COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 8.3.2016

COM(2016) 127 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales

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1. Introducción

En su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado ante el Parlamento Europeo el 9 de septiembre de 2015, el presidente Juncker anunció el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales. Esta iniciativa forma parte de la labor emprendida por la Comisión en pos de una unión económica y monetaria (UEM) más profunda y más justa 1 , y también de su programa de trabajo para 2016.

Como indicó el presidente Juncker en su discurso: «Tenemos que redoblar los esfuerzos encaminados a conseguir un mercado laboral justo y verdaderamente paneuropeo. (...) En el marco de estos esfuerzos, tengo la intención de desarrollar un pilar europeo de derechos sociales que tenga en cuenta las cambiantes realidades de las sociedades europeas y el mundo del trabajo y que pueda servir de guía para una convergencia renovada en la zona del euro. Este pilar europeo de derechos sociales debería complementar lo que ya hemos conseguido conjuntamente en materia de protección de los trabajadores en la UE. Los interlocutores sociales están llamados a desempeñar un papel decisivo en este proceso. Creo que es acertado que pongamos en marcha esta iniciativa en la zona del euro, permitiendo que los otros Estados miembros de la UE que lo deseen se adhieran a ella posteriormente».

La presente Comunicación señala el camino a seguir para el establecimiento del pilar europeo de derechos sociales. En ella se expone la lógica de la iniciativa, se analizan su papel, alcance y naturaleza y se abre un amplio proceso de consulta destinado a recabar opiniones. Para facilitar el debate se anexa a la presente Comunicación un primer esbozo preliminar del pilar. La presente Comunicación también va acompañada de dos documentos de trabajo: el primero describe las tendencias clave de la economía, el mercado de trabajo y la sociedad en las que se basa el pilar, y que este debería ayudar a abordar, y el segundo recuerda el acervo jurídico más pertinente a nivel de la UE 2 . 

2. ¿Por qué un pilar europeo de derechos sociales?

2.1. Una economía social de mercado altamente competitiva

La acción a nivel de la UE refleja los principios fundacionales de la Unión y se basa en la convicción de que el desarrollo económico debe dar lugar a un progreso social y a una cohesión mayores y de que la política social, al tiempo que garantiza redes de seguridad adecuadas en consonancia con los valores europeos, debe también concebirse como un factor productivo que reduzca la desigualdad, maximice la creación de puestos de trabajo y permita prosperar al capital humano de Europa. Esta convicción se ve confirmada por las pruebas existentes en cuanto a resultados sociales y de empleo. Los Estados miembros con mejor rendimiento en términos económicos han desarrollado políticas sociales más ambiciosas y eficientes, no solo como resultado del desarrollo económico, sino como parte central de su modelo de crecimiento. Para ello es fundamental el diseño de sistemas de bienestar e instituciones del mercado de trabajo que cumplan su papel y respalden la creación de puestos de trabajo.  

Este enfoque es también un elemento central de la agenda económica global de la Comisión, como ejemplifica su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016. Cuando insiste en promover reformas estructurales, la inversión y unas políticas presupuestarias responsables, la Comisión hace claramente hincapié en las consideraciones sociales y la justicia social.

En consonancia con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son los principales responsables de definir sus políticas sociales y de empleo. Esto incluye la legislación laboral y la organización de los sistemas de bienestar. Tal competencia está reconocida en los Tratados de la UE, que, desde que se fundó la Comunidad Económica Europea, también prevén para la UE un papel que complemente las acciones de los Estados miembros. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se plasma este objetivo general, según el cual la Unión «obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente».

Por esta razón, el establecimiento y la profundización del mercado único europeo han ido de la mano con el desarrollo de un acervo jurídico en el ámbito social a nivel de la UE, para garantizar la igualdad de condiciones, limitar el riesgo de dumping social o de «carrera a la baja» y facilitar la integración económica y social. Esta es también la razón por la que, desde la década de los noventa, las consideraciones sociales y relativas al empleo han constituido un rasgo esencial del proceso de coordinación de la política económica en la UE, conocido ahora como Semestre Europeo. La base del pilar europeo de derechos sociales sigue esta lógica y responde a una doble necesidad: superar la crisis con perspectiva de futuro y avanzar hacia una UEM más profunda y más justa.

2.2. Superar la crisis con perspectiva de futuro

Europa está saliendo de su peor crisis en décadas: cada uno de los Estados miembros y la UE en su conjunto están luchando contra las consecuencias políticas, económicas y sociales de la crisis, intentando al mismo tiempo anticipar la evolución futura. La crisis ha tenido efectos graves y visibles en la sociedad y la economía europeas. Aunque los sistemas de bienestar han amortiguado parte del impacto, el desempleo ha aumentado, una proporción significativa de la población se enfrenta al riesgo de pobreza, las finanzas públicas se han aprovechado hasta el límite y los resultados nacionales han sido muy variados. El desempleo, en particular, está costando muy caro desde hace muchos años a las personas y a la sociedad: casi veintidós millones de personas siguen sin trabajo y en busca de empleo (cerca de diecisiete millones en la zona del euro), y diez millones de ellas llevan así más de un año.

La crisis también ha ocultado parcialmente algunas tendencias a largo plazo más fundamentales, y ha acentuado otras. Entre estas cabe citar, por ejemplo: las transformaciones ocurridas en las estructuras sociales y los patrones familiares y laborales; la prolongación de la vida laboral, que también es ahora más variada; la diversificación de la mano de obra y la propagación de nuevas formas de trabajo; la paradoja entre el aumento de los niveles de educación y el desajuste generalizado de las aptitudes; las crecientes desigualdades; las nuevas necesidades y oportunidades que se derivan de los avances en la esperanza de vida y del envejecimiento demográfico; los cambios tecnológicos y la digitalización de la sociedad y la economía.

El alcance y la naturaleza de los retos a los que se enfrentan el mundo del trabajo y la sociedad en general han cambiado radicalmente en comparación con el siglo XX, y hay muchas tendencias nuevas o futuras a las que Europa tendrá que adaptarse. Los objetivos de la política social y su capacidad para cumplirlos están siendo sometidos a prueba de forma significativa, y la capacidad de Europa para conseguir unos mercados de trabajo y unos sistemas de bienestar que funcionen correctamente y sean justos resulta esencial para que pueda impulsar la productividad, competir a escala mundial, reforzar la cohesión social y seguir mejorando el nivel de vida de sus ciudadanos.

Esta reflexión está adquiriendo una importancia creciente tanto a escala internacional como dentro de cada Estado miembro 3 . A pesar de las incertidumbres en torno al futuro, cada vez hay más pruebas y más consenso mundial respecto a la necesidad de reforzar el vínculo entre el desarrollo económico, social y medioambiental, respecto al hecho de que las desigualdades frenan el desarrollo económico y respecto a la necesidad de concebir un modelo de crecimiento más inclusivo, como se ilustra en los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y en reiteradas conclusiones del G20. Esta agenda mundial se basa en la enorme cantidad de investigaciones realizadas por organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional.

Estas publicaciones ponen de relieve que la inversión en capital humano es un importante mecanismo de transmisión entre el crecimiento a largo plazo, la igualdad y el progreso social. Asimismo, confirman que la desigualdad de la renta puede tener un impacto negativo a largo plazo en el crecimiento potencial, consolidando y reforzando la desigualdad de oportunidades ya existente, limitando el desarrollo de las aptitudes y obstaculizando la movilidad social y ocupacional. En las economías avanzadas, que basan su prosperidad en el crecimiento de la productividad y en su capacidad de innovación, los resultados sociales y económicos son dos caras de la misma moneda.

La política social moderna debería asentarse sobre la inversión en capital humano basada en la igualdad de oportunidades, la prevención de los riesgos sociales y la protección contra ellos, así como la existencia de redes de seguridad eficaces y de incentivos para acceder al mercado de trabajo, de modo que las personas puedan llevar una vida digna, cambiar su estatus personal y profesional a lo largo de su vida y sacar el mayor partido de su talento.

