COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 26.2.2025

COM(2025) 81 final

2025/0045(COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2025) 80 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

–El número de empresas sujetas a requisitos obligatorios de presentación de información sobre sostenibilidad se reduciría en aproximadamente un 80 %, ya que se excluirían del ámbito de aplicación las grandes empresas con hasta 1 000 empleados (es decir, algunas de las empresas de la segunda tanda y de la primera tanda) y las pymes cotizadas (es decir, todas las empresas de la tercera tanda). Los requisitos de presentación de información solo se aplicarían a las grandes empresas con más de 1 000 empleados (es decir, las empresas con más de 1 000 empleados y, bien un volumen de negocios superior a 50 000 000 EUR, bien un balance superior a 25 000 000 EUR). Gracias a ese umbral revisado, se lograría una mayor armonización entre la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad 16 .

–En el caso de las empresas no sujetas a requisitos obligatorios de presentación de información sobre sostenibilidad, la Comisión propone una norma proporcionada, de aplicación voluntaria, basada en la Norma Voluntaria para Pymes del EFRAG. De acuerdo con la propuesta, la Comisión adoptaría dicha norma voluntaria mediante un acto delegado. Entretanto, a fin de responder a la demanda del mercado, la Comisión tiene la intención de emitir lo antes posible una recomendación acerca de la presentación voluntaria de información sobre sostenibilidad, basándose en la Norma Voluntaria para Pymes elaborada por el EFRAG.

–El límite máximo para la cadena de valor se ampliaría y reforzaría. En lugar de ser tan solo un límite a los requisitos que las NEIS pueden especificar, se aplicaría directamente a la empresa declarante. Protegería a todas las empresas con hasta 1 000 empleados y no solo a las pymes, como ocurre actualmente. Además, el límite se definiría en la norma voluntaria adoptada por la Comisión mediante un acto delegado y basada en la Norma Voluntaria para Pymes del EFRAG. De este modo, se reduciría sustancialmente el efecto goteo.

–No habría normas sectoriales de presentación de información, evitando así un aumento del número de puntos de datos prescritos que las empresas deben notificar.

–Se eliminaría la posibilidad de pasar de un requisito de verificación limitada a un requisito de verificación razonable. El objetivo sería aclarar que en el futuro no se producirá ningún incremento de los costes de la verificación para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación.

–En lugar de estar obligada a adoptar normas para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad a más tardar en 2026, la Comisión dispondría del mismo plazo para publicar directrices específicas sobre la verificación. Este enfoque permitiría a la Comisión abordar con mayor rapidez los problemas emergentes en el ámbito de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad que pudieran generar una carga innecesaria para las empresas sujetas a los requisitos de presentación de información.

–La propuesta introduciría un régimen de participación voluntaria en virtud del cual las grandes empresas con más de 1 000 empleados y con un volumen de negocios neto no superior a 450 000 000 EUR que alegasen que sus actividades se ajustan, total o parcialmente, a la taxonomía de la UE tendrían que comunicar su volumen de negocios y los indicadores clave de resultados de las CapEx y podrían optar por comunicar sus indicadores clave de resultados de los OpEx. Este enfoque de participación voluntaria eliminaría por completo el coste del cumplimiento de las normas de presentación de información con arreglo a la taxonomía para las grandes empresas con más de 1 000 empleados y con un volumen de negocios neto no superior a 450 000 000 EUR que no alegasen que sus actividades están asociadas a actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento sobre la taxonomía. Además, la presente propuesta ofrecería una mayor flexibilidad al permitir a dichas empresas informar sobre las actividades que cumplan tan solo determinados criterios técnicos de selección de la taxonomía. Tal posibilidad de presentar información sobre el cumplimiento parcial puede favorecer una transición medioambiental gradual de las actividades con el tiempo, en consonancia con el objetivo de intensificar la financiación de transición.

–las obligaciones con respecto a los socios comerciales indirectos de la cadena de actividades se acotan a los casos de elusión o a las situaciones en que se disponga de información sobre la existencia de efectos adversos o la probabilidad de que se produzcan tales efectos,

–se reduce la frecuencia con la que deben llevarse a cabo los ejercicios de seguimiento periódico, y

–se aclara y delimita el alcance de la colaboración con las partes interesadas.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

•Coherencia con otras políticas de la Unión

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 

•Proporcionalidad

–Grandes empresas con más de 1 000 empleados (es decir, empresas con más de 1 000 empleados y, bien un volumen de negocios superior a 50 000 000 EUR, bien un balance superior a 25 000 000 EUR) 18 : estarían sujetas a requisitos obligatorios de presentación de información y tendrían que presentar la información con arreglo al conjunto completo de NEIS, que a su vez se revisarían y simplificarían.

–Empresas no incluidas en el ámbito de aplicación (empresas con hasta 1 000 empleados): no estarían sujetas a requisitos obligatorios de presentación de información, podrían aplicar la norma proporcionada y de carácter voluntario, basada en la Norma Voluntaria para Pymes elaborada por el EFRAG, que adopte la Comisión mediante un acto delegado y estarían protegidas —gracias al límite máximo para la cadena de valor— frente a las solicitudes de información excesivas de las empresas más grandes incluidas en el ámbito de aplicación.

•Elección del instrumento

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

•Consultas con las partes interesadas

–«Convocatoria de datos sobre la racionalización de los requisitos de notificación», organizada por la Comisión Europea de octubre a diciembre de 2023 19 . 

–Reuniones de la Comisión Europea con empresas y otras partes interesadas a principios de febrero de 2025.

–La Comisión Europea también ha organizado otras actividades específicas con las partes interesadas, como dos grandes foros híbridos de partes interesadas en torno a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad celebrados en mayo y noviembre de 2024, con aproximadamente 400 participantes en modalidad presencial y más de 3 000 en modalidad virtual.

–La Comisión Europea recibió un gran número de cartas y análisis detallados de todo tipo de partes interesadas (desde empresas hasta inversores, pasando por bancos, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, cámaras de comercio y administraciones nacionales de los Estados miembros).

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

•Evaluación de impacto

•Adecuación regulatoria y simplificación

•Derechos fundamentales

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

•Documentos explicativos (para las Directivas)

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

–El apartado 1 sustituye al artículo 26 bis, apartado 3, de la Directiva sobre auditoría a fin de suprimir los plazos para que la Comisión adopte normas en relación con la verificación limitada y la facultad de la Comisión para adoptar normas en relación con la garantía razonable, incluidas las correspondientes remisiones.

–El apartado 2 sustituye al artículo 48 bis, párrafo segundo, de la Directiva sobre auditoría a fin de corregir un error en la remisión a las normas sobre verificación limitada.

–El apartado 1 modifica, en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva sobre contabilidad, el tamaño para que una empresa esté sujeta a la obligación de presentar información sobre sostenibilidad cuando se trate de una entidad de crédito o una empresa de seguros, a fin de reflejar las modificaciones introducidas en relación con el tamaño de las empresas a las que se aplica el artículo 19 bis (a saber, grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio).

–El apartado 1 también especifica, en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva sobre contabilidad, que la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), establecida por el Acuerdo Marco de la FEEF, no está sujeta a la obligación de presentar información sobre sostenibilidad.

–El apartado 2 modifica el artículo 19 bis de la Directiva sobre contabilidad como sigue:

·La obligación de elaborar y publicar información individual sobre sostenibilidad se limita exclusivamente a las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

·Se introduce el requisito de que los Estados miembros velen por que, a efectos de la presentación de la información sobre sostenibilidad exigida por la Directiva sobre contabilidad, y sin perjuicio de los requisitos de la Unión de llevar a cabo un proceso de diligencia debida, las empresas no traten de obtener de las empresas de su cadena de valor que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas voluntarias que deben adoptarse en virtud del artículo 29 quater bis, excepto por lo que se refiere a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate. Debe considerarse que las empresas que presenten información sobre su cadena de valor de conformidad con dicho requisito han cumplido las obligaciones de presentación de información sobre sostenibilidad.

·Se suprimen la opción de que las pymes cotizadas presenten información con arreglo a un conjunto de normas más proporcionado y la posibilidad de que las pymes cotizadas se acojan a la exclusión voluntaria de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad durante dos años, a fin de reflejar que dichas empresas están excluidas del ámbito de aplicación de las obligaciones de presentación de información sobre sostenibilidad.

–El apartado 3 introduce el artículo 19 ter a fin de permitir que las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados y no generen un volumen de negocios neto superior a 450 000 000 EUR durante el ejercicio dispongan de mayor flexibilidad a la hora de divulgar la información a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852.

–El apartado 4 modifica el artículo 29 bis de la Directiva sobre contabilidad como sigue:

·La obligación de elaborar y publicar información consolidada sobre sostenibilidad se limita exclusivamente a las sociedades matrices de un grupo grande que supere, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

·Se introduce el requisito de que los Estados miembros velen por que, a efectos de la presentación de la información sobre sostenibilidad exigida por la Directiva sobre contabilidad, y sin perjuicio de los requisitos de la Unión de llevar a cabo un proceso de diligencia debida, las empresas no traten de obtener de las empresas de su cadena de valor que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas voluntarias que deben adoptarse en virtud del artículo 29 quater bis, excepto por lo que se refiere a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate. Debe considerarse que las empresas que presenten información sobre su cadena de valor de conformidad con dicho requisito han cumplido las obligaciones de presentación de información sobre sostenibilidad.

–El apartado 5 introduce el artículo 29 bis bis a fin de permitir que las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados y no generen un volumen de negocios neto superior a 450 000 000 EUR, de manera consolidada, durante el ejercicio dispongan de mayor flexibilidad a la hora de divulgar la información a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852.

–El apartado 6 modifica el artículo 29 ter de la Directiva sobre contabilidad como sigue:

·Se suprime la facultad de la Comisión para adoptar normas sectoriales mediante actos delegados.

·Se especifica que las normas de presentación de información sobre sostenibilidad no deben contener requisitos de divulgación que obliguen a las empresas a obtener de las empresas de su cadena de valor que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la que deba divulgarse con arreglo a las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria que han de adoptarse en virtud del artículo 29 quater bis.

–El apartado 7 suprime el artículo 29 quater de la Directiva sobre contabilidad, relativo a la facultad de la Comisión para adoptar un conjunto de normas más proporcionado para las pymes cotizadas, a fin de reflejar que dichas empresas están excluidas del ámbito de aplicación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

–El apartado 8 introduce el nuevo artículo 29 quater bis en la Directiva sobre contabilidad a fin de otorgar a la Comisión la facultad para adoptar actos delegados por los que se establezcan normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria por parte de las empresas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación. Las normas deben ser proporcionadas y pertinentes atendiendo a las capacidades y características de dichas empresas, así como a la magnitud y complejidad de sus actividades, y deben especificar, en la medida de lo posible, la estructura que haya de utilizarse para presentar la información.

–El apartado 9 sustituye al artículo 29 quinquies de la Directiva sobre contabilidad a fin de especificar que, hasta que no se adopte un Reglamento Delegado sobre el marcado de la información sobre sostenibilidad presentada, las empresas no están obligadas a marcar dicha información.

–El apartado 10 sustituye al artículo 33, apartado 1, de la Directiva sobre contabilidad a fin de especificar que la responsabilidad colectiva de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa en lo referente a la digitalización del informe de gestión se limita a la publicación del informe en el formato electrónico único, incluido el marcado digital.

