COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 30.9.2020

SWD(2020) 307 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020


Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Grecia

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}

I. Sistema judicial 

El sistema judicial de Grecia se basa en la separación entre los órganos jurisdiccionales civiles y penales ordinarios y los contencioso-administrativos. No existen tribunales mercantiles, laborales, financieros o relativos a la seguridad social propiamente dichos. Todos esos asuntos recaen en las competencias tradicionales de los órganos jurisdiccionales civiles o de lo contencioso-administrativo. Los órganos jurisdiccionales civiles están organizados en 154 juzgados de paz, sesenta y tres tribunales de primera instancia, diecinueve tribunales de apelación y el Tribunal Supremo, que es un tribunal de casación. Los órganos jurisdiccionales penales están organizados en cuarenta y un juzgados de delitos leves, sesenta y tres tribunales de primera instancia, diecinueve tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. Los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos están organizados en treinta tribunales de primera instancia de lo contencioso-administrativo, nueve tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo y el Consejo de Estado. Asimismo, la Constitución griega prevé un determinado número de órganos jurisdiccionales especiales 1 . Se han creado departamentos especiales en algunos órganos jurisdiccionales para asuntos específicos, por ejemplo, sobre litigios marítimos y sobre litigios relativos a las marcas y la propiedad intelectual. El Tribunal de Cuentas tiene un carácter dual, ya que actúa como órgano jurisdiccional y, parcialmente, como autoridad administrativa encargada de auditar las cuentas públicas 2 . No existe un Tribunal Constitucional oficial, y todos los órganos jurisdiccionales griegos tienen competencia para revisar la constitucionalidad de las leyes. Los jueces y los fiscales forman un organismo consolidado de «magistrados» sujeto a un sistema de contratación, carrera profesional, derechos y obligaciones, que es en gran medida homogéneo para todos. El sistema griego está compuesto exclusivamente por jueces y fiscales de carrera. Son nombrados para jurisdicciones civiles o penales y para órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. En cuanto al ministerio fiscal, está organizado en sesenta y tres fiscalías en los tribunales de primera instancia, diecinueve fiscalías en los tribunales de apelación y el Fiscal General del Tribunal Supremo. Además, existe un fiscal para los delitos económicos y financieros y un fiscal para los delitos de corrupción. Existen sesenta y tres colegios de abogados en Grecia, uno en la sede de cada tribunal de primera instancia.

Independencia

Las tres ramas del poder judicial disfrutan de un elevado nivel de autonomía administrativa. Existen tres consejos superiores de la magistratura, uno por cada una de las ramas principales del poder judicial 3 . El poder ejecutivo y el poder legislativo no están representados en la composición de estos organismos 4 . Los consejos toman decisiones sobre nombramientos, ascensos, traslados y comisiones de servicio de jueces en las respectivas ramas del poder judicial y las fiscalías, por lo que respecta al Consejo de la Magistratura de Justicia Civil y Penal. En cuanto a los puestos de más alta responsabilidad de jueces y fiscales en Grecia, como el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado o el Tribunal Supremo, la Constitución griega estipula que los nombramientos se efectúan por decreto presidencial, tras una propuesta del Consejo de Ministros. Esto ha sido objeto de algunas críticas por parte del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, pero hasta ahora Grecia no ha modificado el marco pertinente 5 . Un cambio en el método de selección también exigiría una revisión constitucional, dado que la Constitución establece la forma de nombramiento para los órganos jurisdiccionales en cuestión 6 .

El nivel de la percepción de la independencia judicial es medio. Entre el público general, el 53 % considera que la independencia judicial es bastante buena y muy buena, porcentaje que ha ido descendiendo en los últimos años. La cifra correspondiente entre las empresas es del 51 % y ha permanecido estable 7 .

Calidad

Se ha iniciado un número significativo de reformas en el contexto de los programas de ajuste económico durante los últimos años, pero el grado de aplicación muestra resultados dispares. Las actividades de reformas incluyeron, entre otras cosas, los siguientes cambios en la organización de los órganos jurisdiccionales: la reducción del número de juzgados de primera instancia, medidas para mejorar la gestión de los órganos jurisdiccionales y acelerar la administración de justicia, la ampliación del uso de herramientas informáticas en los órganos jurisdiccionales 8 , la introducción y promoción de mecanismos de resolución alternativa de litigios, la revisión de legislación codificada de gran importancia 9 , así como el inicio de la reforma y consolidación del complejo marco legislativo 10 . No obstante, hasta ahora la aplicación de reformas ha sido dispar. Siguen existiendo algunos desafíos, como la falta de disponibilidad de información en línea sobre el sistema judicial para el público general, la ausencia de disposiciones para las decisiones judiciales legibles por máquina o la falta de encuestas realizadas entre usuarios de los órganos jurisdiccionales o profesionales del Derecho 11 . En cualquier caso, se han registrado mejoras, por ejemplo, en relación con la disponibilidad de medios para presentar asuntos de forma electrónica o para supervisar las diferentes etapas de los procedimientos, y en relación con la promoción del uso de métodos de resolución alternativa de litigios y los incentivos para hacerlo 12 . Asimismo, las autoridades informaron de tendencias positivas relativas al uso de la mediación en litigios mercantiles y familiares/parentales 13 . En cuanto a los recursos, el gasto general del Gobierno para el sistema judicial parece incluir casi exclusivamente los sueldos y salarios 14 .

En el contexto de la pandemia de COVID-19, Grecia ha realizado esfuerzos para acelerar la digitalización de la administración pública 15 . En mayo de 2020, el Ministerio de Justicia, en cooperación con el Ministerio de Gobernanza Digital, puso a disposición la expedición digital/electrónica de quince certificados, como varios certificados del ámbito del Derecho de sucesiones 16 y mercantil, a través de la actual red de Centros de Servicio al Ciudadano. Asimismo, unificó veinte certificados diferentes relacionados con la Ley Concursal en uno solo, disponible de forma electrónica en el registro mercantil general.

