52004PC0273

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los reaseguros y por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE y 92/49/CEE y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE {SEC(2004)443} /* COM/2004/0273 final - COD 2004/0097 */


Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los reaseguros y por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE y 92/49/CEE y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE {SEC(2004)443}

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBSERVACIONES GENERALES [1]

[1] Para una exposición más detallada de las cuestiones tratadas en este capítulo, véase la Evaluación de Impacto Ampliada relativa a la propuesta de Directiva sobre reaseguros, disponible en el sitio de Internet de la Comisión: http://europa.eu.int/comm/internal_market/ insurance/reinsurance_en.htm.

Un mercado financiero único en la Unión será un factor fundamental para mejorar la competitividad de la economía europea y reducir el coste del capital para las empresas. Un mercado integrado, correctamente regulado y sólido desde el punto de vista prudencial reportará grandes beneficios a los consumidores y a los demás agentes del mercado al ofrecer mayor seguridad en caso de deficiencias de orden institucional. El medio para lograr este mercado integrado es el Plan de acción en materia de servicios financieros. El Plan de acción en materia de servicios financieros prevé una propuesta de directiva sobre la supervisión de los reaseguros para comienzos de 2004.

Se entiende por reaseguro constituye la transferencia estructurada del riesgo entre una empresa de seguros y una empresa de reaseguros. Los reaseguros prestan a las compañías de seguros las siguientes funciones: reducción de los riesgos técnicos, transferencia permanente de riesgos técnicos a la reaseguradora, mayor homogeneidad de la cartera de seguros, menor volatilidad de los resultados técnicos, alternativa al capital o los fondos propios, suministro de fondos para financiación y prestación de servicios.

Pese a su evidente relación con el negocio de los seguros directos, los reaseguros presentan ciertas características específicas que pueden ser dignas de mención. No existe relación contractual alguna directa entre la reaseguradora y los inicialmente asegurados, y los tomadores de seguros no suelen tener prioridad alguna sobre los activos de la reaseguradora para cubrir sus siniestros. Por otra parte, los reaseguros constituyen una actividad económica entre profesionales. El negocio de los reaseguros es más internacional y tiene un mayor grado de diversidad, en cuanto a geografía y combinaciones de ramas aseguradas, que el del seguro directo.

El sector de los reaseguros desempeña un papel clave en la economía al ofrecer una cobertura global de los riesgos que asumen las compañías de seguros por sus clientes. Si bien el nivel medio de cesión en la Unión es bastante bajo (se reasegura alrededor del 10% de todas las primas de seguro), en determinadas actividades es relativamente alto (se reasegura el 18% de las primas de seguro no de vida, frente al 3% por término medio de las primas de seguros de vida). Además de asegurar a las aseguradoras, las reaseguradoras son importantes intermediarios financieros e inversores institucionales; en 2001 sus activos financieros representaban un 1% del mercado global de valores [2]. Así pues, la estabilidad del sector de los reaseguros no sólo es vital para la estabilidad del sector de seguros en general, sino que además tiene importantes repercusiones en el sistema financiero en su conjunto.

[2] Fuente: "Reinsurance - a systemic risk?"; Sigma 5/2003, Swiss Re.

Pruebas recientes de la resistencia financiera de las reaseguradoras han puesto de manifiesto el nivel y la naturaleza de los riesgos asumidos en el sector. Las reaseguradoras afrontan dos riesgos más que las aseguradoras primarias. En primer lugar, sus resultados financieros se exponen por lo general a una mayor volatilidad, pues protegen al mercado primario contra grandes riesgos tales como los de catástrofes. Ante riesgos de esta envergadura, estas empresas se ven obligadas a mantener niveles de capitalización relativamente altos. En segundo, pueden verse llamadas a acudir en ayuda de filiales en dificultades, por ser a menudo las empresas con mayor volumen de negocios dentro de un grupo. Pese a estos riesgos adicionales, las reaseguradoras actúan en un mercado en el cual sus actividades a menudo no están sujetas a supervisión prudencial, o el régimen es menos riguroso que el aplicado a las aseguradoras primarias. A ello hay que añadir que no existe un marco jurídico global para la supervisión de los reaseguros. Semejante situación suscita inquietud, dados los riesgos potenciales del sector. No obstante, las reaseguradoras pueden disfrutar en mayor grado que las empresas de seguro directo de efectos significativos de diversificación geográfica y sectorial.

Los reaseguros constituyen un sector sumamente internacional, con un pequeño número de grandes empresas. En 2002, la prima total de reaseguro de los 40 mayores grupos de reaseguros ascendió a 138 601 200 000 millones de dólares, de los cuales 58 544 000 000 millones de dólares procedieron de reaseguradoras de la UE [3]. En la Unión, Alemania ocupa la primera posición, con empresas como Munich Re, Hannover Re y Allianz Re. Lloyd's es la mayor empresa británica de reaseguros, y SCOR, junto con Axa Re, las mayores reaseguradoras francesas.

