21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/9


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Iniciativas colectivas de la sociedad civil para un desarrollo sostenible» (Dictamen de iniciativa)

2011/C 21/02

Ponente: Raymond HENCKS

El 16 de julio de 2009, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«Iniciativas colectivas de la sociedad civil para un desarrollo sostenible».

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 146 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Los retos que se plantean en materia de desarrollo sostenible, acentuados por la crisis de las finanzas públicas, son suficientemente preocupantes para que la sociedad civil se movilice con vistas a apoyar a los responsables políticos y acompañar las necesarias transformaciones económicas y de la sociedad, así como el restablecimiento de unas finanzas públicas equilibradas.

1.2

Más allá de consideraciones científicas, el éxito de las decisiones políticas depende en gran medida de su grado de aceptación por la sociedad civil. Ésta, en aras de una mayor transparencia en cuanto a las decisiones finales y a las responsabilidades contraídas, deberá colaborar estrechamente en todas las fases de la aplicación de las políticas de desarrollo sostenible.

1.3

La participación de la sociedad civil en la elaboración de una política ambiciosa de desarrollo sostenible deberá estructurarse bien para ser eficaz y evitar que degenere en un instrumento populista.

1.4

El CESE pide, a la luz de las reflexiones y sugerencias que se desarrollan en lo que sigue, que se integre la participación ciudadana y la puesta en común de los conocimientos en la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible en 2011. Dicha integración ha de efectuarse, en particular, mediante un plan de acción, incentivos financieros y la publicación de las mejores prácticas de iniciativas colectivas de la sociedad civil.

1.5

El CESE, por otro lado, considera que el desarrollo sostenible deberá ocupar una amplia parte en la estrategia 2020 de la UE.

2.   Objetivo del dictamen de iniciativa

2.1

«No hemos heredado el mundo de nuestros padres, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos». Este aforismo procedente de la cultura india canadiense «Haida» ilustra perfectamente el reto que afronta la generación actual: cambiar nuestro modo de vida y definir nuevas vías para un desarrollo económico eficaz, socialmente equitativo y ecológicamente sostenible que garantice una justa distribución de la riqueza y garantice a todo ciudadano un acceso a una vida digna.

2.2

Algunos de estos cambios requieren iniciativas «desde arriba hacia abajo», tales como disposiciones legislativas, programas de inversión, públicos o privados, etc. Otros, por el contrario, precisan actuaciones «desde abajo» procedentes de ciudadanos conscientes de que, a su vez, les incumbe aportar su contribución personal. Esa se manifiesta concretamente mediante un cambio de su comportamiento y de sus patrones de consumo, así como mediante su apoyo o compromiso en el marco de iniciativas y acciones de colectivos que respalden el desarrollo sostenible.

2.3

Los gobiernos y la Unión deben reconocer que estas iniciativas «desde abajo» son indispensables para conseguir no sólo una economía más sostenible, sino también para alcanzar los objetivos fijados por los responsables políticos en materia de desarrollo sostenible. Una iniciativa a nivel de la UE podría, ciertamente, aportar un valor añadido mucho mayor mediante la difusión de las mejores prácticas en materia de compromisos e iniciativas de los ciudadanos y colectivos en favor del desarrollo sostenible.

2.4

El objetivo, por tanto, del presente dictamen es emitir recomendaciones sobre lo que Europa podría hacer para aumentar la eficacia y el número de iniciativas colectivas adoptadas por organismos institucionales, empresas, sindicatos, ONG y otras asociaciones o miembros de la sociedad civil, con el fin de favorecer los avances en materia de desarrollo sostenible.

2.5

En este dictamen el CESE desarrolla algunas reflexiones sobre el modo de impulsar una participación más activa de toda la sociedad civil en el desarrollo sostenible y sobre el tipo de estructuras marco que debería establecer la Unión Europea para acompañar y obtener la máxima eficacia de las correspondientes iniciativas.