Las autoridades han lanzado recientemente una iniciativa para la creación de salas especializadas en los tribunales civiles y contencioso-administrativos. Las nuevas salas tratarían categorías específicas de asuntos, como aquellos que incluyen acciones por daños y perjuicios basadas en la violación de la legislación nacional o de la UE en materia de comunicación electrónica, energía y protección de datos personales 17 . Se está llevando a cabo entre los miembros de la comunidad jurídica un debate sobre una reforma más sistemática del mapa judicial para tener mejor en cuenta la demografía, los avances en las TIC y otros parámetros pertinentes 18 .

Eficiencia

El sistema judicial sigue afrontando desafíos relativos a su eficiencia general. Las estadísticas judiciales muestran que en particular el sistema judicial civil sigue afrontando desafíos en materia de eficiencia, ya que el tiempo necesario para resolver litigios civiles y mercantiles en primera instancia ha aumentado de nuevo (559 días en 2018 frente a 479 días en 2017) 19 . Además, la productividad de los órganos jurisdiccionales de primera instancia está descendiendo respecto a la tasa de resolución de asuntos civiles y mercantiles contenciosos (86,3 % en 2018 frente a 96 % en 2017) 20 , lo que significa que Grecia se enfrenta a un riesgo claro de acumular nuevos retrasos 21 . Las partes interesadas identificaron una serie de cuestiones procedimentales, que la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada intentaba abordar, pero que persisten a día de hoy. Por ejemplo, estas cuestiones afectan a la duración de los procedimientos civiles y mercantiles contenciosos o a los procedimientos de ejecución. Se está elaborando un informe de aplicación sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y ya se han formulado una serie de recomendaciones 22 . Las partes interesadas informaron que la justicia penal también afronta problemas similares y retrasos considerables a la hora de tramitar los asuntos 23 . La rama de lo contencioso-administrativo de los órganos jurisdiccionales sigue mejorando su rendimiento, manteniendo una elevada tasa de resolución (163,5 % en 2018), reduciendo el tiempo necesario para resolver litigios contencioso-administrativos en primera instancia y disminuyendo los actuales retrasos al resolver más asuntos que los que entran 24 . Sin embargo, tanto el tiempo necesario para resolver asuntos contencioso-administrativos (601 días en 2018) como el número de asuntos pendientes siguen siendo comparativamente elevados 25 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

Grecia ha creado un marco estratégico de lucha contra la corrupción, el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción. La Autoridad Nacional de Transparencia, que supervisa la aplicación del Plan, se creó en 2019 con vistas a mejorar la cooperación y coordinación entre las diferentes autoridades de auditoría y organismos de control. En los últimos años, el país tomó una serie de medidas para revisar su marco jurídico de lucha contra la corrupción. El último control de constitucionalidad de 2019 modificó el régimen de inmunidades de los diputados y los ministros. Actualmente se están aplicando varias leyes de lucha contra la corrupción que fueron revisadas durante los últimos años, en ámbitos como la financiación de los partidos y las declaraciones de patrimonio. En cuanto a estas últimas, ya se encuentra plenamente operativo un sistema en línea para presentar las declaraciones. El régimen de protección de denunciantes se está debatiendo actualmente. La actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada.

Mientras que Grecia obtuvo en 2012 una puntuación de 36/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dicha puntuación subió a 48/100 en 2019 26 , colocando a Grecia en el puesto n.º 17 de la UE y el n.º 60 a nivel mundial. El 95 % de los encuestados de la última encuesta del Eurobarómetro sobre corrupción cree que esta está muy extendida en su país (media de la UE: 71 %) 27 . El 95 % de las empresas cree que la corrupción está extendida y más de la mitad (58 %) opina que esta supone un problema a la hora de hacer negocios 28 . Asimismo, el 36 % de las personas considera que el número de enjuiciamientos en su país es suficiente para disuadir de la práctica de la corrupción (media de la UE del 36 %), mientras que el 20 % de las empresas considera que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas, frente a la media de la UE del 31 %.

Recientemente se llevó a cabo una revisión de la legislación penal y se prevén nuevas modificaciones. En los últimos años, Grecia ha tomado una serie de medidas para revisar su marco legislativo de lucha contra la corrupción, penalizar los delitos de corrupción e incluir sanciones proporcionadas y disuasorias. Las modificaciones aprobadas en junio de 2019, que degradaron el delito de corrupción activa a un delito menos grave y rebajaron la sanción asociada, fueron derogadas en noviembre de 2019. Esta derogación supuso una reacción a las preocupaciones manifestadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que también emitieron una serie de recomendaciones en este sentido 29 . No obstante, debido al principio de lex mitior aplicable 30 en el Derecho penal griego, una serie de casos en curso se verán afectados debido a un plazo de prescripción acortado o a sanciones más indulgentes ( 31 ).

Se han reforzado la cooperación y la coordinación entre las diferentes autoridades de auditoría y organismos de inspección. La Autoridad Nacional de Transparencia, creada en agosto de 2019 32 , fusionó seis organismos de auditoría anteriormente independientes en uno solo, con el objetivo de abordar la fragmentación institucional y la falta de coordinación. La Autoridad Nacional de Transparencia cuenta con seis oficinas regionales y es responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación generales de la eficacia de todos los mecanismos de control. Evitar, detectar y abordar el fraude y la corrupción en el sector público, así como concienciar también forman parte de sus responsabilidades. La Autoridad es responsable de la coordinación general del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción, que ha sido el marco utilizado para planificar y supervisar los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción y luchar contra ella desde 2013 33 . La Autoridad Nacional de Transparencia coopera con otros organismos administrativos y con las fiscalías, y cuenta con facultades para imponer sanciones administrativas, mientras que sus inspectores-auditores pueden llevar a cabo un examen preliminar o una investigación tras la orden de un fiscal. La independencia operativa y la autonomía administrativa y financiera de la Autoridad están consagradas en la legislación, y su actividad está sujeta al control parlamentario.