[3] Standard & Poor's, Global Reinsurance Highlights 2003 Edition, London/New York 2003.

1) Necesidad de un marco jurídico europeo para la supervisión de los reaseguros

No existen hoy en día normas armonizadas de supervisión de los reaseguros en la Unión. La ausencia de marco regulador de los reaseguros en la UE ha dado lugar a grandes diferencias en cuanto al nivel de supervisión de las empresas de reaseguros en la Unión. La diversidad de normativas nacionales ha creado incertidumbre entre las compañías de seguro directo (y sus tomadores), obstáculos al comercio en el mercado interior, trámites y costes administrativos y debilidad de la UE de cara a las negociaciones comerciales internacionales:

Incertidumbre entre las compañías de seguro directo (y sus tomadores): los distintos regímenes de supervisión de los reaseguros en la UE han dado lugar a mayores dificultades para que las empresas de seguro directo elijan a sus reaseguradoras de manera prudente y eficiente. La elección de reaseguradoras es para una compañía de seguros de importancia decisiva y podría también afectar a la capacidad de la empresa de pagar siniestros a los tomadores.

Obstáculos comerciales: Determinados países de la UE utilizan sistemas en virtud de los cuales los activos de la reaseguradora deben pignorarse (depositarse en garantía) a fin de cubrir las provisiones para siniestros pendientes. Esto dificulta una gestión óptima de las inversiones y acarrea así mayores costes operativos para las empresas de reaseguros. Podría incluso aumentar el precio que practica la reaseguradora por cubrir los riesgos de las compañías de seguro directo. Las empresas de reaseguros pueden también optar por no operar en mercados en los que se exija la prestación de garantías, lo cual limita las posibilidades de protección mediante reaseguro.

Trámites administrativos: En la Unión, el Comité Europeo de Seguros (CES) y la OCDE han enumerado una serie de obstáculos administrativos a los servicios transfronterizos de reaseguros. La ausencia de reconocimiento mutuo entre autoridades supervisoras de los reaseguros de la UE lleva, en algunos casos, a que las empresas de reaseguros estén sujetas a normas de supervisión diferentes en varios Estados miembros. Para las empresas de reaseguros, esto podría acarrear una considerable duplicación de tareas y mayores trámites administrativos. Como ejemplos de trámites administrativos engorrosos cabe citar los controles múltiples de la idoneidad de la dirección del grupo, el doble requisito de confirmación de los balances por auditores o la obligación de que las sucursales publiquen los estados financieros de todo el grupo conforme a los GAAP (principios contables generalmente aceptados) locales.

Negociaciones comerciales internacionales: Se ha afirmado que la ausencia de sistema armonizado en la UE dificulta la conclusión de acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo. La ausencia de acuerdos plantea a los reaseguradores europeos grandes obstáculos para su incorporación a los mercados extranjeros, tales como el requisito de depositar una garantía por el valor de sus compromisos en el mercado extranjero en el cual pretendan ejercer sus actividades.

Si no se toman medidas en el ámbito de la UE, existe el riesgo de que el mercado interior de los servicios de reaseguro siga funcionando de manera no óptima, lo que perjudicaría al sector de reaseguros de la Unión. Las negociaciones con terceros mercados sobre acuerdos de reconocimiento mutuo se verían considerablemente dificultadas.

En los últimos años, la supervisión de los reaseguros ha sido objeto de gran atención internacional. El G7 y el FMI han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la ausencia de regulación de los reaseguros pueda afectar a la estabilidad financiera internacional. De hecho, el FMI, en recientes análisis de los Estados miembros realizados dentro de su Programa de evaluación del sector financiero, ha reiterado la necesidad de una normativa en este ámbito. El FSF (Foro sobre la estabilidad financiera) ha expresado en varias ocasiones su inquietud por la transparencia del mercado de los reaseguros, cuestión sobre la cual ha creado un grupo de trabajo. La OCDE viene realizando trabajos en el campo de los reaseguros, en particular acerca del intercambio de información entre supervisores sobre las empresas del sector. Los trabajos sobre reaseguros de la AISS (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros) están estrechamente coordinados con el proyecto de procedimiento acelerado de la UE. Se ha adoptado un conjunto de principios con vistas a unos requisitos mínimos de supervisión de las reaseguradoras, así como una norma sobre supervisión de los reaseguros.