3.   El desafío que afronta la sociedad civil: convertirse en la fuerza motriz del fomento del desarrollo sostenible

3.1

Actualmente, se habla mucho del cambio climático, que constituye sin duda alguna una amenaza con consecuencias futuras potencialmente catastróficas. Pero no es éste el único fenómeno que obstaculiza el desarrollo sostenible de nuestras sociedades: la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la degradación de los suelos, los residuos tóxicos, los metales pesados, los agentes orgánicos de contaminación, las urbanizaciones incontroladas, las desigualdades e injusticias sociales, etc., son otros tantos problemas esenciales para la humanidad.

3.2

Para conseguir un modo de vida sostenible ecológica y socialmente, habrá que distanciarse de la actitud consistente en perseguir de continuo un mayor crecimiento no sostenible, pasando de la era del derroche y del consumo excesivo a la de un bienestar centrado en el desarrollo humano y social. Tal como ha escrito el Consejo Económico, Social y Medioambiental francés, es importante tener en cuenta «al ser humano como ser biológico y social, de naturaleza y cultura, es decir, como persona».

3.3

El comportamiento poco sostenible, sin embargo, no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Desde siempre, el ser humano ha tratado el medio ambiente de manera «poco sostenible». Lo que ha cambiado es la amplitud y la rapidez de la degradación de los ecosistemas derivada de los modos de producción y de consumo.

3.4

Ha cambiado igualmente que, hoy en día, los conocimientos científicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas permiten – aunque sea relativamente – demostrar y comprender la gravedad de la situación, así como poner de relieve los numerosos comportamientos poco sostenibles de nuestras sociedades. Ahora bien, las señales de alerta evidentes no bastan, al parecer, para que las sociedades tomen suficientemente conciencia de sus actos y adopten comportamientos más sostenibles y socialmente responsables.

3.5

En su origen, el concepto de desarrollo sostenible se refería esencialmente a los recursos naturales (agotamiento de las reservas de hidrocarburos fósiles) y a la contaminación (destrucción del ozono estratosférico), generando normas sobre las emisiones de los productos nocivos o sobre los límites máximos de explotación de los recursos. Posteriormente, pasó a ser más general al integrar dificultades inherentes al crecimiento económico y la cohesión social. El desarrollo sostenible asocia así la preocupación por un desarrollo equitativo de las sociedades, en particular la lucha contra la pobreza, y la transmisión a las generaciones futuras de un medio ambiente sano, rico y diversificado.

3.6

Así, el concepto de desarrollo sostenible se ha ido generalizando con los años. Al principio eran sobre todo los movimientos ecologistas que florecían por todo el mundo occidental los que se preocupaban de los ecosistemas. Hoy en día, todos los partidos políticos se han apropiado el tema de la protección del medio ambiente, que se ha hecho extensivo al desarrollo sostenible.

3.7

Cabe destacar que la sociedad civil no ha permanecido inactiva. Ya son muchos los ciudadanos que, con carácter individual o en el marco de acciones colectivas, se comprometen con un modo de vida más sostenible. Así, por ejemplo:

en el lugar de trabajo, los empresarios y empleados se esfuerzan en consumir menos energía, reducir los residuos y desarrollar medios de producción más sostenibles;

en el comercio al por mayor y al detalle, los comerciantes se asocian a los clientes para encontrar la mejor manera de promover productos más sostenibles;

en sus hogares, los ciudadanos adoptan medidas para aumentar la eficiencia energética de su vivienda, evitar el derroche, reducir el consumo de agua y promover el reciclaje;

en los sistemas educativos de determinados Estados miembros, los alumnos son sensibilizados sobre el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible desde su primera infancia.

3.8

Del mismo modo, al nivel regional se crearon organizaciones profesionales, estructuras asociativas o foros de ciudadanos para debatir cuestiones relativas al desarrollo sostenible, expresar opiniones y emprender acciones.