2.3. Avanzar hacia una unión económica y monetaria más profunda y más justa

La zona del euro está aprendiendo de la crisis de los últimos años y se ha embarcado en un proceso de mayor integración y consolidación. Eso incluye necesariamente una dimensión social. El informe de los cinco presidentes sobre la realización de la UEM 4 hace hincapié en que «la ambición de Europa es la de obtener una calificación social de "triple A"» y en que «para que la UEM sea un éxito, los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar deben funcionar bien y de forma justa en todos los Estados miembros de la zona del euro». Al tiempo que recuerda que «no existe un único modelo que convenga en todas las situaciones», el informe destaca que los retos son a menudo similares en los distintos Estados miembros. Asimismo, pide que se preste una mayor atención a los resultados en materia de empleo y en el ámbito social, como parte de un proceso más amplio de convergencia al alza hacia unas estructuras económicas de mayor capacidad de resistencia dentro de la zona del euro.

No se trata solamente de un imperativo político o social; es también una necesidad económica: la experiencia de la última década y media ha puesto de manifiesto que la persistencia de desequilibrios en uno o varios Estados miembros puede poner en peligro la estabilidad de la zona del euro en su conjunto, y que la incapacidad para corregir esos desequilibrios puede dar lugar a divergencias aún más onerosas. Después de la crisis de 2007-2008, la zona del euro se hizo más heterogénea, con algunos países especialmente afectados, y reducir esta heterogeneidad lleva tiempo. De cara al futuro, es evidente que el éxito venidero de la zona del euro depende no poco de la eficacia de los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar nacionales y de la capacidad de la economía para absorber las perturbaciones y adaptarse a ellas.

Para que los mercados de trabajo sean eficaces e inclusivos tienen que combinar de manera efectiva elementos de flexibilidad y seguridad, que pueden generar mayores niveles de empleo y capacidades de ajuste. El concepto relacionado de «flexiguridad» no es nuevo, pero, a raíz de la crisis, y en vista de un mundo del trabajo cambiante, es hora de volver a definir la mejor manera de aplicarlo en la práctica. Las empresas tienen interés en que el entorno empresarial sea predecible y jurídicamente seguro y en ser capaces de atraer a trabajadores con aptitudes y productivos, pero también en adaptarse a las realidades de un mercado en rápida evolución. Los trabajadores tienen interés en un puesto de trabajo y unos ingresos seguros y en poder conciliar el trabajo y la vida privada, pero también en aceptar nuevos retos y adaptarse a lo largo de su carrera profesional y en seguir acumulando aptitudes a lo largo de su vida. A menudo las personas desempleadas e inactivas buscan vías para acceder al mundo del trabajo que no las atrapen en puestos de baja calidad y mal pagados y que no las priven de los derechos sociales fundamentales. La economía y la sociedad, especialmente dentro de la zona del euro, tienen interés en un desarrollo y un uso mejores de las aptitudes, en una agilidad y una capacidad de respuesta mayores, en la cohesión social y en una distribución justa y eficaz de los derechos, las obligaciones y la renta, también entre generaciones.

Al mismo tiempo, la elevada tasa de desempleo y el envejecimiento demográfico, combinados con las presiones sobre las finanzas públicas y la necesidad de minimizar las repercusiones indirectas entre países derivadas de los desequilibrios macroeconómicos, han puesto sobre la mesa la cuestión del rendimiento de los sistemas de bienestar nacionales, desde distintos puntos de vista: en primer lugar, por lo que se refiere a su adecuación y a su sostenibilidad presupuestaria a la vista de unas necesidades sociales en evolución, incluida la necesidad de abordar la pobreza; en segundo lugar, por lo que respecta a su impacto sobre la creación de empleo, desde la perspectiva tanto del empleador como del demandante de empleo, incluida su capacidad para hacer que merezca la pena trabajar y para reforzar las aptitudes de las personas y su capacidad para participar plenamente en la sociedad; y, en tercer lugar, por lo que atañe a su capacidad para amortiguar los choques macroeconómicos y desempeñar una función automática de estabilización, algo que es especialmente importante para la zona del euro. Para el saneamiento de las finanzas públicas son esenciales una tasa de empleo elevada, una tasa de desempleo baja y unos sistemas de bienestar bien diseñados; la existencia de divergencias demasiado marcadas en los resultados relacionados con el mercado de trabajo y la sociedad generan una amenaza para el funcionamiento de la zona del euro. Como parte de las medidas adoptadas para mejorar la vigilancia presupuestaria a escala de la UE, la reflexión sobre la calidad de las finanzas públicas, de las que los sistemas de bienestar constituyen una gran parte, ha hecho que se preste una mayor atención a las cuestiones relacionadas con la justicia y la eficiencia de los ingresos y los gastos públicos.

2.4. La riqueza de experiencias como base

El pilar europeo de derechos sociales puede basarse en toda una riqueza de experiencias y prácticas: en muchos ámbitos, los mejores resultados de todo el mundo se obtienen en Europa, y las soluciones son bien conocidas. Sin embargo, dada la envergadura de los retos actuales, la complacencia y el statu quo no son una opción. También hay mucho que aprender de las realidades rápidamente cambiantes en todo el mundo.

Aun reconociendo que las situaciones difieren mucho de unos Estados miembros a otros, el pilar también puede basarse en los valores y los principios comunes que se comparten a escala nacional, europea e internacional. Estos valores y principios figuran de forma destacada en documentos de referencia como el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como en instrumentos internacionales como la Carta Social Europea adoptada por el Consejo de Europa y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tales marcos suelen abarcar una amplia gama de ámbitos en los que definen principios generales o normas mínimas, que deben complementarse a nivel nacional, regional o local. Así pues, la cuestión clave en Europa no es necesariamente el reconocimiento de los derechos, sino su asimilación y aplicación efectivas, dada la rapidez de los cambios en el entorno social, jurídico y económico.

A lo largo de los años, la Comisión ha emprendido diversas iniciativas para intensificar los esfuerzos relacionados con prioridades apremiantes y para actualizar el acervo de la UE. Esos esfuerzos siguen la lógica de mejorar la legislación: no se trata de legislar menos, sino de abordar la legislación teniendo plenamente en cuenta su impacto económico, social y medioambiental sobre el terreno, a fin de garantizar que cada iniciativa alcance su objetivo de la mejor manera posible. Durante este mandato, la Comisión ha desplegado los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020, de los que cerca de un 20 % se movilizan a través del Fondo Social Europeo. También ha actuado en varios frentes, entre otros muchos los siguientes:

mayor atención a las consideraciones sociales en el Semestre Europeo de coordinación de la política económica; uso de indicadores sociales en el denominado procedimiento de desequilibrio macroeconómico; promoción de «puntos de referencia sociales»; y evaluación del impacto social del nuevo programa de apoyo a la estabilidad de Grecia;

integración de los objetivos sociales en iniciativas emblemáticas como el Plan de Inversiones para Europa, la Unión de la Energía y el mercado único digital;

presentación de un compromiso estratégico a favor de la igualdad de género para el período 2016-2019;

apoyo financiero anticipado a los Estados miembros para que establezcan una Garantía Juvenil, según la cual todos los jóvenes menores de veinticinco años deben recibir una oferta concreta de calidad en los cuatro meses siguientes a haber dejado la educación formal o haber pasado a ser desempleados;

orientaciones a los Estados miembros sobre la reintegración de los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo;

propuesta de Acta Europea de Accesibilidad para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los bienes y los servicios básicos en el mercado único;

propuesta de revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores para promover el principio de igual salario por igual trabajo en el mismo lugar.

