13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/23

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se complace por la iniciativa para lograr un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia a través de propuestas presupuestarias en las que se reconoce la importancia de dotar de los recursos necesarios al presupuesto para inmigración, asilo y seguridad;

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afirma la importancia de los cambios propuestos para los entes regionales y locales, que tienen un impacto directo en sus obligaciones y en la vida cotidiana de las personas que viven en la Unión Europea;

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destaca la importancia de responder a las preocupaciones en materia de seguridad, derivadas de una mayor movilidad a nivel mundial, en el marco de la protección universal de los derechos y libertades fundamentales;

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celebra el interés especial por la flexibilidad y el logro de resultados, haciendo hincapié en que la consecución de este objetivo exige una buena planificación, así como la participación e implicación de todas las partes interesadas. Por consiguiente, subraya la necesidad de involucrar a los entes locales y regionales, así como a otras partes interesadas, como las organizaciones internacionales especializadas, la sociedad civil y los propios beneficiarios, desde la fase de planificación, habida cuenta de que estos a menudo ejecutan los programas y proyectos;

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opina que las reformas propuestas introducen considerables mejoras en el acceso a la financiación. No obstante, alienta a que se sigan desarrollando mecanismos de difusión de información sobre las oportunidades de financiación. En los países más grandes, podría recurrirse a los entes locales y regionales para organizar consultas regionales y locales que permitan la participación de las organizaciones y las partes interesadas que actúan lejos de las principales ciudades;

Ponente

Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), Alcalde de Victoria, Gozo

Textos de referencia

1.

se complace por la iniciativa para lograr un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia a través de propuestas presupuestarias en las que se reconoce la importancia de dotar de los recursos necesarios al presupuesto para inmigración, asilo y seguridad (1);

2.

apoya la simplificación de los instrumentos existentes, mediante su fusión en dos fondos;

3.

afirma la importancia de los cambios propuestos para los entes regionales y locales, que tienen un impacto directo en sus obligaciones y en la vida cotidiana de las personas que viven en la Unión Europea;

4.

destaca la importancia de responder a las preocupaciones en materia de seguridad, derivadas de una mayor movilidad a nivel mundial, en el marco de la protección universal de los derechos y libertades fundamentales;

5.

subraya que ello puede lograrse desarrollando instrumentos coherentes en el área de libertad, seguridad y justicia basados en el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la responsabilidad, con especial atención a la igualdad de género y a la no discriminación (2);

6.

considera necesario establecer un equilibrio entre los capítulos del gasto relacionados con la seguridad y las fronteras, y el gasto en ámbitos como la integración de los inmigrantes y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo;

7.

apoya la creación de un presupuesto basado en las necesidades que contribuya a desarrollar sinergias entre los instrumentos financieros de la UE, en particular entre los Fondos Estructurales y los fondos en el ámbito de los asuntos de interior. El presupuesto de la Unión debería asignar recursos suficientes al ámbito de los asuntos de interior, tanto a través de los Fondos Estructurales como a través de instrumentos especializados en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia;

8.

señala que la supresión de la posibilidad de utilizar recursos complementarios procedentes de otros instrumentos comunitarios y de la Unión con la derogación de la Decisión del Consejo 2007/125/JAI reduce considerablemente la flexibilidad deseada en la utilización de los instrumentos financieros y pone en peligro el desarrollo sin período transitorio de proyectos regionales transfronterizos en el ámbito de la seguridad interior, que hasta ahora se financiaban con cargo al objetivo no 3 del FEDER; aboga, por lo tanto, por que se mantenga la complementariedad entre los instrumentos comunitarios;

9.

señala que es necesario garantizar cierto grado de flexibilidad en el funcionamiento del presupuesto y de los instrumentos financieros, lo que permitiría realizar una verdadera revisión intermedia de conformidad con las prioridades políticas identificadas, al tiempo que insiste en que debe promoverse dicha flexibilidad de modo que coexista con la justa asignación de recursos;

10.

es favorable a una política de inmigración que tenga en cuenta a los países de origen y que tome en consideración las exigencias del mercado de trabajo europeo y la evolución demográfica, lo que impulsará un sistema que beneficie a todas las partes, incluidos los países de origen que tan a menudo reciben remesas procedentes de la UE (3);

11.

destaca la necesidad de establecer una sólida cooperación a nivel de la EU para lograr una mejor coordinación entre los Estados miembros en materia de gestión de las fronteras exteriores de la Unión, así como de avanzar hacia un sistema europeo común de asilo;

12.

subraya la necesidad de garantizar la transparencia en la utilización del presupuesto, haciendo que las propuestas, los proyectos y los resultados obtenidos sean visibles, fácilmente accesibles y comprensibles para el ciudadano de a pie;

