Reforzar la cooperación con Suiza, Noruega e Islandia: el Convenio de Lugano

PUNTOS CLAVE

Aplicación

El Convenio se aplica a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

No se aplica a lo siguiente:

• asuntos fiscales, aduaneros y administrativos;
• estado y capacidad jurídica de las personas físicas;
• derechos de propiedad derivados de regímenes matrimoniales;
• testamentos y sucesiones;
• quiebra o convenios de acreedores;
• seguridad social o arbitraje.

Lograr un alto nivel de circulación de las resoluciones judiciales

El Convenio, firmado por la Comunidad Europea junto con Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza, debía entrar en vigor en cuanto fuese ratificado por los signatarios. Dinamarca fue una parte contratante independiente en este Convenio, ya que no suscribió el Reglamento Bruselas I (Reglamento (CE) n.^o 44/2001 del Consejo) que posteriormente fue sustituido por el Reglamento (UE) n.^o 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Las Partes contratantes depositan sus instrumentos de ratificación en poder del Consejo Federal Suizo, que actúa como depositario del presente Convenio. Al entrar en vigor, pueden adherirse al Convenio:

• los futuros miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio;
• los países de la UE que actúen en nombre de determinados territorios no europeos que formen parte de ese país (por ejemplo, los territorios de ultramar franceses como Numea) o que sean responsables de las relaciones exteriores de dichos territorios;
• cualquier otro Estado por acuerdo unánime de todas las Partes contratantes.

Basado en las normas aplicables entre los países de la UE

El Convenio sigue las normas actuales de la UE relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil entre los países de la UE. Esto significa que las normas son similares en la UE, Suiza, Noruega e Islandia. El Convenio también facilita el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales nacionales de estos países.

El Convenio exige que, en general, las personas domiciliadas (residentes legales) en un Estado vinculado por el Convenio estén sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. No obstante, también prevé normas especiales de competencia judicial en determinados aspectos como, por ejemplo:

• en materia de contratos: serán competentes los tribunales del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación en cuestión;
• en materia de alimentos: serán competentes los tribunales del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos (la persona que debe realizar los pagos establecidos por la resolución judicial);
• en materia de agravio (un acto ilegal o una infracción de un derecho que cause daños o perjuicios), delito (un acto ilegal por el cual la persona perjudicada tiene derecho a una reparación civil) o cuasidelito (una negligencia u omisión que cause daño o perjuicio a la persona o la propiedad de otro y, por lo tanto, exponga a una persona a la responsabilidad civil en competencias jurisdiccionales de derecho civil): serán competentes los tribunales del lugar en que se ha producido o se pueda producir el hecho dañoso.

El Convenio también prevé competencias jurisdiccionales específicas en materia de:

• seguros;
• contratos celebrados por los consumidores; y
• contratos individuales de trabajo.

En materia de contratos de arrendamiento (posesión de tierras o propiedades como arrendatario) y derechos inmobiliarios reales, serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado contratante donde se encuentre el inmueble.

Anexos al Convenio se incluyen una serie de protocolos cuyo objetivo es, entre otros, garantizar que sea interpretado de la forma más uniforme posible.