Palabras clave
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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Concepto

(Art. 234 CE)

2. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Obligaciones del sujeto pasivo

(Directiva 2006/112/CE del Consejo)

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1. Para apreciar si un organismo remitente posee el carácter de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, y su independencia.

La Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Comisión de conflictos tributarios del Gobierno de Lituania), cuya misión consiste en examinar de forma imparcial las reclamaciones de los contribuyentes en materia tributaria y adoptar decisiones motivadas y acordes a Derecho, cumple dichos criterios.

(véanse los apartados 35, 36 y 40)

2. La Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido que reúne los requisitos materiales para deducir este impuesto, de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva, y que se identifica a efectos del impuesto sobre el valor añadido dentro de un plazo razonable a partir de la realización de las operaciones que dan lugar al derecho a deducir pueda ser privado de la posibilidad de ejercer este derecho mediante una legislación nacional que prohíbe la deducción del impuesto sobre el valor añadido pagado con ocasión de la compra de bienes toda vez que dicho sujeto pasivo no se identificó a efectos del impuesto sobre el valor añadido antes de utilizarlos para una actividad sujeta al impuesto.

En virtud del artículo 178, letra a), de la Directiva 2006/122, el ejercicio del derecho a deducir contemplado en el artículo 168, letra a), de dicha Directiva, por lo que respecta a las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, está supeditado a un único requisito formal: que el sujeto pasivo esté en posesión de una factura expedida conforme a lo dispuesto en los artículos 220 a 236 y en los artículos 238 a 240 de la referida Directiva. Es cierto que, en virtud del artículo 213 de la Directiva 2006/122, los sujetos pasivos también están obligados a declarar el comienzo, la modificación y el cese de sus actividades, con arreglo a las medidas que adopten a estos efectos los Estados miembros. Sin embargo, esta disposición no autoriza en absoluto a los Estados miembros, en caso de que no se presente dicha declaración, a retrasar el ejercicio del derecho a deducir hasta el inicio efectivo de la realización habitual de las operaciones gravadas o a privar del ejercicio de este derecho al sujeto pasivo. Además, las medidas que los Estados miembros están facultados para adoptar en virtud del artículo 273 de la Directiva 2006/112, a fin de garantizar la correcta recaudación del impuesto y prevenir el fraude, no deben ir más allá de lo que sea necesario para alcanzar tales objetivos ni deben cuestionar la neutralidad del impuesto sobre el valor añadido. En consecuencia, la identificación prevista en el artículo 214 de la Directiva 2006/112, al igual que las obligaciones establecidas en su artículo 213, no constituye un acto que dé lugar al derecho a deducir, que nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible, sino un requisito formal a efectos de control. Por lo tanto, no se puede impedir que un sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido ejerza su derecho a deducir por el hecho de que no se haya identificado a efectos de dicho impuesto antes de utilizar los bienes adquiridos en el marco de su actividad gravada.

(véanse los apartados 47 a 51 y 54 y el fallo)