4.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 235/10


Recurso de casación interpuesto el 6 de junio de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 21 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados T-439/10 y T-440/10, Fulmen/Consejo

(Asunto C-280/12 P)

2012/C 235/19

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y R. Liudvinaviciute, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Comisión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Que se anule la sentencia dictada el 21 de marzo de 2012 por el Tribunal General (Cuarta Sala) en los asuntos acumulados T-439/10 y T-440/10.

Que se resuelva con carácter definitivo el ligio y se desestimen los recursos de Fulmen y el Sr. Mahmoudian contra los actos del Consejo impugnados.

Que se condene a Fulmen y al Sr. Mahmoudian a las costas en que haya incurrido el Consejo en primera instancia y en el marco del presente recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

El Consejo considera que la sentencia del Tribunal General recaída en los asuntos antes citados adolece de errores de Derecho y, por consiguiente, debe ser anulada por el Tribunal de Justicia.

El Consejo alega que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que la demandante debía aportar las pruebas para demostrar los motivos invocados en relación con la imposición de medidas restrictivas a la sociedad Fulmen, a saber, que dicha sociedad participó en la instalación de equipos electrónicos en el sitio nuclear de Quom/Fordoo (Irán).

A este respecto, el Consejo estima, en primer lugar, que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al considerar que debía exigir, al Estado miembro que propuso la designación de Fulmen, que presentara pruebas e información, cuando dichos elementos proceden de fuentes confidenciales. En segundo lugar, el Consejo sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el Tribunal podía tener en cuenta elementos confidenciales que no se hubieran comunicado a los abogados de las partes interesadas, mientras que el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no prevé esta posibilidad.