2) Planteamiento de la Directiva

Al inicio de los trabajos sobre supervisión de los reaseguros, los servicios de la Comisión establecieron tres principios rectores para un futuro régimen de la UE en este ámbito:

* El sistema debe establecer un régimen sólido y prudente, en interés de los tomadores de seguros. Unas reaseguradoras fuertes y bien supervisadas contribuyen a la solidez del mercado interior y a la estabilidad financiera internacional.

* El sistema debe basarse en la coordinación esencial de la legislación de los Estados miembros y el reconocimiento mutuo de la supervisión en el Estado miembro en el cual esté autorizada la empresa de reaseguros. Una vez autorizadas por su Estado miembro de origen, debe permitirse automáticamente a las empresas de reaseguros realizar actividades de reaseguro en toda la Comunidad Europea en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios. Los supervisores de los Estados miembros de acogida no deben llevar a cabo ningún tipo de supervisión o control adicional de la empresa de reaseguros. Este planteamiento, introducido por las Terceras Directivas sobre Seguros [4], ha demostrado su validez a lo largo de muchos años en el ámbito de los seguros directos.

[4] Directiva 92/49/CEE (DO L 228, 11.8.1992, p. 1, modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1), y Directiva 92/96/CEE (DO L 360 de 9.12.1992, p.1), modificada por la Directiva 2002/83/CE (DO L 345 de 19.12.2002, p. 1).

* La introducción de un sistema armonizado para la supervisión de los reaseguros debe llevar a la abolición de los sistemas basados en el depósito de activos a fin de cubrir las provisiones para siniestros pendientes.

Tras amplias consultas, la Comisión ha optado por presentar una propuesta de directiva de las características siguientes:

* un planteamiento de la supervisión basado en la armonización y el reconocimiento mutuo;

* planteamiento de vía rápida para una directiva basada fundamentalmente en las normas actuales en materia de supervisión directa;

* sistema de autorización obligatoria;

* requisitos sobre margen de solvencia acordes con los aplicados en seguro directo, pero con la posibilidad de incrementar el margen hasta el 50 % mediante un procedimiento de comitología en los reaseguros no de vida, cuando ello esté objetivamente justificado.

El planteamiento de la UE en materia de supervisión debe basarse en disposiciones jurídicas armonizadas que garanticen el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. La Comisión cree que la supervisión de los seguros y reaseguros es cuestión de interés público y, por tanto, debe ser objeto de regulación pública. Los sistemas de otro tipo (por ejemplo, planteamientos voluntarios basados en la información facilitada) no ofrecerían confianza suficiente en el sistema de supervisión. En planteamientos de ese tipo, basados en la información facilitada, la ausencia de sanciones concretas podría restar eficacia al sistema a la hora de abordar los posibles problemas de las empresas de reaseguros.

La Comisión cree que, para obtener resultados tangibles a corto o medio plazo, es preciso actuar con rapidez. Esa solución "por procedimiento acelerado" tendría, con los ajustes oportunos, las normas y prácticas actuales de supervisión de las empresas de seguro directo como punto de partida. Pero el proyecto a largo plazo "Solvencia II" sobre seguros directos también afectará a los reaseguros, y los trabajos a este respecto podrían en gran parte basarse en los resultados de un proyecto de legislación por procedimiento acelerado.

La Directiva propuesta obliga a las empresas de reaseguros --al igual que las de seguro directo-- a estar autorizadas para realizar actividades de reaseguro. La eficiencia de un sistema de autorización ha quedado demostrada por su uso extendido en el sector financiero. Además, los sistemas de este tipo dan un mandato claro a los supervisores, que incluye la facultad de retirar del mercado de los reaseguros a aquellas empresas que no cumplan los requisitos. Un sistema de autorización asegurará además el tratamiento coherente de todas las entidades de reaseguros en la UE, a diferencia de la solución denominada de "pasaporte" (en la cual la propia empresa decide si solicita o no un pasaporte). Por otra parte, el sistema reforzará la responsabilidad de las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen, ya que serán las únicas competentes en la Comunidad para la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros. Este sistema hará necesaria una mayor cooperación reforzada entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