En 2016 también se está trabajando en varios aspectos adicionales, y la labor proseguirá paralelamente a la consulta sobre el pilar: un nuevo comienzo para promover el equilibrio entre vida profesional y vida privada de los padres que trabajan; una agenda europea de capacidades; y una evaluación en profundidad de las veinticuatro directivas sobre salud y seguridad en el trabajo, que ha de contribuir a evaluar su pertinencia, eficacia y coherencia con el fin de mantener un elevado grado de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores a la luz de los nuevos riesgos, simplificando y modernizando al mismo tiempo la legislación aplicable, también para facilitar la asimilación por parte de las pymes. Estos ejemplos son ilustrativos del papel de apoyo, orientación y encuadramiento que puede desempeñar la UE en el ámbito social y de otras acciones que pueden desplegarse una vez establecido el pilar.

Una prioridad clave para esta Comisión es también fomentar el diálogo social a todos los niveles. A raíz de la conferencia de alto nivel sobre un nuevo comienzo para el diálogo social en la UE, celebrada en marzo de 2015, los interlocutores sociales de la UE a nivel intersectorial acordaron analizar conjuntamente y en profundidad la cuestión del empleo y establecer un programa de trabajo conjunto para 2015-2017. Se han iniciado negociaciones sobre un acuerdo marco autónomo relativo al envejecimiento activo; se están elaborando conclusiones conjuntas sobre la cuestión del equilibrio entre vida laboral y vida privada; y un grupo de trabajo está examinando la aplicación por parte de sus miembros de sus anteriores acuerdos marco autónomos. Los interlocutores sociales sectoriales de la UE, que tienen representación en cuarenta y tres sectores diferentes y que representan al 75 % de la mano de obra, también han seguido cumpliendo sus respectivos programas de trabajo conjuntos.

3. El pilar europeo de derechos sociales: papel, alcance y naturaleza jurídica

El objetivo de este pilar es manifestar una serie de principios esenciales en apoyo de unos mercados de trabajo y unos sistemas de bienestar que funcionen correctamente y sean justos. Como ha indicado el presidente Juncker, el pilar se desarrollará dentro de la zona del euro, permitiendo que otros Estados miembros de la UE se adhieran a él si lo desean.

Así pues, el pilar se basará en el acervo social existente a nivel de la UE, al que complementará, y los principios que contiene abordarán de manera específica las necesidades y los retos que afronta la zona del euro. Una vez instaurado, el pilar debería convertirse en un marco de referencia para analizar los resultados de los Estados miembros participantes en los ámbitos social y del empleo, para impulsar reformas a nivel nacional y, más concretamente, para servir de guía con vistas a una convergencia renovada en la zona del euro.

3.1. Esbozo de unos principios adecuados a las realidades presentes y futuras

En anexo a la presente Comunicación se presenta a debate un primer esbozo preliminar del pilar. Los principios se han seleccionado atendiendo a su importancia económica y social para los resultados de los Estados miembros participantes.

El esbozo se articula en torno a tres capítulos principales:

Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, incluidos el desarrollo de las aptitudes, el aprendizaje permanente y el apoyo activo al empleo, a fin de aumentar las oportunidades de trabajo, facilitar la transición entre las diferentes situaciones y mejorar la empleabilidad de las personas.

Condiciones laborales justas, a fin de establecer un equilibrio adecuado y fiable de derechos y obligaciones entre los trabajadores y los empleadores, así como entre flexibilidad y seguridad, de facilitar la creación de puestos de trabajo, la aceptación de estos y la adaptabilidad de las empresas y de promover el diálogo social.

Protección social adecuada y sostenible, así como acceso a servicios esenciales de alta calidad, incluidos los servicios de guardería, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, a fin de garantizar una vida digna y la protección contra los riesgos, y al objeto de que las personas puedan participar plenamente en el empleo y, de forma más general, en la sociedad.

Se señalan una serie de ámbitos de actuación a los que se adscriben diferentes principios. Estos principios tienen como punto de partida una serie de derechos ya inscritos en la legislación de la UE y otras fuentes de Derecho pertinentes, y presentan con mayor detalle las posibles maneras de hacerlos operativos. Las formulaciones se inspiran también en las orientaciones ya existentes a nivel de la UE, por ejemplo en el contexto de la coordinación de la política económica, tratando al mismo tiempo de reflejar las últimas tendencias.

Con respecto a cada uno de esos principios, la situación varía mucho de un lugar a otro de Europa, y existen muchas dificultades de orden práctico, grandes y pequeñas, que hay que abordar. Entre ellas son características la diferencia de intereses entre las personas, las empresas y la sociedad; los posibles compromisos entre soluciones a corto y a largo plazo; la existencia de «zonas grises», también como consecuencia de la difuminación del concepto de trabajo; y la cuestión de «quién paga qué», dependiendo de que vaya a ser la financiación pública o la privada la que desempeñe un papel. Además, se plantea el reto de diseñar normas y prácticas nuevas de una manera que sea coherente con las necesidades de una economía dinámica, a fin de sustentar el proceso de convergencia al alza en todas las regiones y los Estados miembros.

La lógica del pilar, y del debate que a él conduce, no es ocultar estas diferencias y tensiones, sino exponerlas y afrontarlas con un nuevo enfoque que tenga en cuenta las realidades cambiantes del mundo del trabajo y la diversidad de situaciones que se dan en Europa. De ese modo, el pilar ha de contribuir a modernizar, ampliar y profundizar e intensificar los derechos sociales, tanto en el trabajo como en la sociedad, facilitando su asimilación real y fomentando prácticas que puedan ser beneficiosas desde el punto de vista de los individuos, de las empresas y de la sociedad.

3.2. Añadir valor a la zona del euro y a la UE en su conjunto

El pilar no repite ni parafrasea el acervo de la UE: expresa con más detalle principios y compromisos que pueden guiar una mayor convergencia en la zona del euro. Y, de la misma manera que el pilar no sustituye al acervo, los principios propuestos no sustituyen a los derechos existentes: ofrecen una manera de evaluar los resultados de las políticas sociales y de empleo nacionales y de mejorarlos en lo posible en el futuro.

No obstante, el proceso que conduce al pilar debería ser también una ocasión para reexaminar el acervo. El acervo actual se ha establecido paso a paso, en diferentes momentos y con algunos ámbitos mejor cubiertos que otros. La consulta sobre el pilar ofrece una oportunidad para adquirir una visión integral del acervo, revisar su pertinencia a la luz de las nuevas tendencias y detectar posibles ámbitos de actuación futura, al nivel adecuado.

Hacer ese inventario debería servir concretamente para responder a las siguientes preguntas: ¿existe un déficit en la aplicación del acervo?; ¿existen lagunas fundamentales en los derechos sociales establecidos a nivel de la UE?; ¿cómo pueden tenerse en cuenta estas deficiencias o lagunas? Esta es también la razón por la que el proceso de consulta que llevará al establecimiento del pilar estará abierto a todos los Estados miembros, y por la que debería ayudar también a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro a decidir si participan o no en el pilar.

La labor encaminada a establecer el pilar complementará otros esfuerzos que se están realizando para profundizar la UEM 5 y debería servir como contribución a la labor en torno al Libro Blanco sobre el futuro de la UEM, previsto para la primavera de 2017. En particular, en el informe de los cinco presidentes sobre la realización de la UEM se destacaba la necesidad de proseguir con el proceso de convergencia hacia unas estructuras económicas de mayor capacidad de resistencia, y de hacer ese proceso más vinculante a medio plazo. Esto se conseguiría acordando un conjunto de normas comunes de alto nivel, que deberían centrarse, entre otras cosas, en los mercados de trabajo.  

En última instancia, la naturaleza jurídica del propio pilar tendrá que tener en cuenta el ámbito de aplicación y las limitaciones legales a escala de la UE y de la zona del euro. Por ejemplo, es evidente que el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no otorga a la Unión competencias en materia de «retribución».

Si bien cabe pensar en varios instrumentos para el establecimiento del pilar, lo que la Comisión considera esencial es que participen el Parlamento Europeo y el Consejo, así como otras instituciones de la UE, y conseguir un amplio apoyo para su implementación.

