30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/1

1.1.

El Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que en líneas generales estipula la libre circulación de personas y bienes, se firmó en 1995 con la participación en un principio de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, Estados miembros de la UE a los que posteriormente se sumaron otros, con la excepción de Irlanda y el Reino Unido; posteriormente se adhirieron además Noruega e Islandia.

1.2.

Aunque no forman parte del Convenio de Schengen por lo que se refiere a la libre circulación, Irlanda y el Reino Unido participan en la cooperación de la UE en materia de seguridad, en la medida en que la libre circulación de personas y bienes podría disminuir el nivel de seguridad.

1.3.

El Convenio de Schengen determina qué autoridades tendrán acceso a su sistema de información (SIS), así como los fines para los que puede autorizarse dicho acceso. El texto actual del Convenio no permite que las autoridades responsables de los sistemas de matriculación de vehículos puedan acceder al Sistema de información de Schengen (SIS).

1.4.

La Comisión se propone modificar el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen para introducir en la legislación mecanismos que reconozcan el derecho de acceso a los datos del SIS (Sistema de información de Schengen) sobre vehículos y remolques robados, así como a los documentos oficiales vírgenes y a los documentos de identidad expedidos (pasaportes, carnés de identidad, carnés de conducir) robados. Con esta modificación se podrá verificar que los vehículos que se pretenden matricular por segunda vez no han sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente y que las personas que solicitan el certificado de matriculación no están presentando con ese fin documentos de identidad o documentos del vehículo robados.

1.5.

Este asunto tiene mucha importancia ya que el número de automóviles robados asciende a nueve mil al día (aproximadamente uno cada diez segundos) y que, en términos de matriculación de vehículos, se presentan quince millones al año, de los que de seis a siete millones corresponden a segundas matriculaciones (1).

1.6.

La valoración de la propuesta de la Comisión debe hacerse teniendo en cuenta una serie de elementos, entre los que destacan los aspectos judiciales, la lucha contra el fraude, el refuerzo del mercado interior y la política de transportes.

2.1.

El Comité coincide con la Comisión en que, dada la dimensión que alcanza el fraude y la delincuencia organizada centrados en este tipo de bienes y equipos y su respectiva documentación, es necesario ampliar el acceso a los datos del SIS a las autoridades nacionales responsables de la expedición y control de los documentos mencionados.

2.2.

A juicio del Comité, el propósito actual de la Comisión de modificar el Convenio de Schengen favorecerá la seguridad y la rapidez de la justicia siempre que el sistema garantice la protección de datos.

2.3.

El Comité señala la necesidad de garantizar que no haya incompatibilidades entre la propuesta de la Comisión y las disposiciones legales e internas de los Estados miembros.

2.4.

Está claro que el SIS tienen una vocación comunitaria y que sólo puede utilizarse dentro del EEE, de conformidad con lo estipulado en el propio Acuerdo de Schengen; el CESE considera que esta situación debe mantenerse. El CESE considera preocupante la debilidad de los sistemas de cooperación con terceros países en esta materia, habida cuenta de que gran parte del tráfico de vehículos robados o sustraídos en la Unión Europea se lleva a cabo fuera de sus fronteras.

2.5.

A juicio del CESE, una posibilidad de resolver el problema sería la cooperación con la Interpol (181 países) mediante el sistema SBA (Servicio de Búsqueda Automática) y la con Europol, para lo que bastaría que la información que se introduzca en el SIS sea automáticamente incorporada a los otros dos sistemas. Incorporar los datos con rapidez es fundamental, sobre todo en el caso del SIS, ya que los vehículos quedan en seguida fuera del ámbito de jurisdicción de la UE.

2.6.

El Comité considera que, al tratarse de una cuestión de seguridad, debe concederse acceso a los datos del SIS para este fin a los Estados miembros no signatarios del Convenio de Schengen.

2.7.

De acuerdo con la información de la Comisión, los nuevos Estados miembros no tendrán acceso a los datos del SIS II (nueva generación de este sistema de información) hasta finales de 2006. A juicio del Comité, el plazo para la plena utilización por dichos países del SIS debe ser el más breve posible, lo que facilitará claramente la consecución de los objetivos que persigue la aplicación del sistema.

2.8.

El CESE valora positivamente que en el documento sometido a examen se tenga en cuenta que en algunos Estados miembros existen servicios privados que se encargan de la matriculación de vehículos, y que podrán, directamente o recurriendo a las autoridades públicas que tienen acceso al SIS, obtener los datos necesarios para el buen desempeño de su labor, garantizando la protección de los datos.

2.9.

El CESE considera especialmente importante que se garantice la existencia de mecanismos que restrinjan a las autoridades administrativas que tienen acceso al SIS el acceso a otros datos del sistema, ya que éste debe quedar reservado para las autoridades contempladas en el artículo 1 del Convenio de Schengen, por una cuestión de protección de los derechos generales de los ciudadanos.

2.10.

El CESE se felicita de que la Comisión garantice que la solución encontrada no tendrá repercusiones financieras en el presupuesto de la UE y que los costes serán asumidos por los Estados miembros.

2.11.

El Comité considera además que, para poder organizar mejor la lucha contra este tipo de delincuencia deberán recogerse, elaborarse y divulgarse datos estadísticos sobre ella.

3.1.

A juicio del Comité, la existencia de este sistema y la facilidad para que las autoridades de los diferentes Estados miembros accedan al mismo impulsará en mayor medida la libre circulación de vehículos dentro de la Unión y hará responsables a las autoridades nacionales de eliminar determinadas disposiciones internas que obstaculizan la utilización por sus ciudadanos de vehículos con matrícula extranjera de otro Estado miembro.

3.2.

La Comisión, ahora que va a reforzarse la capacidad de control y de lucha contra los fraudes y los robos de vehículos, debe instar a los Estados miembros a que no mantengan las disposiciones que dificultan la utilización y circulación de vehículos matriculados en otros Estados miembros, lo que muchas veces se hace por razones de carácter fiscal que no respetan las normas del mercado interior.

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/3

1.1

El Comité ya ha apuntado en anteriores ocasiones que el recurso más sensible y valioso en el ámbito de la investigación y el desarrollo es el capital humano, y que apoya los esfuerzos de la Comisión por crear y preservar los recursos humanos.

1.2

Por consiguiente, el Comité acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre los problemas que afronta la investigación profesional en la UE, así como las propuestas e iniciativas que contiene. Apoya decididamente la intención de la Comisión de aportar mejoras sustanciales a la situación actual y hace un llamamiento a los Estados miembros en este mismo sentido. Es indispensable actuar cuanto antes.

1.3

El Comité comparte el punto de vista de la Comisión de que la necesidad de introducir mejoras afecta tanto a la situación contractual de los investigadores como a la adaptación y transferibilidad de todos los elementos de la seguridad social, como pueden ser los seguros y las pensiones.

1.4

En tanto no se cumplan estos requisitos, debido a la incompleta realización del mercado interior europeo o a la falta de normativa suficiente en los Estados miembros, la Comisión debería –por ejemplo, en el marco de su programa de movilidad– procurar la mejor compensación posible para estas carencias que aún subsisten y establecer incentivos de más amplio alcance. Un aspecto particularmente importante en este ámbito es la cohesión familiar y las cuestiones conexas.

1.5

El Comité, no obstante, señala igualmente que, para fomentar la profesión de investigador, es necesario ofrecer una situación contractual atractiva que se corresponda con la importancia de la investigación y el desarrollo, así como fiabilidad a largo plazo en lo que respecta a la dotación de recursos de las instituciones de investigación y de los laboratorios de investigación industrial. La política en materia de investigación no debe convertirse en moneda de cambio de la planificación presupuestaria a corto plazo ni de experimentos de dirección. Al contrario, debería esforzarse por promover de modo suficiente el potencial y la capacidad de los investigadores basándose en la autonomía y en los beneficios que se deriven para la colectividad.

1.6

Los descubrimientos mayores y más innovadores no han sido consecuencia de unos objetivos específicos, sino más bien de los intentos por descubrir las leyes de la naturaleza. Poder hacer estos descubrimientos con recursos adecuados y libres de interferencias políticas no sólo es parte del derecho fundamental a la libertad de investigación, sino también –en un equilibrio adecuado con la investigación y desarrollo orientados a objetivos específicos– una condición previa esencial para el progreso futuro y el bienestar general.

1.7.

El Comité expresa su preocupación por el hecho de que en muchos Estados miembros estas condiciones no se cumplen, o no se cumplen de modo suficiente. Aparte de las graves repercusiones económicas ya consabidas, esta carencia conduce también a un preocupante éxodo creciente, precisamente de los mejores investigadores jóvenes, en su mayoría hacia los Estados Unidos.

1.8

Por consiguiente, el Comité insta al Consejo, al Parlamento y a la Comisión, y especialmente a los Estados miembros y a la industria europea, a respetar las obligaciones contraídas y aumentar hasta un 3 % del producto interior bruto las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico hasta 2010. Las inversiones en investigación y desarrollo, que resisten la comparación con las economías competitivas, son un requisito fundamental para cumplir los objetivos de Lisboa.

1.9

El Comité apoya asimismo las iniciativas propuestas por la Comisión, como la »Carta europea del investigador« y el »Código de conducta para la contratación de los investigadores«, que pueden resultar de gran utilidad en muchos casos. No obstante, el Comité advierte expresamente que estos instrumentos (tal como propone la Comisión) deben aplicarse de forma voluntaria y que su aplicación no debe conducir en ningún caso a un exceso de regulación (burocratización excesiva), ya que en parte este sector está de todos modos excesivamente regulado.

1.10

Las directrices de la política de investigación deben seguir siendo los objetivos de Lisboa. Así pues, se debe fomentar y facilitar la competitividad de los sistemas e instituciones de investigación dotándolos de las mejores estructuras, las mejores dotaciones y la mejor política de personal, y eliminando cualquier exceso de regulación. La acción de la colectividad se orienta por los ejemplos de quienes tienen éxito y, por tanto, éstos deben ser objeto de reconocimiento y apoyo y –respetando siempre los límites éticos y sociales– debe dejárseles margen de maniobra.

1.11

Los incentivos para los investigadores y los procedimientos de selección, ya desde que son estudiantes, sobre tipo de formación y carrera, así como el reconocimiento de los servicios prestados, han de orientarse de tal modo que, de entre los más capacitados, haya un número suficiente que se decante por la formación (académica) en el ámbito científico y que, en el ejercicio de su labor investigadora, asuma y ocupe puestos de dirección.

1.12

La sociedad, representada por la política, asume la responsabilidad de sacar el máximo rendimiento de las inversiones realizadas por ella y por los investigadores con vistas a adquirir un conocimiento, tanto básico como altamente especializado, amplio y complejo. Esta responsabilidad debe manifestarse asimismo en la preocupación de ofrecer a los investigadores unas perspectivas profesionales adecuadas con atractivas salidas a fin de evitar el estancamiento. El Comité apoya los esfuerzos de la Comisión por lograr este objetivo.

1.13

A este respecto, un objetivo muy importante, también señalado por la Comisión, es mejorar las vías de comunicación profesionales entre el ámbito académico y la industria, así como intensificar el intercambio de personal. Pese a algunos avances concretos, aún queda mucho por hacer. A ello podría contribuir el claro aumento del compromiso que se exige a la industria en materia de investigación y desarrollo.

1.14

A fin de proteger a los investigadores de un exceso de tareas administrativas y de problemas, incluidos los relacionados con las tareas activas y pasivas de asesoramiento, se debe evitar la existencia de numerosos organismos verticales y horizontales (paralelos) que actúan por separado en el marco de las necesarias jerarquías de autorización y dirección, ya que tal exceso puede provocar no sólo conflictos internos evitables y una carga de trabajo innecesaria, que induce a errores incluso a los más capaces, sino también decisiones y requisitos demasiado vagos e incluso contradictorios.

1.15

La sociedad y la política deben velar por que se den, o en su caso se creen, las condiciones previas para crear y preservar la excelencia y resultados de alto nivel.

1.16

Con respecto a sus numerosas observaciones específicas y recomendaciones detalladas, el Comité se remite a los siguientes capítulos del presente Dictamen.

2.1

En enero de 2000, la Comisión aprobó una Comunicación en la que se presentaban propuestas para la creación de un espacio europeo de la investigación (EEI) (1). Sobre esta propuesta, el Comité emitió un dictamen (2) exhaustivo y favorable, en el que ya se señalaban los problemas de movilidad y otros aspectos relacionados con la profesión de investigador, y en el que se realizaban recomendaciones para solventarlos. Asimismo, el Comité ha abordado esta cuestión en varios dictámenes (3) relativos a otros documentos de la Comisión en los que recomienda medidas apropiadas.

2.2

Con esta Comunicación, la Comisión pretende abordar, en el contexto de los objetivos de Lisboa y teniendo en cuenta el papel decisivo que desempeñan la investigación y el desarrollo, las cuestiones relevantes de la profesión de investigador y sus perspectivas en el marco del espacio europeo de la investigación.

2.3

La Comisión manifiesta al respecto: «La Comunicación pone de manifiesto una serie de debilidades estructurales y de divergencias considerables en relación con cada uno de estos elementos, en función de los sectores de actividad de los investigadores o del entorno geográfico, jurídico, administrativo y cultural en el que se encuentran. Estas diferencias, unidas a la falta de apertura de las carreras de investigación en Europa, impiden el desarrollo de perspectivas de carrera interesantes a nivel europeo y obstaculizan la aparición de un auténtico mercado laboral comunitario para los investigadores, tanto desde un punto de vista geográfico y sectorial, como de igualdad entre hombres y mujeres. Las diferencias mencionadas también condicionan significativamente el atractivo que ejercen las carreras de I+D entre los jóvenes y el reconocimiento público general de los investigadores.»

3.1

La Comunicación de la Comisión contiene un análisis de los distintos componentes que caracterizan la profesión de investigador, y define los diversos factores que condicionan el desarrollo de la carrera de los investigadores a nivel europeo, a saber, el papel y la naturaleza de la formación, las diferencias entre los métodos de contratación, los aspectos contractuales y presupuestarios, los mecanismos de evaluación y las perspectivas de perfeccionamiento profesional continuo. Los temas tratados en esta Comunicación son muy amplios y se abordan de manera exhaustiva, de tal forma que no es posible resumir brevemente los elementos esenciales, a no ser que se aborden de forma explícita en los capítulos siguientes.

3.2

La Comunicación de la Comisión trata, entre otros, los siguientes aspectos:

Contexto político; Definición del investigador; Perspectivas de carrera; Necesidades de personal; Reconocimiento público de las carreras; Vías de comunicación entre las universidades y las empresas; Dimensión europea; Desigualdades entre hombres y mujeres; Factores que determinan las carreras; Formación de investigadores; Entorno; programas de doctorado; Métodos de contratación; Condiciones de empleo y trabajo; Liberalización del sistema de carreras universitarias; Remuneración como incentivo; Necesidad creciente de nuevas formas permanentes de contratación; Sistemas de evaluación; Acciones e iniciativas propuestas.

3.3

En cuanto a las medidas e iniciativas propuestas en la Comunicación, la Comisión:

4.1

El Comité acoge con gran satisfacción que la Comisión haya abordado en una comunicación este tema de la profesión del investigador, tan importante y tan poco valorado en el pasado. El Comité considera, al igual que la Comisión, que «en el ámbito de la investigación, los recursos humanos constituyen en buena medida el factor clave que condiciona las tareas, la excelencia y los resultados», y apoya la intención de la Comisión de abordar esta cuestión en el contexto comunitario. En un Dictamen (4) anterior, el Comité ya había señalado que el capital humano es el recurso más sensible y valioso para la investigación y el desarrollo y que, por tanto, respaldaba los esfuerzos de la Comisión por disponer de mayores recursos humanos y preservarlos. El Comité considera necesario introducir mejoras y se felicita de la intención de la Comisión de intervenir a tal efecto.

4.2

La sociedad, representada por la política, asume la responsabilidad de sacar el máximo rendimiento de las inversiones realizadas por ella y por los investigadores con vistas a adquirir un conocimiento, tanto básico como altamente especializado, amplio y complejo. Esta responsabilidad debe manifestarse asimismo en la preocupación por ofrecer a los investigadores unas perspectivas profesionales adecuadas con atractivas salidas a fin de evitar el estancamiento. El Comité apoya los esfuerzos de la Comisión por lograr este objetivo.

4.3

El Comité, no obstante, señala también al mismo tiempo que el éxito de la investigación y del desarrollo requiere un equipo y una infraestructura técnicos adecuados y competitivos (grandes equipos), aunque lamentablemente suelen ser también onerosos, y que están asociados a una fase exigente de formación y consolidación de los grupos implicados, que se prolonga durante varios años; requiere asimismo la financiación necesaria para la explotación de estos recursos.

4.4

Asimismo, esto requiere decisiones del mundo político y empresarial que brinden la posibilidad de llevar a cabo tareas de investigación a gran escala y a largo plazo, proporcionar los recursos necesarios para ello y garantizar la seguridad de la planificación. Sobre todo esto último constituye un criterio decisivo para animar a los jóvenes a buscar su futuro profesional en la investigación y, por ende, a aumentar, conservar y aprovechar de manera óptima los recursos humanos en este sector.

4.5.

El Comité expresa su gran preocupación por el hecho de que en muchos Estados miembros estas condiciones no se cumplen, o no se cumplen de modo suficiente. Aparte de las graves repercusiones económicas ya consabidas, esta carencia conduce también a un preocupante éxodo creciente (5), precisamente de los mejores investigadores jóvenes, en su mayoría hacia los Estados Unidos.

4.6

El Comité, por consiguiente, insta encarecidamente al Consejo, al Parlamento y a la Comisión, y especialmente a los Estados miembros, a cumplir efectivamente las obligaciones contraídas en el Consejo Europeo de Barcelona, y aumentar hasta un 3 % del producto interior bruto las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico (I + D) hasta 2010, y a garantizar al mismo tiempo la seguridad de la planificación y la libertad de investigación, en especial para poder desarrollar una investigación fundamental suficiente (6). Unas inversiones en investigación y desarrollo que resistan la comparación con las economías competitivas (7) son un requisito fundamental para cumplir los objetivos de Lisboa, en concreto el objetivo de que la Unión Europea de aquí a 2010 se convierta «en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo».

4.7.

Asimismo, el Comité se remite a su recomendación formulada anteriormente (8) de aumentar en un 50 % las inversiones en I+D comunitarias como objetivo político a medio plazo para el periodo posterior al Sexto Programa Marco de I+D.

4.8

Obviamente, esta voluntad debe ir acompañada de medidas eficaces encaminadas a (i) familiarizar a los jóvenes con la ciencia y la investigación, y (ii) hacer más atractivos y dar mayor peso, en los programas escolares, a los conocimientos científicos, en particular en el ámbito de las ciencias naturales, pero igualmente a los conocimientos técnicos y matemáticos básicos. La investigación y el desarrollo son el fundamento de nuestro modo de vida y la semilla para la innovación, el bienestar y la paz del futuro (9).

4.9

Sin embargo, la importancia, las condiciones y la amplitud de este progreso no están suficientemente arraigadas en la conciencia general de los ciudadanos. Los programas de estudios de las escuelas o la labor del profesorado no reflejan tampoco de modo suficiente esa importancia.

4.10

Tal como observa con acierto la Comisión, la motivación de los jóvenes talentos a la hora de optar por una formación académica encaminada a la investigación, al igual que las decisiones que deben tomar los científicos cualificados sobre la institución o el país en que desearían trabajar dependen de la actitud y de la consideración de la sociedad.

4.11

Esta consideración no sólo se refleja en la opinión pública, sino también en la continuidad, en la fiabilidad y en la firmeza de las decisiones políticas y empresariales. Esto rige tanto a escala comunitaria como nacional. Los recursos humanos y materiales, así como las oportunidades laborales necesarias para el desarrollo profesional y su financiación, constituyen factores estrechamente interrelacionados (10).

4.12

Si existe la determinación, si se dispone de las condiciones materiales necesarias y si se toma la decisión de fomentar la investigación y el desarrollo a escala comunitaria y nacional (11) y de retribuir mejor la profesión de investigador, así como de realizar esfuerzos adicionales en materia de investigación en los Estados miembros en los que existen necesidades especiales, será más fácil solucionar los problemas señalados en la Comunicación de la Comisión: «...Estas diferencias, unidas a la falta de apertura de las carreras de investigación en Europa, impiden el desarrollo de perspectivas de carrera interesantes a nivel europeo y obstaculizan la aparición de un auténtico mercado laboral comunitario para los investigadores, tanto desde un punto de vista geográfico y sectorial, como de igualdad entre hombres y mujeres.»

4.13

La profesión de investigador en el espacio europeo de la investigación requiere necesariamente movilidad y flexibilidad. No obstante, estas necesidades no deberían repercutir en las condiciones personales y familiares ni en las prestaciones sociales. El Comité comparte, por tanto, el objetivo de la Comisión de trabajar por la búsqueda de una solución para los problemas asociados a esta coyuntura y garantizar a los investigadores una situación contractual adecuada y competitiva en el ámbito internacional.

4.14

El Comité apoya en general las medidas e iniciativas propuestas por la Comisión. No obstante, mantiene sus dudas sobre si serán suficientes para alcanzar los objetivos descritos en la Comunicación. Asimismo considera que, si bien la realización de estudios analíticos más amplios y exhaustivos para casos concretos, mencionados en numerosas ocasiones en la Comunicación, servirá de ayuda, no bastará en ningún caso para lograr dichos objetivos.

4.15

Conviene por el contrario adoptar las medidas políticas pertinentes, y en particular en los Estados miembros. A este respecto, el Comité echa en falta propuestas concretas y un debate de los fundamentos jurídicos.

4.16

La adopción de medidas concretas no implica, sin embargo, imponer, mediante un exceso de normas y disposiciones, una limitación del margen de maniobra necesario ni de la competencia a la hora de alcanzar las mejores soluciones.

4.17

El Comité recomienda asimismo tener en cuenta la experiencia adquirida hasta el momento gracias a la puesta en marcha de acciones temáticas en el contexto de los programas marco de I+D y Euratom, los programas Sócrates y Marie Curie y el programa de movilidad (12), y prestar especial atención a las experiencias y problemas de los investigadores con una carrera «europea». Recomienda asimismo hacer frente a los posibles obstáculos (13) jurídicos lo antes posible y encontrar soluciones adecuadas.

5.1.1

El Comité suscribe y confirma la mayor parte del contenido del Capítulo 2 de la Comunicación de la Comisión.

5.1.1.1

El Comité comprende por qué la Comisión, en la definición de investigación que ha elegido, a saber, «La investigación y el desarrollo experimental (I+D) engloban los trabajos de creación realizados de manera sistemática con el fin de aumentar la suma de los conocimientos, incluido el conocimiento sobre el ser humano, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esta suma de conocimientos para nuevas aplicaciones», se ha basado en la redacción de la OCDE incluida en el Manual de Frascati de 2002.

5.1.1.2

El Comité, no obstante, propone que la Comisión revise esa definición de tal modo que incluya también los conceptos decisivos —sobre todo teniendo en cuenta los objetivos de Lisboa— de naturaleza (ciencia) y técnica.

5.1.1.3

En este sentido, debe quedar clara la importancia decisiva de que la investigación fundamental esté en principio exenta de objetivos (14). En su mayoría, los grandes descubrimientos y los más innovadores no han sido consecuencia de unos objetivos específicos, sino más bien de los intentos por descubrir las leyes de la naturaleza. Poder efectuar esta investigación con recursos adecuados y al margen de interferencias políticas no sólo forma parte del derecho fundamental a la libertad de investigación, sino también –en un equilibrio adecuado con la investigación y desarrollo orientados a objetivos específicos– es una condición previa esencial para el progreso futuro y el bienestar general.

5.1.1.4

A este respecto, el Comité se remite a su Dictamen anterior (15), en el que recomendaba apoyar todas las medidas susceptibles de evitar la polarización y encaminadas a fomentar una mayor interacción entre las ciencias humanas, sociales y económicas, las ciencias naturales y la tecnología. Esto implica igualmente la instauración de un diálogo mutuo sobre cuestiones como la metodología, la elaboración de conceptos y la evaluación de los resultados, entre otras.

5.1.1.5

Asimismo, el conocimiento no sólo debería ampliarse, sino también profundizarse. El Comité recomienda tener en cuenta estas observaciones a la hora de revisar la definición anterior.

5.1.1.6

Con respecto a la definición de «investigador» propuesta por la Comisión, el Comité echa en falta referencias a la cualificación demostrable, la aptitud y la independencia que se supone deben poder aplicarse a la definición de investigador.

5.1.1.7

Así pues, el Comité recomienda la siguiente definición de investigador, ligeramente modificada: «Los profesionales que, gracias a la formación y a la experiencia adecuadas, trabajan en la concepción o creación de conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas de carácter novedoso y en la gestión de los proyectos correspondientes».

5.1.1.8

A no ser que en lo que sigue se explicite lo contrario, se estará hablando de científicos o ingenieros debidamente cualificados.

5.1.2

Asimismo, el Comité se remite a la descripción de investigación y desarrollo formulada en un dictamen anterior (16). De conformidad con esta descripción, el Comité comparte igualmente la intención de la Comisión de no restringir en demasía las posibles variantes y los caminos de una carrera profesional en el ámbito de la I+D.

5.1.3

El Comité, sin embargo, no puede compartir, de manera general, la afirmación de que «todas estas carreras deberán recibir, en el plano político, un trato y una consideración iguales». Lo importante es más bien reconocer a los investigadores (potenciales) particularmente creativos e ingeniosos, atraerlos y mantenerlos a fin de crear en Europa la excelencia científica y el valor añadido esperados. Para ello, deberán ofrecerse posibilidades e incentivos excepcionales.

5.1.4

No obstante, las aptitudes excepcionales y las actividades pioneras son precisamente las que con más dificultad se inscriben en los esquemas de evaluación preestablecidos, que son igualmente susceptibles de abusos.

5.1.4.1

Es problemática, por ejemplo, la actitud de los autores que por lo general se citan mutuamente en las publicaciones, y así crean lo que podría denominarse «cárteles de citas», lo cual les reporta ventajas en una evaluación esquemática.

5.1.4.2

Además, en algunos casos, se citan y se reconocen los descubrimientos innovadores que no se dan a conocer en la bibliografía hasta que ha transcurrido cierto tiempo.

5.1.4.3

La personalidad no puede evaluarse de modo formal y esquemático. Por el contrario, se debe recurrir a la experiencia y al conocimiento de los representantes más sobresalientes de cada rama de la comunidad científica en la que se están realizando los logros o en la que se espera que se produzcan (no obstante, aun adoptando este enfoque es posible cometer errores de juicio, como ya ha ocurrido en el pasado).

5.1.5

En este contexto, el Comité recomienda, con respecto al «código de conducta para la contratación de investigadores» (véase el punto 5.2.5) propuesto por la Comisión, adoptar las medidas necesarias para garantizar que su aplicación —únicamente voluntaria— no se traduzca en un exceso de normas y, por ende, en un estancamiento.

5.1.5.1

El Comité no niega —más bien al contrario— que es necesario garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos en la UE, y sobre todo a este respecto, promover también el aumento del porcentaje de mujeres en la profesión. A este respecto, reconoce la utilidad potencial de un código de estas características a la hora de lograr este importante objetivo.

5.1.5.2

No obstante, el Comité recomienda, por otro lado, utilizar, dados los diferentes perfiles de las contrataciones para las distintas tareas y a la luz de las diversas «culturas» de los organismos de investigación (17), no sólo métodos de evaluación y procedimientos de contratación formalizados y generalizados, sino también la experiencia y el nivel de conocimientos de la comunidad científica. En definitiva, hay que garantizar que las instituciones de investigación sean suficientemente atractivas y cuenten con la voluntad y determinación y los recursos económicos y administrativos necesarios para poder competir con éxito por los mejores «cerebros» del mundo.

5.1.5.3

Por ello, el Comité recomienda abordar de forma individualizada los casos de comportamiento o desarrollo anómalos fáciles de reconocer; no obstante, sólo debería recurrirse a una regulación (excesiva) general como último recurso.

5.1.6

Por otro lado, la expresión «un trato y una consideración iguales» es difícil de interpretar, debido a las diferencias que existen tanto en los Estados miembros como en el panorama y las actividades de investigación, y, por tanto, debería adoptarse un enfoque más flexible.

5.1.7

En cuanto a las categorías de investigación abordadas, como la investigación fundamental, la investigación estratégica, etc. y su definición, el Comité reitera las recomendaciones (18) realizadas en dictámenes (19) anteriores, en particular en lo que respecta al concepto aceptado a nivel internacional de «investigación aplicada», que debería utilizarse, y recomienda que esta cuestión vuelva a ser examinada por un grupo de expertos en el momento adecuado.