3.9

Sin embargo, pese a una gran visibilidad mediática con ocasión de la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, en Copenhague, el desarrollo sostenible acusa una fuerte pérdida de interés. Ello se explica, en particular, porque la lucha contra el cambio climático, que pese a su importancia es sólo una faceta del desarrollo sostenible, a veces eclipsa a los demás ámbitos esenciales. A la desilusión de los ciudadanos, que se esperaban un compromiso formal del poder político, se añade cierto escepticismo respecto de los verdaderos riesgos que entraña el cambio climático. Tal escepticismo, alentado por algunos científicos y determinadas instancias políticas, pone en duda la gravedad de la situación, lo que no hace sino reforzar, por una parte, cierta disminución del entusiasmo y, por otra, un movimiento contestatario.

3.10

La Resolución del CESE «No hay vuelta atrás», aprobada el 23 de noviembre de 2009 con vistas a la Conferencia de Copenhague, adquiere nueva importancia y se dirige a la sociedad civil en su conjunto: empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Todos deberán esforzarse en reducir el cambio climático y adaptarse a él.

3.11

Efectivamente, habida cuenta del resultado decepcionante de la Conferencia de Copenhague y del riesgo de que cunda por ello la indiferencia, la sociedad civil está llamada más que nunca a movilizarse. Como sugirió el CESE, la sociedad civil deberá insistir para que la Unión Europea no caiga en la tentación de utilizar el fracaso de Copenhague como excusa para recortar sus propias ambiciones o para rebajar su propio compromiso, sino que redoble sus esfuerzos para establecer un modelo de desarrollo de bajas emisiones de carbono y para preservar los recursos naturales, basando su competitividad en la capacidad de establecer una coherencia entre la innovación, las inversiones productivas y el capital humano.

3.12

En efecto, es innegable que existen interacciones entre los ámbitos medioambiental, económico, social y cultural. Por ello, es indispensable adoptar un enfoque interdisciplinario que reúna a un conjunto de responsables con competencias e intereses muy distintos, con vistas a sobrepasar las compartimentaciones institucionales y sectoriales, así como combinar su experiencia y sentido común. En efecto, conviene evitar que los distintos componentes de la sociedad se neutralicen mutuamente, para que tomen las decisiones los cargos electos o grupos de interés mejor organizados.

3.13

Efectivamente, las iniciativas de la sociedad civil en este ámbito pueden ser un motor del proceso decisorio político. La sociedad civil tiene capacidad para reunir a las partes interesadas y a los responsables políticos, sensibilizar a todos los sectores de la sociedad con vistas a que revisen su modo de vida, de consumo y de producción, poniendo en marcha iniciativas y acciones ambiciosas.

4.   El debate público sobre el desarrollo sostenible: antecedentes

4.1

A raíz de determinadas iniciativas de la sociedad civil organizada, la declaración de la Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río en 1992, permitió –por primera vez— a la sociedad civil participar oficialmente en los debates sobre el desarrollo sostenible. Entre los 27 principios de aplicación del desarrollo sostenible adoptados en esa ocasión cabe destacar, entre otros, la necesidad de que «los ciudadanos participen en las decisiones» y que «las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y las minorías desempeñen un papel más importante que en la actualidad».

4.2

En el capítulo 28 del Programa 21 (programa de aplicación del desarrollo sostenible elaborado en la Cumbre de Río), se anima a las autoridades locales a incluir el desarrollo sostenible en sus programas de acción mediante «un mecanismo de consulta popular».

4.3

Se reconoció así la importancia de asociar la sociedad civil al análisis de las consecuencias de la acción pública, a las decisiones finales y a las responsabilidades en materia de desarrollo sostenible. Por lo tanto, todas las partes interesadas de un modo o de otro (uno de cuyos componentes, en particular la generación futura, está inevitablemente ausente) deberán colaborar estrechamente en la elaboración y ejecución de los proyectos.

4.4

Desde entonces, las organizaciones no gubernamentales, seguidas por las empresas, los sindicatos, los entes territoriales o locales y otras estructuras asociativas reivindican participar en el debate junto a los responsables políticos e institucionales. Originan multitud de acciones, iniciativas y recomendaciones en favor de comportamientos sostenibles.