4. Objetivos de la consulta

El establecimiento del pilar ofrece la oportunidad de guiar la reflexión sobre los derechos sociales existentes, las necesidades particulares de la zona del euro, las realidades cambiantes del mundo del trabajo y las reformas necesarias a todos los niveles. Por lo tanto, el proceso de consulta debería tener el mayor alcance posible.

4.1. Resultados propuestos

El proceso de consulta tiene tres objetivos principales:

Un primer objetivo es hacer una evaluación del acervo vigente de la UE. En particular, la consulta debería ayudar a determinar en qué medida los derechos existentes se ejercen en la práctica y siguen siendo pertinentes para los retos presentes y futuros, o si habría que plantearse nuevas maneras de promover estos derechos.

Un segundo objetivo es reflexionar sobre las nuevas tendencias en los patrones de trabajo y en las sociedades por efecto de las tendencias demográficas, las nuevas tecnologías y otros factores de importancia para la vida laboral y las condiciones sociales. Conviene fomentar activamente la identificación de buenas prácticas y de lecciones extraídas de la innovación social.

Un tercer objetivo es recabar puntos de vista y recibir comentarios sobre el propio esbozo del pilar europeo de derechos sociales. La consulta ha de servir para debatir su alcance y su contenido, así como su papel como parte de la dimensión social de la UEM; para reflexionar sobre las necesidades particulares de la zona del euro; para debatir la especificidad de los principios aquí propuestos y para explorar los desafíos conexos relacionados con ellos. La consulta ha de ayudar también a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro a determinar si participan o no en el pilar.

El proceso de consulta debería darse por terminado, a más tardar, el 31 de diciembre de 2016, y servir de base para que la Comisión pudiera presentar una propuesta final relativa al pilar a principios de 2017.

4.2. Movilización para el debate

En los próximos meses, la Comisión se pondrá activamente en contacto con las demás instituciones de la UE y con autoridades y parlamentos nacionales, sindicatos y patronales, ONG, proveedores de servicios sociales, expertos del mundo académico y el público en general. A nivel nacional, la Comisión facilitará los debates a través de sus representaciones en los Estados miembros.

Se invitará a los interlocutores sociales de la UE a desempeñar un papel activo en la conformación del pilar. La Comisión recabará asimismo la opinión del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones.

4.3. Aportación estructurada de comentarios

Además de la consulta pública, se organizarán tres corrientes de trabajo para contribuir al debate, una por cada resultado propuesto señalado anteriormente:

El acervo social de la UE: inventario.

El futuro del trabajo y de los sistemas de bienestar: retos y oportunidades.

El papel del pilar europeo de derechos sociales como parte de una UEM más profunda y más justa.

La Comisión organizará una conferencia europea antes de que acabe 2016, a fin de recabar comentarios.

4.4. Información para el debate

Se ha creado una página web específica para la consulta, en: http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights

En ella se incluirán:

La presente Comunicación y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que le sirven de apoyo.

Un conjunto de fichas informativas, elaboradas por los servicios de la Comisión, que presenten con más detalle el razonamiento económico y jurídico subyacente a los ámbitos incluidos en el esbozo del pilar anejo a la presente Comunicación.

Las actividades previstas en el marco de cada una de las corrientes de trabajo antes mencionadas.

Una lista de reuniones y actos previstos a nivel nacional y de la UE en los próximos meses.

5. Preguntas para la consulta

La Comisión invita a todas las partes interesadas a responder a las preguntas formuladas en la presente Comunicación y enviar cualquier otro comentario, a más tardar, el 31 de diciembre de 2016.

Pueden hacerlo rellenando un cuestionario en línea, disponible en la página web específica mencionada anteriormente, o enviando sus aportaciones por correo electrónico a la siguiente dirección:

EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu

o por correo postal a:

EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion

Rue Joseph II / Jozef II straat 27 – 00/120

1049 Bruxelles/Brussel    
BÉLGICA 6  

Las cuestiones sobre las que la Comisión Europea solicita opinión son las siguientes:

Sobre la situación social y el acervo social de la UE

1.¿Cuáles son, en su opinión, las prioridades más apremiantes en materia social y de empleo?

2.¿Cómo podemos tener en cuenta las diferentes situaciones en materia social y de empleo que se dan en Europa?

3.¿Está actualizado el acervo de la UE? ¿Cree que hay margen para que la UE adopte nuevas medidas?

Sobre el futuro del trabajo y de los sistemas de bienestar

4.¿Qué tendencias consideraría más transformadoras?

5.¿Cuáles serían los principales riesgos y oportunidades vinculados a esas tendencias?

6.¿Hay políticas, instituciones o prácticas empresariales —existentes o emergentes— que recomendaría como referentes?

Sobre el pilar europeo de derechos sociales

7.¿Está de acuerdo con el enfoque que se esboza aquí para el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales?

8.¿Está de acuerdo con el alcance del pilar, con sus ámbitos y con los principios que se proponen en el presente documento? ¿Existen aspectos que hasta ahora no se han expresado o tratado adecuadamente?

9.¿Qué ámbitos y principios serían más importantes como parte de una convergencia renovada para la zona del euro?

10.¿Cómo deberían expresarse y hacerse operativos? En concreto, ¿cree que unos estándares mínimos o unos parámetros de referencia tendrían alcance y valor añadido en determinados ámbitos, y, de ser así, en cuáles?

También es posible presentar comentarios sobre cada ámbito y cada principio del pilar propuesto rellenando un cuestionario en línea más específico, en la página web de la consulta.

(1)

   Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, 15 de julio de 2014, «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático».

(2)

   Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión «Principales tendencias económicas, laborales y sociales en las que se basa el pilar europeo de derechos sociales» [SWD(2016) 51] y «Acervo social de la UE» [SWD(2016) 50], de 8 de marzo de 2016.

(3)

   Véase, por ejemplo, OIT: La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, 2015; OCDE: Policy forum on the future of work, 2016; Bertelsmann Stiftung: Redesigning European welfare states – Ways forward, 2015; Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Green Paper: Re-Imagining Work. Work 4.0, 2015; Foro Económico Mundial: The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 2016; OCDE, FMI, Banco Mundial y OIT: Income inequality and labour income share in G20 countries: Trends, Impacts and Causes, 2015.

(4)

   Realizar la Unión Económica y Monetaria europea, Informe de Jean-Claude Juncker en cooperación con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz, junio de 2015. En su contribución común al informe, Francia y Alemania, por ejemplo, subrayaron la necesidad de reforzar la cooperación y las orientaciones comunes en determinados ámbitos, como las políticas activas del mercado de trabajo y los sistemas de seguridad social. Véase también Centro Europeo de Estrategia Política: The Social Dimension of Economic and Monetary Union, 2015.

(5)

   COM(2015) 600, de 21 de octubre de 2015, sobre las medidas destinadas a realizar la unión económica y monetaria.

(6)

   Téngase en cuenta que todas las aportaciones que se reciban, junto con la identidad de quien las envíe, se publicarán en internet, salvo que la persona se oponga a la publicación de los datos personales aduciendo que iría en perjuicio de sus intereses legítimos. En ese caso, la aportación podrá publicarse anónimamente. De lo contrario, ni se publicará la aportación ni se tendrá en cuenta, en principio, su contenido.

COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 8.3.2016

COM(2016) 127 final

ANEXO

Primer esbozo preliminar de un pilar europeo de derechos sociales

que acompaña a la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales

{SWD(2016) 50 final}
{SWD(2016) 51 final}

Índice

CAPÍTULO I: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

1.Aptitudes, educación y aprendizaje permanente

2.Contratos de trabajo flexibles y seguros

3.Transiciones profesionales seguras

4.Apoyo activo para el empleo

5.Igualdad de género y equilibrio entre vida laboral y vida privada

6.Igualdad de oportunidades

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE TRABAJO JUSTAS

7.Condiciones de empleo

8.Salarios

9.Salud y seguridad en el trabajo

10.Diálogo social y participación de los trabajadores

CAPÍTULO III: PROTECCIÓN SOCIAL ADECUADA Y SOSTENIBLE

11.Prestaciones y servicios sociales integrados

12.Asistencia sanitaria y prestaciones por enfermedad

13.Pensiones

14.Prestaciones por desempleo

15.Renta mínima

16.Prestaciones por discapacidad

17.Cuidados de larga duración

18.Servicios de guardería

19.Vivienda

20.Acceso a los servicios esenciales

Nota explicativa

Este anexo presenta un primer esbozo preliminar del pilar europeo de derechos sociales, para consulta del público en general. El pilar está concebido para su establecimiento dentro de la zona del euro, pero también estaría abierto a otros Estados miembros con carácter voluntario.