5.1.8.1

La verdadera actividad de investigación, es decir, la que aborda problemas de carácter científico-técnico, supone una serie de tareas de planificación, empresariales, administrativas y consultivas, que en gran medida sólo pueden, y deben, ser llevadas a cabo por investigadores.

5.1.8.2

Entre estas tareas se incluyen propuestas de programas, procedimientos de solicitud, elaboración de informes, publicaciones, decisiones relativas al personal y otros procedimientos de consulta (activos o pasivos) relacionados con ellas.

5.1.8.3

No obstante, cuando las instituciones o empresas patrocinadoras que participan en el programa solicitan dichas tareas de forma descoordinada y en formatos, grados de exhaustividad y plazos distintos, el esfuerzo que hay que realizar es superior a los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo la propia actividad investigadora.

5.1.8.4

Ante la avalancha de solicitudes, consultas y procesos de seguimiento, el Comité, por tanto, recomienda que la Comisión examine también esta cuestión y haga lo necesario para poner en marcha procedimientos coordinados que garanticen un equilibrio sensato y eviten los riesgos, fáciles de reconocer, inherentes a una actividad que genera tal cantidad de documentación cada vez más similares, y que sin embargo resulta poco productiva (20). Debería eliminarse por todos los medios todo exceso de regulación del mundo de la investigación.

5.1.8.5

El Comité recomienda a este respecto que la Comisión supervise sus propios procedimientos de solicitud y concesión, así como los criterios aplicables. La comunidad científica ha vertido numerosas críticas relativas a la cuestión de si estas solicitudes tienen algún sentido, en vista del enorme coste inherente a ellas y de su reducido éxito. No convendría tampoco modificar con demasiada frecuencia los procedimientos y criterios (por ejemplo, para la concesión de becas).

5.1.8.6

En este contexto, conviene evitar también en especial un exceso de organismos y procedimientos de aprobación o gestión verticales (así como horizontales y paralelos), ya que esto no sólo supone una serie de costes redundantes internos que merman la eficacia, sino que además se traduce las más de las veces en requisitos y decisiones demasiado regulados, ambiguos y, en determinadas circunstancias, hasta contradictorios.

5.2.1

Necesidades de personal en el sector de la I+D: el Comité comparte las preocupaciones de la Comisión en lo que respecta a la divergencia manifiesta e irritante entre análisis macroeconómicos y pronósticos («posibilidades de empleo para millares de investigadores») y las constataciones menos favorables relativas a las ofertas efectivas o no existentes en el mercado laboral. En su mayor parte, las universidades y los organismos de investigación registran en la actualidad predominantemente una disminución de inversiones privadas y públicas, y, por ello, no se muestran apenas dispuestos a contratar personal, y menos aún a ofrecer contratos de trabajo de larga duración a los investigadores.

5.2.1.1

Incluso la industria —por ejemplo, la industria farmacéutica, que se caracteriza por su alta intensidad de investigación— tiene dificultades para mantener a los investigadores jóvenes en Europa (21).

5.2.1.2

Las universidades e instituciones de investigación financiadas con fondos públicos están obligadas además, por su situación frente al donante, a mantener una política de contratos de duración limitada para poder reaccionar de la forma más rápida posible a recortes presupuestarios o a reorientaciones de programas procedentes del exterior.

5.2.2

El Comité hace hincapié igualmente en otro aspecto importante: los investigadores que trabajan en las universidades o en los institutos de investigación financiados con fondos públicos reciben, por lo general, una remuneración que se calcula en función de los baremos del servicio público.

5.2.2.1

Estos baremos suelen ser más bajos que los del sector privado. En este sentido, el Comité comparte la afirmación de la Comisión: «Los salarios constituyen uno de los elementos más visibles del reconocimiento de la carrera profesional. Las remuneraciones que reciben los investigadores parecen haberse quedado atrás, por ejemplo en relación con las de los trabajadores que ocupan puestos de gestión».

5.2.2.2

Esta discriminación de trabajadores asalariados según tarifas del sector público se justifica normalmente por una seguridad social comúnmente más elevada y unas mejores garantías en materia de carrera en el sector público (funcionarios de la administración, enseñantes, jueces, etc.).

5.2.3

No obstante, muchos investigadores no se benefician de una mejor seguridad social por motivos precisamente de mayor flexibilidad en lo que respecta a la planificación de la investigación, la elaboración del presupuesto y la política de personal.

5.2.3.1

Esta carencia, sin embargo, no se compensa con otras ventajas o garantías equivalentes. Además, los baremos presentan la desventaja de que a la hora de reconocer o valorar las capacidades o motivación de los investigadores, el margen de maniobra para fijar los salarios es muy reducido.

5.2.3.2

Sería errado, no obstante, intentar imponer la flexibilidad y movilidad que requiere en efecto el sector de la investigación mediante el instrumento de los contratos temporales, debido a las consecuencias que se describen más abajo y a causa al mismo tiempo de un sueldo inadecuado.

5.2.3.3

Conviene, por tanto, aplicar un baremo mejor adaptado a la profesión de investigador, que se oriente claramente hacia arriba (y sólo hacia arriba) y que al mismo tiempo, en casos concretos, permita una aplicación flexible y mucho más adecuada. Este baremo debería permitir lograr los objetivos citados mediante incentivos eficaces. Para ello es necesario crear más puestos de postgrado fiables con posibilidad de nombramiento como titular («tenure track») en las universidades y los centros de investigación. Las carencias actuales en cuanto a las posibilidades y perspectivas de carrera profesional, así como los estancamientos que se crean en la carrera profesional son la causa principal de que los mejores científicos busquen su futuro en los EEUU (22) y a menudo no se les pueda hacer volver.

5.2.3.4

Las desventajas actuales resultantes del investigador se ven agravadas por los largos periodos de formación y perfeccionamiento (doctorado, habilitación). En este ámbito urge introducir cambios que hagan de la profesión de investigador un oficio atractivo.

5.2.3.5

En efecto, un factor típico (23), motivo de desaliento entre los jóvenes investigadores (y en particular cuando cambian de trabajo o cuando progresan en su profesión), es que sólo obtienen una serie de contratos temporales (24) (en general, por ejemplo, por un periodo máximo de doce años).

5.2.3.6

Tras la rescisión de los contratos, que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con sus aptitudes personales, sino más bien con medidas administrativas o de reestructuración, pero sobre todo con recortes presupuestarios, se corre el peligro de abandonar la carrera de investigador a consecuencia de ello, e incluso con frecuencia de ir al paro.

5.2.3.7

Por tanto, con este tipo de «carrera» se corre el riesgo de acabar en un callejón sin salida, especialmente a una edad (por ejemplo, a partir de los cuarenta) en la que cambiar de trabajo y volver a empezar es ya extraordinariamente difícil, en particular debido a la política de contratación de la industria, que muestra preferencia por los que empiezan a dar sus primeros pasos en el mercado laboral.

5.2.3.8

Por otro lado, cabe señalar que estos mismos investigadores han tenido que superar un duro y largo procedimiento de selección con una evaluación positiva, ya que sólo a los mejores estudiantes, al finalizar sus estudios, se les brinda la oportunidad de empezar un doctorado, y de entre ellos, sólo a los más destacados se les ofrecerá posteriormente un puesto de trabajo como investigador o una beca para acceder al profesorado.

5.2.3.9

A fin de adquirir competencia y eficacia o incluso para ocupar un puesto privilegiado en un ámbito científico especializado, las personas y los grupos interesados deben superar primero exigentes periodos (con frecuencia de varios años) de formación complementaria y adaptación.

5.2.3.10

Asimismo, con frecuencia es necesario desarrollar y montar un equipo oneroso y crear un entorno de investigación estimulante, así como las estructuras organizativas correspondientes. Esta inversión valiosa y onerosa en «capital humano» y en las necesarias infraestructuras de investigación es ya al mismo tiempo producto de la actividad investigadora, ya que junto con la experiencia adquirida repercutirá en beneficio ulterior de ella.

5.2.4

El desempleo, por tanto, de investigadores experimentados no sólo constituye un problema social sino también un despilfarro económico de recursos financieros y humanos.

5.2.4.1

El desempleo no sólo desmotiva a los investigadores que se ven o pueden verse afectados por él, sino que desalienta también a los jóvenes que deben elegir una profesión, que no ven motivo para decidirse por unos estudios difíciles y exigentes. Asimismo, el abismo que media entre las promesas optimistas y tentadoras de los poderes públicos y la dura realidad —cuasi catastrófica en algunos Estados miembros— del mercado de trabajo y las perspectivas profesionales es un factor de desmotivación adicional.

5.2.4.2

En este sentido, la opción por la que se decantan actualmente muchos investigadores, en particular los más jóvenes, de buscar y encontrar su porvenir profesional fuera de la UE, especialmente en Estados Unidos, es incluso una opción loable, al menos mientras las instituciones europeas sigan sin poder ofrecer oportunidades laborales. El daño económico enorme que así se origina para la UE y la gran ventaja para el país receptor, debería exponerse con más claridad en la política y ante la opinión pública.

5.2.4.3

La falta de incentivos económicos y los riesgos sociales vinculados a la imagen de la profesión de investigador podrían ser incluso la causa del escaso interés que ya muestran los estudiantes de secundaria por las ciencias naturales y las matemáticas.

5.2.4.4

Por ello, no resulta sorprendente que en épocas en las que existe demanda de investigadores se registre con asombro un déficit de recursos humanos (véase el comienzo de la Comunicación de la Comisión).

5.2.5

Por tanto, como ya ha indicado también la Comisión, es indispensable, a fin de poder ofrecer perspectivas profesionales a los investigadores y alcanzar el objetivo del 3 % (25), reducir esta discrepancia manifiesta entre, por una parte, las exigencias macroeconómicas en la UE y, por otra, la política microeconómica o el comportamiento real en materia de gestión presupuestaria (por ejemplo, de los poderes públicos), así como la política de personal derivada de dicha gestión.

5.2.5.1

La investigación no debería estar supeditada a experimentos de dirección ni a fluctuaciones presupuestarias a corto plazo. Una buena política de investigación, a fin de cosechar éxitos, debe formularse a largo plazo y no puede lanzarse, detenerse o reorientarse al arbitrio de ciclos coyunturales, crisis presupuestarias o tendencias políticas o planificadoras del momento, sino que más bien son necesarias continuidad, libertad y fiabilidad suficientes. Ésta es la única forma de luchar contra las disfunciones descritas anteriormente y evitarlas en el futuro.

5.2.5.2

Tal como señala la Comisión, urge igualmente definir los programas de estudios y salidas profesionales adecuadas a fin de evitar el estancamiento profesional y ofrecer en su lugar a los jóvenes que deben elegir una profesión unas perspectivas alentadoras y fiables.

5.2.5.3

A este respecto, convendría fomentar también la movilidad hacia la industria (véase el punto 5.4) y la enseñanza (por ejemplo, ofrecer a un investigador experimentado que no encuentra un empleo estable en una universidad o en una institución de investigación pública la posibilidad de enseñar en institutos de enseñanza superior, especialmente dada la falta de personal docente cualificado y con experiencia investigadora).

5.2.6

El comité, por tanto, acoge con particular satisfacción las medidas propuestas por la Comisión en su Comunicación:

El Comité, no obstante, recomienda que se tengan en cuenta sus observaciones sobre estas cuestiones.

5.2.6.1

El Comité recomienda hacer extensivas las iniciativas (26) emprendidas en las universidades en algunos Estados miembros a otro tipo de organismos de investigación fuera del ámbito universitario, y comprobar al mismo tiempo si las medidas (27) conducen realmente a las mejoras previstas.

5.3.1

El reconocimiento público de la profesión de investigador constituye un elemento sumamente importante. El Comité se muestra totalmente de acuerdo con la Comisión, cuando declara que «la cuestión del reconocimiento público de que gozan los investigadores está obviamente relacionada con la percepción que se tenga de la ciencia como un medio de contribución al desarrollo de la sociedad».

5.3.2

El Comité comparte igualmente los demás puntos de vista expresados en el capítulo 3.2 de la Comunicación. No obstante, cabe señalar también que ni los ciudadanos ni la opinión pública en general —y en gran medida, ni los propios políticos— llegan a ser plenamente conscientes de los problemas y las dificultades inherentes a la «carrera europea de investigador», a los que intenta poner remedio la Comunicación de la Comisión. Dichos problemas están supeditados a la realización del mercado interior, aún incompleta. Por ello, es preciso actuar, en particular en lo que respecta a ofrecer una fundada información a los políticos.

5.3.3

No obstante, sería demasiado simple pensar que el núcleo del problema reside únicamente en la falta de consideración y reconocimiento que los ciudadanos tienen de la investigación y el desarrollo.

5.3.4

Aunque es cierto que los ciudadanos, en general, no están suficientemente informados de que una gran parte de su bienestar se ha conseguido sólo con los logros alcanzados en el pasado por la investigación y al desarrollo, la sociedad muestra en general cierto respeto por los investigadores y sus capacidades.

5.3.5

El problema reside sobre todo en la falta de voluntad política coherente de mejorar la situación personal y profesional de los investigadores. Los aspectos negativos mencionados arriba pueden contribuir también a la falta de reconocimiento público.

5.3.6

Esta voluntad política necesaria se ve dificultada, por un lado, por el hecho de que el fomento de la I+D, y por ende de la profesión de investigador, no encuentra suficiente eco mediático y no suscita, por tanto, el interés del público, dos factores importantes en el mundo de la política, y, por otro lado, por el hecho de que los investigadores no son suficientemente numerosos como para organizarse y hacer valer sus intereses profesionales y sociales.

5.3.7

A esto se añade la circunstancia de que hace falta un lapso de tiempo relativamente largo antes de que las inversiones en I+D produzcan beneficios económicos y culturales, mientras que la «memoria política» de la sociedad es demasiado corta, e igualmente que la importancia y el potencial de nuevos descubrimientos se van introduciendo en la conciencia colectiva de forma progresiva y no de modo espectacular.

5.3.8

El Comité, por tanto, suscribe en su totalidad la afirmación de la Comisión: «Para incrementar la importancia política de la investigación como elemento crucial para el desarrollo de la sociedad, es preciso poner claramente de relieve el vínculo entre el contenido de la investigación y el beneficio neto para la sociedad. Del mismo modo, la sociedad debería encontrarse en una posición que le permita reconocer el papel de la investigación, la utilidad de realizar actividades de investigación y el valor de las carreras de I+D.» Además, la sociedad debe estar mejor informada sobre las condiciones de funcionamiento necesarias para una investigación de excelencia.

5.4.1

A este respecto, la Comisión señala lo siguiente: «Si bien ha quedado patente que las asociaciones con fines de colaboración entre el mundo universitario y las empresas o entre los organismos de investigación privados y públicos constituyen un imperativo para promover la transferencia de conocimientos y la innovación, todavía no se tiene un conocimiento preciso de la estructuración que deberá darse a dichas relaciones y, aún menos, de las modalidades de intercambio de personal o de fomento de programas comunes de formación». El Comité comparte en buena medida esta afirmación; no obstante, no considera que la situación sea tan crítica.

5.4.2

El Comité reconoce también, no obstante, que siempre es necesario introducir mejoras, y contar con una mejor comprensión mutua de los métodos de trabajo y criterios aplicables a la carrera de investigador.

5.4.2.1

Otro aspecto especialmente importante a la hora de determinar los programas de estudios es la cuestión de por qué la industria, en el momento de contratar a científicos e investigadores, prefiere en general a los estudiantes jóvenes que han finalizado sus estudios en lugar de contratar a expertos experimentados, dado que éstos, gracias a su amplia experiencia en el ámbito de la investigación, podrían acelerar los métodos y procedimientos más modernos relativos a la transferencia de conocimientos técnicos.

5.4.2.2

El Comité reitera al respecto su recomendación precedente (28), esto es, modificar y reforzar el programa existente en materia de fomento de la movilidad («becas de acogida en empresas») de forma que brinde incentivos definidos para dicha movilidad, ofreciendo, por ejemplo, atractivos periodos de intercambio de duración suficiente, que motiven a todos los interesados por igual. Asimismo, se podría alentar a las empresas a contratar investigadores de cierta edad y experimentados.

5.4.3

También se han producido avances concretos en casos determinados. Se han reducido los obstáculos mencionados en la Comunicación, en lo que respecta a las relaciones entre la industria y las universidades técnicas o las instituciones de investigación técnica.

5.4.4

En estos casos, no obstante, conviene velar también —tanto a nivel nacional como europeo— por la compatibilidad y transferibilidad o reconocimiento de los distintos componentes de la seguridad y previsión social (como el seguro de enfermedad, el seguro por discapacidad laboral, los derechos a pensión y, en particular, el reconocimiento de los años de servicio computables para el cálculo de la pensión).

5.4.5

Por último, no hay que olvidar tampoco que existen distintos talentos y aptitudes excepcionales, de los que la industria podría beneficiarse si se desarrollan al máximo, y otros que son más adecuados para un entorno universitario.

5.5.1

Las oportunidades se encuentran en un mercado de trabajo considerablemente ampliado, que es especialmente importante para los expertos altamente cualificados, tanto desde el punto de vista personal como económico. En este sentido hay que subrayar la importancia de una «europeización» de la investigación profesional para alcanzar el objetivo de la Comisión, respaldado también por el Comité (29), de crear «un conjunto de recursos materiales e infraestructuras optimizado a escala de Europa».

5.5.2

Los riesgos están vinculados, por un lado, al adecuado reconocimiento de la experiencia profesional adquirida en otro Estado miembro de la UE (distinto al de origen) en el mercado nacional, con vistas a aprovecharla para seguir avanzando profesionalmente; por otro, a la persistente falta de compatibilidad, transferibilidad y reconocimiento de los distintos elementos de la seguridad social (como el seguro de enfermedad, el seguro por discapacidad laboral, los derechos a pensión y, en particular, el reconocimiento de los años de servicio computables para el cálculo de la pensión).

5.5.3

Para ello, son necesarias medidas encaminadas a garantizar que los cambios de empresa, lugar de residencia o Estado miembro, puesto de trabajo en institutos públicos de investigación en distintos Estados miembros, industria, etc., que se experimentan a lo largo de la carrera y que son deseables y caracterizan la carrera de investigador europeo no repercutan de forma negativa en los requisitos mencionados, como hasta ahora ha sido el caso.

5.5.4

Así pues, hay que elaborar y aplicar soluciones concretas, si se desea lograr el objetivo mencionado en la Comunicación de la Comisión.

5.5.5

Por ello, es necesario, paralelamente a la puesta en práctica de programas de investigación, adaptar a las condiciones características de la carrera de investigador europeo los salarios, la legislación relativa a las pensiones de jubilación, los seguros de enfermedad, los gastos de transporte de mobiliario y enseres, los de agentes inmobiliarios, los gastos de renovación y adquisición de inmuebles, la educación de los hijos, la cohesión familiar, el desempleo y seguro de invalidez, etc., así como las correspondientes cuestiones fiscales (30). Muchas de las normativas en vigor (por ejemplo, los impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles) son directamente contrarias a la movilidad.

5.5.5.1

En particular, debería crearse un sistema europeo de planes de pensiones —o, en caso de que ya se haya elegido uno, ponerse en práctica—, de modo que los derechos adquiridos se mantengan plenamente o se puedan transferir sin que ello suponga un perjuicio integral con el cambio de empresa y de Estado miembro.

5.5.5.2

Un problema general y de amplio alcance lo plantea con frecuencia la actividad profesional del cónyuge o pareja. A fin de no poner en peligro el entorno familiar, se debe procurar crear o reconocer también para la pareja oportunidades laborales y profesionales adecuadas. A este respecto, es necesario desarrollar una estrategia oficial (31).

5.5.6

Esto viene reflejado del siguiente modo en la Comunicación de la Comisión: «Por último, el fomento de la dimensión europea en las carreras de I+D debe integrarse en un marco jurídico estructurado y coordinado a nivel europeo por el que se garantice a los investigadores y a sus familias un elevado nivel de seguridad social y se reduzca al mínimo el riesgo de perder los derechos de seguridad social ya adquiridos (Nota del Comité: convendría especificar que convendría eliminar ese riesgo). En este contexto, los investigadores deberían poder ser beneficiarios de las iniciativas en curso dentro de la UE para modernizar y simplificar la coordinación de los sistemas de seguridad social... En este marco, deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas de los investigadores y sus familias.»

5.5.7

El Comité, no obstante, recomienda en tanto no se logren estos objetivos y no entren en vigor las normativas pertinentes, desarrollar los programas de movilidad en cuestión y sus disposiciones de tal modo que no sólo se compensen las actuales desventajas, sino que además se creen incentivos adicionales y de amplio alcance. Incentivos de este tipo son necesarios para hacer atractiva la carrera de investigador europeo, incluso para los investigadores mejor cualificados, y posiblemente para atraer o recuperar de nuevo a científicos de, por ejemplo, Estados Unidos.

5.5.8

A fin de que la ampliación del limitado mercado laboral (para científicos e investigadores en busca de empleo), en el marco de la realización de un espacio europeo de la investigación, sea todavía más eficaz, el Comité recomienda a la Comisión modificar y perfeccionar su plataforma de Internet (32), de modo que reagrupe, de manera ordenada y suficientemente detallada, todas las ofertas de empleo y vacantes para institutos o proyectos de investigación y universidades, así como en empresas de la UE. (Esto debería consagrarse asimismo en la Carta). El Comité propone a tal fin entablar contactos con las instituciones de los Estados miembros que se ofrezcan a llevar a cabo esta tarea.

5.6.1

Para dar a un estudiante la posibilidad de realizar una tesis doctoral, es requisito habitual que el candidato haya finalizado sus estudios científicos con muy buenos resultados.

5.6.2

Por tanto, la tesis doctoral puede entenderse, por un lado, como una etapa adicional y complementaria de la formación universitaria pero, por otro lado y fundamentalmente, como un certificado de aptitud de alto nivel para poder emprender una carrera de investigador independiente.

5.6.3

Además, una tesis doctoral proporciona una serie de cualificaciones generales relevantes, como la capacidad de realizar una investigación en profundidad o de exponer con claridad circunstancias particularmente complejas por escrito u oralmente, así como, en el ámbito de las ciencias naturales y técnicas, trabajar en un entorno internacional gracias al uso del inglés.

5.6.4

Los doctorandos, en su calidad de «bases» (33) de la investigación universitaria, contribuyen de manera esencial e indispensable a las actividades de investigación y, por tanto, al objetivo declarado de universidades y centros de investigación similares.

5.6.5

Por ello, estos investigadores exigen de forma justificada, aunque por lo general no se atiendan suficientemente sus demandas, que esta actividad (34) sea reconocida como actividad profesional plena (remuneración, prestaciones sociales).

5.6.6

Una particularidad inevitable de la actividad de doctorado es una determinada dependencia con respecto al director de tesis, en cuyas manos está también la responsabilidad de evaluar el trabajo.

5.6.6.1

La función y el objetivo del director de tesis, sin embargo, no deberían ir hasta el punto de coartar la independencia del trabajo realizado por el doctorando, que es el criterio que debe regir.

5.6.6.2

A pesar de todo, la función y la misión del director de tesis son generalmente muy útiles, pero en ciertos casos pueden derivar en posibles abusos, que se deben en particular a la remuneración insuficiente, y que por ello dan lugar, por ejemplo, a exigencias desmesuradas en interés del director y a una demora excesiva para obtener el grado de doctor.

5.6.7

El Comité, por tanto, recomienda a la Comisión que elabore un código de conducta sobre el papel y el trato de los doctorandos y recoger sus resultados en la Carta.

5.6.8

La Comisión, en su Comunicación, indica además que «las empresas se muestran deseosas de emplear a investigadores sin título de doctor, pues consideran que los doctores están demasiado especializados (35)».

5.6.9

Aunque parezca ser cierto que, lamentablemente, la industria prefiere a los jóvenes que acaban de licenciarse, y que esto resulta ser obstáculo a la movilidad entre los centros de formación y la industria, el Comité no puede compartir este punto de vista en general. Tanto en la industria química de algunos Estados miembros como en otros sectores industriales técnicos y científicos, el doctorado, cuando no se trata ya de un criterio para la contratación, constituye habitualmente la condición sine qua non para el éxito de una carrera (esto no se aplica en general a los ingenieros que han finalizado sus estudios).

5.6.10

El doctorado constituye en todo caso una condición indispensable para poder obtener un empleo y hacer carrera en el ámbito universitario, incluidos los institutos públicos de investigación (esto no se aplica en general a los ingenieros que han finalizado sus estudios).

5.7.1

Cuando los jóvenes optan por una carrera como investigadores y deciden en qué país les gustaría trabajar más tarde, les parece importante saber si existen instituciones atractivas, centros de excelencia, para ejercer su profesión, donde puedan y quieran trabajar investigadores eminentes que sirvan de ejemplo y marquen las pautas.

5.7.2

Por consiguiente, la sociedad y la política deben velar por que existan o se creen las condiciones necesarias para desarrollar y mantener la excelencia.

5.7.3

No obstante, la excelencia y las elites son resultado de un proceso de desarrollo y de selección complejo, laborioso y prolongado, que sigue sus propias reglas y en el que intervienen numerosos factores importantes e interrelacionados.

5.7.4

Entre ellos es determinante el ejemplo sobresaliente que ofrecen investigadores de éxito particularmente destacado, el atractivo de las posibilidades operativas y estructurales, una gestión que impulse la creatividad y la riqueza de ideas, la conciencia de estar participando en los descubrimientos y en el desarrollo de novedades, así como unas expectativas fundadas de todos los interesados de que podrán desarrollar su propio potencial, aportar sus propias ideas y obtener reconocimiento por su trabajo.

5.7.5

Todo ello sólo puede desarrollarse y prosperar gracias a una formación universitaria sólida, amplia y de calidad, así como unas perspectivas de investigación que cuenten con suficientes recursos y se caractericen por un nivel suficiente de investigación fundamental.

5.8.1

El Comité acoge con satisfacción y apoya la intención de la Comisión de organizar en un futuro próximo un «Año europeo de los investigadores».

5.8.2

El Comité considera que esta iniciativa sería una buen ocasión para promover la profesión de investigador y su importancia para la sociedad y los objetivos de Lisboa, así como velar por profundizar en la comprensión mutua entre la sociedad civil y la comunidad científica.

5.8.3

El Comité recomienda también hacer partícipes de esta misión a las organizaciones interesadas en los Estados miembros, así como a las correspondientes organizaciones científicas de ámbito europeo, y manifiesta su disposición a aportar su contribución en la materia.

30.4.2004   

ES

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C 110/14

1.1

La propuesta de Decisión presentada al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo consiste en un ejercicio de codificación de la Decisión 78/774/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1978 (1), relativa a las actividades de determinados terceros países en el sector de los transportes marítimos. La Decisión anteriormente mencionada fue modificada sustancialmente por la Decisión 89/242/CE del Consejo, de 5 de abril de 1989, (2) relativa a la misma materia.

1.2

El fundamento jurídico de la versión codificada consiste en una decisión interna de la Comisión adoptada el 1 de abril de 1987 (3) y ratificada por las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Edimburgo en diciembre de 1992 (parte A del anexo 3); la codificación se realiza en virtud de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la Codificación del acervo comunitario (4); es decir, sin variación jurídica, si bien está sometida al procedimiento legislativo de adopción vigente en el momento de la codificación.

1.3

El procedimiento de adopción de la legislación codificada sobre la materia (transportes marítimos) queda establecido en los artículos 80 y 251 del TCE.

2.1

El CESE se ha manifestado en diversos dictámenes (5) sobre el fondo del problema tratado en la versión codificada, retomando sin modificaciones de fondo textos anteriores que pretendían examinar las prácticas habituales de dumping emprendidas por algunos terceros países en materia de transportes marítimos y que podían perjudicar los intereses de los transportistas comunitarios con el fin de adoptar, llegado el caso, medidas apropiadas al respecto. Por tanto, no es preciso volver a retomarlas en el presente documento.

2.2

La codificación pretende dar mayor claridad y transparencia al Derecho comunitario, puesto que se trata, en particular, de disposiciones modificadas a lo largo del tiempo y dispersas entre el acto originario y los actos de modificación posteriores. Asimismo, ofrece en el momento de la codificación una mayor seguridad jurídica para los destinatarios y usuarios del Derecho comunitario.

2.3

El Comité aprueba y apoya los esfuerzos de simplificación del acervo comunitario y, principalmente, los procedimientos de consolidación y de codificación del derecho en vigor. Dichos esfuerzos contribuyen a una buena gobernanza democrática puesto que facilitan la comprensión del acervo comunitario y su correcta aplicación.

2.4

En el caso que se examina aquí, la propuesta de codificación se apoya en una consolidación previa llevada a cabo por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. En un anexo se ofrece una tabla de correspondencias en la que se establece la correlación entre la numeración anterior y la actual de los artículos de la Decisión.

