28.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 156/5


Informe final del Consejero auditor en el Asunto COMP/37.152 — Placas de yeso

(Elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en algunos procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)

(2005/C 156/07)

El 20 de abril de 2001 se envió el pliego de cargos a las cuatro partes siguientes (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gisswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV). El 23 de abril de 2001 se envió el pliego de cargos a una quinta parte (BPB PLC). En principio se concedió a las partes un plazo máximo de dos meses para responder a las objeciones planteadas por la Comisión. A raíz de una petición de BPB, de 2 de mayo de 2001, se amplió dicho plazo dos semanas, hasta el 9 de julio de 2001, debido a que el acceso al expediente no se había concedido con la suficiente rapidez y a que el plazo limite fijado por la Comisión era, objetivamente, demasiado corto para que la empresa pudiera preparar su defensa. Para garantizar la igualdad de trato de todas las partes, el Consejero auditor, el Sr. H. Schöter, amplió dicho plazo a todas las partes en el procedimiento.

El 17 de julio de 2001 se celebró una audiencia oral. Tres partes, en especial Lafarge, habían solicitado de forma explícita que la audiencia oral se retrasara, pero el Consejero auditor en su respuesta motivada de 28 de junio de 2001 había rechazado dicha solicitud.

Durante la audiencia oral, algunas de las partes reiteraron sus críticas a la negativa del Consejero auditor a retrasar la celebración de la misma. Uno de los principales directivos no pudo testificar al no poder personarse en la audiencia oral, lo que sobre todo para Lafarge constituía una vulneración de los derechos de la defensa. Sobre este punto, el Consejero auditor concedió al testigo ausente la posibilidad de aportar por escrito sus comentarios sobre el asunto objeto del litigio. Lafarge hizo uso de dicha posibilidad y el 10 de agosto de 2001 comunicó por escrito diversas violaciones del derecho de defensa.

Según Lafarge, no se la habría tratado de igual manera, no se la habría realmente oído, no habría podido beneficiarse de un debate contradictorio. El Consejero auditor, que respondió a estas quejas, recuerda que son las empresas las que tienen que presentar sus testigos importantes en la fecha prevista. La fecha de la audiencia se había comunicado debidamente dos meses antes; la ausencia de un testigo importante fue fruto de una decisión personal y no justificaba un retraso de la audiencia.

El Consejero auditor invitó asimismo a las partes a que formularan sus observaciones sobre los comentarios realizados tras la audiencia por un miembro de Lafarge, dándoles un plazo para ello. Así pues, el derecho de defensa se ha respetado plenamente en todas las etapas del procedimiento. Las partes pudieron presentar con suficiente antelación sus observaciones tanto por escrito como durante la audiencia oral. El principio de audiencia no sólo se ha respetado sino que se ha visto reforzado por hecho de haberse celebrado una audiencia oral.

Como consecuencia de ello se produjo un intercambio de correspondencia entre el nuevo Consejero auditor y Lafarge. El 7 de diciembre de 2001, respondí a los alegatos de Lafarge a propósito de, por un lado, el acceso de las partes a los diversos documentos del expediente y, por otro, del trato discriminatorio del que habría sido víctima dicha empresa en relación con las restantes partes. En esta respuesta, debidamente motivada, volví a afirmar que no se había detectado ninguna infracción del procedimiento. Por correo de 13 de febrero de 2002, respondí nuevamente a Lafarge, indicándole que tendría la posibilidad de defender su posición en un hipotético recurso contra la decisión final de la Comisión.

Resulta evidente, en efecto, que existe una fase en la que el intercambio de correspondencia entre los abogados de las partes y el Consejero auditor, garante del respeto del principio a ser oído, pierde su utilidad, y que los litigios pueden plantearse ante los tribunales con objeto de obtener una resolución judicial.

El 27 de junio de 2002, transmití a Lafarge las cinco casetes de la audiencia oral y le concedí un plazo suplementario de dos semanas, prolongado posteriormente 10 días hábiles, para presentar nuevas observaciones. Lafarge, alegaba que no había recibido las actas de las audiencias ni la grabación de la audiencia. El examen del expediente puso de manifiesto que no las había solicitado. Se concedió un plazo suplementario a Lafarge para que pudiera analizar mejor las grabaciones. Por lo tanto, la empresa Lafarge recibió todos los documentos necesarios y pudo formular todas las observaciones que estimó útiles.

Además, Lafarge sostuvo por partida doble en su correspondencia que por carta de 12 de junio de 2002 del Sr. Tradacete, Director en la DG Competencia, se le había comunicado un nuevo motivo de queja.

El nuevo motivo de queja consistiría en precisar la fecha en la que se consideraba que Lafarge se había adherido al acuerdo, para lo cual se habían utilizado las respuestas escritas de las otras partes al pliego de cargos. He comprobado que el pliego de cargos (apartado 39) era relativamente vago en cuanto a la fecha exacta en la que se consideraba que Lafarge había entrado a formar parte del acuerdo, dado que ésta se fijaba «tras de la reunión de Londres», citando literalmente la respuesta de BPB al citado pliego de cargos. La DG Competencia informó a Lafarge de que se proponía fijar la fecha de su entrada en el cartel a mediados de 1992, invitándole a presentar sus observaciones al respecto.

Así pues, Lafarge no tiene razón cuando alega que dicho intercambio de correspondencia supuso añadir un nuevo motivo de queja al pliego de cargos.

En los asuntos relacionados con cárteles, resulta habitual que la Comisión precise su información durante la investigación, gracias fundamentalmente a las respuestas de las partes al pliego de cargos. Precisar la fecha de un acuerdo no constituye un nuevo motivo de queja y el derecho de defensa no se vulnera por solicitar a la empresa en cuestión que comente las alegaciones que se le imputan.

Por otra parte, cabe señalar que el hecho de tomar como referencia mediados de 1992 en realidad favorece a la empresa a la hora de calcular la duración de la infracción puesto que la reunión mencionada en el apartado 38 del pliego de cargos se fecha a principios de 1992.

El proyecto de Decisión presentado a la Comisión no comporta nuevos motivos de queja contra las empresas en relación con los ya consignados en el pliego de cargos. Al contrario, se da marcha atrás en la constatación de la infracción por lo que se refiere a una de las empresas.

Sobre la base de cuanto precede, considero que el derecho de las partes a ser oídas se ha respetado en el presente asunto.

Bruselas, 19 de noviembre de 2002.

Sarga DURANDE