5.   Las acciones de la sociedad civil

5.1

Desde hace años, el CESE, en su calidad de representante institucional de la sociedad civil organizada en la Unión Europea, se interesa por el desarrollo sostenible. En 2006, creó el Observatorio de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es favorecer la contribución de la sociedad civil a la definición de una política de desarrollo sostenible que concilie los intereses medioambientales, económicos y sociales. En este marco, el CESE ha emitido numerosos dictámenes y recomendaciones sobre cuestiones esenciales en materia de sostenibilidad y seguirá proponiendo soluciones prácticas como en su Dictamen: «Construir una economía sostenible: transformación del modelo de consumo» (INT 497).

5.2

Es necesario reconocer, no obstante, que el peso de los agentes institucionales y políticos sigue siendo mucho mayor que el de la sociedad civil. Por otra parte, algunas acciones, destinadas aparentemente a fomentar el desarrollo sostenible, obedecen más bien a intereses políticos, financieros o ideológicos que medioambientales, quedando a la merced de unos y otros. Por consiguiente, existe el riesgo de que el desarrollo sostenible se convierta en un instrumento del que se apropien determinados grupos de presión motivados por cuestiones a veces muy distantes de los temas iniciales.

5.3

Ahora bien, es muy difícil conseguir asociar a todas las partes interesadas. A menudo, una parte de la sociedad civil no se manifiesta hasta que resulta acuciante resolver los problemas, mientras que, fuera de las situaciones «urgentes», son los grupos de presión y contestatarios los que tienen mayor ocasión de vía libre.

5.4

Se trata, pues, de superar las meras acciones de información y de encontrar los medios para conseguir una democracia participativa en la que las estructuras de concertación afecten a toda la sociedad civil, permaneciendo además representativas y activas a la vez que concilian las preocupaciones medioambientales, sociales y económicas en el marco de las acciones locales y globales. Junto a las acciones globales, es esencial promover iniciativas locales y asociar estrechamente a la sociedad civil. Ésta es la mejor manera de que todos los destinatarios finales de las acciones se identifiquen con las iniciativas emprendidas.

6.   Una sociedad civil representativa y activa a largo plazo

6.1

En un sistema de gobernanza multinivel como el existente en la Unión Europea no conviene recurrir exclusivamente a las instituciones representativas elegidas democráticamente para asegurar la participación de los ciudadanos en los debates y en el proceso decisorio.

6.2

El Convenio de Aarhus, negociado en el marco de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE-NU), enuncia los principios de la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones sobre el medio ambiente. Tiene por objeto el Derecho de acceso a la información, a la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio y al acceso a la justicia, todo ello en materia medioambiental.

6.3

El Convenio de Aarhus estipula que cualquier ente debe transmitir toda la información de que disponga en materia de medio ambiente a cualquier persona que la pida, sin que ésta tenga que justificar su identidad ni el motivo de su solicitud. El CESE había criticado en su Dictamen sobre la Directiva 2003/4/CE que la transposición al Derecho comunitario no era, en lo que a algunos puntos se refiere, conforme a dicho Convenio, como, por ejemplo, en lo relativo al concepto de «entidad habilitada» para acceder a la información. El CESE estima que se impone una revisión de dicha directiva. Además, el CESE lamenta la ausencia de un balance a escala de la UE de la aplicación de dicho Convenio, mientras que los Estados que lo ratificaron han de presentar un informe sobre su aplicación.

6.4

En primer lugar, procede definir el colectivo que deba participar en la elaboración y la formulación de las políticas de desarrollo sostenible. En esta fase, conviene asimismo tomar una decisión sobre los procedimientos de contratación de voluntarios y fijar objetivos concretos, así como disponer acerca de la metodología, los procedimientos de evaluación y la difusión de los resultados.