Dos unidades especializadas en la lucha contra la corrupción son responsables de abordar los actos de corrupción cometidos por políticos y altos cargos. La fiscalía a cargo de delitos económicos y la fiscalía a cargo de casos de corrupción reciben el apoyo de agencias especiales de investigación, como la Dirección General de la Unidad de Delitos Financieros y Económicos y la policía fiscal. Siguiendo recomendaciones específicas de la OCDE, Grecia está realizando esfuerzos para dotar a las autoridades de investigación y a las fiscalías de recursos humanos y técnicos adecuados 34 .

Se han adoptado medidas importantes para abordar los obstáculos al enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel a través de reformas constitucionales. Las disposiciones constitucionales relativas al régimen de inmunidades para diputados y actuales o antiguos ministros se modificaron en 2019. En virtud del anterior régimen jurídico, la posibilidad de enjuiciar a actuales o antiguos miembros del Gobierno estaba muy restringida por un procedimiento complejo y limitado en el tiempo para la aprobación parlamentaria en varias etapas del procedimiento penal. También se han abolido las prescripciones especiales, eliminando de ese modo algunos obstáculos jurídicos significativos para el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel, en particular en cuanto a la eliminación del plazo para que el Parlamento adopte una petición de enjuiciamiento contra actuales o antiguos ministros 35 . Las disposiciones pertinentes entraron en vigor el 28 de noviembre de 2019 y no se aplicarán de forma retroactiva a los asuntos pendientes.

Actualmente se están aplicando varias reformas importantes de lucha contra la corrupción finalizadas en el pasado. Tras una serie de reformas legislativas, hay en vigor una legislación moderna en materia de financiación de los partidos 36 . Sin embargo, parece que su plena aplicación es motivo de preocupación, dado que los mecanismos de control aún no son totalmente eficaces y, hasta la fecha, no se han impuesto sanciones por parte del comité de auditoría pertinente del Parlamento a ningún partido político 37 .

Grecia ha llevado a cabo varias reformas para mejorar y reforzar el marco jurídico del sistema de declaraciones del patrimonio. Desde 2016, las declaraciones de patrimonio para todas las categorías incluidas se presentan en línea 38 y el sistema ya está plenamente operativo. No obstante, la Ley pertinente sobre la presentación de declaraciones de patrimonio e intereses financieros por parte de las personas sujetas a ello se modificó una vez más en 2018, estipulando que todas las personas incluidas deberían presentar de nuevo sus declaraciones de patrimonio correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 39 . Existen cuatro autoridades principales a cargo de recibir y auditar las declaraciones de patrimonio: i) el Comité del Parlamento para la Investigación de las Declaraciones de Patrimonio, el llamado Comité 3-A, que consta de once miembros y es responsable de la supervisión y las sanciones en materia de financiación de entidades políticas (como partidos y personas), y en materia de declaraciones de patrimonio. Recibe el apoyo de un servicio especial compuesto por veinte empleados y dirigido por un especialista cedido por la Secretaría Especial del Organismo de Investigación Financiera; ii) la Unidad de Investigación del Origen de los Fondos de la FIU (autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales), que es responsable de auditar las declaraciones de patrimonio de varias categorías de funcionarios públicos, así como de personas que desempeñan tareas de gestión en entidades jurídicas privadas concretas; iii) la Unidad de Asuntos Internos de la policía, que es responsable de auditar las declaraciones de patrimonio de los funcionarios de policía; y iv) el director de la Autoridad Nacional de Transparencia, que es responsable de recibir y comprobar las declaraciones de patrimonio de las autoridades de control administrativo (inspectores, auditores, investigadores). Las cuatro autoridades son independientes entre sí y no existe ningún mecanismo de cooperación oficial para coordinar sus actividades. Además, otros organismos de control pueden verificar ad hoc una declaración de patrimonio, en caso de que reciban una queja 40 .

Una reforma reciente introduce nuevas disposiciones sobre conflictos de intereses. Estas disposiciones incluyen a los miembros del Gobierno, a los secretarios generales y especiales, así como a los coordinadores de administraciones descentralizadas, a los presidentes o jefes de autoridades independientes y a los presidentes, vicepresidentes, gobernadores, vicegobernadores y directores generales de entidades jurídicas públicas y privadas 41 , excepto aquellas consagradas en la Constitución, que responden únicamente ante el Parlamento y no ante el Gobierno. La Ley relativa a la función pública describe varias restricciones e incompatibilidades para los empleados públicos. El Código de conducta para los miembros del Parlamento 42 incluye disposiciones similares para estos. La violación de estas disposiciones puede suponer una infracción disciplinaria 43 .

La actividad de los grupos de presión en Grecia sigue estando muy poco regulada y el marco de protección de los denunciantes está incompleto. En este momento, no existe ninguna obligación específica de registro de los grupos de presión o de declaración de contactos entre los funcionarios y los miembros de los grupos. No obstante, se está elaborando un proyecto de ley. No existe un marco jurídico general para la protección de los denunciantes. Existen algunas disposiciones en el marco relativo a los «testigos de interés público» 44 , que introducen una protección limitada frente al ejercicio de acciones penales contra personas que revelan determinados delitos, incluida la corrupción. Se han adoptado algunas medidas para introducir directrices para la protección de denunciantes en el sector privado 45 , y el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018-2021 incluye una iniciativa legislativa para la creación de un mecanismo eficaz de protección de los denunciantes, pero sigue siendo necesario elaborar un marco general.

