9.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 35/10

1.

El 18 de mayo de 2011, la Comisión adoptó un paquete de medidas legislativas sobre la protección de las víctimas de la delincuencia. El paquete legislativo incluye una propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (en adelante, la «Directiva propuesta») y una propuesta de Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (en adelante, el «Reglamento propuesto») (3). Ambas propuestas vienen acompañadas por una Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de los derechos de las víctimas en la UE (4).

2.

El SEPD no fue consultado, según lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, a pesar del hecho de que la iniciativa legislativa fue incluida en el Inventario de prioridades para consulta legislativa del SEPD (5). El presente dictamen está basado, por tanto, en lo dispuesto en el artículo 41, apartado 2, de dicho Reglamento. El SEPD recomienda incluir una referencia al presente dictamen en el preámbulo de los instrumentos adoptados.

3.

El SEPD recibe con agrado los objetivos políticos del paquete legislativo que, en línea con lo dispuesto en el Programa de Estocolmo y su Plan de Acción, sirven para reforzar los derechos de las víctimas de la delincuencia y garantizar que quede cubierta su necesidad de protección, apoyo y acceso a la justicia (6).

4.

La Directiva propuesta tiene como fin sustituir a la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (7). Establece normas mínimas comunes sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. En particular, la Directiva propuesta tiene como fin garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto, que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las víctimas vulnerables, que las víctimas reciben el apoyo y la información adecuados y que puedan participar en los procedimientos (8).

5.

El Reglamento propuesto tiene como fin garantizar que a las víctimas que se benefician de una medida de protección en materia civil adoptada en uno de los Estados miembros se les proporciona el mismo nivel de protección en caso de que se establezca en otro Estado miembro, sin tener que someterse a un procedimiento independiente (9). Esta medida complementa a la propuesta de Directiva sobre la orden europea de protección (en adelante, la «iniciativa OEP») que trata sobre el reconocimiento mutuo de las medidas de protección adoptadas en materia penal. La iniciativa OEP, sobre la que el SEPD emitió un dictamen en octubre de 2010 (10), es actualmente objeto de debate en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

6.

La protección de la intimidad y de los datos personales juega un papel central en el espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como establece el Programa de Estocolmo y, en particular, en el contexto de la cooperación judicial en materia penal. En octubre de 2010, el SEPD emitió un dictamen sobre la iniciativa OEP, en el que se destacaba la necesidad de un régimen coherente en materia de protección de datos en relación con las iniciativas en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal (11). En dicha ocasión, el SEPD destacó que el tratamiento de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal se caracteriza por la especial protección de los datos personales afectados y los efectos que el correspondiente tratamiento de datos pueda tener en los titulares de los datos (12). Por esta razón es necesario prestar la debida atención a los aspectos relativos a la protección de datos vinculados a las iniciativas en este ámbito e introducir las normas y garantías adecuadas, en su caso.

7.

En opinión del SEPD, el respeto de la intimidad y los datos personales constituye un elemento fundamental de la protección a la víctima que los instrumentos propuestos pretenden garantizar. Por este motivo, el presente dictamen se centrará en los aspectos relacionados con la protección de la vida privada de las propuestas y presentará ideas para mejorar o reforzar la protección a la víctima.

8.

Diversas disposiciones de la Directiva propuesta tratan directa o indirectamente la intimidad y la protección de datos (13). En general, el SEPD recibe con agrado dichas disposiciones, ya que están dirigidas a preservar la intimidad de las víctimas. Sin embargo, considera que los niveles de protección podrían ser, en algunos casos, reforzados y aclarados, sin que ello menoscabe su carácter de normas mínimas.

9.

Los comentarios del SEPD se centrarán principalmente en los siguientes aspectos: 1) el artículo 23 de la Directiva propuesta que trata sobre el derecho a la protección de la intimidad y las relaciones con los medios, 2) los derechos de información y de acceso de las víctimas a sus propios datos personales, y 3) la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre la víctima y los servicios de apoyo a las víctimas. Dichos aspectos se debatirán en los siguientes subapartados.

10.

La principal disposición sustantiva de la Directiva propuesta que trata sobre la intimidad es el artículo 23 titulado «Derecho a la protección de la intimidad». El artículo 23, apartado 1, establece que «los Estados miembros garantizarán que, durante los procesos penales, las autoridades judiciales puedan adoptar medidas para proteger la intimidad y las imágenes fotográficas de las víctimas y sus familiares.». El SEPD tiene varias observaciones que hacer en relación con dicha disposición.

11.