–El apartado 11 modifica el artículo 34 de la Directiva sobre contabilidad como sigue:

·Se suprime la referencia al artículo 29 quater que figura en el artículo 34, apartado 1, a fin de reflejar la supresión de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad para las pymes cotizadas.

·Se añade el apartado 2 bis, en el que se especifica que los prestadores de servicios de verificación deben elaborar su dictamen de verificación respetando la obligación de las empresas de no tratar de obtener de las empresas de su cadena de valor que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria.

–El apartado 12 modifica el artículo 40 bis, apartado 1, de la Directiva sobre contabilidad como sigue:

·El tamaño para que una empresa filial esté sujeta al artículo 40 bis se limita a los criterios que definen a las grandes empresas de conformidad con el artículo 3, apartado 4, de la Directiva sobre contabilidad.

·El umbral del volumen de negocios neto para que una sucursal esté sujeta al artículo 40 bis se eleva de 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, a fin de armonizarlo con el umbral del volumen de negocios para las grandes empresas.

·El umbral del volumen de negocios neto para que una empresa de un tercer país esté sujeta al artículo 40 bis se eleva de 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR generados en la Unión.

–El apartado 13 modifica el artículo 49 de la Directiva sobre contabilidad a fin de otorgar a la Comisión la facultad para establecer normas por las que se complete el régimen de presentación de información en lo referente a las actividades que solo sean parcialmente conformes con la taxonomía.

–El apartado 1, letra a), suprime el artículo 5, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de reflejar que determinadas empresas de la primera tanda se excluyen del ámbito de aplicación.

–El apartado 1, letra b), inciso i), sustituye al artículo 5, apartado 2, párrafo primero, letra b), inciso i), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de especificar las empresas que estarán obligadas a presentar información sobre sostenibilidad de manera individual en la segunda tanda, a saber, las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

–El apartado 1, letra b), inciso ii), sustituye al artículo 5, apartado 2, párrafo primero, letra b), inciso ii), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de especificar las empresas que estarán obligadas a presentar información sobre sostenibilidad de manera consolidada en la segunda tanda, a saber, las sociedades matrices de los grandes grupos que superen, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

–El apartado 1, letra c), deroga el artículo 5, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de reflejar que las pymes cotizadas se excluyen del ámbito de aplicación.

–El apartado 2, letra a), suprime el artículo 5, apartado 2, párrafo tercero, letra a), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de reflejar que determinados emisores de la primera tanda se excluyen del ámbito de aplicación.

–El apartado 2, letra b), inciso i), sustituye al artículo 5, apartado 2, párrafo tercero, letra b), inciso i), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de especificar los emisores que estarán obligados a presentar información sobre sostenibilidad de manera individual en la segunda tanda, a saber, los emisores que sean grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

–El apartado 2, letra b), inciso ii), sustituye al artículo 5, apartado 2, párrafo tercero, letra b), inciso ii), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de especificar los emisores que estarán obligados a presentar información sobre sostenibilidad de manera consolidada en la segunda tanda, a saber, los emisores que sean sociedades matrices de grandes grupos que superen, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

–El apartado 2, letra c), deroga el artículo 5, apartado 2, párrafo tercero, letra c), de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad a fin de reflejar que los emisores que sean pymes se excluyen del ámbito de aplicación.

El artículo 4 modifica los siguientes puntos principales de la Directiva (UE) 2024/1760 («Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad»): se amplía el alcance de la máxima armonización; se focaliza la diligencia debida, como norma general, en los socios comerciales directos; se suprime la obligación de poner fin a la relación comercial como medida de último recurso; se limita el concepto de «parte interesada» y se restringen aún más las fases del proceso de diligencia debida en las que se requiere la colaboración con las partes interesadas; se amplían los intervalos en los que las empresas deben supervisar periódicamente la adecuación y la eficacia de las medidas de diligencia debida; se aclaran los principios relativos a las sanciones pecuniarias y se elimina el «límite mínimo» de las multas; se eliminan determinados aspectos de la cláusula de responsabilidad civil y las normas relativas a las acciones de representación; se modifican las disposiciones sobre la aplicación de los planes de transición climática; se suprime la cláusula de revisión relativa a los servicios financieros, y se adelanta la adopción del primer conjunto de directrices de ejecución (generales) por parte de la Comisión. En concreto:

–El apartado 1 sustituye al artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad a fin de armonizar la descripción del objeto de la Directiva con las modificaciones propuestas del artículo 22, apartado 1, en lo referente a la ejecución de los planes de transición para la mitigación del cambio climático.

–El apartado 2 sustituye al artículo 3, apartado 1, letra n), de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, en la que se definen las «partes interesadas», a fin de reducir el ámbito de aplicación de este concepto simplificando la definición y limitándola a los trabajadores y sus representantes, así como a las personas y comunidades cuyos derechos o intereses se vean afectados (en el caso de los efectos adversos reales) o puedan verse afectados (en el caso de los efectos adversos potenciales) «directamente» por los productos, servicios y operaciones de la empresa, sus filiales y sus socios comerciales. Lo anterior incluye, por ejemplo, a las personas o comunidades en los alrededores de instalaciones operadas por socios comerciales que se vean afectadas directamente por la contaminación (por ejemplo, un vertido de petróleo o emisiones nocivas), o a los pueblos indígenas cuyo derecho a tierras o recursos se vea afectado directamente por el modo en que un socio comercial adquiera, desarrolle o utilice de otro modo tierras, bosques o aguas.

–El apartado 3 sustituye al artículo 4 de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, relativo al nivel de armonización, a fin de ampliar el alcance de la máxima armonización a varias disposiciones más de la Directiva que regulan los aspectos fundamentales del proceso de diligencia debida. Lo anterior incluye, en particular, el deber de detección, el deber de afrontar los efectos adversos que se hayan detectado o que deberían haberse detectado y el deber de implantar un mecanismo de reclamación y notificación. No obstante, la propuesta también reconoce que existen límites jurídicos a lo que puede armonizarse plenamente mediante una Directiva marco intersectorial que aborda la protección social y medioambiental y que, en esencia, establece un proceso general para que se aplique el deber de diligencia de las empresas con respecto a los efectos adversos ligados a las actividades comerciales. El hecho de llevar la máxima armonización más allá del ámbito descrito podría socavar los derechos humanos, incluidos los laborales, y las normas medioambientales, tanto las que están en vigor como las que están aún por desarrollar, por ejemplo para hacer frente a los riesgos emergentes relacionados con nuevos productos o servicios, mientras que los beneficios prácticos serían muy escasos. No ha de impedirse que los Estados miembros aborden tales riesgos, en particular en ámbitos en los que la Unión tiene competencias limitadas (como, por ejemplo, el Derecho laboral), cuando lo consideren necesario para regular la forma en que se aplica el deber de diligencia en circunstancias específicas.

–El apartado 4 modifica el artículo 8 de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, relativo a la detección y evaluación de efectos adversos reales y potenciales, sustituyendo al apartado 2, letra b), y al apartado 4 y añadiendo los nuevos apartados 2 bis y 5 sobre la cadena de actividades con los fines siguientes:

·Limitar las medidas de diligencia debida, como norma general, a las operaciones propias de una empresa, las de sus filiales y, cuando estén relacionadas con sus cadenas de actividades, las de sus socios comerciales directos. Por consiguiente, en lo que respecta a las relaciones comerciales, tras inventariar sus cadenas de valor, las empresas solo estarían obligadas a llevar a cabo una evaluación en profundidad a nivel de los socios comerciales directos. Ahora bien, la propuesta reconoce que puede haber situaciones en que las empresas tengan que mirar más allá de sus socios comerciales directos, a saber, cuando dispongan de información verosímil sobre la existencia de efectos adversos a nivel de un socio comercial indirecto. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando la estructura de la relación comercial carezca de justificación económica y sugiera que se ha escogido con el fin de eliminar del ámbito de la empresa a un proveedor que lleva a cabo actividades perjudiciales y que, de otro modo, sería un proveedor directo, cuando la empresa haya recibido una denuncia o esté al corriente de informes creíbles de ONG o medios de comunicación sobre la realización de actividades perjudiciales por parte de un proveedor indirecto, o esté al corriente de incidentes pasados en los que haya estado implicado el proveedor de que se trate, o cuando la empresa, a través de sus contactos comerciales, sepa de la existencia de problemas en un lugar determinado (por ejemplo, una zona de conflicto). En tales casos, debe exigirse que las empresas evalúen la situación con mayor exhaustividad. Cuando la evaluación confirme la probabilidad o la existencia de un efecto adverso, este debe considerarse detectado. Además, las empresas deben tratar de garantizar que su código de conducta —que forma parte de su política de diligencia debida y establece las expectativas sobre la forma de proteger los derechos humanos, incluidos los laborales, y el medio ambiente en las operaciones comerciales— se respete a lo largo de la cadena de actividades (cascada contractual). Tales requisitos están en consonancia con el enfoque adoptado en virtud de la Ley alemana relativa a las cadenas de suministro (Lieferkettensorgfaltspflicht-Gesetz), que contiene normas similares en lo referente tanto a centrar la atención en los proveedores directos como a ampliar la diligencia debida en función de la información disponible. Las empresas también deben tener en cuenta las medidas de apoyo a las pymes.

·Limitar en mayor medida el efecto goteo en las empresas con menos de 500 empleados (es decir, las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización) restringiendo la cantidad de información que pueden exigir las grandes empresas en el marco del inventario de la cadena de valor a la información especificada en la Norma Voluntaria para Pymes relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad, a menos que se requiera información adicional (por ejemplo, debido a que las normas no abarcan un efecto pertinente) y esa información no pueda obtenerse razonablemente de otro modo.

–Los apartados 5 y 6 sustituyen, respectivamente, al artículo 10, apartado 6, y al artículo 11, apartado 7, de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, relativos a la desvinculación, a fin de suprimir la obligación de poner fin a una relación comercial cuando existan efectos adversos o sea probable que se produzcan tales efectos. Una empresa puede encontrarse en la situación de que su producción dependa en gran medida de los insumos de uno o varios proveedores específicos. Ahora bien, si las operaciones comerciales de esos proveedores están vinculadas a efectos adversos graves (por ejemplo, trabajo infantil o importantes daños medioambientales) y la empresa ha agotado sin éxito todas las medidas de diligencia debida para hacer frente a tales efectos, dicha empresa debería, como último recurso, suspender la relación comercial mientras sigue trabajando con el proveedor o los proveedores para hallar una solución, aprovechando, en la medida de lo posible, la mayor influencia que pueda ejercer a raíz de la suspensión.

–El apartado 7 modifica el artículo 13, relativo a la colaboración constructiva con las partes interesadas, modificando el apartado 3, letra a), y suprimiendo las letras c) y e) a fin de aclarar que solo se exige que las empresas colaboren con las partes interesadas que sean «pertinentes», subrayando así que las empresas no tienen que consultar a todos y cada uno de los posibles grupos de partes interesadas, sino que pueden limitarse a las partes interesadas que tengan un vínculo con la fase específica del proceso de diligencia debida que se esté llevando a cabo (por ejemplo, las personas afectadas en el caso de diseñar una medida de reparación). Además, las modificaciones propuestas limitan aún más las fases del proceso de diligencia debida en las que se exige que las empresas colaboren con las partes interesadas.