13.

celebra el interés especial por la flexibilidad y el logro de resultados, haciendo hincapié en que la consecución de este objetivo exige una buena planificación, así como la participación e implicación de todas las partes interesadas. Por consiguiente, subraya la necesidad de involucrar a los entes locales y regionales, así como a otras partes interesadas, como las organizaciones internacionales especializadas, la sociedad civil y los propios beneficiarios, desde la fase de planificación, habida cuenta de que éstos a menudo ejecutan los programas y proyectos;

14.

pone de relieve la necesidad de efectuar un seguimiento y una evaluación independientes al objeto de garantizar un uso eficiente de los fondos y una sólida gestión por parte de las organizaciones de ejecución, lo cual podría servir de estímulo para mejorar el desempeño institucional. Todas las partes interesadas deben participar en la selección de indicadores cuantitativos y cualitativos. El Comité señala que algunos indicadores cualitativos pueden ser eficaces y rentables. Asimismo, insta a la Comisión Europea y al Parlamento a que refuercen la supervisión de los fondos a fin de asegurar el carácter independiente del seguimiento y de la evaluación;

15.

opina que las reformas propuestas introducen considerables mejoras en el acceso a la financiación. No obstante, alienta a que se sigan desarrollando mecanismos de difusión de información sobre las oportunidades de financiación. En los países más grandes, podría recurrirse a los entes locales y regionales para organizar consultas regionales y locales que permitan la participación de las organizaciones y las partes interesadas que actúan lejos de las principales ciudades;

16.

señala que, junto con los aspectos positivos de la simplificación y la flexibilidad, las reformas propuestas también suscitan preocupación con respecto a la asignación de recursos entre diferentes sectores y cuestiones temáticas. Por consiguiente, destaca la importancia de que los fondos se asignen en función de las necesidades, mediante un análisis minucioso de las necesidades en el que las prioridades se asignen siguiendo un enfoque basado en los derechos. Dicha asignación puede lograrse a través de los mecanismos y salvaguardias existentes para asegurar una asignación eficaz de las prioridades, incluida la participación de los entes locales y regionales y otras partes interesadas en la elaboración de las estrategias nacionales;

17.

hace hincapié en la necesidad de distribuir los fondos equitativamente según la capacidad institucional y conforme a las propuestas de proyecto, y en no concentrar los fondos en unos pocos beneficiarios;

18.

considera que, en caso de que no existan fondos suficientes, es conveniente conceder prioridad a los fondos dirigidos a proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas, incluidos aquéllos que se ocupan de las necesidades básicas de vida, de cuestiones específicas de género y del derecho de asilo, así como a los recursos dirigidos a desarrollar la capacidad de los entes locales y regionales para gestionar los flujos migratorios;

19.

subraya la importancia de adoptar un enfoque participativo para obtener resultados eficaces, y apoya las propuestas que obligan a los Estados miembros a formar asociaciones con todas las autoridades públicas afectadas y con las partes interesadas pertinentes, incluidas la sociedad civil y las organizaciones internacionales, para desarrollar, ejecutar y hacer un seguimiento de los programas nacionales;

20.

por consiguiente, insta a que se refuerce la asociación de las partes interesadas y a que ésta sea obligatoria. Señala que, actualmente, el principio recogido en el proyecto de Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales (4) no podría propiciar la participación de una manera suficientemente vinculante. Si bien los mecanismos de coordinación están consolidados, en otros ámbitos existe un amplio margen de discreción en cuanto a si, de hecho, se establecerá o no una verdadera asociación;

21.

sugiere que quizás no sea conveniente designar una única autoridad responsable de todas las acciones financiadas con cargo a los fondos, a pesar de la simplificación que supondría. Debe asegurarse la transparencia, así como controles y equilibrios que garanticen la imparcialidad de las decisiones. Le preocupa que pueda haber cuestiones legales que no permitan que una autoridad delegada trabaje bajo la supervisión de la autoridad nacional competente y, por consiguiente, sugiere que los reglamentos sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a todas las normas nacionales existentes en la UE y que no obliguen a los Estados miembros a modificar sus estructuras constitucionales si los objetivos pueden alcanzarse adoptando un enfoque de asociación;

22.

acoge con agrado los avances realizados para establecer un «sistema europeo común de asilo», al tiempo que insiste en que dicho sistema debe perseguir los niveles de los países dotados de los mejores sistemas y estructuras, y no dar lugar a una disminución general de la calidad a la par de aquéllos con unos sistemas menos sólidos;

23.

pide mayor claridad en cuanto a si la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) sólo utilizará los fondos que se le hayan asignado directamente o si también tendrá acceso a los Fondos de asuntos de interior;

24.