2.5

El fundamento jurídico y el procedimiento legislativo propuestos son totalmente conformes al Derecho comunitario en vigor.

2.6

El Comité aprueba y apoya, por tanto, la propuesta de codificación que se le presenta para consulta y recomienda al legislador su adopción.

30.4.2004   

ES

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C 110/16

1.1

La Directiva 96/62/CE del Consejo sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (Directiva Marco sobre calidad del aire) proporciona un marco para la futura legislación comunitaria sobre la calidad del aire.

1.2

El anexo 1 a dicha Directiva contiene una disposición para regular la calidad del aire en cuanto a su contenido de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) mediante unos criterios y técnicas para evaluar la calidad del aire ambiente. También incluye disposiciones para transmitir la información a la Comisión y al público.

1.3

Esta propuesta de la Comisión da curso a las obligaciones que impone la Directiva 96/62/CE al introducir legislación para los metales pesados mencionados en el anexo I, que se sabe o se sospecha que son carcinógenos para el ser humano y para los cuales no se han establecido umbrales de efectos adversos sobre la salud humana.

2.1

La propuesta de la Comisión reconoce que no existen medidas rentables para lograr en todas partes concentraciones que no produzcan efectos nocivos sobre la salud humana. Por tanto, no sigue estrictamente la Directiva 96/62/CE, que prevé el establecimiento de unos valores límite obligatorios.

2.2

La propuesta prevé un control obligatorio cuando las concentraciones sobrepasen los siguientes umbrales de evaluación:

Las concentraciones por debajo de estos niveles tienen unos efectos nocivos mínimos sobre la salud humana. Por tanto, sólo se exige un control indicativo de la concentración de estos metales pesados en un número limitado de lugares concretos cuando no se sobrepasen los umbrales de evaluación señalados.

2.3

Por lo que se refiere al mercurio, la Comisión considera que en su momento deberá revisarse la prueba de exposición total y que tal revisión debe insistir particularmente en la relación entre fuente y receptor y en la transformación del mercurio en el medio ambiente.

2.4

Los Estados miembros deben informar a la Comisión y al público cuando se sobrepase el valor objetivo, exponiendo las razones de ello y las medidas tomadas.

3.1

El Comité reconoce que, puesto que no existen umbrales conocidos para calcular los efectos adversos sobre la salud humana, resulta especialmente difícil establecer unos valores objetivo. Ya que estos contaminantes afectan a la salud humana y al medio ambiente a través de las concentraciones en el aire ambiente y depositándose en los medios terrestre y acuático, y dado que al depositarse en el medio terrestre pueden afectar también a la calidad y a la fertilidad del suelo y contaminar la vegetación, el Comité acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión.

3.2

El Comité coincide con la afirmación de la Comisión de que su propuesta es «ambiciosa y práctica». Por tanto, considera igualmente que es esencial la oportuna revisión de los objetivos, pues aún no se entienden muchos aspectos relativos al destino final y al comportamiento de los metales pesados y de los compuestos COP (contaminantes orgánicos persistentes), en particular el mercurio.

4.1

El Comité subraya la necesidad de reconocer que las concentraciones en el aire ambiente que se indican en la propuesta son valores medios en la UE de los Quince, que se sabe que varían geográficamente y, en el caso de determinados contaminantes, según la época del año. Por ejemplo, el BaP, compuesto HAP, tiene unas concentraciones significativamente más altas en invierno, debido al mayor consumo de combustible para las calefacciones domésticas. Como consecuencia de ello, es posible que se supere el nivel objetivo buena parte del año, aunque la media anual puede quedar por debajo del umbral.

4.1.1

También es probable que los umbrales de evaluación propuestos para los metales (y el valor objetivo para el BaP) se sobrepasen cerca de determinadas instalaciones industriales y en zonas rurales durante los meses de invierno, cuando es alta la demanda de calefacción. Por tanto, habrá diversas subpoblaciones dentro de la UE que puedan estar expuestas constantemente a una contaminación del aire ambiente superior a los límites deseables. Así pues, estas propuestas no ofrecen protección adecuada (ciertamente no a corto plazo) a determinadas partes de la población.

4.2

El Comité cree que, puesto que los datos sobre emisiones que se presentan en la propuesta de Directiva se han tomado del año de referencia 1990, la Comisión debería valorar la necesidad de incluir datos más recientes en los que se determinen las tendencias de la última década aproximadamente. De este modo también sería posible determinar posibles reducciones en los grupos de contaminantes clave.

4.3

El BaP se ha elegido como indicador de riesgo carcinógeno, aunque es sólo uno de los dieciséis compuestos HAP prioritarios que se miden habitualmente. Por ejemplo, la lista de la ONU/CEPE incluye otros tres compuestos indicadores. El CESE cree que, para garantizar la compatibilidad (y equivalencia) de la 4a Directiva de desarrollo con otros acuerdos internacionales (como el protocolo ONU/CEPE sobre los COP), debería estudiarse la inclusión de otros compuestos HAP en dicha Directiva.

4.4

El Comité cree que las fuentes de contaminación difusas, como la calefacción doméstica (importante en el caso de los compuestos HAP), son más difíciles de controlar y, en consecuencia, producen costes más elevados. Otras medidas para controlar las emisiones móviles (como mejorar la calidad de los combustibles para reducir las emisiones de partículas) contribuirán también a reducir las concentraciones en el aire ambiente. Parece que la optimización de las estufas y hornillos domésticos para controlar las emisiones de BaP sería beneficiosa para reducir la exposición, sobre todo en zonas rurales. Probablemente la mejora de las estufas actuales resulte excesivamente costosa, pero deberían establecerse especificaciones para las estufas, calderas y aparatos de calefacción nuevos, a fin de garantizar la reducción de las emisiones en el futuro.

4.5

El Comité considera indudable que es necesaria una nueva evaluación de las posibles fuentes de estos contaminantes en los diez países adherentes y que es probable que las emisiones de estos países afecte a la calidad del aire ambiente en toda Europa. Por tanto, cabe animar y, en su caso, ayudar a dichos países a cumplir oportunamente la Directiva con el objetivo de reducir al mínimo la contaminación transfronteriza.

4.6

El Comité se hace cargo de que los cálculos de la relación coste-beneficio sugieren que el precio de mejorar las fuentes de contaminación clave exigiría una considerable inversión que podría tener graves consecuencias para la industria y provocar pérdida de competitividad. Por ello, la Comisión debe garantizar, en la aplicación de la Directiva, el equilibrio entre la repercusión económica y los beneficios para la salud, aun cuando puedan ser necesarias medidas complejas para mejorar la calidad del aire, reducir la exposición y mejorar la salud humana.

4.7

El Comité cree, asimismo, que una parte importante de la aplicación de esta propuesta de 4a Directiva de desarrollo será ofrecer al público información sobre la calidad del aire de cada zona respecto a estos contaminantes. No obstante, es imprescindible facilitar también al público los instrumentos necesarios para interpretar y comprender estos datos.

30.4.2004   

ES

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C 110/18

1.1

El Comité acoge en principio favorablemente el Reglamento de la Comisión y su intento de hacer hincapié en el ámbito de la nutrición y la salud. Su aparición coincide con el momento en el que la OMS (sección europea) ha señalado que hasta un 20 o 30 % de la población adulta tiene sobrepeso y que la deficiente dieta y la falta de ejercicio físico también están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Asimismo los poderes públicos son cada vez más conscientes de que existe una relación entre la alimentación de la población y la salud y el bienestar del que gozan, así como en las repercusiones de una mala salud en la economía nacional.

1.2

La propuesta de Reglamento sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos aparece además en un momento en que los medios de comunicación están concediendo gran importancia a la dieta alimentaria, las dietas de adelgazamiento y las medidas de sensibilización sobre la salud, con consumidores que necesitan más que nunca una información precisa y documentada que les permita elegir y adoptar decisiones con conocimiento de causa. Para el Comité, la información y protección de los consumidores es de máxima importancia.

1.3

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Comisión ha propuesto en primer lugar, como complemento a la actual Directiva 2000/13/CE (relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios), este Reglamento en el que se establecen los criterios para los productores que de forma voluntaria deseen incluir alegaciones. De este modo, se pretende establecer una serie de condiciones equitativas en un ámbito en el que la interpretación difiere de un país a otro y ofrecer una información objetiva a los consumidores, con lo que se soluciona en alguna medida el problema de la falta de claridad a este respecto provocada por la actual Directiva sobre publicidad.

2.1

La Directiva 2000/13/CE prohíbe de modo general el uso de información que pueda inducir a error al comprador o que atribuya virtudes medicinales a los productos alimenticios. El nuevo reglamento proporciona una orientación más específica por lo que respecta a las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables. Esto se ha hecho necesario dado el creciente número de alegaciones de este carácter, algunas de las cuales resultan dudosas debido a la falta de pruebas científicas claras que las sustenten. Por otra parte, el sistema actual de etiquetado con frecuencia induce a error a los consumidores (1).

2.2

Los principales objetivos de la presente propuesta son los siguientes:

2.3

En el artículo 3 de la propuesta de Reglamento se establece que las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables no podrán:

2.4

En el artículo 4 se establece el perfil nutricional mínimo que deben respetar los productos alimenticios para que puedan figurar en ellos alegaciones nutricionales o de propiedades saludables (por ejemplo, no se permiten alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en las bebidas alcohólicas, excepto cuando se refieran a una reducción del contenido de alcohol o de energía).

2.5

Se autoriza el uso de las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables sólo si se demuestra científicamente su efecto nutricional o fisiológico benéfico, establecido mediante datos científicos actualizados de acuerdo con los avances tecnológicos y cuando el efecto sea significativo y la alegación resulte comprensible para el consumidor.

2.6

Las alegaciones de propiedades saludables deben ir acompañadas de información adicional, por ejemplo, en el caso de que hagan referencia a la dieta o al estilo de vida.

2.7

No se permitirán las alegaciones relativas a las funciones psicológicas o de comportamiento, ni sobre adelgazamiento o control de peso, ni podrán referirse a los profesionales de la sanidad ni a asociaciones benéficas. Tampoco podrá sugerirse que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento. Las alegaciones de reducción de riesgo de enfermedad estarán autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), siempre y cuando quede claro que las enfermedades poseen múltiples factores de riesgo.

2.8

En el anexo se enumeran las alegaciones nutricionales y las condiciones pertinentes.

3.1

El Comité acoge favorablemente la propuesta de una normativa europea en beneficio de la protección del consumidor y de la armonización del mercado interior. Reconoce la necesidad de abordar la cuestión de las diferentes normativas nacionales que se encuentran en vigor en la actualidad mediante códigos de buenas prácticas nacionales autorreguladores. El nuevo Reglamento proporcionará el instrumento legislativo necesario para que se garantice que se produce de forma equitativa en todos los Estados miembros el efecto directo de los resultados deseados.

3.2

No obstante, es posible que los productos importados infrinjan el Reglamento por lo que respecta a las alegaciones y el etiquetado cuando aparecen redactados únicamente en lenguas no europeas. Igualmente, se muestra preocupado por los productos no procedentes de la UE obtenidos de Internet.

3.3

El Comité hace hincapié en la necesidad de una legislación equilibrada, previsible, aplicada correctamente y —sobre todo— práctica, y manifiesta su preocupación por el hecho de que algunas disposiciones relativas a la aprobación de alegaciones puedan resultar innecesariamente complejas e incluso engorrosas. Se requieren procedimientos viables con calendarios precisos que eviten los retrasos innecesarios en el proceso de aprobación. El Comité también considera que la responsabilidad actual de la AESA podría ser excesiva.

3.4

El Comité señala que la legislación debe ir acompañada de una educación permanente de los consumidores en la que se incluya la aceptación de la responsabilidad personal. En un momento en que la obesidad en particular está aumentando progresivamente incluso en los niños más pequeños, es preciso hacer hincapié en la importancia de conseguir una dieta equilibrada sin que ello haga prescindir del disfrute de la buena comida y bebida. Esta dieta también debe ir unida al ejercicio físico. El Comité reconoce el desafío que representa hacer llegar al consumidor este mensaje fundamental de equilibrio, moderación y dirigido a evitar excesos.

3.5

No obstante, admite la necesidad de que asuman su responsabilidad y se coordinen en la medida de lo posible todas las partes afectadas: productores, distribuidores y minoristas, las autoridades tales como las encargadas de la aplicación de normativas comerciales, ministerios, organizaciones relevantes de consumidores, profesionales y sociales. El respaldo de los medios de comunicación es fundamental para ofrecer una comunicación «popular».

3.6

El Comité también destaca la necesidad de instar a cada uno de los Estados miembros a que desarrollen en los colegios programas de educación de los consumidores, integrados en asignaturas existentes, como lengua, economía familiar o ciudadanía y que comiencen a impartirse desde los niveles para los más jóvenes. Otros grupos, tales como los de personas mayores, personas con discapacidades o minorías étnicas también requieren ayuda especial ofrecida a través de las organizaciones sociales locales. Se podrían recoger ejemplos de las mejores prácticas actuales y hacer una recopilación de ellos a escala europea.

3.6.1

El Comité insta a la Comisión a que promueva campañas sobre salud y nutrición a través de su programa de salud pública.

3.7

El Comité desea hacer hincapié en el valor de una dieta general equilibrada y moderada más que en la denominación extremista de los alimentos como «buenos» o «malos». La Comisión debe precisar las propuestas del artículo 4 sobre los perfiles nutricionales para que los productores sepan exactamente dónde figuran.

4.1.

Artículo 1, apartado 2. El Comité se muestra de acuerdo con la inclusión de alegaciones relativas al servicio de restauración colectiva en hospitales, restaurantes y colegios teniendo en cuenta el gran número de consumidores implicados y la vulnerabilidad de muchos de ellos. Sin embargo, se cuestiona la viabilidad de la propuesta por lo que respecta tanto a la aplicación como a su cumplimiento.

4.1.1.

Apartado 4. El Comité hace especial hincapié en la importancia de los alimentos para necesidades nutricionales específicas de categorías de consumidores vulnerables.

4.2

Artículo 2. Definiciones. Apartado 1. El Comité se cuestiona si se pueden crear determinados nombres de marcas para expresar características nutricionales o médicas específicas con el fin de evitar la justificación de alegaciones implícitas.

4.2.1

Apartado 2. El sodio se incluye en la lista de nutrientes. Las referencias a sales y sodios son confusas y deben aclararse.

4.2.2

Apartado 3. La definición establecida es genérica y difícil de determinar. Por lo tanto, debería especificar que se hace referencia a toda sustancia que posea un efecto nutricional o fisiológico, incluidos los factores probióticos y enzimas incluidos en muchos alimentos como el yogur, la miel, etc.

4.2.3

Apartado 8. El Comité destaca que la Comisión toma su definición de «consumidor medio» del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sigue mostrando su preocupación por el hecho de que habrá muchos consumidores con escasa formación educativa y preparación alimentaria analfabetos o semianalfabetos con capacidad de lectura escasa que no puedan comprender ni las repercusiones de determinadas alegaciones, sobre todo las referidas a porcentajes, ni el etiquetado.

4.3

Artículo 4 Apartado 1. El Comité elogia el hecho de que este artículo sobre perfiles nutricionales no se presentara en el proyecto original de la propuesta. A pesar de contar con el apoyo de la OMS y los Estados miembros, la industria alimentaria lo califica como inútil e innecesariamente restrictivo por considerar que los propios consumidores deberían ser responsables de lo que seleccionan para su propia dieta. No obstante, el Comité está de acuerdo con el hecho de que los consumidores se dejan influir tan fácilmente por las alegaciones de las ventajas específicas probadas de los alimentos del tipo bajo en grasas, azúcar o sal, que pueden ignorar que dichos productos también pueden tener un alto contenido en otras determinadas sustancias no recomendables (p. ej. se compra nata para postres porque tiene un 98 % exento de grasa y sin embargo contiene grandes cantidades de azúcar que los consumidores no identifican). La propuesta de la Comisión señala que el hecho de que se destaque una «cualidad» probada de un producto y se omitan otros «defectos» puede ser cierto y preciso pero, sin embargo, induce a error a los consumidores.

4.3.1

Por tanto, el Comité insta a la Comisión a que explique con mayor claridad sus propuestas para los perfiles nutricionales como compromiso provisional para establecer límites en las alegaciones de propiedades saludables en alimentos con ingredientes en los que se ha detectado una pauta de consumo excesivo y un efecto negativo en la salud.

4.3.2

El Comité admite que se plantearán dudas con respecto a determinados productos que se encontrarán en una zona intermedia (tales como los zumos y la leche entera) para los que se requerirá una evaluación especial por parte de la AESA.

4.4

Artículo 6, apartado 3. También debería ampliarse la función de las «autoridades competentes» a las que se refiere el artículo 24, así como definir su relación con la AESA.

4.5

Capítulo 3. El Comité acepta la necesidad de que se establezcan comparaciones pero destaca que el tamaño de la letra en el que se realizan actualmente las comparaciones debería ser legible (p. ej. crema de cacahuete con la etiqueta «30 % menos de grasa» y en letra diminuta «en comparación con la marca más vendida»). Por otra parte, la propuesta debería dejar claro que los fabricantes no necesitan enumerar sustancias no contenidas en el producto (p. ej. «Este producto no contiene vitamina A ni C»).

4.6

Capítulo 4, artículo 10. El Comité acoge favorablemente las condiciones concretas que deben respetarse en las alegaciones de propiedades saludables dada la necesidad de una atención más específica con respecto a los productos cuando exista la posibilidad de que surjan contradicciones a la hora de elegir y de un mayor desconocimiento de los términos científicos. El Comité insta a la Comisión a que se asegure de que se evitan las alegaciones facilitadas sean características del producto de que se trate y no de otros productos que se emplean en combinación con él (p. ej. en algunos copos de cereales para el desayuno se indica que ayudan a mantener «los huesos sanos» cuando, en realidad, el contenido de calcio se encuentra en la leche que se añade).

4.7

Artículo 11, apartado 1 d). El Comité reconoce la función de determinadas organizaciones profesionales y benéficas. Se acoge favorablemente su contribución al ofrecer consejos de especialistas aunque no obstante, debería realizarse un seguimiento de su posible dependencia de ayudas financieras o patrocinio, puesto que es posible que aprueben alimentos únicamente por acuerdos comerciales no basados en ninguna normativa establecida ni abiertos a otras marcas del mercado. Además, deberían desarrollarse criterios relativos a la aprobación de patrocinadores.

4.8

El Comité se plantea si serían aceptables determinadas alegaciones sobre el bienestar y la salud general (p. ej. «sin colorantes») y algunas alegaciones sobre adelgazamiento si cumplen las condiciones establecidas.

4.9

Artículo 14, apartado 1 c). Al igual que en otras partes del texto, se hace referencia a la disponibilidad de documentación para el público. El Comité se muestra a favor de dicha publicidad pero confía en que se realicen esfuerzos para que pueda ser transmitida al público de manera generalizada. (Véase también el apartado 6 del artículo 15, y el apartado 2 del artículo 17).

4.9.1

Apartado 2. El Comité considera que tal vez los procedimientos de conformidad establecidos por la Comisión sean innecesariamente complejos. Podrían modificarse los requisitos previos para la aprobación y conferir una mayor responsabilidad al Registro de la AESA. Asimismo se cuestiona si no se ralentizaría el funcionamiento de la AESA a causa de estos nuevos procedimientos. Es preciso aclarar la redacción del apartado 2 y el Comité propone que únicamente se traduzcan las alegaciones a todas las lenguas oficiales de la UE. La industria requiere flexibilidad en la traducción por razones comerciales. Al igual que en el artículo 15, se pregunta si los plazos establecidos son razonables o demasiado dilatados y generan retrasos innecesarios en el proceso de aprobación puesto que los apartados 1 y 2 confieren a la AESA la disposición de los plazos.

4.10

Anexo. El Comité acoge favorablemente la inclusión del anexo que pretende aclarar las definiciones y ofrecer indicaciones prácticas a los consumidores. Reconoce la necesidad de que en una sociedad global dicho anexo se base plenamente en las recomendaciones del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También pide a la Comisión que cada una de las cláusulas sea analizada de inmediato y detalladamente por expertos (p. ej., el uso del término «natural») antes de que se apruebe el Reglamento concluyéndose así el proceso. Cuestiona la interpretación de «light/lite» (ligero) puesto que los consumidores son más propensos a entenderlo como «bajo» en lugar de «reducido» como la Comisión propone.

5.1

El Comité considera que la presente propuesta representa un gran avance por lo que respecta a la protección de los consumidores y la armonización de normativas en el mercado interior. Confía en que se produzcan avances con respecto a las alegaciones nutricionales obligatorias, aunque reconoce que no es la única solución para el problema de la comunicación con los consumidores.

5.2

Se muestra de acuerdo en general con los objetivos de la propuesta pero sugiere la necesidad de que se simplifiquen los procedimientos y se realice un estudio minucioso de los calendarios. Por otra parte, el Comité propone aquí la necesidad de determinados compromisos para equilibrar las exigencias de los consumidores de una información más documentada y las necesidades de la industria de trabajar en un mercado con menos restricciones excesivas. Hace hincapié en la importancia de la educación de los consumidores y el papel que desempeñan todas las partes implicadas a la hora de ofrecerla.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/22

1.1

Los recientes brotes de fiebre aftosa y fiebre porcina clásica han impulsado una revisión a fondo de las medidas comunitarias destinadas a prevenir la irrupción de estas enfermedades y a luchar contra ellas. Con el fin de hacer frente a la amenaza de posibles brotes en el futuro, la Comisión se propone racionalizar, reforzar y actualizar la legislación que regula la importación en la Comunidad de animales salvajes y domésticos de especies sensibles a una o ambas de dichas enfermedades.

1.2

La Directiva 72/462/CEE (1) del Consejo, de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina, ovina, caprina y porcina y de carnes frescas o productos cárnicos procedentes de terceros países, garantiza un alto nivel de protección de la salud de los animales al establecer los requisitos sanitarios generales para ciertas importaciones procedentes de terceros países. Sin embargo, y enmarcándose en el conjunto de medidas higiénicas, la Directiva 2002/99/CE (2) del Consejo, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano, sustituirá a la Directiva 72/462 en lo que se refiere a los requisitos aplicables a la carne y los productos cárnicos. Esta propuesta sobre la importación de ungulados vivos y las modificaciones de las Directivas 90/426/CEE (3) y 92/65/CEE (4) conducirán en última instancia a la derogación de la Directiva del Consejo 72/462/CEE.

1.3

En virtud de la Directiva 90/426/CEE del Consejo de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de terceros países, sólo pueden importarse en la Comunidad los équidos procedentes de los terceros países que figuren en una lista elaborada de conformidad con la Directiva 72/462/CEE. Por consiguiente, se deberán introducir modificaciones a esta Directiva para que pueda hacer frente a las nuevas exigencias derivadas del proceso de reforzamiento y actualización.

1.4

La Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo I a la Directiva 90/426/CEE, establece las condiciones para la importación en la Comunidad de ungulados que no sean animales domésticos bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos. Esta Directiva también deberá someterse a modificaciones toda vez que la nueva propuesta establece normas tanto para los ungulados salvajes, como para los domésticos. Asimismo, se necesita una modificación a la Directiva 92/65 del Consejo que refleje los criterios de la nueva propuesta para la elaboración de una lista de terceros países autorizados.

2.1

Esta Directiva establece las normas zoosanitarias aplicables a la importación en la Comunidad de ungulados vivos de las especies enumeradas en el anexo I.

2.2

La propuesta consolida en un único acto los requisitos zoosanitarios para todas las especies de animales de pezuña hendida, incluidas las disposiciones legislativas comunitarias en materia de bienestar de los animales.

2.3

La propuesta también precisa las condiciones que deben cumplirse para autorizar a un tercer país la exportación de équidos (por ejemplo, caballos) a la Unión Europea, y modifica las Directivas 90/426/CEE y 92/65/CEE en consecuencia.

2.4

El artículo 4 establece las condiciones específicas que deberán tenerse en cuenta, atendiendo también a las experiencias de importaciones previas y las auditorías en los terceros países, a la hora de elaborar una lista de terceros países autorizados.

2.5

De conformidad con los artículos 8 y 9, se proponen excepciones para permitir un margen de flexibilidad, por ejemplo, en el transporte de animales con motivo de exhibiciones y acontecimientos deportivos.

2.6

Se prevé que la Comisión efectúe inspecciones y auditorías de los terceros países para comprobar la conformidad o equivalencia con las normas zoosanitarias de la Comunidad.

2.7

Se propone extender a esta propuesta los nuevos procedimientos de comitología establecidos en el Reglamento (CE) no 178/2002 (5) por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos correspondientes.

3.1

El CESE valora satisfactoriamente la propuesta como un elemento más de la revisión que se está llevando a cabo de las medidas comunitarias de prevención y lucha contra la fiebre aftosa y la fiebre porcina clásica.

3.2

El CESE respalda la idea de consolidar en una sola Directiva la normativa que regula las importaciones de ungulados, salvajes y domésticos.

3.3

Asimismo, el CESE se muestra muy favorable a la integración en esta propuesta de los requisitos generales de la Directiva 91/628/CEE (6) del Consejo en materia de bienestar de los animales, sobre la protección de los animales durante el transporte y, en particular, en lo relativo al suministro de agua y pienso.

3.4

El CESE valora positivamente la incorporación de los nuevos procedimientos de comitología, que permiten dar una respuesta adecuada en las actuaciones sobre una base científica.

4.1

Si bien el CESE reconoce que la flexibilidad, en forma de excepciones, es algo deseable, también recalca que, en todo momento, la aplicación de dichas excepciones deberá examinarse caso por caso para no aumentar el riesgo que supone la importación de enfermedades.

4.2

El CESE reconoce la posibilidad de nuevos riesgos como consecuencia de las nuevas fronteras que conllevará la ampliación de la UE. Por lo tanto, el CESE recomienda que la Comisión facilite los recursos suficientes para la inspección y auditoría de terceros países.

5.1

El CESE apoya la propuesta de la Comisión con el fin de proteger la salud de los animales y garantizar la coherencia de la legislación comunitaria.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/24

1.1.

La Comisión propone una modificación del Reglamento no 136/66/CEE sobre las materias grasas que dejará de estar en vigor a partir del 1 de noviembre 2004. El nuevo Reglamento, aplicable al aceite de oliva y a las aceitunas de mesa, incluirá medidas relativas al mercado interior, a los intercambios con terceros países y a la promoción de la calidad en un sentido amplio. La Comisión propone que, después de un ejercicio transitorio de ocho meses en 2004, y comenzando a partir de 2005, la campaña de comercialización del aceite de oliva se inicie el 1 de julio de cada año. La Comisión propone también el mantenimiento de las actuales medidas de almacenamiento privado y la supresión de las restituciones a la producción aplicables tanto a la exportación como a la fabricación de productos alimenticios conservados en aceite de oliva. Asimismo, se reforzarán las actuales medidas relativas a la calidad y la trazabilidad.

2.1.

El CESE acoge favorablemente la simplificación legislativa que conlleva la nueva propuesta al tiempo que formula las observaciones siguientes:

2.2.

Organizaciones profesionales — Artículo 7. Las organizaciones profesionales autorizadas deberían ser sólo las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales. Entendemos que, de esta forma, los intereses de los productores y los transformadores quedarían mejor salvaguardados de lo que están actualmente con la intervención de personas ajenas al sector.

2.3.

Programas de actividades — Artículo 8. Los programas trienales destinados a mejorar la calidad del aceite de oliva, el impacto medioambiental de la oleicultura y su divulgación y promoción, deberían también poder ser llevados a cabo en terceros países y en Estados miembros productores o que se hallen en los comienzos de la producción y que sean nuevos consumidores o consumidores potenciales, como por ejemplo Francia, Australia y Perú, entre otros.

2.3.1.

El CESE considera que la promoción de la estrategia de calidad del aceite de oliva es de gran importancia para el sector, y destaca la necesidad de aumentar la dotación financiera de estas medidas, cuyo desarrollo sería más eficaz si estuviesen integradas en la respectiva OCM.

2.3.2.

El CESE llama la atención de la Comisión sobre el importante trabajo realizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) en relación con asuntos tan importantes como la promoción y la mejora de la calidad del aceite de oliva, e insiste en que, con los debidos controles, el COI siga desarrollando estas actividades.

2.3.3

El CESE considera que dentro de los programas de actividades de las organizaciones profesionales deberían incluirse acciones encaminadas a la concentración de la oferta y comercialización de aceites envasados con marca propia en la rama de la producción.

2.4.

Régimen comercial con terceros países — Artículo 11. La suspensión total o parcial de los derechos aduaneros aplicables al aceite no parece necesaria para un producto no perecedero y que goza de un mercado en crecimiento. La Comisión justifica esta medida en el considerando 14 de su propuesta, basándose en la necesidad de garantizar un abastecimiento adecuado del mercado interior, a la vez que, paralelamente, señala que las exportaciones de aceite de oliva se han duplicado en los últimos diez años.