–El apartado 8 modifica el artículo 15 de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, relativo a la supervisión, a fin de ampliar, de uno a cinco años, el intervalo en el que las empresas deben llevar a cabo evaluaciones periódicas de la adecuación y la eficacia de las medidas de diligencia debida. Gracias a dicha modificación, se reducirá considerablemente la carga, no solo para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, sino también para sus socios comerciales, a menudo pymes, que corren el riesgo de acabar recibiendo solicitudes de información (detallada) en el marco de dichos ejercicios de supervisión. Al mismo tiempo, la propuesta reconoce que las relaciones comerciales, así como los riesgos y efectos derivados de las actividades cubiertas por las relaciones comerciales, pueden evolucionar con el tiempo, a veces incluso en un corto plazo. Asimismo, teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación, es posible que las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos potenciales o reales demuestren ser inadecuadas o ineficaces, y los indicios al respecto podrían observarse antes de la fecha de la siguiente evaluación periódica. Por lo tanto, la empresa debe llevar a cabo evaluaciones ad hoc en tales situaciones.

–El apartado 9 modifica el artículo 19, apartado 3, de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad a fin de exigir que la Comisión, en un plazo de medio año, ponga a disposición sus directrices generales con orientaciones prácticas y mejores prácticas sobre la manera de aplicar la diligencia debida de conformidad con la Directiva.

–El apartado 10 modifica el artículo 22, apartado 1, relativo a los planes de transición de las empresas para la mitigación del cambio climático, a fin de garantizar una mayor claridad jurídica y la armonización de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad con la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. Más concretamente, la propuesta introduce una modificación relativa al requisito de poner en práctica el plan de transición para la mitigación del cambio climático. La propuesta deja claro que el plan debe incluir las medidas de ejecución previstas y adoptadas. Tanto la adopción del plan como su diseño inicial o actualizado siguen estando sujetos a supervisión administrativa.

–El apartado 11 sustituye al artículo 27, apartado 4, en lo que respecta a la imposición de sanciones pecuniarias como parte de la ejecución pública. El texto actual del artículo 27 ya aclara que «[a]l decidir si se imponen sanciones y, en caso de que se impongan, al determinar su naturaleza y su nivel», han de tenerse debidamente en cuenta una serie de factores que determinan la gravedad de la infracción (en particular, la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, así como la gravedad de los efectos derivados de dicha infracción) y si existen circunstancias atenuantes (por ejemplo, las inversiones realizadas y cualquier apoyo específico prestado) o circunstancias agravantes (por ejemplo, la reincidencia). Además, la disposición establece que las sanciones impuestas deben ser «efectivas, proporcionadas y disuasorias». Todo ello es acorde con las disposiciones similares de otros actos legislativos de la UE, como el Reglamento General de Protección de Datos. Si bien la Directiva no obliga a los Estados miembros a fijar un importe máximo de las multas (es decir, un «límite máximo» o una «horquilla»), establece que, en caso de que los Estados miembros decidan hacerlo, dicho límite máximo «no será inferior al 5 % del volumen de negocios mundial neto de la empresa». Esa disposición se introdujo con el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en la Unión al evitar que los Estados miembros establecieran límites que socavaran la eficacia y el carácter disuasorio de las multas impuestas a las empresas dentro de sus respectivos territorios. Sin embargo, la disposición ha generado confusión. En particular, aunque el citado límite no dice nada sobre las multas que se imponen efectivamente en un caso concreto, a veces se ha malinterpretado como un importe mínimo de las multas. A fin de aclarar la situación, las modificaciones propuestas abordan de manera diferente la cuestión de las condiciones de competencia equitativas, esto es, se encomienda a la Comisión la elaboración de directrices sobre la imposición de multas (un instrumento que también existe en otros ámbitos, como el Derecho de la competencia y la protección de datos) en colaboración con los Estados miembros y se prohíbe que los Estados miembros fijen límites máximos de las multas que impidan a las autoridades de control imponer sanciones de conformidad con los factores y principios establecidos en el artículo 27, apartados 1 y 2. Además, la propuesta suprime el requisito de que la multa sea proporcional al volumen de negocios mundial neto de la empresa.

–El apartado 12 modifica el artículo 29 de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, relativo a la responsabilidad civil, suprimiendo el apartado 1, el apartado 3, letra d), y el apartado 7 y modificando los apartados 2, 4 y 5 con los fines siguientes:

·Suprimir el régimen específico de responsabilidad civil a escala de la UE establecido en la Directiva. Además, en consonancia con el objetivo fundamental de la Directiva consistente en garantizar la protección de las víctimas frente a las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales derivados de las operaciones comerciales, las modificaciones propuestas mantienen los requisitos relativos al acceso efectivo a la justicia, incluido el derecho a una indemnización íntegra en caso de que una empresa sea considerada responsable del incumplimiento de los requisitos de diligencia debida en virtud de la Directiva de conformidad con el Derecho nacional y ese incumplimiento haya causado daños, al tiempo que se protege a las empresas frente a la compensación excesiva.

·En vista de que existen diferentes normas y tradiciones a nivel nacional en lo referente a permitir las acciones de representación, suprimir el requisito específico a ese respecto establecido en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

· Por la misma razón, suprimir la obligación de que los Estados miembros garanticen que las normas de responsabilidad civil sean de aplicación imperativa y prevalente en aquellos casos en los que la ley aplicable a las pretensiones correspondientes no sea el Derecho nacional del Estado miembro.

–El apartado 13 suprime el artículo 36, apartado 1, de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, suprimiendo así la primera cláusula de revisión de la Directiva, que obligaría a la Comisión a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, «a más tardar el 26 de julio de 2026», un informe sobre la necesidad de establecer requisitos adicionales de diligencia debida en materia de sostenibilidad adaptados a las empresas financieras reguladas por lo que respecta a la prestación de servicios financieros y las actividades de inversión, y las opciones para tales requisitos de diligencia debida, así como sus efectos. El motivo por el que se propone suprimir dicha cláusula de revisión es que no deja tiempo suficiente para asimilar la experiencia adquirida con el marco general de diligencia debida recién establecido.

El artículo 6 especifica que la presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2025/0045 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 50 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 20 ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)En su Comunicación de 11 de febrero de 2025 titulada «Una Europa más sencilla y rápida: Comunicación sobre la aplicación y la simplificación» 21 , la Comisión Europea expuso los conceptos subyacentes a un programa de aplicación y simplificación que ofreciera mejoras rápidas y visibles sobre el terreno para los ciudadanos y las empresas. Tal objetivo exige una acción audaz por parte de la Unión, en lugar de un enfoque progresivo. La Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo, las autoridades de los Estados miembros a todos los niveles y las partes interesadas deben colaborar para racionalizar y simplificar las normas de la UE, nacionales y regionales y aplicar las políticas de manera más eficaz.

(2)En el marco del compromiso de la Comisión de reducir la carga que supone la presentación de información y mejorar la competitividad, es preciso modificar las Directivas 2006/43/CE 22 , 2013/34/UE 23 , (UE) 2022/2464 24 y (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo 25 , manteniendo al mismo tiempo los objetivos estratégicos del Pacto Verde Europeo 26 y del Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles 27 .

(3)El artículo 26 bis, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE exige que los Estados miembros garanticen que los auditores legales y las sociedades de auditoría verifiquen la presentación de información sobre sostenibilidad de acuerdo con las normas de verificación limitada que debe adoptar la Comisión. El artículo 26 bis, apartado 3, de dicha Directiva exige que la Comisión adopte las citadas normas a más tardar el 1 de octubre de 2026. Las empresas han expresado su preocupación en relación con el trabajo que deben realizar los prestadores de servicios de verificación y han manifestado la necesidad de flexibilidad a la hora de hacer frente a los riesgos específicos y los problemas críticos detectados en los ámbitos de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Para que la Comisión pueda tomar en consideración esas preocupaciones, se le debe conceder mayor flexibilidad a la hora de adoptar las normas. En cualquier caso, a más tardar en 2026 y antes de adoptar las normas mediante un acto delegado, la Comisión publicará directrices específicas sobre la verificación en las que se aclaren los procedimientos necesarios que deben llevar a cabo los proveedores de servicios de verificación como parte del encargo de verificación limitada.

(4)El artículo 26 bis, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2006/43/CE faculta a la Comisión para adoptar normas relativas a la verificación razonable a más tardar el 1 de octubre de 2028, previa evaluación de la viabilidad. A fin de evitar el aumento de los costes de la verificación para las empresas, debe suprimirse el requisito de adoptar dichas normas relativas a la verificación razonable.

(5)El artículo 19 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exige que las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE, a excepción de las microempresas, elaboren y publiquen un estado de sostenibilidad a nivel individual. A fin de reducir la carga que supone la presentación de información para las empresas, es preciso que la obligación de elaborar y publicar un estado de sostenibilidad a nivel individual se limite a las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio. Teniendo en cuenta que, para considerar que es grande, una empresa debe rebasar dos de los tres criterios del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE, se deduce que, para estar sujeta a los requisitos de presentación de información, una empresa debe tener un número medio de empleados superior a 1 000 durante el ejercicio y, bien un volumen de negocios neto superior a 50 000 000 EUR, bien un balance total superior a 25 000 000 EUR.

(6)Es necesario hallar un equilibrio entre los objetivos de generar datos y de reducir la carga administrativa. La presentación de información sobre sostenibilidad, incluida la información a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 28 , por parte de las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio es indispensable para comprender la transición a una economía climáticamente neutra. En vista del equilibrio que debe hallarse entre los objetivos de generar datos y de reducir la carga administrativa, las grandes empresas incluidas en el nuevo ámbito de aplicación para la presentación de información sobre sostenibilidad que no generen un volumen de negocios neto superior a 450 000 000 EUR durante el ejercicio deben poder divulgar la información a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852 de manera más flexible. La Comisión ha de estar facultada para establecer normas que completen el régimen de presentación de información aplicable a dichas empresas. En particular, es preciso aclarar que la Comisión está facultada para especificar el régimen de presentación de información en lo referente a las actividades que solo se ajusten parcialmente a la taxonomía.

(7)El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2013/34/UE especifica que las entidades de crédito y las empresas de seguros que sean grandes empresas o pequeñas y medianas empresas (a excepción de las microempresas) con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE están sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad establecidos en dicha Directiva, con independencia de su forma jurídica. Dado que el ámbito de aplicación de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad a nivel individual debe reducirse a las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio, esa reducción del ámbito de aplicación también debe aplicarse a las entidades de crédito y las empresas de seguros.

(8)La Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), establecida por el Acuerdo Marco de la FEEF, está sujeta a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad de la Directiva 2013/34/UE, pero está exenta del régimen de presentación de información sobre sostenibilidad de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 29 en virtud del artículo 8 de esta Directiva. A pesar de que la FEEF sea una gran empresa constituida según una de las formas jurídicas enumeradas en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE, su mandato (a saber, salvaguardar la estabilidad financiera en la Unión proporcionando ayuda financiera de carácter temporal a los Estados miembros cuya moneda sea el euro) es en gran medida similar al del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que no está sujeto a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad. Para que se beneficie del mismo trato que el MEDE en lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad, y en interés de la coherencia con el régimen de exención establecido en la Directiva 2004/109/CE, la FEEF debe estar exenta del régimen de presentación de información sobre sostenibilidad de la Directiva 2013/34/UE.