En cuanto a las «puertas giratorias», en 2019 se modificó el marco jurídico. Anteriormente, la legislación preveía que los altos funcionarios debían abstenerse de cualquier actividad profesional privada que fuera similar a sus obligaciones anteriores durante un periodo de dos años. Los incumplimientos de estas disposiciones se castigaban mediante distintas sanciones como multas, la inhabilitación para ser nombrados funcionarios de la administración pública durante un periodo de diez años y la eliminación del registro nacional pertinente 46 . No obstante, estas disposiciones han sido abolidas mediante nuevas modificaciones, que introdujeron una reducción del periodo de reflexión de dos años a uno y eliminaron las disposiciones en materia de sanciones 47 . Un comité de ética independiente creado dentro de la Autoridad Nacional de Transparencia es responsable de otorgar este permiso (o de permitir esta actividad en condiciones específicas), así como de proponer sanciones en el marco de la legislación, que serán impuestas por el director de la Autoridad Nacional de Transparencia.

III.Pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico griego relativo al pluralismo de los medios de comunicación se basa en un conjunto de garantías constitucionales y medidas legislativas. En particular, la Constitución reconoce la libertad de expresión. Hay en vigor estructuras para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y los derechos de la prensa. Los medios de comunicación griegos se han visto afectados por la crisis económica, lo cual ha provocado una mayor vulnerabilidad financiera de las empresas de comunicación y de los periodistas 48 .

Está garantizada la independencia del organismo regulador de los servicios de comunicación audiovisual, pero este carece de recursos. El Consejo nacional de radiotelevisión supervisa y regula los mercados de la radio y la televisión. Su independencia está consagrada en la Constitución 49 y su marco jurídico está establecido en la Ley de Medios de Comunicación 50 . El Consejo nacional de radiotelevisión es un organismo compuesto por nueve miembros y consta de un presidente, un vicepresidente y otros siete miembros, que son designados por el Pleno de los Presidentes, un organismo especial del Parlamento a cargo de las designaciones para las autoridades independientes en el que están representados todos los partidos políticos 51 . El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) de 2020 ha considerado que su independencia y eficacia presentan un bajo nivel de riesgo. Sin embargo, el MPM 2020 también indica que no existen garantías específicas para evitar la toma de decisiones arbitraria en nombre del Estado en relación con los recursos presupuestarios de la autoridad. Asimismo, indica que, aunque existen normas en materia de incompatibilidad, los procedimientos de nombramiento no son suficientemente transparentes, y las cualificaciones exigidas vienen indicadas en términos generales, lo cual no impide la selección de miembros por motivos políticos 52 . Durante la visita al país se planteó que el Consejo nacional de radiotelevisión carece de los recursos financieros y de personal adecuados para desempeñar todas sus tareas, en particular cuando se trata de supervisar los servicios de comunicación audiovisual procedentes de regiones e islas ubicados más lejos de Atenas y que no pueden verse desde la capital. Las autoridades han iniciado el proceso de transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada 53 . Esta Directiva refuerza la independencia de los organismos reguladores de la comunicación audiovisual garantizando que se diferencien jurídicamente de su gobierno y que sean operativamente independientes de este y de otros organismos públicos o privados.

La transparencia de la propiedad de los medios está garantizada solo parcialmente, en particular para los servicios de comunicación audiovisual. Mientras que los medios audiovisuales tienen la obligación de informar acerca de sus estructuras de propiedad al Consejo nacional de radiotelevisión 54 , los medios impresos no están obligados a indicar su propietario en sus copias. No obstante, cabe destacar que, con el fin de inscribirse en el Registro de Prensa Regional y Local, los operadores de los medios de comunicación deben facilitar a las autoridades nacionales información sobre su propiedad 55 . Solo se divulga parcialmente la propiedad de los medios de comunicación al público, especialmente en cuanto a los beneficiarios reales 56 . El MPM 2020 ha considerado que la transparencia de la propiedad de los medios presenta un nivel medio de riesgo, indicando que «la legislación nacional no se caracteriza por ofrecer unas disposiciones claras sobre la divulgación de la propiedad de los medios de comunicación». En cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en línea, las autoridades griegas informan de que la Secretaría General de Medios y Comunicación creó un registro de medios de comunicación en línea llamado «e-media» 57 . Este registro está destinado a todos los propietarios de medios con presencia en internet (sitio web), instándoles a registrar sus actividades en línea.

Se indica que los criterios para la distribución de subvenciones estatales indirectas son equitativos. En el MPM 2020 se indica que los criterios para las subvenciones estatales indirectas, como las correspondientes a la distribución postal, así como un IVA y unas tasas reducidos para los servicios de comunicación electrónica, son equitativos. Sin embargo, las partes interesadas han expresado su preocupación por la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno a los periodistas, así como la falta de transparencia en la asignación de la publicidad estatal relacionada con la pandemia 58 . Las autoridades griegas indican que la Secretaría General de Medios y Comunicación supervisa la aplicación de los programas de comunicación y las medidas de los servicios y organizaciones públicos. Cada servicio u organización que dirige un programa de comunicación con un presupuesto superior a los 30 000 EUR está obligado a presentar una solicitud que debe aprobar la Secretaría General. Sin embargo, según el MPM 2020, la transparencia de esta política resulta problemática, ya que los importes recibidos por los medios de comunicación impresos subvencionables no se divulgan públicamente.