6.5

Como el desarrollo sostenible afecta directamente a todos los ciudadanos, sin excepción, la parte de la población que se exprese solo resultará representativa si corresponde a un amplio espectro de características sociodemográficas y a una gran gama de conocimientos especializados y puntos de vista.

6.6

Por consiguiente, es importante identificar claramente las dificultades y definir los objetivos prioritarios concretos que han de alcanzarse a corto y medio plazo sin dejar de tener en cuenta el alcance social y cultural de los problemas, que deberán ser cercanos a los intereses reales de los ciudadanos. Esto implica jerarquizar los problemas y tratarlos según su grado de prioridad, la gravedad de sus efectos, los daños inherentes y los costes requeridos para solucionarlos.

6.7

Los ciudadanos deberán tener la posibilidad de percibir su participación como una iniciativa de responsabilización, es decir, que deberán intervenir en una fase precoz – a partir de la elaboración de la estrategia y de los proyectos –, así como desempeñar un papel activo en cada etapa del proceso.

6.8

Para cada fase de debate y de búsqueda de soluciones por consenso debería designarse al nivel local, regional o nacional a una persona, un «mediador», una personalidad independiente de cualquier grupo de interés, que pueda hacer valer sus conocimientos en cuanto a la dirección de un debate. Estaría encargada de informar, motivar y seleccionar a todos los ciudadanos interesados y deseosos de participar. Debería garantizar la coordinación central de las acciones y velar al mismo tiempo por que se oigan todas las opiniones y que todos los participantes puedan participar en el debate, evitando, además, las posibles derivas.

6.9

Además, tal mediador debería desempeñar el papel de interfaz y portavoz en la esfera pública y ante los medios de comunicación, para hacer oír la voz de los partidarios del desarrollo sostenible, velar por que la información sea correcta y evitar que la prensa monopolice la atención del público de forma parcial. También debería colaborar estrechamente con los responsables de la educación escolar para generalizar la sensibilización al desarrollo sostenible desde edades muy tempranas.

6.10

Para poder motivar al mayor número posible de ciudadanos a participar activamente en el proceso decisorio relativo al desarrollo sostenible, será necesario analizar y luchar contra las causas que hacen que gran parte de la sociedad dude y actúe a la expectativa.

7.   Combatir los obstáculos a la participación activa de la sociedad civil

7.1

Actualmente, las medidas contra la degradación de los ecosistemas y en favor de la modificación de los modos de vida son objeto de una programación a largo plazo, en lugar de convertirse en una realidad operativa a corto plazo. Los retos se siguen percibiendo demasiado a menudo como problemas medioambientales cuya evolución hacia proporciones catastróficas es lenta, desdeñable por el momento, pero dramática a largo plazo. Se trata de una visión «utilitarista», cuya sensibilidad medioambiental se limita a la vida diaria y a los efectos y molestias visibles, desatendiendo los riesgos potenciales imperceptibles o sin demostrar.

7.2

Para que todos los ciudadanos comprendan la importancia de cambiar de comportamiento, será necesario proporcionarles información y explicación en un lenguaje claro, evitando la terminología especializada y sofisticada. No por ello, sin embargo, deberá caerse en los eslóganes, y se deberá evitar sustituir lo científico por lo emocional.

7.3

Una mejor comunicación a través de distintos canales mediáticos, con mensajes claros y comprensibles, permitiría ciertamente que los ciudadanos identificasen mejor los problemas que se les plantean y determinasen las iniciativas que deban adoptar.

7.4

Además, los mensajes deben ser objetivos. Abrumar a los ciudadanos con cifras en bruto, presentadas como verdades irrefutables aunque sean poco dignas de crédito, es contraproducente, como la afirmación de un antiguo vicepresidente de Estados Unidos, según la cual el Ártico se quedará sin hielo estival dentro de cinco años. Tales declaraciones terminan por suscitar desconfianza respecto de los responsables políticos e indiferencia ante los problemas reales.

