Palabras clave
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Palabras clave

1 Cuestiones prejudiciales - Apreciación de validez - Competencia del Tribunal de Justicia - Alcance

(Tratado CE, art. 177)

2 Acuerdos internacionales - Acuerdos de la Comunidad - Efecto directo - Requisitos - Artículo 22 del Acuerdo de Cooperación CEE/Yugoslavia

(Acuerdo de Cooperación CEE/Yugoslavia, art. 22, ap. 4, y Protocolo Adicional, arts. 2, aps. 1 y 2, y 4)

3 Acuerdos internacionales - Acuerdos de la Comunidad - Acuerdo de Cooperación CEE/Yugoslavia - Posibilidad de que los justiciables impugnen la validez, con respecto a las normas del Derecho consuetudinario internacional, de un Reglamento que suspende las concesiones comerciales otorgadas por el Acuerdo

(Acuerdo de Cooperación CEE/Yugoslavia, art. 22, ap. 4, y Protocolo Adicional, arts. 2, aps. 1 y 2, y 4)

4 Derecho internacional público - Principios - Pacta sunt servanda - Normas del Derecho consuetudinario internacional relativas al cese y la suspensión de las relaciones convencionales - Posibilidad de que los justiciables invoquen dichos principios para impugnar la validez de un Reglamento que suspende las concesiones comerciales otorgadas por un Acuerdo de Cooperación - Procedencia - Control jurisdiccional - Límites

[Acuerdo de Cooperación CEE/Yugoslavia; Reglamento (CEE) nº 3300/91 del Consejo]

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5 La competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse, en virtud del artículo 177 del Tratado, sobre la validez de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad no implica límite alguno en cuanto a las causas de acuerdo con las cuales puede impugnarse la validez de dichos actos. Teniendo en cuenta que dicha competencia comprende la totalidad de los motivos de invalidez de que pueden adolecer dichos actos, el Tribunal de Justicia tiene la obligación de considerar si su validez puede verse afectada por su discrepancia con alguna norma de Derecho internacional.

6 Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, contiene una obligación clara y precisa, que en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno.

Así ocurre con el apartado 4 del artículo 22 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa Socialista de Yugoslavia que, en su versión resultante del artículo 4 del Protocolo Adicional a dicho Acuerdo, establece, para determinados vinos, un contingente arancelario comunitario respecto al cual se suprimen los derechos de aduana de importación en la Comunidad.

7 Un justiciable puede impugnar la validez, con respecto a las normas del Derecho consuetudinario internacional, de un Reglamento que suspende las concesiones comerciales otorgadas por el Acuerdo de Cooperación entre la CEE y la República Federativa Socialista de Yugoslavia, cuando invoca ante los Tribunales el tratamiento aduanero preferencial que le concede el apartado 4 del artículo 22 del referido Acuerdo.

En efecto, un acuerdo con un país tercero, celebrado por el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado CE, constituye, por lo que respecta a la Comunidad, un acto adoptado por una de sus Instituciones y las disposiciones de un acuerdo de este tipo forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. De ello se desprende que, en el supuesto de que un Reglamento comunitario que suspende la aplicación de un Acuerdo de Cooperación fuere declarado inválido por ser contrario a las normas de Derecho consuetudinario internacional, las concesiones comerciales otorgadas por las disposiciones de dicho Acuerdo seguirían siendo aplicables en el ordenamiento jurídico comunitario, hasta la fecha en que la Comunidad hubiese puesto fin al referido Acuerdo de conformidad con las normas de Derecho internacional aplicables.

Además, las competencias de la Comunidad deben ejercerse respetando el Derecho internacional. Por consiguiente, la Comunidad está obligada a respetar las normas del Derecho consuetudinario internacional al adoptar un Reglamento por el que se suspenden las concesiones comerciales otorgadas por un Acuerdo o en virtud de un Acuerdo celebrado por ella con un país tercero.

De lo antedicho se deduce que las normas del Derecho consuetudinario internacional relativas al cese y la suspensión de las relaciones convencionales como consecuencia de un cambio fundamental en las circunstancias vinculan a las Instituciones de la Comunidad y forman parte del ordenamiento jurídico comunitario.

8 Cuando el justiciable impugna, con carácter incidental, la validez de un Reglamento comunitario con respecto a las normas del Derecho consuetudinario internacional relativas al cese y la suspensión de las relaciones convencionales como consecuencia de un cambio fundamental en las circunstancias para invocar derechos que él basa directamente en un Acuerdo de la Comunidad con un país tercero, el asunto de que se trata no versa sobre el efecto directo de dichas normas.

Además, las citadas normas constituyen una excepción al principio pacta sunt servanda, que es un principio fundamental de todo ordenamiento jurídico y, en particular, del ordenamiento jurídico internacional. Aplicado al Derecho internacional, dicho principio exige que todo Tratado obligue a las partes y deba ser cumplido por ellas de buena fe.

En estas circunstancias, cuando un justiciable invoca ante los Tribunales derechos que él basa directamente en un Acuerdo con un país tercero, no puede negársele la facultad de impugnar la validez de un Reglamento que, al suspender las concesiones comerciales otorgadas por dicho Acuerdo, le impide alegarlas, e invocar, para impugnar su validez, las obligaciones derivadas de las normas del Derecho consuetudinario internacional que regulan el cese y la suspensión de las relaciones convencionales.

No obstante, debido a la complejidad de las referidas normas y a la imprecisión de determinados conceptos a los que se refieren, el control judicial debe limitarse necesariamente, en particular en el marco de una remisión prejudicial de apreciación de validez, a determinar si el Consejo, al adoptar el Reglamento de suspensión, incurrió en errores de apreciación manifiestos en lo que respecta a las condiciones de aplicación de dichas normas.