La Constitución reconoce la libertad de expresión. Unas recientes modificaciones del Código Penal han abolido el delito de blasfemia. La difamación se castiga, entre otras sanciones, con penas de prisión. El derecho a la información está consagrado en la Constitución. Asimismo, esta prevé el derecho de acceso a documentos en poder de los organismos públicos. Las limitaciones se definen de conformidad con las normas internacionales y hay en vigor vías de recurso. El marco regulador para la protección de los denunciantes, que suelen ser fuentes importantes para los periodistas, sigue incompleto. Según el MPM 2020, las principales inquietudes incluyen la insuficiencia de mecanismos para garantizar el respeto de las normas profesionales en la práctica del periodismo. Las partes interesadas informaron de que los organismos éticos de los sindicatos de periodistas no son muy activos y no pueden supervisar de forma eficaz el periodismo ético u otras cuestiones, pero, al mismo tiempo, señalaron que existe un panorama relativamente saludable en los medios de comunicación en línea en Grecia, en particular a escala local 59 .

Los periodistas afrontan desafíos relativos a sus condiciones de trabajo y seguridad. Las condiciones de trabajo siguen siendo problemáticas y los periodistas no están libres de ataques y amenazas a su integridad física. En el pasado reciente, se ha informado de varios ataques a periodistas 60 . El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF) indica que, con contadas excepciones, la principal amenaza para la seguridad de los periodistas en Grecia proviene de los extremistas de ultraderecha 61 . En 2019 y 2020, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas 62 y Mapping Media Freedom 63 informaron de nueve alertas vinculadas a campañas de desprestigio contra periodistas, ataques a periodistas que cubrían temas relacionados con la migración y los refugiados y la financiación estatal a los medios para la COVID-19. Los sindicatos de periodistas de Grecia ofrecen asistencia jurídica, apoyo financiero limitado y formación para periodistas.

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios

Grecia es una democracia parlamentaria con un Parlamento unicameral. La separación de poderes está consagrada en la Constitución 64 . El poder legislativo se confiere al Parlamento y al presidente 65 y el derecho a presentar leyes corresponde al Parlamento y al Gobierno.

El proceso legislativo está experimentando reformas para normalizar y simplificar la fase de preparación y mejorar su calidad. Hasta hace muy poco, la realidad legislativa griega se caracterizaba por una falta de coherencia y un alto grado de fragmentación. Esto ha recibido el nombre de polynomia o incluso kakonomia, y se agravó incluso más debido a la falta de una codificación acreditada y exhaustiva de la legislación 66 . Para abordar estos desafíos, una iniciativa legislativa 67 de 2019 redefinió y elaboró el marco normativo para unas buenas prácticas en materia de legislación y codificación. Esto derivó en el reciente desarrollo y adopción de métodos normalizados, establecidos en sus respectivos manuales, los cuales se distribuyeron en todos los ámbitos de la Administración y están disponibles en línea 68 .

Se pretende reforzar la calidad de la legislación mediante una reforma integral de los procedimientos legislativos. Hasta hace poco, llevar a cabo evaluaciones de impacto y consultar a las partes interesadas no eran prácticas consolidadas para la promulgación de la legislación. La Ley sobre el Ejecutivo estatal de 2019 69 pretende llevar a cabo una reforma integral de los procedimientos legislativos, basada en los principios y las técnicas de mejora de la legislación, haciendo hincapié en el fortalecimiento del papel de las evaluaciones de impacto. La Ley también creaba un organismo independiente de evaluación científica con la participación de abogados y economistas, y reforzaba la configuración institucional de la codificación y la reforma legislativas. La Ley sobre el Ejecutivo estatal está comenzando a aplicarse. Recientemente, las autoridades han adoptado un manual detallado de metodología legislativa y una plantilla para la evaluación de impacto exhaustiva 70 . Algunas partes interesadas, como la institución nacional griega de derechos humanos 71 o el Defensor del Pueblo griego 72 , señalaron que no recibían los proyectos de ley de antemano y, por tanto, carecían de tiempo suficiente para realizar comentarios detallados sobre las disposiciones. Además, el tiempo disponible para realizar consultas públicas suele ser muy limitado. El nuevo proceso legislativo pretende abordar estas carencias. Además, las autoridades han informado de que se están realizando esfuerzos con el fin de limitar el recurso a los procedimientos acelerados y los decretos de emergencia en los procesos legislativos.

El respeto de los derechos fundamentales y constitucionales se garantiza de diversas formas, entre ellas, las autoridades independientes. Dado que no existe un Tribunal Constitucional oficial en Grecia, la Constitución griega permite a todos los jueces determinar si los derechos constitucionales de una persona han sido violados por una ley que contraviene la Constitución 73 . Debido a la existencia de este difuso sistema de control de la constitucionalidad, todos los órganos jurisdiccionales tienen competencias para revisar la constitucionalidad de las leyes 74 . No obstante, de conformidad con la Constitución de 1975, se creó un órgano jurisdiccional especial ad hoc, el Tribunal Supremo Especial 75 . Su limitada jurisdicción incluye el control ex post de la constitucionalidad de la legislación en caso de desacuerdo entre los Tribunales Supremos. Sus sentencias sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales que le corresponda examinar son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo griego, que es una autoridad administrativa independiente creada en 1997, tiene la labor de mediar entre los ciudadanos y los servicios públicos, las autoridades locales, los organismos regidos por el Derecho público y los servicios de utilidad pública, para proteger los derechos civiles, luchar contra la mala administración y garantizar el cumplimiento de las garantías procesales 76 . Grecia estableció además una comisión nacional de derechos humanos como institución nacional griega de derechos humanos en 1998, la cual actúa como organismo consultivo independiente del Estado sobre temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos. Esta recibió de nuevo la calificación «A» de conformidad con los principios generales de las Naciones Unidas 77 en marzo de 2017.

