30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/1

1.1.

El Comité resalta que la estrategia de Lisboa sólo cumplirá sus objetivos de competitividad internacional, progreso económico, social y medioambiental y desarrollo sostenible si esta estrategia permite llevar a cabo una profunda renovación del método, la ordenación política e institucional y los instrumentos de cooperación a los que se recurra para alcanzar dichos objetivos.

1.1.1.

El CESE reconoce especialmente que la estrategia de Lisboa es más compleja, más ambiciosa y más difusa en sus consecuencias que ningún otro objetivo en cuanto a los resultados que se espera alcanzar para la Unión Europea.

1.2.

Con este fin, el Comité propone un enfoque más dinámico, que se traduzca en el ámbito institucional en una coordinación reforzada, para garantizar un nuevo impulso del crecimiento económico europeo que otorgue un grado de importancia adecuado a las realidades económicas, sociales y medioambientales, en el marco de una interacción permanente entre estas realidades, esto es, basándose en un desarrollo sostenible y en la competitividad del sistema europeo.

1.3.

El Comité propone:

1.4.

Esta coordinación reforzada, que no exige una modificación de los Tratados, presupone una cooperación y una emulación entre los Estados miembros en torno a los objetivos de la estrategia de Lisboa, así como un compromiso innovador responsable en las políticas macroeconómicas y un planteamiento de cooperación por lo que respecta a las políticas específicas de ejecución de las reformas estructurales.

1.5.

Más allá de la necesidad de respetar el pacto de estabilidad, que se basa en la fiabilidad de los Estados en la defensa de la moneda única, prevalece la prioridad de llevar a cabo una política económica europea de crecimiento integrado. Ello exige en la zona del euro un modo de aplicación del pacto de crecimiento y estabilidad que favorezca una mejor realización de la estrategia de Lisboa. Además, es necesaria una convergencia de las políticas tributarias en condiciones acordes con las exigencias de competitividad que plantea una economía abierta, la cual, no obstante, deberá garantizar también la sostenibilidad social.

1.6.

Esta política integrada ha de servir, ante todo, para crear las condiciones necesarias para dar un mayor impulso a la actividad económica europea. El Comité apoya el objetivo –que ya ha sido recientemente objeto de numerosas propuestas– de dar vida a una iniciativa europea de crecimiento que favorezca las inversiones transeuropeas, especialmente en materia de infraestructuras (energía, transportes y tecnologías de la información y la comunicación), de investigación y de formación, así como un mejor funcionamiento del mercado laboral y de los regímenes de protección social, en un marco de desarrollo sostenible.

1.7.

El Comité insiste nuevamente en la necesidad de acelerar la plena realización del mercado único simultáneamente a su ampliación. Ello se refiere especialmente al ámbito de la contratación pública, las distintas categorías de servicios y la simplificación legislativa y administrativa. El objetivo estriba en desarrollar una capacidad de crecimiento verdaderamente autónomo, algo de lo que Europa carece todavía, utilizando plenamente el potencial de esta zona económica integrada, muy extensa y al mismo tiempo tecnológicamente avanzada.

2.1.

El Comité subraya la importancia fundamental que reviste el diálogo entre los interlocutores sociales, a escala europea y nacional, para llevar a buen puerto las reformas específicamente encaminadas al fomento de la enseñanza y la formación, a un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, así como al mantenimiento de unos regímenes de protección social que garanticen la sostenibilidad y las mejoras en este ámbito.

2.2.

Desde el principio, el mandato otorgado por el Consejo Europeo de Lisboa ha hecho hincapié en la función prioritaria de las iniciativas del sector privado y de una nueva cooperación entre el Estado y la sociedad civil en la aplicación de esta estrategia plurianual. El método abierto de coordinación incluido en dicha estrategia debe prever la plena participación de la sociedad civil organizada.

2.3.

Con motivo de la preparación del nuevo tratado constitucional europeo, que dará continuidad a la ampliación en 2004, el propio Comité ha respaldado enérgicamente la referencia de la Convención Europea a la función de la democracia participativa, fomentada por los agentes de la sociedad civil, para completar la democracia representativa sin sustituirla.

2.4.

Cabe añadir también a la dimensión vertical de la subsidiariedad (que distingue unos niveles de competencia a escala europea, nacional, regional o local) una dimensión horizontal o funcional (que distingue por una parte las cuestiones que dependen principalmente de la autoridad de los poderes públicos y, por otra, las que dependen más bien de la participación directa y, en su caso, autónoma, de la sociedad civil: sector privado, interlocutores sociales, medios socioprofesionales y asociativos).

2.5.

Más allá del compromiso efectivo de las instituciones europeas y de los Estados, el éxito de la estrategia de Lisboa exige:

—

un fortalecimiento de la concertación de las instituciones europeas con los medios socioprofesionales y con los interlocutores sociales, mediante el cual se podrá desarrollar un diálogo europeo permanente sobre las distintas orientaciones comunes y los planes de acción de la estrategia de Lisboa y, en particular, garantizar una mejor consideración y conciliación de los imperativos de competitividad económica, progreso social y desarrollo sostenible;

—

una participación activa de los interlocutores sociales en la puesta en marcha del programa plurianual de diálogo social que han acordado, que les lleve en particular a desarrollar los acuerdos europeos entre sí en los ámbitos relacionados con la aplicación de la estrategia de Lisboa;

—

la valorización de este diálogo socioprofesional y de esta contribución de los interlocutores sociales europeos en el informe anual de la Comisión Europea para la cumbre de primavera.

—

un desarrollo paralelo de la concertación y del diálogo socioprofesional que vaya acompañado del lanzamiento de una campaña informativa de la opinión pública y del debate sobre el objeto y las modalidades de las reformas emprendidas en el marco de la estrategia de Lisboa;

—

un diálogo y una participación contractual de los interlocutores sociales en sus ámbitos de competencia, adaptada a la diversidad de las culturas y del contexto económico y social para realizar planes de acción nacionales;

—

la valorización de estas contribuciones de la sociedad civil, en particular las de los interlocutores sociales, en los informes nacionales anuales de los Estados miembros para la cumbre de primavera, lo que permitirá en particular una mayor difusión de las mejores prácticas en estos ámbitos.

—

El establecimiento de un diálogo real a nivel regional y local. Esta es la mejor forma de garantizar una participación efectiva de los agentes económicos y sociales con el fin de aprovechar al máximo el potencial local en términos de recursos humanos, espíritu empresarial, patrimonio cultural y recursos naturales.

3.2.1.

Los Gobiernos y otras instituciones oficiales pueden contribuir a fomentar la competitividad intensificando las políticas y los servicios que sirvan para mejorar el rendimiento de las empresas y otras organizaciones.

3.2.2.

El CESE cree que es necesario realizar esfuerzos más específicos centrados en los siguientes objetivos:

—

contribuir a desarrollar el diálogo público, asociando directamente a los representantes de la sociedad civil a esta evaluación;

—

mantener una concertación estrecha con los Consejos económicos y sociales nacionales y otras organizaciones similares. En su reunión celebrada en Madrid el 28 de noviembre de 2003, los presidentes de los Consejos Económicos y Sociales de los Estados miembros de la Unión y del CESE decidieron emprender una reflexión conjunta con el fin de aportar una contribución común al Consejo Europeo de primavera que se celebrará en 2005 bajo la Presidencia luxemburguesa;

—

fomentar la difusión de las iniciativas europeas y nacionales de los medios socioprofesionales y los interlocutores sociales que contribuyan al éxito de la estrategia de Lisboa;

—

sobre esta base, seguir presentando cada año un informe de evaluación sobre el estado de aplicación de la estrategia de Lisboa con vistas a la cumbre de primavera.

30.4.2004   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/4

1.1

En su sesión del 13 de noviembre de 2003 el OMU tomó nota de la intervención del ponente del Parlamento, Sr. MEDINA ORTEGA (1), así como de los representantes de la Comisión, en relación con la Comunicación sobre el marco de acción «Actualizar y simplificar el acervo comunitario» (2) sobre cuya aplicación la Comisión ha presentado este año su primer informe semestral intermedio (COM(2003) 623 final).

1.2

Según este informe, «las acciones básicas consistentes en reducir el volumen de la legislación, simplificarla y hacerla más accesible y coherente, avanzan a buen ritmo». Las acciones ya emprendidas o previstas afectan al 4 % del volumen actual del acervo.

1.3

La Comunicación y la acción marco prevén la simplificación y la actualización del acervo bajo distintas formas y por distintos medios:

1.4

Los trabajos relativos a cada una de las formas de simplificación evolucionan a ritmos distintos; no todas las direcciones generales de la Comisión han empezado sus correspondientes trabajos. La puesta en práctica de la Fase I se ha visto retrasada (de febrero a septiembre de 2003) a causa de problemas serios de metodología, personal y presupuesto. La Comisión espera que la Fase II (octubre de 2003 a marzo de 2004) permitirá avanzar más rápidamente y recuperar algunos retrasos para poder respetar la totalidad del programa después de la Fase III (abril de 2004 a diciembre de 2004).

2.1

Cabe distinguir:

El marco de acción antes citado sólo se refiere a la simplificación del acervo comunitario. No obstante, la simplificación de los procedimientos y documentos es igualmente importante para los actores económicos.

Se pueden examinar los dictámenes anteriores del Comité sobre este tema (3).

3.1

El Comité celebra el acuerdo interinstitucional (AII (4)) entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión relativo a los procedimientos de aplicación de la simplificación en el respeto de las competencias y responsabilidades propias de cada cual; el desarrollo probable de la codecisión en un futuro Tratado debería ampliar el papel del Parlamento en la elaboración del Derecho comunitario y el control de su aplicación.

3.1.1

El AII prevé mejorar la coordinación del proceso legislativo entre el Parlamento y el Consejo, sobre la base de un calendario orientativo de las distintas fases que conducen a la aprobación final de cada propuesta legislativa; la Comisión y el Consejo deberían participar regularmente, al más alto nivel, en los debates de las comisiones parlamentarias afectadas por un proyecto.

3.1.2

En el debate de una enmienda importante, el acuerdo prevé la posibilidad de un estudio previo del impacto que tendría la eventual aprobación de dicha enmienda (ello podría no obstante acarrear complicaciones procesales y de calendario).

3.1.3

En lo que se refiere a los «métodos de regulación alternativos», es decir, la corregulación entre entes privados o la autorregulación privada, el acuerdo prevé que estos mecanismos no serán aplicables cuando estén en juego «los derechos fundamentales o se trate de opciones políticas importantes, o en situaciones en que deban aplicarse uniformemente las normas en todos los Estados miembros». Estos mecanismos deberán además «garantizar una regulación rápida y flexible que no afecte a los principios de competencia ni a la unicidad del mercado interior». La regulación «alternativa» se encuentra así enmarcada de una forma restrictiva.

3.1.4

Hay que señalar que las normas concertadas entre interlocutores sociales europeos (artículos 138-139 TCE) no deberían entrar en la categoría general de la corregulación; esta categoría se refiere a iniciativas voluntarias entre entes privados que no implican posicionamiento alguno por parte de las instituciones. La negociación colectiva europea constituye un modo de regulación específico en el que rige el derecho primario.

3.1.4.1

La Comisión comprobará las iniciativas voluntarias de regulación desde el punto de vista de su conformidad con el Tratado e informará al Parlamento al respecto, así como sobre la representatividad de las partes implicadas. Esto parece un poco contradictorio y no se ve claramente qué consecuencias podría tener actualmente una información considerada insatisfactoria por el Parlamento, que no podría sino pedir a la Comisión una iniciativa legislativa en sustitución de la autorregulación; para el futuro, el Parlamento desea un procedimiento formal de «call back», inscrito en el nuevo Tratado constitucional, para sustituir las iniciativas de autorregulación por una normativa comunitaria.

3.1.5

Por último, el AII aborda también el grave problema de la transposición de las directivas comunitarias al Derecho nacional; las instituciones se comprometen a prever un plazo de transposición lo más corto posible y que no sobrepase los dos años (el Tratado no estipula nada sobre los plazos de transposición). El Comité celebra este compromiso, pero tiene sus dudas en cuanto a su aplicación práctica, prevista a cargo del Consejo, mientras el Tratado no prevea que los plazos de transposición fijados en una Directiva sean vinculantes y que su incumplimiento implicará ipso facto un procedimiento de infracción.

3.1.6

El Comité habría deseado poder emitir un dictamen en la fase de proyecto del acuerdo interinstitucional, en la medida en que era parte interesada y ya había expresado anteriormente sus puntos de vista sobre las cuestiones tratadas; habría podido aportar las sugerencias de la sociedad civil organizada, principal destinataria del acervo, y directamente afectada por los temas de la simplificación, la transposición y los «métodos alternativos» de regulación.

3.2

Por lo que se refiere al número y naturaleza de los textos afectados que figuran en el cuadro de la Comisión, conviene destacar los retrasos acumulados en la primera fase, que se transmitirán a la segunda y dificultarán tal vez la realización del plazo de 2005. Además, la gran mayoría de los textos elegidos emanaba de la Comisión y del ejercicio de la comitología (5) como «autoridades reguladoras delegadas» (aunque este concepto no figura en el texto actual del TCE, que hace referencia a una competencia de ejecución delegada por el Consejo).

3.3

El proverbio «nemo censitur...» (nadie debe ignorar la ley) constituye hoy una verdadera ficción jurídica ante la abundancia y la complejidad de directivas y reglamentos, a pesar de algunas iniciativas loables de codificación que permiten un enfoque más coherente en algunos ámbitos del Derecho europeo. Sin embargo, la diversidad en materia de transposición de las directivas a nivel nacional puede desembocar en divergencias inoportunas y procedimientos diferentes. Por consiguiente, los Estados miembros y los legisladores nacionales tienen también una importante responsabilidad para transponer de manera lógica, accesible y clara las directivas comunitarias, respetando tanto su letra como sus objetivos de convergencia y armonización en los Derechos nacionales.

3.4

La normativa resultante de la comitología resulta a menudo puntillosa y su elaboración poco transparente. El Parlamento desea que la comitología esté orientada en el futuro más hacia la aplicación y la adaptación de la legislación (estrictas competencias de ejecución) que hacia la legislación existente propiamente dicha; en su opinión, las modificaciones importantes de la normativa deberían seguir un procedimiento legislativo normal. Si se sigue esta orientación, el CESE debería ser consultado sobre tales modificaciones.

3.5

El Comité ha respaldado siempre las iniciativas de simplificación, a posteriori, del acervo comunitario. Pero la perspectiva de simplicidad y claridad de la legislación debe preverse desde su concepción, en particular con la participación de todas las partes interesadas, a través de cuestionarios o consultas en reuniones u otros métodos ad hoc, incluida la consulta al CESE en esta fase temprana, antes de que la Comisión elabore una propuesta legislativa o reglamentaria, con el fin de garantizar que todos los problemas se tengan en cuenta debidamente y con anterioridad a la misma.

3.5.1

Estas consultas pueden además contribuir a la realización de evaluaciones lo más realistas posible del impacto y las consecuencias financieras —y de otro tipo— de un proyecto. Puede tratarse, aunque no solamente, de consultas sobre libros verdes o sobre otros documentos de trabajo preparatorios de la Comisión con un cuestionario en anexo. El Comité expresa su disponibilidad para contribuir a los procesos consultivos en su calidad de representante de los intereses socioeconómicos globales de la sociedad civil y organizar audiencias con las organizaciones representativas del conjunto de estos intereses para aportar su contribución específica a la mejora continua y a la simplificación de la legislación.

3.5.2

El Comité respalda el análisis costes/ventajas así como la evaluación de los proyectos legislativos desde el punto de vista de su proporcionalidad y del de la subsidiariedad.

3.5.3

Sin embargo, en materia de salud y seguridad o de medio ambiente, el análisis de las implicaciones costes/ventajas en términos puramente monetarios constituye un ejercicio relativamente complejo y difícil que, en determinados casos, podría resultar incompleto, dado que el objetivo de la legislación consiste en prevenir enfermedades o proteger la vida humana.

3.5.4

El impacto de la legislación en términos de coste para sus destinatarios finales, en particular las empresas, debe evaluarse también. Es cierto que una legislación comunitaria o la transposición de una directiva al Derecho nacional puede tener un elevado coste para las empresas o los particulares, en particular si carece de precisión jurídica o si la presentación del proyecto no corresponde precisamente a una explicación de texto clara y precisa sobre el alcance exacto y los objetivos del proyecto (6). Si es necesario recurrir a un arbitrio para interpretar la legislación o la normativa, los costes globales resultarían desproporcionados para los destinatarios del derecho.

3.5.5

Asimismo, la fase de consulta previa debe orientarse prioritariamente hacia los organismos que sean realmente representativos de los intereses de los destinatarios principales de la legislación, incluidos los profesionales y expertos cualificados, pero también debe ir dirigida al Comité Económico y Social o al Comité de las Regiones.

3.6

El CESE desea vivamente verse asociado también de manera regular al análisis de impacto a posteriori de las legislaciones comunitarias y al examen de los informes periódicos previstos en la legislación, con el fin de dar a conocer el punto de vista de los usuarios y expertos del derecho sobre la eficacia de las normas; en efecto, el derecho se debilita si no es útil, eficaz o correctamente aplicado, o si su aplicación requiere una interpretación previa de los tribunales.

3.7

El seguimiento, que puede resultar difícil, consiste en evaluar el impacto en la vida real de la legislación directa (reglamento) o indirecta (transposición de las directivas) a nivel nacional y en el día a día de las administraciones a los distintos niveles.

3.8

El CESE ha sugerido la creación de un órgano europeo independiente con el fin de seguir e impulsar la simplificación reglamentaria y administrativa. Debería preverse una disposición de esta naturaleza en un futuro lo más próximo posible. En cualquier caso, conviene ampliar al máximo la simplificación a todos los ámbitos del acervo, lo que dista aún mucho de ser así. La urgencia es tanto más apremiante cuanto que esta simplificación favorecerá y acelerará la aplicación efectiva del acervo en los nuevos países miembros, y debería incitar a los países «atrasados» a liquidar su pasivo de transposiciones.

3.8.1

La legislación medioambiental y de seguridad relativa a las actividades de las empresas podría constituir un ámbito especialmente prometedor para acciones de simplificación. A largo plazo, esta materia podría refundirse de manera provechosa en un «código europeo del medio ambiente» para hacerla coherente y más accesible. El Comité observa que algunos editores privados publican periódicamente «códigos europeos» no oficiales, que agrupan y comentan algunas materias, como el «código social europeo» o un «código de negocios», ilustrados y explicados a través de la jurisprudencia y la correspondiente doctrina; estas iniciativas muestran la utilidad de una codificación o de una reformulación del acervo para los usuarios y profesionales del Derecho comunitario.

3.9

La simplificación está vinculada directamente al principio de buena gobernanza (7), y pone de relieve las cuestiones prejudiciales de la proporcionalidad y la subsidiariedad; según los textos jurídicos que se consideren, debería aplicarse un procedimiento de evaluación adaptado a las distintas fases (concepción, elaboración, adopción y publicación) y de seguimiento de la aplicación. Dicho procedimiento no puede sino reforzar la certidumbre jurídica de los destinatarios y su respeto del derecho.

3.10

Es en efecto evidente que los usuarios del Derecho comunitario, que representa actualmente una proporción importante si no una mayoría de los textos jurídicos aplicables a nivel de los países miembros, piden formulaciones menos complejas, sin equívocos y de más fácil transposición o aplicación. La proliferación legislativa y reglamentaria tiene un coste para las empresas y plantea muchos problemas a las empresas de pequeña dimensión sin servicio jurídico propio así como a los consumidores que quieren conocer con claridad sus derechos y sus posibles vías de recurso.

3.11

El mercado único requiere una regulación, que es naturalmente de carácter evolutivo, pero que debe sin embargo aportar una certidumbre y una seguridad jurídica suficientes a los agentes económicos y sociales; la normativa debe ser oportuna, adaptada, y no ha de crear obstáculos o dificultades inútiles, pero el proceso de simplificación no debe confundirse con ningún tipo de desregulación (8). La codificación es una simplificación por lo que se refiere a la coherencia y la comprensión de la legislación aplicable, pero se hace en principio manteniendo la esencia de la doctrina legal. Los ejercicios de simplificación y la evaluación periódica de la eficacia del acervo podrían también, llegado el caso, conducir a una reformulación del derecho, mediante enmiendas o proyectos de sustitución si fuera necesario.

3.12

La armonización comunitaria y los textos comunitarios ya aportan una simplificación en el mercado único, evitando la multiplicidad de textos nacionales y facilitando así el conocimiento del derecho a todos los actores europeos interesados.

3.13

La información y su difusión tienen una gran importancia en el conocimiento de la legislación aplicable y de su evolución, pero deberían dirigirse a objetivos precisos (límites de la simple publicación en el DOCE, importancia de los posibles enlaces o de medios alternativos). Las páginas Internet de las instituciones comunitarias participan en la información del público desde las etapas preliminares; por otra parte, las fichas legislativas de la página del Parlamento Europeo informan claramente sobre la evolución de los distintos expedientes. Por último, los folletos comunitarios destinados al público en general desempeñan un papel útil, así como los comunicados de prensa, generalmente bien redactados pero a veces mal explicados a los lectores por los periodistas.

3.13.1

Numerosas organizaciones profesionales (en particular los gremios profesionales, los Colegios de Abogados nacionales) y asociaciones publican para sus miembros los textos que les afectan, así como explicaciones y consejos.

3.13.2

La información también es a menudo difundida por los Estados miembros y a través de la enseñanza. Los manuales universitarios y la doctrina legal en general aportan una contribución a la formación de los juristas y futuros legisladores europeos, así como los intercambios de estudiantes.

3.13.3

El Comité sugiere a la Comisión que examine la manera en que mejor puedan ser informados en la práctica los expertos y los destinatarios del Derecho comunitario, con el fin de determinar si los medios actuales de información se emplean bien y si son o no suficientes, al objeto de elaborar eventualmente una estrategia mejor de comunicación y formación sobre el Derecho comunitario.

4.1

Conviene destacar que numerosos reglamentos prevén los procedimientos que deben seguirse y dan los modelos de documentos que deben emplearse. El Comité respalda este método, que puede simplificar los trámites administrativos en el marco del mercado único y reducir los costes de transacción.

4.2

Por lo que se refiere a los procedimientos y documentos administrativos en uso, la armonización se convierte en un problema agudo para los operadores cuando cada país presenta exigencias diferentes. Existe en este sentido un amplio espacio para una armonización que constituiría una verdadera simplificación para los intercambios, y que conviene explotar plenamente.

4.3

Si el papel de la comitología consiste también en aplicar la legislación, convendría que aportara una contribución esencial a la simplificación y a la armonización de los procedimientos y documentos administrativos, teniendo en cuenta el punto de vista de los profesionales del derecho y de los usuarios.

4.4

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la administración electrónica constituye también un instrumento de buena gobernanza que debería promoverse sin demora. Su aplicación en el ámbito de las aduanas previsto por la Comisión muestra una vía deseable de simplificación procesal y documental (ventanilla única, documentos normalizados para evitar todo bloqueo en las fronteras comunitarias). Ello implica obviamente consultas con las partes interesadas, industrias, personal aduanero y transportistas para evitar los trámites inútiles, garantizar la seguridad jurídica de las operaciones y efectuar un control eficaz que no obstaculice la libre circulación y respete la confidencialidad de los negocios, siempre y cuando no haya indicios de fraude o sospechas fundadas de fraude.