2.5.

Restituciones a la exportación. Sería conveniente mantenerlas durante un determinado período de tiempo, hasta que se puedan evaluar las repercusiones de la presente reforma en la evolución tanto de la producción como en los precios del aceite de oliva producido en la Unión Europea. El mantenimiento de este régimen, que en la práctica no tiene ninguna repercusión dado que desde 1998 las restituciones han estado reducidas a cero, permitiría, sin embargo, su activación en caso de graves perturbaciones del mercado derivadas de la presente propuesta, permitiendo con ello garantizar la competitividad del aceite de oliva comunitario en el mercado mundial.

2.6.

Ayudas al almacenamiento privado. Este sistema, que ha resultado poco eficaz por la falta de adaptación a la realidad del mercado, debe ser un sistema ágil de activación automática, destinado únicamente a resolver crisis graves del sector. Igualmente es necesaria la actualización de los precios de desencadenamiento en función de las referencias actuales de precios.

2.7.

Normas de calidad. El CESE vuelve a insistir en la necesidad de la total prohibición, dentro de la UE, de la mezcla de aceite de oliva con otros aceites de origen vegetal (1).

2.7.1.

La dificultad técnica de analizar y controlar las mezclas, comprobando el porcentaje de aceite de oliva incorporado y su calidad, impide la verificación del cumplimiento estricto del artículo 6 del Reglamento 1019/2002, lo que permite fraudes que contribuyen únicamente a deteriorar la buena calidad y la imagen del aceite de oliva, además de perjudicar a los consumidores.

2.7.2.

La incorporación de aceites alimentarios en mezclas con aceite de oliva no solo penaliza a este alimento de alta calidad sino que induce al consumidor a adquirir un producto que desde el punto de vista de la calidad alimenticia es evidentemente inferior al aceite de oliva.

2.8.

Denominación de origen. En defensa y promoción de la calidad, el CES insiste también en que el origen del aceite de oliva debe determinarlo el lugar de origen de la aceituna.

2.9.

El CESE desea llamar la atención de la Comisión y de los países productores sobre la grave situación en que se encuentra el subsector del aceite de orujo de oliva como consecuencia de la llamada crisis del benzopireno que, desde su inicio en julio de 2001, ha ocasionado elevadas pérdidas en el sector que se han reflejado en una disminución del 70 % del precio y 50 % del consumo respecto de los niveles anteriores a la crisis.

2.9.1.

El CESE pide a la Comisión que fije los contenidos máximos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPA) en el aceite de orujo de oliva, asunto que está pendiente desde hace más de dos años y que está causando graves perjuicios en el sector.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/26

1.1

El CESE acoge con gran interés la comunicación de la Comisión titulada «Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un plan de acción europeo». El CESE ha subrayado en múltiples dictámenes que el éxito del Año Europeo de las personas con discapacidad ha de evaluarse en función de sus resultados concretos. Esta comunicación ofrece un buen marco para el seguimiento del Año Europeo de las personas con discapacidad.

1.2

Las personas con discapacidad (1) constituyen el 10 % de la población, porcentaje que aumenta a medida que van envejeciendo nuestras sociedades y que, en una Europa ampliada, equivale a 50 millones de personas. Si a esta cifra se añaden los familiares de las personas con discapacidades, resulta evidente que no se trata ya de un pequeño grupo de población minoritario.

1.3

Durante este año el CESE se ha centrado aún más en las cuestiones relacionadas con la discapacidad. La elaboración de un dictamen acerca de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2), la organización de dos seminarios dedicados al empleo de los discapacitados y a la evaluación del Año Europeo, la preparación de una nota explicativa sobre la integración de las discapacidades en los trabajos del CESE y la organización de una exposición de obras de pintores discapacitados en la sede CESE son algunas facetas de dicha labor. La cooperación entre el CESE y el Foro europeo de las personas con discapacidad, así como otras organizaciones, ha seguido resultando muy útil.

1.4

El CESE considera que el Año Europeo de las personas con discapacidad ha contribuido a sensibilizar más a la sociedad acerca de la situación de los discapacitados. Llamar la atención sobre la necesidad de plantear las cuestiones relativas a la discapacidad basándose en sus derechos fue uno de los objetivos principales del Año Europeo. Hay que observar, no obstante que las distintas iniciativas nacionales consistentes en elaborar normativas adicionales para proteger a los discapacitados frente a la discriminación acrecienta las diferencias entre los Estados miembros. Dichas diferencias cada vez mayores no sólo menoscaban el concepto de Europa social sino que constituyen además obstáculos adicionales para la existencia de un verdadero mercado interior.

1.5

La iniciativa de las Naciones Unidas de auspiciar la firma de una convención temática sobre los derechos de los discapacitados ha contribuido a que se reconozca que la cuestión de la discapacidad corresponde al ámbito de los derechos humanos.

1.6

Se prevé que en la nueva Constitución Europea se haga referencia de manera más contundente a las cuestiones relativas a la discapacidad, incluida una disposición que requiera la integración de medidas anti-discriminación en todos los ámbitos políticos. El potencial de esta nueva disposición requiere un análisis más detallado.

1.7

El CESE acoge con enorme satisfacción la próxima incorporación al Tratado de la UE de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, habida cuenta en particular de que su artículo 21 que prohíbe la discriminación, entre otras, de las personas con discapacidad y de que su artículo 26 relativo a la integración de las personas con discapacidad se reconoce la necesidad de adoptar medidas destinadas a garantizar su independencia, su integración social y profesional así como su participación en la vida de la comunidad.

1.8

Los nuevos datos publicados por Eurostat relativos al empleo de los discapacitados indican que el 78 % de las personas con discapacidad grave en edad laboral están excluidas de la población activa frente al 27 % en el caso de las personas sin discapacidad. Refiriéndose a la población activa, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad grave es casi dos veces mayor que la de los no discapacitados. Sólo el 16 % de las personas que sufren limitaciones laborales reciben ayuda para trabajar (3). El desglose de estas estadísticas por sexos señala que la situación es aún peor para las mujeres con discapacidades.

2.1

El CESE se congratula de que coincidiendo con del Año Europeo de las personas con discapacidad se haya presentado un plan de acción concreto para el período 2004-2010. Sin embargo, debe subrayarse que dicho plan de acción es escasamente ambicioso y que el CESE propone por ello que se tenga en cuenta la incorporación de algunos elementos, si fuera posible, ya durante la primera fase del plan de acción o, de no ser así, en el período posterior a 2005.

2.2

En un dictamen anterior (4) el CESE sugirió poner en marcha un método abierto de coordinación de las políticas en materia de discapacidad. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción la propuesta recogida en la Comunicación de la Comisión de elaborar informes bienales sobre las cuestiones de discapacidad. El CESE considera que dichos informes deben basarse en directrices comunes para poder efectuar una evaluación comparativa entre los distintos países. Aunque el empleo es obviamente una prioridad para las personas discapacitadas, los referidos informes han de cubrir además otros ámbitos políticos y, en todo momento, deberán regir aquellos principios y objetivos encaminados a lograr la inclusión social y la plena participación de las personas con discapacidades en la sociedad. El CESE propone que se presenten al Consejo de empleo y de asuntos sociales los resultados de los informes bienales. Se considera de importancia vital que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad de ámbito nacional y comunitario se impliquen en tal proceso.

2.3

El CESE acoge con satisfacción las referencias que hace la Comisión en su Comunicación al proyecto emprendido por el Foro europeo de las personas con discapacidad destinado a potenciar el papel de las organizaciones de los diez países candidatos a la adhesión. Para alcanzar los objetivos de dicho proyecto, al CESE le gustaría que durante un período transitorio se prestara especial atención a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en los diez países adherentes. Las medidas de que se trata deberían permitir que dichas organizaciones estén mejor informadas y por lo tanto lleguen a ser realmente activas en materia de aplicación de las políticas de la UE en favor de los discapacitados. Es preciso reforzar el apoyo a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad de los países candidatos que no entrarán en la UE en mayo de 2004.

2.4

El CESE acoge con satisfacción la propuesta que hace la Comisión en su Comunicación de que se elabore un documento de trabajo sobre la manera de integrar la discapacidad en todas las Directrices para el Empleo. Para completar lo anterior, el CESE propone el establecimiento de un mecanismo apropiado de supervisión para elaborar recomendaciones específicas destinadas a cada Estado miembro sobre la integración de las cuestiones relativas a la discapacidad. A este respecto, es necesario considerar prioritario el empleo de las personas con discapacidad en un mercado laboral abierto –incluida la contratación de discapacitados por entidades y organismos públicos–, a la vez que se deberán adoptar medidas especiales en favor del empleo de las personas con discapacidad en las zonas rurales. Los interlocutores sociales desempeñan una función de vital importancia en este proceso. Habida cuenta de la evolución demográfica de nuestras sociedades, el aumento de los índices de empleo entre las personas con discapacidad podría tener una enorme repercusión positiva también desde el punto de vista económico.

2.5

El CESE acoge con satisfacción la propuesta que hace la Comisión en su Comunicación de utilizar los Fondos Estructurales para fomentar la integración social de discapacitados. Ello debe hacerse con arreglo a un doble planteamiento. Por una parte, deben financiarse proyectos específicos en materia de discapacidad y, por otra, todos los proyectos que pretenda financiarse con cargo a los Fondos Estructurales tienen que cumplir determinados criterios obligatorios de accesibilidad. Es preciso incluir tal doble planteamiento en el nuevo Reglamento de la UE sobre los Fondos Estructurales, que la Comisión Europea tiene previsto presentar en mayo de 2004. El actual proceso de revisión de los Fondos Estructurales deberá lograr, entre otros resultados, el reconocimiento de la discapacidad y de los discapacitados como un ámbito fundamental y un grupo destinatario que, independientemente de las nuevas perspectivas financieras, deberán tenerse presentes tanto a escala comunitaria como en los Estados miembros.

2.6

El CESE ha supervisado en detalle el proceso de elaboración de las nuevas directivas de la UE sobre contratación pública (5). El potencial de la contratación pública para fomentar el empleo de los discapacitados, la accesibilidad en los transportes públicos y en los inmuebles, así como la producción de bienes y servicios accesibles es enorme. El CESE acoge por tanto con satisfacción el compromiso de crear un juego de herramientas para facilitar la inclusión de criterios de accesibilidad para las tecnologías de la información y la comunicación en las convocatorias de contratos públicos, a la vez que propone ampliar esta práctica a otros productos y servicios.

2.7

El CESE subraya las implicaciones negativas de no adaptar los ordenamientos de la mayoría de los Estados miembros de la UE a la Directiva europea no 2000/78 sobre igualdad de trato en el lugar de trabajo. El CESE exhorta a la Comisión Europea a utilizar todas los medios disponibles frente a los Estados miembros que no apliquen la Directiva o que lo hagan incorrectamente. Es preciso además emprender medidas destinadas a aumentar la capacidad de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, de los interlocutores sociales y del sistema judicial para garantizar la aplicación efectiva de la Directiva.

2.8

En varios dictámenes anteriores (6), el CESE solicitó que se elaborase una directiva específica sobre discapacidad basada en el artículo 13 del Tratado de la UE para combatir la discriminación de los discapacitados en todas los aspectos de la vida. El CESE está profundamente decepcionado por ello habida cuenta de que en la comunicación comunitaria no se hace referencia alguna a dicha iniciativa. Aun siendo consciente de las dificultades existentes para emprender actualmente con éxito dicha iniciativa, el CESE esperaba que se reconociera al menos la necesidad de adoptar tal Directiva, así como de realizar determinadas acciones preparatorias para preparar el camino.

2.9

El CESE considera que la referida Directiva garantizaría en la Unión Europea un nivel mínimo de protección contra la discriminación en todos los ámbitos. Al contemplar asimismo el acceso a los bienes y servicios, contribuiría además a conseguir un mercado único más eficiente.

2.10

El CESE reconoce que los medios de comunicación de masas pueden contribuir mucho a mejorar la visión que de los discapacitados tiene la sociedad. El CESE acogería con satisfacción el establecimiento de una red europea centrada en los medios de comunicación y las discapacidades, que ayudaría a que los medios dieran mejor cobertura informativa a los discapacitados, promoviendo, entre otros aspectos, el intercambio de mejores prácticas entre los propios medios de comunicación. La Broadcasting and Creative Industries Disability Network (Red de industrias audiovisuales y creativas de personas con discapacidad) del Reino Unido podría servir de modelo.

2.11

El CESE acoge con satisfacción que se preste especial atención al plan comunitario de acción sobre la accesibilidad. No obstante, el CESE considera que las propuestas realizadas no permitirán alcanzar adecuadamente el objetivo. Es preciso establecer un marco político apropiado, que ofrezca incentivos económicos a las empresas para que sus locales y servicios pasen a ser accesibles. Ello debería completarse con campañas de sensibilización dirigidas a las empresas para mostrar el peso que tienen los discapacitados como consumidores. Cuando sea necesario, dichas medidas deberán reforzarse con una legislación de obligado cumplimiento que convierta en obligatorias a las normas sobre accesibilidad.

2.12

El CESE acoge con satisfacción el informe presentado por el grupo de expertos sobre el acceso al entorno construido y solicita que la Comisión Europea aplique todas sus recomendaciones, en especial las referidas a la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción. El CESE también está de acuerdo en que se emprenda la acción seguimiento del estudio sobre los criterios armonizados para una buena accesibilidad de los lugares turísticos (7). El CESE recuerda que la existencia de una legislación adecuada y el uso apropiado de los fondos públicos constituyen la clave para alcanzar el objetivo de la accesibilidad de los lugares turísticos.

2.13

El CESE también acoge con satisfacción el informe sobre los dispositivos de ayuda técnica que presentó recientemente la Comisión Europea y espera con interés la aplicación de sus recomendaciones, teniendo en cuenta especialmente el mercado único, así como la necesidad que tienen los Estados miembros de aumentar la transparencia en todo lo relativo a los productos y los sistemas de reembolso.

3.1

El CESE subrayó en sus dictámenes anteriores la necesidad de integrar la dimensión de la discapacidad en todos los ámbitos políticos. Acoge por tanto con satisfacción la nueva línea presupuestaria que financiará próximamente un proyecto experimental sobre la integración de las acciones de discapacidad como iniciativa de seguimiento del Año Europeo de las personas con discapacidad. El CESE considera que dicho proyecto experimental representa un primer paso hacia el establecimiento de un programa de acción específico sobre discapacidad centrado en la integración de la discapacidad en todos los ámbitos políticos relevantes.

3.2

El CESE sugiere que se emprendan algunas acciones conforme al referido proyecto experimental, a saber:

3.3

El CESE espera con interés la publicación del próximo Libro Verde sobre la no discriminación y subraya la necesidad de que se adopte un compromiso claro sobre una directiva específica en materia de discapacidad.

3.4

El CESE acoge con satisfacción la implicación de grandes empresas europeas en el Año Europeo de las personas con discapacidad. No debe subestimarse su función de catalizadores respecto de otras empresas. A tenor de su dictamen anterior, el CESE acogería con satisfacción el establecimiento de una red europea centrada en la actividad empresarial y la discapacidad como uno de los resultados concretos del Año Europeo de las personas con discapacidad. Esta red podría contribuir a mejorar la legislación con el fin de aumentar el empleo de personas discapacitadas y la producción de bienes y servicios accesibles, mejorando así la situación de las empresas ante la cuestión de la discapacidad. La red podría además asesorar eficazmente a las nuevas empresas interesadas en intervenir más activamente en materia de discapacidad, con un especial esfuerzo por lo que respecta a las PYME.

3.5

El CESE acoge con satisfacción la campaña emprendida por la Confederación Europea de Sindicatos y sus miembros. El CESE subraya la trascendencia del cometido de los sindicatos y los anima a seguir centrándose en las cuestiones de discapacidad.

3.6

En todos sus dictámenes anteriores, el CESE destacó la importancia de la implicación de organizaciones representativas de las personas con discapacidad en todos los niveles de elaboración de políticas. Todas las instituciones de la UE reconocen el carácter representativo del Foro Europeo de las Personas con Discapacidad y debe por consiguiente atribuírsele un estatuto especial. Un Foro de este tipo, fuerte e independiente, que actúe como supervisor es una de las mejores garantías de que todas las iniciativas de la UE sigan respetando los derechos de los discapacitados.

3.7

El Foro Europeo de las Personas con Discapacidad no podría cumplir su cometido sin sus miembros nacionales y europeos. Por ello, la ayuda financiera que proporciona la Comisión Europea a las organizaciones europeas que se dedican a las discapacidades específicas y están integradas en el Foro es de importancia vital y debe mantenerse. La diversidad de los movimientos existentes en materia de discapacidad sólo puede preservarse si se proporciona ayuda financiera a las distintas organizaciones europeas dedicadas a discapacidades específicas.

3.8

El CESE desea que se establezca una estructura de supervisión del plan comunitario de acción. La participación de todos los socios relevantes de dicha estructura de supervisión, incluido el Foro Europeo de las Personas con Discapacidad, es esencial para garantizar el éxito del plan de acción. El CESE aspira a formar parte de dicha estructura de supervisión.

3.9

El CESE acoge con satisfacción la contribución del Año Europeo de las personas con discapacidad para lograr la inclusión de la discapacidad en los nuevos órdenes del día políticos, al igual que las cuestiones relativas a la juventud y la cultura. Buen ejemplo de ello es la Resolución del Consejo titulada «Accesibilidad de las infraestructuras y de las actividades culturales para las personas con discapacidad» (8). El CESE subraya la importancia de cerciorarse de que todos los proyectos financiados en las áreas de cultura, juventud y educación con fondos de la UE cumplen los criterios de accesibilidad.

3.10

El nuevo programa de trabajo de la Comisión Europea para 2004 recoge varias iniciativas que atañen a los discapacitados y del compromiso de integrar la dimensión de la discapacidad debe llevar incluir en dichas iniciativas referencias adecuadas a las personas con discapacidad. Algunas de tales iniciativas son:

3.11

El CESE acoge con satisfacción las referencias al Grupo de Alto Nivel sobre la discapacidad y considera que debería consolidarse el papel que dicho grupo desempeña. La participación del Foro Europeo de las Personas con Discapacidad en las reuniones del referido Grupo ha de ser permanente, como es el caso del comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los interlocutores sociales de ámbito comunitario también deberían ser implicados en el trabajo del Grupo de Alto Nivel.

3.12

El CESE solicita que, en cualquier trabajo que se emprenda en el futuro en el ámbito de los derechos humanos, se consideren específicamente los derechos de las personas con discapacidades. El CESE aguarda con interés los resultados del estudio que se encuentra actualmente en fase de elaboración sobre la situación de las personas discapacitadas en las instituciones de alojamiento, que deberá ofrecer no solamente una perspectiva general de la situación, sino también propuestas concretas de medidas alternativas a escala comunitaria en favor de este amplio colectivo que componen los discapacitados.

3.13

El CESE acoge con satisfacción el documento que recoge las directrices sobre la cooperación al desarrollo y la discapacidad que se presentó en marzo de 2003 y que se preparó en cooperación con el Foro europeo de las personas con discapacidad y el International Disability and Cooperation Consortium. El CESE exhorta a la Comisión Europea a aplicar el contenido de dicha nota explicativa para asegurarse de que los discapacitados acceden a los fondos de cooperación al desarrollo, también en situaciones de urgencia y de ayuda humanitaria.

3.14

El CESE se compromete a seguir centrándose en las cuestiones de discapacidad. Los esfuerzos realizados por el CESE para garantizar la accesibilidad total de sus nuevos locales y servicios demuestran el compromiso real del CESE, que desea ser un ejemplo en materia de salvaguarda y desarrollo de los derechos de los discapacitados y de sus familias.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/30

1.1

La propuesta sometida a examen forma parte de la estrategia de la Comisión en materia de impuesto de sociedades que fue presentada en 2001 (1), en la que señalaba una serie de obstáculos fiscales a la actividad económica transfronteriza en el mercado interior y anunciaba su intención de eliminarlas a corto y más largo plazo.

1.2

Dicha estrategia prevé una serie de medidas específicas relativas, por ejemplo, a la extensión de las directivas sobre los dividendos, los intereses y cánones y las fusiones, la compensación transfronteriza de las pérdidas, los precios de transferencia y los convenios en materia de doble imposición.

1.3

La Comisión considera que, a más largo plazo, se debe dotar a las empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para el conjunto de sus actividades a escala comunitaria, de modo que puedan evitarse operaciones ineficaces y costosas que son consecuencia de la coexistencia actual de quince (pronto 25) normativas fiscales diferentes.

1.4

En su Dictamen sobre la «Fiscalidad directa de las empresas», aprobado en 2002 (2), el CESE respaldaba las propuestas de la Comisión Europea destinadas a suprimir, a corto plazo, todo tipo de doble imposición y otros obstáculos fiscales con que se enfrentan las empresas que ejercen actividades transfronterizas en el mercado interior.

1.5

En cuanto a la estrategia a más largo plazo, el CESE aprueba la ambición de un mercado interior sin obstáculos fiscales, pues estima que éste no puede ser sino un medio para lograr establecer unos principios comunes que favorezcan un mercado interior en el que prevalecería una competencia leal. Estos principios comunes también deberían favorecer los objetivos de simplificación, competitividad y creación de empleo.

1.6

En noviembre de 2003 (3) se hizo un primer balance de la estrategia adoptada por la Comisión Europea en 2001. En él, la Comisión concluye que, tras dos años de trabajo, su estrategia en dos niveles sobre la fiscalidad de las empresas sigue ofreciendo el mejor enfoque para hacer frente a los problemas que se plantean en el mercado interior, y considera que ha llevado a cabo debidamente las acciones e iniciativas prometidas. Esta conclusión fue confirmada con ocasión de la Conferencia europea sobre la fiscalidad de las empresas celebrada en Roma los días 5 y 6 de diciembre de 2003. (4)

2.1

Entre los objetivos a corto plazo que la Comisión Europea se ha fijado en su estrategia de octubre de 2001 en materia de fiscalidad de las empresas figura la adopción de propuestas destinadas a actualizar las directivas sobre matrices y filiales y sobre fusiones, así como a ampliar su ámbito de aplicación.

2.2

Lo mismo ocurre con la adopción y la consiguiente actualización de la propuesta de Directiva sobre intereses y cánones, que estaba incluida en el «paquete fiscal» formado por el Código de buena conducta, la Directiva sobre el ahorro y la Directiva sobre intereses y cánones.

2.3

La propuesta de Directiva por la que se actualiza la Directiva sobre matrices y filiales fue adoptada por el Consejo ECOFIN del 22 de diciembre de 2003. El texto definitivo de la misma se publicó en el Diario Oficial el 13 de enero de 2004 (5).

2.4

La Directiva sobre intereses y cánones se aprobó el 3 de junio de 2003 (6) y deberá transponerse a las legislaciones nacionales antes del 1 de enero de 2004. Con vistas a su actualización, el 30 de diciembre de 2003 (7) la Comisión publicó una propuesta de Directiva por la que se pretende, en particular, incorporar las importantes mejoras aportadas al ámbito de aplicación de la Directiva sobre matrices y filiales.

2.5

Así pues, la propuesta de Directiva sobre las fusiones es la última de las tres propuestas que deberá ser adoptada por el Consejo. Su elaboración se ha basado en un trabajo de consulta importante y destacado, que ha permitido identificar el conjunto de los problemas fiscales vinculados a las reestructuraciones transfronterizas.

3.1

La Directiva en vigor (90/434/CEE) prevé el diferimiento de la tributación de las plusvalías resultantes de las reestructuraciones transfronterizas de sociedades efectuadas por medio de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones.

3.2

Este régimen de diferimiento de la tributación garantiza la neutralidad fiscal de las operaciones de reestructuración, bajo la forma de una exoneración temporal: la imposición sobre las plusvalías se aplaza hasta una cesión ulterior de los activos aportados. Por ello:

3.3

Así pues, esta Directiva de 23 de julio de 1990 permite ya remediar, en algunos casos, el obstáculo transfronterizo que supone la elevada carga fiscal derivada de la reestructuración de sociedades, al garantizar que una operación transfronteriza no resulte en una deuda tributaria más elevada que si la operación se hubiese realizado en el interior de un Estado miembro.

3.4

La propuesta de modernización de esta Directiva sustituye a una propuesta de 1993 que la Comisión retiró en su día. Su objetivo es ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva y mejorar los métodos previstos para el diferimiento de impuestos, preservando, al mismo tiempo, los intereses financieros de los Estados miembros. Además, la propuesta completa otra propuesta de décima directiva en materia de derecho de sociedades destinada a facilitar las fusiones entre sociedades de Estados miembros diferentes.

3.5

Los principales elementos de la nueva propuesta de modernización de la Directiva sobre las fusiones son los siguientes:

3.5.1

La propuesta pretende adaptar la Directiva sobre fusiones de conformidad con las modificaciones introducidas en la Directiva sobre matrices y filiales, es decir:

Esta ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre las fusiones se concretiza mediante la inclusión en la lista de sociedades que figura en el anexo a la Directiva de nuevas formas jurídicas. Se trata, en principio, de la misma lista que la aprobada en el marco de la Directiva por la que se actualiza la Directiva sobre matrices y filiales, la misma que también debería aprobarse en el marco de la Directiva por la que se actualiza la Directiva sobre intereses y cánones.

3.5.2

Asimismo, la propuesta amplía el beneficio de la Directiva (régimen de diferimiento de impuestos) a las sociedades que entran dentro de su ámbito de aplicación que sean sujetos pasivos del impuesto de sociedades en su Estado miembro de residencia, pero que se consideren transparentes, a efectos fiscales, en otros Estados miembros.

3.5.2.1

Sin poner en entredicho el régimen de transparencia, la propuesta de Directiva prevé que este Estado ya no podrá someter a gravamen, con ocasión de las operaciones contempladas en la Directiva, a aquellos de sus sujetos pasivos residentes que posean una participación en dichas sociedades. Esta imposición se aplaza hasta una cesión ulterior de los activos aportados.

3.5.3

Asimismo, la propuesta amplía el ámbito de aplicación a las operaciones de escisión con canje de acciones; es decir, a las operaciones limitadas o parciales que dejan subsistir a la sociedad transmitente. Así, estas operaciones estarán sujetas al régimen de diferimiento de impuestos.

3.5.3.1

Una escisión parcial es una operación consistente en la transmisión de parte del patrimonio de una sociedad, que constituya una o varias ramas de actividad, a una sociedad beneficiaria, sin que ello comporte la extinción de la sociedad transmitente. En contrapartida, la sociedad beneficiaria emite títulos representativos de su capital, que se atribuyen a los socios de la transmitente.

3.5.4

La propuesta garantiza la neutralidad fiscal del traslado de domicilio social de una sociedad anónima europea o de una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro. Para ello prevé un régimen de diferimiento de la imposición que evitará que un traslado de este tipo tenga por consecuencia una imposición inmediata sobre las plusvalías derivadas de aquellos de sus activos que deban seguir afectados al establecimiento permanente que la sociedad poseerá a partir de ese momento en el Estado miembro de residencia anterior al traslado de su domicilio social. Este régimen fiscal se referirá, asimismo, a las provisiones o reservas constituidas por la sociedad con anterioridad a dicha operación de traslado, a la posible asunción de pérdidas y a la existencia de un establecimiento permanente en un tercer Estado miembro.

3.5.4.1

Los estatutos de este tipo de sociedades prevén expresamente esta posibilidad de traslado, con el fin de garantizar así el principio fundamental de libertad de establecimiento. Por consiguiente, es imprescindible que esta libertad no se vea obstaculizada por disposiciones fiscales.

3.5.5

La propuesta clarifica que el régimen de diferimiento de la tributación contemplado en la Directiva también podrá aplicarse cuando una sociedad decida transformar una sucursal extranjera en filial.

3.5.5.1

Para que pueda aplicarse el diferimiento de la tributación previsto en la Directiva, los elementos patrimoniales transferidos deberán quedar afectados a un establecimiento permanente de la sociedad transmitente, lo que no es el caso cuando una sucursal de una sociedad extranjera se transforma en filial de esa misma sociedad. En este caso, los elementos patrimoniales transferidos quedan afectados, de hecho, a la sociedad beneficiaria (la nueva filial). Cabe señalar, no obstante, que las operaciones de transformación de sucursales en filiales sí entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, ya que se adaptan a sus objetivos y no perjudican los derechos de imposición del Estado miembro afectado (los elementos patrimoniales permanecen bajo la misma competencia fiscal).

3.5.6

La propuesta prevé, asimismo, que se beneficien de la Directiva las operaciones de canje de acciones en las que la mayoría de los derechos de voto de la sociedad adquirida proceden de socios que no son residentes fiscales en un Estado miembro de la Unión Europea.