En primer lugar, el artículo 23, apartado 1, no cubre totalmente el derecho de protección a la intimidad de las víctimas de delitos. La disposición tiene un alcance mucho más limitado ya que simplemente establece la potestad de las «autoridades judiciales» a dictar medidas de protección «durante los procesos penales». Sin embargo, la protección de la intimidad no solo debe ser garantizada «durante los procesos penales», sino también durante la investigación y la fase de instrucción. De manera más general, la intimidad debería quedar garantizada, en su caso, tanto desde el primer contacto con las autoridades competentes, como después de la conclusión del proceso penal.

12.

En este sentido, cabe destacar que, en comparación con el artículo 23, apartado 1, diversas medidas internacionales han adoptado un enfoque mucho más ambicioso. La Recomendación Rec(2006) 8 del Consejo de Europa sobre asistencia a las víctimas de delitos, por ejemplo, establece que «los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, que se vulnere la intimidad y la vida familiar de las víctimas, así como para proteger los datos personales de las víctimas, en particular durante la investigación y el enjuiciamiento» (el subrayado es nuestro) (14). Otros instrumentos incluyen disposiciones similares (15).

13.

A la luz de lo anterior, el SEPD recomienda añadir al artículo 23 un primer párrafo que establezca en términos más generales que los Estados miembros garantizarán, en la medida de lo posible, la protección de la vida privada y familiar de las víctimas, así como la protección de los datos personales de la víctima desde el primer contacto con las autoridades oficiales y después de que concluya el proceso penal. Asimismo, el actual artículo 23, apartado 1, debería ser modificado para permitir que las autoridades judiciales también pudiesen dictar medidas de protección «durante la investigación penal».

14.

En segundo lugar, el artículo 23, apartado 1, no incluye ninguna indicación en relación con el contenido de las medidas específicas que podrán ser adoptadas por las autoridades judiciales para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas. El SEPD comprende la intención de dejar a los Estados miembros el mayor grado de flexibilidad en este ámbito. Sin embargo, puede resultar útil una mayor precisión. En particular, la propuesta podría proporcionar una lista de medidas mínimas que las autoridades judiciales pueden adoptar, con arreglo a la legislación nacional, con el fin de proteger la intimidad de la víctima (16). Esto puede incluir, por ejemplo, las siguientes categorías de medidas:

15.

En tercer lugar, el artículo 23 no incluye ninguna disposición que garantice la confidencialidad de la información conservada por las autoridades públicas. En este sentido, la Recomendación Rec(2006) 8 del Consejo de Europa mencionada anteriormente vuelve a ilustrar algunos ejemplos útiles. En el apartado 11, la Recomendación establece que los Estados deberían exigir a todos los organismos que estén en contacto con las víctimas que adopten normas claras, mediante las cuales se comprometen a no difundir a terceros la información que les ha sido comunicada por la víctima o que concierna a ésta, salvo si la víctima ha dado su consentimiento explícito a dicha difusión o si existe la obligación o autorización legal de comunicar dicha información. El SEPD insta al legislador a incluir una disposición similar en la Directiva propuesta.

16.

El segundo apartado del artículo 23 establece que «los Estados miembros instarán a los medios a aplicar medidas de autorregulación con el fin de proteger la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las víctimas.». En este punto, la propuesta también ha adoptado un enfoque minimalista, haciendo simplemente una referencia al instrumento de la autorregulación.

17.

El SEPD entiende los motivos para adoptar una actitud cautelosa en lo que respecta a este asunto y, en general, comparte el enfoque de la Comisión. La relación entre los medios y la intimidad es sumamente delicada y compleja. Es también un ámbito en el que, dentro de los límites establecidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las distintas tradiciones y diferencias culturales existentes en los Estados miembros pueden jugar un papel importante. Este enfoque también parecería ser coherente con el marco actual de protección de datos (artículo 9 de la Directiva 95/46/CE), que deja bastante margen de discrecionalidad a los Estados miembros por lo que respecta al tratamiento de datos llevado a cabo con fines periodísticos o de expresión artística o literaria (17).

18.

Por lo que respecta a la autorregulación, el SEPD está convencido de que este instrumento puede jugar un papel importante para conciliar la intimidad con la libertad de expresión. Asimismo, el artículo 23, apartado 2, refleja el enfoque adoptado por la Recomendación Rec(2006) 8 que también establece que los Estados deberían animar a los medios a que adopten y respeten medidas de autorregulación destinadas a garantizar el respeto de la vida privada de las víctimas y sus datos personales (18). Los instrumentos de autorregulación pueden asimismo actuar junto con las disposiciones del marco nacional aunque estas disposiciones deberían ser compatibles con la jurisprudencia del CEDH relativa al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (19).

19.

El SEPD destaca que el artículo 3 de la Directiva propuesta, que trata sobre el derecho de recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente, no menciona la información relativa a la protección de datos. A fin de garantizar la adecuada protección de sus datos personales, las víctimas deberían recibir en los momentos oportunos toda la información necesaria que les permita entender completamente el modo en que sus datos personales serán tratados.