4.5

Al tiempo que manifiesta su total respaldo al desarrollo de la administración electrónica si va acompañada de simplificaciones procesales y administrativas, el Comité quiere recordar los principios esenciales de su funcionamiento. Deben respetarse normas estrictas de confidencialidad, de duración de conservación de determinados documentos por parte de las autoridades y de anonimato con fines estadísticos o de comunicación de la información recogida.

5.1

Hasta ahora no se han explorado suficientemente las posibilidades de una normativa menos detallada, menos puntillosa y que ofrezca un espacio para la corregulación y la autorregulación. Debe promoverse el propio papel de los destinatarios de la normativa, lo que no puede sino contribuir a generalizar y facilitar su aplicación. La base de datos PRISM del CESE (Progress Report on Initiatives in the Single Market) da ejemplos concretos de lo que se podría calificar respectivamente de «reglamentación contractual» y de «reglamentación unilateral», que requieren también mecanismos adecuados de control y evaluación (etiquetas, certificaciones, controles independientes privados o públicos). El reconocimiento mutuo, las relaciones con los consumidores, etc., brindan posibilidades para una regulación privada eficaz.

5.2

En cuanto al Derecho comunitario social y laboral, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y de empleo y el diálogo social ofrecen una posibilidad de participación en las organizaciones europeas representativas de los empresarios y de los trabajadores en lo que se refiere a las relaciones laborales y a las normas sociales comunitarias.

5.2.1

Los textos negociados deben sin embargo ser objeto de una iniciativa de la Comisión y de una decisión del Consejo para transformarse en legislación. En este procedimiento no se consulta realmente al Parlamento, puesto que no se tienen en cuenta sus eventuales enmiendas.

5.2.2

Sin embargo, si los métodos de autorregulación no dieran resultados aceptables o suficientes o en caso de necesidad, el legislador, en el marco de los procedimientos existentes o de nuevos procedimientos del nuevo Tratado, como el «call back», siempre podría transformar la autorregulación o la corregulación en legislación. Conviene sin embargo, en opinión del Comité, ser prudente sobre este asunto, en particular por lo que se refiere a los contratos colectivos entre interlocutores sociales europeos, cuyas aspiraciones y disposiciones deberían respetarse en principio.

5.3

De esta manera, si la regulación pública (iniciativa legislativa) puede eventualmente sustituir a la regulación privada (reglamentación contractual y unilateral, órganos de control no gubernamentales, resolución extrajudicial de los litigios...), las eventuales intervenciones legislativas deben responder a razones políticas sólidas o a imperativos de orden público evidentes. En un marco político democrático, la regulación privada debe en general representar un desarrollo o una aplicación de la regulación pública, suplirla eventualmente en algunos ámbitos, incluso cuando se trate de normas no escritas de origen consuetudinario o de reglamentación interna que el legislador y la autoridad pública pretenden, explícita o implícitamente, hacer cumplir: códigos de deontología de algunas profesiones, por ejemplo.

5.4

Cuando en normativas privadas se incluyan algunas disposiciones de tipo cuasi judicial, debe ser siempre admisible un recurso contra una decisión -obligatoriamente justificada- del órgano privado (consejo de disciplina, órgano de admisión en una corporación profesional) ante una jurisdicción pública o eventualmente ante una jurisdicción arbitral autorizada por ambas partes.

6.1

El CESE seguirá atentamente los informes intermedios semestrales de la Comisión. Apoya la iniciativa y el marco de acción destinados a la simplificación del acervo comunitario, y desea que se amplíe rápidamente a los distintos ámbitos del acervo para facilitar y promover su aplicación efectiva, tanto en los países miembros como en los países de la ampliación.

6.2

El CESE desea participar de manera más eficaz en la elaboración del Derecho comunitario a través de sus dictámenes consultivos, lo que supone su participación en una fase mucho más temprana que lo que es en general actualmente; desea también participar de manera activa en los análisis de impacto y seguimiento y en los esfuerzos de simplificación, al objeto de contribuir a un mejor conocimiento y a la eficacia del Derecho comunitario en una Europa ampliada. Estas aspiraciones se inscriben naturalmente en los principios de democracia y buena gobernanza, y en los de aproximación de los ciudadanos a las instituciones y la legislación comunitarias.

6.3

Por último, el Comité se congratula por el acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» celebrado el 16 de diciembre de 2003 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que crea las condiciones para mejorar la simplificación de la reglamentación comunitaria y, en particular, define y enmarca, al tiempo que lo promueve, el recurso a la autorregulación y a la corregulación por los actores socioprofesionales. Este acuerdo responde a los deseos formulados por el Comité en septiembre de 2000 en relación con estas materias, cuando adoptó su propio código de conducta e invitó a las instituciones a que obraran de la misma forma. El Comité procurará contribuir al buen funcionamiento del acuerdo y seguirá promoviendo el recurso a la autorregulación y la corregulación, cuestiones sobre las que el Comité está preparando actualmente un documento informativo.

30.4.2004   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/9

1.1

El Libro Blanco sobre el que se consulta al CESE constituye la continuación lógica del Libro Verde «Política espacial europea», sobre el cual el Comité emitió un dictamen el mes de junio pasado.

1.2

En él planteaba el Comité la pregunta siguiente: ¿existe en Europa una voluntad política fuerte y estable en el ámbito espacial, dotada de los recursos presupuestarios necesarios? ¿Dispone de una estructura institucional adecuada?

1.3

La Asamblea concluyó que «el lugar de Europa en el ámbito espacial debe ser fruto de una voluntad política decidida y de unos arbitrajes presupuestarios claros. La introducción de una competencia compartida o paralela para el ámbito espacial en el futuro Tratado constitucional europeo otorgaría a la Unión Europea los medios políticos, legislativos y financieros para definir y poner en marcha una política espacial sólida que deberá, en particular:

1.4

En el contexto de esta toma de posición clara es donde conviene valorar hoy el Libro Blanco que se presenta al CESE para dictamen.

2.1

La Comisión recuerda las amenazas a las que debe hacer frente Europa en el ámbito espacial:

2.2

Partiendo de esta constatación y señalando que «la inmovilidad no es una opción válida», propone una serie de iniciativas para evitar un debilitamiento del sector espacial europeo.

2.3

El documento está dividido en secciones:

2.4

En cada caso se identifican los desafíos y se formulan propuestas para responder a ellos.

2.5

La conclusión del Libro Blanco es que Europa debe aumentar de forma progresiva su presupuesto espacial a largo plazo, con el fin de obtener políticas europeas más eficaces y oportunidades reforzadas para reimpulsar la industria espacial e intensificar la presencia de Europa en los mercados de servicios espaciales.

2.6

Por lo demás, el anexo 2 dedicado a la evaluación de los recursos propone tres «supuestos hipotéticos» de crecimiento del gasto destinado a la actividad espacial que se corresponden con tres grados de voluntad política.

3.1

El Libro Blanco es ante todo un documento político cuyo objetivo primordial es establecer la Política Espacial Europea. En este sentido, representa un avance importante en un ámbito en el que Europa ha sido sumamente activa y donde ha conseguido grandes éxitos, pero en el cual aún no ha expresado realmente de forma sintética una voluntad política. Además, el Libro Blanco presenta líneas de acción concretas en los principales sectores en los que los desafíos estratégicos, económicos e industriales van unidos al dominio de los medios espaciales. La estructuración del documento en desafíos que hay que afrontar es interesante, puesto que así se destaca el alcance y la urgencia de los compromisos que se deben contraer si se desea que Europa conserve al mismo tiempo su posición de gran potencia espacial, su fuerza científica y tecnológica, su comunidad de investigadores e ingenieros, su industria punta y su presencia competitiva en los mercados.

3.2

Las iniciativas, acciones y propuestas formuladas parecen ser coherentes con las reflexiones realizadas durante el proceso de consultas del Libro Verde. Tal y como se presenta, el Libro Blanco constituye un punto de partida sólido para la puesta en marcha de un proyecto espacial europeo ambicioso integrado en una visión política del futuro. Pero es evidente que la clave reside en la voluntad política y presupuestaria real de los Estados miembros de la Unión a la hora de apoyar y desarrollar un sector espacial europeo independiente.

3.3

Por otra parte, desde el fracaso de la Conferencia Intergubernamental se plantea un problema de sólido fundamento jurídico para la Unión Europea en el sector espacial. En efecto, mientras no se ratifique el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, el artículo 13.3 permanecerá invariable. El Comité Económico y Social Europeo, por tanto, recomienda que el Acuerdo Marco entre la AEE y la Comisión se utilice plenamente y de modo muy voluntarista, dado que las acciones en el ámbito espacial no pueden esperar hasta ratificación del futuro Tratado, que se aleja en el tiempo. Los daños resultantes para la autonomía estratégica de Europa, la industria espacial y sus colaboradores, así como para los equipos y capacidades de investigación europeos podrían causar un retraso irreparable en la carrera espacial.

3.3.1

Por lo demás, los Estados miembros habían llegaron a un acuerdo unánime para dotar a la Unión Europea de una competencia compartida en materia de política espacial, acuerdo que nadie ha puesto en tela juicio.

3.3.2

Por esta razón, el CESE insiste en la necesidad de reflexionar acerca de las vías y medios para poder aprovechar esa voluntad política claramente expresada en espera de un fundamento jurídico estable.

En primer lugar, se debe crear cuanto antes el Consejo Espacio AEE/UE previsto por el Acuerdo Marco AEE/Comisión. En segundo lugar, se podría contemplar la posibilidad de crear un —o una— «Responsable Espacio» (a imagen del «Responsable PESC»), o incluso de incluir la política espacial entre las responsabilidades del Presidente de la Comisión, sin excluir la idea de crear en un futuro un Comisario de asuntos espaciales. En el caso de las tres hipótesis, la importancia de la política espacial se vería fuertemente reafirmada.

4.1.1

La técnica espacial es un útil de investigación fundamental, tanto por la complejidad de las técnicas aplicadas como por los ámbitos explorados, en particular la astrofísica y la «planetología», e incluso la sismología, la oceanografía, la meteorología, la epidemiología, etc. El CESE lamenta que el Libro Blanco no mencione explícitamente este papel esencial y desea que este aspecto se legitime de cierto modo con la política espacial europea, aunque el programa obligatorio de la AEE responda a dicha necesidad, sobre todo en lo referente a las ciencias del universo.

4.1.2

Por lo demás, cabe señalar que en el ámbito de la observación y del conocimiento del planeta existe una relación de dependencia mutua entre las acciones operativas (como las realizadas por Eumetsat) y las actividades de investigación pura.

4.1.3

En último lugar, hay que destacar que en la fase de investigación y desarrollo, la técnica espacial es dual; la diferenciación entre el uso civil y militar se hace esencialmente en la fase de la explotación operativa de los datos. Las reflexiones e investigación tecnológica previas, por tanto, deberían reunir al conjunto de los agentes civiles y militares en una visión concertada con el fin de optimizar la utilización de los sistemas y reducir los costes.

4.2.2.1

La interoperabilidad de los sistemas espaciales debe considerarse prioritaria; sus orígenes pueden ser diferentes.

4.2.2.2

El CESE estima que hay dos aspectos específicos sobre los que no se ha hecho demasiado hincapié y se perciben insuficientemente:

4.2.2.3

El CESE considera que se trata de una laguna del documento, puesto que la política espacial de la Unión Europea debe construirse sobre la existente, sin repetir lo que realizan las agencias espaciales, aunque sí y complementando y estructurando la demanda.

4.2.2.4

El Comité, por tanto, recomienda que la Comisión adopte una actitud constructiva con respecto a Eumetsat, socio europeo muy importante, comparable a la adoptada con respecto a la AEE. En el mismo sentido, considera que se debería sacar mayor provecho del centro madrileño de Torrejón para estructurar datos desde satélites creando un verdadero banco de datos espaciales del mismo modo que se hace en Estados Unidos.

4.3.1

El CESE estima que esta sección presenta una lamentable debilidad, tanto en el fondo como en la forma, que contrasta de manera curiosa con el resto del documento. Es especialmente sorprendente comprobar que en el apartado «itinerario» las comunicaciones por satélite se mencionan casi de modo incidental y entre paréntesis cuando se afirma que convendría utilizar plenamente todas las tecnologías de banda ancha disponibles para cerrar la brecha digital.

4.3.2

El Comité estima que en esta cuestión el texto se basa en un determinado número de contrasentidos o apreciaciones erróneas.

4.3.3

En primer lugar, la noción de neutralidad tecnológica sólo puede significar que todas las tecnologías son iguales a la hora de solucionar un problema dado. Está claro que las opciones deben estar motivadas por un análisis coste-beneficio como han subrayado los servicios de la Comisión (documento de trabajo SEC(2003) 895). A este respecto, es importante que el uso de los Fondos Estructurales no contradiga estos principios y que las autoridades locales tengan una visión clara del carácter complementario de los sistemas terrestres y espaciales en función de los datos geográficos y de densidad de población.

4.3.4

El Comité está de acuerdo con que no se pueden promover soluciones espaciales en detrimento de soluciones terrestres más eficaces, pero ello no impide reconocer que las soluciones espaciales están particularmente indicadas para las zonas de poca densidad de población, apartadas geográficamente o de difícil acceso. Así pues, las soluciones espaciales y las terrestres son complementarias y tienen campos de excelencia diferentes.

4.3.5

El texto no menciona que el papel de las soluciones espaciales a la hora de remediar el problema de la brecha digital debe proceder de la complementariedad intrínseca de las soluciones terrestres y espaciales.

4.3.6

Lo que está en juego en el desarrollo de las soluciones espaciales es la igualdad de acceso a las ventajas de las telecomunicaciones de banda ancha cualquiera que sea el lugar donde se implante una actividad.

4.3.7

En concreto, para muchos países, hoy día el 80 % de la población está cubierta por soluciones terrestres o va a estarlo, pero esto sólo corresponde al 20 % del territorio; y esta situación sólo puede evolucionar de forma favorable si se recurre a la complementariedad de las tecnologías espaciales y terrestres.

4.3.8

La preponderancia del mercado urbano hace que se privilegien las soluciones terrestres y el peso de sus operadores no hace más que acentuar el desequilibrio entre las zonas urbanas y rurales. Esto lleva a plantearse la siguiente pregunta: ¿cabe admitir que el progreso de la sociedad de la información favorezca la concentración urbana y el abandono del campo? No hay que poner en duda que ésta no puede ser la elección sociopolítica de la Unión Europea ni de los Estados miembros.

4.3.9

Cuando el texto del Libro Blanco dice que hay una intensa competencia entre los operadores y las tecnologías, confunde dos elementos muy diferentes: la competencia comercial entre los operadores y el equilibrio entre las tecnologías, que se basa en definitiva en sus respectivas cualidades.

4.3.10

El CESE, por tanto, estima que las instituciones europeas deberían apreciar más correctamente el papel específico de las soluciones espaciales, para no perder la iniciativa en este importante sector de la política espacial. Por eso, sería útil fomentar operaciones piloto basadas en iniciativas concertadas entre la AEE y la Comisión, con el fin de demostrar las ventajas coste-beneficio del satélite con respecto a las inversiones que serían necesarias para llevar soluciones equivalentes por cable a las zonas no cubiertas. Sería necesario igualmente favorecer licitaciones públicas agrupadas al objeto de permitir al satélite, que tiene una cobertura europea, beneficiarse de un ahorro de escala que estimule la reducción de costes, tanto en lo que se refiere a los terminales como a la oferta de servicios. Esto permitiría también asistir a la emergencia de un estándar europeo que tendría por resultado permitir a las diversas empresas afectadas posicionarse a nivel mundial.

4.3.11

La función de una política espacial no es promover la política espacial cueste lo que cueste, sino hacer que el desarrollo de las soluciones espaciales no se deje de lado en detrimento del interés de determinados usuarios, regiones y su población.

4.4.1

Estos apartados no requieren observaciones importantes, pero el CESE hace especial hincapié en que la cooperación internacional debe nacer de un enfoque realista de los intereses europeos en la medida en que nuestros principales socios consideran el espacio como una baza de poder de suma importancia (en 2004, el administrador de la NASA, Sean O'Keefe, presentará una nueva «hoja de ruta» titulada de forma significativa: un dominio espacial renovado de Estados Unidos).

4.4.2

El Comité, por tanto, reitera que deben destinarse fondos públicos al mantenimiento de esta libertad de acceso, de gran importancia estratégica en la medida en que la posibilidad de disponer de un libre acceso al espacio es indispensable para la autonomía de Europa y ésta no puede conseguirse con un planteamiento comercial.

4.4.3

Por lo que se refiere a la PESD, el CESE recuerda que el informe de la Presidencia sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa, aprobado por el Consejo Europeo de Tesalónica de los días 19 y 20 de junio de 2003, reconoce la importancia de las aplicaciones y funciones espaciales en ese ámbito. A este respecto, el Comité insiste en que las ciencias y las tecnologías espaciales tienen un carácter dual que no se explota suficientemente en Europa.

4.4.4

En cuanto a los vuelos espaciales, conviene considerar con atención una posible reconfiguración de la política espacial estadounidense en este ámbito.

4.4.5

El CESE considera apropiado mantener este tipo de acción por razones relacionadas, por un lado, con el ansia de aventura y descubrimiento arraigada en la naturaleza humana y, por otro, con la necesidad de símbolos propios que aviven el interés y adhesión de la opinión pública. Por lo tanto, conviene crear programas realistas que velen de modo inteligente por los intereses europeos y se basen al mismo tiempo en la cooperación internacional.

4.4.6

En este sentido, la idea de una estación lunar debería considerarse sin duda seriamente teniendo siempre sumamente presentes los intereses de Europa.

4.5.1

El Comité recuerda que la AEE, las agencias nacionales, los institutos científicos y las empresas han contribuido al logro de una excelencia científica europea mundialmente reconocida; y esto, como señala la Comisión, en medio de estrictas restricciones presupuestarias que obligaban a la eficacia y a la competitividad, algo que debe acogerse favorablemente.

4.5.2

El CESE, pues, apoya con tanta mayor razón la propuesta del Libro Blanco de aumentar progresivamente los fondos asignados por la AEE y los Estados miembros para desarrollar la investigación espacial, evitar una desmembración de nuestras capacidades de investigación y ofrecer a los jóvenes científicos posibilidades de carrera profesional atractiva, ya que, en caso contrario, se corre el gran riesgo de que aumente la «fuga de cerebros», especialmente hacia Estados Unidos.

4.5.3

El Comité considera que sería aconsejable orientar la investigación espacial hacia las ciencias de las Tierra en la misma medida que hacia las ciencias del universo. Las ciencias de las Tierra se caracterizan, frente a las ciencias del universo, por ser indisociables de las aplicaciones concretas (meteorología, vigilancia, gestión medioambiental, etc.). Conviene, pues, distinguir entre estas dos ramas de la ciencia, sin privilegiar una en detrimento de otra.

4.6.1

En este punto el enfoque del Libro Blanco sólo puede esbozar algunas reflexiones, en particular en lo que respecta a la organización que se dé a las responsabilidades espaciales en la Comisión.

4.6.2

Nadie ha puesto en tela de juicio el acuerdo sobre la conveniencia de dotar a la Unión Europea de una competencia espacial compartida, pese al fracaso de la Conferencia Intergubernamental. La ausencia de un fundamento jurídico claramente establecido para la acción de la Unión Europea en el ámbito espacial no puede menos que invitar a cierta prudencia.

4.6.3

El Comité, sin embargo, opina que en lo que se refiere a la organización interna de la Comisión, se deberían evitar dos escollos:

4.6.4

El CESE estima que un órgano de síntesis de dimensión reducida y que dependa de un nivel superior de la Comisión —por ejemplo, la Presidencia— podría ser una solución apropiada.

4.6.5

Naturalmente, la Comisión tendrá que disponer de recursos propios que se añadirían a los asignados por los Estados miembros a la AEE y a las agencias nacionales. Si realmente se desea desarrollar la actividad espacial de la Unión Europea, se necesitan recursos financieros.

4.7.1

El Libro Blanco prevé tres «supuestos» de financiación:

4.7.2

La actividad espacial es de suma importancia para la Unión Europea. Las repercusiones científicas, tecnológicas, económicas y humanas son considerables. Por tanto, se inscriben de lleno en la estrategia de Lisboa y conviene darse los medios necesarios para llevar a cabo las ambiciones afirmadas en este marco. En estas condiciones, es evidente que el CESE no puede más que rechazar con vigor la posibilidad del supuesto C, considerar el supuesto B como hipótesis mínima de trabajo y desear que sea viable acercarse lo máximo posible al supuesto A.

4.7.2.1

Por lo demás, con respecto a las exigencias del pacto de estabilidad, algunos se plantean la posibilidad de no tener en cuenta los gastos estratégicos de inversión, como los de la política espacial, para no hipotecar el futuro con restricciones presupuestarias que casi siempre afectan a los gastos de inversión en vez de los de funcionamiento.

4.7.3

Es evidente que nada debería obstaculizar la instauración de cooperaciones reforzadas en el ámbito espacial. No obstante, hay que reconocer que el marco del Tratado de Niza es poco favorable en este sentido.

5.1

El Comité Económico y Social Europeo considera que el Libro Blanco constituye un documento de calidad que tiene el gran mérito de expresar una voluntad política con fuerza y de forma sintética.

5.2

El Comité, sin embargo, lamenta la gran debilidad del apartado dedicado a la brecha digital y a las tecnologías de banda ancha. Por tanto, pide que sea objeto de revisión y mejoras considerando la complementariedad existente entre las soluciones espaciales y terrestres.

5.3

El CESE destaca de nuevo la importancia estratégica esencial de las actividades espaciales para la Unión Europea. Pide que el enfoque político de la Unión, en particular en materia de cooperación internacional, se base en una visión realista exenta de todo tipo de ingenuidad, sobre todo teniendo en cuenta que las tecnologías que se utilizan en las actividades espaciales son de naturaleza dual (civil y militar).

5.4

El Comité insiste en que este sector de actividad, que ha sido objeto de reestructuración y ha realizado los esfuerzos de competitividad necesarios para afrontar la competencia internacional, emplea directamente a 30 000 personas, por lo general altamente cualificadas, y que es indispensable mantener y enriquecer este formidable potencial humano que ha construido la excelencia europea en este ámbito. Destaca en especial que conviene prestar la máxima atención a la formación, tanto inicial como permanente, de un sector que trabaja con alta tecnología, la cual evoluciona a medida que se producen avances en la investigación científica.

5.5

A pesar del fracaso de la Conferencia Intergubernamental, recomienda que la Unión Europea, apoyándose en el Acuerdo Marco entre la Comisión y la AEE, prosiga con determinación su labor de estructuración e impulso de la demanda y de las iniciativas espaciales, evitando la interferencia con los programas de los Estados miembros, de sus agencias y de la AEE y permitiendo las cooperaciones reforzadas o asociaciones fuertes entre ciertos Estados miembros. Recomienda la asignación del ámbito de la política espacial europea a un alto nivel institucional de la Unión Europea.

5.6

El Comité pide encarecidamente que el esfuerzo presupuestario consentido por la política espacial europea corresponda como mínimo al supuesto B del anexo 2 y se evite el fenómeno de los «vasos comunicantes», que haría disminuir el esfuerzo de los Estados miembros debido a la competencia con inversiones permitidas por la Unión Europea.

5.7

La política espacial, por sus aspectos humanos, científicos y estratégicos, está relacionada con lo más auténtico de la aventura de la humanidad. A través de ella, en un contexto geopolítico donde se afirman otras potencias continentales importantes, Europa va de nuevo al encuentro de la historia. No nos podemos permitir faltar a esta cita.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/14

1.1

El documento de la Comisión examinado es ante todo una respuesta a las conclusiones, que de hecho recoge, del informe del Grupo asesor aeroespacial europeo «Revisión estratégica aeroespacial para el siglo XXI (STAR 21)».

