PUNTOS CLAVE

Las normas se aplican a lo siguiente:

sospechosos y acusados en procesos penales que se encuentren en alguna de estas situaciones:
- estén privados de libertad,
- deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la UE y no puedan sufragarlo, o
- deban o puedan asistir a un acto de investigación o de obtención de pruebas, incluidos, como mínimo, los siguientes: ruedas de reconocimiento (una fila de personas, incluida la persona que supuestamente ha cometido el delito, que se muestran a un testigo para la identificación), careos, reconstrucciones de los hechos, y
personas que afrontan una orden de detención europea (ODE).

Se aplican a todos los ciudadanos de la UE y a todos los países de la UE, salvo Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (¹).

Los países de la UE:

deben garantizar que los sospechosos y acusados que carezcan de medios suficientes para sufragar la asistencia de un letrado, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando los intereses de la justicia así lo exijan,
pueden aplicar distintas evaluaciones para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita:
- un evaluación de medios económicos (basada en los recursos del interesado, incluidos renta y riqueza) o,
- una evaluación de méritos (basada en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva en las circunstancia del caso),
deben respetar los criterios destinados a establecer estas evaluaciones, en particular se considera que existen los méritos cuando la persona se pone a disposición del tribunal para adoptar una decisión sobre su detención y durante la detención,
deben conceder asistencia jurídica sin demora injustificada y, a más tardar, antes de que el interesado sea interrogado por la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas.

Las personas buscadas³ tienen derecho a asistencia jurídica gratuita:

del país de la UE de ejecución², desde el momento de su detención y hasta su entrega al país de la UE emisor⁴, o hasta que la decisión de no proceder a la entrega sea firme,
del país emisor, cuando el ejercicio de su derecho a designar un letrado en el país emisor para asistir al letrado en el país de ejecución de acuerdo con las normas de la UE sobre el derecho a la asistencia de un letrado, en la medida en que la asistencia jurídica sea necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva.

Este derecho puede estar sujeto a una evaluación de medios económicos con los mismos criterios que para los procesos penales.

Los sospechosos, los acusados y las personas buscadas deben:

ser informados por escrito en caso de que su solicitud de asistencia jurídica gratuita sea denegada,
disponer de vías de recurso efectivas conforme a la normativa nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la Directiva,
ver que se toman en consideración sus necesidades específicas, si son personas vulnerables.

TÉRMINOS CLAVE

Asistencia jurídica gratuita: a los efectos de la presente Directiva, la financiación por un país de la UE de la puesta a disposición de un letrado, que permita a las personas que carecen de recursos para cubrir los costes procesales, la asistencia de uno.
Persona buscada: en el contexto de una orden de detención, la persona que se busca para una persecución penal o una pena de privación de libertad y cuya detención y entrega es solicitada por otro país.
País de ejecución: en el contexto de una orden de detención, el país al que otro país le pide que detenga y entregue a una persona buscada para una persecución penal o una pena de privación de libertad.
País emisor: en el contexto de una orden de detención, el país que pide a otro país que detenga y entregue a una persona buscada para una persecución penal o una pena de privación de libertad.