Los seguros y los reaseguros son actividades conexas, y por ello también debieran ser similares los requisitos de solvencia para ambas actividades. En consecuencia, la Directiva propuesta recoge requisitos de solvencia sobre el reaseguro de vida idénticos a los de los seguros de vida. En reaseguros no de vida, el punto de partida es que deben aplicarse normas similares. Sin embargo, para los reaseguros no de vida, la Directiva propuesta recoge la posibilidad de aumentar el margen de solvencia obligatorio previa decisión por procedimiento de comitología. La Comisión estudia esta posibilidad de "incremento en función del ramo" para determinados ramos o tipos de contratos de reaseguros (hasta el 50%) como parte fundamental de la Directiva propuesta. Ofrecería un medio de refinar los requisitos de solvencia para mejor adaptarlos a la naturaleza del negocio de los reaseguros. La opción de la comitología únicamente se utilizará previo análisis detenido y amplia consulta con las partes interesadas. A fin de garantizar igualdad de condiciones entre las empresas de reaseguros y las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguros, la propuesta también prevé posteriores adaptaciones de la Directiva 73/239/CEE sobre seguros no de vida y de la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida. En consecuencia, las empresas de seguros que practiquen el reaseguro a través de aceptaciones deberán someterse a lo dispuesto en la presente Directiva en materia de margen de solvencia obligatorio cuando el volumen de sus actividades de reaseguros represente una parte importante del total de sus negocios (apartados 5 del artículo 57 y 8 del artículo 59). Estas disposiciones sólo serán aplicables una vez que la Comisión haya adoptado la decisión por la que se ajusta el margen de solvencia obligatorio de las operaciones de reaseguros no de vida.

2. Consultas con los participantes e interesados y evaluación del impacto

a) Consultas con los participantes e interesados

A lo largo de proyecto se ha consultado periódicamente a los participantes, cuya contribución a los trabajos de la Comisión ha sido muy importante. Al principio del proyecto se organizó una gran audiencia con más de 100 asistentes, todos los cuales se incluyeron posteriormente (al igual que otros interesados) en una lista de destinatarios a la que se remitieron todos los documentos elaborados dentro del proyecto o un aviso de que había nuevos documentos en el sitio Internet de la Comisión sobre reaseguros. También se publicó un estudio sobre supervisión de los reaseguros [5].

[5] http://europa.eu.int/comm/internal_market/ insurance/studies/reins-sup_en.htm

El proyecto ha sido seguido por interesados de muy diversos sectores y profesiones. Los sectores consultados fueron, entre otros, los siguientes: seguros (empresas, mutuas, cooperativas, etc.), asociaciones de seguros (del ámbito tanto nacional como de la Unión), intermediarios de seguros (corredores, etc.), asociaciones de contables, asociaciones de actuarios, la industria en general (UNICE), analistas, gestores de riesgos/cautivas, organizaciones de PYME (OEUC), empresas de consultoría, bancos, bufetes de abogados y agencias de calificación.

A la Comisión le han beneficiado sin duda las aportaciones de los participantes e interesados, máxime dadas las numerosas y muy arduas cuestiones técnicas que implicaba el proyecto. Los documentos remitidos para observaciones abordaban tanto temas de política como cuestiones de detalle.

Observaciones recibidas sobre los objetivos del proyecto de reaseguros

Los comentaristas se muestran en general sumamente favorables a los tres principales objetivos del proyecto. Algunos Estados miembros formulan comentarios en el sentido de que la coordinación fundamental de la legislación nacional y el reconocimiento mutuo impedirían a los Estados miembros de acogida introducir controles o requisitos adicionales. En particular, y como era de esperar, los Estados miembros que actualmente emplean sistemas de depósitos de activos para cubrir las provisiones técnicas para siniestros pendientes manifiestan su oposición a que se eliminen sistemas de este tipo. Sin embargo, todos los demás participantes concuerdan unánimemente con el objetivo formulado por los servicios de la Comisión. Algunos Estados miembros formulan observaciones sobre la diferencia entre las garantías en seguros de vida y no de vida.

Observaciones recibidas sobre las principales cuestiones políticas

Planteamiento para un marco de supervisión de los reaseguros

La mayor parte de las observaciones son favorables a un planteamiento basado en la supervisión de los reaseguros. Algunas empresas se manifiestan a favor de soluciones voluntarias, pero un mayor número de empresas y asociaciones creen que sólo una solución de supervisión dará una impronta de calidad adicional a los reaseguros en la UE. Ninguno de los principales participantes está a favor de mantener el statu quo.

Los Estados miembros se muestran favorables a un procedimiento acelerado, opinión claramente compartida por el Comité de Seguros. Otros participantes son sumamente favorables a una solución por procedimiento acelerado y basada en las normas actuales de supervisión de los seguros directos. Sin embargo, los especialistas técnicos (tales como actuarios y contables) señalan que el breve plazo previsto (2004) limita el número de soluciones posibles, y por ello abogan por posponer la introducción de determinados métodos hasta que concluya el proyecto Solvencia II.