7.5

El profetismo exagerado, que anuncia catástrofes dramáticas inmediatas e irrefutables, crea un clima de miedo crónico que lleva al egocentrismo y sirve de pretexto para justificar comportamientos del tipo «not in my backyard» (NIMBY; «no en mi patio trasero»), que son nefastos para la cohesión social y el desarrollo sostenible. Las iniciativas locales contra la instalación de turbinas eólicas, porque deterioran el paisaje, o la incineración salvaje de residuos, para evitar una tasa por la recogida colectiva de basuras, son ejemplos reveladores que ilustran dicho repliegue egocéntrico.

7.6

Esta indiferencia es grave, pues aunque las consecuencias probablemente no sean tan dramáticas como algunos quieren hacer creer, existen problemas que requieren una solución rápida. Con arreglo al principio de cautela, es preferible reaccionar a situaciones potencialmente peligrosas sin esperar a que se demuestre científicamente la existencia del riesgo correspondiente.

7.7

Habrá que velar por documentar y difundir fuera de la comunidad especializada los resultados y los éxitos de la participación ciudadana, habida cuenta de que los ejemplos de mejores prácticas son un medio privilegiado para compartir los avances.

7.8

Para garantizar un compromiso perdurable de la sociedad civil, convendrá poner de relieve y publicar las propuestas formuladas por los ciudadanos que se hayan llevado a la práctica, aunque solo sea parcialmente.

7.9

Deben realizarse más esfuerzos en busca de métodos que permitan cambiar el comportamiento de las personas. Un medio muy útil es sin duda integrar la educación en materia de desarrollo sostenible en los sistemas de enseñanza nacionales, para sensibilizar a los niños a estas cuestiones desde muy temprana edad. Es precisamente éste el enfoque que ha adoptado el CESE entablando un debate acerca de la viabilidad de una red europea de foros nacionales sobre educación y formación en materia de energía limpia.

8.   Evaluación de las acciones

8.1

La multiplicidad de los agentes implica una gran heterogeneidad de forma y fondo entre las acciones, que por tanto apenas son comparables entre ellas y raramente permiten identificar un referencial común. Por ello, resulta indispensable efectuar periódicamente una evaluación de las acciones emprendidas en el marco del desarrollo sostenible.

8.2

Además, por una parte, la instrumentalización del desarrollo sostenible y, por otra, una normativa a veces demasiado excesiva requieren una evaluación permanente basada en indicadores de progreso de los proyectos.

9.   Los indicadores de evaluación

9.1

Según el programa de actuación adoptado en Río en 1992, los Estados deberán establecer un sistema de vigilancia y evaluación común de los progresos realizados por el desarrollo sostenible, en general, y mediante las agendas locales, en particular. Deberán asimismo desarrollar indicadores que gocen de aceptación general en los ámbitos económico, social y medioambiental, con el fin de constituir una base útil para la toma de decisión a todos los niveles. Estos indicadores deben ser consensuales y dar una imagen representativa de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

9.2

La evaluación se articula en torno a un diagnóstico, un análisis y recomendaciones. Está destinada a emitir un juicio de valor sobre una política, un programa o una acción. No obstante, hay que reconocer que las dimensiones medioambientales, humanas y sociales a menudo son difíciles de evaluar. No obstante, hay que hacer este esfuerzo, porque el predominio del PIB, hasta ahora principal referencia del bienestar y la calidad de vida, puede hacer que las políticas adopten decisiones nefastas para la cohesión social y el medio ambiente, descuidando las necesidades de las generaciones futuras (1).

9.3

La evaluación del desarrollo sostenible consiste en captar las tendencias que actúan en dos direcciones fundamentales: por una parte, la evaluación de la capacidad de absorción y, por otra, la evaluación del desarrollo de la administración de las colectividades humanas.