3.5.7

Por último, la propuesta introduce normas adecuadas para impedir la doble imposición económica debida a las diferentes normas de valoración de los elementos patrimoniales que se aplican en los distintos Estados miembros. Es el caso de las operaciones de aportaciones de activos y de canjes de acciones.

3.5.7.1

Dado que las plusvalías sobre los activos aportados podrán gravarse ulteriormente a la sociedad beneficiaria, convenía armonizar las normas fiscales nacionales de valoración de las acciones recibidas como resultado de una aportación de activos o de un canje de acciones. Por ello, se ha previsto que se atribuya a estas acciones el valor «real» que los elementos patrimoniales tenían justo antes de producirse una aportación de activos o el valor «real» que las acciones recibidas tenían antes de llevarse a cabo un canje de acciones (no obstante, se prevé una excepción para las acciones propias que la sociedad posee).

4.1

La Directiva sobre fusiones de 23 de julio de 1990 tiene por objeto garantizar una indispensable neutralidad de las operaciones de reestructuración transfronteriza de las sociedades, al tiempo que vela por que se respeten los intereses financieros de los Estados miembros.

4.2

El Comité acoge positivamente las propuestas de modernización de esta Directiva sobre fusiones que han sido formuladas por la Comisión Europea. Estas propuestas aportan mejoras indispensables y adecuadas a la Directiva de 23 de julio de 1990 y en principio no tienen ninguna consecuencia desfavorable para las empresas respecto de la situación actual. Además, no necesitan ningún nuevo requisito o formalidad fiscal para que las empresas puedan darle cumplimiento.

4.3

El objeto de la propuesta de modernización de la Directiva es perfeccionar y ampliar el régimen de diferimiento del gravamen sobre las plusvalías derivadas de operaciones de reestructuración. Así, se incluye de manera expresa un mayor número de tipos de sociedades (entre las que se encuentran la sociedad anónima europea (SE), la sociedad cooperativa europea (SCE), y las formas de sociedad generalmente adoptadas por las PYME) y de operaciones de reestructuración (como la escisión parcial o la transformación de una sucursal).

4.4

Al extender el régimen de neutralidad fiscal a la SE y la SCE e incluir la hipótesis de traslado del domicilio social, que es algo específico para el estatuto de estas dos formas de sociedad, la propuesta de Directiva facilitará la creación y la gestión de sociedades de dimensión europea, que se verán liberadas de los obstáculos vinculados a la aplicación territorial limitada de las normativas fiscales y del derecho de sociedades de los distintos Estados miembros.

4.5

Todas estas modificaciones permitirán que las empresas –entre las que se contarán, a partir de ahora, un mayor número de PYME– puedan beneficiarse plenamente de las ventajas del mercado único (gracias a una imposición equilibrada de las actividades nacionales y transfronterizas que garantizará la neutralidad de las decisiones en materia de inversión y reestructuración), lo que a su vez debería mejorar su competitividad y tener una incidencia positiva sobre la creación de empleo y la lucha contra el desempleo.

5.1

En opinión del Comité, convendría generalizar la cláusula que prevé que toda nueva forma de sociedad instituida por un Estado miembro se añadirá automáticamente a la lista aneja a la Directiva en la que figuran los tipos de sociedades de cada Estado miembro, lo que permitiría resolver los problemas que podrían plantearse en caso de no adaptarse esta lista.

5.2

Asimismo, el Comité considera esencial que la modernización de las Directivas sobre fusiones, sobre matrices y filiales y sobre intereses y cánones se efectúe de manera concordante, tanto por lo que se refiere a la definición del ámbito de aplicación (por ejemplo, la lista de los tipos de sociedades que figura como anexo a las Directivas) como a los requisitos para poder beneficiarse del régimen fiscal previsto (por ejemplo, el nivel de participación, que ha pasado a un 10 % a raíz de la modernización de la Directiva sobre matrices y filiales).

5.3

El Comité considera, asimismo, que la extensión del ámbito de aplicación (a otros tipos de sociedades y a otras operaciones de reestructuración ) no es completa, y por tanto, satisfactoria, en la medida en que:

5.4

Por último, el Comité insiste en que debe garantizarse la plena neutralidad fiscal de las operaciones de reestructuración transfronteriza, en particular por lo que se refiere a las pérdidas trasladables y la exención aplicable a las provisiones y reservas.

6.1

El Comité respalda plenamente las propuestas de modificación de la Directiva sobre fusiones que han sido formuladas por la Comisión Europea. Dichas propuestas aportan mejoras indispensables y adecuadas a la Directiva, y permitirán que las empresas –entre las que se contarán ahora la SE, la SCE y un mayor número de PYME– puedan beneficiarse plenamente de las ventajas que brinda el mercado único, lo que a su vez debería mejorar su competitividad y tener una incidencia positiva en la creación de empleo y la lucha contra el desempleo.

6.2

No obstante, el Comité pide a la Comisión que reexamine determinados aspectos esenciales sin resolver, a los que ha hecho referencia en sus observaciones específicas.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/34

1.1

En las últimas décadas, la UE ha venido adaptando y actualizando coherentemente su política en materia de preferencias comerciales en función de las circunstancias. La última revisión sustancial del sistema de preferencias generalizadas (SPG) entró en vigor el 1 de enero de 1995 y abarca un período de diez años a partir de esa fecha. Por consiguiente, tras su expiración el 31 de diciembre de 2004, será necesaria una nueva revisión.

1.2

Las directrices existentes introdujeron una serie de cambios importantes. Sustituían el enfoque tradicional según el cual se concede el acceso al mercado con franquicia de derechos de aduana para cantidades limitadas con el concepto de modulación, que establece preferencias limitadas para cantidades ilimitadas. A su vez, se introdujeron nuevas normas en materia de graduación, por las que se excluyen determinados sectores exportadores de algunos países beneficiarios.

1.2.1

Posteriormente se ofrecieron preferencias adicionales en forma de régimen especial de estímulo. Su propósito era fomentar los objetivos de:

1.2.2

Existen disposiciones para la retirada temporal del beneficio del SPG a los países que no respetan los derechos humanos, que han violado de manera grave y sistemática las normas laborales fundamentales, que han presentado deficiencias en los controles aduaneros, que se han visto involucrados en el tráfico de drogas y en actos ilícitos o prácticas comerciales desleales, que han transgredido convenios internacionales relativos a la conservación y la gestión de los recursos pesqueros o que no han cumplido otro tipo de normas. Sin embargo, se ha recurrido a esta sanción en tan pocas ocasiones que ha perdido su eficacia. El único país que está siendo objeto de sanciones de este tipo en la actualidad es Myanmar (Birmania).

1.3

Con el fin de facilitar la aplicación del SPG, en 1998 la Comisión presentó propuestas (COM(1998) 521 final) que recogían disposiciones muy diversas para los productos industriales y agrícolas en un nuevo Reglamento que entraría en vigor el 1 de enero de 1999 y que expiraría el 31 de diciembre de 2001. El CESE dio su visto bueno a las propuestas (1), que posteriormente se convirtieron en el Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo.

1.4

En 2001 la Comisión presentó una propuesta (COM(2001) 293 final) para un régimen modificado que cubriría el periodo del 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre de 2004. El CESE también dio su visto bueno a la propuesta (2) la cual se plasmaría en el Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo.

2.1

En un principio la Comisión tenía previsto publicar en septiembre de 2003 un documento donde se recogerían las propuestas del nuevo régimen que entraría en vigor el 1 de enero de 2005. Posteriormente, decidió postergar en un año la introducción del nuevo sistema y presentar una propuesta para un acuerdo provisional durante el período intermedio, la cual suponía una continuación de las actuales directrices con modificaciones relativamente poco importantes, principalmente de índole técnica.

2.1.1

La decisión de aplazar la introducción de cambios esenciales en el sistema se ha explicado, entre otros motivos, por el deseo de esperar conocer el desenlace de la ronda de negociaciones de la OMC en Doha, para no perjudicar así los resultados de dichas negociaciones. A estos factores cabe añadir la queja presentada por la India contra la UE en la OMC. También se consideró que sería apropiado postergar la introducción de las nuevas directrices hasta algún tiempo después de la ampliación de la Unión Europea con el fin de que los nuevos Estados miembros tuvieran más tiempo para adaptarse; uno de ellos, Chipre, en la actualidad es beneficiario del SPG.

2.1.2

Ahora se prevé que este período de diez años del nuevo régimen dé comienzo el 1 de enero de 2006; incluso en el caso de que la ronda de negociaciones de Doha no se aplicara antes de esa fecha, la Comisión ya ha decidido que no intentará prolongar el statu quo. El relativo fracaso de las negociaciones de Cancún no presagia nada bueno para la satisfactoria conclusión de la ronda de Doha dentro del tiempo disponible.

2.2

La propuesta de la Comisión para el periodo intermedio se publicó en septiembre de 2003 (COM(2003) 634 final) y el CESE dio, en su momento, su visto bueno a tal régimen. (3)

2.3

De acuerdo con la petición recibida del Sr. Lamy, el CESE expone sus observaciones y recomendaciones sobre cómo deben ser las directrices del nuevo y definitivo régimen de SPG que se introducirá a finales de este período provisional.

3.1

El CESE opina que los objetivos del sistema actual (tal y como se expuso anteriormente) merecen la pena y deben constituir la base de cualquier sistema nuevo que se elabore para sustituir los regímenes actuales.

3.2

Ahora el reto debe ser la creación de un sistema que asegure la eficaz aplicación de las políticas de la UE sobre estos temas.

3.3

En este contexto, el CESE constata que el régimen especial de estímulo no ha conseguido el efecto deseado. En el último recuento, sólo un país (Moldavia) se había incluido en el régimen especial de estímulo a la protección de los derechos laborales (se prevé que un segundo país, Sri Lanka, se incluya en febrero de 2004). Sin embargo, no se incluyó ninguno en el régimen especial a la protección del medio ambiente; es un signo claro de que el régimen especial de estímulo no ha actuado realmente como estímulo. Por lo tanto, el CESE considera que en el proceso de revisión se debería proceder a una remodelación fundamental de los mecanismos.

3.3.1

En un dictamen previo sobre el tema (4) el CESE señala que tal vez las propuestas de la Comisión de mejorar los regímenes no han conseguido, como se esperaba, que los estímulos resultaran atractivos para los países beneficiarios. Esto nos hace plantearnos la cuestión de si es posible incentivar a ciertos países para que se comporten de la forma deseada, dentro de las restricciones que impone el sistema modulado y sus preferencias limitadas.

3.3.2

La reducción global adicional del 3,5 %, que da como resultado una reducción total del 7,0 %, podría constituir un estímulo inadecuado comparado con las enormes sumas de dinero que se mueven en el tráfico de drogas o con el abrumador coste de la ejecución de proyectos medioambientales que supone para las arcas nacionales de los países beneficiarios.

3.3.3

No se puede olvidar la cuestión de cómo estructurar mejor los estímulos; si es preferible conceder la reducción a posteriori a un país beneficiario en reconocimiento del cumplimiento de sus regímenes o, por el contrario, a priori con el fin de alentar a los países correspondientes a adoptar las políticas necesarias. No obstante, ninguno de estos planteamientos conseguirá el efecto deseado a menos que las preferencias tengan la magnitud suficiente como para constituir un aliciente que valga la pena.

3.4

El CESE considera que, sean cuales sean las medidas adoptadas, éstas deberían ser transparentes, coherentes y no discriminatorias. Se deberían basar en normas y criterios acordados internacionalmente, si existen, incluidas las ocho normas laborales fundamentales de la OIT. También deberían ser compatibles con las normas de la OMC y con otras obligaciones contraídas mediante tratados.

3.5

En su dictamen anterior (5) el CESE señalaba que la revisión introducida en aquel momento paralizó total o temporalmente la labor de armonización y de unificación de todas las normas y procedimientos del SPG, y expresó su deseo de que se aprovechara la oportunidad de la revisión de gran alcance que tendrá lugar en 2004 para simplificar, armonizar, racionalizar, codificar, reducir y unificar el conjunto del sistema. Ahora reitera su afirmación y destaca la importancia que confiere a este tema; la simplificación es fundamental para mejorar la aplicación del SPG y para cualquier posibilidad de conseguir sus objetivos. Los regímenes existentes se caracterizan por la falta de claridad, concisión y estructura.

3.6

Uno de los factores que contribuye a la complejidad de los regímenes actuales corresponde al sistema de graduación, según el cual se pueden excluir sectores exportadores específicos de algunos países beneficiarios porque ya no se necesita ayuda para esas industrias en tales territorios y no se puede justificar su prolongación en el contexto de las ayudas a los países en desarrollo aunque se prevea mantenerlas para otras industrias en el mismo país. Si bien el CESE dio su visto bueno (6) para conservar el mecanismo de graduación en el contexto de los regímenes provisionales para el período de 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004, opina que este proceso debería revisarse como parte de una revisión más exhaustiva que debe tener lugar ahora.

3.7

En una serie de dictámenes recientes (7) el CESE ha hecho hincapié en la necesidad de que las propuestas legislativas vayan acompañadas de una evaluación de impacto detallada. Asimismo, espera que la Comisión prepare dicha evaluación de impacto de sus propuestas para revisar el SPG.

4.1

El 10 de junio de 2003 el CESE organizó en su sede de Bruselas una audiencia con representantes de la sociedad civil. Los puntos de vista expuestos en este apartado son un reflejo de las contribuciones que se hicieron por escrito y de las intervenciones en la audiencia.

4.2

La opinión general era que el sistema actual no funcionaba como debiera. Algunos de los encuestados dijeron que tenían serias sospechas sobre la ineficacia de los derechos de aduana preferenciales pero que carecían de medios para demostrarlo. Las evaluaciones del éxito del sistema resultan difíciles de realizar porque los datos disponibles son insuficientes. Otros señalaban el desequilibrio existente en el reparto de beneficios: un 75 % del volumen total de la reducción arancelaria va a los países orientales, del cual un tercio corresponde a China. Algunos expresaron su preocupación con respecto a que la mayor parte de los beneficios fuera a los países en desarrollo más avanzados y no a los países menos desarrollados. A menudo, los principales beneficiarios eran los operadores comerciales internacionales y no los Estados. Se pensaba que el efecto del SPG tenía a menudo menor peso que el de otros factores, como por ejemplo, las barreras no arancelarias.

4.3

Se detectaron varios problemas:

4.4

En cuanto a qué objetivos debería perseguir el SPG para el próximo periodo de diez años existía una gran división de opiniones. Las organizaciones sindicales se mostraban firmes en su opinión de que las normas laborales fundamentales, la protección del medio ambiente y la supresión del tráfico de drogas deberían seguir siendo una parte esencial del sistema; incluso hasta el extremo de excluir a los países que no han cumplido las condiciones sea cual sea su situación económica. Por el contrario, las asociaciones comerciales, aunque reconocían la gran importancia de estos temas, estimaban que el SPG no era un instrumento adecuado para tratar tales problemas y que el incluirlos hacía más difícil la aplicación del régimen arancelario preferencial así como provocaba una cierta inseguridad jurídica.

4.5

Algunos de los encuestados opinaban que la lista actual de países beneficiarios era incongruente porque:

Otros piensan que el PIB per capita no debería ser un criterio definitorio porque algunos países con un PIB per capita bajo tienen una posición fuerte o incluso dominante en ciertos sectores industriales del comercio mundial. Los representantes de los sindicatos alegaron que las normas laborales fundamentales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el tráfico de drogas deben ser el único criterio. Muchos de los participantes sostenían que la lista de beneficiarios debería limitarse a los 49 países de la lista de países menos desarrollados elaborada por las Naciones Unidas.

4.6

Todos estaban de acuerdo en que las preferencias básicas deben concederse a priori y las preferencias especiales –si es que se conceden– a posteriori.

4.7

Las sugerencias para la simplificación incluían:

Los partidarios de limitar los beneficiarios a los 49 países menos desarrollados señalaron que esto acarrearía inmediatamente una simplificación del sistema.

4.8

Ninguno estaba satisfecho con el funcionamiento de la cláusula de graduación y opinaban que había provocado una gran controversia. Uno de los participantes afirmó incluso que el sistema de graduación actual es totalmente ciego y opaco. Se señaló que la pérdida del estatus del SPG conduce con frecuencia a una restricción en la inversión directa extranjera en el país afectado puesto que la inversión se basa en la existencia de derechos de aduana preferenciales; por lo tanto, los países excluidos sufrían un doble castigo. Otro problema es que el periodo de referencia utilizado para actualizar la graduación dista mucho del punto de actualización; por ejemplo, el período de referencia para 2003 es 1997-1999.

4.9

Por lo general, se considera que no sólo hay una falta de coherencia en las políticas generales de desarrollo y comercio de la UE, sino que en ocasiones éstas son contradictorias. Corregir esta situación y conseguir un equilibrio adecuado entre los diversos factores que deben considerarse requerirá un enfoque coordinado por parte de todas las instituciones de la UE y la participación activa de varias Direcciones Generales de la Comisión.

5.1

El mismo cuestionario se envió a los gobiernos y a las organizaciones representativas de varios países beneficiarios, pero se recibieron muy pocas respuestas. Al considerarse que el índice de respuestas es demasiado bajo como para representar una muestra estadística representativa, los resultados se han excluido de la encuesta. No obstante, el CESE sigue comprometido en la asistencia activa a los países en desarrollo para que adquieran la capacidad de responder a peticiones de este tipo.

6.1

Dado su comienzo, escasamente prometedor, es probable que la ronda de negociaciones del GATT de Doha sea tan larga como sus predecesoras. Por lo tanto, el CESE respalda la decisión de la Comisión de proceder a la introducción del nuevo sistema que entraría en vigor el 1 de enero de 2006 y no esperar al desenlace de la ronda de negociaciones de Doha en un futuro.

6.2

La iniciativa «todo, excepto las armas» que ha lanzado la UE para los 49 países menos desarrollados significa que se han excluido del régimen de SPG. Como tienen derecho a exportar el resto de los productos (con algunas excepciones transitorias en el ámbito agrícola) a la UE en cantidades ilimitadas sin tener que pagar derechos de aduana, el SPG ya no se les aplica puesto que no se puede reducir con preferencias lo que ya se ha puesto a cero.

6.3

El SPG es un elemento de la política de desarrollo de la UE. Como tal, debe estar en armonía con los otros elementos de esta política. Los cambios del SPG han de considerarse a la luz de la estrategia de desarrollo general. Esto requerirá un alto grado de coordinación entre las direcciones generales de la Comisión.

6.4

El CESE espera que cuando se introduzca el nuevo sistema, se aproveche la ocasión para armonizar todas las normas y procedimientos del régimen.

6.5

El objetivo primordial del SPG es ayudar a los países en desarrollo a hacer crecer sus economías. No puede ser la solución a todos los problemas a los que se enfrentan los países.

6.6

Se han dirigido varias críticas al SPG existente, a saber:

6.6.1

El CESE está de acuerdo en que hay demasiados países cubiertos por el SPG. La lista actual de países que cumplen las condiciones asciende a 174, y en ella existen marcadas diferencias en cuanto al grado de desarrollo, el volumen de intercambios, el PIB per capita, el nivel de industrialización, el grado de pobreza y la adhesión a normas de responsabilidad social aceptadas internacionalmente.

6.6.1.1

Por otro lado, la lista incluye países comerciantes de suma importancia como China, India, la Federación de Rusia y Sudáfrica, que son importantísimos competidores de la UE en muchos sectores de mercado; en el lado opuesto de la escala, se hallan territorios insulares remotos con economías minúsculas como las islas Christmas, Heard, McDonald, Georgia del Sur y Sandwich del Sur; entre estos dos extremos, se encuentran paraísos fiscales como las Islas Caimán, países ricos en petróleo como Kuwait, con economías bastante desarrolladas, como Egipto, y con regímenes totalitarios como Zimbabue.

6.6.1.2

El CESE está de acuerdo con la propuesta de que el PIB no sea el único criterio utilizado a la hora de determinar la inclusión en los acuerdos SPG. También comparte las preocupaciones que se han venido escuchando en muchos círculos en cuanto a la proporción excesiva de los beneficios que se destina a los países que menos lo necesitan. Con el fin de asegurar que la ayuda bajo el SPG se centre en los países que más lo necesitan, el CESE recomienda que las nuevas directrices excluyan de la participación a los que en entren en las siguientes categorías:

6.6.1.3

Para no discriminar a los países que han suscrito acuerdos bilaterales o regionales con la UE, deberían poderse modificar los acuerdos existentes de tal modo que se plasme en ellos cualquier beneficio al que actualmente pudiesen tener derecho bajo los acuerdos SPG.

6.6.2

El CESE otorga mucha importancia al fomento del cumplimiento de normas laborales fundamentales, a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el tráfico de drogas, pero hay que tener en cuenta que el régimen de SPG actual ha resultado totalmente ineficaz a la hora de lograr estos objetivos. Se ha incluido un solo país en el régimen especial de estímulo a la protección de derechos laborales y ninguno a la protección del medio ambiente; y, por otro lado, no hay pruebas de que el régimen especial de estímulo para la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, del que se han beneficiado doce países, haya tenido algún impacto en dicho tráfico.

6.6.2.1

El CESE considera que carece de sentido prolongar un sistema que, aunque tiene objetivos admirables, ha fracasado de forma tan evidente en la práctica. Opina que se debe estudiar la posibilidad de hallar otras formas más eficaces de lograr estos valiosos objetivos. Pero si se estima que el SPG debería emplearse para este fin, entonces lo más adecuado sería hacer un mayor uso del mecanismo de retirada temporal. Hasta el momento sólo se ha recurrido a él para un país de una lista de 174, a pesar de que el incumplimiento de las normas necesarias se detecta fácilmente en diversos lugares. En muchos casos, esto se debe a que se considera poco político defender u oponerse a los regímenes de determinados países. El CESE no puede aceptar la subordinación de las cuestiones de principio a las conveniencias políticas.

6.6.2.2

El CESE recomienda que, como parte de las nuevas directrices, la Comisión dicte normas claras para la protección de los derechos laborales y del medio ambiente, la eliminación del tráfico de drogas, el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, el fomento del desarrollo sostenible, así como para otros asuntos de interés como la protección del consumidor y el bienestar de los animales. A los países que incumplen de forma grave y sistemática estas normas deben, en primer lugar, advertírseles sus infracciones para que las corrijan. Si, pese a todo, hacen caso omiso, debe presentarse una advertencia pública en la que se comunique al país que si sigue incumpliendo las normas antes de una determinada fecha, se procederá a la retirada temporal de todas las ventajas del SPG. A los países que no reaccionen ante tales advertencias se les deben retirar todas las preferencias hasta que no cumplan con las condiciones. Con el fin de obtener el efecto deseado, esto debe considerarse como una medida de aplicación rutinaria, cuando sea el caso, y no como último recurso en casos extremos.

6.6.2.3

Si existen normas aceptadas internacionalmente, como en el caso de las normas laborales fundamentales de la OIT (8), éstas deberían constituir la base de las normas de aplicación de la UE. Sin embargo, la ausencia de dichas medidas internacionales no debería constituir un impedimento a la hora de formular y aplicar las correspondientes normas de la UE. La UE tiene la facultad de exigir las condiciones que considere oportunas sobre el desarrollo del comercio preferente. La tentación de mostrar connivencia con el tráfico de drogas, de hacer la vista gorda a las violaciones de los derechos humanos y al expolio del medio ambiente es muy fuerte: es necesario proporcionar una fuerza compensatoria adecuada. Al mismo tiempo, es importante destacar el imperativo moral de estas cuestiones con el fin de hacer frente a la acusación de que dichas condiciones no son más que otra forma de barrera no arancelaria.

6.6.3

El CESE reconoce que existe un desequilibrio en la distribución de beneficios actual: los principales beneficiarios son los países de desarrollo más avanzados y no los que tienen más necesidades de ayuda. Estima que la supresión de las categorías expuestas en el punto 6.6.1.2 corregiría en cierto modo el desequilibrio. Con el fin de promover el desarrollo económico en los países pobres, las preferencias para productos deben fijarse principalmente de acuerdo con el interés en exportar del país beneficiario. Esto simplificaría el proceso considerablemente en el caso de que tuviera que realizarse una cierta reconversión de los sectores industriales y una modificación de las categorías de productos cubiertas por el sistema.

6.6.4

El CESE admite que el sistema actual de graduación es demasiado complejo y que ha producido bastante controversia y descontento, especialmente en los países sujetos a él; es obvio que necesita mejorarse, pero el CESE no está de acuerdo con los partidarios de suprimir la graduación. La graduación no debe considerarse como una sanción; se trata, más que nada de reconocer que las preferencias han funcionado y que un determinado sector industrial ha avanzado hasta el punto de no requerir más asistencia preferencial. Este es justo el caso, tal y como lo demuestra el hecho de que ocho de cada nueve industrias graduadas hasta ahora han seguido aumentando el volumen de sus exportaciones a la UE tras la graduación. La suposición de que los sectores, y los países, llegarán finalmente a esta fase es inherente al SPG.

6.6.4.1

El CESE recomienda que la graduación del sistema se simplifique, se haga más transparente y combine una evaluación económica estadística –basada en una fórmula de indicadores de mercado– con una evaluación de mercado seria del sector en cuestión. Para la DG Empresa sería beneficioso participar en este ejercicio; debería hacerse un sondeo de las opiniones de la industria europea. Asimismo, el intervalo entre el punto de graduación y el periodo de referencia ha de reducirse.

6.6.4.2

El CESE recomienda que la disposición introducida en los acuerdos provisionales, según la cual el proceso de graduación no debería aplicarse a ningún país beneficiario cuyas exportaciones a la CE representen menos del 1 % del total de las importaciones comunitarias cubiertas por el sistema comunitario de preferencias en, al menos, uno de los años de referencia, debe mantenerse en las directrices para el nuevo sistema definitivo. De hecho, considera que se debería estudiar la posibilidad de aumentar esta limitación.

6.6.5

El CESE se muestra preocupado por la incidencia del fraude y considera que se debe introducir cualquier medida capaz de reducirlo. Las normas de origen son demasiado complejas y difíciles de aplicar; inducen a confusión y requieren un conocimiento exhaustivo de una gran cantidad de textos legales; por consiguiente, constituyen una restricción para el comercio e incitan al fraude. Demasiado a menudo los países beneficiarios actúan solamente como «distribuidores» de productos de países no beneficiarios. El índice de certificados modelo A del SPG que fueron emitidos de forma incorrecta o falsificados en ciertos países de origen en los años noventa es un ejemplo de ello. Es preciso introducir un sistema eficaz de inspección, verificación y aplicación. Ello exigirá un fortalecimiento de los servicios de aduana dentro de la UE y una mejor coordinación entre ellos.

6.6.5.1

Es preciso exigir también a los países beneficiarios que intensifiquen sus controles; a todos aquellos países beneficiarios que hayan tolerado actos fraudulentos utilizando mecanismos de control ineficaces se les deberá privar de los beneficios de forma temporal. La UE asume cada año un coste de más de 2 200 millones de euros por la pérdida de ingresos en concepto de derechos de aduana con el fin de financiar el régimen SPG. A su vez, los países que participan en el régimen obtienen beneficios anuales colectivos por valor de dicha cantidad: si la UE brinda ventajas de tal magnitud, tiene derecho también a imponer en qué condiciones pueden obtenerse.

6.6.5.2

También es necesario intensificar el contacto y la colaboración entre los servicios aduaneros de la UE y de los países de procedencia. Para crear vínculos entre los funcionarios de aduanas de la UE y sus homólogos en los países en desarrollo, se requerirán seguramente compromisos financieros a escala comunitaria y centros de formación para los servicios aduaneros de estos países. Del mismo modo, es preciso tener en cuenta el elemento de seguridad de esta situación: en el contexto actual hay que reconocer que en realidad las fronteras exteriores de la UE no sólo se encuentran en los límites de los Estados miembros, sino cada vez más en el territorio de los países de los que proceden las importaciones. En la actualidad el CESE está elaborando un dictamen sobre este tema (9).

6.6.6

El CESE reconoce que la eficacia de las preferencias SPG disminuye de manera constante a causa del progresivo desarme arancelario global, resultado de las sucesivas rondas de negociaciones del GATT. Considera que esta situación es inevitable y no necesariamente indeseable. Se ha demostrado a las claras que las reducciones arancelarias globales han sido muy eficaces a la hora de estimular el comercio mundial y que el aumento del comercio mundial beneficia a todos los países comerciantes. De hecho, la evolución de este proceso es tal que las nuevas directrices, que se ha previsto que permanezcan en vigor durante un periodo de diez años, podrían ser el último sistema de reducción arancelaria convencional que aplica la UE.