(9)El artículo 19 bis, apartado 3, de la Directiva 2013/34/UE exige que las empresas presenten información sobre sus propias actividades y sobre su cadena de valor. Es necesario reducir la carga que supone la presentación de información para las empresas de la cadena de valor que no estén obligadas a presentar información sobre su sostenibilidad. Por lo tanto, a efectos de la presentación de información sobre sostenibilidad a nivel individual o consolidado, tal como exige la Directiva 2013/34/UE, y sin perjuicio de los requisitos de la Unión por los que se exige llevar a cabo un proceso de diligencia debida, la empresa declarante no debe tratar de obtener de las empresas de su cadena de valor, establecidas o no en la Unión, que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria para las empresas que no están obligadas a presentar información sobre su sostenibilidad. No obstante, debe permitirse que la empresa declarante recopile de dichas empresas de su cadena de valor la información adicional sobre sostenibilidad que se comparta habitualmente entre las empresas del sector de que se trate. Cuando una empresa presente información sobre su cadena de valor de conformidad con las limitaciones descritas, debe considerarse que ha cumplido la obligación de presentar información sobre su sostenibilidad. Los proveedores de servicios de verificación han de elaborar su dictamen de verificación respetando la obligación de las empresas de no tratar de obtener de las empresas de su cadena de valor que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria para las empresas que no están obligadas a presentar información sobre su sostenibilidad. A tal fin, es preciso facultar a la Comisión para adoptar un acto delegado en el que se establezcan normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria para las empresas que no están obligadas a presentar esa información. Las normas deben ser proporcionadas y pertinentes atendiendo a las capacidades y características de dichas empresas, así como a la magnitud y complejidad de sus actividades, y deben especificar, en la medida de lo posible, la estructura que haya de utilizarse para presentar la información.

(10)El artículo 29 quater, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE permite que las pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE, las entidades pequeñas y no complejas y las empresas de seguros y de reaseguros cautivas presenten la información sobre sostenibilidad de acuerdo con el conjunto reducido de normas que debe adoptar la Comisión. Dado que las pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE han de quedar excluidas de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad, debe suprimirse la facultad de la Comisión para adoptar actos delegados en los que se establezcan normas relativas a la presentación de información sobre sostenibilidad para esas empresas.

(11)El artículo 19 bis, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE permite que las pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE se acojan a una exclusión voluntaria de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad durante los dos primeros años de aplicación de los requisitos. Dado que las pequeñas y medianas empresas han de quedar excluidas de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad, debe suprimirse la disposición por la que se autoriza la exclusión voluntaria de dos años.

(12)El artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exige que las sociedades matrices de grandes grupos elaboren y publiquen un estado de sostenibilidad a nivel consolidado. A fin de reducir la carga que supone la presentación de información para esas sociedades matrices, el ámbito de aplicación de dicha obligación debe circunscribirse a las sociedades matrices de grandes grupos que superen, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio.

(13)El artículo 29 ter, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 2013/34/UE faculta a la Comisión para adoptar normas sectoriales de presentación de información mediante actos delegados, y se espera que el primer conjunto de dichas normas se adopte a más tardar en junio de 2026. A fin de evitar el aumento del número de puntos de datos prescritos sobre los que las empresas han de presentar información, debe suprimirse esa facultad.

(14)El artículo 29 ter, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE exige que las normas de presentación de información sobre sostenibilidad no establezcan requisitos de divulgación que obliguen a las empresas a obtener de las pequeñas y medianas empresas de su cadena de valor información que exceda de la que haya de divulgarse en virtud de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE. Dado que las pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE han de estar excluidas de la obligación de presentar información sobre sostenibilidad, y a fin de reducir la carga que supone la presentación de información para las empresas de la cadena de valor que no están sujetas a dicha obligación, las normas relativas a la presentación de información sobre sostenibilidad no deben establecer requisitos de divulgación que obliguen a las empresas a obtener de las empresas de su cadena de valor que no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la que haya de divulgarse en virtud de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria para las empresas que no están obligadas a presentar tal información.

(15)El artículo 29 quinquies de la Directiva 2013/34/UE exige que las empresas sujetas a los requisitos de los artículos 19 bis y 29 bis de dicha Directiva elaboren su informe de gestión, o, en su caso, su informe de gestión consolidado, en el formato electrónico de presentación de información que se especifica en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión 30 , así como que marquen la información sobre sostenibilidad, incluida la información contemplada en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 31 , en el formato electrónico de presentación de información que se especificará en dicho Reglamento Delegado. A fin de aportar claridad a las empresas, conviene especificar que, hasta que se adopten mediante dicho Reglamento Delegado las normas relativas al marcado de la información sobre sostenibilidad, no se les exigirá marcar tal información.

(16)El artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE especifica que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa son colectivamente responsables de garantizar que ciertos documentos se elaboren y publiquen de conformidad con los requisitos de dicha Directiva. A fin de ofrecer flexibilidad a las empresas y reducir la carga que les supone la presentación de información, debe especificarse que la responsabilidad colectiva de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa a efectos del cumplimiento de los requisitos del artículo 29 quinquies de dicha Directiva en lo referente a la digitalización del informe de gestión se limita a la publicación del informe en el formato electrónico único, incluido el marcado de la información sobre sostenibilidad en él contenida.

(17)En virtud del artículo 40 bis, apartado 1, párrafos cuarto y quinto, de la Directiva 2013/34/UE, las filiales establecidas en la Unión de empresas de terceros países que generen un volumen de negocios neto superior a 150 000 000 EUR en la Unión, o, de no haber una filial, las sucursales situadas en la Unión que generen un volumen de negocios neto superior a 40 000 000 EUR, deben publicar y hacer accesible información sobre sostenibilidad a nivel de grupo de la sociedad matriz del tercer país. A fin de lograr una mayor armonización con los criterios utilizados para definir las empresas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2024/1760, el umbral del volumen de negocios neto para las empresas de un tercer país debe aumentarse de 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Por motivos de coherencia, y con el objetivo de reducir la carga, debe adaptarse el tamaño para que una empresa filial y una sucursal estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 40 bis. El tamaño de la empresa filial debe ser el de una gran empresa, mientras que el criterio del volumen de negocios neto aplicable a la sucursal debe aumentarse de 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, a fin de armonizarlo con el aplicable a las grandes empresas.

(18)El artículo 5, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva (UE) 2022/2464 especifica las fechas, que varían en función del tamaño de la empresa de referencia, a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad establecidos en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Dado que debe reducirse el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad a nivel individual, a fin de incluir únicamente a las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio, y que debe reducirse en consecuencia el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad a nivel consolidado, es preciso, por una parte, ajustar los criterios para determinar las fechas de aplicación y, por otra parte, suprimir la referencia a las pequeñas y medianas empresas con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE.

(19)El artículo 5, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva (UE) 2022/2464 especifica las fechas, que varían en función del tamaño del emisor de que se trate, a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad establecidos en la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Dado que debe reducirse el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad a nivel individual, a fin de incluir únicamente a las grandes empresas que superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio, y que debe reducirse en consecuencia el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad a nivel consolidado, es preciso, por una parte, ajustar los criterios para determinar las fechas de aplicación y, por otra parte, suprimir la referencia a las pequeñas y medianas empresas.

(20)El artículo 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2024/1760 prohíbe que los Estados miembros introduzcan en su Derecho nacional disposiciones en el ámbito de aplicación de dicha Directiva que establezcan obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que difieran de las establecidas en su artículo 8, apartados 1 y 2, y en su artículo 10, apartado 1. A fin de garantizar que los Estados miembros no se extralimiten con respecto a dicha Directiva, así como de evitar la creación de un panorama normativo fragmentado que se traduzca en inseguridad jurídica y cargas innecesarias, las disposiciones de plena armonización de la Directiva (UE) 2024/1760 deben hacerse extensivas a otras disposiciones que regulan los aspectos fundamentales del proceso de diligencia debida. Lo anterior incluye, en particular, el deber de detección, el deber de afrontar los efectos adversos que se hayan detectado o que se deberían haber detectado, el deber de colaborar con las partes interesadas en determinados casos y el deber de implantar un mecanismo de reclamación y notificación. Al mismo tiempo, debe permitirse que los Estados miembros introduzcan disposiciones más estrictas o más específicas sobre otros aspectos, en particular para afrontar los riesgos emergentes relacionados con nuevos productos o servicios.

(21)El artículo 5 de la Directiva (UE) 2024/1760 obliga a los Estados miembros a velar por que las grandes empresas que superen un determinado tamaño actúen, en materia de derechos humanos y medio ambiente, con diligencia debida basada en el riesgo. A fin de reducir las cargas para las empresas que han de cumplir dicha obligación, es preciso que, por regla general, la diligencia debida se limite a las propias operaciones de la empresa, las de sus filiales y las de sus socios comerciales directos («nivel 1»). Por consiguiente, en lo que respecta a las relaciones comerciales, tras haber inventariado sus cadenas de actividades, las empresas solo deben estar obligadas a llevar a cabo evaluaciones en profundidad en relación con sus socios comerciales directos. No obstante, las empresas deben mirar más allá de sus relaciones comerciales directas cuando dispongan de información verosímil sobre la existencia de un efecto adverso a nivel de un socio comercial indirecto. Por «información verosímil» se entiende la información de carácter objetivo que permite a la empresa concluir que existe una probabilidad razonable de que sea veraz. Este puede ser el caso cuando la empresa haya recibido una denuncia o esté en posesión de información (por ejemplo, procedente de informes creíbles de medios de comunicación u ONG o de informes de incidentes recientes, o relacionada con problemas recurrentes en determinados lugares) sobre la existencia de actividades perjudiciales, o la probabilidad de que esas actividades se produzcan, a nivel de un socio comercial indirecto. Cuando la empresa disponga de dicha información, debe llevar a cabo una evaluación en profundidad. Las empresas también deben llevar a cabo evaluaciones en profundidad respecto de los efectos adversos que se produzcan más allá de sus socios comerciales directos cuando la estructura de la relación comercial carezca de justificación económica y sugiera que se ha escogido con el fin de eliminar del ámbito de la empresa a un proveedor que lleva a cabo actividades perjudiciales y que, de otro modo, sería un proveedor directo. Cuando la evaluación en profundidad confirme la probabilidad o la existencia de un efecto adverso, este debe considerarse detectado. Además, las empresas deben tratar de garantizar que su código de conducta —que forma parte de su política de diligencia debida y establece las expectativas sobre la forma de proteger los derechos humanos, incluidos los laborales, y el medio ambiente en las operaciones comerciales— se respete a lo largo de la cadena de actividades de acuerdo con la cascada contractual y con el apoyo a las pymes.

(22)A fin de restringir el efecto goteo en las pequeñas y medianas empresas y las pequeñas empresas de mediana capitalización en lo que respecta al inventario de la cadena de valor para detectar los efectos adversos, las grandes empresas deben limitar las solicitudes de información a la información especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 bis de la Directiva 2013/34/UE, a menos que necesiten información adicional para llevar a cabo el inventario y no puedan obtener dicha información de ninguna otra manera razonable.