1.2

La Comisión vincula esta reflexión a las conclusiones de los Consejos Europeos de Colonia, Lisboa, Barcelona y Salónica.

1.3

A este respecto, la Comisión recuerda que la industria aeroespacial es un sector clave para lograr los objetivos estratégicos y económicos que estableció la Unión Europea. En efecto, este sector altamente tecnológico y con competencias de vanguardia opera tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar.

1.4

Ahora bien, hay que plantearse cuál es la situación del sector en la Unión Europea.

1.4.1

La industria aeroespacial es una actividad cíclica y fluctuante. En efecto, en el ámbito civil el mercado depende de los planes de compra de las compañías aéreas, que pueden verse afectadas por acontecimientos exteriores, como los atentados terroristas, capaces de alterar gravemente la actividad.

1.4.1.1

En el ámbito de la defensa, depende de las decisiones presupuestarias y de las políticas de compras de los Estados miembros, que, a su vez, dependen de la situación geoestratégica.

1.4.1.2

En la actualidad, la construcción de las grandes aeronaves civiles apoyada por la competitividad de Airbus es, y lo será en el futuro, el aspecto esencial del desarrollo de la industria europea.

1.4.1.3

El futuro del sector de Defensa es más incierto. El número de programas nuevos es limitado. No obstante, la industria aeroespacial europea sigue siendo sólida y tiene una presencia considerable en el sector de los helicópteros.

1.4.1.4

La incertidumbre del mercado europeo, la lentitud y la complejidad de la adopción de decisiones en el ámbito militar afectan al sector e incitan a las empresas europeas a centrarse en el mercado estadounidense de defensa, mucho mayor y más estable, a pesar de las normas proteccionistas de Estados Unidos y sin suficiente garantía de contrapartida tecnológica.

1.4.1.5

Por su parte, el sector espacial atraviesa una fase difícil. Siendo sobre todo de ámbito civil, se ha visto muy afectado por la caída de la demanda de las comunicaciones y afronta una fuerte competencia en el sector de los lanzadores, mercado protegido en Estados Unidos y en el que han aparecido nuevos operadores a nivel mundial La actualización de los programas de Estados Unidos y la NASA supone un impulso para Europa.

1.4.1.6

El sector aeroespacial es un sector dual cuyos conocimientos y técnicas pueden destinarse a aplicaciones tanto civiles como militares. Uno de los puntos débiles del sector es la insuficiencia y la fragmentación del mercado de defensa.

1.4.2.1

En el informe se destaca la importancia de:

1.4.2.2

Por último, en el informe se insiste en la necesidad de revisar las condiciones del sector de Defensa.

1.4.3.1

La Comisión determina los asuntos que considera esenciales en cada sector.

1.4.4.1

La Comisión lamenta la fragmentación del mercado, debido a que la defensa está íntimamente vinculada a la soberanía de los Estados y a las características propias del sector (confidencialidad, seguridad de los suministros, criterios políticos de las decisiones de compra, etc.). La Comisión destaca que Europa gasta menos que Estados Unidos en defensa y que, además, la fragmentación del mercado no permite valorizar del mejor modo posible las inversiones realizadas.

1.4.4.2

Con vistas al futuro, la Comisión propone luchar contra dicha fragmentación de la demanda, dado que los programas individuales de los Estados miembros no permiten alcanzar niveles de producción rentables.

Propone armonizar las exigencias en el ámbito militar y considera que la creación de una «Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares», en el marco de una política europea de seguridad y defensa, sería un instrumento útil para crear un mercado suficientemente importante y coherente que permita mantener y desarrollar la industria aeroespacial. Además, es una condición necesaria para dialogar con Estados Unidos de manera creíble.

1.4.4.3

Asimismo, la Comisión considera que las medidas acordadas por los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Suecia, España y Reino Unido podrían ampliarse a toda la Unión Europea de forma útil.

1.4.5.1

La Comisión destaca que no hay ninguna estructura a escala europea o multinacional capaz de abordar programas espaciales en materia de seguridad y defensa, lo que se nota de forma clamorosa cuando la actividad comercial civil disminuye de manera repentina y duradera. Esta situación se debe sobre todo a las disposiciones del Tratado de la AEE, que aplican de forma estricta el convenio sobre el Espacio, el cual prohíbe su uso con fines militares. La consecuencia es que, frente a Estados Unidos, Europa no refuerza sus actividades espaciales civiles y comerciales con una actividad de defensa en el ámbito del espacio apoyada de manera institucional y, por lo tanto, al margen de los avatares comerciales. Cabe lamentar tanto más esta situación cuanto que las tecnologías espaciales son duales y, por consiguiente, pueden utilizar aplicaciones tanto civiles como militares.

1.4.5.2

Para el futuro, la Comisión defiende la instauración de una política europea global y de una coordinación más eficaz, de forma que el sector espacial europeo no pierda las capacidades actuales ni la excelencia tecnológica.

1.4.6.1

Es evidente la necesidad de coordinar mejor la investigación aeroespacial. Aunque se han adoptado iniciativas interesantes en el ámbito civil (Consejo consultivo para la investigación aeronáutica en Europa (ACARE)), la situación no es satisfactoria en el sector de la defensa.

1.4.6.2

En el futuro, la Comisión considera indispensable mantener la estabilidad de los fondos de investigación a largo plazo. Asimismo, propone la elaboración de un plan global de investigación y desarrollo y una planificación de los programas de investigación.

1.4.7.1

La Comisión pide que la Agencia Europea de Seguridad Aérea sea operativa lo más rápidamente posible y que se entablen negociaciones transatlánticas, especialmente sobre las certificaciones.

1.4.7.2

La Comisión propone que las cuestiones de seguridad aérea se traten a nivel europeo y que la Unión Europea participe activamente en las organizaciones internacionales competentes.

1.4.7.3

Asimismo, la Comisión pide la creación de una interfaz entre la aviación civil y militar para lograr una mejor utilización del espacio aéreo.

1.4.8.1

La Comisión aborda sobre todo asuntos vinculados a las dificultades comerciales con Estados Unidos en cuanto a equipos de defensa, debido principalmente a las normas de protección estadounidenses y de control de las exportaciones.

2.1

Tanto el informe STAR 21 como la Comisión llegan a una serie de conclusiones objetivas que pueden apoyarse. Está claro que las empresas aeroespaciales constituyen un sector de vanguardia que engloba importantes cualificaciones y desarrolla altas tecnologías cuyos productos derivados pueden ser valiosos para otros sectores. Por consiguiente, pueden desempeñar un papel esencial para que la Unión Europea alcance el objetivo de Lisboa, a saber, «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social».

2.2

Respecto de la industria aeroespacial de defensa, la fragmentación del mercado se debe al carácter intrínseco del sector vinculado a una actividad estatal como es la defensa, lo que equivale a decir en último término la guerra. Por lo tanto, es lógico que los Estados hayan querido garantizar la seguridad de los suministros y el carácter secreto de las tecnologías recurriendo a empresas nacionales que suelen estar íntimamente ligadas al Estado. En la actualidad, el carácter secreto de las tecnologías está garantizado por diversos tratados bilaterales y multilaterales.

2.3

Esta visión choca con la lógica de las alianzas y con el hecho de que las enormes inversiones de las industrias de defensa ya no pueden rentabilizarse, o muy difícilmente, en los mercados nacionales, que son el apoyo principal, especialmente en una época de restricciones presupuestarias. Además, la competencia internacional es especialmente difícil con las empresas estadounidenses, que cuentan con el apoyo de un mercado nacional amplio y estable.

2.4

Las propuestas de la Comisión para superar la fragmentación del mercado son interesantes, pero parece confiar excesivamente en estructuras como una Agencia Europea de Armamento. En el ámbito de la defensa, estatal por definición, nada es posible sin una voluntad política firme y ello sólo puede conseguirse en el marco de una política europea a nivel mundial, clara y compartida por todos, que no es el caso. Por añadidura, en una actividad de vanguardia que utiliza cualificaciones y conocimientos técnicos de altísimo nivel conviene garantizar que las cooperaciones previstas realmente generan plusvalías tecnológicas, y no una dispersión de competencias.

2.5

El CESE observa que una acuerdo reciente firmado entre Alemania, Francia y el Reino Unido en materia de Defensa debería ofrecer aspectos operativos en 2005. Desde el punto de vista industrial, esto podría brindar perspectivas interesantes en la medida en que los tres mercados agrupados -alemán, francés y británico- alcanzarían el tamaño crítico necesario para nuestra industria aeronáutica militar.

2.6

Respecto del espacio, los últimos pasos (acuerdo marco con la AEE y disposiciones del proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que no se ponen en duda con el fracaso de la Conferencia Intergubernamental) avanzan en el sentido que propone la Comisión y que el CESE había defendido. La cuestión esencial es que las dotaciones presupuestarias sean suficientes para que los medios de la Unión Europea y los Estados miembros sean acordes con sus ambiciones en el espacio. Tal es el problema básico del Libro Blanco, que constituye un documento de calidad a pesar de una debilidad notoria en cuanto a las telecomunicaciones de banda ancha.

2.7

Las propuestas de la Comisión sobre la regulación europea de la aviación civil parecen justificadas, tanto desde el punto de vista práctico como de la seguridad y la coherencia. Además, ello sólo puede contribuir a reforzar nuestra posición en las negociaciones transatlánticas.

3.1.1

El CESE señala el desfase existente entre lo que ha conseguido la industria aeronáutica civil europea con Airbus y la debilidad relativa de la industria aeronáutica militar debido al carácter fragmentario del mercado. Considera que esta situación se debe a la falta de una visión política global de la defensa europea. El CESE confirma que esta situación contribuye a reforzar el predominio de Estados Unidos, que ha sabido valorizar los acuerdos de defensa con distintos países del mundo en beneficio de sus empresas, consiguiendo que el mercado mundial sea casi cautivo. La industria aeroespacial concentra las tecnologías más estratégicas, que condicionan el crecimiento económico futuro. Por tanto, se enmarca perfectamente en la estrategia de Lisboa, cuyo objetivo es convertir a la UE en «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Además, la independencia tecnológica de las empresas europeas de los sectores de la Defensa es una de las condiciones de la independencia de la Unión Europea.

3.1.2

El Comité destaca que, en el ámbito de la aeronáutica militar (al igual que en las actividades espaciales), Estados Unidos aplica distintos instrumentos o conceptos jurídicos que constituyen de hecho prácticas proteccionistas. Por lo tanto, pide a la Comisión, responsable de la política comercial de la Unión Europea, que luche contra estas prácticas en el marco de la OMC para reequilibrar la balanza comercial en este ámbito.

3.1.3

El CESE toma nota del acuerdo firmado entre Alemania, Francia y Reino Unido en el ámbito de la Defensa, que constituye una señal de evolución en el planteamiento relativo a la Defensa Europea. Aunque la formación de una Unión Europea discordante no es deseable, no convendría tampoco obstaculizar iniciativas que pueden tener un efecto de inducción.

3.2.1

El CESE considera que las propuestas del Libro Blanco responden a las recomendaciones del informe STAR 21 e incluso las superan. También destaca una vez más la importancia estratégica capital de las actividades espaciales para la Unión Europea y, por lo tanto, pide que el enfoque político para la cooperación y las relaciones internacionales se base en una visión realista de sus intereses.

3.2.2

El CESE recuerda que este sector da empleo a 30 000 personas altamente cualificadas y que es imprescindible mantener y enriquecer este formidable potencial humano.

3.2.3

El CESE recomienda que, tras el fracaso de la CIG y a la espera de un Tratado europeo que dé a la Unión competencias en el ámbito del espacio, la Comisión desarrolle al máximo las potencialidades del acuerdo marco celebrado con la AEE.

3.2.4

Por último, pide que el esfuerzo presupuestario dedicado a la política espacial corresponda como mínimo al supuesto B de «acto político» del anexo del Libro Blanco.

3.3.1

El Comité apoya completamente la petición de crear rápidamente la Agencia Europea de Seguridad Aérea, así como la voluntad de lograr cuanto antes que las certificaciones concedidas por las autoridades reglamentarias de ambas partes del Atlántico sean aceptadas mutuamente.

3.3.2

Asimismo, el CESE desea una promoción eficaz de las normas europeas sobre seguridad aérea como aspecto de la competitividad de la industria aeroespacial europea y, con tal fin, la participación activa de la Unión Europea en las organizaciones internacionales competentes al respecto.

4.1

El Comité Económico y Social Europeo considera que la Comunicación de la Comisión sobre el informe STAR 21 destaca de forma acertada las debilidades de la actividad aeroespacial militar en Europa. No obstante, considera que la Comisión concede demasiada importancia a la vertiente institucional del asunto y que lo fundamental es que exista en Europa una verdadera voluntad política de defensa comunitaria autónoma. Dicha política es la única que permitirá dar una base sólida a nuestras empresas.

4.2

En el ámbito del espacio, el Comité destaca que el Libro Blanco de la Comisión responde plenamente a las peticiones formuladas en el informe STAR 21. Considera que el acuerdo marco entre la Comisión y la AEE junto con las líneas políticas determinadas en el Libro Blanco deberían permitir reactivar la ambición espacial europea.

4.3

Recuerda que la industria aeroespacial europea es el sustento de millones de ciudadanos europeos y emplea a personal altamente cualificado que domina las más altas tecnologías actuales. Por tanto, está claro que si el objetivo de convertir a Europa en la «economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo» es algo más que una fórmula retórica y vana, incumbe a los Estados miembros extraer las consecuencias necesarias y definir auténticas y ambiciosas políticas europeas de armamento y actividades espaciales, coordinadas y sintetizadas en la Unión Europea, para que nuestro continente recupere el puesto que debe ser el suyo en la nueva organización del mundo.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/18

1.1

Prioritario para las instituciones comunitarias y las autoridades nacionales, el objetivo de aumentar la seguridad de la circulación vial exige, entre otras cosas, una intervención gradual en todos los aspectos relacionados con la fabricación de los vehículos a fin de reducir el número de accidentes y sus consecuencias.

1.2

En este ámbito, se presta precisamente una especial atención a la protección de los usuarios más débiles y vulnerables de la vía pública en caso de colisión con vehículos. Como se señala en el «Programa de acción europeo de seguridad vial», recientemente presentado por la Comisión, «la fabricación de automóviles con partes delanteras menos peligrosas para peatones y ciclistas forma parte de las medidas prioritarias de la Unión Europea».

1.3

Efectivamente, las estadísticas en materia de siniestralidad vial reflejan un considerable número de accidentes de circulación en los que se ven implicados peatones y ciclistas, como consecuencia del impacto contra un vehículo en movimiento y, en especial, contra las estructuras delanteras de los turismos. Las estadísticas más recientes elaboradas por CARE (1) arrojan los siguientes datos de mortalidad entre las categorías más vulnerables: 4 571 peatones y 1 444 ciclistas. Desgraciadamente, estos datos no proporcionan detalles sobre la dinámica del impacto.

1.3.1

Así pues, cabe recordar el doble origen de las lesiones que se producen en este tipo de colisiones: las derivadas del impacto «primario» del peatón o el ciclista contra la parte delantera del vehículo y las motivadas por el impacto «secundario» contra la calzada, hacia donde es frecuente que salga proyectado el peatón. En cualquier caso, hay que señalar que resulta ilusorio pretender proteger al peatón cuando el impacto primario se produce a una velocidad superior a 40 km/h. En cambio, sí es posible reducir los efectos de los impactos primarios por debajo de esta velocidad y, por lo tanto, en un tráfico urbano intenso, que es donde se registra casi la mitad de los accidentes.

1.3.2

Esta propuesta para modificar la Directiva 70/156/CEE (2), que constituye la base para la homologación de vehículos y remolques en la medida en que establece y unifica los procedimientos, tiene su punto de partida en el compromiso que asumieron en 2001 las asociaciones de constructores de automóviles europeos, japoneses y coreanos (ACEA, JAMA y KAMA, respectivamente) de no instalar, a partir del 1 de enero de 2002, las barras parachoques rígidas (también denominadas «rigid bull bars» y fabricadas, por lo general, en acero) como equipo original de los vehículos nuevos y dejar de venderlas como piezas de recambio en sus redes comerciales. No obstante, cabe recordar que, en un principio, estas piezas se concibieron para garantizar una mayor seguridad a vehículos de uso profesional –agrícola, forestal, etc.– en zonas «hostiles» o con presencia de animales.

1.4

Esta propuesta es necesaria, entre otros, por tres motivos:

1.5

La propuesta pretende establecer las normas técnicas y de fabricación para los sistemas de protección delantera (barras parachoques) de los vehículos correspondientes a las categorías M1 y N1, esto es, los turismos y los vehículos para el transporte de mercancías con una masa total admisible hasta 3,5 de toneladas; así pues, ésta es una las directivas específicas previstas en el procedimiento de homologación que instituyó la Directiva 70/156.

1.6

La propuesta está también relacionada con la Directiva 2003/102/CE de 17 de noviembre de 2003 (3), relativa a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública en caso de colisión con un vehículo de motor. Su presentación es particularmente necesaria toda vez que esta última Directiva no preveía normas específicas para los sistemas de protección delantera (esto es, las barras parachoques o «bull bars»).

1.7

El Comité ya se ha pronunciado sobre la Directiva 2003/102/CE en su Dictamen de 16 de julio de 2003 (4). En este Dictamen, el Comité aprobaba y respaldaba las acciones de la Comisión para la protección de los peatones, hacía hincapié sin embargo en que estas iniciativas se enmarcan en un contexto más amplio de acciones emprendidas a escala comunitaria en materia de seguridad vial, y subrayaba además la necesidad de una política de prevención global.

1.8

El Comité ya se ha pronunciado recientemente en torno a las otras propuestas legislativas relacionadas con la seguridad vial (como, por ejemplo, la relativa a los sistemas de retención y los cinturones de seguridad, o la que trata de la necesidad de ampliar a casi todos los vehículos la instalación obligatoria de limitadores de velocidad (5)), al igual que lo ha hecho sobre el «Programa de acción europeo de seguridad vial», recalcando en todo momento la importancia de desarrollar conjuntamente los tres factores decisivos en materia de seguridad: vehículos, infraestructuras y comportamiento de los usuarios.

2.1

El Comité expresa su satisfacción por esta nueva iniciativa de la Comisión, que contribuye a completar aún más el marco normativo destinado a mejorar la seguridad vial y viene a llenar así un vacío legislativo.

2.2

Una vez reconocido lo oportuno de esta iniciativa, el Comité se ve obligado a expresar su perplejidad por el modo en que la Comisión ha planteado esta propuesta de Directiva.

2.2.1

Ante la reconocida peligrosidad de las barras parachoques rígidas y el consiguiente compromiso contraído por las casas automovilísticas para no producir ni comercializar estos dispositivos, la Comisión ofrece una solución técnica de carácter homologador. Así pues, no define qué es rígido y qué no lo es, sino que establece unas características homologadoras de orden técnico cuyo cumplimiento define por sí mismo el sistema seguro de protección delantera, esto es, el no rígido.

2.2.2

En cambio, de acuerdo con su formulación actual, la propuesta plantea dificultades inesperadas y, probablemente, irresolubles para las empresas productoras al estipular que las barras parachoques deberán superar unos ensayos de impacto distintos de los que la Directiva 2003/102/CE ya prevé para los vehículos de base en su primera fase de aplicación.

2.3

Así, no debe olvidarse el trabajo que se ha venido realizando hasta la fecha en materia de protección de los peatones. Gracias, en primer lugar, al acuerdo negociado con las asociaciones de constructores y, posteriormente, a la mencionada Directiva 2003/102/CE, este trabajo ha permitido establecer algunos puntos firmes que representan las cotas máximas de progreso técnico en este ámbito, y en los que, con toda lógica, debería basarse la propuesta.

2.3.1

La Directiva 2003/102/CE (Anexo I, punto 1) establecía las pruebas (ensayos de impacto) para las «superficies delanteras» (donde se incluyen los sistemas de protección delantera) que deben superar los vehículos para obtener su homologación. Por el contrario, en el artículo 4 de la propuesta que ahora se somete a examen, la Comisión presenta unas disposiciones técnicas para ensayos específicos de impacto con barras parachoques rígidas que no se ajustan a lo previsto en la primera fase de la mencionada y más reciente Directiva. El Comité no comprende la necesidad de llevar a cabo esta revisión toda vez que:

2.4

Por consiguiente, el Comité considera necesario que las disposiciones de esta propuesta concuerden con las establecidas en la Directiva 2003/102/CE, tal como se detalla en el capítulo siguiente.

2.5

En caso contrario, parece fundado el temor de que los actuales constructores de barras parachoques se verán obligados a poner punto final a sus actividades, ya que no están en condiciones de desarrollar de manera inmediata unidades técnicas que puedan superar las rigurosas pruebas previstas en la actual propuesta.

3.1.

vigile a los Estados miembros para garantizar en todo momento el emparejamiento del sistema de protección delantera con el vehículo para el cual ha sido homologado, al objeto de evitar cualquier causa de peligro posible;

3.2

revise el artículo 3.3 de la propuesta en el que el Comité pide que se sustituya la fecha de 1 de julio de 2005 por la de 1 de octubre del mismo año. Como ya se ha mencionado, es conveniente lograr un alineamiento y una estrecha correlación con la Directiva 2003/102/CE;

3.3

revise el artículo 4 y el anexo 1, parte 3 (Disposiciones sobre los ensayos): el Comité considera que no es necesario ni oportuno establecer disposiciones técnicas pormenorizadas y plazos distintos de los ya previstas para la primera fase de aplicación en la Directiva 2003/102/CE. Desde el momento en que ya no es el sistema de protección delantera el que, como tal, debe someterse a ensayo, sino la parte delantera del vehículo (con la incorporación de dicho sistema o de cualquier otro componente), es incorrecto prever una configuración distinta de los ensayos. Por ejemplo, la propuesta obliga a superar el ensayo «Colisión parte superior de la pierna» con fines de homologación, algo que en la Directiva 2003/102/CE se realiza únicamente a efectos de control. y, por lo tanto, para la recopilación de información.

4.1

El Comité desea que se apruebe cuanto antes la propuesta de Directiva y que ésta haga suyas las modificaciones que sugiere el propio Comité, aplicándose una lógica encaminada a mejorar en la medida de lo posible la protección delantera de los vehículos, ya prevista y aprobada en la reciente Directiva sobre la protección de los peatones.

4.2

En caso de que no se aceptaran dichas modificaciones, el Comité teme que se llegue a una legislación de carácter «prohibicionista», que suponga el fin de la producción de barras parachoques y, quizás, el inicio de un mercado negro difícil de controlar.

4.3

En un plano más general, el Comité espera de la Comisión una estrategia que establezca claramente las prioridades de las acciones reguladoras y evite contradicciones entre los objetivos que se deberán alcanzar. En este contexto recuerda que, a la hora de determinar las distintas opciones, habría que basarse siempre en las «valoraciones de impacto global»de las nuevas normas para poder prestar la debida atención, entre otros factores, a los costes que asumen los fabricantes y, por ende, a la competitividad internacional de la industria europea.

4.4

Además, el Comité resalta la necesidad de reestructurar el complejo marco legislativo relativo a los vehículos de motor, que, solamente por lo que respecta al sistema de homologación de los vehículos, recoge nada menos que 170 directivas, que suman aproximadamente 3 500 páginas en los diarios oficiales.

4.5

El Comité subraya también que es necesario analizar atentamente todos los aspectos relacionados con la seguridad desde un punto de vista técnico, mediante una amplia consulta con la industria y con todas las partes interesadas, a fin de encontrar las soluciones no sólo más avanzadas y fiables, sino también más eficientes desde el punto de vista económico.

4.6

Por último, y conforme a lo ya expuesto en el punto 1.8, el Comité solicita que, al objeto de incrementar la seguridad vial, también se preste una atención cada vez mayor a la educación y sensibilización de peatones y ciclistas.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/21

1.1.1

La Comisión adoptó en 1999 un Plan de acción en materia de servicios financieros (1) que definió un conjunto de acciones necesarias para crear un mercado financiero europeo único. El Consejo Europeo reunido en Lisboa en marzo de 2000 instó a que el Plan de acción se implementara antes de 2005.

1.1.2

El 17 de julio de 2000, el Consejo estableció un Comité de Sabios sobre la regulación de los mercados europeos de valores mobiliarios, cuyo informe final, publicado en febrero de 2001, recomendaba la regulación en cuatro niveles de dichos mercados a efectos de que la normativa comunitaria fuera más flexible, eficaz y transparente.

1.1.3

Como consecuencia de ello, la Comisión adoptó las Decisiones 2001/527/CE (2) y 2001/528/CE (3), que crearon, respectivamente, el Comité Europeo de Valores (CEV) y el Comité Europeo de Reguladores de Valores (CERV).

1.1.4

El 3 de diciembre de 2002, el Consejo instó a la Comisión a adoptar disposiciones relativas a los demás ámbitos de los servicios financieros basándose en el informe final del Comité de Sabios.

1.1.5

En este sentido, la propuesta adapta los planteamientos comitológicos de las citadas decisiones a los sectores bancarios, de seguros y de pensiones de jubilación, y de los fondos de inversión.

1.2.1

Se establece un nuevo sistema comitológico que supone tanto la creación de nuevos comités como la supresión de otros existentes, configurando con ello una nueva arquitectura reguladora de los servicios financieros en la Unión Europea.

1.2.2

Así, con relación al ámbito de funcionamiento de las entidades de crédito, el Comité Bancario Europeo, instituido mediante una Decisión suspensiva de la Comisión Europea de 5 de noviembre de 2003 (4), asumirá la mayoría de las funciones del Comité Consultivo Bancario, que dejará de existir (5). Es decir, desempeñará fundamentalmente funciones consultivas a requerimiento de la Comisión en los actos legislativos que adopten en codecisión el Consejo y el Parlamento y funciones de regulación propias de la comitología.

1.2.3

A su vez, el Comité de supervisores bancarios europeos, instituido mediante Decisión de la Comisión Europea de 5 de noviembre de 2003 (6), reforzará la cooperación en materia de supervisión, fomentará la convergencia de las prácticas de supervisión de los Estados miembros y la aplicación coherente de la normativa comunitaria. Así mismo, asesorará a la Comisión, a petición de ésta, sobre cuestiones de política legislativa bancaria.

1.2.4

En el ámbito de los seguros y de las pensiones de jubilación, el Comité de Seguros establecido por la Directiva 91/675/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (7), se convertirá en Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación (8), desempeñando esencialmente funciones de consulta legislativa a requerimiento de la Comisión y funciones regulatorias de comitología.

1.2.5

A su vez, la instauración del Comité de supervisión de seguros y pensiones de jubilación europeos (9) fomentará la convergencia de las prácticas de supervisión de las autoridades competentes nacionales, mejorará el intercambio de información confidencial sobre entidades concretas sujetas a supervisión y facilitará asesoramiento técnico a la Comisión, en particular sobre los proyectos de medidas de aplicación que la Comisión pretenda proponer.

1.2.6

Finalmente, en el ámbito de los mercados de valores y de conformidad con lo dispuesto, entre otras normas relevantes, en la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003 (10), las competencias del Comité de contacto sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (11) se transfieren al Comité europeo de valores (12) en lo que respecta a sus funciones de comitología y a las funciones de consulta recabada por la Comisión Europea en la elaboración de actos legislativos, y al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (13) en lo que respecta a las funciones consultivas relativas a la preparación por la Comisión de proyectos de medidas de aplicación de la normativa relevante en este ámbito y al fomento de la estrecha cooperación y establecimiento de enlaces entre reguladores de valores de la Unión Europea.

2.1

La imperiosa necesidad de reaccionar con rapidez y eficacia ante los cambios tecnológicos y la evolución de los mercados financieros en una economía globalizada, exige una reforma del actual dispositivo legislativo y de «comitología» de la Unión Europea que regula dicho ámbito en la actualidad.

2.2

Por consiguiente, se acoge muy favorablemente la propuesta de Directiva, cuyo objetivo es dotar de coherencia al entorno normativo financiero europeo mediante una adecuación del sistema decisorio conforme con los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y suficiencia de medios.

3.1

La propuesta de Directiva amplía la estructura y funciones de los comités consultivos y de regulación, de aplicación ya en el sector de los mercados de valores, a las actividades bancarias, de seguros y de pensiones de jubilación, así como a las actividades de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

3.2

Conforme a los objetivos y contenido de la propuesta ya reseñados pueden evaluarse cuatro elementos principales: primero, la constitución y composición de nuevos comités; segundo, la diferente función consultiva que se les asigna; tercero, las funciones regulatorias o de «comitología» que se atribuyen a alguno de los nuevos comités; y, cuarto, las funciones de supervisión y seguimiento de la aplicación de la normativa comunitaria relevante en este ámbito.

3.3

La constitución de cuatro nuevos comités –Comité bancario europeo, Comité de supervisores bancarios europeos, Comité europeo de seguros y pensiones de jubilación, Comité de supervisores de seguros y pensiones de jubilación, que reemplazarán a los tres Comités actualmente existentes: el Comité consultivo bancario, el Comité de Seguros y el Comité de contacto sobre los organismos de inversión colectiva de valores mobiliarios– evita, según la Comisión, el riesgo de complejidad y duplicación que se deriva de la coincidencia entre comités ya existentes.

3.4

No obstante, y atendiendo meramente a consideraciones de índole cuantitativa, se produce una duplicación en el número de comités con relación a los ya existentes, dando lugar a un elenco «comitológico»que se incrementa aún más con la inclusión del Comité de Servicios Financieros, instituido unos meses antes de los mencionados comités y cuyas funciones parecen solaparse «a priori» con las de estos (14). A resguardo de que esta circunstancia esté justificada por las razones de técnica legislativa ya reseñadas, en principio se compadece mal con las demandas de transparencia y simplificación relativas a una drástica reducción de la galaxia comitológica existente en la Unión Europea (15).

3.5

Por otro lado, y en lo que atañe a la composición de los cuatro nuevos comités, merece reseñarse positivamente la constitución del Comité bancario europeo por tan sólo un representante de alto nivel por cada Estado miembro en lugar del máximo de tres miembros con que en la actualidad pueden contar las delegaciones nacionales en el Comité consultivo bancario así como el hecho de que aquél será presidido por la Comisión mientras que éste lo preside un representante de un Estado miembro. Aunque ninguna disposición de la propuesta de Directiva hace mención de este aspecto, ello se deduce de la lectura de su exposición de motivos.

3.6

Sin embargo, no se prevé la presencia de representantes de los mercados de valores en los comités que se ocupan de su regulación. Dado que todas las bolsas europeas son entidades privadas que operan bajo la supervisión de reguladores públicos, debería darse cabida, en calidad de observador, a algún responsable nacional de los mercados de valores.

3.7

En cuanto a las funciones consultivas de los nuevos comités, la propuesta supone, a la vez, una reasignación y un desglosamiento de dichas funciones tal y como las desempeñan actualmente los comités existentes en los sectores de la banca, de los seguros y da la inversión colectiva en valores mobiliarios.

3.8

Conforme a lo descrito anteriormente (punto I.2), el Comité bancario europeo, el Comité de seguros y pensiones de jubilación y el Comité europeo de valores aglutinarán las funciones consultivas más relevantes a efectos de la elaboración y aplicación de la legislación relevante en este ámbito.

3.9

Es decir, se ocuparán de las funciones consultivas del nivel 1 dentro de los cuatro niveles en los que se organiza la actual arquitectura decisoria comunitaria de valores.

3.10

Por su lado, el Comité europeo de supervisores bancarios, el Comité europeo de supervisores de seguros y pensiones de jubilación y el Comité europeo de reguladores de valores, se ocuparán de las funciones consultivas que persigan la puesta en práctica coherente y puntual de todas la normativa relevante en la materia –incluida las medidas técnicas de aplicación– y el perfeccionamiento del sistema de cooperación entre supervisores de los Estados miembros. Es decir, desempeñarán las funciones consultivas propias del nivel 3 de la mencionada arquitectura decisoria.

3.11

No se crean, por lo tanto, nuevas funciones consultivas con relación a las ya existentes. A resguardo de los resultados que conlleve en su día la puesta en vigor del nuevo sistema consultivo, la valoración previa puede ser positiva siempre que redunde en una mayor calidad técnica de la normativa en cuestión y en la medida en que la duplicación de comités no menoscabe la agilidad y la transparencia de los procedimientos consultivos que recabe oportunamente la Comisión.

3.12

En tercer lugar, las funciones regulatorias o de «comitología» serán desempeñadas exclusivamente y de forma respectiva en cada uno de los ámbitos de su competencia por el Comité bancario europeo, el Comité europeo de seguros y pensiones de jubilación y el Comité europeo de valores. Tampoco se crean aquí nuevos procedimientos de comité ni se les atribuyen nuevas funciones con respecto a las que ya desempeñan los comités existentes.

3.13

No obstante, merece la pena hacer algunas observaciones sobre el particular, dado que, hasta la fecha, la «comitología» financiera es casi una incógnita (16). De un lado, y con relación al procedimiento seguido en la toma de decisiones, la «comitología» financiera se rige por lo dispuesto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 (17), es decir, por el procedimiento de reglamentación. Como es sabido, este procedimiento establece un derecho de revisión cuyo titular exclusivo es el Consejo (18) y un derecho de examen del Parlamento Europeo (19), que aproxima pero no iguala el peso específico de ambas instituciones en los casos en que vean menoscabadas sus prerrogativas en un procedimiento de reglamentación con base en un acto normativo comunitario que se adopte por codecisión (20).

3.14

Esta circunstancia deber ser tomada con cierta cautela en relación con la propuesta que nos ocupa ya que, de hecho, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 5 de febrero de 2002 sobre la aplicación de la legislación de los servicios financieros (21), aceptó el planteamiento de la reglamentación en cuatro niveles recomendado por el Informe del Comité de Sabios, ya mencionado, a condición de recibir un trato equivalente en el Nivel 2 (procedimientos de comitología) al garantizado al Consejo conforme a la Resolución del Consejo Europeo de Estocolmo (22). En este sentido el Comité Económico y Social insta a las Instituciones competentes a resolver el conflicto por el control de las competencias de ejecución de forma urgente.

3.15

Por otro lado, y al hilo de la observación precedente, llama la atención una cierta descontextualización de la propuesta que nos ocupa en lo que concierne a su difícil conciliación con algunas disposiciones previstas en la propuesta de modificación de los Tratados constitutivos de las Comunidades, actualmente en negociación. Así, el Artículo I-35 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa (23) supondría una revisión del procedimiento de reglamentación al otorgar en pie de igualdad al Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros el derecho de rechazar la competencia delegada a la Comisión.

3.16

A su vez, el Anexo 8 del Documento del Cónclave ministerial de Nápoles sobre la CIG 2003 (24), establece una modificación al punto 6 del Artículo III-77 del mencionado Proyecto de Tratado que resulta doblemente conflictivo frente a la Propuesta que nos ocupa. Primero porque al prever la posibilidad de que una ley europea del Consejo otorgue al Banco Central Europeo la competencia de supervisión prudencial de las instituciones de crédito y otros establecimientos financieros, con excepción de las empresas aseguradoras, mermaría las funciones consultivas y de comitología del Comité Bancario Europeo y las funciones consultivas del Comité de Supervisores bancarios europeos (25).

3.17

Segundo, porque abriría un nuevo conflicto con el Parlamento Europeo al establecer que el Consejo decidiría dicha transferencia de competencia por unanimidad tras consultar al Parlamento, mientras que el vigente Artículo 105.6 CE prevé esta posibilidad previo dictamen conforme del Parlamento Europeo. Aunque las propuestas de la Comisión no deben hacer referencia a proyectos normativos que no han cobrado fuerza vinculante, las anteriores consideraciones resultan de la obligada labor prospectiva que debe llevar a cabo el Comité al ejercer sus funciones consultivas.

3.18

Finalmente, las funciones de supervisión y seguimiento de la aplicación de la normativa comunitaria en este ámbito permitirá a los Comités reforzar el mecanismo actual mediante el que la Comisión detecta obstáculos y despliega los medios oportunos para su remoción de los entornos jurídicos de los estados miembros (26).

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/25

1.1

Por «diseño ecológico» se entiende la incorporación sistemática de aspectos medioambientales en el diseño de los productos al objeto de reducir su eventual impacto negativo en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida. Su objetivo consiste en desarrollar un marco coherente que haga posible tal tipo de diseño de los productos sin dejar de garantizarles, al mismo tiempo, unos niveles competitivos de precio, rendimiento y calidad para mejorar su sostenibilidad y competitividad, tanto en el mercado interior europeo como en el mercado mundial.

1.2

La integración de los aspectos medioambientales en las características de los productos ya en la fase de diseño se relaciona, por una parte, con los avances registrados a escala comunitaria en el ámbito de la Política de Productos Integrada (PPI), especialmente por lo que respecta a la integración del concepto de «ciclo de vida» –sobre el que el Comité ya tuvo ocasión de pronunciarse (1)con motivo del Sexto Programa de Acción Medioambiental (2)– y, por otra parte, con las tres dimensiones –económica, social y medioambiental– de la sostenibilidad de los productos que consumen energía, tal como se manifestó en los Consejos Europeos de Cardiff y Helsinki.

1.3

El nuevo marco debería tener presentes –en un contexto de armonización de las normas técnicas (3), nuevos enfoques e información preventiva (4)– las directivas ya existentes en materia de requisitos mínimos para el rendimiento energético de los distintos tipos de productos.

1.4.1

La posibilidad de que estas directivas «se consideren medidas de ejecución» de la propuesta de nueva normativa marco por lo que respecta al consumo energético durante el uso de los productos queda recogida de manera explícita por la Comisión cuando afirma que «por tanto, se consigue una consolidación y simplificación de la legislación comunitaria».

1.5

«Al tomar en consideración todo el ciclo de vida de los productos» que utilizan energía, éstos, además de verse sometidos a la regulación de la gestión de residuos (RAEE) (12) y a la normativa sobre la utilización de sustancias peligrosas (13), serían objeto de nuevos requisitos y controles; en efecto, la propuesta de la Comisión pretende incidir «en el fomento del diseño de los productos para facilitar su reutilización y reciclado, previendo la introducción sistemática de estos aspectos en fases tempranas del proceso de diseño (…).» Además, desde el momento en que el rendimiento medioambiental del diseño parcial o general de un producto ha de cumplir unos requisitos mínimos obligatorios, «será posible abordar el consumo de energía a lo largo del ciclo de vida del producto y no sólo durante la fase de utilización, como ocurre en la actualidad».

1.6

Además, será posible combinar la normativa de los productos que utilizan energía con medidas complementarias como la del etiquetado voluntario que se prevé en el sistema comunitario de la etiqueta ecológica (14), las previstas en materia de prevención y control integrados de la contaminación (PCIC) (15) y las normas relativas a la adhesión con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS) (16), así como otras medidas relacionadas con el etiquetado energético de los aparatos eléctricos que recompensan y sensibilizan al consumidor acerca de un consumo más moderado y seguro.

1.7

Por otro lado, el Comité considera que la propuesta de un «marco» de simplificación y consolidación de la legislación comunitaria debería salvaguardar, por una parte, el desarrollo realmente sostenible y competitivo de la Unión a nivel mundial y, por la otra, los principios de responsabilidad social de las empresas y la libertad de elección con conocimiento de causa por parte del ciudadano-consumidor.

2.1

El objetivo de la propuesta de la Comisión estriba en definir un marco coherente para la integración de las características ecológicas en el diseño y el desarrollo de los productos que utilizan energía en el ámbito del mercado interior europeo (17). La propuesta tiene como objetivo el establecimiento de una Directiva marco que –al ofrecer «el marco adecuado para abordar rápidamente las nuevas cuestiones medioambientales que se planteen»– permita tener presentes de manera coherente y completa las exigencias del diseño ecológico a fin de:

2.2

De acuerdo con la Comisión, este nuevo marco no debería limitarse a los aspectos de rendimiento energético, sino que debería abarcar todos los aspectos del impacto medioambiental, especialmente por lo que respecta a las emisiones (sólidas, gaseosas, sonoras, electromagnéticas, etc.), y basarse en el artículo 95 del Tratado CE, que se adapta mejor que cualquier otro artículo a la hora de eliminar las barreras a los intercambios y el falseamiento de la competencia en el mercado interior.

2.3

No obstante, la Directiva marco propuesta tendría un ámbito de aplicación amplísimo, dado que, en principio, sería aplicable a todos los productos que utilizan energía para realizar aquellas funciones para las que han sido diseñados. Del ámbito de aplicación de la propuesta se han excluido los vehículos de motor, puesto que éstos ya están sujetos a numerosas medidas tanto de carácter reglamentario (sobre el diseño) como voluntario (acuerdos voluntarios sobre las emisiones). Por otra parte, la Comisión define en su propuesta los criterios de selección de los productos que podrían ser cubiertos por futuras medidas de ejecución.

2.4

Además, el ámbito de aplicación comprende también los componentes de los productos que consumen energía y las partes que se vayan a integrar en aquellos productos que se comercialicen como piezas separadas destinadas al usuario final y cuyo comportamiento medioambiental pueda evaluarse de forma independiente.

2.5

La propuesta se completa con disposiciones relativas a la declaración de conformidad, la marca CE, la evaluación y la presunción de la conformidad de los productos, los procedimientos de adopción y publicación de normas técnicas armonizadas, las restricciones a la comercialización de productos, el intercambio de información y la colaboración entre Estados miembros, así como las normas sancionadoras que éstos impongan.

2.6

La Comisión estima que, aun cuando no plantea de manera directa –a menos que se adopten medidas de ejecución– obligaciones legales para los fabricantes/importadores/representantes, la propuesta de Directiva marco debería contribuir a integrar en el diseño de los productos el concepto de «ciclo de vida», concediendo así un margen de acción a uno de los principios básicos de la Política de Productos Integrada (PPI) de la Unión.

2.7

Por último, la propuesta actúa de estímulo para aquellas iniciativas y acuerdos voluntarios que hayan registrado un amplio y merecido éxito en sectores distintos y potencialmente interesados en la aplicación de la Directiva propuesta. En efecto, según la propuesta, no convendría aplicar nuevas medidas de ejecución allí donde los mecanismos de mercado y la legislación vigente ya operan de manera efectiva y positiva.

3.1

La aplicación del diseño ecológico afronta diversos obstáculos que se han hecho patentes en el plano internacional gracias a los sondeos realizados en las mayores empresas del mundo de acuerdo con la lista de «Fortune 500» (18). Estos sondeos reflejan que «el coste se ha clasificado con arreglo a unos niveles considerablemente más elevados que otros factores», lo cual lleva a pensar que el aumento de la información sobre el medio ambiente y su protección constituye un elemento crucial.

3.2

Por lo demás, las mayores empresas estadounidenses, japonesas y europeas también han señalado la existencia (o la ausencia) de fuentes de información como un factor de gran relevancia, y la gran mayoría de los entrevistados (79 %) considera importantes tanto la educación y la formación relativas al diseño ecológico, dentro y fuera de la empresa, como el fomento de una verdadera cultura propia en este ámbito.

3.3

Por el contrario, no existe una percepción clara de los modelos de diseño ecológico: los pocos entrevistados que conocían el diseño ecológico lo relacionaban con el sistema de gestión medioambiental (Environmental Management System). Si bien se ha mencionado la falta de personal experto («diseñadores de productos con instrucción medioambiental») y de cualificaciones adecuadas, también es cierto que no se han advertido grandes diferencias ni cambios significativos en las actividades de diseño ecológico en comparación con los análisis realizados durante el período quinquenal precedente.

3.4

En el plano de la normalización internacional, se ha señalado la serie ISO 14000 como un primer resultado de la Ronda Uruguay y de la cumbre de Río de 1992 sobre la protección del medio ambiente a escala mundial. En el ámbito de la norma ISO, y por lo que respecta al diseño ecológico, los Estados Unidos parecen preferir la adopción de directrices a las normativas vinculantes, en contra de las cuales ese país se ha pronunciado recientemente.

3.5

En lo que se refiere a Europa, los estudios comunitarios (19) que se han llevado a cabo parecen indicar una situación muy distinta:

3.6

Por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas europeas (20), cabe señalar que:

4.1

El Comité siempre ha valorado positivamente el empeño de la Unión Europea por incorporar una dimensión medioambiental de ahorro y eficiencia energética en las políticas empresariales y de producción como parte integrante de una estrategia de competitividad que, además, ocupa un lugar central en las decisiones adoptadas en 2000 en Lisboa. El Comité comparte plenamente el objetivo de promover una utilización más inteligente de la energía mediante un diseño que tenga presente este aspecto desde la fase inicial de los productos.

4.2

Por otra parte, reiterando las inquietudes que ya ha venido expresando en anteriores ocasiones (21), el Comité hizo hincapié en un Dictamen aprobado por abrumadora mayoría que (22)«no se concedía suficiente importancia al hecho de que la adopción de medidas tan esenciales como el análisis del ciclo de vida y el diseño ecológico exigen grandes esfuerzos económicos, de gestión y legislativos» y en «la necesidad de una acción más decidida para la promoción de políticas en apoyo de la investigación y la innovación adaptadas a las PYME, especialmente centradas en la difusión de información y en la elaboración de procesos innovadores para desarrollar productos más ecológicos».

4.3

Así pues, el Comité acoge con satisfacción el objetivo general de la Comisión de garantizar la coherencia y transparencia de la legislación comunitaria en esta materia, y de evitar una fragmentación del mercado interior, con arreglo a lo establecido en el artículo 95 del Tratado CE, aunque manifiesta algunas preocupaciones relacionadas con la actual propuesta, tanto por el contexto de actuación de la propuesta como por el instrumento jurídico elegido («delegación legislativa») o la articulación de la propia propuesta.

4.4

Según el Comité, podría resultar conveniente consolidar previamente el amplio contexto de normativas comunitarias en el que se inscribe la propuesta, con el ambicioso objetivo de aportar consistencia orgánica a las numerosas directivas –verticales o no– relacionadas con esta iniciativa. Existen ya directivas en materia de requisitos mínimos para el rendimiento, y una evaluación medioambiental más integrada podría, por consiguiente, orientar mejor a las empresas, evitándoles verse sometidas a un sistema de obligaciones y orientaciones con el riesgo de solapamiento que éste conlleva.

4.5

Por lo tanto, el Comité considera oportuna la adopción de una versión consolidada y simplificada de las reglamentaciones comunitarias a las que ya están sometidos los fabricantes de productos –en la que se incluirían también los sistemas de apoyo al desarrollo de una cultura en este ámbito, ya sea a efectos de la demanda o de la oferta y el diseño– con acciones en apoyo de la creación de bancos de datos con buenas prácticas, divulgación de la información y acciones de formación adecuadas a las distintas audiencias y los diversos niveles técnicos de referencia.

4.6

En opinión del Comité, se debería privilegiar tanto el instrumento que conforman las directrices en materia de diseño ecológico, como la creación de plataformas permanentes de diálogo y consulta obligatoria entre: la Comisión, las empresas, los consumidores, los fabricantes y la sociedad civil. A este respecto se podrían, por ejemplo, incorporar instrumentos de fomento adecuados en el marco del actual programa plurianual comunitario «Energía inteligente» y en la revisión a medio plazo del Sexto programa marco de IDT de la Unión, así como en la revisión de las intervenciones previstas en las políticas poliestructurales y de cohesión.

4.7

Según el Comité, en la actual situación en que se encuentra el «estado de la técnica» sería útil fomentar la difusión de acuerdos sectoriales de carácter voluntario e incentivar otros instrumentos que potenciaran al máximo a los agentes económicos y sociales para favorecer una cultura del cambio. Así, el Comité cree que es importante promover la responsabilidad social de las empresas y una política de los consumidores consecuente.

4.8

Asimismo, convendría valorar detalladamente la plena consonancia entre las propuestas de la Comisión y los requisitos de proporcionalidad, subsidiaridad y simplificación burocrático-administrativa, así como las consecuencias que éstas pudieran tener de cara a la caída o el aumento de los costes y la mejora o el empeoramiento del rendimiento técnico-económico de los productos, para poder actuar con políticas adecuadas y coherentes y con medidas de apoyo fiscales y financieras.

4.9

El Comité manifiesta la perplejidad que le produce el contenido de la propuesta, toda vez que, como recalca la propia Comisión, dicha propuesta «tiene un ámbito de aplicación más amplio que cualquier acto legislativo comunitario vigente relacionado desde el punto de vista de los productos cubiertos». Para hacer operativo el marco propuesto se necesitan unas medidas de ejecución basadas en determinados criterios de evaluación del impacto medioambiental y en una serie preestablecida de indicadores del rendimiento medioambiental al objeto de elaborar un perfil ecológico de un elevadísimo número de productos. Por lo demás, todo ello se desarrollaría en un contexto de delegación en favor de la propia Comisión, con la única intervención de los procedimientos de comitología.

4.10

Para el Comité, el recurso a modelos ficticios de referencia para cada gama de productos también podría ser motivo de preocupación. A este fin se recurriría al concepto de «estado de la técnica» –entendido no como el avance científico más novedoso, sino como un «buen nivel medio de resultados técnicos»–, respetando un «equilibrio razonable» entre la viabilidad industrial y las normas y prácticas vigentes. El Comité considera conveniente respetar también un equilibrio análogo en cuanto a los costes y los beneficios para asegurar, en todos los ámbitos de consumo, una relación calidad/precio proporcionada a las opciones y posibilidades de cada uno.

4.11

A la hora de establecer requisitos específicos de diseño ecológico, la propuesta propugna recurrir a la definición de unos métodos precisos de medición, basados en una utilización normalizada del producto, sus prestaciones y las características que proporcionen una utilidad o comodidad suplementaria a los usuarios. No obstante, y de acuerdo con el Comité, esto debería ir acompañado también de un análisis técnico-económico de viabilidad de las soluciones de diseño. Dado que los indicadores necesarios deberían ser fijos y predeterminados, existe un riesgo de estancamiento del progreso y de la innovación técnica y de mercado, frenando así los avances de los nuevos productos en materia de rendimiento tecnológico.

4.12

Además del impacto que estas medidas operativas tendrán en las empresas de los sectores productivos afectados, cabe tener presente que deberán ser plenamente aplicables a todos los productos –ya sean fabricados en la UE o en terceros países– y extensibles a los componentes integrados en el producto. En opinión del Comité, tanto los controles de comercio internacional que efectúen las aduanas de la Unión como los controles efectuados en el mercado interior podrían revelarse costosos, lentos y poco eficaces ante una acelerada dinámica de carácter global.

4.13

Así pues, el Comité considera indispensable, por un lado, garantizar la igualdad de trato a los productos fabricados en la Unión y a los importados y, por el otro, introducir mecanismos adecuados de control para impedir que una misma normativa repercuta de manera diferente en distintos productores.

4.14

Según el Comité, también se deben tener debidamente en cuenta los progresos realizados en el plano internacional por las normas/directrices ISO en lo relativo a la integración de los aspectos medioambientales en el diseño de los productos que consumen energía.

4.15

El Comité hace hincapié en la situación actual de las PYME, que se ha visto agravada por las grandes disparidades existentes entre los Estados miembros y por el hecho de que los sectores con alta concentración de PYME son aquellos que registran una mayor lentitud a la hora de adoptar medidas de carácter voluntario.

4.16

En opinión del Comité, debería prevalecer, en líneas generales y con mayor motivo en el ámbito de las PYME, el principio de proporcionalidad y de la pertinencia real, así como una verificación previa de la viabilidad de las medidas, junto con una adecuada asistencia financiera o incentivación fiscal. Todos estos elementos son verdaderamente esenciales para fomentar y sostener una aplicación competitiva del diseño ecológico, una mayor información y un acceso más ágil y adecuado a los bancos de datos, la formación de técnicos y empresas, la difusión de la innovación y la comercialización tecnológica de los productos renovados.

4.17

Por último, el Comité recalca que es imprescindible garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la necesidad de mantener unos requisitos mínimos de protección medioambiental, la protección del desarrollo empresarial y los puestos de trabajo y, por otra, la libertad de elección con conocimiento de causa por parte del consumidor.

5.1

El Comité siempre ha considerado positiva –y sigue haciéndolo hoy en día– la incorporación de la dimensión medioambiental de ahorro y eficiencia energética en las políticas empresariales y de producción como parte integrante de una estrategia europea de competitividad. Así pues, subraya la importancia que reviste el desarrollo de una verdadera cultura propia al ámbito del diseño ecológico que potencie la responsabilidad social y medioambiental de las empresas y los consumidores, promoviendo unos comportamientos activos y responsables.

5.2

Además, el Comité desea que se establezca un marco coherente con la legislación sobre este ámbito para evitar una fragmentación del mercado y garantizar la transparencia en el trato a todos los operadores y usuarios.

5.3

El Comité recomienda, por consiguiente, llevar a la práctica de manera prioritaria un marco consolidado de este tipo para orientar mejor a las empresas, especialmente las PYME.

5.4

Las solicitudes de diseño ecológico de los nuevos productos deberían inscribirse en unos niveles razonables y aceptables al objeto de garantizar el desarrollo de nuevos diseños y la libre elección de los consumidores entre las distintas ofertas o soluciones técnicas.

5.5

Según el Comité, el amplísimo contexto de normativas comunitarias en el que se inscribe la iniciativa debería combinarse con una simplificación de la reglamentación y con un reforzamiento de la competitividad del mercado interior en una Europa ampliada.

5.6

El Comité recomienda vivamente que se emprenda una consolidación y simplificación preventivas de las reglamentaciones ya existentes (23) que, por una parte, cubren los aspectos de eficiencia y ahorro energético y, por otra, los distintos aspectos del impacto medioambiental de los productos. Lo más importante es lograr una percepción simplificada y comprensible de las normativas comunitarias que regulan en la actualidad el diseño de los productos que utilizan energía.

5.7

El Comité se pronuncia a favor de la rápida aprobación de directrices sobre el diseño ecológico y la creación de plataformas permanentes de diálogo por sectores y productos sensibles entre la Comisión, las empresas, los consumidores, los fabricantes y la sociedad civil, con el objetivo de evaluar los nuevos avances y promover iniciativas en favor de un desarrollo consistente y coherente de los programas e instrumentos comunitarios y nacionales que tengan el diseño ecológico como uno de sus objetivos, para fomentar una mayor toma de conciencia y el desarrollo de una verdadera cultura propia en este ámbito, ya sea a efectos de la oferta o de la demanda del mercado.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/30

1.1

Es evidente que, desde hace muchos años, la demanda de servicios de transporte en Europa aumenta de forma constante, especialmente por lo que se refiere al transporte por carretera tanto de pasajeros como de mercancías.

1.2

Este incremento acarrea, y podría acarrear aún más en un futuro próximo, problemas de congestión del tráfico, efectos perjudiciales para el medio ambiente y, en especial, accidentes que causan muertes, lesiones y daños materiales.

1.3

Asimismo, es notorio que la industria del automóvil no ceja en su empeño de mejorar la seguridad activa y pasiva de sus productos. Basta recordar que hoy día los vehículos son cuatro veces más seguros que en 1970 y que ello ha permitido reducir en un 50 % el número de muertes en la UE de los quince desde dicho año, aunque el volumen de tráfico se haya más que triplicado en el mismo período.

1.4

No obstante, los costes sociales del transporte por carretera son aún demasiado altos: los 1 300 000 accidentes que tienen lugar anualmente en las carreteras de Europa producen 40 000 muertes y 1 700 000 lesiones, con un coste estimado de 160 000 millones de euros; esto es, un 2 % del PIB de Europa. De todas formas, a nivel personal, una sola muerte siempre será un precio demasiado alto.

1.5

La Comisión Europea, consciente de la gravedad del problema, ha puesto en marcha una serie de iniciativas importantes en materia de seguridad vial, como la adopción del Programa de acción europeo de seguridad vial.

1.6

Mucho antes de la redacción de este Programa, se determinó que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que ya son de uso generalizado en los vehículos, son instrumentos importantes para afrontar el reto de la seguridad en carretera. El desarrollo de procesadores, comunicaciones, sensores y accionadores más potentes permite diseñar sistemas de seguridad activa integrados, cada vez más sofisticados, que permiten, si no evitarlos del todo, al menos reducir el número de accidentes y atenuar sus consecuencias.

1.7

Con este punto de vista, la Comisión instauró en 2002 el Grupo de trabajo eSafety, compuesto por más de 40 expertos de la industria automovilística y otras partes interesadas. El cometido del Grupo era proponer una estrategia para impulsar la investigación, desarrollo, implantación y utilización de sistemas inteligentes de seguridad basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la seguridad vial.

1.8

En noviembre de 2002, el Grupo de trabajo publicó un informe final con 28 recomendaciones de actuación dirigidas a la Comisión Europea, los Estados miembros, las autoridades responsables de la circulación y seguridad en carretera, el sector automovilístico, los proveedores de servicios, las asociaciones de consumidores, las compañías de seguros y demás partes interesadas. Dichas recomendaciones tienen por objeto mejorar la seguridad mediante sistemas integrados que recurren a las TIC avanzadas capaces de facilitar datos nuevos e inteligentes que engloben la participación y la interacción entre los conductores, los vehículos y el entorno vial.

1.9

Posteriormente, el informe del Grupo de trabajo eSafety se debatió y aprobó en la segunda reunión del Grupo de alto nivel eSafety, que también procedió a constituir el Foro eSafety (1), además de solicitar a la Comisión que presentara propuestas políticas sobre el asunto.

1.10

La Comunicación que debe analizar el CESE constituye la respuesta de la Comisión a las peticiones formuladas por el Grupo de alto nivel eSafety y el grupo sobre la seguridad vial, que comparten los Estados miembros.

2.1

En la Comunicación se apoya y asume el informe final del Grupo de trabajo eSafety y se proponen once acciones que pueden dividirse en tres categorías principales:

2.1.1

Acciones de promoción de los sistemas de seguridad para vehículos inteligentes.

2.1.2

Acciones para la adaptación legislativa y de normalización.

2.1.3

Acciones para la eliminación de los obstáculos en la sociedad y en el mundo empresarial.

—

La Comisión seguirá presidiendo y apoyando el Foro eSafety como plataforma conjunta de todas las partes involucradas en la seguridad vial;

—

la Comisión potenciará el incremento de la investigación y el desarrollo tecnológico, participando en la financiación de determinados proyectos de vanguardia;

—

la Comisión, en el ámbito de la interacción entre la persona y la máquina, evaluará los efectos de la introducción en los vehículos de dispositivos nómadas (2) y, a continuación, la sobrecarga de tareas que supone para el conductor la introducción de los nuevos sistemas de control y de información;

—

la Comisión propondrá una estrategia integrada de servicios paneuropeos de urgencia (e-call) sobre la base de las disposiciones de la denominada legislación E-112 (3);

—

la Comisión analizará los avances efectuados en la información viaria y del tráfico en tiempo real (RTTI) en Europa.

—

La Comisión propondrá autorizar y reglamentar la utilización del espectro de 24 GHz para el radar de corto alcance y banda ultraancha (SRR – UWB);

—

la Comisión revisará la legislación comunitaria sobre homologación de vehículos y determinará las acciones necesarias para autorizar y reglamentar el uso de los nuevos sistemas;

—

la Comisión pedirá a las organizaciones de normalización (ISO, CEN y ETSI) que establezcan un programa de normalización de los nuevos sistemas: protocolos para la comunicación, arquitecturas de sistemas y programas informáticos, así como protocolos normalizados de comunicaciones e interacción entre la persona y la máquina.

—

La Comisión evaluará los beneficios socioeconómicos que podrían obtenerse merced a la introducción de los sistemas de seguridad para vehículos inteligentes;

—

la Comisión promoverá y financiará el estudio de una metodología de evaluación de riesgos y beneficios de los nuevos sistemas;

—

la Comisión promoverá la realización de hojas de ruta del sector industrial y del sector público para planificar el desarrollo y adopción de los nuevos sistemas.

—

La Comisión promoverá y financiará el estudio de una metodología para evaluar el impacto potencial de la introducción de los sistemas inteligentes de seguridad de tipo combinado y con fusión de sensores (4);

—

la Comisión promoverá y financiará el estudio de procedimientos de validación de vehículos equipados con los nuevos sistemas;

—

la industria determinará, producirá, mantendrá y certificará una base de datos que conforme un mapa digital europeo en el que se incluyan atributos de seguridad vial.

3.1

El documento de la Comisión Europea deja patente una voluntad clara y decidida respecto del desarrollo e instalación de sistemas inteligentes para la seguridad vial en un momento en que los sistemas tradicionales de seguridad pasiva podrían haber alcanzado sus propios límites.

3.2

Las orientaciones generales del documento son claras y están bien estructuradas. En cambio, las prioridades no lo están tanto (a excepción del e-call, cuya importancia reconoce el Comité) pero, sobre todo, no hay ningún calendario para el programa de acción. Por el momento, sólo se prevé un calendario de trabajo para 2004. Se espera que la redacción de la hoja de ruta –uno de los resultados esperados del Foro eSafety– pueda ser determinante para fijar prioridades y plazos del programa.

3.3

Es importante que la industria del automóvil, que ya participa en el Grupo de trabajo y en el Foro eSafety, siga orientando desde el punto de vista técnico el desarrollo de estas iniciativas y, sobre todo, contribuya a elaborar la hoja de ruta.

3.4

En principio, la industria del automóvil necesitará directrices para lanzar al mercado los sistemas inteligentes de seguridad. No obstante, cada empresa deberá poder ofrecer soluciones innovadoras de manera diferenciada y con plazos adecuados, sin dejar de lado el requisito indispensable de la interoperabilidad y estabilidad de funcionamiento de los nuevos sistemas.

3.5

Deberá preverse un período de «aprendizaje» de los usuarios para un uso provechoso de los nuevos sistemas inteligentes de seguridad. A este respecto, sería conveniente que en el Foro eSafety también participen representantes de las autoescuelas. Se deberá prestar especial atención a los transportistas por carretera que podrían servir de grupo «piloto» en la fase de introducción de los nuevos sistemas y, por lo tanto, constituir una importante base de usuarios.

3.6

Determinados sistemas de seguridad como el ESP (sistema electrónico de estabilidad del vehículo en condiciones críticas), desde un punto de vista puramente técnico, ya podrían ser implantados a amplia escala y un plazo corto. Otros sistemas, de funcionamiento y utilización más estructurada y compleja, requerirán un análisis preciso para optimizar la sobrecarga de tareas del conductor con el fin de evitar todo lo posible el cansancio y el riesgo de distracción.

3.7

En el documento se aborda de manera eficaz el asunto de la responsabilidad compartida entre las distintas partes (Comisión Europea, Estados miembros, autoridades responsables de las carreteras y de la seguridad, industria del automóvil y proveedores de sistemas y servicios). No obstante, resulta indispensable definir y reglamentar de forma precisa las responsabilidades en caso de funcionamiento deficiente de los dispositivos de seguridad. Deben realizarse muchas pruebas dado que se trata de sistemas y funciones totalmente nuevos. Sin embargo, debe reconocerse que la Comisión ya ha financiado tres proyectos de investigación en el ámbito de la responsabilidad: Response, Response 2 y Prevent.

3.8

Asimismo, cabe señalar que, en la Comunicación, la Comisión hace mucho hincapié en la necesidad de disponer de vehículos más seguros. No debe olvidarse en absoluto la necesidad de adaptar las infraestructuras viarias (vías nuevas y más seguras, así como la eliminación de la congestión del tráfico). Además, gran parte de los nuevos sistemas de seguridad para los vehículos necesitarán infraestructuras «inteligentes» específicas (por ejemplo, redes de telecomunicaciones adaptadas para recibir, descodificar y gestionar las llamadas automáticas de urgencia, etc.) La Comisión deberá centrar la atención en estos últimos aspectos y sus repercusiones.

3.9

A este respecto y en línea con la realización de infraestructuras inteligentes, seguramente sea decisivo el programa comunitario Galileo, dado que ofrecerá una serie de servicios de navegación y posicionamiento que permitirán desarrollar una amplia gama de aplicaciones innovadoras en el ámbito de la eSafety.

3.10

Es previsible que la implantación de los sistemas inteligentes de seguridad suponga un incremento significativo de los costes de compra y mantenimiento de los vehículos. Son posibles sistemas de seguridad adicionales si el consumidor está dispuesto a pagarlos. Resultará primordial demostrarle que el coste adicional supone una disminución del riesgo de accidentes y de sus consecuencias. También por este motivo es fundamental registrar y analizar de forma precisa las causas de los accidentes de tráfico, labor que se prevé en la Comunicación y se asigna al Foro eSafety. En concreto, será necesario reorganizar el sistema CARE (5) incluyendo las causas de los accidentes y el análisis correspondiente, así como, cuando sea posible, los datos recabados por algunos fabricantes de automóviles.

3.11

El servicio e-call proporciona un ejemplo concreto del problema del incremento de los costes. Numerosas marcas de automóviles han ofrecido este sistema dentro del equipo opcional de los vehículos, pero la demanda ha sido hasta ahora escasa porque son pocos los usuarios dispuestos a pagar por un servicio que esperan no tener que utilizar nunca. El e-call, que se considera acción prioritaria en la Comunicación, podrá servir de prueba decisiva para el conjunto del programa. Sólo una amplia aceptación de este instrumento permitiría reducir los gastos de gestión del sistema y, por consiguiente, el precio que deben pagar los consumidores, merced a las economías de escala y la competencia entre los distintos proveedores que también evitarán posiciones monopolísticas.

3.12

Otra causa del incremento de los costes podrá derivarse de la necesidad de que los talleres cuenten con equipos específicos de diagnóstico, reparación y verificación. No obstante, debe señalarse que ello podrá tener consecuencias positivas, ya que mejorará la profesionalidad de los mecánicos y podrían generarse nuevas posibilidades de empleo.

3.13

Una posibilidad que debería considerarse para paliar el problema es la incentivación mediante la reducción de los impuestos o de las primas del seguro. En todo caso, será indispensable un proceso de concertación entre las distintas partes.

3.14

No obstante, es muy difícil, si no ilusorio, pensar en una implantación generalizada de los sistemas inteligentes de seguridad basada únicamente en la sensibilidad o los intereses particulares de las empresas o los usuarios. Como alternativa o complemento de la implantación de forma voluntaria, debería considerarse el establecimiento de una obligación jurídica mediante normas coercitivas. Estas normas deberían imponer la obligación de implantar sistemas inteligentes de seguridad de manera gradual y escalonada de acuerdo con un programa adecuado.

3.15

En todo caso, dado que los costes de las funciones de seguridad serán soportados por los clientes y los contribuyentes, es muy importante que el cálculo de los costes y beneficios sea fiable y objetivo.

4.1

El Comité, considerando que se trata de una comunicación programática y no de acciones concretas y vinculantes que la Comisión podrá elaborar y proponer posteriormente, considera útil destacar determinados puntos que, a su juicio, deberían tenerse siempre en cuenta a la hora de desarrollar el programa.

4.2

El documento de la Comisión Europea deja patente una voluntad clara y decidida respecto del desarrollo e instalación de sistemas inteligentes para la seguridad vial. Por lo tanto, debe acogerse con satisfacción por los destinatarios, ya que se subraya que la seguridad vial es una responsabilidad compartida por todas las partes interesadas.

4.3

No obstante, las declaraciones recogidas deberían llevarse a la práctica con arreglo a un programa de acción que deberá establecerse lo antes posible. Asimismo, debe destacarse más la necesidad de adaptar las infraestructuras viarias (vías nuevas y más seguras, así como la eliminación de la congestión del tráfico) y las nuevas infraestructuras «inteligentes».

4.4

Resulta indispensable definir y reglamentar de forma precisa las responsabilidades en caso de funcionamiento deficiente de los dispositivos de seguridad.

4.5

Cada empresa del sector automovilístico deberá poder ofrecer soluciones innovadoras de manera diferenciada y con plazos adecuados.

4.6

Es previsible que la implantación de los sistemas inteligentes de seguridad suponga un incremento significativo de los costes de compra y mantenimiento de los vehículos. Este aumento de los costes podría tener un impacto considerable en los segmentos de vehículos de gama baja y mermar las posibilidades de adquirirlos de las clases sociales más desfavorecidas. A este respecto, sería decisiva la adopción rápida de medidas de sensibilización e incentivación, mientras que a medio plazo podría considerarse el establecimiento de una obligación jurídica para determinados sistemas de seguridad.

4.7

Por último, es esencial el papel de los Estados miembros para el éxito del programa. Debe continuar el diálogo ya iniciado con la Comisión, la industria del automóvil y demás partes interesadas e incluir a los distintos Estados miembros en el conjunto del proceso, desde las fases iniciales, con un enfoque político claro. De hecho, sin la participación de los Estados miembros a nivel técnico y económico, el programa no podrá alcanzar sus objetivos.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/34

1.1

La movilidad es un tema importante para un número muy considerable de europeos. Es asunto que afecta a todas las edades. La mayor parte de la población europea de más de dieciocho años es titular de un permiso de conducción. El permiso de conducción es para esta parte de la población la puerta de acceso a una forma motorizada de movilidad. En particular, en una Europa con un envejecimiento creciente de la población ser titular de un permiso de conducción es a menudo de suma importancia para mantener el contacto con el mundo exterior, e incluso para satisfacer las necesidades vitales primordiales. Por ello, cualquier propuesta de Directiva europea sobre el permiso de conducción afecta al conjunto de la población europea. No cabe subestimar, por consiguiente, la importancia de una propuesta de Directiva de estas características.

1.2

Los objetivos de la propuesta legislativa de la Comisión sobre los permisos de conducción en el EEE son impulsar la libre circulación de los ciudadanos comunitarios, reducir las posibilidades de fraude y contribuir a una mayor seguridad vial. Estos eran ya objetivos de la Comisión en normativas anteriores sobre el mismo asunto y seguirán siendo el principio guía para la legislación futura en este ámbito.