6.7

El CESE opina que las normas de origen actuales que se aplican al comercio preferencial son demasiado complejas: imponen condiciones de aplicación innecesarias para los importadores de la UE y, de este modo, crean un sistema caracterizado por la opacidad y la confusión. Dicho sistema sólo puede generar fraude. El CESE desearía que se sustituyeran estas normas por otras nuevas elaboradas a partir de las líneas de las que están en vigor para productos no preferenciales.

6.8

Otro modo de simplificar sería la eliminación de derechos de aduana si un trato preferencial da como resultado: derechos ad valorem de un 3 % o una cifra inferior; derechos específicos de 5 euros o menos.

6.9

Con el fin de dar tiempo a los gobiernos de los países en desarrollo y a los importadores de la UE para adaptar sus planes, cualquier cambio en el trato preferencial de un país debe hacerse público un año antes de la entrada en vigor.

6.10

El Comité considera que las nuevas directrices deben ser: simples, predecibles, fáciles de aplicar, coherentes, transparentes, pertinentes, justas, estables a lo largo del tiempo.

7.1

El CESE respalda la decisión de la Comisión de que el nuevo SPG entre en vigor el 1 de enero de 2006.

7.2

El CESE insta a que se aproveche la ocasión para armonizar, unificar y racionalizar las normas y los procedimientos del SPG en las nuevas directrices.

7.3

El CESE considera que la Comisión debería elaborar una evaluación de impacto detallada con sus propuestas para las nuevas directrices.

7.4

El CESE reconoce que el régimen especial de estímulo existente es ineficaz y opina que debería retirarse; en su lugar, la Comisión debe dictar normas aceptadas internacionalmente basadas en los principios fundamentales de la sociedad europea; a los países que infrinjan cualquiera de las normas se les debería denegar temporalmente el acceso a los derechos de aduana preferenciales.

7.5

El CESE está de acuerdo en que en el SPG participan demasiados países y considera que su número debería reducirse del modo en que se expone en el texto.

7.6

El CESE recomienda mantener el mecanismo de graduación, aunque simplificado y más transparente.

7.7

El CESE se muestra preocupado por la incidencia de casos de fraude en el sistema actual y pide que se introduzcan controles más estrictos.

7.8

El CESE considera que las normas de origen preferenciales son demasiado complejas y opina que deberían simplificarse de acuerdo con las líneas de las actuales normas de origen no preferenciales.

7.9

El CESE considera que la simplificación del sistema debería constituir el objetivo primordial de las nuevas directrices. Espera que las propuestas que ha realizado, entre las que se hallan reducir el número de países beneficiarios, sustituir el régimen especial de estímulo por el mecanismo de retirada temporal que se basa en normas claramente definidas, reemplazar las actuales normas de origen por normas basadas en las no preferenciales, limitar el intervalo de tiempo entre la graduación y el periodo de referencia, así como reconvertir los sectores industriales y modificar las categorías de productos cubiertas por el régimen, nos ayuden a conseguir este objetivo.

7.10

El presente dictamen, elaborado a petición del Sr. Lamy, constituye un primer paso importante en la consulta de la sociedad civil al respecto. El CESE opina que la introducción de las nuevas directrices debe venir precedida de otras consultas oportunas y de gran alcance sobre las propuestas con las partes interesadas, tanto de la UE como de los países en vías de desarrollo.

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/40

1.1

El proceso de constitución de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, constituye una iniciativa de gran amplitud encaminada a transformar la región de las Américas en uno de los más extensos espacios comerciales del mundo con más de 800 millones de personas, un PIB global de más de 11 billones de euros e intercambios comerciales de 3,5 billones de euros.

1.2

A pesar de las distintas vicisitudes del proceso y de las dudas manifestadas por algunos sobre el respeto de los plazos fijados en el calendario, el hecho es que, de momento, se mantiene enero de 2005 como fecha final de las negociaciones para que el ALCA entre en vigor en diciembre de ese mismo año. Por otra parte, el fracaso de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada del 10 al 14 de septiembre de 2003 en Cancún ha dado un nuevo impulso al proyecto ALCA, cuya cumbre extraordinaria acaba de decidirse que se celebrará en enero de 2004. En efecto, la Cumbre ministerial del proyecto ALCA celebrada a mediados de noviembre de 2003 en Miami ha permitido desbloquear las negociaciones a fin de mantener la fecha oficial de entrada en vigor (diciembre de 2005). No obstante, el acuerdo alcanzado en esta cumbre prevé un ALCA aligerado.

1.3

Una de las características del proyecto ALCA, que constituye la principal crítica de numerosos sectores de la sociedad latinoamericana, es su lado exclusivamente comercial, que no hará más que acentuar las asimetrías existentes en una región donde EE UU representa, por sí solo, un 77 % del PIB de las Américas y un 62 % del conjunto de las exportaciones del continente.

1.4

Las posiciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe (ALC) frente a este proyecto son muy divergentes: por una parte, el mundo de los negocios ve en el proyecto ALCA una posibilidad de acceso al gran mercado estadounidense, aunque algunas empresas temen la competencia de EE UU y Canadá; por otra parte, hay algunos sectores, agrupados en torno a la Alianza Social Continental (sindicatos, ONG, universidades), que rechazan el proyecto ALCA, sobre todo teniendo en cuenta que las principales preocupaciones de dichos sectores –respeto del medio ambiente, derechos de los trabajadores, exclusión social, deuda exterior, democracia y respeto de los derechos humanos, explotación infantil y respeto de las comunidades autóctonas– no se consideran o no son tenidas suficientemente en cuenta en el proyecto.

1.5

Es imprescindible que la UE se comprometa en sus relaciones con ALC con más voluntad política, sobre todo teniendo en cuenta que están en juego sus intereses económicos y comerciales. La UE no debe olvidar que la entrada en vigor del TLCAN tuvo importantes repercusiones negativas para las empresas europeas, que perdieron la mitad del mercado mexicano. A pesar del Acuerdo de Asociación que la UE negoció en muy poco tiempo con México, no se han recuperado todas las cuotas de mercado perdidas.

1.6

El contexto político y social actual en América Latina es favorable a que la UE concluya con éxito las negociaciones con sus socios de ALC, y en particular con el MERCOSUR.

1.6.1

La elección de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil y de Néstor Kirchner en Argentina son signo de una exigencia de cambio en la región. Además del gran interés que ambos tienen en el desarrollo del MERCOSUR antes incluso de la conclusión del ALCA, desean también favorecer las relaciones con la UE.

1.6.2

Hoy, más que nunca, hay una necesidad manifiesta de Europa en un continente latinoamericano y caribeño en crisis. La UE sigue siendo sido considerada como un modelo social y político de referencia. El gran reto frente al cual se hallan actualmente los países ALC es encontrar un modelo económico y social alternativo al del «consenso de Washington» y al proyecto de integración con EE UU, considerado excesivamente hegemónico.

1.7

No obstante, si bien este deseo de más Europa en la sociedad latinoamericana, en particular entre las élites, parece evidente, la UE debe hacer un gran esfuerzo para incluir mejor a la sociedad civil en su estrategia. Sólo mediante un compromiso político decidido, con una información adecuada y eficaz y con la participación de la sociedad civil podrá ponerse de manifiesto que se trata de un proyecto ventajoso para ambas partes. La UE no puede permitirse cometer el mismo error que se le achaca al proyecto ALCA.

1.8

La UE debe también tomar buena nota del fracaso de las negociaciones multilaterales de Cancún y tener en cuenta que sus socios internacionales, por ejemplo EE UU, están decididos a utilizar otros canales, como el bilateralismo o el birregionalismo, para hacer avanzar el comercio internacional. El fracaso de Cancún constituye, en opinión de EE UU, un nuevo motivo para seguir adelante con las negociaciones del ALCA. En este contexto, el CESE entiende que la UE y el MERCOSUR deben mostrar una mayor voluntad política a fin de concluir un acuerdo de asociación, superando las vacilaciones y obstáculos que toda negociación comporta. Para alcanzar ese mismo objetivo con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por una parte, y con el Mercado Común Centroamericano (MCCA), por otra, el Consejo de la UE debe otorgar un mandato a la Comisión Europea para que ésta pueda iniciar las negociaciones. De otro modo, la Unión verá que su ambición de convertirse en un socio estratégico para América Latina pierde fuerza, con el peligro de debilitar su papel en el diseño de las nuevas normas del comercio y de la gobernanza mundial. Los países de ALC constituyen aliados naturales por razones culturales, políticas y económicas, y son necesarios para redefinir el papel de Europa en la política mundial.

1.9

Por lo tanto, la UE no puede permitirse seguir una política reactiva en relación con sus socios de ALC. No hay que esperar a avanzar en las negociaciones del ALCA para progresar en la asociación estratégica UE-ALC. En este terreno de la política y el comercio internacionales la UE debe adoptar una verdadera actitud de liderazgo.

1.10

La UE no puede seguir indiferente a las aspiraciones y justas reivindicaciones de los pueblos de ALC, por lo que debería dar un nuevo impulso político a sus relaciones con esta región y multiplicar sus esfuerzos para concretar los compromisos de las cumbres de Río en 1999 y de Madrid en 2002. Así, la UE debe redefinir su estrategia, basándose en los siguientes puntos:

2.1.1

La idea de una integración de todos los países de las Américas es muy antigua, pero nunca ha podido culminar por falta de consenso entre aquéllos. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se halla actualmente en plena negociación, constituye un serio intento en dicho sentido. De hecho, nos hallamos al comienzo de la fase final del proceso.

2.1.2

El proyecto se basa en una iniciativa estadounidense que se enmarca en el contexto específico de los años ochenta. El gobierno del presidente Reagan lanzó en 1982 la Caribbean Basin Initiative (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) con objeto de iniciar un programa de asociación económica basado en la apertura de los mercados y la iniciativa privada. En enero de 1988 firma un acuerdo de libre comercio con Canadá. Más tarde, bajo el gobierno de George Bush, se inician las conversaciones para la ampliación de dicho acuerdo a México. Las conversaciones concluyeron bajo el gobierno de Clinton, dando lugar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

2.1.3

En 1990, el presidente George Bush anunció su proyecto »Enterprise for the Americas Initiative« (Iniciativa Empresa para las Américas), con el que se pretendía crear una zona de libre comercio que abarcase todo el continente y establecer un fondo destinado a fomentar la continuación de las reformas económicas, atraer inversiones internacionales y reducir la deuda de los países latinoamericanos.

2.1.4

Por su parte, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe (ALC) acogieron con entusiasmo este proyecto de una amplia alianza económica.

2.1.5

Desde el principio de su mandato, el gobierno de Clinton hizo suya la idea de unir a toda América por medio de un acuerdo de libre comercio. En 1994, se celebró en Miami la Primera Cumbre de las Américas, a la que asistieron los 34 jefes de Estado y de Gobierno del continente, con excepción de Cuba (1).

2.2.1

Los participantes en la Cumbre de Miami aprobaron un Plan de Acción y una Declaración de Principios en los que se recogían las directrices y los principios generales del proyecto, cuyo objetivo central era la creación de un espacio de libre comercio mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio y a la inversión.

2.2.2

El Plan de Acción tenía por objeto fomentar la prosperidad mediante la integración económica y el libre comercio, y constaba de otros tres capítulos: preservar y reforzar la democracia; luchar contra la pobreza y la discriminación; y alcanzar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

2.2.3

En la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago en abril de 1998, se modificó este Plan de Acción pero sin cambiar sus principales orientaciones. Los cuatro capítulos pasaron a ser los siguientes: educación; democracia, justicia y derechos humanos; integración económica y libre comercio; y erradicación de la pobreza y de la discriminación. Aunque el contenido económico siguió ocupando un lugar predominante en el proyecto, a petición de Brasil y de otros países se concedió gran importancia a los aspectos sociales de la educación y la eliminación de la pobreza.

2.2.4

El Plan de Acción volvió a modificarse. El capítulo sobre la educación, terreno en que no se había avanzado nada en las negociaciones, fue eliminado. No obstante, a instancias de Canadá, en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec en abril de 2001, se incluyó un nuevo tema: al refuerzo de la democracia, la prosperidad económica y la realización del potencial humano se añadió el tema de la conectividad (acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación).

2.3.1

Estas distintas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno forman parte de la compleja estructura del proceso de negociación. Los mandatarios se reúnen cada tres o cuatro años y su labor consiste en apoyar las líneas generales del proyecto elaboradas a otros niveles de la negociación, así como en dar a conocer la voluntad política de sus países. No obstante, la instancia política que ocupa un lugar central en la estructura de negociación es la de los ministros de Comercio, que se reúnen aproximadamente cada 18 meses para determinar las orientaciones generales del ALCA.

2.3.2

Existe un nivel administrativo constituido por los viceministros de Comercio, agrupados en el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC). Este Comité desempeña un papel clave en el sentido de que guía los trabajos de los nueve grupos de negociación, decide la estructura general del futuro acuerdo de libre comercio y los asuntos institucionales y vela por la transparencia del proceso de negociación.

2.3.3

Por último, existe un nivel de carácter técnico. Se trata de los negociadores y expertos, que se reúnen en nueve grupos de negociación y cubren los siguientes ámbitos: 1) acceso a los mercados; 2) inversiones; 3) servicios; 4) compras del sector público; 5) solución de controversias; 6) agricultura; 7) derechos de propiedad intelectual; 8) subsidios, antidumping y derechos compensatorios; y 9) política de competencia.

2.3.4

Estos diferentes grupos cuentan con el apoyo técnico y analítico del Comité Tripartito compuesto por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2.4.1.1

Desde la Cumbre de Miami, la negociación del proyecto ALCA ha pasado por varias fases. La primera, de 1994 a 1998, fue una etapa preparatoria en la que se estableció la estructura básica del proyecto. En ella se celebraron cuatro reuniones ministeriales (junio de 1995 en Denver; marzo de 1996 en Cartagena; mayo de 1997 en Belo Horizonte; y marzo de 1998 en San José).

2.4.1.2

En esta primera fase se adoptaron los principios rectores de las negociaciones del ALCA. Así, se acordó adoptar las decisiones por consenso y que el ALCA constituyera un compromiso único y se ajustara a las normas y la disciplina de la OMC. Por último, se decidió, merced a la insistencia del MERCOSUR y especialmente de Brasil pero en contra del deseo de los estadounidenses, que el ALCA fuera compatible con otros acuerdos regionales o bilaterales y que la adhesión a este acuerdo pudiera hacerse de manera individual o dentro de un bloque regional. A partir de ese momento, varias agrupaciones regionales tienen un portavoz único en las instancias de negociación del ALCA, como la Comunidad Andina (CAN), el MERCOSUR, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y, posteriormente, cuatro países (2) del Mercado Común Centroamericano (MCCA) denominados CA-4.

2.4.1.3

Durante esta primera fase de las negociaciones, las partes procedieron también a recabar información, adquirir conocimientos y sentar las bases de las futuras negociaciones.

2.4.2.1

En la cumbre de Santiago de Chile, los jefes de Estado y de Gobierno expresaron su voluntad de seguir avanzando en el proyecto de las Américas. En esta segunda fase, los ministros, que se reunieron en dos ocasiones (en noviembre de 1999, en Toronto, y abril de 2000, en Buenos Aires), anunciaron para enero de 2001 la entrada en vigor de medidas para facilitar el comercio. Por otra parte, los grupos de negociación presentaron a los ministros un anteproyecto del ALCA.

2.4.2.2

Debido a las presiones de la sociedad civil, se decidió hacer público el anteproyecto, con el fin de aumentar la transparencia del proceso. Los ministros reiteraron su voluntad de finalizar el proyecto para enero de 2005 al objeto de que pudiera entrar en vigor en diciembre de ese mismo año.

2.4.3.1

La tercera fase de las negociaciones comenzó con la celebración de la Tercera Cumbre de las Américas en abril de 2001 en Quebec. Los jefes de Estado y de Gobierno emitieron allí una declaración en la que se incluían amplios compromisos sociales y económicos. Se adoptó asimismo una cláusula democrática por la que se acordaba celebrar consultas en el caso de que uno de los países participantes renunciara a las instituciones democráticas. No se precisaron las posibles sanciones.

2.4.3.2

El objetivo de esta tercera fase consistió en la preparación de una nueva versión más elaborada del futuro acuerdo. En la séptima reunión ministerial celebrada en noviembre de2002 en Quito se publicó un nuevo borrador del proyecto de acuerdo y se establecieron las directrices para las negociaciones de los siguientes dieciocho meses. Los ministros también crearon un Programa de Cooperación Hemisférica destinado a favorecer la participación efectiva de las economías más pequeñas del continente en el ALCA. Con la reunión de Quito, las negociaciones entraron en la fase final, copresididas por Estados Unidos y Brasil.

3.1

El ALCA daría origen a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 800 millones de personas, un PIB global de más de 11 billones de euros y flujos comerciales por valor de 3,5 billones de euros.

3.2

Sin embargo, el proceso de integración se caracteriza por su asimetría y su polarización hacia Estados Unidos. En efecto, hay muy pocos países americanos para los que Estados Unidos no sea el primer socio comercial. Las únicas excepciones son Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyo primer socio comercial exterior es Brasil.

3.3

En 2000, la economía estadounidense representó por sí sola el 77 % del PIB de las Américas y el 62 % de todas las exportaciones del continente. Brasil, Canadá y México suponen, respectivamente, un 6 %, un 5 % y un 4 % del PIB continental. Los 30 países restantes representan el 8 %. Pequeños países como Nicaragua y Haití suponen, juntos, el 1/2000 del total. El TLCAN y el MERCOSUR aportan, respectivamente, un 87 % y un 9 % del PIB total, así como un 90 % y un 6 % del comercio continental.

3.4

Las cifras del PIB per cápita confirman dicha asimetría: Estados Unidos ocupa el primer lugar con 34 400€ per cápita, seguidos de Canadá (21 930€), Argentina (6 950€), Uruguay (6 000€), México (5 560€) y Brasil (3 060€). En el extremo opuesto se encuentran Nicaragua y Haití con 745€ y 480€ per cápita, respectivamente. Por lo tanto, se trata de un proyecto que integra economías muy dispares con un nivel de desarrollo muy diferente (3).

3.5

Estas asimetrías y desigualdades llevaron a plantear el problema de las eventuales repercusiones de una integración económica profunda en las llamadas «economías más pequeñas», para las que no está previsto ningún fondo de desarrollo ni red de seguridad alguna. La integración de estas economías en el proceso del ALCA se ha convertido en un reto considerable. Dichos países, 25 en total (4), tropiezan con grandes dificultades para participar en las negociaciones. La insuficiencia de recursos financieros y humanos para continuar estas negociaciones constituye un obstáculo importante. La única medida de compensación adoptada hasta hoy como contrapeso a estas asimetrías ha sido la de un calendario con etapas más largas para la liberalización comercial de las economías más pequeñas.

3.6

Los efectos de la falta de una cláusula social es probable que sean tanto más grandes por cuanto en estos diez últimos años la ortodoxia de las políticas de ajuste estructural ha generado un incremento considerable del desempleo y un aumento de la pobreza en los países de América Latina y el Caribe que, según la CEPAL, alcanzó en 2002 a más de 220 millones de personas, lo que equivale a 43,4 % de la población (5). Por lo demás, los problemas sociales, económicos y políticos que padece este continente no han facilitado el desarrollo de las negociaciones desde la Cumbre de Quebec.

3.7

A pesar de las constantes reformas realizadas desde hace veinte años, las economías de los países de ALC siguen teniendo muchas dificultades para lograr un crecimiento económico sólido, estable y competitivo. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala que en 2002 el crecimiento del PIB fue negativo por segundo año consecutivo, con un -1,9 %, y llama a este período «media década perdida.»

3.8

Un ejemplo lo constituye Argentina, que desde diciembre de 2001 se encuentra en una situación de crisis sin precedentes. Tras el estallido de la crisis, Argentina optó por acercarse a sus socios del MERCOSUR para reforzar dicha integración regional y desarrollar vínculos más intensos con Europa y también para distanciarse de la estrategia de alineamiento automático con Washington. La profundización del MERCOSUR y las relaciones con la UE también constituyen una prioridad para el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.

3.9

Dicho esto, Brasilia no pretende dar un giro radical a su posición sobre el ALCA. Su estrategia busca sobre todo desarrollar las negociaciones entre el MERCOSUR, la CAN, los países del Caribe, Guyana y Surinam para establecer un Acuerdo de Libre Comercio Sudamericano (ALCSA), lo que permitiría a los países de ALC reforzar su posición en las negociaciones del ALCA. En diciembre de 2002, las partes interesadas en el proyecto fijaron un calendario: eliminación de las barreras aduaneras a finales de 2003 y entrada en vigor del proyecto en 2005. Dentro de esa lógica de vincular toda América del Sur al MERCOSUR para finales de 2003, el gobierno de Lula ha conseguido que Perú firme con el MERCOSUR un acuerdo de asociación (agosto de 2003) muy parecido a los acuerdos celebrados con Bolivia en diciembre de 1995 y Chile en junio de 1996. Asimismo, el MERCOSUR espera poder concretar un acuerdo de asociación con Venezuela e iniciar las negociaciones de otro con Colombia. Este proyecto quiere ser, tanto desde el punto de vista de sus ambiciones como del de la elección del calendario, una alternativa al proceso del ALCA.

3.10

Por su parte, Estados Unidos no ha dudado en recurrir a la vía bilateral –como lo demuestra el acuerdo firmado con Chile en diciembre de 2002– para hacer avanzar el ALCA, sobre todo tras la adopción del fast track o TPA (6) (vía rápida) en julio de 2002. Tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, esta tendencia al bilateralismo podría acelerarse.

3.11

Sin embargo, las medidas proteccionistas adoptadas en EE UU están repercutiendo en el TPA. En efecto, después de incrementar los aranceles para proteger los sectores del acero y la madera de construcción, Estados Unidos adoptó una ley agraria (Farm Bill) que prevé la concesión de subvenciones por valor de 180 mil millones de dólares a los productores agrícolas durante diez años. Estas medidas proteccionistas han reavivado las tensiones entre Estados Unidos y algunos países de América Latina, Brasil sobre todo.

3.12

Las subvenciones a las exportaciones se han convertido en uno de los principales obstáculos para la realización del ALCA. Muchos países de América Latina están presionando para que Estados Unidos reduzca sus subvenciones a la agricultura, mientras que el gobierno de George W. Bush presiona para que los temas de las subvenciones agrícolas, así como el uso de los derechos antidumping y los derechos compensatorios, se debatan en el marco de la OMC. Ahora bien, el fracaso de las negociaciones multilaterales de Cancún muestra las dificultades que encuentran los países ricos, como EE UU y la UE, para abordar por ejemplo las cuestiones agrarias en un marco internacional de negociación.

3.13

A la vez que tomaba nota del fracaso de las negociaciones comerciales multilaterales, EE UU anunció en la conferencia de prensa al cierre de la cumbre de Cancún su voluntad de actuar a nivel bilateral y regional. Si estas declaraciones se hacen realidad, es probable que los negociadores estadounidenses vuelvan a la mesa de negociaciones agrícolas en el marco del proyecto ALCA. Esta situación permitiría al proyecto de integración panamericano superar uno de los mayores obstáculos y con ello realizar un avance considerable.

3.14

No obstante, a pesar de la TPA, el poder de negociación del Ejecutivo sigue estando limitado por el Congreso. La Trade Act (por la que se establece la TPA) prevé procedimientos de examen que podrían resultar laboriosos, especialmente para todo lo relacionado con las subvenciones y los »derechos antidumping« y compensatorios. También establece un procedimiento de consulta que concede al Congreso un considerable derecho de supervisión de las negociaciones.

4.1.1

El proceso gubernamental del ALCA tiene un seguimiento por parte de las organizaciones de ciudadanos, cuya participación está prevista en el proyecto. Aparte de eso, dichas organizaciones celebran reuniones paralelas a las reuniones ministeriales y presidenciales con el fin de influir en la marcha de las negociaciones.

4.1.2

Los mecanismos de participación de la sociedad civil son de dos tipos: iniciativas creadas por los órganos que intervienen en el proceso del ALCA e iniciativas procedentes de los movimientos sociales. Dentro del proceso del ALCA, el Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil instituyó un mecanismo con el fin de transmitir las propuestas formuladas por empresarios, sindicatos, grupos de defensa del medio ambiente y medios académicos. Dicha participación se realiza de forma indirecta: los sectores correspondientes pueden dirigirse por escrito al Comité, que después transmite sus recomendaciones al CNC o al grupo de negociación correspondiente.

4.1.3

Para fomentar la participación de la sociedad civil, los responsables gubernamentales del proyecto de las Américas organizaron en julio de 2002 un coloquio regional sobre el ALCA en Mérida (México). Este primer foro regional de debate público contó con la asistencia de 100 personas. El objetivo era también ofrecer información y explicaciones sobre el proceso propiamente dicho.

4.1.4

En la reunión ministerial de Quito, en noviembre de 2002, se adoptó una segunda iniciativa: los ministros de Comercio se entrevistaron, por separado, con los representantes del sector privado y con los de la sociedad civil (grupos medioambientales, sindicatos, parlamentarios y pueblos indígenas). Fue la primera vez que los representantes de la sociedad civil pudieron hablar directamente con los ministros.

4.2.1

El mundo empresarial de las Américas se interesó enseguida por el proyecto del ALCA. Desde la primera reunión ministerial en Denver, en 1995, se esforzó por organizar reuniones paralelas al proceso oficial con el fin de promover los intereses del sector privado. Más de 1 500 hombres de negocios han participado en estos encuentros a través del Foro Empresarial de las Américas (America's Business Forum, ABF), que agrupa a los medios empresariales por sectores y países.

4.2.2

El Foro Empresarial de las Américas, que apoya el proyecto de integración de las Américas, contribuye al debate mediante análisis técnicos y de información sobre los objetivos estratégicos y las aspiraciones del sector privado. Asimismo, contribuye a difundir información sobre el proceso y a establecer lazos personales e institucionales entre los directivos empresariales y las organizaciones de las Américas.

4.2.3

Durante las reuniones anuales del Foro se organizan conferencias y seminarios sobre temas clave de la integración hemisférica. Aunque los encuentros anuales que organiza el Foro no se incluyen de manera oficial en el proceso de negociación, sus trabajos tienen objetivamente una fuerte influencia en la elaboración del proyecto. De hecho, las recomendaciones formuladas por el sector privado son tenidas en cuenta por los distintos grupos de negociaciones. Una de dichas recomendaciones se refiere a la rápida introducción de medidas para facilitar el comercio, y los representantes nacionales llegaron efectivamente a un acuerdo para que dichas medidas entraran en vigor antes del final de las negociaciones.

4.2.4

La contribución de los puntos de vista de los demás sectores de la sociedad civil, como el movimiento sindical, las ONG y los centros universitarios de investigación, no es tan evidente. Las organizaciones sociales han buscado sus propias vías para pronunciarse sobre el proceso de integración. Entre las distintas iniciativas cabe mencionar la de la Alianza Social Continental (ASC), que constituye una importante red de organizaciones y movimientos sociales interamericanos. Engloba posiciones muy diversas, que van desde la reforma hasta el rechazo del proyecto del ALCA. Aunque esta iniciativa se concretó en 1997, la sociedad civil ya se había empezado a movilizar mucho antes.

4.2.5

En efecto, los sindicatos, lo mismo que el sector privado, se interesaron enseguida por el proyecto de las Américas y también estuvieron presentes en la reunión ministerial de Denver. El movimiento sindical respaldado por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) —rama hemisférica de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)— organizó una conferencia paralela al término de la cual se redactó una declaración que recoge las preocupaciones y reivindicaciones de los participantes.

4.2.6

En la siguiente reunión ministerial, celebrada en Cartagena, el movimiento sindical no se limitó a redactar un nuevo documento de reflexión, sino que intentó influir en los representantes gubernamentales. De hecho, estos destacaron en sus conclusiones finales «la importancia de una mayor observancia y promoción de los derechos de los trabajadores y la necesidad de considerar procesos apropiados en este área, por intermedio de nuestros respectivos gobiernos».

4.2.7

El movimiento se fue abriendo a otros grupos sociales. Así, en la tercera reunión ministerial de Belo Horizonte, en mayo de 1997, delegados de las organizaciones opuestas al libre comercio (ONG, determinados centros de estudios, asociaciones de defensa del medio ambiente, de feministas y de indígenas) se unieron al encuentro de representantes del movimiento sindical del continente americano para crear la Alianza Social Continental (ASC), que intervino como tal al año siguiente coincidiendo con la celebración de la Segunda Cumbre de las Américas.

4.2.8

Con tal motivo, la ASC organizó la Primera Cumbre de los Pueblos de América, que emitió un documento titulado Alternativas para las Américas. Coincidiendo con la Tercera Cumbre de las Américas, en abril de 2001 en Quebec, se organizó la Segunda Cumbre de los Pueblos, en la que participaron más de 2 000 representantes de movimientos y organizaciones procedentes de todo el continente, incluida Cuba.

