Prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en toda la Unión Europea

PUNTOS CLAVE

• Anteriormente, la violencia contra las mujeres se abordaba de forma no específica en reglamentos y directivas de la UE sobre ámbitos tales como:
  • la cooperación judicial en materia penal,
  • la igualdad entre mujeres y hombres,
  • los servicios digitales, y
  • la política de asilo.

Ámbito de aplicación

• La Directiva tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de protección en toda la UE contra estos tipos de violencia.
• La ley penaliza los siguientes delitos en toda la UE:
  • la mutilación genital femenina,
  • el matrimonio forzado,
  • la difusión no consentida de imágenes íntimas,
  • el ciberacecho,
  • el ciberacoso, y
  • la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos.
• Se aplica a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, independientemente de su género.

Características principales

La Directiva:

• fija unos grados mínimos para la pena máxima de prisión aplicable a las formas más graves de estos delitos;
• establece normas relativas a la jurisdicción, que incluyen delitos cometidos utilizando dispositivos de comunicación como los teléfonos;
• contribuye a garantizar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia con medidas tales como:
  • exigir canales de denuncia accesibles y seguros, incluida la posibilidad de denunciar y presentar pruebas en línea,
  • permitir órdenes urgentes de alejamiento, de prohibición y de protección,
  • establecer normas para eliminar o inhabilitar rápidamente el acceso a determinados materiales en línea;
• proporciona un mejor apoyo a las víctimas, que incluye:
  • exigir servicios de apoyo especializado para las víctimas, que incluyan información, asesoramiento y derivaciones,
  • apoyo especializado para las víctimas de violencia sexual y mutilación genital femenina,
  • garantizar apoyo para los menores víctimas y las víctimas de discriminación interseccional;
• promueve la prevención y la intervención temprana, que incluyen:
  • exigir medidas preventivas integrales tales como la concienciación y la educación,
  • programas de intervención para prevenir delitos y la reincidencia,
  • la formación obligatoria para profesionales que puedan entrar en contacto con víctimas;
• facilita la coordinación y cooperación, en particular:
  • exigiendo políticas coordinadas y organismos de coordinación designados a escala nacional,
  • pidiendo que se elaboren planes de acción nacionales y que se coordinen los organismos pertinentes,
  • estableciendo requisitos de recogida de datos e investigación.