Requisitos de solvencia para los reaseguros no de vida: Las respuestas de los participantes sobre el nivel de los requisitos de solvencia han sido muchas e importantes. Ha habido gran número de reuniones con los interesados y, en particular, con el sector de seguros, el sector de las empresas de reaseguros cautivas, gestores de riesgos, actuarios, consultores y contables. En general, los representantes del sector y los consultores de seguros sostienen que los reaseguros constituyen una actividad afín al seguro directo y, por tanto, deben aplicársele los mismos requisitos de solvencia. En cambio, algunos supervisores de seguros creen firmemente que los reaseguros son más volátiles y difíciles de supervisar y, en consecuencia, abogan por requisitos algo más estrictos. La Comisión, al elaborar los requisitos de solvencia recogidos en la propuesta de Directiva, ha atendido a los distintos puntos de vista. (Artículos 37 y 40).

Requisitos de solvencia para los reaseguros de vida: Este asunto también ha sido objeto de amplio debate, tanto por lo que se refiere a los requisitos en sí como a los métodos de cálculo. De hecho, los servicios de la Comisión consultaron sobre las diferentes soluciones. Dados los comentarios recibidos, la Comisión ha concluido que es preferible aplicar el mismo planteamiento que a los seguros directos (emplear las normas sobre seguro de vida directo en los reaseguros de vida y las normas sobre seguro no de vida directo en los reaseguros no de vida) (Artículos 38-40).

Observaciones sobre cuestiones jurídicas concretas.

En 2003 hubo también consultas sobre cuestiones jurídicas concretas. La actual propuesta se ha elaborado atendiendo a los comentarios de los interesados y, en particular, del sector de seguros y la profesión actuarial. Algunas de las observaciones fueron muy detalladas y de gran ayuda para los trabajos de los servicios de la Comisión.

b) Evaluación de impacto

Se ha llevado a cabo una amplia evaluación de impacto a fin de determinar si es necesaria una medida en el ámbito de la Unión y, en ese caso, cuál.

La evaluación de impacto pone de manifiesto el acuerdo general sobre la necesidad de esa medida a fin de alcanzar los objetivos expuestos en la sección 1 de la presente exposición de motivos.

En cuanto a las diversas políticas alternativas para alcanzar dichos objetivos, se estudiaron tres grandes opciones:

1. Statu quo, es decir, sin cambios con respecto a la situación actual

2. Solución basada en los mecanismos del mercado o en la publicación voluntaria de la información sobre reaseguros o, como alternativa, una recomendación sobre las prácticas de supervisión indirecta.

3. Soluciones basadas en la supervisión.

Tal como se señalaba en la sección 2, la mayoría de los Estados miembros y organizaciones del sector creen que son precisas medidas en materia de supervisión en este ámbito. La Opción 1 no ha merecido prácticamente ningún apoyo. Tampoco se consideró que la opción 2 ofreciera fiabilidad suficiente al sistema de supervisión. En planteamientos de ese tipo, basados en la información facilitada, la ausencia de sanciones concretas podría restar eficacia al sistema a la hora de abordar los posibles problemas de las empresas de reaseguros.

Por lo que se refiere a la opción 3 (planteamiento de supervisión), se estudiaron dos alternativas:

1. Un sistema voluntario de pasaporte para las empresas que deseen incorporarse al sistema;

2. Un sistema de autorización obligatoria

Tras amplias consultas con los Estados miembros, el sector de seguros y otros interesados, la Comisión ha decidido proponer un sistema basado en la autorización. Un sistema basado en la autorización sería el más acorde con el planteamiento que la Unión aplica para crear un mercado interior en el sector financiero en general y en el de los seguros en particular (autorización única y control de cuestiones prudenciales por el país de origen). Se trata de un sistema cuya eficacia se viene demostrando desde su creación, en virtud de las Terceras Directivas de Seguros de 1994. Es un sistema que garantiza la solidez financiera de las empresas de reaseguros y, con ello, la estabilidad de los mercados de seguros, ya que se aplica a cualquier empresa de reaseguros comunitaria, y no sólo a aquéllas que poseen una perspectiva europea. Un sistema basado en la autorización permitiría, además, mayor coordinación entre el tratamiento por los Estados miembros de todos los reaseguradores, y se adapta mejor al objetivo de establecer un verdadero mercado interior de los reaseguros. Por último, la introducción de un régimen de supervisión basado en la supervisión de todas las empresas de reaseguros por las autoridades públicas competentes también es acorde con la orientación del proyecto sobre supervisión de los reaseguros que actualmente lleva a cabo la AISS, de la cual son miembros todos los Estados miembros y la Comisión Europea.

También se ha efectuado una amplia evaluación del impacto relacionado con los requisitos cuantitativos de solvencia para las empresas de reaseguros. Se han estudiado dos posibles planteamientos básicos:

1. alternativas en las cuales los requisitos de solvencia para las empresas de reaseguros serían similares a los aplicados al seguro directo

2. alternativas en las cuales los requisitos de solvencia para las empresas de reaseguros serían más rigurosos que los aplicados al seguro directo.