(23)Una empresa puede encontrarse en la situación de que su producción dependa en gran medida de los insumos de uno o varios proveedores específicos. Ahora bien, si las operaciones comerciales de esos proveedores están vinculadas a efectos adversos graves, como el trabajo infantil o importantes daños medioambientales, y la empresa ha agotado sin éxito todas las medidas de diligencia debida para hacer frente a tales efectos, dicha empresa debe, como último recurso, suspender la relación comercial mientras sigue trabajando con el proveedor o los proveedores para hallar una solución, aprovechando, en la medida de lo posible, la mayor influencia que pueda ejercer a raíz de la suspensión.

(24)A fin de reducir las cargas que pesan sobre las empresas y hacer que la colaboración con las partes interesadas sea más proporcionada, las empresas solo deben colaborar con los trabajadores, sus representantes, incluidos los sindicatos, y las personas y comunidades cuyos derechos o intereses se vean o puedan verse directamente afectados por los productos, servicios y operaciones de la empresa, sus filiales y sus socios comerciales y que tengan un vínculo con la fase específica del proceso de diligencia debida que se esté llevando a cabo. Lo anterior incluye a las personas o comunidades en los alrededores de instalaciones operadas por socios comerciales que se vean afectadas directamente por la contaminación o a los pueblos indígenas cuyo derecho a tierras o recursos se vea afectado directamente por el modo en que un socio comercial adquiera, desarrolle o utilice de otro modo tierras, bosques o aguas. Además, la colaboración con las partes interesadas solo debe exigirse en determinadas partes del proceso de diligencia debida, a saber, en la fase de detección, a efectos del desarrollo de planes de acción (mejorados) y cuando se diseñen medidas correctoras.

(25)A fin de reducir la carga administrativa que pesa sobre las empresas, el plazo de la Comisión para la adopción de directrices generales sobre diligencia debida debe adelantarse al 26 de julio de 2026. Paralelamente, la fecha de aplicación de la Directiva (UE) 2024/1760 para el primer grupo de empresas debe aplazarse al 26 de julio de 2028, de conformidad con la Directiva (UE) XXX/XXX 32 . Ese intervalo de dos años debería de dar a las empresas tiempo suficiente para que, al aplicar las medidas de diligencia debida, puedan tener en cuenta las orientaciones prácticas y las mejores prácticas incluidas en las directrices de la Comisión.

(26)A fin de garantizar una mayor armonización entre la Directiva (UE) 2024/1760 y el régimen de presentación de información sobre sostenibilidad establecido en la Directiva (UE) 2022/2464, el requisito de poner en aplicación el plan de transición para la mitigación del cambio climático debe sustituirse por una aclaración de que la obligación de las empresas de adoptar un plan de transición incluye las medidas de ejecución, tanto las previstas como las adoptadas. Tanto la obligación de adoptar el plan como su diseño inicial y actualizado siguen estando sujetos a supervisión administrativa.

(27)El artículo 27, apartado 1, de la Directiva (UE) 2024/1760 exige que los Estados miembros establezcan sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias». El artículo 27, apartado 2, de dicha Directiva exige que los Estados miembros, al decidir si se imponen sanciones y, en caso de que se impongan, al determinar su naturaleza y su nivel, tengan debidamente en cuenta una serie de factores que determinan la gravedad de la infracción y las circunstancias atenuantes o agravantes. El artículo 27, apartado 4, de la misma Directiva exige que los Estados miembros basen las sanciones pecuniarias que se impongan en el volumen de negocios mundial neto de la empresa de que se trate. Sin embargo, dado que los Estados miembros ya deben tener en cuenta la serie de factores establecidos en el artículo 27, apartado 2, de la Directiva, el requisito de basar las sanciones pecuniarias en el volumen de negocios mundial neto de la empresa de que se trate es superfluo. Ahora bien, a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, debe prohibirse que los Estados miembros introduzcan en su Derecho nacional un límite máximo o una horquilla para las sanciones pecuniarias impuestas a las empresas de su territorio que impida a las autoridades de control imponer sanciones de conformidad con los factores establecidos en el artículo 27, apartado 2. Además, a fin de armonizar las prácticas de control en toda la Unión, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe elaborar directrices para ayudar a las autoridades de control a determinar el nivel de las sanciones.

(28)Con miras a limitar los posibles riesgos de litigio relacionados con el régimen armonizado de responsabilidad civil de la Directiva (UE) 2024/1760, debe suprimirse el régimen específico de responsabilidad civil a escala de la Unión actualmente contemplado en el artículo 29, apartado 1, de dicha Directiva. Al mismo tiempo, a tenor tanto del Derecho internacional como del Derecho de la Unión, debe exigirse que los Estados miembros velen por que las víctimas de efectos adversos tengan un acceso efectivo a la justicia y por que se respete el derecho de dichas víctimas a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 2, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9, apartado 3, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que, cuando una empresa sea considerada responsable del incumplimiento de los requisitos de diligencia debida establecidos en la Directiva (UE) 2024/1760 y ese incumplimiento haya causado daños, las víctimas puedan recibir una indemnización íntegra, que ha de concederse de conformidad con los principios de efectividad y de equivalencia, si bien equilibrándolo con salvaguardias que impidan la compensación excesiva. En vista de las diferentes normas y tradiciones que existen a nivel nacional en lo referente a permitir las acciones de representación, debe suprimirse el requisito específico establecido a ese respecto en la Directiva (UE) 2024/1760. Dicha supresión ha de entenderse sin perjuicio de cualquier disposición del Derecho nacional aplicable que permita que un sindicato, una organización no gubernamental en el ámbito de los derechos humanos o el medio ambiente, otra organización no gubernamental o una institución nacional de derechos humanos interpongan demandas para hacer valer los derechos de una parte presuntamente perjudicada o apoyen las demandas de ese tipo interpuestas directamente por una parte presuntamente perjudicada. Además, por la misma razón, debe suprimirse la obligación de que los Estados miembros garanticen que las normas de responsabilidad civil sean de aplicación imperativa y prevalente en aquellos casos en los que la ley aplicable a las pretensiones correspondientes no sea el Derecho nacional del Estado miembro. Dicha supresión no restringe la posibilidad de que los Estados miembros establezcan que las disposiciones de Derecho nacional por las que se transpone el artículo 29 de la Directiva (UE) 2024/1760 sean de aplicación imperativa y prevalente de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 en aquellos casos en los que la ley aplicable a las pretensiones correspondientes no sea el Derecho nacional de un Estado miembro.

(29)El artículo 36, apartado 1, de la Directiva (UE) 2024/1760 exige que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 26 de julio de 2026, un informe sobre la necesidad de establecer requisitos adicionales de diligencia debida en materia de sostenibilidad adaptados a las empresas financieras reguladas por lo que respecta a la prestación de servicios financieros y las actividades de inversión, y las opciones para tales requisitos de diligencia debida, así como sus efectos. Debe suprimirse dicha cláusula de revisión, ya que no deja tiempo suficiente para asimilar la experiencia adquirida con el marco general de diligencia debida recién establecido.

(30)Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(31)Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/43/CE, la Directiva 2013/34/UE, la Directiva (UE) 2022/2464 y la Directiva (UE) 2024/1760 en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2006/43/CE

La Directiva 2006/43/CE se modifica como sigue:

1)En el artículo 26 bis, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.    La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 48 bis por los que se complete la presente Directiva a fin de establecer normas de verificación limitada por las que se dispongan los procedimientos que deban aplicar el auditor o auditores y la sociedad o sociedades de auditoría para extraer sus conclusiones sobre la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, incluida la planificación del encargo, la consideración del riesgo y la respuesta a los riesgos, y el tipo de conclusiones que deban incluirse en el informe de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad o, en su caso, en el informe de auditoría.

La Comisión únicamente podrá adoptar las normas de verificación contempladas en el párrafo primero cuando:

a)hayan sido elaboradas siguiendo el debido procedimiento y con la supervisión pública y transparencia apropiadas;

b)contribuyan a un nivel elevado de credibilidad y calidad de la presentación de información anual o consolidada sobre sostenibilidad, y

c)redunden en el interés público de la Unión.».

2)En el artículo 48 bis, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 26 bis, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido.».

Artículo 2

Modificaciones de la Directiva 2013/34/UE

La Directiva 2013/34/UE se modifica como sigue:

1)El artículo 1 se modifica como sigue:

a)en el apartado 3, el texto de la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«Las medidas de coordinación prescritas por los artículos 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 y 33, el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, letra a bis), el artículo 34, apartados 2 y 3, y el artículo 51 de la presente Directiva se aplicarán también a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las siguientes empresas, independientemente de su forma jurídica, siempre que sean grandes empresas que, en la fecha de cierre del balance, superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio:»;

b)el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.    Las medidas de coordinación prescritas por los artículos 19 bis, 29 bis y 29 quinquies no se aplicarán a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), establecida por el Acuerdo Marco de la FEEF, ni a los productos financieros enumerados en el artículo 2, punto 12, letras b) y f), del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

_____________________________________________

* Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).».

2)El artículo 19 bis se modifica como sigue:

a)en el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Las grandes empresas que, en la fecha de cierre del balance, superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio incluirán en su informe de gestión la información necesaria para comprender el impacto de la empresa en las cuestiones de sostenibilidad, así como la información necesaria para comprender cómo afectan las cuestiones de sostenibilidad a la evolución, los resultados y la situación de la empresa.»;

b)el apartado 3 se modifica como sigue:

i)el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«En su caso, la información a que se refieren los apartados 1 y 2 contendrá datos sobre las propias actividades de la empresa y sobre su cadena de valor, incluidos sus productos y servicios, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro. Los Estados miembros velarán por que, a efectos de la presentación de información sobre sostenibilidad exigida por la presente Directiva, las empresas no traten de obtener de las empresas de su cadena de valor que, en la fecha de cierre del balance, no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 quater bis, excepto por lo que respecta a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate. Cuando una empresa presente la información necesaria sobre la cadena de valor sin incluir, en relación con las empresas de su cadena de valor que, en la fecha de cierre del balance, no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio, información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 quater bis, excepto por lo que respecta a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate, se considerará que dicha empresa ha cumplido la obligación de presentar información sobre la cadena de valor establecida en el presente apartado.»;

ii)se añade el párrafo siguiente:

«El párrafo primero se entenderá sin perjuicio de los requisitos de la Unión para que las empresas lleven a cabo un procedimiento de diligencia debida.»;

c)se suprimen los apartados 6 y 7.

3)Se inserta el artículo 19 ter siguiente:

«Artículo 19 ter

Presentación de información opcional relacionada con la taxonomía para determinadas empresas

1.    No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852, los Estados miembros velarán por que las empresas a que se refiere el artículo 19 bis, apartado 1, de la presente Directiva que, en la fecha de cierre del balance, no hayan generado un volumen de negocios neto superior a 450 000 000 EUR durante el ejercicio apliquen los apartados 2, 3 y 4 de la presente Directiva.

2.    Las empresas a que se refiere el apartado 1 que aleguen que sus actividades están relacionadas con actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles con arreglo a los artículos 3 y 9 del Reglamento (UE) 2020/852 o con actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos de esas disposiciones incluirán en su informe de gestión información sobre el modo y la medida en que sus actividades están relacionadas con dichas actividades económicas.