4.2.9

La ASC, consciente de la influencia objetiva de los medios empresariales en las negociaciones del ALCA, aspira a defender otro tipo de proyecto y propone la inclusión en el futuro acuerdo de medidas sociales y medioambientales. Su objetivo es garantizar el empleo y la calidad de los puestos de trabajo y tener en cuenta los costes medioambientales en las exportaciones con el fin de evitar el «dumping ecológico». No obstante, muchos gobiernos de los países ALC se oponen a este tipo de medidas por considerar que son un pretexto para defender el proteccionismo. Además la posición de EE UU desde 2001 no favorece el progreso en este terreno. Contrariamente a lo que ocurrió en el marco del TLCAN, el proyecto de incluir cláusulas sobre el empleo y el medio ambiente perdió peso en las negociaciones oficiales del ALCA, con un EE UU reticente a abordar estos temas en los debates.

4.2.10

La Alianza Social Continental también se ha pronunciado en contra de la liberalización sistemática de los contratos públicos, de los servicios de sanidad, de la enseñanza y de las inversiones.

4.2.11

La ASC también ha denunciado la falta de transparencia del proceso. Actualmente está organizando una consulta sobre el proyecto del ALCA, que se desarrollará entre 2003 y 2004 a escala continental.

4.2.12

Dentro de este movimiento de oposición a la creación del ALCA tal como se está negociando figuran también algunos parlamentarios que han querido manifestar su posición sobre el proyecto. En concreto, parlamentarios procedentes de más de 164 parlamentos provinciales o nacionales, así como delegados de los parlamentos regionales de los 34 países que negocian el ALCA y de Cuba se han reunido varias veces dentro de un foro denominado Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) para manifestar sus reticencias al proyecto de las Américas.

4.2.13

La COPA, en la declaración que adoptó en julio de 2000 en su segunda asamblea general, pidió a los Jefes de Estado y de Gobierno que tuvieran en cuenta el nivel de desarrollo de los países incluidos en el proyecto del ALCA y que garantizaran la participación de los parlamentarios de todos los niveles territoriales en aras de la transparencia.

4.2.14

Paralelamente a la reunión ministerial de Quito se celebró también un encuentro continental de parlamentarios y se emitió una resolución en la que los diputados participantes rechazaban el ALCA y proponían a los gobiernos reforzar los acuerdos de integración de América Latina y el Caribe, como el MERCOSUR, CAN, CARICOM, MCCA, etc.

4.3.1

Las actitudes de la sociedad civil de ALC hacia el proyecto ALCA son dispares. Los sectores opuestos al proyecto deploran que una parte importante de la sociedad civil, como los sindicatos y las ONG representativas, no puedan participar de una manera efectiva en los procesos de decisión y que los únicos que pueden acceder directamente a los negociadores y ejercer una clara influencia sobre los borradores en curso de negociación sean los miembros del Foro Empresarial de las Américas, favorables, por su parte, al proyecto ALCA.

4.3.2

El mayor temor es que el proceso siga avanzando sin transparencia o que se aplique una política de hechos consumados que presente a la sociedad civil los resultados de las negociaciones una vez terminadas, sin que aquélla tenga ninguna posibilidad de influir en las mismas.

4.3.3

Los sindicatos y otros agentes sociales agrupados en torno a la ASC deploran que las autoridades políticas y el mundo de las grandes empresas privadas sigan definiendo el futuro acuerdo de integración de las Américas sin tener en cuenta sus principales preocupaciones: medio ambiente, derechos de los trabajadores, precariedad salarial, desempleo, pobreza, exclusión social, aumento del desequilibrio entre las economías del continente, proteccionismo agrícola y subsidios norteamericanos a la exportación que afectan a los países de ALC, deuda exterior, democracia (se reclama a los Gobiernos la organización de una consulta sobre el ALCA) así como el respeto de los derechos humanos, la explotación infantil y el respeto de las comunidades autóctonas.

4.3.4

Si bien gran parte de los movimientos sociales (ONG, organizaciones sindicales, institutos de investigación, etc.) se declaran más bien favorable a los procesos de integración regional, existen serias reservas sobre acuerdos de integración como el ALCA. En su opinión, los procesos de integración como el MERCOSUR pueden ser un modelo de referencia para la integración en las Américas, ya que incluyen aspectos políticos, sociales, culturales y estratégicos, mientras que el ALCA, tal como se negocia actualmente, no haría más que ampliar considerablemente las asimetrías entre EE UU y los países de ALC, sobre todo teniendo en cuenta que el primero practica políticas proteccionistas que afectan a la competitividad internacional de estos últimos.

4.3.5

Estos protagonistas sociales están a favor de una integración que no se limite al comercio y se oponen –contrariamente a la gran mayoría de los gobiernos de ALC– a un acuerdo que no da ninguna garantía a nivel social y medioambiental. Desean también que se tenga seriamente en cuenta el respeto de los derechos humanos. A juzgar por sus declaraciones, se inclinan menos por un acuerdo entre EE UU y ALC que por un acuerdo entre ésta y la UE. Dicen apreciar no sólo el lugar que la UE concede a lo social, el medioambiente y los derechos humanos tanto a nivel interno como internacional, sino también la coherencia con la que se respetan estas medidas. Sin embargo, deploran la falta de energía y voluntad de que adolece la estrategia latinoamericana de la UE.

4.3.6

La ASC desea también que los gobiernos den transparencia al proceso de negociación y organicen un debate abierto sobre el ALCA con todos los componentes de la sociedad civil para analizar la viabilidad y las consecuencias que tal acuerdo podría tener para las naciones de las Américas.

4.3.7

En cuanto a la posición de los empresarios en ALC, un gran número de ellos, encabezados por los del sector agroalimentario, consideran el ALCA como un medio para entrar en el gran mercado estadounidense. Estiman que el ALCA constituye un medio importante para abandonar el círculo vicioso del endeudamiento de los años 80, consolidar las reformas liberales y salir del aislamiento internacional. Otros empresarios son menos entusiastas. Por ejemplo, los de la industria petroquímica, que reiteró su oposición al proyecto ALCA en su última reunión celebrada el 11 de noviembre de 2003 en el marco de la Asociación Petroquímica y Química de América Latina (APLA).

4.3.8

En América Latina, y especialmente en Brasil, hay sectores que se muestran reticentes a avanzar en las negociaciones ALCA. Se trata principalmente de algunas empresas que temen fuertemente la competencia estadounidense y canadiense que podría provocar la firma del ALCA. En cambio, gran número de empresas del sector secundario y terciario de EE UU y Canadá ven en el ALCA una oportunidad de penetrar en los mercados latinoamericanos y en particular en el mercado brasileño.

4.3.9

Con todo, el sector privado brasileño parece estar cambiando de postura. En efecto, aunque durante mucho tiempo el mundo de los negocios nacional y el ministerio de Asuntos Exteriores (Palacio de Itamaraty) compartían una misma visión negativa del ALCA, el primero está empezando a adoptar una postura más favorable hacia la apertura comercial y se declara ya dispuesto a afrontar la competencia exterior. El sector privado ha comenzado ya a presionar al gobierno Lula para que suavice su posición en las negociaciones del ALCA y para que el acuerdo se concluya en la fecha prevista.

4.4.1

Existe un verdadero abismo entre la visión de la sociedad civil y la de los gobiernos en cuanto a la vía para lograr la integración de las Américas. Los gobiernos de ALC, interesados sobre todo por la apertura económica y en particular por penetrar en el gran mercado estadounidense, intentan negociar un acuerdo comercial continental para que EE UU ponga término a sus políticas agrícolas proteccionistas.

4.4.2

Consideran, como opinan los miembros del MERCOSUR, que el ALCA podría incitar a la UE a avanzar en sus negociaciones con los países de ALC y a hacer avanzar las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC. El ALCA, las negociaciones con la UE y la OMC constituyen en su opinión tres procesos interrelacionados e interdependientes. La firme posición adoptada por los países en desarrollo en el seno del Grupo de los 21 (G-21, también conocido como G-20-plus), ante las reticencias de los países ricos a soltar lastre en el ámbito agrícola durante la Conferencia Ministerial de Cancún y ante el fracaso de estas negociaciones, podría interpretarse como un retroceso del multilateralismo. El bloqueo de los debates multilaterales parece abrir la puerta a estrategias nacionales, bilaterales y birregionales. Tal como se señaló antes, Estados Unidos se muestra firmemente decidido a acelerar los acuerdos de este tipo. Las potencias emergentes, como China y Brasil, han anunciado también su voluntad de seguir esa vía.

4.4.3

El bloque sudamericano considera que, contrariamente a la oferta de EE UU en materia agrícola, la de la UE dista mucho de ser clara. Opina que una simple negociación sobre los productos agrícolas es insuficiente, que es necesario negociar también los subsidios a la exportación. En este terreno, el ALCA le parece más esperanzador que las negociaciones con la UE. Sin embargo, las negociaciones con la UE le parecen más fáciles que las llevadas en el marco del proyecto ALCA: las negociaciones con Europa implican una negociación birregional, mientras que en las del ALCA interviene un gran número de agentes y de propuestas, a veces muy diferentes. En el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR, la UE, cuya posición común está defendida por la Comisión Europea, ha incitado siempre a los países del MERCOSUR, no sin éxito, a definir una posición común. En las negociaciones birregionales, las propuestas de ofertas provenientes de las partes se reducen así a dos, lo que facilita las negociaciones.

5.1.1

A causa de diversos factores históricos, algunos países europeos, como España, Francia, Gran Bretaña, Portugal y los Países Bajos, han mantenido siempre estrechas relaciones bilaterales con los países de ALC. A pesar de la diversidad cultural y la heterogeneidad de ALC, la identidad cultural de los países que la componen está profundamente impregnada por los valores que han forjado el carácter y la historia de Europa. La importante difusión de las ideas de la Ilustración –como la democracia, el Estado de Derecho, el concepto de libertad y el de derechos humanos– en esta parte del mundo facilita el acercamiento entre la UE y ALC.

5.1.2

Sin embargo, la institucionalización de las relaciones entre Europa y América Latina es un hecho nuevo, ya que desde principios del siglo XX América Latina desarrolló una relación diplomática desigual y casi exclusiva con EE UU Con todo, Europa siempre ha tenido relaciones institucionalizadas con los países del Caribe en el marco de los acuerdos ACP, con excepción de Cuba.

5.1.3

Aunque la vuelta de Europa a la escena latinoamericana comenzó hace cerca de treinta años, es en la década de 1990 cuando la CE/UE (7), gracias especialmente al impulso dado por la adhesión de España y Portugal, elabora una estrategia para el establecimiento de relaciones con el conjunto de América Latina. Con el fin de establecer relaciones preferenciales con los países de ALC, la CEE firmó a partir de los años sesenta una serie de acuerdos sectoriales llamados de «primera generación»; más tarde, en los años setenta, se firmaron los acuerdos de «segunda generación», que englobaban varios sectores.

5.1.4

Los conflictos armados en América Central durante la década de 1980 y la configuración de la cooperación política europea permitieron a la CEE desempeñar un papel político importante como intermediario. Las conversaciones mantenidas en septiembre de 1984 en San José (Costa Rica) por los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, España y Portugal y representantes de los países de América Central con el fin de restablecer la paz y debatir las medidas de democratización en el continente señalaron un renacimiento de las relaciones entre ALC y la CEE, dando lugar al «proceso de San José».

5.1.5

Con la adhesión de España y Portugal a la Comunidad dicho diálogo político se extendió al resto de la región, donde el interlocutor pasó a ser el Grupo de Río, creado en 1986 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela con objeto de debatir los problemas políticos y desarrollar las relaciones exteriores y los asuntos relativos a la integración regional. Al Grupo se unieron más tarde otros países latinoamericanos, con lo que éste se convirtió en el interlocutor privilegiado de la CEE/UE en América Latina en el ámbito del diálogo político. Este diálogo birregional que comenzó en 1987 se institucionalizó en 1990.

5.1.6

El fin del bipolarismo, la voluntad europea de hacer de la Comunidad un protagonista internacional, así como la estabilidad política, el proceso de democratización y la adopción de economías abiertas hacia el exterior en AL son factores que han seguido dinamizando las relaciones entre los dos continentes. Los factores históricos y culturales y la existencia de principios y valores filosóficos y jurídicos comunes contribuyeron también a facilitar la aproximación entre los dos continentes.

5.2.1

Mientras EE UU instituía el TLCAN y ponía en marcha el proyecto ALCA en 1994, Europa intentaba proponer a los países latinoamericanos otro tipo de asociación. Consciente de la diversidad de América Latina, la UE pretendió desarrollar una estrategia basada en enfoques diferenciados, articulados en función de las realidades nacionales y regionales, es decir, teniendo en cuenta la heterogeneidad del continente, cosa que no hace el proyecto ALCA. Así, la UE propone una asociación basada en un diálogo con los distintos subgrupos regionales y en un abanico de instrumentos adaptados a las realidades políticas y socioeconómicas de cada uno de ellos.

5.2.2

La nueva estrategia europea elaborada por el Comisario Manuel Marín, de la Comisión Santer, y ratificada por el Consejo de octubre en 1994 pretendía establecer una «asociación» basada en los acuerdos de tercera generación y en nuevos acuerdos, llamados de «cuarta generación» con AL. Los primeros, que se distinguen por su interés en la integración y cooperación regional, contenían una «cláusula evolutiva» que permitía a las partes contratantes completar y aumentar su nivel de cooperación, y una «cláusula democrática» que permitía garantizar el respeto de principios básicos correspondientes a valores comunes. Los acuerdos de cuarta generación incorporan este acervo y prevén además la firma de acuerdos comerciales.

5.2.3

Las políticas de austeridad y de privatizaciones aplicadas a principios de los años 90 en los países de AL atrajeron las inversiones privadas europeas, favoreciendo así la aproximación entre las dos regiones. Entre 1996 y 1999, la UE se convirtió en la más importante fuente de inversiones en AL, y esta región se transformó en el primer destinatario de las inversiones europeas en los «mercados emergentes». Las inversiones europeas pasaron durante este período de 13 289 a 42 226 millones de dólares. Además, el comercio birregional se duplicó entre 1990 y 2000: mientras que las exportaciones de bienes de la UE a AL pasaron de 17 000 millones a algo más de 54 000 millones de euros, las de AL hacia la UE pasaron de 27 000 millones a 49 000 millones de euros. Así, la UE se convirtió en el segundo inversor y socio comercial de AL (el primero en el caso de MERCOSUR y Chile).

5.2.4

A raíz de este contexto doblemente favorable, de una voluntad política confirmada por una y otra parte y de un acercamiento económico evidente, nació la idea de un avance cualitativo en las relaciones: la organización en junio de 1999, en Río de Janeiro, de una cumbre que reunió a los 48 jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC, Cuba incluida.

5.2.5

Esta cumbre constituyó un verdadero acontecimiento histórico que permitió mostrar la creciente madurez de la UE como protagonista en la escena mundial y el interés creciente que ALC suscitaba entre los países industrializados. La cumbre, que pretendía ser también una respuesta al unipolarismo del periodo posterior a la guerra fría, propuso el regionalismo como nueva fuerza en las relaciones internacionales. Algunos no dudaron en ver en este acontecimiento la primera piedra de la edificación de un mundo multipolar no dominado ya por EE UU.

5.2.6

La cumbre produjo dos documentos: una declaración y un plan de acción, que debían constituir la base de una «nueva relación estratégica» entre las dos orillas atlánticas. La declaración, que constaba de 69 puntos, proponía el desarrollo de las relaciones en los ámbitos político, económico, científico, cultural, educativo, social y humano, con el fin de establecer una asociación estratégica. El plan de acción enunciaba 55 prioridades.

5.2.7

Debido al gran número de ámbitos y prioridades considerados, estos dos documentos no consiguieron fijar una línea de acción concreta. Por ello, el comité birregional de seguimiento, compuesto por altos funcionarios, en su primera reunión celebrada en noviembre de 1999 en Tuusula (Finlandia), redujo el número de prioridades a once (8). Se hicieron algunos progresos en lo relativo a las prioridades 5, 7 y 8. En lo relativo a la prioridad 5, se creó un «Mecanismo birregional de coordinación» para la lucha contra la droga. Los progresos alcanzados en relación con la prioridad número 7 se debieron a la firma de acuerdos de asociación con México y Chile. Por último, la prioridad número 8 dio pie a la instauración de un diálogo birregional específico para la ciencia y la tecnología, que desembocó en la Conferencia ministerial de Brasilia (marzo de 2000). En esta conferencia se aprobaron la «Declaración de Brasilia» y un Plan de acción UE-ALC en materia de ciencia y tecnología que se presentó en la Cumbre de Madrid y cuyas prioridades son la salud y la calidad de vida, el desarrollo sostenible y la urbanización, el patrimonio cultural y la sociedad de la información.

5.2.8

A pesar de la elaboración de la »lista de Tuusula« para la definición de prioridades y la realización de determinados objetivos, la falta de una orientación clara en la relación birregional se confirmó en la segunda cumbre UE-ALC que se celebró en mayo de 2002 en Madrid.

5.2.9

La Comisión prevé, por término medio, 323 millones de euros para el período 2000-2006 (9) para el conjunto de América Latina, cantidad evidentemente insuficiente habida cuenta de la importancia del proyecto y de lo que está en juego. América Latina sigue siendo así una de las regiones menos favorecidas por la ayuda comunitaria.

5.2.10

Por lo que se refiere a las negociaciones en sí, la Cumbre de Madrid, que se celebró en el contexto político posterior al 11 de septiembre, produjo pocos resultados concretos. Por iniciativa europea, el orden del día de los debates estuvo dominado por los temas de seguridad y terrorismo, mientras que los países de ALC estaban mucho más interesados por los aspectos económicos y comerciales. Esta diferencia en la jerarquía de prioridades se había hecho notar ya en la cumbre de Río, en la cual los europeos habían planteado los temas de la gobernanza y la pobreza, mientras que ALC mostraba un mayor interés por las relaciones económicas y sus repercusiones sobre el empleo. Es preciso que la tercera cumbre, que se celebrará en mayo de 2004 en México, defina una agenda basada en un auténtico común denominador.

5.3.1

El gran éxito de Río es sin duda alguna el lanzamiento de las negociaciones comerciales entre la UE y el MERCOSUR. En el año 2000 entró en vigor en acuerdo firmado por México con la UE, y Chile firmó un acuerdo con la UE en la cumbre de Madrid (2002). Estos acuerdos incluyen los tres pilares de la estrategia europea para América Latina: diálogo político, cooperación e integración económica y comercial. Aparte del acuerdo firmado con Chile, es difícil ver cuáles fueron los avances registrados en Madrid en relación con esta nueva alianza estratégica.

5.3.2

Paradójicamente, los procesos regionales de AL, tan apreciados por la UE, aún no han desembocado en la firma de acuerdos de asociación con Europa. En la cumbre de Madrid, la UE propuso a la CAN y al MCCA comenzar las negociaciones, que finalizaron en octubre de 2003, con el diálogo político y la cooperación. En cambio, el inicio de las negociaciones comerciales depende de la finalización de la Ronda de Doha prevista para finales de 2004 y del propio desarrollo interno de la CAN y el MCCA.

5.3.3

Por su parte, el MERCOSUR, que mantiene con Europa fuertes vínculos políticos y económicos, aún no ha dado a conocer su oferta global de negociación sobre la reducción de los aranceles aduaneros, especialmente para los productos agrarios. Si fracasan las negociaciones a causa especialmente del capítulo agrario, la UE debe velar por que el acuerdo de asociación, sea cual fuere, no sea contrario a los objetivos políticos de la UE como la seguridad sanitaria, la propiedad intelectual y el desarrollo sostenible.

5.3.4

Teniendo en cuenta la estrategia europea de negociación con los bloques regionales, sorprende que la UE haya dado prioridad a países como México y Chile, que son los más alejados del ideal integracionista y los más próximos al proyecto de integración continental de Washington. Así, contrariamente a las exigencias de la Declaración y el Plan de acción aprobados en la cumbre de Río, que orientaban las relaciones UE-ALC hacia una nueva relación estratégica, la actuación de la UE hasta hoy se caracteriza por su carácter reactivo frente al proyecto ALCA.

5.3.5

La mayoría de las agrupaciones regionales de AL desean establecer relaciones comerciales con otros pilares del tablero internacional aparte de los EE UU, entre ellos principalmente la UE. Diversificando así sus relaciones exteriores y desarrollando sobre todo vínculos políticos y económicos con la UE, los protagonistas de ALC, como el MERCOSUR, esperan beneficiarse de una imagen mucho menos periférica en la escena mundial. En este contexto, una actitud más activa por parte de la UE podría ser una contribución importante a la continuidad y la consolidación de la existencia misma de estas agrupaciones regionales, así como a la modificación del juego de alianzas y el peso específico e influencia de los países de ALC en el marco de las negociaciones del ALCA. Sin olvidar que esta nueva asociación estratégica podría dar la posibilidad a los socios de exponer su opinión en los organismos multilaterales, siempre que sea producto de puntos de vista e intereses coincidentes.

5.3.6

No obstante, el CESE considera que los acuerdos preferenciales que la UE firmará con el MERCOSUR, la CAN y el MCCA deben ajustarse al artículo 24 de las normas del GATT/OMC (10).

5.3.7

Estos futuros acuerdos deben también tener en cuenta tanto los intereses de las grandes empresas agrícolas como los de las pequeñas, tanto en Europa como en ALC, y respetar la armonía social del mundo rural.

5.4.1

El CESE ha tomado buena nota de la voluntad estratégica de la UE de potenciar sus relaciones con ALC. Por esta razón, el CESE sigue con mucha atención la evolución de dichas relaciones y se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de implicar más a la sociedad civil organizada en todas las fases del proceso.

5.4.2

En los diversos dictámenes del CESE sobre ALC (11) se subraya que, por razones políticas y comerciales, es preciso reforzar el aspecto social de las relaciones entre la UE y las regiones de América Latina y el Caribe, tanto en el sentido del respeto de los derechos humanos y de los trabajadores como del reforzamiento de la cohesión social.

5.4.3

Con vistas a reforzar la participación de la sociedad civil, el CESE se ha implicado activamente en la preparación de las reuniones de la sociedad civil organizada de la UE y ALC celebradas en Río de Janeiro (1999) y Madrid (2002), con ocasión de las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe.

5.4.4

En este mismo orden de cosas, el CESE prepara actualmente el tercer encuentro de la sociedad civil organizada, que se celebrará en México en 2004, con ocasión de la próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

5.4.5

Uno de los ejemplos fructíferos de esta estrategia son las reuniones celebradas entre el CESE y el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR (FCES). Dichas reuniones tienen por objeto reforzar la participación de la sociedad civil organizada en todos los ámbitos de la negociación birregional en el marco de un futuro acuerdo de asociación entre la UE y el MERCOSUR.

5.4.6

En la última reunión del CESE y el FCES, celebrada los días 5 y 6 de mayo de 2003, ambas instituciones hicieron un llamamiento a las partes negociadoras para que refuercen los aspectos relacionados con la dimensión social del acuerdo que se está negociando, haciendo referencia explícita a la «Declaración sociolaboral» (declaración de derechos de los trabajadores) del MERCOSUR, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998).

5.4.7

Por otra parte, las dos organizaciones exigieron formas concretas de participación en el desarrollo de las negociaciones del acuerdo de Asociación, por cuanto consideran que el éxito del proceso obliga a la integración de las acciones y a la presencia de la sociedad civil organizada y representativa de ambas regiones en todos los sectores examinados.

5.4.8

En el marco de otras reuniones institucionales han surgido organizaciones sectoriales que pretenden promover el diálogo transatlántico, como el Foro Empresarial UE-MERCOSUR y el reciente Foro del Trabajo UE-MERCOSUR, y a influir en las decisiones políticas que afectan a sus respectivos intereses.

6.1.1

Actualmente numerosos países latinoamericanos se hallan en dificultades económicas y buscan mercados a cualquier precio. Algunos de ellos, miembros de la CAN o del MCCA, están dispuestos a poner término a su compromiso regional para aceptar las propuestas del Gobierno de Bush de firmar acuerdos comerciales bilaterales. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú o El Salvador, que contemplan seriamente esa posibilidad en el contexto post Cancún. Dichos países, así como Chile y México, buscan ahora el modo de desvincularse del G-21 siguiendo el ejemplo de El Salvador, que abandonó el Grupo antes incluso de que finalizara la cumbre de Cancún.

6.1.2

A pesar de la aparición de las primeras grietas en el G-21, es preciso señalar que desde el fracaso de la Conferencia Ministerial de Seattle, en diciembre de 1999, las grandes potencias comerciales del planeta (EE UU, Japón y la UE) deben tener en cuenta a partir de ahora en las negociaciones multilaterales a países calificados hoy de potencias emergentes, como África del Sur, Brasil, China e India, que tienen capacidad para crear coaliciones de países, como el G-21, que pueden llegar a bloquear el avance de las negociaciones. Este grupo de 21 países ha contado, de manera circunstancial y por diferentes razones, con el apoyo de un frente de 90 países pobres, en su mayor parte africanos. No obstante, estos últimos no está integrados en el G-21.

6.1.3

Una de las principales razones para la constitución de este tipo de coaliciones es la dificultad que tienen los países en desarrollo para acceder a los mercados agrícolas de los países ricos. Los países en desarrollo exigen a los estadounidenses, los europeos y los japoneses que supriman sus subvenciones agrícolas, que según ellos desestabilizan sus economías. Aunque la UE ha dado muestras de querer llegar a un compromiso, proponiendo aislar las subvenciones que se demuestre perjudican realmente a los agricultores de los países en desarrollo, ha rehusado comprometerse a poner una fecha para la supresión de dichas subvenciones, como indica el acuerdo que europeos y estadounidenses firmaron a mediados de agosto de 2003 con miras a la cumbre de Cancún.

6.1.4

A la falta de acuerdo sobre la agricultura ha venido a sumarse la relativa a los llamados «temas de Singapur», cuyo nombre recuerda que fueron abordados por primera vez en la Conferencia Ministerial de Singapur, en 1996, a saber: inversión, competencia, transparencia de los contratos públicos y agilización de los intercambios. Estos temas revisten una gran importancia para los países ricos, a la vez que plantean serios problemas a los países en desarrollo.

6.1.5

En Cancún, algunos países en desarrollo reiteraron su oposición a entablar negociaciones sobre los «temas de Singapur» y sobre la liberalización de los servicios. Ante la obstinación de los países ricos, los países más pobres, hasta hoy marginados en las negociaciones por su escaso peso en los intercambios mundiales –menos del 1 %–, han mantenido su posición.

6.1.6

La mala gestión de las negociaciones sobre el algodón ha dado fuerza a esta alianza, formada en Ginebra unos meses antes de la cumbre de Cancún. El texto final no ofrecía nada en concreto en relación con un asunto vital para los países más pobres del planeta, que son los países del Sahel (Malí, Burkina Faso, Benin, Chad), a pesar de que las negociaciones iniciadas en Doha se denominaron, por iniciativa de la UE, «ronda de desarrollo». EE UU se negó a reducir los 4 000 millones de dólares de subvenciones que concede cada año a sus productores. En este contexto, los países en desarrollo se negaron a ceder.

6.1.7

Ante posiciones cerradas por una y otra parte, el fracaso de las negociaciones multilaterales de Cancún era inevitable.

6.1.8

El fracaso de Cancún pone de manifiesto no solo la capacidad cada vez mayor de los países del Sur para organizarse en defensa de sus intereses, sino también un error de apreciación, en particular de la UE, en relación con la alianza del G-21. Dicho fracaso constituye una amenaza adicional para la gobernanza mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales obedecen a un armazón de normas y tratados internacionales. Este conjunto normativo, que a menudo se percibe como una tela de araña que permite, en la medida de lo posible, acercar entre sí los países del mundo, se ha tejido en torno a las Naciones Unidas. A pesar de las debilidades y los fracasos que se le achacan, esta organización ha sabido crear un mínimo orden internacional. Desde el primer momento, la UE ha hecho del multilateralismo la clave de bóveda de sus relaciones exteriores. El marco multilateral proporciona, dentro de lo posible, un espacio que permite la gestión colectiva del planeta.

6.1.9

Hoy, la arquitectura jurídica mundial está en tela de juicio, y el unilateralismo, en particular el de EE UU, tiene tendencia a aumentar considerablemente en estos últimos tiempos, lo que constituye un ataque grave al orden jurídico internacional pacientemente construido desde hace cinco decenios.