aprueba el reconocimiento de la importancia de los entes locales y regionales en los sistemas de acogida y asilo, así como en la integración de nacionales e inmigrantes legales de terceros países;

25.

aplaude la idea de prestar especial atención a los más vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas;

26.

subraya que la integración debe centrarse en acciones sostenibles a largo plazo, teniendo presente que la integración es un proceso bidireccional en el que las acciones pueden estar dirigidas a las comunidades de acogida y migrantes;

27.

propone que los Fondos de asuntos de interior también respalden acciones recomendadas por la Comisión Europea, reconociendo el enfoque de gobernanza multinivel de la segunda Agenda Europea para la Integración (5);

28.

señala que las prácticas de detención administrativa que se realizan en toda la UE han sido objeto de control por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las autoridades de derechos humanos, e insiste en que la financiación de proyectos relacionados con la detención de personas debe garantizar que dicha detención sea conforme con el Derecho de la UE y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

29.

hace hincapié en que debería permitirse que los miembros de una familia que disfrutan de protección internacional en diferentes Estados miembros vivan juntos y gocen de protección en el mismo Estado miembro;

30.

subraya que las regiones fronterizas europeas deben recibir un apoyo más eficaz en relación con el asilo y la migración, máxime en tiempos especialmente difíciles (6);

31.

destaca que los criterios y mecanismos de realojamiento deben ser de carácter no discriminatorio y centrarse en los más vulnerables, al tiempo que se tienen en cuenta también las consideraciones del mercado de trabajo europeo, en particular con respecto a las personas que actualmente viven en zonas con un acceso limitado al mercado de trabajo. Dichos criterios y mecanismos no deberían centrarse en otorgar prioridad a las personas altamente cualificadas y que ya están integradas en la sociedad de acogida;

32.

observa que los gobiernos locales y regionales están en condiciones de participar en el establecimiento de dichos mecanismos (7);

33.

opina que la solidaridad en apoyo de los países que soportan cargas debería supeditarse a la situación de los derechos humanos y al respeto por las normas de acogida de la UE, lo que impulsaría la introducción de mejoras;

34.

acoge con satisfacción el establecimiento de un programa de reasentamiento de la UE y alienta la creación de un marco claro desarrollado por una asociación entre la OEAA, el ACNUR y diversas ONG, teniendo en cuenta las mejores prácticas en otras regiones del mundo. La UE debería dar ejemplo procurando identificar y ofreciendo protección a los más olvidados por la comunidad internacional;

35.

subraya la necesidad de ofrecer incentivos para incrementar el número de lugares de los Estados miembros que se comprometan a reasentar a refugiados, así como información sobre las ventajas que ello reporta;

36.

destaca la necesidad de mantener una clara distinción entre el reasentamiento desde terceros países y el realojamiento dentro de la UE, así como el número de personas asignadas a estos dos programas;

37.

reafirma que los programas de retorno, en principio, deben aplicarse de manera voluntaria y de acuerdo con los objetivos de la cooperación para el desarrollo, lo cual conducirá a la integración duradera y social de las personas afectadas (8). El retorno debe tener viabilidad y garantizar que no se inicie un nuevo proyecto migratorio (9), lo cual podría lograrse mediante la creación de asociaciones con una organización especializada como, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM);

38.

señala que las estrategias de retorno que han dado buenos resultados no pueden valorarse simplemente según el número de retornados, al tratarse de un indicador meramente cuantitativo. Podría seleccionarse como indicador el número de retornados frente al número de casos, teniendo en cuenta factores de calidad a largo plazo;

39.

pone de relieve su participación fundamental en el proceso de mejora de la seguridad interna europea, junto con la necesidad de aumentar la capacidad de los entes locales y regionales;

40.

insiste en que la financiación con cargo al Fondo de Seguridad Interior debe tener presente la necesidad de invertir en investigaciones ulteriores y poner en práctica innovaciones y el intercambio de conocimientos especializados en los ámbitos de la seguridad informática, criminalística y protección de infraestructuras vitales, así como la seguridad urbana, y en que la Comisión Europea respalde este enfoque, de manera que pueda responder a la mayor exigencia de afrontar unos problemas cada vez más específicos y complejos;

41.

reafirma la importancia que reviste la participación de los entes locales y regionales en la cooperación policial y de seguridad, que puede tener lugar mediante la formación, el intercambio de buenas prácticas y programas de prevención, así como mediante el desarrollo de instrumentos comunes y sistemas de tecnologías de la información, además de mejores comunicaciones;

42.

recomienda que se refuercen las redes de entes locales y regionales existentes y que se recurra a las mismas en los diferentes Estados miembros o, en la medida en que resulte necesario, se establezcan nuevas redes, a fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas en materia de inclusión social, aprendizaje profesional y comprensión del extremismo de origen local. Este hecho podría respaldar la labor realizada a través de la recién creada red europea contra la radicalización;