1.3

Pese a todas las medidas adoptadas en los últimos años, la inseguridad jurídica de los ciudadanos que establecen su residencia en otro Estado miembro ha aumentado, en lugar de disminuir (1). La Comisión considera imprescindible que se elimine esta inseguridad jurídica que afecta a la libre circulación de los ciudadanos. Este objetivo se inscribe en el contexto de los objetivos mucho más amplios fijados por el Consejo Europeo en la Agenda de Lisboa, a saber, conseguir que el mercado interior funcione al 100 %, incluidos los aspectos de política de competencia. Eliminar por medio de la propuesta objeto de examen el último obstáculo a la libre circulación en este ámbito es, a juicio de la Comisión, el final de un proceso gradual de armonización.

1.4

Además de sus esfuerzos en favor de un pleno reconocimiento mutuo del permiso de conducción que fomente la libre circulación de los ciudadanos, la Comisión presenta en su propuesta una serie de modificaciones legislativas concretas destinadas a mejorar la seguridad vial. Tales medidas tienen que ver con la introducción de nuevas categorías de vehículos para el permiso de conducción, el establecimiento de un acceso progresivo a dichas categorías al objeto de que los conductores adquieran primero experiencia con pequeñas categorías de vehículos, armonización de la frecuencia de la revisión médica de la aptitud para conducir y mayor atención al acceso de conductores minusválidos al tráfico motorizado, así como requisitos mínimos de formación para la profesión de «examinador».

1.5

El tercer aspecto importante mencionado en la propuesta es reducir las posibilidades de fraude con respeto al permiso. El objetivo es disponer de un documento más resistente al fraude suprimiendo a tal fin la posibilidad de un modelo de permiso en papel e introduciendo con carácter obligatorio un modelo de tarjeta de plástico y, por otra parte, limitando el período de validez del documento.

2.1

El Comité suscribe los objetivos que se fija la Comisión en su propuesta (mayor seguridad vial, reducción de las posibilidades de fraude y fomento de la libre circulación de los ciudadanos comunitarios). La propuesta es conforme con la línea que ha fijado la Comisión al aprobar el Programa de acción europeo de seguridad vial «Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» (2) y con el Libro Blanco publicado con anterioridad «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (3).

2.2

El Comité se congratula en especial de que en la propuesta se subraye el factor humano de la circulación y se propongan medidas concretas que afectan a los problemas de seguridad vial inherentes a la persona. En su Dictamen sobre el Programa de acción europeo de seguridad vial «Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» (4), el Comité se refirió ya a la importancia que dicho factor humano reviste para la seguridad vial y, por tanto, acoge con particular satisfacción que la Comisión haya prestado especial atención a dicho factor en su propuesta.

2.3

El Comité considera que algunas de las medidas propuestas tendrán importantes consecuencias para los ciudadanos de los Estados miembros (período de validez limitado para los permisos de conducción), para futuros conductores y titulares de determinadas categorías (controles médicos, acceso progresivo a determinadas categorías, edades mínimas superiores) y para autoescuelas (nuevas categorías, modificación de los requisitos mínimos para C1 y D1). Estas medidas no siempre serán consideradas positivas por los interesados y en muchos casos supondrán un aumento de la carga administrativa y mayores costes. El Comité pide que se preste atención a las consecuencias de la Directiva y señala a la Comisión la necesidad de respetar un período transitorio suficientemente amplio antes de la entrada en vigor de las medidas previstas. Este punto de vista viene dictado también por la circunstancia de que las modificaciones impuestas por la Directiva 91/439/CEE (5) están en vigor desde hace poco tiempo en determinados Estados miembros. Ello no es óbice para que el Comité se pronuncie favorablemente en líneas generales sobre las medidas propuestas en la Directiva objeto de examen, sin perjuicio de alguna que otra observación crítica.

3.1

El Comité suscribe la propuesta de un período de validez limitado para los permisos de conducción. Está de acuerdo con el argumento de que ello impulsa la libre circulación de los ciudadanos comunitarios y contrarresta las posibilidades de fraude de los permisos de conducción. La Comisión estima que no se debe establecer un período de validez limitado para los permisos actualmente en uso. Argumenta, conforme al principio de subsidiariedad, que los Estados miembros son competentes para retirar los modelos más antiguos, cuya protección contra el fraude es menor. El Comité expresa su reserva con respecto a esta dispensa parcial, ya que el período transitorio efectivo para una serie de Estados miembros será de este modo superior a cincuenta años. El Comité, por tanto, propone dar un contenido más severo al artículo 3.2, para así introducir mayor seguridad en lo relativo al canje de permisos más antiguos que no satisfagan los requisitos de protección contra el fraude. Tal carácter más severo sería posible sustituyendo en el artículo 3.2 la frase final que reza «informarán de ello a la Comisión» por la frase «la Comisión deberá dar su aprobación». Esta consideración obedece también al hecho de que el permiso de conducción puede utilizarse igualmente como documento de identidad en una serie de países. La protección contra el fraude es por ello de suma importancia.

3.2

El Comité se pronuncia favorablemente sobre la propuesta de la Comisión de sustituir los modelos en papel por una tarjeta de plástico, en su caso con microchip incorporado. El CESE estima que así se fomenta la unificación entre los Estados miembros y se reducen considerablemente las posibilidades de fraude del documento. El Comité recomienda al mismo tiempo que se redoblen los esfuerzos de protección contra el fraude y aboga en favor de que se tomen medidas de seguridad óptimas en el documento y en relación con él, de modo análogo a los requisitos de seguridad que se imponen para el pasaporte.

3.3

El Comité se pronuncia también positivamente sobre la armonización de los reconocimientos médicos para los titulares de permisos del grupo 2. Es necesario armonizar, en el sentido de una unificación a escala comunitaria, tanto la periodicidad como la naturaleza de dichos reconocimientos, con el fin de prevenir falseamientos de competencia entre los Estados miembros de la Unión Europea. El Comité, en cambio, manifiesta su reserva con respecto a la armonización de la obligación de reconocimientos médicos entre las «grandes» categorías C y D (autobuses y camiones) y las «pequeñas» categorías C1 y D1. El Comité estima adecuada una menor frecuencia de los reconocimientos para las categorías C1 y D1. El Comité consideraría también acertado que otros conductores profesionales que, por la definición de su vehículo, forman parte del grupo 1 quedasen sujetos igualmente a la misma obligación. Al respecto cabe pensar, por ejemplo, en los conductores de taxi.

3.4

En la actual propuesta de la Comisión no se permite ya a los Estados miembros la posibilidad de expedir permisos de conducción con un período de validez limitado por motivos de prescripción médica. Los Estados miembros sí estaban facultados para ello en la legislación anterior. El Comité considera que se debería seguir conservando tal competencia.

3.5

El Comité suscribe plenamente la propuesta de nueva categorización de vehículos para el permiso de conducción. La creación de una categoría AM y la introducción obligatoria de la condición de edad mínima de dieciséis años para motocicletas ligeras (categoría A1) solucionará una parte importante de los problemas en torno a estos vehículos ligeros de dos ruedas. En concreto, el Comité considera que el hecho de ofrecer en los Estados miembros a los conductores de dieciséis años una alternativa para los ciclomotores, más vulnerables en caso de accidente, imponiendo la obligación de una formación más severa, con un examen teórico y práctico, tendrá una influencia positiva directa en la seguridad vial. Igualmente, la nueva distinción que se hace entre las categorías A2 y A, con la obligación de una segunda prueba de aptitud para la conducción y edades mínimas superiores, son medidas prometedoras para un tipo de vehículo representado en las estadísticas de accidentes con desmedida frecuencia.

3.6

El Comité suscribe plenamente la nueva definición de las categorías de vehículos C1 y D1, con un peso máximo autorizado de 6 000 kg frente a los 7 500 kg actualmente vigentes. En particular, cabe considerar positivamente el hecho de que así se responde mejor a las características técnicas de los vehículos. El Comité considera también positivamente la equivalencia entre los vehículos C1 y D1. Esta equivalencia no va en detrimento de la seguridad vial, porque los vehículos tienen en estas dos categorías los mismos requisitos técnicos y, por ejemplo, están equipados con dispositivos de frenado similares. El límite máximo de 6 000 kg constituye igualmente la transición hacia otro requisito técnico con, por ejemplo, otro tipo de frenos. Por ello, un conductor de una categoría de vehículos C1 dispone también de buena formación para conducir vehículos de la categoría D1. Esta equivalencia significa al mismo tiempo para los conductores de dichos vehículos mayor libertad y mejores posibilidades.

3.7

La introducción obligatoria de las «pequeñas» categorías C1 y D1, que todavía eran facultativas en la Directiva precedente sobre el permiso de conducción (91/439/CEE) tiene también, a juicio del Comité, un efecto positivo en la seguridad vial, especialmente dentro de las ciudades. El Comité confía en que se utilicen cada vez más estas categorías de vehículos para la descarga de mercancías y el transporte de personas dentro de los límites urbanos. Esto significa que los «grandes» vehículos no necesitan ya transitar por los centros urbanos, lo cual tendrá un efecto positivo para la población de las ciudades, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de las emisiones contaminantes. El Comité, no obstante, estima que para lograr tal efecto se debe dar un carácter más atractivo a dichas categorías, previendo –por ejemplo– revisiones médicas menos frecuentes para las categorías C1 y D1.

3.8

El Comité se congratula de la claridad que se aporta a la definición de la categoría B+E. La nueva definición es en parte más clara al subsumir en ella cualquier remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg. El Comité acoge con particular satisfacción este esclarecimiento con miras a los ciudadanos y desde el punto de vista de la aplicación.

3.9

Las definiciones de las categorías B+E y C1+E en cambio podrían ser más precisas. En particular, la definición de la categoría C1+E plantea problema, a juicio del Comité, porque la masa máxima autorizada del remolque depende de la masa máxima autorizada del vehículo tractor. Esto significa que dentro de esta categoría de permisos sólo se puede conducir con remolques sumamente ligeros, mientras que dentro de la categoría B+E se puede recurrir a remolques mucho más pesados. Habida cuenta de la distribución de pesos, no es posible, por ejemplo, dentro de la definición actualmente vigente y de la nueva que se propone, conducir con una combinación de vehículo tractor y (semi–)remolque dentro de la categoría C1+E, mientras que la misma opción sí es posible dentro de la categoría B+E. Es precisamente la combinación vehículo tractor y (semi–) remolque dentro de la categoría B+E lo que el Comité no estima oportuno. Esta combinación –que, a juicio del Comité, sólo se usa para el transporte profesional– podría quedar mejor integrada, desde el punto de vista del Comité, en la categoría C1+E, lo cual no es posible en la definición actualmente propuesta.

3.10

El Comité, por tanto, propone que se reexaminen las definiciones de las clases de remolques. Una posibilidad que aportaría claridad para ciudadanos y responsables del control del cumplimiento y mejoraría la seguridad vial sería definir las clases de remolques independientemente del peso del vehículo tractor, especificando no sólo un límite mínimo de peso, sino también uno máximo.

3.11

El Comité, por otra parte, observa que la definición de la categoría de vehículo B+E propuesta por la Comisión supone quizá un requisito muy severo para los propietarios de una caravana. Con arreglo a la definición actual de la categoría de vehículos B, la mayor parte de las caravanas pueden ser conducidas con un permiso de la categoría B. En la propuesta de la Comisión, este derecho deja de existir por completo para nuevos conductores, y todas las caravanas pasan a la categoría B+E, con la obligación de pasar un examen. El Comité llama la atención sobre las posibles implicaciones de esta propuesta para la industria y propone, con vistas a la seguridad vial, imponer la obligación de un día de formación para determinados tipos de remolques, entre los cuales cuenta una gran parte de las caravanas. Haber satisfecho esta formación podría indicarse por medio de un código en el permiso de conducción. El Comité propone utilizar a tal efecto el código 96.

3.12

El Comité observa que, dentro de la categoría de permisos B (furgonetas), muchos conductores realizan transporte profesional, y que la Directiva objeto de examen no propone medidas suplementarias para contrarrestar la alta siniestralidad (6) de estas categorías. Esto significa que dichos grupos de conductores no están obligados actualmente a la observancia de normativas en materia de tiempos de conducción y descanso y cualificación profesional y que los vehículos no necesitan estar equipados con limitadores de velocidad. El Comité manifiesta su especial preocupación con respecto a la categoría de furgonetas con una masa máxima autorizada inferior a 3 500 kg y la inseguridad inherente a tales vehículos en las carreteras de la Unión Europea. El Comité se congratularía de que la Comisión adoptase medidas destinadas a dicho sector. Las opciones que al respecto se presentan son varias. La más sólida a juicio del Comité sería obligar a los conductores de cualquier vehículo con una masa máxima autorizada inferior a 3 500 kg y una capacidad de carga que exceda de 1 000 kg a obtener un permiso de conducción de la categoría C1. Así serían calificados automáticamente de conductores profesionales y tratados como tales. La consecuencia de esta definición sería que los conductores de tales vehículos estarían obligados al cumplimiento de las medidas previstas en la Directiva 2003/59/CE y tendrían que someterse a una formación inicial y permanente de cualificación profesional. El Comité considera que así se daría un paso adelante para que los conductores profesionales del grupo 1, tales como conductores de furgonetas, taxis y ambulancias, quedasen sujetos al mismo régimen de reconocimientos médicos que los conductores profesionales del grupo 2 (autobuses, camiones).

3.13

En atención a lo expresado arriba, el Comité propone las nuevas definiciones siguientes para las categorías de permisos de conducción B, B+E, C1 y C1+E:

3.14

El Comité expresa su reserva con respecto a la posibilidad que se brinda a los Estados miembros de rebajar la edad mínima necesaria para la obtención del permiso, tal como se prevé en el artículo 7.2. Ni en la exposición de motivos ni en el propio artículo se hace al respecto una distinción entre las diferentes prácticas de los Estados miembros. En lo que al adelanto de la edad mínima se refiere se puede distinguir entre tres clases de enfoque:

3.15

El Comité no suscribe la equivalencia entre las categorías B y A1 tal como aparece expresada en la Directiva 91/429/CEE y que la Comisión no se propone modificar. Aunque ello significa aumentar la libertad y las posibilidades de los conductores de automóviles destinados al transporte de personas, el Comité estima que al mismo tiempo se descuida la seguridad vial. Estudios de países en los que existe tal equivalencia muestran que las cifras de accidentes inciden negativamente en esta categoría de ciclomotores. El Comité, por tanto, considera que para cada clase de vehículo son necesarios un examen y formación por separado. El Comité sí podría suscribir una equivalencia entre el permiso de conducción B y la categoría de ciclomotores AM. El examen para la categoría de vehículos AM consiste sólo en un examen teórico que en gran parte somete a prueba el mismo tipo de conocimientos que también se exige para la obtención del permiso de la categoría B.

3.16

El Comité suscribe la armonización de los requisitos mínimos que han de cumplir los examinadores del permiso de conducción, tal como propone la Comisión. Sólo se podrá hablar de una armonización efectiva entre los Estados miembros cuando los candidatos a un permiso de conducción tengan que cumplir las mismas condiciones. Es evidente, pues, que las personas encargadas de evaluar si un candidato cumple tales condiciones han de desempeñar una actividad también armonizada.

4.1

El Comité acoge con gran satisfacción la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción. El Comité, no obstante, desea formular algunas observaciones críticas con respecto a la aplicación de una serie de medidas.

4.2

El énfasis, en particular, que en la Directiva objeto de examen se pone en la mejora de la seguridad vial introduciendo una serie de modificaciones destinadas a la integración del factor humano en la circulación puede contar con el respaldo del Comité, sin por ello trivializar los demás objetivos de la Directiva (libre circulación de ciudadanos y reducción de las posibilidades de fraude).

4.3

El Comité pide que se preste atención a la reacción previsible que en determinados Estados miembros y grupos destinatarios suscitarán las medidas propuestas. En especial, un plazo de introducción suficientemente amplio puede contrarrestar en gran medida la resistencia, sin por ello querer decir que las medidas deben posponerse. Si se tienen en cuenta las nuevas medidas presentadas para las categorías de vehículos C, C1, D, D1 y sus categorías de remolques, e igualmente la Directiva 2003/59/CE relativa a la cualificación profesional de los conductores profesionales, recientemente aprobada por la Comisión y el Consejo, una introducción armonizada en el tiempo de partes de la Directiva será ventajosa para muchos Estados miembros.

4.4

El Comité pide que se preste atención a los problemas de alta siniestralidad de conductores profesionales dentro de la categoría de permisos B. El Comité acogería con gran satisfacción una propuesta de la Comisión Europea para este grupo de conductores.

4.5

El Comité recomienda que se reexamine la definición de las categorías con remolque B+E y C1+E. El Comité expresa en particular su insatisfacción con respecto a la ambigüedad que por el momento suscita la definición propuesta, así como con respecto a los problemas en torno a la distribución del peso en la categoría C1+E y la desigualdad entre las categorías B+E y C1+E.

4.6

El Comité acoge favorablemente las equivalencias entre las categorías de permisos C1 y D1. El Comité en cambio manifiesta su inquietud con respecto a las consecuencias previsibles de una equivalencia entre las categorías B y A1. El Comité no ignora que tal equivalencia existe ya en determinados Estados miembros, pero expresa su preocupación frente a las consecuencias de tal medida.

4.7

El Comité considera que se debe seguir manteniendo la facultad de los Estados miembros de expedir permisos de conducción con período de validez limitado por razones de indicación médica.

30.4.2004   

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C 112/39

1.

Por considerar esencial que la normativa comunitaria sea clara y transparente, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión insisten en la necesidad de codificar los textos legislativos que sean objeto de modificaciones frecuentes con arreglo a un procedimiento rápido y acordado de antemano. En dicho contexto está previsto no efectuar modificaciones de entidad. (1)

2.

El Comité aprueba y apoya los esfuerzos de simplificación del acervo comunitario y, principalmente, los procedimientos de consolidación y de codificación del derecho en vigor. Dichos esfuerzos contribuyen a una buena gobernanza democrática puesto que facilitan la comprensión del acervo comunitario y su correcta aplicación.

30.4.2004   

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C 112/40

1.1

La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA) (1) hace necesario adaptar las normas de desarrollo de su contenido normativo para que su finalidad principal, la protección del medio ambiente acuático europeo, se cumpla íntegramente. En este sentido ya se han presentado varias disposiciones (2) que desarrollan aspectos concretos de la protección de las aguas, destacando la que establece la lista de las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (3), de gran importancia para el tratamiento de la contaminación de las aguas subterráneas.

1.2

Actualmente la protección de las aguas subterráneas está comprendida, básicamente, en la Directiva 80/68/CEE (4), que establece las sustancias peligrosas que contaminan dichas aguas, así como el artículo 17 DMA, que constituye la norma básica para la prevención y control de la contaminación de este medio.

1.3

La importancia de las aguas subterráneas está de sobra demostrada, no solo como elemento vital de captación para su utilización como abastecimiento doméstico y en diversas actividades humanas, sino también como contribución correctora de las aguas de superficie. Por este motivo, conviene replantearse su protección, teniendo en cuenta que, además de la contaminación directa que afecta a las aguas subterráneas, está la contaminación difusa, consecuencia de distintos procesos (lixiviación, filtración de contaminantes, etc.) a lo largo de muchos años, y que tiene una incidencia creciente y determinante en la pérdida de calidad y degradación de los acuíferos.

1.4

La protección de las aguas subterráneas debe ser uno de los objetivos principales de la legislación europea, a fin de corregir la situación de contaminación actual y prevenir las futuras. La contaminación de las aguas subterráneas provoca situaciones de difícil y costosa corrección. La incidencia en la captación de agua potable es considerable, y, por este motivo, incrementar su protección es un objetivo básico de cualquier norma de protección no solo de las aguas, sino también de la salud humana y de la calidad de vida de los ciudadanos.

1.5

Con la entrada en vigor de la DMA, el artículo 17 es la norma de carácter básico que establece la protección contra la contaminación de esta modalidad del agua, dentro del marco general de la regulación de todas las aguas comunitarias. Sin embargo, hay que señalar que al ser un medio en el que inciden otras políticas comunitarias, como la PAC, la política industrial, la política relacionada con la salud, etc., les son aplicables las normas relativas a aspectos concretos de protección tales como las de aguas potables (5), nitratos (6), fitosanitarios (7), biocidas (8), etc.

2.1

La exigencia contenida en al artículo 17 –adopción de medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas, con el fin de lograr el buen estado químico de estas– ha dado lugar a la presentación de esta propuesta de Directiva, ante la exigencia de estar en disposición de aplicación, lo más tarde, a los dos años (2006) de entrada en vigor de la DMA. No obstante, conviene recordar que las normas de esta propuesta de Directiva quedan encuadradas dentro del ámbito de aplicación de la DMA, de forma que no es necesario reiterar las disposiciones en ella contenidas, especialmente las referidas a los objetivos ambientales; a las administraciones coordinadas de las cuencas hidrográficas en las que debe figurar el inventario de las aguas subterráneas, así como la determinación de las zonas de captación para uso humana y sus perímetros de protección; a las disposiciones sobre información y consulta pública de los interesados, etc.

2.2

El objetivo general de la propuesta es el establecimiento de medidas específicas de prevención y control de la contaminación de las aguas subterráneas, mediante los siguientes criterios:

2.3

Se establecen las condiciones en que los Estados miembros deben fijar los valores umbral para cada uno de los contaminantes que figuran en el Anexo III, de forma que sirvan de referencia a efectos de la revisión del estado de las aguas subterráneas según lo establecido en la DMA.

2.4

Se añade la exigencia de que los Estados miembros fijen nuevas medidas (aparte de las ya contenidas en la DMA) para prevenir y limitar los vertidos indirectos en las aguas subterráneas que incidan en el buen estado químico de éstas.

2.5

En los anexos se fijan las normas de calidad, el procedimiento de evaluación del estado químico y los valores umbral de los contaminantes de las aguas subterráneas. Hay que destacar el contenido del Anexo IV, en el que se establecen la determinación e inversión de tendencias al aumento significativas o sostenidas de la contaminación de esta agua, que deberán llevar a cabo los Estados miembros.

3.1

El CESE considera positiva esta propuesta de Directiva, basada en la consulta y discusión con las partes interesadas, y en especial el hecho de que establezca una nueva metodología para el análisis del estado de las aguas subterráneas en la UE en comparación con la utilizada en la Directiva 80/68/CEE. De esta forma, el criterio de integrar en los planes de cuenca toda la política sobre aguas, que contiene la exigencia de inventario de las masas de aguas subterráneas, podrá adecuarse a las características geográficas de las medidas adoptadas.

3.2

No obstante, cabe considerar restrictiva la enunciación de contaminantes que inciden en la calidad de esta agua. Si bien es cierto que hay una gran proporción de nitratos y fitosanitarios, también habría que considerar los efectos que producen otros procesos, como, por ejemplo, las filtraciones de los depósitos de gasolina, los lixiviados en suelos industriales y, sobre todo, los efectos de sobreexplotación de acuíferos en las zonas marítimas, y muy especialmente en la cuenca mediterránea, que han originado una progresiva salinización de los mismos.

3.3

Es también positiva la integración de todas las normas comunitarias que afectan a las aguas subterráneas, pesticidas, biocidas, etc. Se trata de aplicar de forma horizontal todas las políticas que van a incidir en la calidad de las aguas. De todos modos, se deberían incluir en esta horizontalidad otras medidas legislativas que ampliasen el contenido de esta calidad.

