Salarios mínimos en la Unión Europea

PUNTOS CLAVE

Ámbito de aplicación

La Directiva se aplica a todos los trabajadores de la UE que tienen un contrato de trabajo o una relación laboral tal como se define en la legislación, los convenios colectivos o la práctica vigentes en cada Estado miembro de la UE, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

A fin de fomentar la negociación colectiva relativa a la fijación de salarios, los Estados miembros, con la participación de interlocutores sociales, deben:

• promover la creación y el refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales para entablar negociaciones colectivas, sobre todo a nivel sectorial e interprofesional;
• fomentar negociaciones salariales constructivas, significativas e informadas entre los interlocutores sociales;
• actuar para garantizar el derecho a la negociación colectiva de los salarios y evitar que los trabajadores y los representantes sindicales sufran cualquier discriminación laboral;
• adoptar medidas para proteger a los trabajadores y los representantes sindicales, así como a los sindicatos y las organizaciones patronales, de cualquier interferencia entre sí o entre sus agentes o miembros en su establecimiento, funcionamiento o administración;
• cuando la tasa de cobertura de la negociación colectiva sea inferior a un umbral del 80 %, prever condiciones propicias, ya sea por ley o previa consulta a los interlocutores sociales, y establecer un plan de acción para aumentar dicha cobertura.

Los Estados miembros con salario mínimo legal deberán aplicar determinados procedimientos para garantizar su adecuación, con el fin de:

• alcanzar un nivel de vida decente;
• reducir la pobreza en el trabajo;
• promover la cohesión social y la convergencia social ascendente;
• reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Estos deben:

• emplear criterios que deben incluir, como mínimo, lo siguiente:
  • el poder adquisitivo de los salarios mínimos legales, teniendo en cuenta el coste de vida;
  • el nivel general de salarios, su tasa de crecimiento y su distribución;
  • los niveles de productividad y las tendencias nacionales a largo plazo;
• aplicar valores de referencia indicativos para evaluar si los salarios mínimos legales son adecuados — los Estados miembros pueden utilizar ajustes automáticos de indexación siempre que esto no suponga una disminución del salario mínimo legal;
• actualizar los salarios mínimos legales al menos cada dos años o, en el caso de los Estados miembros que utilicen un mecanismo de indexación automática, al menos cada cuatro años;
• designar uno o varios órganos consultivos que presten asesoramiento;
• implicar a los interlocutores sociales en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales;
• garantizar, con la participación de los interlocutores sociales, el acceso efectivo de los trabajadores a la protección del salario mínimo legal existente mediante el suministro de:
  • controles e inspecciones «in situ» eficaces, proporcionados y no discriminatorios;
  • recursos, formación y orientación suficientes para que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa puedan detectar y perseguir a los empresarios que la incumplan.

Otras normas exigen a los Estados miembros que:

• recojan datos precisos para controlar la protección del salario mínimo;
• hagan pública toda la información pertinente sobre los salarios mínimos legales y sensibilicen a los trabajadores y a los empresarios sobre las medidas;
• garanticen a los trabajadores el acceso a una resolución eficaz, oportuna e imparcial de los litigios y al derecho a la reparación;
• protejan a los trabajadores y a sus representantes de todo trato desfavorable por parte de un empresario;
• apliquen sanciones en caso de violación de la obligación prevista por la Directiva.

Esta Directiva en ningún caso:

• infringe la autonomía de los interlocutores sociales o su derecho a negociar y celebrar convenios colectivos;
• obligar a los Estados miembros a:
  • introducir un salario mínimo legal;
  • hacer que cualquier convenio colectivo sea de aplicación universal;
• afecta al derecho de los Estados miembros a:
  • decidir sobre el establecimiento de salarios mínimos legales, su nivel y el acceso a dicha protección;
  • establecer medidas o convenios colectivos más favorables para los trabajadores;
• proporciona motivos para reducir, mediante la disminución o la supresión de los salarios mínimos, el nivel general de protección del que ya disfrutan los trabajadores.