43.

sugiere que la financiación con cargo al Fondo de Seguridad Interior incluya una consulta pública a escala local en los Estados miembros y llegue hasta quienes se sienten ajenos a la sociedad. De este modo, se puede ayudar a comprender cabalmente las experiencias y las ideas locales sobre terrorismo y los motivos que conducen al extremismo;

44.

destaca la importancia de que se intensifique el control de las prácticas bancarias y comerciales para identificar y perseguir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a través del blanqueo de capitales y la práctica de asociar actividades delictivas a transacciones que tienen un objetivo legítimo;

45.

recuerda, asimismo, la importancia del decomiso de activos de origen delictivo, eje fundamental e indiscutible en la lucha –en este caso de carácter absolutamente transversal– contra cualquier forma de delincuencia, y, por consiguiente, celebra que la Comisión Europea haya propuesto una acción legislativa para reforzar el marco jurídico europeo sobre el decomiso (10);

46.

señala que, si bien las asociaciones entre los sectores público y privado podrían tener efectos positivos, debería evitarse la privatización de la seguridad;

47.

hace hincapié en la necesidad de financiar adecuadamente el control de las fronteras (11). Al mismo tiempo considera que, con vistas luchar contra la migración irregular, cabe plantearse si la manera más eficaz y efectiva de que se produzcan cambios importantes a largo plazo es invirtiendo notablemente en el control de las fronteras;

48.

subraya la necesidad de que una organización como, por ejemplo, ACNUR, realice un seguimiento independiente de las acciones en las fronteras, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, incluida la igualdad entre hombres y mujeres;

49.

insiste en que la preocupación por las vidas humanas debería tener prioridad sobre todas las demás cuestiones, y pide que se intensifique la colaboración y se repartan las responsabilidades entre los Estados miembros de las personas rescatadas, a fin de impulsar el rescate. Considera que el reparto automático de responsabilidades podría contribuir a salvar más vidas en el mar;

50.

se complace por los cambios dirigidos a aumentar la rapidez de la intervención en las situaciones de emergencia;

51.

insta a la Comisión a que se comprometa a programar y desarrollar ejercicios transfronterizos con una participación activa de las regiones fronterizas. Ello permitiría a las regiones poner en común sus experiencias en materia de protección civil y constituirá una base operativa sobre la que crear una fuerza europea de emergencia de intervención rápida;

52.

pide a la Comisión que asuma una mayor gestión directa en situaciones de emergencia para mantener un nivel de supervisión y facilitar la coordinación transfronteriza;

53.

alienta a los Estados miembros a crear equipos multidisciplinarios de intervención rápida en casos de emergencia, máxime cuando la situación de emergencia presenta elementos tales como flujos migratorios mixtos que exigen conocimientos especializados en materia de derecho de asilo y derechos humanos;

54.

observa que algunas situaciones de emergencia pueden ser de más largo plazo y que los fondos para emergencias deben estar disponibles mientras dure la situación de emergencia;

55.

celebra el enfoque más coherente sobre los aspectos internos y externos de la gestión de la migración y la seguridad interior, señalando que la cooperación y el diálogo con terceros países son necesarios tanto para combatir la inmigración irregular como para concentrarse en la migración legal;

56.

señala que los entes locales y regionales más cercanos o más estrechamente vinculados a terceros países pueden aportar los lazos esenciales para la cooperación de la UE con dichos países, lo que contribuirá sustancialmente a la mejora de las relaciones y las condiciones de vida en las ciudades y regiones de origen y tránsito (12). Gracias a su cooperación con entes locales y regionales en países de la ampliación y de la política de vecindad (p. ej. grupos de trabajo y comités consultivos conjuntos, la Conferencia de Entes Locales y Regionales para la Asociación Occidental –CORLEAP– o la Asamblea Regional y Local Euromediterránea –ARLEM–), el Comité de las Regiones está en buena posición para promover los objetivos de los fondos más allá de las fronteras de la UE;

57.

considera que no existe una delimitación clara entre las actividades de desarrollo y aquéllas no relacionadas con el desarrollo respecto a los terceros países, y exige coherencia y coordinación entre los proyectos de ayuda y desarrollo financiados y los proyectos de asuntos de interior, impulsadas mediante un espíritu de responsabilidad y reparto de responsabilidades con terceros países;

58.

reclama garantías para impedir que los Estados miembros persigan sus propios intereses nacionales a través de la dimensión exterior de los Fondos de asuntos de interior, así como mecanismos para garantizar la transparencia en la cooperación bilateral entre los Estados miembros y terceros países.