La Comisión ha optado por crear un régimen basado en los requisitos de solvencia contemplados en las actuales Directivas sobre seguros. No obstante, dadas las características particulares de algunos tipos de contratos de reaseguro o de ramos específicos de los reaseguros no de vida, la propuesta prevé la posibilidad de aumentar el margen de solvencia obligatorio al 50% en ramos diferentes de la responsabilidad civil. Este aumento será efectuado por la Comisión en ejercicio de sus poderes ejecutivos y previa consulta al Comité de Seguros.

3. Fundamento jurídico de la propuesta

La presente propuesta se basa en el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 55 del Tratado, que constituyen el fundamento jurídico para la adopción de medidas comunitarias con vistas a a la realización del mercado interior en el sector de servicios. El instrumento elegido es la Directiva, por resultar el más adecuado para alcanzar los objetivos que se persiguen. Por otra parte, la acción legislativa de la Unión Europea a fin de realizar el mercado interior en el sector de seguros se lleva a cabo mediante Directivas basadas en las citadas disposiciones del Tratado. Por último, las disposiciones de esta Directiva no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos propuestos.

4. Comentarios sobre los artículos

La presente propuesta establece un régimen prudencial para los reaseguros que resulta compatible con el marco jurídico aplicable a los seguros. Se basa en el planteamiento que siguen las Directivas vigentes sobre seguros. Algunas disposiciones de las Directivas 73/239/CEE, 92/49/CEE y 2002/83/CE, reproducidas en la propuesta, son largas; en particular, las relativas a las condiciones para la autorización de una empresa de reaseguros, las participaciones cualificadas, el secreto profesional y el margen de solvencia. Esto a menudo da lugar a disposiciones complejas, cuya presentación puede no ser coherente con las directrices vigentes para la elaboración de legislación comunitaria. A efectos de interpretación, no es necesario que un solo artículo contemple todos los aspectos de las normas establecidas en una disposición jurídica. Por ello, las disposiciones de la presente propuesta se dividen en artículos que, en su caso, se agrupan a su vez en títulos, capítulos y secciones para mayor claridad y mejor comprensión.

Artículo 1: Objeto de la Directiva - Ámbito de aplicación

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco jurídico para la supervisión prudencial de las actividades de reaseguros en la Comunidad. Como ya se ha señalado, no existe legislación comunitaria en la materia. En consecuencia, las empresas de reaseguros que únicamente ejercen actividades en ese sector (reaseguradoras profesionales) no se encuentran sometidas a ninguna disposición comunitaria particular.

La Directiva colmará pues una laguna en el régimen comunitario de supervisión de los seguros. Se aplicará a los reaseguros un régimen prudencial basado en los mismos principios aplicables a los seguros directos, a saber, los principios de autorización única y supervisión prudencial de la empresa de reaseguros por las autoridades competentes de su Estado miembro de origen.

La Directiva se aplica a las empresas de reaseguros con domicilio social en la Comunidad y que únicamente realizan actividades de reaseguros (reaseguradoras profesionales). No se aplica a las empresas de seguros ya reguladas por las directivas sobre seguros de vida y no de vida [6], ya que sus actividades de reaseguros por medio de aceptaciones ya se contempla en esas Directivas. Además, las empresas de seguros y los organismos excluidos del ámbito de aplicación de las citadas Directivas también lo están del ámbito de aplicación de la presente. No obstante, las disposiciones de la presente Directiva en materia de cálculo del margen de solvencia obligatorio (artículos 20 a 23) pueden ser aplicables a las compañías de seguros reguladas por las directivas sobre seguro de vida y no de vida con respecto a sus aceptaciones de reaseguro (véanse los artículos 57(5), y 59(8)).

[6] Directiva 73/239/CEE (DO L 228 de 16.8.1973, p. 3), Directiva 92/49/CEE (DO L 228 de 11.8.1992, p. 1) y Directiva 2002/83/CE (DO L 345 de 19.12.2002, p. 1).

En atención a una situación sumamente particular que puede plantearse en un Estado miembro, a saber, cuando no sea posible obtener cobertura de reaseguro en el mercado comercial, la propuesta no se aplica en caso de cobertura de reaseguro por parte de un Estado miembro, cuando éste actúe como reaseguradora de último recurso por motivos de interés público. Sin embargo, esta disposición no exime al Estado miembro de cumplir las normas comunitarias sobre competencia y ayudas estatales. Valga como ejemplo la situación planteada en los seguros del transporte aéreo a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el mercado de reaseguros no pudo proporcionar cobertura de algunos riesgos; los Estados miembros hubieron de ofrecer dicha cobertura. Antes de autorizarse, los mecanismos creados se examinaron conforme a la legislación comunitaria y, en particular, a las normas en materia de ayudas estatales.

