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Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Aplicación del Derecho nacional — Requisitos y límites

[Art. 88 CE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14, ap. 3]

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El artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE], debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en el supuesto de que los importes correspondientes a la ayuda de que se trata ya se hayan recuperado, a la anulación por el juez nacional, a causa de un vicio de forma, de las liquidaciones emitidas para recuperar la ayuda de Estado ilegal, cuando el Derecho nacional prevé la posibilidad de la subsanación de ese vicio de forma. En cambio, esta disposición se opone a que esos importes sean abonados de nuevo, aun provisionalmente, al beneficiario de dicha ayuda.

En efecto, el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999 refleja las exigencias del principio de efectividad, conforme al que un Estado miembro que, en virtud de una decisión de la Comisión, se halle obligado a recuperar ayudas ilegales, es libre de elegir los medios por los que ejecutará esta obligación, siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance y eficacia del Derecho de la Unión.

El control por el juez nacional de la legalidad formal de una liquidación emitida para la recuperación de una ayuda de Estado ilegal, y la posible anulación de esa liquidación por no haberse respetado las exigencias de forma previstas por el Derecho nacional, deben considerarse como la simple emanación del principio de tutela judicial efectiva, que constituye un principio general del Derecho de la Unión. No obstante, dicha anulación podría en principio llevar consigo, a favor del beneficiario de la ayuda que hubiera logrado ese resultado, el derecho a solicitar con fundamento en el Derecho nacional que los importes correspondientes a la ayuda ya devuelta le fueran abonados de nuevo. Así pues, es preciso que el Derecho nacional disponga de los instrumentos necesarios para evitar que la anulación de una liquidación dé lugar automáticamente a la devolución inmediata del importe pagado por el sujeto pasivo en ejecución de esa liquidación. La autoridad competente debe tener la posibilidad de subsanar el vicio de forma en el que incurre esa liquidación sin estar obligada a devolver al beneficiario de la ayuda ilegal, aun provisionalmente, los importes que éste haya satisfecho en ejecución de dicha liquidación.

(véanse los apartados 20, 21, 25 a 27 y 33 y el fallo)