3.    En particular, las empresas no financieras que aleguen que sus actividades están relacionadas con actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles con arreglo a los artículos 3 y 9 del Reglamento (UE) 2020/852 divulgarán los indicadores siguientes:

a)la proporción de su facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de dicho Reglamento;

b)la proporción de sus inversiones en activos fijos relacionadas con activos o procesos asociados a actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de dicho Reglamento.

Las empresas no financieras que divulguen los indicadores a que se refiere el párrafo primero podrán divulgar la proporción de sus gastos de explotación relacionados con activos o procesos asociados a actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 del Reglamento (UE) 2020/852.

4.    En particular, las empresas no financieras que aleguen que sus actividades están relacionadas con actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/852 divulgarán los indicadores siguientes:

a)la proporción de su facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 de dicho Reglamento;

b)la proporción de sus inversiones en activos fijos relacionadas con activos o procesos asociados a actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 de dicho Reglamento.

Las empresas no financieras que divulguen los indicadores a que se refiere el párrafo primero podrán divulgar la proporción de sus gastos de explotación relacionados con activos o procesos asociados a actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/852.

5.    La Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 49 de la presente Directiva para completar los apartados 1, 2, 3 y 4 del presente artículo a fin de especificar el contenido y la presentación de la información que deba divulgarse en virtud de dichos apartados, incluido el contenido de la información relativa a las actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los criterios establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/852, así como la metodología que deba emplearse para cumplir lo dispuesto en dichos apartados, teniendo en cuenta las particularidades tanto de las empresas financieras como de las no financieras y los criterios técnicos de selección establecidos en virtud del mencionado Reglamento.».

4)El artículo 29 bis se modifica como sigue:

a)en el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Las sociedades matrices de un grupo grande que supere, en la fecha de cierre del balance, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio incluirán en el informe de gestión consolidado la información necesaria para comprender el impacto del grupo en las cuestiones de sostenibilidad, así como la información necesaria para comprender cómo afectan las cuestiones de sostenibilidad a la evolución, los resultados y la situación del grupo.»;

b)el apartado 3 se modifica como sigue:

i)el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«En su caso, la información a que se refieren los apartados 1 y 2 contendrá datos sobre las propias actividades del grupo y sobre su cadena de valor, incluidos sus productos y servicios, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro. Los Estados miembros velarán por que, a efectos de la presentación de información sobre sostenibilidad exigida por la presente Directiva, las empresas no traten de obtener de las empresas de su cadena de valor que, en la fecha de cierre del balance, no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 quater bis, excepto por lo que respecta a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate. Cuando una empresa presente la información necesaria sobre la cadena de valor sin incluir, en relación con las empresas de su cadena de valor que, en la fecha de cierre del balance, no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio, información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 quater bis, excepto por lo que respecta a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate, se considerará que dicha empresa ha cumplido la obligación de presentar información sobre la cadena de valor establecida en el presente apartado.»;

ii)se añade el párrafo siguiente:

«El párrafo primero se entenderá sin perjuicio de los requisitos de la Unión para que las empresas lleven a cabo un procedimiento de diligencia debida.».

5)Se inserta el artículo 29 bis bis siguiente:

«Artículo 29 bis bis

Presentación de información opcional relacionada con la taxonomía para determinadas sociedades matrices

1.    No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852, los Estados miembros velarán por que las sociedades matrices a que se refiere el artículo 29 bis, apartado 1, de la presente Directiva que, en la fecha de cierre del balance, de manera consolidada, no hayan generado un volumen de negocios neto superior a 450 000 000 EUR durante el ejercicio apliquen los apartados 2, 3 y 4 de la presente Directiva.

2.    Las sociedades matrices a que se refiere el apartado 1 que aleguen que sus actividades están relacionadas con actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles con arreglo a los artículos 3 y 9 del Reglamento (UE) 2020/852 o con actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos de esas disposiciones incluirán en su informe de gestión información sobre el modo y la medida en que sus actividades están relacionadas con dichas actividades económicas.

3.    En particular, las sociedades matrices no financieras que aleguen que sus actividades están relacionadas con actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles con arreglo a los artículos 3 y 9 del Reglamento (UE) 2020/852 divulgarán los indicadores siguientes:

a)la proporción de su facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de dicho Reglamento;

b)la proporción de sus inversiones en activos fijos relacionadas con activos o procesos asociados a actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de dicho Reglamento.

Las sociedades matrices no financieras que divulguen los indicadores a que se refiere el párrafo primero podrán divulgar la proporción de sus gastos de explotación relacionados con activos o procesos asociados a actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de dicho Reglamento.

4.    En particular, las sociedades matrices no financieras que aleguen que sus actividades están relacionadas con actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/852 divulgarán los indicadores siguientes:

a)la proporción de su facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 de dicho Reglamento;

b)la proporción de sus inversiones en activos fijos relacionadas con activos o procesos asociados a actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 de dicho Reglamento.

Las sociedades matrices no financieras que divulguen los indicadores a que se refiere el párrafo primero podrán divulgar la proporción de sus gastos de explotación relacionados con activos o procesos asociados a actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los requisitos del artículo 3 de dicho Reglamento.

5.    La Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 49 de la presente Directiva para completar los apartados 1, 2, 3 y 4 del presente artículo a fin de especificar el contenido y la presentación de la información que deba divulgarse en virtud de dichos apartados, incluido el contenido de la información relativa a las actividades económicas que cumplen únicamente algunos de los criterios establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/852, así como la metodología que deba emplearse para cumplir lo dispuesto en dichos apartados, teniendo en cuenta las particularidades tanto de las empresas financieras como de las no financieras y los criterios técnicos de selección establecidos en virtud del dicho Reglamento.».

6)El artículo 29 ter se modifica como sigue:

a)en el apartado 1, se suprimen los párrafos tercero y cuarto;

b)en el apartado 4, párrafo primero, la última frase se sustituye por el texto siguiente:

«Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad no contendrán requisitos de divulgación que obliguen a las empresas a obtener de las empresas de su cadena de valor que, en la fecha de cierre del balance, no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la información que debe divulgarse con arreglo a las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 quater bis.».

7)Se suprime el artículo 29 quater.

8)Se inserta el artículo 29 quater bis siguiente:

«Artículo 29 quater bis

Normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria

1.    A fin de facilitar la presentación voluntaria de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas distintas de las mencionadas en el artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, la Comisión adoptará un acto delegado a más tardar el [4 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], de conformidad con el artículo 49, por el que se complete la presente Directiva a fin de establecer normas de presentación de información sobre sostenibilidad de aplicación voluntaria para dichas empresas.

2.    Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad a que se refiere el apartado 1 serán proporcionadas y pertinentes atendiendo a las capacidades y características de las empresas para las que se diseñen, así como a la magnitud y complejidad de sus actividades. También especificarán, en la medida de lo posible, la estructura que deba utilizarse para presentar dicha información sobre sostenibilidad.».

9)El artículo 29 quinquies se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 29 quinquies

Formato electrónico único de presentación de información

1.    Las empresas sujetas a los requisitos del artículo 19 bis de la presente Directiva elaborarán su informe de gestión en el formato electrónico de presentación de información que se especifica en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2019/815 de la Comisión* y marcarán la información sobre sostenibilidad presentada, incluida la contemplada en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852, en el formato electrónico de presentación de información que se especifique en dicho Reglamento Delegado. Hasta que se adopten las normas sobre el marcado mediante dicho Reglamento Delegado, las empresas no estarán obligadas a marcar la información sobre sostenibilidad que presenten.

2.    Las sociedades matrices sujetas a los requisitos del artículo 29 bis elaborarán su informe de gestión consolidado en el formato electrónico de presentación de información que se especifica en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2019/815 y marcarán la información sobre sostenibilidad presentada, incluida la contemplada en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852, en el formato electrónico de presentación de información que se especifique en dicho Reglamento Delegado. Hasta que se adopten las normas sobre el marcado mediante dicho Reglamento Delegado, las sociedades matrices no estarán obligadas a marcar la información sobre sostenibilidad que presenten.

_____________________________________________

* Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la especificación de un formato electrónico único de presentación de información (DO L 143 de 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj ).».

10)En el artículo 33, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.    Los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa, actuando dentro de los límites de las competencias que les confiera el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que los siguientes documentos se elaboren y publiquen de conformidad con los requisitos de la presente Directiva y, en su caso, con las normas internacionales de contabilidad adoptadas con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1606/2002, con el Reglamento Delegado (UE) 2019/815, con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad a que se refiere el artículo 29 ter de la presente Directiva y con los requisitos del artículo 29 quinquies de la presente Directiva:

a)los estados financieros anuales, el informe de gestión y la declaración sobre gobernanza empresarial, cuando se faciliten por separado, y

b)los estados financieros consolidados, los informes de gestión consolidados y la declaración sobre gobernanza empresarial consolidada, cuando se faciliten por separado.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa, actuando dentro de los límites de las competencias que les confiera el Derecho nacional, no sean colectivamente responsables de garantizar que el informe de gestión, o, en su caso, el informe de gestión consolidado, se elabore de conformidad con el artículo 29 quinquies.».

11)El artículo 34 se modifica como sigue:

a)en el apartado 1, párrafo segundo, la letra a bis) se sustituye por el texto siguiente:

«a bis)en su caso, emitir un dictamen basado en un encargo de verificación limitada en lo que respecta a la conformidad de la presentación de información sobre sostenibilidad con los requisitos de la presente Directiva que incluya la conformidad de la presentación de información sobre sostenibilidad con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad adoptadas con arreglo al artículo 29 ter, el proceso llevado a cabo por la empresa para determinar la información presentada con arreglo a dichas normas de presentación de información sobre sostenibilidad y el cumplimiento del requisito de marcado de la información sobre sostenibilidad de conformidad con el artículo 29 quinquies, y en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de presentación de información contemplados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852;»;

b) se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis.    Los Estados miembros velarán por que el dictamen a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, letra a bis), se elabore respetando plenamente la obligación de las empresas de no tratar de obtener de las empresas de su cadena de valor que, en la fecha de cierre del balance, no superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 quater bis, excepto por lo que respecta a la información adicional sobre sostenibilidad que habitualmente compartan entre sí las empresas del sector de que se trate.».

12)En el artículo 40 bis, el apartado 1 se modifica como sigue:

a)el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El párrafo primero solo se aplicará a las grandes empresas filiales definidas en el artículo 3, apartado 4, de la presente Directiva.»;

b)los párrafos cuarto y quinto se sustituyen por el texto siguiente:

«La norma a que se refiere el párrafo tercero solo se aplicará a una sucursal cuando la empresa del tercer país no tenga una empresa filial a efectos del párrafo primero y cuando la sucursal haya generado un volumen de negocios neto superior al umbral a que se refiere el artículo 3, apartado 4, letra b), de la presente Directiva durante el ejercicio anterior.

Los párrafos primero y tercero solo se aplicarán a las empresas filiales o las sucursales a que se refieren dichos párrafos cuando la empresa de un tercer país, a nivel de su grupo o, si esto no procede, a nivel individual, haya generado en la Unión un volumen de negocios neto superior a 450 000 000 EUR en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos.».

13)El artículo 49 se modifica como sigue:

a)se insertan los apartados 3 quater a 3 sexies siguientes:

«3 quater.    Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 19 ter, apartado 5, el artículo 29 bis bis, apartado 5, y el artículo 29 quater bis se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor de la Directiva modificativa].