9.4

En un reciente dictamen (CESE 647/2010 «Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un mundo cambiante»; ponente: Josef Zbořil), el CESE valora positivamente el esfuerzo de la Comisión para extender las cuentas nacionales a las temáticas medioambientales y sociales. En 2010 deberá presentarse un marco jurídico de contabilidad medioambiental. En este momento los indicadores sociales disponibles en las contabilidades nacionales no se están empleando al máximo de su potencial. Cabe esperar que la necesidad de utilizar estos indicadores se haga sentir cada vez más, a medida que progrese la elaboración de un enfoque complejo e integrado dirigido a evaluar los avances en un mundo en transformación.

10.   El método de evaluación

10.1

La variedad de programas y acciones que las autoridades públicas nacionales, regionales y locales emprenden para promover comportamientos y modos de vida sostenibles hace necesaria una evaluación pluridimensional, en el entendimiento de que la aceptabilidad de una evaluación varía mucho según los espacios, métodos y criterios escogidos.

10.2

Además, la evaluación en los Estados miembros deberá ser pluralista y asociar a todos los agentes y partes interesadas: autoridades responsables de la concepción y aplicación de las acciones, reguladores, prestadores de servicios, representantes de los consumidores, de los sindicatos y de la sociedad civil, etc. Las encuestas públicas de opinión, pese a que a veces son difíciles de interpretar, forman parte de una política de información, sensibilización y participación de los ciudadanos y empresas, y permiten a estos comunicar con las instancias de evaluación y presentarles sus reclamaciones.

10.3

Además de su carácter pluralista, la evaluación deberá ser independiente y hacerse con arreglo a un procedimiento contradictorio, dado que los distintos agentes no comparten los mismos intereses, sino que, incluso, en algunos casos se oponen mutuamente y no disponen de información y experiencia equivalentes.

10.4

La evaluación de la eficacia y del resultado medioambiental, económico y social de las distintas acciones en favor del desarrollo sostenible no puede basarse en un criterio único, sino con arreglo a una batería de criterios.

10.5

La evaluación solo tiene sentido en función de los objetivos y de las misiones asignados, articulados en torno a los tres pilares de la Estrategia de Lisboa (crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente). Por tanto, deberá referirse a múltiples criterios.

10.6

Tal como propuso el CESE para los servicios de interés general (2), el sistema de evaluación deberá basarse en informes periódicos redactados al nivel nacional o local por instancias de evaluación constituidas por los Estados miembros según los principios enunciados arriba.

10.7

A escala de la UE se tratará de definir las modalidades de intercambio, confrontación, comparación y coordinación. Incumbirá, por tanto, a la Unión impulsar la dinámica de la evaluación independiente mediante la elaboración – en concertación con los representantes de las partes interesadas – de una metodología de evaluación armonizada a escala europea sobre la base de indicadores comunes. También deberá prever sus modalidades de funcionamiento.

10.8

Para que la evaluación sea pertinente y útil, conviene establecer un Comité directivo pluralista, en el que estén representadas todas las partes interesadas. En lo que se refiere a este Comité directivo, se trata concretamente de una misión que se integraría perfectamente entre las competencias de la Agencia Europea de Medio Ambiente en colaboración con el Observatorio de Desarrollo Sostenible del CESE.

10.9

Tal comité directivo debería tener la responsabilidad de:

la definición de los indicadores pertinentes;

la metodología de la evaluación;

la puesta a punto de los pliegos de condiciones de los estudios que deban emprenderse;

encargar dichos estudios, basándose en una pluralidad de conocimientos especializados y en una comparación con los resultados obtenidos en otros casos;

el examen crítico de los informes;

la extrapolación de las buenas prácticas y de los enfoques innovadores;

las recomendaciones;

la difusión de los resultados.

10.10

Los debates con todas las partes interesadas sobre los informes de evaluación podrían adoptar la forma de una conferencia anual sobre los resultados de las acciones en favor del desarrollo sostenible, en la que se presentarían ejemplos de buenas prácticas.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  DO C 100 de 30.4.2009, pp. 53-59.

(2)  DO C 162 de 25.6.2008 pp. 42-45.