20.

El SEPD recomienda por ello añadir al artículo 3 una disposición adicional que especifique que se debería ofrecer a las víctimas la información relativa al posterior tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE. Además, el legislador podría considerar incluir normas sobre el acceso de las víctimas a sus datos personales, mientras se preservan los intereses legítimos por lo que a la investigación y enjuiciamiento penales se refiere.

21.

La Directiva propuesta reconoce el derecho de las víctimas de delitos a recibir apoyo desde el momento en que se comete el delito, a lo largo del proceso penal y una vez finalizado el mismo, con arreglo a las necesidades de la víctima (20). Determinadas categorías de víctimas, como las víctimas de violencia sexual, odio racial o de género u otros delitos motivados por prejuicios, o las víctimas del terrorismo, pueden necesitar servicios de apoyo especializados (21), incluido un apoyo psicológico. En estos casos, las comunicaciones entre la víctima y los profesionales que proporcionan servicios de apoyo deberían estar protegidas de manera adecuada frente a la difusión. En caso contrario, la víctima puede verse disuadida de comunicarse libremente con su asesor. Por tanto, el SEPD recibe con agrado el requisito del artículo 7 de que los servicios de apoyo a las víctimas deben ser «confidenciales». Sin embargo, es preciso aclarar el alcance y las consecuencias de dicha confidencialidad.

22.

En particular, la Directiva propuesta no especifica si las comunicaciones de las víctimas con quienes ofrecen servicios de apoyo deberían considerarse «privilegiadas» en el sentido de excluir o limitar de otro modo su difusión durante un proceso penal. Este podría ser el caso cuando el proveedor de los servicios de apoyo es un profesional de la salud sujeto a la obligación del secreto profesional. Sin embargo, podrían imaginarse casos en que el apoyo no sea ofrecido por dichos profesionales. En dichas situaciones, resulta dudoso si la víctima podría estar protegida frente a la difusión.

23.

El SEPD recomienda, por tanto, especificar que las víctimas de estos delitos en particular deberían tener el derecho de denegar la difusión de comunicaciones confidenciales mantenidas con un proveedor de servicios de apoyo en cualquier procedimiento judicial o administrativo, y que dichas comunicaciones únicamente puedan ser difundidas a un tercero con su consentimiento. Este es normalmente el caso en cualquier proceso penal, sin perjuicio de los intereses legítimos y bien fundados relativos a la investigación o al enjuiciamiento (es decir, la obtención de pruebas indispensables por parte de las autoridades judiciales).

24.

Como ya se ha mencionado, el Reglamento propuesto complementa a la iniciativa OEP relativa al reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia penal. Dado que el Reglamento propuesto afecta a la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza (22), su aplicación entra dentro del ámbito de aplicación del anterior primer pilar y, por tanto, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE (23), a diferencia de lo que ocurría con la iniciativa OEP.

25.

El SEPD recomienda, por lo tanto, que se incluya una referencia a la Directiva 95/46/CE, al menos en los considerandos de la propuesta, que establezca que los datos personales tratados en virtud del Reglamento deben quedar protegidos con arreglo a lo dispuesto en las legislaciones nacionales de aplicación de dicha Directiva.

26.

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento propuesto, la parte que deseare invocar en otro Estado miembro una medida de protección deberá presentar a las autoridades competentes un certificado. El certificado se expedirá de acuerdo con el formulario estándar que figura en el anexo del Reglamento propuesto. El anexo incluye datos personales de ambas personas, la persona protegida y la persona causante del riesgo, como la identidad y el paradero, y una descripción de la medida de protección. El SEPD reconoce que los datos personales incluidos en el certificado tal como se exige en el anexo en principio son adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines para los que han sido obtenidos.

27.

Sin embargo, en la propuesta no queda lo suficientemente claro qué datos personales de la persona protegida se comunicarán a la persona causante del riesgo, en particular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (24). En este sentido, el SEPD considera que la persona causante del riesgo debería recibir únicamente aquellos datos personales que son estrictamente necesarios para ejecutar la medida. Además, la comunicación en cuestión debería, en la medida de lo posible, evitar difundir la dirección u otra información de contacto relativa a la persona protegida (25). Dicha limitación debería estar especificada en el texto del artículo 13.

28.

El SEPD recibe con agrado los objetivos políticos de las dos propuestas analizadas y, en general, comparte el enfoque de la Comisión. Sin embargo, considera que, en algunos casos, podría reforzarse y aclararse la protección de la intimidad y de los datos personales de las víctimas en la Directiva propuesta.

29.

En relación con la Directiva propuesta sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, el SEPD aconseja al legislador que:

30.

En relación con el Reglamento propuesto relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, el SEPD aconseja al legislador que: