16.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 14/28


Recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de 2016 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-386/14, Fih Holding y Fih Erhvervsbank/Comisión

(Asunto C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, K. Blanck-Putz y A. Bouchagiar, agentes)

Otras partes en el procedimiento: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-386/14, Fih Holding y Fih Erhversbank/Comisión, notificada a la Comisión el 16 de septiembre de 2016.

Se pronuncie sobre la demanda presentada en primera instancia y la desestime por infundada.

Condene en costas a las partes contra quienes se dirige el recurso de casación, demandantes en primera instancia.

Alternativamente, la recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-386/14, Fih Holding y Fih Erhversbank/Comisión, notificada a la Comisión el 16 de septiembre de 2016.

Devuelva el asunto al Tribunal General para que examine el segundo motivo invocado en primera instancia.

Se reserve la decisión sobre las costas de los procedimientos de primera instancia y de casación.

Motivos y principales alegaciones

A juicio de la recurrente en casación, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que, para demostrar que las medidas de 2012 constituían una ayuda de Estado, la Comisión estaba obligada a aplicar el test del acreedor en una economía de mercado teniendo en cuenta el coste que habría supuesto para Dinamarca la no adopción de tales medidas. La referida declaración del Tribunal General es constitutiva de error de Derecho porque el coste en cuestión es consecuencia directa de la previa concesión de ayudas de Estado por parte de Dinamarca en favor de FIH, y la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia deja claro que la Comisión no puede tener en cuenta tal coste al examinar si un Estado miembro actuó como lo habría hecho un operador privado en una economía de mercado.