El punto de partida del pilar lo constituyen los objetivos y derechos sociales inscritos en el Derecho primario de la UE, es decir, el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A fin de que la base de la consulta sea suficientemente amplia, el pilar aborda tanto ámbitos en los que la UE es competente para legislar como otros en los que los Estados miembros son los principales responsables, y en los que la UE tiene un papel más de apoyo y complementario. El pilar se inspira también en prácticas a nivel nacional y en fuentes internacionales del Derecho.

El esbozo del pilar no vuelve a enunciar ni modifica los derechos existentes, que siguen siendo válidos. Su objetivo es complementarlos detallando una serie de principios esenciales que deberían hacerse comunes a los Estados miembros participantes para la aplicación de su política social y de empleo, con una atención especial a las necesidades y los retos que afronta la zona del euro. Una vez instaurado, el pilar debería convertirse en un marco de referencia para analizar el rendimiento de los Estados miembros participantes en los ámbitos social y del empleo, para impulsar reformas a nivel nacional y, más concretamente, para servir de guía con vistas a una convergencia renovada en la zona del euro.

Los principios aquí presentados se agrupan en función de veinte ámbitos de actuación que se consideran esenciales para que los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar funcionen correctamente y sean justos. Tienen en cuenta consideraciones económicas y sociales y la gran diversidad de situaciones que se dan en Europa, así como las realidades cambiantes sobre el terreno. Abordan las principales preocupaciones de cara a una unión económica y monetaria más profunda y más justa, como es la necesidad de impulsar la competitividad, aumentar la participación en el mercado de trabajo, desarrollar niveles mínimos adecuados de protección social, aprovechar plenamente el potencial de la población, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e incrementar la capacidad de ajuste y de respuesta de las estructuras económicas.

Los principios que aquí se presentan incluyen a los ciudadanos de la UE y a los nacionales de terceros países que residen legalmente, formen parte o no de la población activa, en consonancia con la redacción de cada principio. Provisionalmente, a efectos de esta consulta, el término «trabajador» designa a toda persona que, durante un cierto período de tiempo, presta servicios a otra a cambio de una retribución y actúa bajo la dirección de esa otra persona por lo que se refiere, en particular, a la determinación del tiempo, el lugar y el contenido de su trabajo.

Por «autónomo» se entiende toda persona que ejerce una actividad lucrativa por cuenta propia. Por «personas con empleo» se entiende tanto los trabajadores como los autónomos. Quizá haya que afinar el ámbito de aplicación de estos términos durante el proceso de consulta.

La elección y la formulación de los principios se basan, entre otras cosas, en las orientaciones existentes en el Semestre Europeo de coordinación de la política económica, en la legislación derivada de la UE y en las orientaciones de «Derecho indicativo», en su caso. Para encuadrar mejor cada principio, el esbozo indica los principales retos pendientes, señala el valor añadido potencial de cada uno de los principios y recuerda los derechos correspondientes inscritos en el Derecho primario, exponiéndolos dentro de recuadros, si procede. Los principios deberían someterse a un amplio debate y afinarse en el contexto del proceso de consulta, con vistas a ultimar una propuesta relativa al pilar europeo de derechos sociales en 2017.

CAPÍTULO I: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

1.Aptitudes, educación y aprendizaje permanente

Las aptitudes básicas en lengua, lectura, escritura, cálculo y TIC siguen siendo un reto para una parte importante de la población, desde la niñez hasta la edad adulta. Para incrementar la calidad y la pertinencia de los resultados de la educación, los sistemas de educación y de formación deben ser más eficaces y equitativos y responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo y de la sociedad. La igualdad de acceso, con independencia de los medios económicos, para adquirir un fundamento de aptitudes básicas y competencias clave en la educación inicial debe complementarse con oportunidades de calidad para que los adultos puedan adquirir tales aptitudes básicas y competencias clave a lo largo de toda la vida. El envejecimiento de la población, la prolongación de la vida laboral y el aumento de la inmigración de nacionales de terceros países requieren medidas adicionales para la mejora de las aptitudes y el aprendizaje permanente, con el fin de adaptarse eficazmente a las transformaciones tecnológicas y a unos mercados de trabajo que cambian con rapidez.

  

a.Toda persona deberá tener acceso a una educación y una formación de calidad a lo largo de toda la vida, a fin de adquirir un nivel adecuado de aptitudes básicas y competencias clave para la participación activa en la sociedad y el empleo. Deberá animarse a los jóvenes y a los adultos en edad de trabajar poco cualificados a que mejoren sus aptitudes.

2.Contratos de trabajo flexibles y seguros

Los contratos flexibles pueden facilitar la entrada en el mercado de trabajo y fomentar las transiciones profesionales, permitiendo al mismo tiempo a los empleadores responder a los cambios de la demanda. Las economías digitales están cambiando los patrones de trabajo y generando nuevas formas de trabajo, como las del trabajo autónomo. Esto puede permitir que se diversifiquen las vías de acceso al mercado de trabajo y ayudar a que las personas sigan estando activas. Sin embargo, persisten grandes diferencias en las condiciones de empleo de unos contratos de trabajo a otros.

Por otro lado, existen «zonas grises», como el trabajo autónomo «dependiente» y «falso», que generan situaciones jurídicas poco claras y obstáculos para el acceso a la protección social. Estos fenómenos pueden conducir a la precariedad y a unos mercados de trabajo a dos niveles, segmentados, que limitan la productividad y llevan a la exclusión. El empleo temporal puede aumentar los riesgos de precariedad, con un menor grado de protección contra el despido, salarios más bajos y acceso limitado a la protección social y a la formación. El paso a unos tipos de contratos que tengan garantías y costes comparables puede permitir que el empleo temporal se convierta en un trampolín hacia el empleo estable y seguro, aumentando al mismo tiempo la capacidad de respuesta de los mercados laborales a las perturbaciones.

a.Deberá garantizarse la igualdad de trato con independencia del contrato de empleo, a menos que la diferencia de trato esté justificada por razones objetivas. Deberán evitarse el mal uso o el abuso de las relaciones de empleo precarias y temporales.

b.La flexibilidad de las condiciones de empleo puede ofrecer una puerta de acceso al mercado de trabajo y conservar la capacidad de los empleadores para responder con prontitud a las variaciones de la demanda; sin embargo, deberá garantizarse la transición a contratos indefinidos.

3.Transiciones profesionales seguras

La vida laboral es cada vez más diversa y, a lo largo de su existencia, una persona cambiará varias veces de puesto de trabajo y modalidad de empleo, con interrupciones de su carrera profesional, una mayor movilidad y cambios en su vida profesional. Para sacar el máximo partido de la evolución tecnológica y de unos mercados de trabajo en rápida transformación, es preciso acelerar y mejorar el apoyo a las transiciones profesionales y laborales, al igual que ofrecer ayuda para la mejora periódica de las aptitudes a lo largo de la vida laboral.