6.1.10

El fracaso de Cancún contribuye a esta crisis de la gobernanza mundial. En estos momentos, EE UU pretende eludir la OMC dando preferencia a las alianzas bilaterales con sus vecinos. El bilateralismo constituye para EE UU un medio entre otros para hacer avanzar el proyecto ALCA. Por otra parte, el gobierno de Bush ha declarado recientemente que aunque la guerra en Irak lo ha alejado un tanto de ALC, tiene previsto dedicarse seriamente de nuevo a hacer avanzar el proyecto de las Américas, declaración que repitió al día siguiente de la Conferencia Ministerial de Cancún. Como se señala en el punto 6.1, algunos países de América Latina parecen estar dispuestos a firmar acuerdos bilaterales con EE UU, abandonando así sus propios compromisos regionales, lo que minaría los esfuerzos integracionistas latinoamericanos que la UE apoya decididamente.

6.2.1

EE UU ve en el ALCA un medio para aumentar su liderazgo mundial frente a las grandes potencias comerciales mundiales como Japón y la UE. Basta con examinar las múltiples dimensiones relacionadas con el proyecto del ALCA para constatar su envergadura. El proyecto obliga a los países a ir mucho más allá de la simple firma de un acuerdo de libre comercio con el objetivo de estimular el comercio de bienes y servicios por el desmantelamiento de las barreras arancelarias. El proyecto incluye también en los debates temas como la protección de las inversiones y los inversores, los mercados financieros, la propiedad intelectual, los contratos públicos, las políticas de competencia, etc.

6.2.2

Lo que realmente se está creando es un marco institucional basado principalmente en el Derecho y promotor de un modelo de profunda integración económica a través del mercado. Eso significa que el proyecto de integración de las Américas implica tanto un proceso de apertura de los mercados como la implantación de una serie nuevas normas, estándares y reglamentaciones que regularán el comercio mundial. Teniendo en cuenta el peso político y económico de EE UU, es muy probable que estas normas se inspiren en la normativa y la realidad americanas.

6.2.3

Si tal situación llegase a materializarse, no haría sino acelerar la pérdida de influencia de Europa y complicar las actividades de las empresas europeas en los mercados latinoamericanos y caribeños.

6.2.4

La entrada en vigor del TLCAN tuvo ya fuertes repercusiones negativas para la UE, al generar un efecto de desviación del comercio que hizo perder a las empresas europeas la mitad del mercado mexicano. Mientras que en 1990 Europa aún proporcionaba un 14,3 % de las importaciones de México, su cuota de mercado se redujo al 8,5 % en 1997. Al mismo tiempo, la Unión ya no absorbía más que un 3,6 % de las exportaciones mexicanas, contra un 12,6 % a principios de la década. En cambio, EE UU, que absorbe ya más del 90 % de las exportaciones mexicanas, se han transformado en el principal socio comercial de México. A pesar del acuerdo de asociación que la UE negoció en muy poco tiempo con México, las cuotas de mercado perdidas no se han recuperado en su totalidad. México está demasiado acostumbrado a comerciar con EE UU y no acaba de mirar hacia Europa con decisión. El acuerdo México-UE tiene un gran potencial que todavía no han explotado suficientemente ninguna de las partes.

6.2.5

La experiencia del TLCAN mostró hasta qué punto los flujos de intercambio pueden ser modificadas de esa forma. Es justamente este tipo de desviación del comercio y de las inversiones el que podría darse de nuevo con el ALCA.

6.2.6

Aun cuando la materialización del ALCA se retrasara, hay ya una tendencia a la regionalización y continentalización de los intercambios comerciales en América a raíz de los distintos acuerdos de libre comercio negociados en el continente. En la actualidad, un 60 % de las exportaciones y un 50 % de las importaciones totales de los 34 países se hacen dentro de las Américas, contra 48 % y 41 % hace 10 años. Aparte del MERCOSUR, que tiene a la UE como primer socio comercial, el resto de ALC tiene un comercio muy dependiente del norte del continente. Cerca del 50 % de las exportaciones de la CAN, un 45 % de las exportaciones del MCCA y un 41 % de las exportaciones del CARICOM van dirigidos a los países del TLCAN, y el ALCA no hará más que acentuar esta situación.

6.3.1

La UE debe tener presente la estrategia internacional de Estados Unidos a la hora de construir la suya. Lo cual no significa afirmarse como actor internacional por oposición a EE UU, sino más bien seguir la vía europea basada en la promoción de su modelo de gobernanza regional en el mundo, en armonía con las normas internacionales existentes, para construir a más largo plazo un mundo multirregional y, por consiguiente, más equilibrado. La celebración de acuerdos preferenciales con las diferentes agrupaciones regionales latinoamericanas permitiría consolidar sus respectivas estructuras internas así como su inserción internacional como actores únicos.

6.3.2

La UE no puede permitirse descuidar esa región del mundo, porque necesita socios para redefinir su papel en la política mundial. Los países de ALC constituyen aliados naturales por razones culturales, políticas, económicas, etc., sobre todo teniendo en cuenta que actualmente existe en este continente una verdadera demanda de Europa. Es necesario, como se propone en el informe del Parlamento Europeo de octubre de 2001, que la UE no siga subordinando la celebración de un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR a la finalización de las negociaciones de la OMC (12), tanto más cuanto que la fecha fijada para la conclusión del ciclo de Doha parece difícil de cumplir por las dificultades de las partes en hallar un consenso para hacer avanzar las negociaciones comerciales multilaterales, como lo demuestra el fracaso de Cancún.

6.3.3

Es importante que la UE comprenda el alcance del proyecto de las Américas. Si desea mantener su posición en ese continente y participar en el trazado de las nuevas normas del comercio internacional, es urgente que se dote de la voluntad política y de medios financieros a la altura de sus ambiciones internacionales y que hable con una sola voz en el seno de las instituciones económicas internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.) con el fin de hacer valer su influencia.

6.3.4

Hoy más que nunca, hay una necesidad clara de Europa en un continente latinoamericano y caribeño en crisis. La UE sigue siendo sido considerada como un modelo social y político de referencia. Europa no debe perder vista que el gran reto ante el que se encuentran actualmente los países de ALC es encontrar un modelo económico y social alternativo al del «consenso de Washington» y al proyecto de integración con EE UU.

6.3.5

Es cierto que las negociaciones multilaterales, la ampliación al Este, la evolución del contexto internacional desde el 11 de septiembre de 2001 y la crisis con que se enfrenta América Latina son otros tantos elementos que frenaron las relaciones entre estas dos partes del Atlántico. Pero la UE no solo tiene intereses económicos en la región, es también un protagonista global. Por lo tanto, no puede prescindir de una política integral y coherente hacia esta región.

6.3.6

Hay en América Latina una importante demanda de cambio, como lo demuestran las numerosas manifestaciones de protesta que se han producido en los últimos años en los países andinos y sudamericanos, así como la elección de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, o de Néstor Kirchner en Argentina. Ambos han manifestado su voluntad de reforzar su espacio regional antes de concluir el ALC y de favorecer las relaciones con la Unión Europea, como lo demuestran las visitas que ambos efectuaron a distintas capitales europeas durante el mes de julio de 2003.

6.3.7

Esta demanda de Europa sigue por el momento sin satisfacerse. Por eso se escuchan voces en Europa que denuncian esta situación. En efecto, algunos parlamentarios europeos no dudan en destacar que, a pesar de que Europa dispone de los instrumentos necesarios para proponer a ALC un proyecto alternativo al del ALCA, falta la voluntad política para hacerlo. Observaciones que se reiteraron en la XVI Conferencia Interparlamentaria UE-AL de mayo de 2003.

6.3.8

Es necesario conceder más importancia a los aspectos sociales y medioambientales de la relación. El CESE apoya la iniciativa del Comisario Patten de proponer que en la próxima cumbre UE-ALC, que se celebrará en 2004 en México, la «cohesión social» (13) constituya uno de los temas centrales de los debates.

6.3.9

Teniendo en cuenta el aumento del desempleo, así como la aceleración del empobrecimiento de las sociedades y de las iniquidades sociales en los países de ALC en estos diez últimos años, sería conveniente introducir en la asociación estratégica una cláusula social –y medioambiental– para que los acuerdos comerciales firmados con Europa puedan contribuir a disminuir la pobreza y las desigualdades extremas que caracterizan la región y atenuar los potenciales daños sociales colaterales de la liberalización comercial. Dicha cláusula social debería tener por objeto que los gobiernos de ALC utilicen los fondos de la UE para la redistribución de las rentas, lo que permitiría luchar contra el azote de las disparidades sociales que caracterizan a esta región del mundo.

6.3.10

Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, la UE y ALC han encontrado hasta ahora difícil definir una verdadera agenda común. Existe el peligro de que en la cumbre UE-ALC de México persista esa diferencia en las agendas. Mientras que el Comisario Patten desea hacer de esta tercera cumbre la de la cohesión social con el fin de contribuir a la erradicación de las desigualdades sociales y la pobreza en los países de América Latina, éstos consideran que es a través de un mejor acceso al comercio internacional como conseguirán relanzar el crecimiento y luchar contra la pobreza. Mientras europeos y latinoamericanos no consigan establecer una agenda común o, como mínimo, atenuar las divergencias en el orden de prioridades, seguirán teniendo muchas dificultades para progresar por la vía de la cooperación estratégica esbozada en Río. Aunque el CESE apoya resueltamente la iniciativa de la cohesión social, es preciso que la UE tenga también en cuenta las prioridades de sus socios para que la cumbre de México tenga éxito. Teniendo en cuenta la situación después de Cancún, la UE debe dar importancia no solo a las cuestiones sociales, que son las que le permiten distinguirse en la escena internacional, sino también a las expectativas de los países de ALC que decidan firmar acuerdos preferenciales con ella. La cumbre de México es una oportunidad para que Europa insufle la vitalidad que sin duda requiere la cooperación estratégica UE-ALC, algunos meses antes de la firma del ALCA.

7.1

El Acuerdo de Cotonú, firmado en junio de 2000 entre la UE y los países ACP, exige el diálogo entre las instituciones y los agentes no estatales, de modo que Estado y sociedad civil tengan un papel complementario en las acciones para el desarrollo. El Libro Blanco sobre la gobernanza europea, publicado en 2001, destaca también la importancia de la sociedad civil para la definición de las políticas de dimensión internacional.

7.2

Por consiguiente, es en este marco en el que debe desarrollarse la participación de la sociedad civil de ALC en sus relaciones con la UE, tanto en los programas de cooperación como en las negociaciones relativas a los acuerdos en preparación.

7.3

Hasta ahora, la participación de la sociedad civil en las negociaciones entre la UE y ALC no se ha realizado sobre una base real y estratégica, sino que ha tenido más bien carácter simbólico. Aparte de los encuentros entre el CESE y la sociedad civil organizada de ALC, sobre todo con motivo de la cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, muy poco se ha hecho en este sentido.

7.4

Teniendo en cuenta que la participación ciudadana constituye un elemento clave para la consolidación de la democracia y una base esencial para el desarrollo sostenible, y que es indispensable poder contar con la sociedad civil para dar legitimidad a la asociación estratégica UE-ALC y evitar el escollo del proyecto ALCA, tan reprobado por amplios sectores de las sociedades de las Américas, el CESE formula las siguientes propuestas:

7.4.1.1

En un mundo más complejo y con riesgos cada vez más numerosos, la Unión Europea debe tener una estrategia global basada en los valores de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, intentando al mismo tiempo construir un mundo más justo y más equilibrado.

7.4.1.2

Estos valores y este objetivo deben estar presentes en las relaciones con América Latina y el Caribe, a fin de que los pueblos de esta región comprendan que los acuerdos con la UE pueden ser un elemento fundamental para su propio desarrollo y su lugar en la escena mundial.

7.4.1.3

Para lograr concretar esta estrategia, es importante que la UE aumente sus recursos financieros de manera consecuente.

7.4.1.4

Así, en las negociaciones en curso, tanto con el MERCOSUR como con la CAN, el MCCA o el CARICOM, la UE debe tener en cuenta, además de las cuestiones comerciales o aduaneras, esa estrategia global.

7.4.1.5

La UE debe también reactivar el diálogo político UE-ALC, no solamente porque representa uno de los tres pilares de los acuerdos de asociación que la UE ha firmado o que está a punto de firmar con países o regiones de ALC, sino también y sobre todo porque constituye la marca que permite diferenciar entre el ALCA y el proyecto de asociación que la UE está tejiendo en la actualidad. Para ello es indispensable que la presencia ministerial europea en los foros interministeriales UE-ALC, como los encuentros UE-Grupo de Río, esté a la altura del objetivo perseguido: la realización de una asociación estratégica birregional.

7.4.2.1

A la vista del fracaso de las negociaciones de la OMC en Cancún y de la decisión estadounidense de celebrar negociaciones para realizar el calendario previsto para el ALCA, la Unión Europea debe adoptar cuanto antes un nuevo plan de acción y un calendario que se ajuste más a las nuevas realidades.

7.4.2.2

En particular, la Unión Europea debe reflexionar sobre la necesidad de un nuevo mandato de negociación que no dependa de la conclusión de las negociaciones de la Ronda de Doha.

7.4.2.3

El CESE desea que el Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR pueda firmarse –o, al menos, anunciarse– durante la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Guadalajara (México), en mayo de 2004.

7.4.3.1

La transparencia en las negociaciones y la información sobre los éxitos y los obstáculos son elementos esenciales para que la sociedad civil participe en todas las fases del proceso de negociación.

7.4.3.2

Europa debe tomar iniciativas dirigidas a todos los sectores de la sociedad civil, aclarando el sentido de sus propuestas y las concesiones que está dispuesta a hacer para conseguir un acuerdo con las partes interesadas.

7.4.4.1

La Unión Europea tiene muchísima experiencia en el terreno del diálogo civil; el CESE es uno de los ejemplos más notables.

7.4.4.2

Sin pretender exportar ningún modelo, la UE debe apoyar la creación de instituciones análogas en las regiones donde no existan o sean débiles.

7.4.4.3

Asimismo, el apoyo a los contactos y las relaciones más o menos institucionalizados con organizaciones de ambas orillas del Atlántico parece ser un elemento de aproximación muy favorable para la estrategia europea.

7.4.5.1

Todos los procesos de integración tienen consecuencias que afectan a la vida cotidiana de la gente y, sobre todo, de los más frágiles.

7.4.5.2

En ese sentido, la UE debe elaborar estudios sobre los efectos de la integración y la apertura de los mercados y, por consiguiente, apoyar financieramente las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social y de promoción del empleo.

7.4.6.1

La Unión Europea no debe limitarse a considerar los acuerdos con el ALC como una oportunidad para acceder a nuevos mercados, sino también como una oportunidad de desarrollo económico y social para los pueblos de los países de cada acuerdo.

7.4.6.2

Los beneficios de estos acuerdos deben llegar a toda la población y no solo a los que ya se benefician actualmente. Sería un error estratégico de consecuencias nefastas que la UE se viera vinculada a una política de aumento de las desigualdades económicas y sociales en ALC.

7.4.6.3

La exigencia de una política de cohesión social que acompañe todo el proceso de los acuerdos negociados o en curso de negociación debe ser la marca que permita diferenciar entre el proyecto de asociación que la UE está elaborando con ALC y el proyecto vinculado al ALCA.

7.4.6.4

El CESE acoge con agrado la iniciativa de la Comisión de sugerir que en la cumbre de México el tema de debate sea la cohesión social.

7.4.7.1

En el protocolo firmado entre la Comisión Europea y el CESE, en 2001, tras el Tratado de Niza, se reconoce que el Comité es la instancia privilegiada del diálogo entre las instituciones europeas y la sociedad civil, no sólo en Europa sino también con la sociedad civil organizada de los terceros países.

7.4.7.2

El CESE ha aprovechado todas las oportunidades que se le han presentado para cumplir esta función, pero reconoce que puede y debe avanzar en el diálogo con las organizaciones similares de ALC y buscar otras formas de colaboración, más estrechas y eficaces.

7.4.7.3

En un momento clave de las relaciones entre la UE y ALC, el CESE debe:

30.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 110/55

i.

Este dictamen exploratorio, solicitado por el Comisario Patten, pretende expresar la opinión de la sociedad civil organizada europea, latinoamericana y caribeña sobre la cohesión social en ALC. En especial, sobre la manera en que pueden contribuir las organizaciones de la SCO a dicho objetivo, mediante, por ejemplo, la concertación social, el desarrollo de los sistemas de protección social o la promoción de la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas. A tal efecto, esta opinión del CESE habrá de ser complementada con las aportaciones de las organizaciones latinoamericanas y caribeñas y con los resultados del debate del III Encuentro de la sociedad civil organizada UE-ALC, que se celebrará en la ciudad de México el próximo mes de abril.

ii.

Desechando cualquier pretensión definitoria del concepto de cohesión social, el dictamen señala las diferentes dimensiones –política, económica, social, territorial– de la misma, al objeto de tener en cuenta no sólo los factores macroeconómicos habitualmente considerados sino también otros, como los educativos, los institucionales o los del acceso a bienes públicos esenciales, que son fundamentales para analizar el grado de cohesión social en ALC.

iii.

La manifestación más relevante de la falta de cohesión social en ALC es, como se desprende del dictamen, la pobreza y la desigualdad. Aunque la primera ha mejorado relativamente en la última década (pasó de afectar al 48 % de la población, en 1990, al 43 % en 2002), la segunda ha continuado incrementándose hasta hacerse crónica. De tal manera que América Latina en su conjunto, y dentro de una gran heterogeneidad interna, es la región más desigual del planeta. A la pobreza material se suman la pobreza inmaterial (acceso a la educación y a la distribución de oportunidades) y la pobreza legal (desigualdad efectiva ante la ley, débil ciudadanía civil, política y social, inseguridad ante la existencia). Todo ello provoca violencia, desagregación y anomia social y afecta a la credibilidad de las instituciones y del sistema democrático. El riesgo de que se extienda en América Latina una percepción ciudadana que considere las suyas como «democracias irrelevantes» ha sido subrayado por un reciente informe del PNUD (Informe sobre la democracia en América Latina 2004).

iv.

El escaso desarrollo de elementos vertebradores, propios de cualquier sociedad avanzada (infraestructuras, educación, sistema sanitario o fiscal, justicia, protección social, marco de relaciones laborales, …), es un elemento común al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños. Hasta el punto de que el informe antes citado habla de Estados ausentes, como fenómeno característico de muchos países latinoamericanos. Tres manifestaciones relevantes de ello, entre otras, son la baja calidad, la desigualdad en el acceso y la desconexión con el sistema productivo de los sistemas educativos; la insuficiencia e inequidad de los sistemas fiscales dominantes en la región; y la carencia, en la mayoría de los países de la región, de sistemas de protección social universales, lo que provoca profundas desigualdades y la exclusión de la mayoría de la población de la cobertura que prestan los sistemas existentes.

v.

Es condición central para alcanzar mayores niveles de cohesión social en ALC, de acuerdo con el dictamen, lograr una superior eficiencia y democratización del sistema productivo, lastrado por altísimos niveles de informalidad, la escasa dimensión de sus mercados, la falta de diversificación de sus economías, la limitada dotación de infraestructuras, sobre todo en transportes y comunicaciones, las pendientes reformas agrarias, la carencia de recursos financieros y su dependencia, en este sentido, del exterior, el poco desarrollo de formas diversas de economía social, la deficiente calidad y protección del empleo y la práctica inexistencia de sistemas de relaciones laborales basados en el respeto de los derechos laborales básicos, en el equilibrio y en la confianza.

vi.

El dictamen enfatiza, así mismo, algo central desde la perspectiva del CESE: que alcanzar en ALC mayores niveles de democracia, de desarrollo humano y de gobernabilidad implica fortalecer a la SCO y aumentar la participación de la misma en las decisiones. Esta es una condición esencial para lograr incrementar la democracia política, conseguir una más justa distribución de la riqueza material e inmaterial y propiciar la inclusión en la vida política, económica y social de los sectores y minorías, como la población indígena, secularmente marginada.

vii.

Finalmente, el dictamen plantea una serie de propuestas y sugerencias sobre la aportación que las relaciones entre la UE y ALC podrían representar para la cohesión social en aquella región americana. Consideraciones que parten de dos premisas. Por una parte, la importancia estratégica que para la UE tienen las relaciones con ALC, tanto para fortalecer su papel en el plano mundial como para impulsar un nuevo orden internacional y una gobernanza justa y solidaria de la globalización; y la relevancia que, también para ALC, tienen sus relaciones con la UE, tanto para lograr una integración equilibrada en la región como para potenciar su capacidad de negociación en el ámbito internacional. Por otra parte, el convencimiento de que, además de contribuir al aumento de la cohesión social en ALC a través de la ayuda y la cooperación al desarrollo, la UE ha de situar este objetivo en el centro del conjunto de sus relaciones, en todos los ámbitos, con ALC.

viii.

Entre las sugerencias del dictamen, unas están orientadas al fortalecimiento de la sociedad civil organizada (apoyo a proyectos de desarrollo de la dimensión social en los procesos de integración regional, fomento de foros mixtos UE-ALC entre organizaciones socioprofesionales, apertura de una línea de financiación para el fortalecimiento de organizaciones socioeconómicas, la creación de un Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos en ALC, …); otras pretenden incidir en el desarrollo del sistema productivo y el establecimiento de marcos democráticos de relaciones laborales y de diálogo social (transferencia de experiencias europeas de concertación social, impulso a la creación de infraestructuras que atraigan inversiones extranjeras directas, dotación de un Fondo Pyme para América Latina, planes de codesarrollo con los países de origen de la inmigración de ALC hacia la UE, establecimiento de una Carta de Principios de la responsabilidad social de las empresas); algunas iniciativas tienen por objetivo disminuir la carga de la deuda externa y financiar el desarrollo (fórmulas para la renegociación, rescate o condonación de la deuda externa a través de programas de lucha contra la pobreza, de cooperación medioambiental o educativos, recomendaciones para tratar de evitar la dependencia de las agencias de rating); ciertas propuestas van dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de protección social (transferencia de experiencias europeas, apoyo a la subscrición de convenios entre países sobre inmigración, apoyo a la gestión y a la formación especializada); finalmente, en lo que se refiere a la ayuda al desarrollo y a la cooperación al desarrollo se propone también un conjunto de sugerencias: incrementar la coordinación entre los donantes europeos, mejorar la coherencia de las ayudas con los objetivos que se pretenden, apoyar que sean los países receptores quienes tomen las decisiones básicas sobre las intervenciones, asistir a los países más necesitados para facilitar y fortalecer su capacidad de presencia autónoma en las negociaciones multilaterales. Y, en general y de manera prioritaria, la formación de las personas y el fortalecimiento de las instituciones.

1.1

El 28 de marzo de 2003, el comisario Patten presentó a los miembros del Grupo de Río, reunidos en Vouliagméni, Grecia, una iniciativa dirigida a impulsar la cohesión social en los países de América Latina. Dicha iniciativa, que deberá ocupar un lugar central en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-América Latina y el Caribe que se celebrará en Guadalajara, México, el 28 y 29 de mayo de 2004, parte del análisis de que los beneficios de la democratización y el desarrollo económico logrados inicialmente en los años noventa del pasado siglo no alcanzaron a amplias capas de la población, aún sumidas en la desigualdad y la exclusión, lo que supone un obstáculo al desarrollo económico y genera inestabilidad en la región.

1.2

La UE está dispuesta a impulsar un nuevo consenso entre los gobiernos de América Latina y el Caribe que deberá formalizarse en la Cumbre de México mediante un compromiso firme para alcanzar determinados objetivos en materia de política social, fiscal, de desarrollo económico y de gasto social, entre otras. La UE tiene previsto contribuir a ese objetivo, que constituye un aspecto de especial relevancia para la asociación estratégica birregional, con un programa de 30 millones de euros dedicado a la transferencia de experiencia y conocimientos en la elaboración y aplicación de políticas sociales.

1.3

Para impulsar esta iniciativa, los días 5 y 6 de junio de 2003 la Comisión celebró, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un seminario sobre «la cohesión económica y social en América Latina y el Caribe» cuyo objetivo era abrir un amplio debate sobre el alcance del problema, su impacto negativo sobre el desarrollo y la estabilidad, las posibles opciones políticas y los esfuerzos que han de promover los gobiernos latinoamericanos para hacer frente a los problemas vinculados a la carencia de cohesión social, como, por ejemplo, la desigualdad y la exclusión social.

1.4

El 1 de julio de 2003, el Comisario Patten dirigió al CESE una solicitud de dictamen exploratorio sobre la cohesión social en Latinoamérica, con vistas al Tercer Encuentro de la sociedad civil UE-América Latina que el CESE, en colaboración con sus homólogos de América Latina y el Caribe, organizará en México los días 13, 14 y 15 de abril de 2004.

1.5

En opinión del Comisario Patten, el dictamen debería reflejar las opiniones de la sociedad civil organizada latinoamericana, caribeña y europea sobre la cohesión social en ALC, complementar los documentos elaborados con ocasión del Seminario de junio de 2003 (anteriormente mencionado), dar cuenta del papel que desempeñan actualmente los interlocutores sociales en Latinoamérica y el Caribe y analizar, junto con las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, de qué modo pueden contribuir los interlocutores sociales a una mayor cohesión social en sus países. Posibles ejemplos en este sentido serían la concertación social, la gestión conjunta de los sistemas de protección social o la aplicación, por parte de las empresas europeas que invierten en Latinoamérica, de una política de responsabilidad (1) social que se demuestre beneficiosa para la competitividad de las empresas y, al mismo tiempo, para la cohesión social de todas las partes implicadas.

2.1

El concepto de cohesión económica y social está sujeto a múltiples interpretaciones. A los efectos de este dictamen, partimos del concepto acuñado por la Comisión Europea en los sucesivos informes sobre la cohesión económica y social en la Unión, incorporando al análisis algunos aspectos que confieren una singularidad especial a la situación de América Latina, tales como el hambre, las poblaciones indígenas o el empleo informal, así como un mayor determinismo social en el acceso a la igualdad de oportunidades.

2.1.1

Para lograr una mayor cohesión social los Estados necesitan, en palabras de Enrique Iglesias, presidente del BID, dotarse de un «marco que promueva mecanismos e instituciones que reduzcan desigualdades y divisiones». Desde esta perspectiva, el concepto de cohesión social no se limita a un conjunto de indicadores socioeconómicos sino que abarca varias dimensiones.

2.2.1

La cohesión social tiene, en primer lugar, una dimensión política fundamental, que se extiende desde la calidad de las instituciones democráticas a la participación de los ciudadanos en la cosa pública, pasando por la preservación de vínculos sociales, la creación de sociedades más equitativas, de sistemas de protección social y de solidaridad, la preservación del patrimonio cultural y de los recursos naturales o la participación activa de los agentes económicos y sociales en la vida económica y social.

2.2.2

Para alcanzar mayores niveles de cohesión social se requiere la intervención del Estado y de las instituciones públicas, con normas y actuaciones eficaces: desarrollo de infraestructuras, servicios públicos de calidad, justicia independiente, normas que regulen las relaciones laborales, sistemas fiscales justos, etc. Las instituciones públicas tienen, en suma, un papel esencial en la promoción de los derechos y de la ciudadanía cívica, política y social. De ahí que la cohesión social sea, en primera instancia, una cuestión política.

2.3.1

La dimensión económica de la cohesión social tiene que ver con la riqueza y su distribución, con el desarrollo del tejido productivo (acceso a recursos básicos, incremento de los factores que inciden en la productividad, entorno favorable al desarrollo de las inversiones y de las Pymes, etc.), con la investigación, desarrollo e innovación, con la tasa de empleo y la calidad del mismo, con el nivel de los salarios y las diferencias salariales existentes. Objetivos estos últimos que vienen dificultados, en el caso de los países de América Latina y el Caribe, entre otras cosas, por la dualidad del mercado de trabajo entre empleo formal e informal, por la insuficiencia de inversiones productivas y la escasa cualificación de los recursos humanos de la región. Elevados grados de desigualdad económica, como los que caracterizan a las sociedades latinoamericanas, constituyen un freno al desarrollo económico y, por tanto, significan atraso económico y desestructuración social.

2.3.2

Por otro lado, no será posible aumentar sustancialmente la cohesión social en América Latina y el Caribe (ALC) sin una trayectoria sostenida de crecimiento económico y desarrollo social. Para lograrlo, son precisas mayores cotas de estabilidad macroeconómica –sin perjuicio de profundos avances en la equidad social– en concordancia con un proceso de reformas estructurales que activen los recursos productivos de la región, en particular el impulso a la creación de empresas, la capacitación de los trabajadores, una mejor distribución de la renta y la creación de marcos democráticos de relaciones laborales.

2.4.1

La cohesión social está íntimamente asociada a la cohesión territorial: capacidad para crear sinergias entre todos los actores de un territorio; dotación suficiente de infraestructuras de todo tipo, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; acceso para todos a servicios esenciales para la comunidad (desde la sanidad y la educación al agua, el transporte, la electricidad o la vivienda). Las desigualdades se manifiestan en el territorio, entre centro y periferia, entre zonas urbanas y rurales, entre áreas costeras y del interior, o bien respecto a sectores sociales como la población indígena o las nuevas migraciones.