se abstenga de explotarlos sin razón objetiva.

(13)

Las modificaciones en el ámbito de la televisión y, como ya se ha indicado, en el ámbito de Internet, entrarán en vigor el 1 de julio de 2006. Las demás modificaciones lo harán el 1 de julio de 2004. Estas fases transitorias permitirán tener sucesivamente en cuenta las objeciones planteadas desde el punto de vista de la competencia sin poner en peligro los partidos de primera y segunda división.

(14)

Los futuros contratos de licencia no son objeto del modelo de comercialización presentado. A este respecto, la Comisión se reserva el derecho de examinarlos a la luz del Derecho comunitario en un procedimiento separado, especialmente en el caso de que un solo explotador adquiera varios paquetes comercializados de forma centralizada con derechos de explotación exclusivos.

(15)

A reserva de la prueba de mercado, la Comisión tiene intención de adoptar una decisión con arreglo al apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 por la que se declaren vinculantes los compromisos que se acaban de resumir y que se han publicado en su integridad en la página Internet de la Dirección General de Competencia. A tal fin, invita a los terceros interesados a comunicar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Comunicación.

(16)

Se ruega a los terceros interesados que faciliten, asimismo, una versión no confidencial de sus observaciones en la que los secretos comerciales y demás pasajes de contenido confidencial se hayan suprimido y sustituido, según proceda, por un resumen no confidencial o por la indicación «[secreto comercial]» o «[confidencial]».

(17)

Los interesados deberán enviar sus observaciones, citando la referencia «COMP/C.2/37.214 — Comercialización conjunta de los derechos mediáticos de la liga de fútbol alemana (Deutsche Bundesliga)», a la siguiente dirección:

14.9.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/16

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) de forma gratuita. Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

—

en formato electrónico en la versión «CDE» de la base de datos CELEX, por número de documento 32004M3545. CELEX es el sistema informático de documentación de la legislación comunitaria. (http://europa.eu.int/celex)

14.9.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/16

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) de forma gratuita. Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

—

en formato electrónico en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, por número de documento 32004M3539. CELEX es el sistema informático de documentación de la legislación comunitaria. (http://europa.eu.int/celex)