3 quinquies.    Las delegaciones de poderes mencionadas en el artículo 19 ter, apartado 5, el artículo 29 bis bis, apartado 5, y el artículo 29 quater bis podrán ser revocadas en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

3 sexies.    Antes de adoptar actos delegados y durante su elaboración con arreglo al artículo 19 ter, apartado 5, y el artículo 29 bis bis, apartado 5, la Comisión recabará todos los conocimientos especializados necesarios, en particular consultando a los expertos del Grupo de Expertos de los Estados miembros en materia de Finanzas Sostenibles mencionado en el artículo 24 del Reglamento (UE) 2020/852.»;

b)el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.    Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartado 2, el artículo 3, apartado 13, el artículo 19 ter, el artículo 29 bis bis, el artículo 29 ter, el artículo 29 quater bis, el artículo 40 ter o el artículo 46, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

Artículo 3

Modificaciones de la Directiva (UE) 2022/2464

En la Directiva (UE) 2022/2464, el artículo 5, apartado 2, se modifica como sigue:

1)El párrafo primero se modifica como sigue:

a)se suprime la letra a);

b)la letra b) se modifica como sigue:

i)el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:

«i)a las grandes empresas que, en la fecha de cierre del balance, superen el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio;»;

ii)el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

«ii)a las sociedades matrices de un grupo grande que supere, en la fecha de cierre del balance, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio;»;

c)se suprime la letra c).

2)El párrafo tercero se modifica como sigue:

a)se suprime la letra a);

b)la letra b) se modifica como sigue:

i)el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:

«i)a los emisores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2004/109/CE, que sean grandes empresas, en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE, que superen, en la fecha de cierre del balance, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio;»;

ii)el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

«ii)a los emisores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2004/109/CE, que sean sociedades matrices de un grupo grande que supere, en la fecha de cierre del balance, de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados durante el ejercicio;»;

c)se suprime la letra c).

Artículo 4

Modificaciones de la Directiva (UE) 2024/1760

La Directiva (UE) 2024/1760 se modifica como sigue:

1)En el artículo 1, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c)la obligación de las empresas de adoptar un plan de transición para la mitigación del cambio climático, incluidas medidas de ejecución, cuyo objetivo sea garantizar, poniendo todos los medios para ello, la compatibilidad del modelo de negocio y de la estrategia de la empresa con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 ºC en consonancia con el Acuerdo de París.».

2)En el artículo 3, apartado 1, la letra n) se sustituye por el texto siguiente:

«n)«partes interesadas»: los empleados de la empresa, de sus filiales y de sus socios comerciales, así como los sindicatos y representantes de los trabajadores, y las personas o comunidades cuyos derechos o intereses se vean o puedan verse directamente afectados por los productos, servicios y operaciones de la empresa, de sus filiales y de sus socios comerciales, así como los representantes legítimos de dichas personas o comunidades;».

3)El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

Nivel de armonización

1.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartados 2 y 3, los Estados miembros no introducirán en su Derecho nacional disposiciones en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que establezcan obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que difieran de las establecidas en los artículos 6 y 8, el artículo 10, apartados 1 a 5, el artículo 11, apartados 1 a 6, y el artículo 14.

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la presente Directiva no impedirá a los Estados miembros introducir, en su Derecho nacional, disposiciones más estrictas que difieran de las establecidas en artículos distintos de los artículos 6 y 8, el artículo 10, apartados 1 a 5, el artículo 11, apartados 1 a 6, y el artículo 14, o disposiciones más específicas en cuanto al objetivo o al ámbito de aplicación, en particular mediante la regulación de productos, servicios o situaciones específicos, con el fin de alcanzar un nivel diferente de protección de los derechos humanos, laborales y sociales, el medio ambiente o el clima.».

4)El artículo 8 se modifica como sigue:

a)en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b)sobre la base de los resultados del inventario contemplado en la letra a), llevar a cabo una evaluación en profundidad de sus propias operaciones, las de sus filiales y, cuando estén relacionadas con sus cadenas de actividades, las de sus socios comerciales directos en los ámbitos en los que se haya detectado una mayor probabilidad de que se produzcan efectos adversos y que estos sean más graves.»;

b)se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis.    Cuando una empresa disponga de información verosímil que indique que las operaciones de un socio comercial indirecto han producido o podrían producir efectos adversos, llevará a cabo una evaluación en profundidad. La empresa siempre llevará a cabo dicha evaluación cuando la naturaleza indirecta, en lugar de directa, de la relación con el socio comercial sea el resultado de un montaje artificial que no refleje la realidad económica, sino que apunte a una elusión de lo dispuesto en el apartado 2, letra b). Cuando la evaluación confirme la probabilidad o la existencia de un efecto adverso, este se considerará detectado.

El párrafo primero se entenderá sin perjuicio del examen, por parte de la empresa, de la información disponible sobre los socios comerciales indirectos y sobre la capacidad de estos para seguir las normas y principios establecidos en el código de conducta de la empresa al seleccionar a socios comerciales directos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con independencia de que se disponga de información verosímil sobre los socios comerciales indirectos, la empresa recabará de los socios comerciales directos garantías contractuales de que cumplirán el código de conducta de la empresa mediante la fijación de las correspondientes garantías contractuales a sus socios comerciales. El artículo 10, apartado 2, letras b) y e), se aplicará en consecuencia.»;

c)el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.    Cuando la información necesaria para la evaluación en profundidad contemplada en el apartado 2, letra b), y en el apartado 2 bis pueda obtenerse de distintos socios comerciales, la empresa solicitará dicha información, siempre que resulte razonable, preferentemente de forma directa al socio comercial o a los socios comerciales en relación con los que sea más probable que se produzcan los efectos adversos.»;

d)se añade el apartado 5 siguiente:

«5.    Los Estados miembros velarán por que, a efectos del inventario contemplado en el apartado 2, letra a), las empresas no traten de obtener de los socios comerciales directos con un número inferior a 500 empleados información que exceda de la especificada en las normas de aplicación voluntaria a que se refiere el artículo 29 bis de la Directiva 2013/34/UE.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando se requiera información adicional a efectos del inventario contemplado en el apartado 2, letra a), a la luz de indicios de la probabilidad de que se produzcan efectos adversos o porque las normas no abarquen los efectos pertinentes, y cuando dicha información adicional no pueda obtenerse razonablemente por otros medios, la empresa podrá solicitarla al socio comercial.».

5)En el artículo 10, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.    Por lo que respecta a los efectos adversos potenciales a que se refiere el apartado 1 que no se hayan podido prevenir o mitigar de manera suficiente con las medidas establecidas en los apartados 2, 4 y 5, la empresa deberá, como último recurso:

a)abstenerse de entablar nuevas relaciones o de ampliar las ya existentes con un socio comercial en relación con el cual o en cuya cadena de actividades se hayan producido dichos efectos;

b)cuando el Derecho por el que se rijan sus relaciones así lo permita, adoptar y ejecutar, sin demora injustificada, un plan de acción preventiva mejorado para los efectos adversos específicos, siempre que existan expectativas razonables de que esos esfuerzos vayan a tener éxito, y

c)utilizar o reforzar su influencia mediante la suspensión temporal de la relación comercial con respecto a las actividades de que se trate.

Siempre y cuando existan expectativas razonables de que el plan de acción preventiva mejorado vaya a tener éxito, el mero hecho de seguir colaborando con el socio comercial no implicará la responsabilidad de la empresa.

Antes de proceder a la suspensión de la relación comercial, la empresa evaluará si cabe esperar razonablemente que los efectos adversos de tal actuación sean manifiestamente más graves que los efectos adversos que no se han podido prevenir o mitigar de manera adecuada. En tal caso, la empresa no estará obligada a suspender la relación comercial y estará en posición de informar a la autoridad de supervisión competente sobre las razones debidamente justificadas de esa decisión.

Los Estados miembros se asegurarán de que los contratos que se rijan por su Derecho, excepto los que las partes estén obligadas por ley a celebrar, incluyan la opción de suspender la relación comercial de conformidad con el párrafo primero.

Cuando la empresa decida suspender la relación comercial, adoptará medidas para prevenir, mitigar o eliminar los efectos de dicha suspensión, se lo notificará al socio comercial con una antelación razonable y mantendrá su decisión sujeta a revisión.

Cuando la empresa decida no suspender la relación comercial con arreglo al presente artículo, realizará un seguimiento de los efectos adversos potenciales y evaluará periódicamente su decisión y si existen medidas adecuadas adicionales.».

6)En el artículo 11, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7.    Por lo que respecta a los efectos adversos reales a que se refiere el apartado 1 que no se hayan podido prevenir o mitigar adecuadamente con las medidas establecidas en los apartados 3, 5 y 6, la empresa deberá, como último recurso:

a)abstenerse de entablar nuevas relaciones o de ampliar las ya existentes con un socio comercial en relación con el cual o en cuya cadena de actividades se hayan producido dichos efectos;

b)cuando el Derecho por el que se rijan sus relaciones así lo permita, adoptar y ejecutar, sin demora injustificada, un plan de acción preventiva mejorado para los efectos adversos específicos, siempre que existan expectativas razonables de que esos esfuerzos vayan a tener éxito, y

c)utilizar o reforzar su influencia mediante la suspensión temporal de la relación comercial con respecto a las actividades de que se trate.

Siempre y cuando existan expectativas razonables de que el plan de acción preventiva mejorado vaya a tener éxito, el mero hecho de seguir colaborando con el socio comercial no implicará la responsabilidad de la empresa.

Antes de proceder a la suspensión de la relación comercial, la empresa evaluará si cabe esperar razonablemente que los efectos adversos de tal actuación sean manifiestamente más graves que los efectos adversos que no se han podido prevenir o mitigar de manera adecuada. En tal caso, la empresa no estará obligada a suspender la relación comercial y estará en posición de informar a la autoridad de supervisión competente sobre las razones debidamente justificadas de esa decisión.

Los Estados miembros se asegurarán de que los contratos que se rijan por su Derecho, excepto los que las partes estén obligadas por ley a celebrar, incluyan la opción de suspender la relación comercial de conformidad con el párrafo primero.

Cuando la empresa decida suspender la relación comercial, adoptará medidas para prevenir, mitigar o eliminar los efectos de dicha suspensión, se lo notificará al socio comercial con una antelación razonable y mantendrá su decisión sujeta a revisión.

Cuando la empresa decida no suspender la relación comercial con arreglo al presente artículo, realizará un seguimiento de los efectos adversos potenciales y evaluará periódicamente su decisión y si existen medidas adecuadas adicionales.».

7)En el artículo 13, el apartado 3 se modifica como sigue:

a)el texto de la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«La consulta con las partes interesadas pertinentes se celebrará en las siguientes fases del proceso de diligencia debida:»;

b)se suprimen las letras c) y e).

8)En el artículo 15, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«Esas evaluaciones se basarán, según proceda, en indicadores cualitativos y cuantitativos y se llevarán a cabo sin demora injustificada cuando tenga lugar un cambio significativo y al menos cada cinco años y siempre que existan motivos fundados para pensar que las medidas ya no son adecuadas o eficaces o que pueden surgir riesgos nuevos de que se produzcan esos efectos adversos.».