3.4

En este sentido, la aplicación de las normas europeas sobre listas de contaminantes (9) (aunque hagan referencia a las aguas superficiales) y umbrales ya establecidas debería formar parte del contenido del anexo I de esta propuesta de Directiva. Ello supondría un resultado más beneficioso para la calidad de las aguas subterráneas, al contemplarse un mayor número de sustancias que pueden producir una contaminación difusa.

3.5

El CESE considera positivo el establecimiento de estadísticas sobre tendencias al aumento significativas o sostenidas de concentración de contaminantes, tal y como se estipula en el anexo IV, por cuanto recoge el mandato del anexo V de la DMA, que permite a los Estados miembros la identificación de tendencias a lo largo de periodos armonizados, de forma que se pueda tener en cuenta, no solo el plan de cuenca, sino también las condiciones climáticas y del suelo de cada región europea.

3.6

No obstante, con el fin de precisar más y evitar desviaciones en la interpretación de las tendencias, sería conveniente que la Comisión introdujera criterios más concretos en relación con los parámetros, indicadores, funciones de transformación, etc., que permitan comparar los efectos de esta Directiva.

3.7

El procedimiento de notificación de la lista de contaminantes para los que se hubieran establecido valores umbral –lista que los Estados miembros tienen que facilitar antes del 22 de junio de 2006– es de gran importancia para la información que debe contener el plan de cuenca de las masas de aguas subterráneas.

3.8

En este sentido, tiene gran importancia el sistema que se establezca de información y consulta de las partes interesadas (10), agricultores, ONG, sindicatos, así como la posibilidad de intervenir en el control de su buena utilización. Por ello, conviene reforzar el sistema de aprobación de los planes de cuenca mediante un sistema público de información y participación de todos los interesados. Sería prudente que la Comisión realizara informes tendentes a verificar que estas consultas se realizan satisfactoriamente.

3.9

El CESE considera necesario el seguimiento del cumplimiento del artículo 5 y Anexo II. 2. DMA, que regula las características de la demarcación geográfica, impacto ambiental, etc., y opina que es preciso recoger el impacto de la actividad humana de forma que se tengan presentes en los planes de cuenca todas las fuentes que inciden en las masas de aguas subterráneas. Del mismo modo, hay que asegurar el cumplimiento del resto de los anexos de la DMA, ya que en caso contrario se aplican los apartados 4 y 5 del artículo 17, que permiten a los Estados miembros determinar los criterios que deberán regir para la inversión de la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas.

3.10

Conviene aclarar las condiciones en que se pueden autorizar los vertidos indirectos, por ejemplo, los que incluyen contaminación difusa, a través de los programas de medidas básicas que establece el artículo 11. 3. DMA. El principal problema en el caso de los vertidos indirectos estriba en la inexistencia o poca utilidad de las autorizaciones de éstos; además, ocasionan una parte considerable de la contaminación difusa.

3.11

En cuanto a la investigación necesaria para aplicar las nuevas tecnologías a las aguas (11), conviene poner en contacto esta política medioambiental con el VI Programa de Investigación, de forma que se impliquen los sectores investigadores de las universidades y empresas en el perfeccionamiento de los sistemas de mejora y recuperación del medio acuático europeo.

3.12

Por último, en relación con el análisis de coste-beneficio que acompañará a las nuevas disposiciones, conviene señalar que dicho análisis se ha efectuado para el total de las aguas a través de la evaluación del coste de control y rehabilitación de las cuencas hidrográficas. No obstante, la propuesta proporciona medidas específicas y más claras que resultarán en una mayor homogeneidad en la determinación del estado de las aguas subterráneas. Ello permitirá evitar que se dediquen fondos a la comparación de las masas de aguas subterráneas con arreglo a parámetros diferentes, lo que originaría gastos que se pueden evitar sobre la base de esta armonización de criterios. (12)

4.1

El CESE considera de gran importancia la propuesta de Directiva sobre las aguas subterráneas, porque hasta la fecha se carece de datos homogéneos sobre la calidad de las masas de aguas subterráneas de la UE. Si bien es cierto que según la DMA vigente es obligatorio que todos los planes de cuenca hidrográfica presenten un inventario de las masas de aguas, incluidas las subterráneas, también conviene recordar que aún hay Estados que no han transpuesto la DMA. El sistema empleado por la DG Medio Ambiente de realizar proyectos piloto de cuenca (actualmente se realizan unos 50) podría extenderse a las masas de aguas subterráneas, de forma que pudiera incentivarse una actuación más eficiente y rápida de los Estados miembros para conocer, evaluar y actuar sobre estas aguas.

4.2

La caracterización general de las masas de aguas subterráneas que exige la DMA para poder evaluar la calidad ambiental debe incluir, entre otros datos, las fuentes de contaminación difusa. La propuesta de Directiva menciona concretamente entre estas fuentes «los vertidos indirectos» que sean resultado de su filtración a través del suelo y subsuelo, quedando excluidas otras fuentes contaminantes que puedan alterar el buen estado químico de las aguas.

4.2.1

Lo primero que hay que resaltar es que debe señalarse, en la medida de lo posible, la existencia de otras normas comunitarias vigentes cuyos valores de calidad difieren de los contenidos en esta propuesta, como por ejemplo la Directiva de agua potable y las Directivas de nitratos (13) y pesticidas (14).

4.2.1.1

En función de los parámetros de calidad presentes en otras directivas relativas a la calidad del agua en relación con su uso principal (doméstico, agricultura), es posible determinar por medio de las informaciones científicas y técnicas derivadas de la planificación impuesta por la DMA (usos del agua en la cuenca, establecimiento de los valores de determinación del buen estado químico) los valores umbral para un número de sustancias mayor que el de las pocas contenidas en la propuesta.

4.2.1.2

Las administraciones competentes cuentan, además, con otras fuentes rigurosas y contrastadas de información que se derivan de la aplicación de otros instrumentos, tales como la Directiva 96/61/CEE (15) IPPC, que establece valores umbral para cerca de 26 contaminantes en las aguas.

4.2.2

En segundo lugar, en lo que concierne a la lista de contaminantes enunciados en el Anexo I y las sustancias del Anexo III de la propuesta de Directiva, sería más apropiado –aun considerando su contenido de mínimos– ampliarla a los contenidos del Anexo VIII de la DMA, que ya aparece citado en el artículo 6 de la propuesta.

4.2.3

En consonancia con lo anterior, la Comisión debe armonizar todos los parámetros de calidad del agua subterránea a partir del 2007.

4.3

Por último, la autorización de vertidos indirectos que autoriza el artículo 6 de la propuesta debería seguir como ejemplo las disposiciones contenidas en el artículo 11(3) (j) DMA, que establece la prohibición de vertidos directos de contaminantes en las aguas subterráneas, sin que ninguna autoridad pueda variarlos en las autorizaciones, que tal y como se establece en el artículo 6.

4.4

El CESE reitera la importancia que tiene la información y participación de las partes interesadas en la aplicación de las disposiciones sobre las aguas. En este sentido, considera que se deben tener en cuenta las nuevas disposiciones (16) de aplicación de la Convención de Aarhus, que facilita la información, participación y acceso a la justicia sobre la política medioambiental no sólo en los Estados miembros, sino también en las instituciones comunitarias.

4.5

Por último, conviene recordar a la Comisión que un requisito fundamental para conseguir los objetivos medioambientales propuestos en el 6o Programa es la colaboración y coordinación de todas las instituciones comunitarias, en especial las direcciones generales de la Comisión, que deben evitar las reiteraciones, las diferencias y, muy especialmente, la duplicidad en la utilización de fondos públicos.

4.5.1

En este sentido, el CESE considera prioritaria la recopilación y el tratamiento de toda la información científica técnica y social existente, actualmente dispersa en numerosas instancias de la vida académica, administraciones, institutos, etc., lo que facilitaría enormemente a la Comisión el desarrollo de las distintas directivas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos de la UE.

30.4.2004   

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C 112/44

1.1

Los distintos Estados miembros de la Unión Europea poseen diferentes ordenamientos para regular el mercado de los alimentos a los que se añaden vitaminas, minerales u otras sustancias, lo que constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías. Por lo tanto, es muy deseable que exista una armonización de la normativa europea en este ámbito, y también lo es con vistas a la protección de los consumidores.

1.2

En principio, una alimentación equilibrada debería aportar todas las vitaminas, minerales y otras sustancias que son indispensables para la salud; no obstante, por distintas razones, no todos los grupos de población de la Unión Europea logran alimentarse de manera equilibrada (1).

1.3

La adición de vitaminas, minerales y otras sustancias con el fin de enriquecer los alimentos no puede considerarse en este contexto sino como una medida entre otras muchas destinada a mejorar el aporte de nutrientes esenciales para la población, pero no puede nunca sustituir a una alimentación equilibrada y variada.

1.4.1

En este contexto, el CESE quiere proponer que se desarrollen estrategias adecuadas para garantizar un consumo de ácido fólico suficiente en la población. Esto podría hacerse, bien enriqueciendo determinados alimentos con la adición obligatoria de ácido fólico, bien mediante adecuadas campañas de información a nivel nacional.

1.5

Sin embargo, la adición de vitaminas, minerales u otras sustancias determinadas para enriquecer los alimentos no debe convertirse en la norma. Los alimentos no enriquecidos no deben ser objeto de discriminación. Del mismo modo, no debe darse al consumidor la impresión de que los alimentos enriquecidos con vitaminas, minerales u otras sustancias en general tienen un valor superior a los alimentos no enriquecidos.

2.1

La propuesta de Reglamento sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos tiene por objeto armonizar las normas de los Estados miembros relativas a la comercialización de los alimentos a los que voluntariamente se añaden vitaminas, minerales y otras sustancias.

2.2

La propuesta de Reglamento no contempla la armonización de las normas relativas a la adición obligatoria de vitaminas y minerales a los alimentos. En algunos Estados miembros ya existen normas para el enriquecimiento obligatorio de determinados alimentos que tienen por objeto reequilibrar ciertas carencias nutricionales de que se tiene constancia a escala regional. Dado que eso depende en gran medida del entorno regional, no es conveniente proceder a una armonización.

2.3

La adición de vitaminas y sustancias minerales a los alimentos se limita a las vitaminas y sustancias que figuran en los anexos I y II de la propuesta de Reglamento. Las adiciones se autorizan solamente si tienen por objeto enriquecer un alimento determinado, mantener la equivalencia nutricional con algún alimento de referencia determinado, o restituir en el producto final ofrecido al consumidor la cantidad de nutrientes perdidos durante las diversas fases de almacenamiento, manipulación y fabricación de alimentos.

2.4

Por regla general no está permitido enriquecer con vitaminas o minerales los productos frescos no transformados (en particular, frutas, verduras y carne), así como las bebidas con un volumen de alcohol superior al 1,2 %; existe asimismo la posibilidad en el futuro de extender esta prohibición a otros productos o grupos de alimentos.

2.5

La propuesta de Reglamento prevé disposiciones específicas relativas al etiquetado de los alimentos que llevan adición de vitaminas y minerales.

2.6

La propuesta regula también la adición de sustancias que no sean vitaminas o minerales.

2.7

Con la lista de las sustancias que figuran en el anexo III existe la posibilidad de prohibir o limitar la adición de determinadas sustancias a los alimentos. Algunas sustancias pueden también ser objeto de controles en caso de que surjan dudas sobre su inocuidad.

2.8

Como medio de aligerar los controles, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer un sistema de notificación de los productos enriquecidos en el que debe entregarse a las autoridades competentes un modelo de la etiqueta del producto.

3.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea destinada a la armonización de la legislación relativa a la adición de vitaminas, minerales u otras sustancias determinadas a los alimentos. Considera que la propuesta es muy equilibrada, tanto en lo que se refiere a la libre circulación de mercancías como a la protección de los consumidores.

3.2

El CESE observa que la versión actual de la propuesta de la Comisión no recoge el principio de elaboración de un perfil nutricional que aparecía en la versión provisional. No obstante, como cabe suponer que sólo se autoriza la adición de estas sustancias si puede alegarse su efecto beneficioso, el CESE coincide con la opinión expuesta por la Comisión en la introducción de la Comunicación en el sentido de que no es necesario prever expresamente normas para la elaboración de perfiles nutricionales en la actual propuesta de Reglamento, ya que tales normas ya figuran en la propuesta de la Comisión relativa a las alegaciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos.

3.3

Por otro lado, el CESE desea subrayar explícitamente que es indispensable que estas normas sean coherentes con la propuesta de Reglamento sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.

3.4

El CESE apoya plenamente que se prohíba la adición de vitaminas y minerales a las bebidas con un volumen de alcohol superior al 1,2 % y la adición de vitaminas y minerales a los productos frescos no transformados. Es innegable el potencial adictivo del alcohol. Por lo tanto, conviene no fomentar el consumo de alcohol mediante la adición de vitaminas o minerales o mediante alegaciones supuestamente nutricionales.

3.5

El CESE señala que, en ausencia de disposiciones de aplicación armonizadas, cabe mantener las reglamentaciones nacionales de los Estados miembros. Aquí cabe incluir, en particular, la fijación del contenido máximo en vitaminas y en minerales que puede añadirse a los alimentos. El CESE desearía que se precisase aún más la formulación de esta disposición. Podría tomarse como ejemplo la formulación del artículo 11 de la Directiva 2002/46/CE relativa a los complementos alimenticios (2).

4.1.1

Además, hay que informar a los consumidores de la importancia de una alimentación equilibrada y, sobre todo, insistir en que el consumo de alimentos enriquecidos con vitaminas, minerales y otras sustancias puede considerarse sólo como parte, y no como sustituto, de una alimentación equilibrada. Convendría incluir una mención a tal efecto en la etiqueta.

4.1.2

Parecidas disposiciones se han establecido ya en la Directiva 2002/46/CE relativa a los complementos alimenticios (3), (4).

4.2

Artículo 8.3: En opinión del CESE, el etiquetado de los productos a los que se han añadido vitaminas o minerales debería incluir en cada caso una mención relativa a dicha adición. Por lo tanto, el CESE propugna sustituir el etiquetado voluntario por un etiquetado obligatorio. Así, todo consumidor debería tener la posibilidad de distinguir a primera vista los alimentos enriquecidos y los no enriquecidos.

4.3

Capítulo 3: En opinión del CESE, las disposiciones específicas relativas al etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos (artículo 8) deberían aplicarse también a las sustancias que no sean vitaminas y minerales, en particular en lo que se refiere al etiquetado obligatorio, e indicar el tipo de sustancias añadidas y la cantidad presente en el alimento.

5.1

El Comité considera que la propuesta de Reglamento es equilibrada y coherente.

5.2

El etiquetado obligatorio que indique que el alimento lleva adición de nutrientes responde al derecho de los consumidores a la información.

5.3

Además, deberían adoptarse medidas adecuadas para impedir que se produzca una ingesta excesiva de vitaminas, minerales u otras sustancias. En este contexto también es importante subrayar la importancia de una alimentación equilibrada.

5.4

Las obligaciones específicas en cuanto a etiquetado, que en la versión actual de la Directiva sólo están previstas para los alimentos enriquecidos con vitaminas y minerales, deberían aplicarse también a los alimentos que llevan añadidas otras sustancias que no sean vitaminas o minerales.

30.4.2004   

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C 112/46

1.1

El objeto de la propuesta es proceder a la codificación de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. La nueva Directiva sustituirá a las que son objeto de la operación de codificación. La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita, por tanto, a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

1.2

El Comité considera útil que todos los textos estén integrados en una única Directiva. En el contexto de «La Europa de los ciudadanos», el Comité, al igual que la Comisión, concede gran importancia a la simplificación y claridad del Derecho comunitario, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para el ciudadano, brindándole nuevas posibilidades y reconociéndole derechos concretos que puede invocar.

Se ha garantizado que esta compilación de disposiciones no contiene ninguna modificación sustantiva y tiene como único objetivo presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité se muestra plenamente de acuerdo con este objetivo y, a la luz de estas garantías, acoge favorablemente la propuesta.

30.4.2004   

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C 112/47

1.1

El Reglamento (CE) no 1467/94 del Consejo, relativo a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario, estableció en 1994 un programa de acción quinquenal que terminó el 31 de diciembre de 1999. En ese programa de acción, la Comisión hacía suyas diversas iniciativas del Parlamento Europeo, que en los años ochenta ya se había hecho eco en distintas resoluciones del problema de la erosión genética y había propuesto iniciativas comunitarias para contrarrestar dicho proceso.

1.2

Gracias al programa de acción pudieron financiarse 21 proyectos. La mayoría de estos proyectos se refería a la caracterización de los recursos genéticos disponibles ex situ; entre los participantes figuraban bancos de genes, institutos científicos y usuarios. A veces, bajo la dirección de institutos científicos, participaron también ONG (Organizaciones no gubernamentales).

1.3

Tal como se preveía en el reglamento, el programa de acción, una vez finalizado, fue evaluado por un grupo de expertos independientes. El informe elaborado por el grupo hace una evaluación general positiva del programa de acción y pide que se mantengan y refuercen las acciones incluyendo, por ejemplo, las siguientes propuestas:

1.4

La Comisión presentó en marzo de 2001 una propuesta relativa a un nuevo programa comunitario, que, obstante, fue retirada, ya que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo se pronunciaron en contra de la financiación de acciones nacionales en el marco del FEOGA-Garantía. Se deseaba un papel más activo por parte de la Comisión en la coordinación y aplicación del nuevo programa.

1.5

La actual propuesta de Reglamento prevé un programa de acción comunitario de tres años de duración. Se dará preferencia a aquellos proyectos en los que se trate de utilizar los recursos genéticos para los fines siguientes:

1.6

La aplicación del programa comunitario deberá incluir sobre todo acciones dirigidas, pero también acciones concertadas y medidas de acompañamiento.

2.1

El Comité ya acogió favorablemente la propuesta que hizo entonces la Comisión en su Dictamen (1) de 24 de abril de 2002 sobre dicha propuesta (COM(2001) 617 final), posteriormente retirada, subrayando «…. que la pérdida de recursos genéticos en la agricultura dista mucho de haber terminado, por lo que son necesarios esfuerzos adicionales para, por un lado, caracterizar, inventariar y conservar el potencial genético y, por otro, mantener la utilización de la diversidad genética por parte de las explotaciones agrarias.»

2.2

El CESE señala que reviste una importancia adicional preservar los recursos genéticos debido a la próxima ampliación de la UE a diez nuevos Estados. Precisamente la transformación que cabe esperar en la explotación de las zonas de cultivo de estos países puede poner en peligro la excepcional diversidad de recursos genéticos en el aprovechamiento agrícola de estas regiones.

2.3

Apenas se conoce de manera fragmentada el potencial genético que poseen las especies en algunos casos gravemente amenazadas y en peligro de extinción. La utilización potencial de las diversas propiedades, en parte desconocidas hasta ahora, constituye el fundamento para la diversidad y la adaptabilidad al lugar en la producción agrícola.

2.4

Existe un déficit en la recogida del potencial genético en las bases de datos y en la interconexión de las bases de datos. El CESE señala que también son necesarias normas más claras sobre la utilización y la explotación económica de los datos recogidos en el marco de este programa.

2.5

El Comité se congratula de que en esta propuesta de Reglamento se haga hincapié en la conservación in situ y en la gestión de los recursos genéticos en las explotaciones. De esta manera, el Reglamento hace justicia al Plan de Acción Mundial de la FAO (2) de 1996. También se pide allí que se haga especial hincapié en medidas de ese tipo.

2.6

El Comité se congratula de que se preste mayor atención en el programa a los trabajos de las ONG.

2.7

El Comité ya señaló en su dictamen de 25 de abril de 2002 que «sin embargo, tan importante al menos como este enfoque científico es garantizar la continuación del uso de la diversidad de recursos genéticos en la agricultura, favoreciendo en el marco del segundo pilar de la PAC prácticas respetuosas del medio ambiente, como la diversidad de rotaciones de los cultivos». También deberían aplicarse medidas comparables para mantener el uso de razas de animales de granja en peligro de extinción. La «preservación mediante el uso alimentario» puede ser un elemento valioso de una nueva diversidad consciente de nuestra cultura alimentaria europea.

2.8

Por este motivo, el CESE subraya que las posibilidades que ofrece el segundo pilar de la PAC con el objetivo de preservar y utilizar los recursos genéticos deben mostrarse mejor y hacerse más útiles.

3.1

El programa trienal propuesto para 2004–2006 deberá financiarse con un total de 10 millones de euros procedentes de la rúbrica presupuestaria no 3 «Políticas internas». El Comité se congratula de que, de esta manera, la Comisión desempeñe el deseado papel activo en la aplicación del programa. El Comité considera limitado el marco de financiación, en comparación con la propuesta de 22 de noviembre de 2001 (10 millones de euros anuales a lo largo de 5 años) y espera un aumento de los recursos presupuestarios en 2005.

3.2

El CESE considera que la Comisión debería apoyar y coordinar a más largo plazo las actividades necesarias en los actuales y futuros Estados miembros. Entre las mismas no sólo se encuentran los programas y proyectos de financiación estatal, sino también las numerosas redes de ONG que desempeñan un papel importante en la preservación y el mejor aprovechamiento de la diversidad genética en el marco de la explotación agraria sostenible.

3.3

Con este Reglamento, la Comunidad Europea satisfaría una parte de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales correspondientes de las Naciones Unidas (Plan de Acción Mundial de la FAO (GPA) y el Convenio sobre la Biodiversidad (Río 1992)). El Comité considera que la Comisión debería presentar una propuesta de nuevo programa antes de que expire el programa actual. La Comisión debería facilitar en adelante los recursos de personal correspondientes para el desarrollo de este programa.

3.4

El Comité señala que este programa comunitario reviste una especial importancia con miras a las negociaciones de la Comunidad en la OMC sobre la protección de las denominaciones de origen regionales y las ayudas públicas compatibles con la competencia, ya que representa una contribución para hacer realidad la multifuncionalidad de la agricultura europea.

3.5

El CESE reconoce la especial importancia del Reglamento de aplicación anunciado por la Comisión, pero todavía no presentado, sobre las Directivas modificadas 2002 / 53-57 y 66/ 401-401 relativas a la comercialización de semillas. Estas directivas repercuten en el acceso a las denominadas «variedades de conservación» y «variedades no comerciales». Por iniciativa del Parlamento se regularon el reconocimiento y la comercialización de semillas que no satisfacen los criterios correspondientes de variedades certificadas. Estas últimas no pueden comercializarse en la actualidad, se suprime potencialmente su reproducción y producción y, por consiguiente, tampoco pueden conservarse. El Reglamento de aplicación de estas directivas está elaborándose desde noviembre de 2002.

3.6

El CESE considera que los reglamentos relativos a las categorías deberían revisarse en lo que se refiere a las repercusiones negativas en la comercialización de productos vegetales y animales raros.

3.7

En el Comité de conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario previsto en el artículo 15 de la propuesta de Reglamento deberá garantizarse una participación suficiente de las ONG.

3.8

En el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento también debería mencionarse expresamente a los agricultores.

3.9

El CESE pide a la Comisión que elabore dos informes sobre las repercusiones de la PAC donde se responda a las siguientes preguntas:

3.10

Aún cuando todavía no se ha presentado un programa de trabajo sobre el Reglamento, el Comité acoge favorablemente los objetivos detallados en la propuesta de Reglamento.

4.1

En su propuesta de Reglamento, la Comisión ya ha tenido muy en cuenta las propuestas de los Estados miembros, del Parlamento y del CESE sobre la propuesta de 22 de noviembre de 2001 que fue retirada. El CESE acoge favorablemente la nueva propuesta de Reglamento y espera una rápida adopción, aplicación, evaluación y continuación del programa.