La mejora de las aptitudes requiere inversión por parte de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad. Algunos derechos de protección social, como las pensiones de trabajo, las prestaciones por desempleo, el seguro de enfermedad o el derecho a la formación, no siempre pueden transferirse con facilidad al cambiar de puesto de trabajo, ni pueden valorizarse o acumularse al iniciar una actividad autónoma. A la inversa, algunos de los derechos de los demandantes de empleo y las personas inactivas no deberían convertirse en desincentivos para volver al trabajo o para crear una empresa propia.

a.Toda persona en edad de trabajar deberá tener acceso a una asistencia personalizada en la búsqueda de empleo y ser animada a seguir una formación y mejorar sus aptitudes con el fin de mejorar sus perspectivas laborales o empresariales y de acelerar las transiciones laborales y profesionales.

b.Deberá garantizarse la conservación y la portabilidad de los derechos sociales y de formación acumulados durante la carrera profesional, a fin de facilitar las transiciones laborales y profesionales.

El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo el fomento del empleo. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social.

4.Apoyo activo para el empleo

El desempleo persistente, recurrente y de larga duración, en particular entre los jóvenes y las personas poco cualificadas, exige un apoyo adecuado y específico para la (re)integración en el empleo, así como medidas para la mejora de las aptitudes, las cualificaciones o la experiencia laboral a fin de poder acceder a nuevas ocupaciones. Un acceso rápido y eficaz a tales medidas puede evitar la exclusión social y del mercado de trabajo.

a.Toda persona menor de veinticinco años deberá recibir una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleada o dejar la educación formal.

b.Deberá garantizarse igualmente que los desempleados de larga duración inscritos reciban, a más tardar en el momento en que lleguen a los dieciocho meses de desempleo, una oferta de evaluación en profundidad y orientación personalizada, así como de acuerdo de integración laboral que comprenda asimismo una oferta de servicios individuales y la identificación de un punto de contacto único.

El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo el fomento del empleo. El artículo 153 del TFUE establece también que la Unión adoptará requisitos mínimos y apoyará y completará los esfuerzos de los Estados miembros por promover la integración de las personas excluidas del mercado laboral.

5.Igualdad de género y equilibrio entre vida laboral y vida privada

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el empleo y sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial y en los sectores menos retribuidos, además de recibir salarios por hora inferiores, y todo ello a pesar de haber superado a los hombres en cuanto a nivel educativo alcanzado. Para garantizar la igualdad de oportunidades es esencial apoyar su participación en el mercado de trabajo, que además se convierte en un imperativo económico dado el envejecimiento de la mano de obra.

La ausencia de unas modalidades adecuadas de permisos y de cuidados para atender a los hijos y a otros familiares dependientes puede desanimar a quienes son responsables de tales cuidados, principalmente mujeres, a seguir trabajando o a volver a trabajar. Entre las barreras que obstaculizan la participación femenina en el mercado de trabajo cabe citar la falta de políticas adecuadas para equilibrar la vida laboral y la vida privada, los desincentivos fiscales para el segundo perceptor de renta, la tributación excesiva del trabajo y los estereotipos sobre los campos de estudio y la ocupación.

El acceso de los autónomos o de los trabajadores que no trabajan a tiempo completo o no tienen contratos fijos a permisos retribuidos en relación con la familia o a regímenes de seguro sigue siendo irregular. Por otro lado, no se ofrecen a los hombres posibilidades ni alicientes suficientes para hacer uso de los permisos y ello afianza el papel de las mujeres como cuidadoras primarias, con los consiguientes efectos negativos sobre el empleo femenino.

También existe una oportunidad mejorada de flexibilidad en la organización del trabajo, derivada en parte de los entornos digitales y de la combinación de diversas ocupaciones dentro de la economía participativa y colaborativa. Las modalidades flexibles de trabajo también pueden ayudar a conseguir el equilibrio entre vida laboral y vida privada, permitiendo a las personas con empleo y a las empresas adaptar los regímenes y patrones de trabajo a sus necesidades.

a.Deberá fomentarse la igualdad de género en el mercado de trabajo y en la educación, garantizando la igualdad de trato en todos los ámbitos, incluida la retribución, abordando las barreras que obstaculizan la participación de las mujeres y previniendo la segregación ocupacional. 

b.Todos los padres y las personas responsables de los cuidados deberán tener acceso a modalidades adecuadas de permiso para atender a los hijos y otros familiares dependientes, así como acceso a servicios de cuidados 1 . Deberá fomentarse el uso por igual entre hombres y mujeres de las modalidades de permiso, con medidas como los permisos retribuidos tanto para los padres como para las madres.

c.Por acuerdo entre empleadores y trabajadores, deberán facilitarse y fomentarse modalidades de trabajo flexibles, incluido el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta las necesidades de unos y otros.

El artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión adoptará requisitos mínimos y apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos del entorno de trabajo, las condiciones de trabajo y la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo. El artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales, por otro lado, dice lo siguiente: La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Según el artículo 3 del TUE, la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación. Por otro lado, según el artículo 8 del TFUE, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. Su artículo 19 dice que la Unión podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Su artículo 153 establece que la Unión adoptará requisitos mínimos y apoyará y completará la acción de los Estados miembros con respecto a la integración de las personas excluidas del mercado laboral y a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.

6.Igualdad de oportunidades

La discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual es ilegal en toda la Unión. Sin embargo, algunos grupos encuentran dificultades para acceder al mundo laboral. En particular, los nacionales de terceros países y las minorías étnicas están infrarrepresentados en el empleo y corren un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Es importante abordar los obstáculos que se oponen a su participación, como pueden ser las barreras lingüísticas o las deficiencias en el reconocimiento de las aptitudes y las cualificaciones. Por lo que se refiere a la discriminación por razón de nacionalidad u origen étnico, la experiencia sobre el terreno pone de manifiesto que ni los empleadores son conscientes de las prácticas de contratación no discriminatorias ni las personas objeto de tal discriminación lo son de sus derechos.

Para garantizar la igualdad de oportunidades es esencial apoyar su participación en el mercado de trabajo, que además se convierte en un imperativo económico dado el envejecimiento de la mano de obra.

a. Deberá mejorarse la participación en el mercado de trabajo de los grupos infrarrepresentados, garantizando la igualdad de trato en todos los ámbitos, también con medidas de concienciación y abordando la discriminación.

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE TRABAJO JUSTAS

7.Condiciones de empleo

Las nuevas formas de empleo flexible requieren un cuidado adicional para especificar la naturaleza, el volumen o la duración del trabajo, identificar a los empleadores, determinar el nivel asociado de protección social y evitar abusos en períodos de prueba. Las formas de trabajo descentralizadas y autoorganizadas pueden aumentar la autonomía de los trabajadores e impulsar el desarrollo de las empresas, pero al mismo tiempo hacer que se tenga menos conciencia de los derechos y que los requisitos de información estén poco claros para los empleadores. Las disposiciones legales vigentes de la UE relativas a la información de los empleados sobre las condiciones de empleo no se aplican desde el comienzo de la relación de empleo y se hacen más difíciles de aplicar con unos modelos de organización empresarial cada vez más transnacionales, móviles, digitales y deslocalizados. La normativa compleja, onerosa e incierta que rige la extinción de los contratos indefinidos hace que las empresas sean reacias a contratar y que las normas vigentes se hagan cumplir de manera irregular.

a.Todo trabajador deberá ser informado por escrito, antes de que comience su relación de empleo, de los derechos y las obligaciones que se derivan de esa relación.

b.Si hay un período de prueba, este deberá tener una duración razonable; antes de que dé comienzo, el trabajador deberá recibir información sobre sus condiciones.

c.El despido de un trabajador deberá estar motivado, ir precedido de un período de preaviso razonable y llevar aparejada una compensación adecuada, así como del acceso a un medio rápido y efectivo de apelación ante un sistema de resolución de litigios imparcial.

