Proceso europeo de escasa cuantía – normas que rigen los litigios transfronterizos

PUNTOS CLAVE

La legislación:

• se aplica a asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil que no rebasen los 5 000 EUR;
• no se aplica a:
  • el estado y la capacidad jurídica de las personas físicas;
  • los derechos de propiedad derivados de los regímenes matrimoniales o de asociación;
  • las obligaciones de manutención familiar;
  • testamentos y sucesiones;
  • las quiebras;
  • la seguridad social;
  • el arbitraje;
  • el derecho laboral;
  • los arrendamientos de propiedades;
  • las violaciones del derecho a la intimidad y de otros derechos de la personalidad, incluida la difamación.

El proceso dispone que:

• los demandantes inicien el proceso escrito enviando un formulario estándar de demanda A (anexo I) cumplimentado, incluida cualquier documentación pertinente, al órgano jurisdiccional que tramitará el asunto;
• los órganos jurisdiccionales pueden:
  • solicitar información adicional, aclaraciones o correcciones de la demanda original, utilizando el formulario B (anexo II);
  • desestimar las demandas que no sean admisibles o en las que el demandante no proporcione la información adicional en el plazo fijado;
  • acordar celebrar una vista oral si consideran imposible dictar sentencia basándose únicamente en la prueba documental;
• los órganos jurisdiccionales tramiten el asunto enviando al demandado la demanda y un formulario estándar de contestación C (anexo III) en un plazo de 14 días a partir de la fecha de recepción del formulario debidamente cumplimentado;
• los demandados:
  • tienen 30 días para contestar al órgano jurisdiccional. Su respuesta se envía al demandante en un plazo de 14 días;
  • pueden contestar que el valor de la demanda no pecuniaria supera el límite de 5 000 EUR. El órgano jurisdiccional decide si eso es cierto. Si no lo considera cierto, el asunto continúa. Si lo considera cierto, se remite al sistema jurídico pertinente del país;
• los órganos jurisdiccionales dicten sentencia en un plazo de 30 días desde que recibieron la contestación del demandado o el demandante, a menos que:
  • soliciten a las partes afectadas información complementaria;
  • recurran a la práctica de la prueba por el medio más sencillo y menos gravoso;
  • organicen una vista oral, utilizando tecnología de comunicación a distancia, como vídeos o teleconferencias cuando sea posible, aunque las personas pueden solicitar estar físicamente presentes;
• los documentos y las sentencias se entreguen por correo postal o de forma electrónica, y se acuse su recibo;
• los formularios oficiales deben estar en el lenguaje utilizado por el órgano jurisdiccional y puede ser necesario traducir otros documentos;
• se aplique el Derecho procesal del país de la UE en el que se dirima el asunto.

Las costas deben:

• no ser desproporcionadas y no superar las de procesos judiciales simplificados nacionales;
• permitir a las partes, especialmente a aquellas que se encuentren en otro país de la UE, utilizar formas de pago a distancia, como transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito o directamente desde una cuenta bancaria.

La parte perdedora soportará las costas del proceso y no se pagarán a la parte ganadora si se han generado innecesariamente o no guardan proporción con el valor de la demanda.

Es posible recurrir la sentencia, si así lo prevé la legislación nacional del órgano jurisdiccional.

La revisión de la sentencia:

• es posible si el demandado:
  • no recibió la demanda o la citación de la vista oral con la suficiente antelación para preparar su defensa;
  • no ha tenido la posibilidad de oponerse a la demanda por causa de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad;
  • solicita una revisión en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la sentencia;
• puede ser aceptada por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso la sentencia es declarada nula y sin efecto, o rechazada y la sentencia se mantiene.

Las sentencias:

• son:
  • ejecutivas en cualquier otro país de la UE;
  • deben ir acompañadas de un certificado, formulario estándar D (anexo IV), en la lengua de la UE pertinente y ser entregadas sin coste, si así lo desea una de las partes;
• serán denegadas en la jurisdicción de ejecución, tras una solicitud de la parte perdedora, si son incompatibles con una sentencia judicial dictada con anterioridad en un país de la UE o en un tercer país, siempre que esta:
  • tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas partes;
  • se haya dictado en el país de la UE de ejecución o cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida como tal;
  • no se haya alegado y no haya podido alegarse la incompatibilidad durante el procedimiento judicial en el otro país;
• tras una solicitud de impugnación o revisión de una de las partes, pueden llevar al órgano jurisdiccional de la jurisdicción de ejecución a:
  • limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares;
  • subordinar la ejecución;
  • suspender, en circunstancias excepcionales, el procedimiento de ejecución.

La ejecución de las sentencias se rige por la legislación del país de ejecución.

Los países de la UE:

• facilitan formularios estándar de demanda A a todos los órganos jurisdiccionales que aplican el proceso europeo de escasa cuantía;
• ofrecen asistencia gratuita para cumplimentar los formularios y sobre información general;
• no están obligados a ofrecer ayuda o asistencia jurídica en un asunto concreto;
• informan a la Comisión Europea sobre si es posible recurrir conforme a su legislación nacional (información que la Comisión hace pública);
• utilizan la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil para informar a los ciudadanos y a los profesionales.