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C 112/49

1.1.1

La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (1) fue adoptada en 1996 por el Consejo y el Parlamento Europeo.

1.1.2

La Directiva es el resultado de la búsqueda de un equilibrio entre la extensión de las posibilidades para las empresas de proporcionar servicios en otros Estados miembros y la protección social de los trabajadores. En consecuencia, define una serie de condiciones de empleo que deberán garantizarse a los trabajadores desplazados en el territorio del Estado de acogida, cualquiera que sea la legislación que rige el contrato de empleo del trabajador desplazado. A efectos de la Directiva, se entiende por «trabajador desplazado» todo trabajador que, durante un período limitado, realice su trabajo en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en cuyo territorio trabaje habitualmente [artículo 2(1)].

1.1.3

El Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social dentro de la Comunidad en el marco de la libre circulación de los trabajadores y servicios introdujo el desplazamiento como una de las posibilidades para seguir beneficiándose de un seguro social en el estado de residencia cuando se trabajara en otro Estado miembro por un período máximo de doce meses (2) ó, en determinadas condiciones, dieciocho meses.

1.1.4

La Directiva 96/71/CE trata de la coordinación práctica de las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados. Su artículo 3 constituye el núcleo del texto, al establecer las condiciones aplicables a los trabajadores desplazados, que se fijan:

1.1.5

Junto a la transposición en la legislación, la cooperación administrativa (artículo 4) se considera como otro instrumento importante para aplicar las disposiciones de la Directiva, no sólo en lo que respecta al intercambio de información, sino también a las medidas necesarias con el fin de impedir una violación de las normas contenidas en la Directiva. El hecho de prevenir directamente las violaciones contribuye a la protección social y a la libre circulación de los servicios.

1.2.1

Ya en 1991 el Comité Económico y Social emitió un Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa al desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios» [COM(91) 230 final — 1 — SYN 346, dictamen CES 1512/91].

1.3.1

Los Estados miembros tenían que transponer esta Directiva para finales de 1999.

1.3.2

El artículo 8 de la Directiva dispone que el 16 de diciembre de 2001 a más tardar, la Comisión reexaminará las normas de desarrollo de la Directiva con objeto de proponer al Consejo, si fuera necesario, las modificaciones oportunas. Expirado el plazo, la Comisión procedió al examen de la transposición de la Directiva en la legislación de los Estados miembros. Las conclusiones del informe quedan recogidas en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva. Esta Comunicación es una evaluación, a nivel legislativo, de su transposición en las legislaciones nacionales vigentes. Introduce el contenido y los objetivos de la Directiva evaluada, describe las medidas legislativas adoptadas por los Estados miembros, distinguiendo tres grupos de Estados: los que incluyeron los términos de la Directiva sin indicar a qué disposiciones del Derecho nacional corresponden las materias contempladas por la misma; los que trataron de señalar las disposiciones nacionales aplicables y remitieron a dichas disposiciones nacionales y, por último, los Estados miembros que no adoptaron la legislación de transposición específica relativa a las disposiciones de Derecho interno aplicables a los trabajadores desplazados.

1.3.3

El estudio jurídico menciona las disposiciones convencionales, la aplicación de la cooperación en materia de información (artículo 4), las medidas de control y las sanciones destinadas a garantizar el cumplimiento de la Directiva (artículos 5 y 6).

1.3.4

En el capítulo 4 de su Comunicación, la Comisión evalúa la situación de los Estados miembros en lo referente a la transposición de la Directiva, el método de transposición, la naturaleza de las normas y de los convenios colectivos aplicables.

1.3.5

También en el capítulo 4, señala las dificultades de aplicación de carácter práctico y administrativo con que se enfrentan las autoridades de los Estados miembros y dedica tres pequeños párrafos a las dificultades de las empresas prestadoras de servicios y los trabajadores por cuenta ajena desplazados.

1.3.6

Añade que ningún Estado miembro ha tenido dificultades jurídicas en el momento de la transposición, aunque la aplicación sí podría plantear dificultades que se deberían resolver progresivamente.

1.3.7

La Comisión concluye declarando que sería por tanto prematuro prever modificaciones de la Directiva. Su propuesta final es la de encomendar a un grupo de expertos gubernamentales, de composición variable, que examinen las posibilidades para facilitar el acceso a la información sobre las disposiciones aplicables a los trabajadores desplazados y el control del cumplimiento de las disposiciones con el fin de solucionar las dificultades señaladas (Estados que no hayan transpuesto las disposiciones específicas, normas de orden público, búsqueda de información, cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición y aplicación de las sanciones).

2.1.1

El Comité considera que la Comunicación es útil pero insuficiente. Pide a la Comisión que profundice en su análisis, especialmente en lo que respecta a la competencia desleal y el dumping social que podrían derivarse de desplazamientos abusivos. El Comité también pide a la Comisión que lleve a cabo consultas sectoriales con los verdaderos interlocutores destinatarios de las transposiciones, especialmente en el sector de la construcción, en el que aún no han sido consultados los interlocutores sociales, que plantearon las cuestiones relativas a las definiciones de los trabajadores desplazados y a la zona gris de los trabajadores «por cuenta propia». Este análisis detallado podría concentrarse en mayor medida en la aplicación del artículo 3 de la Directiva relativo al verdadero respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. En este contexto, el Comité se pregunta si, en efecto, las consultas nacionales realizadas durante el primer ejercicio permitieron detectar las dificultades de aplicación y el estado real de la transposición y de las disposiciones de aplicación. En cualquier caso, el Comité considera que se debería emprender un profundo examen de las disposiciones más favorables, para poder comparar mejor las buenas prácticas y proporcionar una mejor información al conjunto de los trabajadores y de las empresas interesadas.

2.1.2

Por lo que se refiere a los principios de la Directiva, las definiciones empleadas en las legislaciones nacionales con respecto a los trabajadores desplazados tienen su importancia. Para que la evaluación sea completa, es importante plantear cuestiones precisas, por ejemplo: ¿Cómo reconocen los Estados miembros a un trabajador desplazado y, consiguientemente, le aplican la Directiva? ¿Qué tipos de medidas adoptan los Estados miembros o los interlocutores sociales para garantizar el cumplimiento de la Directiva? Varios aspectos revisten una gran importancia a este respecto:

2.2

Teniendo en cuenta las insuficiencias de la Comunicación, el Comité pide a la Comisión que presente un nuevo informe que permita comprobar:

2.2.1

Varios Estados miembros disponen de convenios colectivos de aplicación general en el sector de la construcción. La principal cuestión que se plantea es saber cómo se emplean las disposiciones de estos convenios colectivos para aplicar la Directiva. A este respecto, es importante, en particular, la interpretación de las condiciones de trabajo clasificadas en el artículo 3. Con arreglo a estos convenios colectivos, ¿cuáles son el salario mínimo, las vacaciones pagadas mínimas, los períodos de descanso? Los convenios colectivos pueden variar mucho sobre estos puntos según los Estados miembros. Cabe mencionar, a título de ejemplo, el recurso a «fondos sociales» para el pago de las vacaciones en algunos Estados miembros. La participación en estos fondos puede garantizar unas condiciones más favorables a los trabajadores desplazados. Lo que hay que preguntarse es cómo se pueden medir y tener en cuenta estas condiciones favorables.

2.2.2

No todos los Estados miembros han extendido la aplicación de las condiciones de trabajo convencionales a los trabajadores desplazados en sectores distintos de los contemplados en el anexo de la Directiva, mientras que el segundo guión del apartado 10 del artículo 3 prevé explícitamente esta posibilidad.

2.2.2.1

El Comité pide a la Comisión que recabe de los Estados miembros y los nuevos Estados adherentes toda la información disponible sobre el número de trabajadores desplazados y los sectores más afectados, teniendo en cuenta los diferentes sistemas de relaciones industriales.

2.2.3

En los últimos años, la Comisión Europea se ha visto obligada a reconocer en varias ocasiones que las expectativas albergadas a mediados de los años ochenta en cuanto a la movilidad no se colmaron, o solamente en una medida muy escasa. Menos del 2 % de la población activa europea trabaja en un país distinto de su país de origen. Las cifras de la movilidad anual son aún más bajas. Las estimaciones de la UE muestran la existencia de 600 000 trabajadores activos fuera de su país, de los que no todos tienen el estatuto de trabajadores desplazados ni están cubiertos por la Directiva. Esta movilidad parece limitarse, por una parte, a los cuadros y trabajadores muy cualificados, y, por otra, a los trabajadores del sector de la construcción. La existencia de un dumping salarial y social en determinados países de la UE y sectores profesionales se debe a que en los sectores de alto riesgo, incluso un número relativamente reducido de trabajadores que ofrecen sus servicios en el mercado laboral a cambio de un salario claramente inferior, puede trastornar la estructura salarial existente y desencadenar un espiral de reducción de los salarios y precios.

—

Por el momento, la Comunicación no permite extraer conclusiones de las dificultades prácticas observadas, con vistas a una simplificación o una revisión de la Directiva. A este respecto, las experiencias nacionales (interlocutores sociales del sector de la construcción, administradores, inspectores laborales, etc.) realizadas con los trabajadores desplazados constituyen una valiosa fuente de información y revisten, por lo tanto, una gran importancia.

3.1

En su nuevo análisis, la Comisión debería en primer lugar considerar las repercusiones de la ampliación sobre la aplicación de la Directiva en los actuales países de la UE y en los países de la adhesión, teniendo en cuenta los períodos transitorios. Este análisis debería, además, evaluar las dimensiones regionales y transfronterizas o sectoriales, especialmente en el sector de la construcción.

3.2

Por otra parte, el Comité sugiere:

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/53

1.1

El 8 de enero de 2004, la Comisión presentó una Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 337/75 por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional (Cedefop). El documento (1) contiene, además de un proyecto de texto de modificación de los estatutos del Centro y su justificación, una exposición del contexto en que se presenta esta propuesta.

1.2

El motivo que justifica la propuesta de revisión del Reglamento es la próxima ampliación de la UE, que requiere que se adapte la manera de trabajar y el funcionamiento del Centro y, en particular, el papel de sus órganos principales –el consejo de administración, la mesa y el director–, a las condiciones marco futuras.

1.3

En su Exposición de motivos sobre las propuestas de modificación, la Comisión hace referencia a los siguientes puntos:

1.4

El documento sometido a examen es la respuesta de la Comisión a la petición del Parlamento Europeo y en lo fundamental en él se formulan las propuestas siguientes para el Cedefop:

1.5

Las modificaciones propuestas por la Comisión se refieren en particular a una serie de innovaciones en los estatutos del Centro:

2.1

El Cedefop comparte con la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Bilbao la característica común de que en su administración participan plenamente los interlocutores sociales, que en la actualidad constituyen casi dos tercios de los miembros del consejo de administración. Ello es reflejo de la importancia que en la mayoría de los Estados miembros tienen los interlocutores sociales nacionales en los ámbitos correspondientes, a saber, las políticas de protección social y de los trabajadores y la formación profesional, lo que hace necesaria y evidente su estrecha participación en el desarrollo de políticas sostenibles y responsables en estos ámbitos también a escala europea.

2.2

El Cedefop es la primera de estas tres Agencias comunitarias con una estructura tripartita en su consejo de administración en la que se llevará a la práctica la reforma solicitada por el Parlamento. En breve seguirá una revisión del mismo tipo de las otras dos Agencias (Eurofound y EU-OSHA). Por consiguiente, las modificaciones propuestas en el funcionamiento y las estructuras de gestión del Centro con sede en Tesalónica se considerarán como referencias para las otras dos Agencias comunitarias.

2.3

Este es el motivo por el que, a juicio del CESE, deben examinarse con mucho cuidado las propuestas presentadas, en particular las relativas al mantenimiento de las posibilidades, de eficacia demostrada, con que cuentan los interlocutores sociales de participar e influir en el trabajo, la dirección y la administración del Centro. En efecto, cualquier cambio en el papel y la composición de los órganos principales de estas agencias comunitarias puede tener influencia en la participación y en las posibilidades de intervención de los grupos representados en el consejo de administración.

2.4

A este respecto, a juicio del CESE, la ampliación de la Unión no puede utilizarse como pretexto para debilitar la función de los interlocutores sociales en las agencias escudándose en consideraciones de eficiencia en los costes y racionalización del funcionamiento. Por el contrario: procede establecer unos estatutos que permitan adaptar la participación especial –que debe mantenerse– de los interlocutores sociales a condiciones futuras modificadas.

2.5

Coincidiendo con la opinión de la Comisión, el CESE considera especialmente importante que en todas las propuestas para modificar la composición y las directrices de dirección y gestión del Centro se mantenga sin restricciones la estructura de gobernanza tripartita y, con ella, la participación en pie de igualdad de los interlocutores sociales de todos los Estados miembros como factor clave para el éxito de la labor del Centro. Sólo así quedará garantizada la participación de todos los agentes principales y que, en el trabajo del Centro, se tenga en cuenta la diversidad de sistemas y planteamientos en el ámbito de la formación profesional.

2.6

A juicio del CESE, por muy importante que sea garantizar la futura capacidad de acción de los órganos de dirección y por muy justificados que parezcan los argumentos económicos relativos a las consecuencias que la ampliación de la Unión tendrá para la composición del consejo de administración, es igualmente importante velar por que en esta revisión no se reduzcan, por lo que respecta a los intereses representados en los órganos de dirección del Centro, ni su grado de representatividad ni sus posibilidades de influencia, ni tampoco la amplitud y la profundidad del proceso de toma de decisiones ni la continuidad de la participación.

2.7

Teniendo esto presente, el CESE acoge con satisfacción la mayor parte de las propuestas de modificación de la Comisión, aunque considera conveniente formular en las páginas que siguen algunas observaciones y consideraciones sobre algunos puntos y espera que éstas sean tenidas en cuenta en los futuros trabajos de revisión del Reglamento relativo al Cedefop.

3.1

Formalización de las mejores prácticas: En numerosas propuestas, la Comisión sugiere la inclusión de disposiciones sobre lo que ya hoy es práctica habitual del Centro y cuya eficacia ha quedado demostrada. Las propuestas se refieren sobre todo al trabajo de la mesa del consejo de administración, los aspectos de la participación de los interlocutores sociales en el nivel nacional y europeo, la cooperación con otras instituciones comunitarias y la coordinación de las actividades de los grupos representados en los órganos de dirección del Centro. El CESE acoge con satisfacción esta formalización de las mejores prácticas, que hasta ahora tenían un carácter bastante informal y confía en que de ello se derive un aumento de la transparencia y la eficacia, y también de las responsabilidades, así como el afianzamiento y refuerzo del carácter tripartito del Centro.

3.2

Papel de los interlocutores sociales: A este respecto, el CESE también acoge con satisfacción que en el nuevo proyecto de Reglamento se conceda a los interlocutores sociales europeos un papel importante en la gestión del Centro mediante la inclusión explícita de la función de los coordinadores de los grupos y su derecho de participar en las reuniones del consejo de administración y la mesa (5). A este respecto, debe concederse un lugar prioritario a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y a la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (UNICE). Para subrayar este importante papel, el CESE propone que se otorgue también a los coordinadores derecho de voto en el consejo de administración y su mesa mediante la modificación correspondiente del apartado 5 del artículo 4 de la propuesta de Reglamento y que este importante papel de los interlocutores sociales europeos se sancione también de forma consecuente haciéndolos participar en la designación de los cargos directivos del Centro (director, vicedirector).

3.3

Cooperación con las instituciones y las administraciones: Teniendo en cuenta la estrategia de Lisboa y la importancia de la educación y la formación, así como el concepto de la formación a lo largo de toda la vida, el CESE acoge también con satisfacción la inclusión de una disposición por la que se recomienda al Centro la misión de cooperar con la Fundación Europea de Formación de Turín (6). El Comité manifiesta su esperanza de que esto no se quede en una mera intensificación de la cooperación entre las dos Agencias de la formación profesional, a las que se les ha encomendado una misión autónoma, sino que también constituya un impulso para la cooperación y la mejora de la coordinación con otras instituciones y administraciones europeas en el ámbito de la educación y la formación, como, por ejemplo, con el servicio de la Comisión Eurydice en el ámbito de la enseñanza general y la enseñanza superior.

3.4

Reducción de la frecuencia de la reuniones del consejo de administración: A fin de conjugar el aumento de los puestos en el consejo de administración, derivado de la ampliación, con la exigencia de neutralidad presupuestaria, la Comisión propone como medida fundamental la reducción por regla general del número de reuniones del consejo de administración de dos a una al año (7) Esta propuesta se justifica también por la nueva orientación, más estratégica, de la labor del consejo de administración, que va acompañada igualmente de una descarga de las competencias administrativas y de la transferencia de éstas a la mesa y a la dirección.

En este contexto, el CESE expresa su preocupación por el hecho de que la previsión de sólo una reunión al año del consejo de administración pueda ir en detrimento de la amplitud del intercambio de opiniones entre los miembros del consejo. Además, es evidente que para la mayor parte de los miembros del consejo de administración, que no estarán representados en la futura mesa de ocho miembros, la reducción de la frecuencia de las reuniones puede dar lugar a dificultades para mantenerse en contacto entre sí y para intercambiar información de forma fluida en los intervalos entre las reuniones anuales.

Para solventar esta preocupación y garantizar la amplitud y la profundidad necesarias de la toma de decisiones, el CESE formula dos propuestas al respecto:

3.5

Asegurar la continuidad de la participación: Al objeto de asegurar la continuidad de las posibilidades de participación de todos los miembros del consejo de administración en los trabajos, el CESE considera necesario además adoptar las correspondientes medidas de acompañamiento para compensar la menor presencia que se derivará de la reducción del número de las reuniones y de la disminución del intercambio de información, y al mismo tiempo garantizar la amplitud y la profundidad necesarias de la toma de decisiones. Se trata, en particular, de asegurar la coordinación en el interior de los grupos (Gobiernos, empresarios y trabajadores) y dar a los coordinadores de los grupos, que tienen una función importante que cumplir en este ámbito, atribuciones suficientes (por ejemplo, la posibilidad de convocar reuniones extraordinarias de los grupos, derecho a solicitar la convocatoria de una reunión de la mesa ampliada, entre otras) y los recursos correspondientes.

3.6

Composición de la mesa: Por lo que respecta a la futura composición de ocho miembros de la mesa del consejo de administración (dos representantes de cada uno de los grupos representados en el Centro y dos representantes de la Comisión) (8), el CESE considera digno de mención el refuerzo del papel de la Comisión en este órgano de dirección y cabría esperar una justificación por parte de la Comisión de esta modificación en el peso de los diferentes grupos de interés. Por lo que respecta a la manera de trabajar del Centro, el Comité considera indispensable garantizar también en la composición de la mesa una representación tripartita efectiva. Por consiguiente, el CESE confía en que el papel reforzado de la Comisión en el órgano directivo del Centro contribuya a impulsar el recurso a los conocimientos especializados y espera que ello no modifique el equilibrio de los votos.

En este contexto, el Comité recuerda la propuesta incluida en el programa de acción de 2001 del consejo de administración del Centro de establecer una mesa ampliada compuesta por unos cuantos miembros permanentes y otros miembros con cargos rotatorios a fin de garantizar el equilibrio entre la eficiencia y la amplitud necesaria de la toma de decisiones por parte de los miembros del consejo de administración. El CESE propone que se retome esta idea y que en el apartado 10 del artículo 4 de la propuesta de Reglamento, además de la norma propuesta sobre la posibilidad de convocar reuniones adicionales, se incluya explícitamente también una disposición para que, cuando así lo pidan los miembros de la mesa, se permita que el presidente convoque reuniones de la mesa ampliada.

3.7

Papel de director y puesto de vicedirector: En el Reglamento modificado se fijan las principales funciones del director, que consisten en la representación jurídica del Centro, encargarse de la gestión del centro y ejecutar las decisiones del consejo de dirección y de la mesa (9). El CESE duda de que esta sucinta definición del papel y la responsabilidad del director inspirada en los requisitos estrictos de eficiencia interna permita establecer una división de las tareas precisa y nítida entre el director, el consejo de administración y la mesa, tal como sería necesario para el trabajo futuro del Centro.

Por lo que respecta al papel del órgano de dirección, el CESE considera además conveniente que, en el marco de esta modificación del Reglamento del Cedefop, se tenga en cuenta seriamente la posibilidad de volver a introducir un puesto estatutario de vicedirector. De este modo, se volvería a una situación que dio buenos resultados en la práctica durante al menos veinte años hasta la modificación de los estatutos con ocasión del cambio de sede de Berlín a Tesalónica, en 1995, y que contribuyó a una participación fluida de los interlocutores sociales en las principales decisiones relativas al personal. Por otro lado, con ello se restablecería la similitud con la práctica consagrada y las disposiciones correspondientes contenidas en los estatutos de Eurofound de Dublín, lo que el CESE defiende abiertamente. El Comité propone por la tanto que se modifique en este sentido el artículo 6 del Reglamento para hacerlo corresponder con la disposición correspondiente en el Reglamento del Eurofound (10).

Además, el CESE considera también necesario que en el Reglamento se incluya expresamente una disposición en el sentido de que los contratos de trabajo del director tengan que ir firmados obligatoriamente por el presidente del consejo de administración. Ello debería también valer para el puesto de vicedirector, que debe restablecerse, ya que de otro modo su contratación dependería de la decisión del director, lo que no se corresponde con la práctica habitual de tener en cuenta todo el conjunto de intereses representados en el consejo de administración.

3.8

Fijación de prioridades a medio plazo: En el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento la Comisión fija estatutariamente la competencia para el cambio de orientación estratégica del Centro. Esto se hará a partir de ahora mediante el establecimiento por el consejo de dirección de prioridades a medio plazo y un programa de trabajo anual, basándose en un proyecto presentado por el director. También en este caso se trata de sancionar estatutariamente una práctica que de facto viene siendo habitual desde mediados de los años noventa. El CESE acoge con satisfacción la disposición encaminada a reorientar el consejo de administración hacia un papel estratégico reforzado. No obstante, reitera sus dudas sobre si, habida cuenta de la reducción del número de reuniones a una al año, quedan garantizadas la amplitud de la toma de decisiones y la solidez del proceso decisorio necesarias para desempeñar esta función. La inclusión, ya mencionada en los puntos 3.4 y 3.6, de una disposición en el Reglamento para permitir la convocatoria de reuniones de la mesa ampliada podría constituir una solución a este problema.

A pesar de entender que las prioridades a medio plazo deban «tener en cuenta las necesidades que las instituciones de la Comunidad señalen como prioritarias» (11), el CESE considera no obstante apropiado que también en el futuro se garantice que los productos del Centro servirán no sólo para asesorar políticamente a las instituciones comunitarias y a los Gobiernos de los Estados miembros, sino ante todo para beneficiar a los agentes nacionales activos en el ámbito de la formación profesional y, principalmente, a los interlocutores sociales de los Estados miembros.

3.9

Igualdad de oportunidades: Finalmente, el CESE valora positivamente que con la fijación en los estatutos de la definición de objetivos a fin de promover una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos del Centro se haya dado un paso concreto (12) para cumplir las disposiciones del artículo 3 del Tratado CE y considera que compete a los Estados miembros que envían a los representantes y a las organizaciones de los interlocutores sociales tener en cuenta las mismas consideraciones de género en sus prácticas de designación de representantes. El CESE expresa su esperanza de que estas consideraciones se tengan también en cuenta en la propia política de personal del Centro y, en particular, en las decisiones sobre los nombramientos para los puestos de dirección.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/57