8.Salarios

Unos salarios mínimos de cuantía adecuada garantizan un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias y contribuyen a combatir la incidencia de la pobreza de los ocupados. Una cobertura amplia evita distorsiones que conduzcan a un mercado de trabajo de dos niveles. La evolución predecible de los salarios es importante para que haya un entorno empresarial estable. Los salarios mínimos tienen que fijarse en un nivel que mantenga las perspectivas de empleo para las personas poco cualificadas y haga ver a las personas desempleadas e inactivas que merece la pena trabajar. El mantenimiento de una evolución de los salarios acorde con la productividad ha demostrado ser crucial para la competitividad, especialmente en la zona del euro.

a.Todo empleo deberá estar justamente retribuido, de modo que permita un nivel de vida digno. Los salarios mínimos deberán fijarse por medio de un mecanismo transparente y predecible y de manera que se salvaguarden el acceso al empleo y la motivación para buscar trabajo. Los salarios deberán evolucionar en consonancia con la productividad, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales.

9.Salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y la salud en el trabajo presentan nuevos retos como consecuencia de unas relaciones de empleo menos estables, unos patrones de trabajo nuevos y el envejecimiento de la mano de obra. Una manera importante de reducir la precariedad y los costes sociales y de aumentar la productividad de las empresas consiste en garantizar la protección contra las lesiones profesionales y los problemas de salud a todos los trabajadores, con independencia de la forma de empleo y abordando las «zonas grises», como el trabajo autónomo «dependiente» y «falso», que generan situaciones jurídicas poco claras. Para intensificar los esfuerzos de reintegración y rehabilitación, los empleadores deben involucrarse más en el reciclaje profesional o en la adaptación del lugar de trabajo. Sin embargo, para las pequeñas empresas sigue siendo oneroso hacer cumplir las medidas preventivas y correctoras.

a.Deberá garantizarse un nivel adecuado de protección contra todos los riesgos que pueden surgir en el trabajo, prestando el apoyo debido para su implementación, en particular en las microempresas y las pequeñas empresas.

10.Diálogo social y participación de los trabajadores

Para que el diálogo social funcione correctamente, los interlocutores sociales han de ser autónomos y representativos y tener las capacidades necesarias para alcanzar convenios colectivos. Dadas las reducciones en cuanto a densidad organizativa y representatividad, los interlocutores sociales tienen que desarrollar sus capacidades para participar en un diálogo social que funcione mejor y sea eficaz. La participación de los interlocutores sociales a nivel nacional y de la UE es crucial para el éxito del diseño y la implementación de las políticas económicas y sociales, incluidos los esfuerzos por salvaguardar el empleo en períodos de recesión económica. Por otro lado, las nuevas formas de organización del trabajo, por ejemplo en el sector de los servicios y en la economía digital, hacen que la participación de los trabajadores sea irregular, y que su información y consulta resulte más compleja.

a.Deberá consultarse a los interlocutores sociales con respecto al diseño y la implementación de las políticas sociales y de empleo. Deberá animárseles a que establezcan convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando las tradiciones nacionales, su autonomía y su derecho a la acción colectiva.

b.Deberá garantizarse la información y la consulta con suficiente antelación a todos los trabajadores, incluidos los que trabajen digitalmente o de forma transfronteriza, o a sus representantes, en particular en caso de despidos colectivos, transferencia, reestructuración y fusión de empresas.

CAPÍTULO III: PROTECCIÓN SOCIAL ADECUADA Y SOSTENIBLE

11.Prestaciones y servicios sociales integrados

En algunos casos, la multiplicidad de prestaciones, servicios, agencias y procedimientos de solicitud dificulta a las personas el acceso a todo el apoyo que necesitan. La falta de prestaciones y servicios integrados reduce además su eficacia para combatir la pobreza y apoyar la integración social y laboral. Para que el apoyo sea eficaz, es precisa una triple alineación entre prestaciones sociales, apoyo activo y servicios sociales. Tal alineación debe referirse a la elegibilidad y la cobertura, a ofertas coordinadas de apoyo y al mantenimiento de algunos derechos al reincorporarse al trabajo o a la actividad autónoma. Una mejor integración de las prestaciones y los servicios puede mejorar la eficiencia de la protección social.

a.Las prestaciones y los servicios de protección social deberán integrarse cuanto sea posible para reforzar la coherencia y la eficacia de estas medidas y apoyar la integración en la sociedad y en el mercado de trabajo.

El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada y la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, la modernización de los sistemas de protección social y la integración de las personas en el mercado laboral.

12.Asistencia sanitaria y prestaciones por enfermedad

El envejecimiento de la población y los elevados costes de los tratamientos ejercen una presión cada vez mayor sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios y sobre la capacidad de ofrecer a todas las personas una asistencia sanitaria adecuada. El elevado coste del tratamiento con respecto a los ingresos, o los períodos de espera excesivamente prolongados, han resultado ser determinantes clave de la incapacidad para acceder a la asistencia médica. Para asegurar el acceso universal a una asistencia de gran calidad al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios y se fomentan la prestación eficiente de asistencia, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, es preciso redoblar los esfuerzos de mejora de la capacidad de respuesta, la eficiencia y la eficacia de los sistemas sanitarios, de modo que estos puedan hacer frente a los retos que se les planteen. Si se proporciona un acceso universal a la asistencia sanitaria y se abordan las desigualdades sanitarias, se reforzará la cohesión social y se mejorarán los resultados económicos.

Las modalidades de prestaciones por enfermedad o de bajas por enfermedad retribuidas varían considerablemente por lo que respecta a los días de espera, la duración, los niveles de sustitución y los mecanismos de control. Sigue constituyendo un reto el poder garantizar un nivel de sustitución mínimo adecuado de las prestaciones por enfermedad y fomentar la rehabilitación y la reintegración al tiempo que se mantiene la sostenibilidad financiera de esos regímenes.

a.Toda persona deberá tener oportunamente acceso a una asistencia sanitaria de carácter preventivo y curativo de buena calidad, y la necesidad de tal asistencia no deberá conducir a una situación de pobreza o penuria financiera. 

b.Los sistemas de asistencia sanitaria deberán fomentar la prestación eficiente de asistencia, reforzando al mismo tiempo la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, a fin de mejorar la capacidad de respuesta de los propios sistemas y su sostenibilidad financiera.

c.Todo trabajador, con independencia del tipo de contrato, deberá tener garantizada la baja por enfermedad adecuadamente retribuida durante los períodos de enfermedad; deberá fomentarse la participación de los autónomos en regímenes de seguro. Asimismo, deberán fomentarse una reintegración y una rehabilitación eficaces, con vistas a un pronto retorno al trabajo.

El artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana. El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social [...] en casos como [...] la enfermedad. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores y de la modernización de los sistemas de protección social. El artículo 168 del TFUE establece que, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión, se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

13.Pensiones

El incremento de la longevidad y la reducción de la población en edad de trabajar plantean el doble reto de asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones y de poder proporcionar una renta adecuada en la jubilación. Para conciliar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y mantener la justicia intergeneracional es importante vincular la edad reglamentaria de jubilación con la esperanza de vida y reducir la diferencia entre la edad efectiva y la edad reglamentaria de jubilación evitando el abandono temprano de las filas de la mano de obra.

Un reto adicional en varios Estados miembros es la inadecuación de las pensiones. En la mayoría de los países existe además una gran diferencia en las pensiones en función del sexo, ya que las mujeres, con menos ingresos y con interrupciones acumuladas de su carrera profesional, han cotizado menos al sistema de pensiones y tienen, en definitiva, derechos a pensión más bajos.

Los autónomos y quienes ocupan puestos de trabajo atípicos también corren mayor riesgo en cuanto a la adecuación de la pensión y tienen menor cobertura de las pensiones ocupacionales.

a.Las pensiones deberán garantizar a todas las personas un nivel de vida digno a la edad de jubilación. Deberán tomarse medidas para abordar las diferencias de pensión entre hombre y mujeres, por ejemplo contabilizando adecuadamente los períodos de cuidados. De acuerdo con las particularidades nacionales, deberá fomentarse la participación de los autónomos en regímenes de pensiones.

b.Los sistemas de pensiones deberán procurar salvaguardar la sostenibilidad y la adecuación futura de las pensiones garantizando una base de cotización amplia, vinculando la edad reglamentaria de jubilación con la esperanza de vida y eliminando la diferencia entre la edad efectiva y la edad reglamentaria de jubilación evitando el abandono temprano de las filas de la mano de obra.

