23.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 176/8


Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia

(2018/C 176/03)

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

Vista la propuesta de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, al Consejo para adoptar una Decisión con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea,

Vista su Resolución de 23 de marzo de 2017 sobre el Estado de Derecho en la UE desde una perspectiva local y regional,

Visto su Dictamen «Los entes locales y regionales en la protección multinivel del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la UE», de 12 de febrero de 2015,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia,

Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, adoptado en su 113.a sesión plenaria de los días 8 y 9 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley relativa al Consejo Nacional del Poder Judicial, el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley relativa al Tribunal Supremo, propuesto por el Presidente de Polonia, y la Ley relativa a la Organización de los Tribunales Ordinarios,

1.

reitera su compromiso con el conjunto de valores fundamentales comunes en el que se basa la Unión Europea, entre ellos el respeto de la democracia y del Estado de Derecho, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

2.

considera que estos valores constituyen la base de la confianza mutua entre los Estados miembros, entre los Estados miembros y las instituciones de la UE, así como entre todos los niveles de gobierno;

3.

destaca que la mayoría de los principios del Estado de Derecho –legalidad, respeto de los derechos fundamentales, igualdad ante la ley, libertad de expresión y libertad de reunión, transparencia, rendición de cuentas, separación de poderes, procesos democráticos y pluralistas en la adopción de la legislación, seguridad jurídica, ausencia de actos arbitrarios por parte del poder ejecutivo, tribunales independientes e imparciales y control judicial efectivo– tienen una relevancia directa e inmediata para el funcionamiento de los entes regionales y locales y constituyen un requisito previo para su participación activa en el proceso de integración europea;

4.

por tanto, apoya la propuesta de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, al Consejo para adoptar una Decisión con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea basada en la evaluación de que existe un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en Polonia;

5.

espera que el gobierno de Polonia y la Comisión entablen un diálogo constructivo sobre la manera de abordar la situación antes del 20 de marzo de 2018, en concreto, a fin de evitar efectos indirectos perjudiciales para el proceso decisorio de la UE, especialmente respecto de las propuestas que debe presentar la Comisión para el período de programación posterior a 2020;

6.

rechaza cualquier tipo de condicionalidad política ex post, que significaría que los entes locales y regionales podrían ser rehenes de las políticas adoptadas por los gobiernos nacionales que podrían acarrear una suspensión de la financiación de la UE destinada a las ciudades y regiones. La política de cohesión no debe verse obstaculizada por condiciones a nivel europeo cuyo cumplimiento se sustrae totalmente a la influencia de los entes locales y regionales y de los demás beneficiarios. No obstante, el CDR llama la atención sobre las disposiciones ya existentes en los acuerdos de asociación que permiten suspender la financiación en caso de que los entes locales o regionales violen el Estado de Derecho. Manifiesta su preocupación por la conformidad con el principio de proporcionalidad de la imposición de posibles condicionalidades políticas para el acceso de las ciudades y regiones a la financiación de la UE;

7.

destaca asimismo que un procedimiento de infracción contra un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede conducir a este último a imponer el pago de multas a expensas del gobierno central;

8.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Presidencia búlgara del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo.

Bruselas, 1 de febrero de 2018.

El Presidente del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