El acceso a la información, incluido a las decisiones administrativas, está garantizado y la transparencia está asegurada mediante una política de acceso a la información gubernamental. Desde 2010, Grecia dirige una plataforma electrónica (Di@vgeia) en la que las autoridades públicas deben cargar todos los actos administrativos, incluidos, entre otros, las decisiones de nombramiento, las concesiones de premios, los traslados de personal y las decisiones sobre las subvenciones estatales a los ciudadanos 78 . Además, la legislación pertinente estipula que ningún acto se considera válido a menos que se haya cargado y presentado primero en la plataforma electrónica a la que cualquier persona interesada tiene acceso directo 79 .

La libertad de asociación está consagrada en la Constitución, aunque no existe ningún marco facilitador específico para la sociedad civil. Las autoridades griegas informaron de que el actual marco jurídico no prevé disposiciones específicas sobre la creación y funcionamiento de ONG 80 . Sin embargo, en 2018, se creó un «registro de ONG griegas y extranjeras» mediante una Decisión Interministerial 81 , que fue posteriormente regulado en 2020 82 . Esta última ley introdujo y amplió gradualmente las normas sobre el registro y certificación de las ONG griegas y extranjeras que actúan en el ámbito del asilo, la migración y la inclusión social, prevé los términos y condiciones para el registro de organizaciones y otorga facultades al Ministerio de Migración y Asilo para establecer requisitos adicionales para el registro de ONG. Esto es objeto de las críticas de varias partes interesadas, que consideran que las normas sobre el funcionamiento de las ONG incluyen requisitos demasiado estrictos y desproporcionados para el registro y la certificación 83 . Asimismo, se ha notificado un aumento de los ataques a ONG que trabajan con refugiados y migrantes en Grecia 84 , y se han expresado preocupaciones acerca de la reducción del «espacio cívico» para que la sociedad civil trabaje en Grecia desde 2019 85 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión). 

Autoridad Nacional de Transparencia (2018), Anti-corruption action plan 2018-2021. http://www.gsac.gov.gr/attachments/article/234/National%20Anti-Corruption%20Action%20Plan%202018-2021.pdf .

Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), 2020 Media Pluralism Monitor – decriminalisation of defamation infographic.     https://cmpf.eui.eu/wp-content/uploads/2019/01/decriminalisation-of-defamation_Infographic.pdf .

Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación, Mapping media freedom: Greece. https://www.mappingmediafreedom.org/country-profiles/greece/ .

Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (2019), Greece: New democracy – new press freedom?».  https://www.ecpmf.eu/greece-new-democracy-new-press-freedom/ CIVICUS Monitor – Tracking Civic Space. https://monitor.civicus.org/country/greece/ .

Comisión Europea (2019), Country report Greece, SWD(2019) 1007 final.

Comisión Europea (2020), Country report Greece, SWD(2020) 507 final.

Comisión Europea (2020), Enhanced surveillance report: institutional paper 127.

Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Contiades, Papacharalambous and Papastylianos (2019): «The Constitution of Greece: EU Membership Perspectives», 2019.

Consejo de Europa: Committee of Ministers (2016), Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.

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Visita virtual a Grecia en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Anexo II: Visita a Grecia

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con:

·Comité 3-A

·Consejo de la Abogacía de Atenas

·Consejo de Estado

·Tribunal de Cuentas

·Gabinete del viceministro

·Unidad de Información Financiera

·Secretario General de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios

·Organismo regulador del sector audiovisual nacional griego

·Sindicato de Periodistas de Macedonia y Tracia

·Ministerio de Justicia

·Autoridad Nacional de Transparencia

·Defensor del Pueblo

·Fiscalía de delitos financieros y División de la policía fiscal

·Agencia especial de apoyo del Comité de auditoría de financiación política

·Tribunal Supremo

* La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:

·Amnistía Internacional

·Civil Liberties Union for Europe

·Civil Society Europe

·Conference of European Churches

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Free Press Unlimited

·Front Line Defenders

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional de Derechos Humanos

·Instituto Internacional de la Prensa

·Lifelong learning Platform

·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute

·Reporteros sin Fronteras

·Transparency International EU

(1)      Portal Europeo de e-Justicia, Sistema judicial en los Estados miembros: Grecia.

(2)      El Tribunal de Cuentas, uno de los tres Tribunales Supremos, tiene la jurisdicción exclusiva de auditar los gastos estatales y otros asuntos relacionados, por ejemplo, aquellos que se derivan de la auditoría del crecimiento injustificado del patrimonio de los sujetos pasivos de una declaración de patrimonio (a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 3213/2003), y de acusar en perjuicio de los responsables.

(3)      Los tribunales especiales creados de conformidad con la Constitución también pueden tener su propio consejo de la magistratura.

(4)      Los tres consejos superiores de la magistratura (CSM, uno para la justicia civil y penal, uno para la justicia administrativa y uno para el Tribunal de Cuentas) constan del presidente del órgano jurisdiccional pertinente (Tribunal Supremo, Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas respectivamente) y de miembros de dicho órgano seleccionados por sorteo, así como de dos jueces de la rama pertinente del poder judicial (sin derecho a voto); además, el CSM para la justicia civil y penal también incluye al fiscal y a dos vicefiscales del Tribunal Supremo, mientras que los CSM para la justicia administrativa y para el Tribunal de Cuentas incluyen a los comisarios generales del Estado que desempeñan sus funciones en el Consejo de Estado y en el Tribunal de Cuentas respectivamente (véase el artículo 90, apartados 1 a 4 de la Constitución, interpretados en relación con los artículos 67, 72 y 78 de la Ley 1756/1988: Código sobre la organización de los órganos jurisdiccionales y el estatuto de los magistrados. Se prevé una mejora de la composición de los anteriores consejos en cuanto a los ascensos a los puestos de más alta responsabilidad, es decir, en el Tribunal Supremo (jueces y fiscales), el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas (para los puestos de consejero y de comisario general) y en el Tribunal de Apelación (para los puestos de presidentes de sección y fiscales).