Artículo 2: Definiciones

En el artículo 2 se recogen definiciones de los conceptos esenciales empleados en la propuesta a fin de clarificar su significado y contribuir así a su mejor comprensión. En su mayoría, ya se han utilizado en otros actos legislativos comunitarios aplicables a los seguros, tales como la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE sobre seguros no de vida y la Directiva 98/78/CE relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros.

Se ofrece una definición de "empresa de reaseguro cautiva" que se refiere a aquellas empresas de reaseguros que son propiedad de una o varias empresas industriales o comerciales o de una empresa financiera distinta de una empresa o un grupo de seguros o reaseguros. Este tipo de empresas ofrece cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o grupo de empresas a los cuales pertenece o a una empresa o grupo de empresas de los que forman parte. Esta definición es necesaria, pues la propuesta establece un régimen especial aplicable a estas empresas en relación con el fondo mínimo de garantía exigido en el artículo 40 para el ejercicio de la actividad de reaseguros.

Artículos 3-14: Disposiciones sobre acceso a la actividad del reaseguro

La presente propuesta sigue el enfoque de las directivas vigentes en el sector de seguros por lo que respecta al acceso a la actividad del reaseguro en la Comunidad. La propuesta sienta los principios de la autorización única y control por el Estado miembro de origen de la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros. Ello es posible gracias a la coordinación de los aspectos esenciales de la supervisión, lo que permite el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y regímenes prudenciales entre los Estados miembros.

En consecuencia, toda empresa de reaseguro deberá obtener una autorización administrativa previa de las autoridades competentes de su Estado miembro de origen. La propuesta establece las condiciones mínimas que deben cumplirse para obtener la autorización oficial. La empresa de reaseguros debe tener una forma jurídica específica, presentar un programa de actividades que ofrezca información esencial sobre su plan de empresa y poseer el fondo mínimo de garantía contemplado en el artículo 40. La Directiva exige también que la empresa de reaseguros esté dirigida efectivamente por personas que reúnan las calificaciones técnicas o la experiencia adecuadas. La empresa de reaseguros debe limitar sus actividades a los reaseguros y operaciones conexas. Esta exigencia puede no obstante autorizar a una empresa de reaseguros a ejercer actividades tales como la asesoría estadística o actuarial, el análisis de riesgos o la investigación por cuenta de sus clientes. También pueden autorizarse el funcionamiento de una sociedad de cartera, así como actividades relacionadas con el sector financiero a efectos del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE. Estas últimas actividades, en todo caso, estarán sometidas a lo dispuesto en materia de supervisión adicional de los grupos de seguro o reaseguro y los conglomerados financieros en las Directivas 98/78/CE y 2002/87/CE (artículos 5-11).

Además, antes de conceder la autorización, las autoridades competentes deberán ser informadas de la identidad de los accionistas o socios que posean una participación cualificada en la empresa de reaseguros. Esta disposición pretende permitir a las autoridades competentes evaluar la idoneidad de los accionistas con vistas a una gestión adecuada y prudente de la empresa de reaseguros. En caso de no estar convencidas de tal idoneidad, las autoridades no concederán la autorización. De la misma manera, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de reaseguros y otras personas físicas o jurídicas, la autorización se rechazará si dichos vínculos no permiten a las autoridades competentes ejercer adecuadamente sus funciones de supervisión. Estos requisitos tienen un objetivo prudencial, a saber, garantizar una gestión adecuada y una supervisión eficaz de la empresa de reaseguros. Otros objetivos, basados en consideraciones de política industrial o económica del país o en necesidades del mercado, no se contemplan en estas disposiciones y deben prohibirse a la hora de examinar la solicitud de autorización, pues serían contrarios a los principios del Tratado (artículos 7, 9, 10 y 12).

La solicitud de autorización deberá estudiarse en el plazo de seis meses tras su presentación por la empresa de reaseguros. Toda denegación o retirada de la autorización deberá justificarse, y se darán los motivos exactos de la misma. La empresa de reaseguros debe tener derecho a recurrir la decisión ante los tribunales (artículo 13).

La autorización concedida será válida en toda la Comunidad. La autorización permite a la empresa de reaseguros ejercer sus actividades en toda la Comunidad, ya sea en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, sin más trámite (artículo 4).

Artículos 15-31: Condiciones que regulan la actividad de reaseguros; Principios y métodos de supervisión prudencial

Un régimen de supervisión prudencial basado en una autorización única, concedida por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de cada empresa de reaseguros y válida en toda la Comunidad, lleva a delegar los poderes de supervisión en dichas autoridades a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las condiciones que regulan la actividad de las empresas de reaseguros, ya se ejerza en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios.

