6.

El Tribunal ha fiscalizado:

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

7.

En opinión del Tribunal, las cuentas de la Junta correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Junta a 31 de diciembre de 2016 (los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha) conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión; estas últimas están basadas en los estándares de contabilidad aceptados internacionalmente para el sector público.

8.

En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

9.

En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

10.

De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el Reglamento Financiero de la Junta, la dirección es responsable de la preparación y presentación de las cuentas basada en las normas de contabilidad internacionalmente aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de control interno propicio a la preparación y presentación de unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección debe también garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en los estados financieros son conformes a las normas por las que se rigen. La dirección de la Junta es responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas.

11.

Durante la preparación de las cuentas, la dirección debe evaluar la viabilidad comercial de la Junta, lo que incluye presentar, según proceda, las cuestiones relacionadas con la continuación de actividades, además de partir de la hipótesis de empresa en funcionamiento.

12.

Los encargados de la gobernanza, por su parte, supervisan el proceso de elaboración de informes financieros de la entidad.

13.

Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de que las cuentas de la Junta estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, o a las respectivas autoridades responsables de la aprobación de la gestión, en su caso, sobre la base de la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, no implican que las fiscalizaciones vayan a detectar siempre las incorrecciones materiales o la falta de cumplimiento. Las incorrecciones pueden ser consecuencia del fraude o un error y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma individual o conjunta, podrían influir las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas.

14.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas, y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. La selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del auditor, que se basa en una valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas o de que las operaciones subyacentes incumplan de manera significativa los requisitos previstos en el marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tienen en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

15.

En lo relativo a los ingresos, el Tribunal examina las subvenciones procedentes de la Comisión y evalúa los procedimientos de la Junta para recaudar tasas y otro tipo de ingresos, si procede (6). La verificación de las contribuciones al Fondo se basó en las notificaciones de las entidades de crédito a través de las autoridades nacionales de resolución, y no cubrió la fiabilidad de la información obtenida. Además, las contribuciones al Fondo sometidas a demandas administrativas o procedimientos judiciales entre algunas entidades de crédito y las autoridades nacionales de resolución, o en procedimientos judiciales entre algunas entidades de crédito y la Junta ante el Tribunal general de la Unión Europea, no se incluyeron en la auditoría del Tribunal para no afectar en modo alguno la posición de las partes en los procesos. La información detallada sobre las demandas administrativas o los procedimientos judiciales se encuentra en el párrafo 7, apartado i), de las cuentas anuales de la Junta.

16.

En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pagos cuando los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las categorías de pagos, con exclusión de los anticipos, en el momento en que se efectúan. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos justifica su utilización adecuada y la Junta acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el mismo ejercicio o posteriormente.

17.

Al elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de auditoría llevado a cabo por el auditor externo independiente sobre las cuentas de la Junta conforme a lo previsto en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento Financiero de la UE.

18.

Sin que ello suponga cuestionar la opinión expresada en los párrafos 6 a 17, el Tribunal desea hacer hincapié en que las contribuciones al Fondo se calculan a partir de la información que las entidades de crédito facilitan a la Junta por medio de las autoridades nacionales de resolución. El Reglamento del MUR, sin embargo, no prevé un marco de control exhaustivo y consistente para garantizar la fiabilidad de la información, y el Tribunal ha constatado que la metodología fijada en el marco legal para calcular las contribuciones es muy compleja, lo que supone un riesgo para la exactitud de la información. Por otro lado, la Junta no puede revelar detalles sobre los cálculos de las contribuciones de cada entidad de crédito cuyo riesgo ha sido evaluado, puesto que están interrelacionados e incluyen información confidencial sobre otras entidades de crédito, con el consiguiente impacto en la transparencia de los cálculos.