9)En el artículo 19, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.    Las directrices contempladas en el apartado 2, letra a), se pondrán a disposición a más tardar el 26 de julio de 2026; las contempladas en el apartado 2, letras d) y e), a más tardar el 26 de enero de 2027, y las contempladas en el apartado 2, letras b), f) y g), a más tardar el 26 de julio de 2027.».

10)En el artículo 22, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros velarán por que las empresas a las que se refieren el artículo 2, apartado 1, letras a), b) y c), y apartado 2, letras a), b) y c), adopten un plan de transición para la mitigación del cambio climático, incluidas medidas de ejecución, cuyo objetivo sea garantizar, poniendo todos los medios para ello, que el modelo de negocio y la estrategia de la empresa sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 ºC en consonancia con el Acuerdo de París y el objetivo de lograr la neutralidad climática establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119, incluidos sus objetivos intermedios y de neutralidad climática para 2050, y, cuando proceda, la exposición de la empresa a actividades relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas.».

11)En el artículo 27, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.    La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, publicará orientaciones para ayudar a las autoridades de control a determinar el nivel de las sanciones de conformidad con el presente artículo. Los Estados miembros no fijarán en sus disposiciones de Derecho nacional por las que se transponga la presente Directiva un límite máximo para las sanciones pecuniarias que impida a las autoridades de control imponer sanciones de conformidad con los principios y factores establecidos en los apartados 1 y 2.».

12) El artículo 29 se modifica como sigue:

a)se suprime el apartado 1;

b)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.    Cuando, en virtud del Derecho nacional, una empresa sea considerada responsable de los daños causados a una persona física o jurídica por el incumplimiento de los requisitos de diligencia debida establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que dicha persona tenga derecho a una indemnización íntegra. La indemnización íntegra no conllevará una compensación excesiva, ya sea mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.»;

c)en el apartado 3, se suprime la letra d);

d)el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.    Las empresas que hayan participado en iniciativas sectoriales o multilaterales o hayan recurrido a la comprobación por un tercero independiente o a cláusulas contractuales para apoyar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida podrán, no obstante, ser consideradas responsables de conformidad con el Derecho nacional.»;

e)en el apartado 5, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«La responsabilidad civil por daños de las empresas a que se refiere el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil de sus filiales o de cualquier socio comercial directo o indirecto en la cadena de actividades de la empresa.»;

f)se suprime el apartado 7.

13)En el artículo 36, se suprime el apartado 1.

Artículo 5

Transposición

1.    Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [12 meses después de la entrada en vigor]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.    Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 6

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 7

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

FICHA LEGISLATIVA DE FINANCIACIÓN Y DIGITAL

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

•Coherencia con otras políticas de la Unión

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

•Proporcionalidad

•Elección del instrumento

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

•Consultas con las partes interesadas

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

•Evaluación de impacto

•Adecuación regulatoria y simplificación

•Derechos fundamentales

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

•Documentos explicativos (para las Directivas)

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) afectado(s)

1.3.Objetivo(s)

1.3.1.Objetivo(s) general(es)

1.3.2.Objetivo(s) específico(s)

1.3.3.Resultado(s) e incidencia esperados

1.3.4.Indicadores de rendimiento

1.4.La propuesta/iniciativa se refiere a:

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la ejecución de la iniciativa

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la UE (puede derivarse de distintos factores, como una mejor coordinación, seguridad jurídica, una mayor eficacia o complementariedades). A efectos de la presente sección, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la UE» el valor resultante de una intervención de la UE que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de redistribución

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

4.Dimensiones digitales

4.1.Obligaciones con repercusión digital

4.2.Datos

4.3.Soluciones digitales

4.4.Evaluación de la interoperabilidad

4.5.Medidas de apoyo a la digitalización

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) afectado(s) 

1.3.Objetivo(s)

1.3.1.Objetivo(s) general(es)

1.3.2.Objetivo(s) específico(s)

–Reducir el número de empresas incluidas en el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad limitándolo a las grandes empresas con más de 1 000 empleados.

–Reducir el efecto goteo en las pymes y las grandes empresas de menor tamaño imponiendo la norma voluntaria de presentación de información sobre sostenibilidad para pymes (Norma Voluntaria para Pymes) como límite máximo para la cadena de valor aplicable a todas las empresas que no estén sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad.

–Establecer una norma proporcionada y de aplicación voluntaria dirigida a las empresas que no estén sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad.

–Suprimir la facultad de la Comisión para adoptar normas sectoriales de presentación de información sobre sostenibilidad.

–Suprimir la obligación de la Comisión de adoptar normas para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad a más tardar en octubre de 2026. La Comisión publicará directrices específicas sobre la verificación a más tardar en 2026.

–Reflejar la reducción de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presentación de información sobre sostenibilidad con arreglo a los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva sobre contabilidad en la disposición pertinente en la que se especifican las fechas de aplicación de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad.

–Simplificar determinados requisitos de diligencia debida con el fin de evitar una complejidad y unos costes innecesarios para las grandes empresas incluidas en el ámbito de aplicación.

–Reducir aún más el efecto goteo en las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización que forman parte de las cadenas de valor de las grandes empresas incluidas en el ámbito de aplicación limitando las solicitudes de información.

1.3.3.Resultado(s) e incidencia esperados

Especificar los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/grupos destinatarios.

1.3.4.Indicadores de rendimiento

Especificar los indicadores para hacer un seguimiento de los avances y logros.

1.4.La propuesta/iniciativa se refiere a: 

 una acción nueva 

 una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria 33  

 la prolongación de una acción existente 

 una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra / una nueva acción

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa 

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la ejecución de la iniciativa

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la UE (puede derivarse de distintos factores, como una mejor coordinación, seguridad jurídica, una mayor eficacia o complementariedades). A efectos de la presente sección, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la UE» el valor resultante de una intervención de la UE que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de redistribución

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 

4.Dimensiones digitales

4.1.Obligaciones con repercusión digital

4.2.Datos

4.3.Soluciones digitales

4.4.Evaluación de la interoperabilidad

4.5.Medidas de apoyo a la digitalización

(1)    «The future of European competitiveness» [«El futuro de la competitividad europea», documento en inglés], septiembre de 2024.

(2)    Declaración de Budapest sobre el Nuevo Pacto para la Competitividad Europea, 8 de noviembre de 2024.

(3)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Una Brújula para la Competitividad de la UE» [COM(2025) 30 final].

(4)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Europa más sencilla y rápida: Comunicación sobre la aplicación y la simplificación» [COM(2025) 47 final].

(5)    Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022 (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad).

(6)    Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (Directiva sobre contabilidad). Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004 (Directiva sobre transparencia). Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 (Directiva sobre auditoría). Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 (Reglamento sobre auditoría).

(7)    Comunicación de la Comisión titulada «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019) 640 final]. Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» [COM(2018) 097 final].

(8)    Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 (Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad).

(9)    También las entidades de interés público que sean sociedades matrices de un grupo grande que supere, a efectos de la presentación de información sobre sostenibilidad de manera consolidada, los 500 empleados. Las «entidades de interés público» se definen en el artículo 2, punto 1, de la Directiva sobre contabilidad como aquellas empresas que: a) estén reguladas por el Derecho de un Estado miembro y cuyos valores mobiliarios sean admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE, b) sean entidades de crédito, c) sean empresas de seguros o d) hayan sido señaladas por los Estados miembros como entidades de interés público. Las «empresas grandes» se definen en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva sobre contabilidad como aquellas empresas que, en la fecha de cierre del balance, rebasen los límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes: a) total del balance: 25 000 000 EUR; b) volumen de negocios neto: 50 000 000 EUR; c) número medio de empleados durante el ejercicio: 250.

(10)    También las demás sociedades matrices de grandes grupos, a efectos de la presentación de información sobre sostenibilidad de manera consolidada.

(11)    Las entidades de crédito pequeñas y no complejas y las empresas de seguros y de reaseguros cautivas también forman parte de la tercera tanda, pero solo pueden acogerse a la exclusión voluntaria de dos años si son pymes cotizadas.

(12)    De acuerdo con el artículo 40 bis de la Directiva sobre contabilidad, en su versión modificada por la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, las empresas que no estén establecidas en la UE deben presentar información sobre sostenibilidad a nivel de grupo si: a) generan en la Unión más de 150 000 000 EUR y b) tienen, bien una filial en la UE que está sujeta a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad introducidos por la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, bien una sucursal en la UE que haya generado más de 40 000 000 EUR. En tal caso, la obligación legal de presentar la información recae en la filial o sucursal de la UE.

(13)    Reglamento Delegado (UE) 2023/2772 de la Comisión, de 31 de julio de 2023, por el que se completa la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas de presentación de información sobre sostenibilidad.

(14)    Antes se denominaba «Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera», pero su nombre oficial ha pasado a ser sencillamente «EFRAG». Se trata de un organismo privado e independiente de carácter multilateral, financiado en su mayor parte por la UE.

(15)    El volumen de trabajo en el caso de un encargo de verificación limitada es considerablemente inferior al de un encargo de verificación razonable. La conclusión de los encargos de verificación limitada suele formularse de forma negativa señalándose que el prestador de servicios de verificación no ha identificado ningún elemento que permita concluir que el objeto de la verificación contiene incorrecciones significativas. La conclusión de los encargos de verificación razonable suele formularse de forma positiva y consiste en la emisión de un dictamen sobre la evaluación del objeto de la verificación con arreglo a unos criterios previamente definidos.

(16)    Además, y por razones de coherencia, en el artículo 40 bis de la Directiva sobre contabilidad, el umbral del volumen de negocios neto generado en la Unión a partir del cual una empresa no establecida en la UE pasaría a estar sujeta a los requisitos de presentación de información a nivel de grupo se elevaría de 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Por otra parte, también por razones de coherencia, el umbral aplicable a las sucursales de la UE en virtud del artículo 40 bis se elevaría de 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR y el umbral aplicable a las filiales de la UE se limitaría a las grandes empresas, tal como se definen en la Directiva sobre contabilidad. Los umbrales clave de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad son de 1 000 empleados y de un volumen de negocios de 450 000 000 EUR.

(17)    También las empresas que no sean entidades de interés público y que sean matrices de grandes grupos con más de 500 empleados, así como las empresas que sean matrices de grandes grupos con hasta 500 empleados.

(18)    También las sociedades matrices de grupos que superen, a efectos de la presentación de información sobre sostenibilidad de manera consolidada, el número medio de 1 000 empleados de manera consolidada.

(19)    Entre el 17 de octubre y el 1 de diciembre de 2023, la Comisión recabó las observaciones de 193 partes interesadas sobre posibles medidas de racionalización de los requisitos de presentación de información:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13990-Carga-administrativa-racionalizacion-de-los-requisitos-de-notificacion_es .

(20)    DO C […] de […], p. […].

(21)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de febrero de 2025, titulada «Una Europa más sencilla y rápida: Comunicación sobre la aplicación y la simplificación» [COM(2025) 47 final].

(22)    Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj ).

(23)    Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(24)    Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (DO L 322 de 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

(25)    Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859 (DO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(26)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019) 640 final].

(27)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» [COM(2018) 97 final].

(28)    Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

(29)    Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 39 de 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

(30)     Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la especificación de un formato electrónico único de presentación de información (DO L 143 de 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).

(31)    Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj ).

(32)    Directiva (UE) 2025/XX de ……….

(33)    Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.