(5)      Cuarta ronda de evaluación del GRECO: Informe de cumplimiento, apartado 57, en el que se considera que estos puestos están sujetos a una influencia potencialmente fuerte del poder ejecutivo y se recomienda revisar el método de selección relativo a los puestos de más alta responsabilidad de jueces y fiscales para implicar a los pares en el proceso.

(6)      Constitución de Grecia, artículo 90, apartado 5. En febrero de 2019, el Parlamento rechazó la revisión de esta disposición.

(7)      Gráficos 44 y 46, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. El nivel de la percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados percibe la independencia judicial como bastante buena o muy buena); bajo (entre el 30 y el 39 %), medio (entre el 40 y el 59 %), alto (entre el 60 y el 75 %), muy alto (por encima del 75 %).

(8)      La Comisión Europea ofrece apoyo técnico en virtud del programa de apoyo a las reformas estructurales al Ministerio de Justicia griego para la mejora de la administración de los órganos jurisdiccionales y la modernización del sistema para la evaluación y promoción de los jueces.

(9)      Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Procesos Administrativos, Ley de Procedimiento Administrativo, Estatuto del Tribunal de Cuentas, Reglamento del Tribunal de Cuentas, Código Penal, Ley Concursal, Ley de Administración de la Justicia (en curso), Estatuto de los Magistrados (en curso), Ley de los Empleados Judiciales (en curso).

(10)      Para más información, véase el Informe sobre Grecia de 2019 de la Comisión Europea, SWD(2019) 1007 final, p. 57; Informe sobre Grecia de 2020, SWD(2020) 507 final, p. 62.

(11)      Gráficos 22, 29, 31 y 41, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(12)    Gráficos 27, 30, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(13)      Información recibida en el contexto de la visita a Grecia.

(14)      Gráfico 34, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(15)      Grecia no impuso el estado de emergencia en el contexto de la pandemia de COVID-19.

(16)      Comunicado del Ministerio de Justicia de 25 de mayo de 2020.

(17)      Informe de supervisión reforzada de mayo de 2020 de la Comisión Europea, pp. 28 y 106.

(18)      Pikrammenos: «Judicial territorial planning: a choice of the legislator with a major import for the judicial system», Justice in Greece, Dianeosis, 2019 (‘Δικαστική Χωροταξία: επιλογή του νομοθέτη με μείζονα σημασία για το δικαστικό σύστημα', στο συλλογικό έργο ΄Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα’, Διανέοσις 2019).

(19)      Gráfico 6, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(20)      Gráfico 11, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(21)      Gráficos 11 y 14, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(22)      Informe de supervisión reforzada de mayo de 2020 de la Comisión Europea, serie de documentos institucionales n.º 127, p. 73.

(23)      Aportación de Transparencia Internacional al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, p. 11. Según información recibida en el contexto de la visita a Grecia, esto provoca periódicamente que asuntos relativos a delitos menos graves finalicen con medidas legislativas ad hoc, provocando una impunidad de facto para una amplia gama de este tipo de delitos (como ejemplo reciente de esta práctica, véase, por ejemplo, el artículo 63 de la Ley 4687/2020).

(24)      Gráficos 12, 8 y 15, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(25)      Gráficos 9, 15, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.

(26)      Transparencia Internacional Grecia: https://www.transparency.org/en/countries/greece.

(27)      Encuesta Flash Eurobarómetro n.º 502 (2020), Corrupción.

(28)      Encuesta Flash Eurobarómeto n.º 482 (2019), Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.

(29)      Informe ad hoc sobre Grecia del GRECO (norma 34); Informe sobre Grecia de 2020 de la Comisión Europea, SWD(2020) 507 final.

(30)      El principio de lex mitior es el principio por el que se aplica la legislación más benigna y constituye un principio general de las legislaciones penales nacionales, así como un principio general del Derecho de la UE.

(31)      Para más información, véase el Informe sobre Grecia de 2020 de la Comisión Europea, SWD(2020) 507 final, p. 64;

(32)      Ley 4622/2019.

(33)      Autoridad Nacional de Transparencia (2018): Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Grecia adoptó su primer Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción en marzo de 2013, el cual fue actualizado en agosto de 2015.

(34)      OCDE (2018): «Phase 3 bis follow-up: additional written report by Greece».

(35)      Informe sobre Grecia de 2020 de la Comisión Europea, SWD(2020) 507 final.

(36)      Ley 3023/2002 modificada por las Leyes 4304/2014, 4472/2017, 4475/2017, 4509/2017.

(37)      Informe sobre Grecia de 2020 de la Comisión Europea, SWD(2020) 507 final.

(38)      Las normas relativas a las declaraciones de patrimonio están previstas en la Ley 3213/2003, en su forma actual tras la promulgación de la Ley 4571/2018.

(39)      Boletín del Estado 186/A/30.10.2018. La Ley 4571/2018 exigía que todas las categorías de deudores presentaran de nuevo sus declaraciones de patrimonio correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

(40)      Además, el Tribunal de Cuentas se ocupa de los asuntos que se derivan de la auditoría del aumento injustificado del patrimonio de los sujetos pasivos de una declaración de patrimonio (a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 3213/2003), y que se presentan en forma de demanda de la Fiscalía General en el Tribunal de Cuentas, tras una auditoría por parte de los organismos administrativos pertinentes. El objetivo de la auditoría es hallar crecimientos de patrimonio que se consideren producto de la corrupción y reclamarlos (artículo 3B, apartados 4 y 12 de la Ley 3213/2003, artículo 118 de la Ley 4700/2020) en perjuicio de los responsables.

