Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

PUNTOS CLAVE

• Las empresas deben pagar las facturas en un plazo máximo de sesenta días, salvo acuerdo expreso recogido en el contrato y siempre que los términos no resulten manifiestamente abusivos para el acreedor.
• Las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios que adquieren en un plazo de treinta días. En circunstancias excepcionales, el plazo podrá ampliarse a sesenta días, por ejemplo, en el sector de la asistencia sanitaria o para actividades industriales o comerciales específicas.
• Los acreedores que hayan cumplido con sus obligaciones legales y contractuales, y que no hayan cobrado dentro de los plazos especificados, tienen derecho a cobrar intereses y compensación por demora.
• El interés que se pagará será de al menos ocho puntos porcentuales por encima del tipo de referencia aplicado por el Banco Central Europeo. La Comisión Europea facilita los tipos aplicables en línea. En la práctica, llegan al 8 % o 10 % en la mayoría de países de la UE (Unión Europea).
• Los acreedores tienen derecho a una cantidad mínima fija de 40 euros por parte de los deudores. Además, tienen derecho a una compensación por cualquier otro gasto razonable incurrido para cobrar la deuda, tales como gastos procesales o el empleo de una agencia para la gestión de cobros.
• Los acreedores tienen derecho a intereses desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del pago.
• Si un contrato no especifica la fecha de pago, el acreedor tiene derecho a recibir intereses treinta días después de que el deudor haya recibido la factura, o, si la fecha de llegada de la factura no está clara, se aplicará el mismo período de tiempo tras la suministración de los bienes o la prestación de servicios.
• Las autoridades nacionales deben tomar medidas para convencer a los ciudadanos sobre las medidas que existen para hacer frente a la morosidad.
• El 16 de marzo de 2016, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la legislación.

Entre octubre de 2012 y noviembre de 2014, la Comisión organizó una campaña informativa sobre la morosidad en toda la UE para concienciar a las partes interesadas sobre sus derechos y obligaciones.