El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece lo siguiente: La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social [...] en casos como [...] la vejez, así como [...] el derecho a una ayuda social [...] a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada y la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social.

14.Prestaciones por desempleo

Unas prestaciones por desempleo eficaces facilitan la búsqueda de empleo y mejoran el emparejamiento entre aptitudes y ofertas de empleo, proporcionan seguridad económica durante los períodos de desempleo, previenen la pobreza y permiten la estabilización automática en épocas de recesión económica. En algunos casos, la cobertura de las prestaciones por desempleo es muy baja debido a unos requisitos de elegibilidad estrictos. La duración de las prestaciones en algunos Estados miembros, así como la aplicación efectiva de las condiciones de búsqueda de empleo y de participación en medidas de apoyo activo, son motivo de preocupación.

a.Como parte de las acciones en apoyo de las personas desempleadas, deberá exigirse la búsqueda activa de empleo y la participación en medidas de apoyo activo, en combinación con unas prestaciones de desempleo adecuadas. La duración de las prestaciones deberá dar tiempo suficiente para la búsqueda de empleo, preservando al mismo tiempo los incentivos para un rápido retorno al trabajo 2 .

El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social [...] en caso de pérdida de empleo. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada y la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social.

15.Renta mínima

La mayoría de los Estados miembros, aunque no todos, proporcionan una renta mínima a las personas que se encuentran en situación o riesgo de pobreza y que carecen de otros medios de subsistencia. Sin embargo, entre los desafíos actuales cabe citar la inadecuación de la cuantía de las prestaciones —que no permite a los beneficiarios salir de la pobreza—, la escasa cobertura y la falta de aprovechamiento de esta ayuda de renta mínima debido a lo complejo que resulta acceder a estas medidas. En el caso de las personas en edad de trabajar, la escasa conexión con el apoyo activo y con los servicios sociales, así como la no reducción gradual de las prestaciones una vez que se retorna al empleo, pueden hacer que una persona prefiera percibir las prestaciones y no vea aliciente en trabajar. La renta garantizada no cubre suficientemente a quienes agotan sus prestaciones por desempleo, y la coordinación entre las prestaciones por desempleo y las prestaciones de renta mínima es escasa. En el caso de las personas de edad, las disposiciones sobre renta mínima son insuficientes en la mayoría de los Estados miembros como para sacar de la pobreza a quienes carecen de cualquier otro recurso.

a.Deberán garantizarse unas prestaciones de renta mínima adecuadas a quienes carezcan de recursos suficientes para llevar un nivel de vida digno. En el caso de las personas en edad de trabajar, estas prestaciones deberán llevar aparejada la exigencia de participar en medidas de apoyo activo para fomentar la (re)integración en el mercado de trabajo.

El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la lucha contra la exclusión social y la integración de las personas en el mercado laboral.

16.Discapacidad

Las personas con discapacidad corren un riesgo de pobreza y exclusión social mucho mayor que la población en general. Se enfrentan a la falta de una accesibilidad adecuada en el lugar de trabajo, a la discriminación y a los desincentivos de los sistemas fiscales y de prestaciones. El diseño de las prestaciones por discapacidad puede hacer que se prefiera percibir estas antes que trabajar, por ejemplo si se retiran por completo tras la (re)incorporación al empleo. La disponibilidad de servicios de apoyo también puede influir en la capacidad de participación en el empleo y la vida en la comunidad.

a.Las personas con discapacidad deberán tener garantizados servicios de capacitación y una renta básica que les permita llevar un nivel de vida digno. Las condiciones de percepción de las prestaciones no deberán crear obstáculos al empleo.

El artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada y la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social.

17.Cuidados de larga duración

El envejecimiento de la población, el cambio de las estructuras familiares y la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo contribuyen al aumento de la demanda de servicios de cuidados de larga duración. Con frecuencia, las lagunas que generan la ausencia o la carestía de los servicios de cuidados institucionales son cubiertas por los cuidadores familiares, habitualmente mujeres. Los cuidados formales a domicilio, que son los que prefieren muchas de las personas beneficiarias y muchos de sus familiares, siguen estando infradesarrollados y ello hace que los cuidados informales sean a menudo la única opción para muchas familias, lo que supone una carga financiera elevada para las personas afectadas. Es, pues, necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la prestación y la financiación de los cuidados de larga duración, a fin de garantizar el acceso a unos servicios adecuados al tiempo que se garantiza su sostenibilidad financiera.

a.Deberá garantizarse el acceso a servicios de cuidados de larga duración de calidad y asequibles, incluidos los cuidados a domicilio, prestados por profesionales adecuadamente cualificados.

b.Deberán reforzarse y mejorarse la prestación y la financiación de los servicios de cuidados de larga duración, con el fin de garantizar el acceso a unos cuidados adecuados de una manera financieramente viable.

El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como [...] la dependencia. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores y de la modernización de los sistemas de protección social.

18.Servicios de guardería

Los servicios de guardería mejoran tanto el desarrollo cognitivo y social de los niños, sobre todo de los que viven en hogares desfavorecidos, como sus perspectivas educativas y laborales en el futuro. Los servicios de guardería formales constituyen también un instrumento clave para el equilibrio entre vida laboral y vida privada, fomentando el empleo de los padres, especialmente de las mujeres. Sin embargo, siguen resultando muy problemáticos la disponibilidad limitada, el acceso, la asequibilidad y la calidad, que obstaculizan el desarrollo del niño. El acceso de los niños de entornos desfavorecidos a estos servicios también sigue siendo un problema.

a.Deberá garantizarse a todos los niños el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad, prestados por profesionales adecuadamente cualificados.

b.Deberán tomarse medidas en una fase temprana y adoptarse enfoques preventivos para abordar la pobreza infantil, incluidas medidas específicas para fomentar la participación de los niños de entornos desfavorecidos.

El artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social.

19.Vivienda

La falta de una vivienda adecuada y la inseguridad de la vivienda siguen siendo un gran motivo de preocupación en toda la UE, con el consiguiente aumento de los riesgos financieros, los desahucios, los retrasos en el pago de alquileres e hipotecas y, en algunos casos extremos, la pérdida del hogar. Las restricciones de la oferta en el sector de la vivienda y las distorsiones del mercado del alquiler contribuyen a la falta de disponibilidad. La falta de una vivienda adecuada también sigue siendo un obstáculo para la movilidad laboral, el establecimiento de los jóvenes en el mercado de trabajo, el cumplimiento de los planes de vida y la independización.

a.Deberá proporcionarse a las personas necesitadas acceso a la vivienda social o ayudas para la vivienda. Deberá garantizarse la protección contra el desahucio de las personas vulnerables y deberá darse apoyo a los hogares de rentas bajas y medias para acceder a la propiedad de la vivienda.

b.Deberá darse cobijo a las personas sin hogar, unido a otros servicios sociales para promover la integración social.

El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho [...] a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la lucha contra la exclusión social.

20.Acceso a los servicios esenciales

Servicios esenciales tales como las comunicaciones electrónicas, el transporte, la energía (por ejemplo, electricidad y calefacción) y los servicios financieros (como cuentas bancarias), que garantizan la plena inclusión de las personas en la sociedad y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, no siempre están disponibles o accesibles para todas las personas que los necesitan. Entre los obstáculos al acceso cabe citar la asequibilidad, la falta de infraestructuras o el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad.

a.Deberá garantizarse a todas las personas un acceso asequible a servicios esenciales tales como las comunicaciones electrónicas, la energía, el transporte y los servicios financieros. Deberán ponerse a disposición de las personas necesitadas medidas de apoyo para el acceso a estos servicios.

El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo una protección social adecuada y la lucha contra las exclusiones.

(1)  De conformidad con los principios 17 y 18.

(2) Tal como se indica en el principio 3.