(41)      Artículo 71 de la Ley 4622/2019.

(42)      Artículo 3 del Código de conducta para los miembros del Parlamento.

(43)      Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018), «Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Greece – Asset and interest Disclosure systems».

(44)      Ley 4254/2014.

(45)      OCDE (2018), «Guidelines on Whistle-blower Protection for Companies in Greece». Estas directrices han sido elaboradas con el apoyo de la UE.

(46)      Artículo 23 de la Ley 4440/2016.

(47)      Ley 4622/2019 sobre el Ejecutivo Estatal, artículo 119, «Organisation, operation and transparency of the Government, government bodies and central public administration», que entró en vigor en agosto de 2019.

(48)      En 2020, Grecia ocupaba el puesto n.º 65 a nivel mundial en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras.

(49)      Artículo 15, apartado 2, de la Constitución.

(50)      Ley 4339/2015, así como Leyes 1866/1989, 2328/1995, 2644/1998, 2863/2000, etc. modificadas.

(51)      Aportación de Grecia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

(52)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(53)       Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE.

(54)      La Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada insta a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas por las cuales los proveedores de servicios de comunicación adscritos a su jurisdicción deban facilitar información sobre su estructura de propiedad, incluidos sus beneficiarios efectivos.

(55)      Artículo 20 y 22 de la Ley 4557/2018 sobre las disposiciones para un Registro Central de Beneficiarios Efectivos.

(56)      Media Pluralism Monitor de 2020. Según las autoridades griegas, una nueva Decisión ministerial (667/2020) obliga actualmente a todas las entidades que operan en Grecia a llevar un Registro Especial de Beneficiarios Efectivos que incluya sus titulares reales y toda la cadena de beneficiarios. Esto también se aplica a las empresas de medios de comunicación.

(57)      El registro e-media puede consultarse aquí: https://emedia.media.gov.gr/.

(58)      Información recibida en el contexto de la visita a Grecia.

(59)      Media Pluralism Monitor de 2020.

(60)      En diciembre de 2018, un atentado con bomba en la estación de televisión SKAI en Atenas provocó grandes daños. En mayo de 2019, el coche de una reportera de CNN Grecia fue destruido en un incendio provocado. El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación informa de que, también en 2019, anarquistas irrumpieron en la sede del periódico Athens Voice y destrozaron equipo de oficina, ordenadores y mobiliario.

(61)      Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (2019), «Greece: New democracy – new press freedom?».

(62)      Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas.

(63)      Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación, Mapping Media Freedom.

(64)      Artículo 26 de la Constitución.

(65)      Véase la nota anterior.

(66)      Sotiropoulos/Christopolous: Polynomia and Kakonomia in Greece, Dianeosis 2017 (Πολυνομία Και Κακονομία Στην Ελλάδα); véase asimismo el Informe sobre Grecia de 2019 de la Comisión Europea, SWD(2019) 1007 final, p. 55.

(67)      Ley 4622/2019 sobre el Ejecutivo estatal, sección 3, capítulo C, «Proceso de adopción de la legislación y buenas prácticas legislativas», artículos 57-64 y capítulo D, «Codificación y revisión normativa», artículos 65-67.

(68)      Manuales sobre la codificación jurídica, metodología legislativa y evaluaciones de impacto.

(69)      Ley 4622/2019.

(70)      Esta fue elaborada con el apoyo técnico ofrecido por la Comisión Europea, véase el Informe de supervisión reforzada de mayo de 2020 de la Comisión Europea, pp. 27 y103.

(71)      Información recibida en el contexto de la visita a Grecia.

(72)      ENNHRI, «The rule of law in the European Union», p. 115.

(73)      Artículo 87, apartado 2, de la Constitución, que estipula que los jueces no están obligados a cumplir las disposiciones promulgadas en contra de lo establecido en la Constitución. El artículo 93, apartado 4, de la Constitución estipula que los órganos jurisdiccionales están obligados a no aplicar un estatuto cuyo contenido contravenga la Constitución.

(74)      Véase, por ejemplo, Contiades, Papacharalambous y Papastylianos: «The Constitution of Greece: EU Membership Perspectives», National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, 2019, p. 642.

(75)      Artículo 100 de la Constitución.

(76)      El Defensor del Pueblo griego también es el organismo nacional de igualdad cuyo mandato es luchar contra la discriminación y fomentar el principio de igualdad de trato con independencia del género, origen racial o étnico, situación familiar o social, religión o creencia, discapacidad o enfermedad crónica, edad, orientación sexual e identidad de género.

(77)      Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París), adoptados mediante la Resolución 48/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993.

(78)      La plataforma electrónica está disponible en la siguiente dirección: https://diavgeia.gov.gr/en.

(79)      Ley 4210/2013.

(80)      Aportación de Grecia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, punto 45.

(81)      Decisión Interministerial 7586/18.

(82)      Ley 4662/2020, modificada por la Ley 4686/2020.

(83)       Refugee Support Aegean: «New Rules on Civil Society Supporting Refugees and Migrants in Greece», 2020, p. 1; Expert Council on NGO Law, Conference of INGOs of the Council of Europe, CONF/EXP(2020)4, p. 23.

(84)      Aportación de Front Line Defenders al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, p. 2.

(85)      Aportación de Greenpeace al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, p. 2; véase asimismo la calificación del monitor CIVICUS, Tracking Civic Space; las clasificaciones son sobre una escala de cinco categorías que se definen como: abierto, reducido, obstruido, represivo y cerrado.