El artículo 15 de la propuesta establece la competencia exclusiva de las autoridades competentes del Estado miembro de origen con respecto a la supervisión financiera de toda empresa de reaseguros, incluidas las actividades que desempeñe en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios.

Dada la competencia exclusiva del Estado miembro de origen respecto de la supervisión de todos los aspectos financieros de las empresas de reaseguros, las autoridades competentes de una empresa de reaseguros no podrán rechazar un contrato de retrocesión celebrado por esta empresa con una empresa de reaseguros comunitaria regulada por la presente Directiva [7] por motivos directamente relacionados con la solvencia financiera de la empresa de reaseguros (o de seguros). Esta supervisión indirecta de las empresas interferiría con los poderes de supervisión de las autoridades competentes sobre estas empresas y atentaría al principio fundamental del reconocimiento mutuo, base del marco jurídico establecido por la presente propuesta.

[7] O de una empresa de seguros comunitaria autorizada en virtud de las Directivas de seguro de vida o no de vida (Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE).

Toda empresa de reaseguros debe poseer procedimientos administrativos y contables, así como mecanismos adecuados de control interno. Ello es necesario a fin de garantizas un ejercicio ordenado y financieramente estable de las actividades. El Estado miembro de origen establecerá las condiciones que garanticen el cumplimiento de este requisito.

El artículo 16 establece el derecho de las autoridades competentes del Estado miembro de origen a efectuar comprobaciones in situ en las sucursales de la empresa de reaseguros en otros Estados miembros. El artículo establece el procedimiento que debe seguirse a la hora de efectuar las comprobaciones. Esta disposición es similar a la prevista en las Directivas sobre seguros de vida y no de vida [8].

[8] Directiva 73/239/CEE, artículo 16, modificado por la Directiva 92/49/CEE, artículo 11, y Directiva 2002/83/CE, artículo 11.

Para garantizar la eficacia de la supervisión que ejercen sobre las empresas de reaseguros, las autoridades competentes deben disponer de poderes adecuados para efectuar investigaciones detalladas, exigir la presentación de documentos o tomar medidas tales como sanciones contra la empresa de reaseguros o sus directivos (artículo 17).

Los artículo 19 al 23 recogen disposiciones específicas sobre la supervisión de las participaciones cualificadas en una empresa de reaseguros. Su objetivo es garantizar que las autoridades competentes estén al corriente de la estructura de propiedad de la empresa de reaseguros. Esta disposición no es sino corolario de la supervisión de los accionistas cualificados en el momento de estudiar la solicitud de autorización establecida en el artículo 12. Se trata de un régimen que ya se aplica a los seguros [9] y otros servicios financieros.

[9] Directiva 92/49/CE, artículo 15, y Directiva 2002/83/CE, artículo 15.

Los artículos 24 al 30 contemplan la confidencialidad de la información en poder de las autoridades competentes. Todas las personas que trabajan o hayan trabajado para las autoridades competentes, incluidos los auditores y los expertos que actúen en nombre de las autoridades competentes, estarán vinculadas por la obligación de secreto profesional. La naturaleza confidencial de esta información no impide a las autoridades competentes intercambiar información sobre la supervisión de las empresas de reaseguros, dado que tal intercambio pretende garantizar una supervisión satisfactoria. En todo caso, la información intercambiada quedará también sujeta a la obligación de confidencialidad, y sólo podrá revelarse con el consentimiento expreso de las autoridades competentes que la hayan remitido.

Los artículos 28 al 30 establecen asimismo las condiciones y circunstancias en las cuales esta información puede comunicarse a autoridades y organismos distintos de las autoridades de supervisión de los reaseguros. El régimen establecido es el aplicable a las empresas de seguros [10].

[10] Directiva 92/49/CEE, artículo 16, y Directiva 2002/83/CE, artículo 16.

El artículo 31 establece el deber de los auditores de informar sin demora a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de cualquier hecho o decisión relativos a una compañía de seguros que afecten a las condiciones de ejercicio de la actividad de reaseguros y que descubran en ejercicio de sus tareas en la empresa de reaseguros o en cualquier otra empresa que tenga vínculos estrechos con la empresa de reaseguros. La Directiva sigue el régimen ya aplicado a las compañías de seguros [11].

[11] Directiva 92/49/CEE, artículo 16 bis, introducido por la Directiva 95/26/CE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7), y Directiva 2002/83/CE, artículo 17.

Artículos 32-34: Normas relativas a las provisiones técnicas

Las provisiones técnicas constituyen un elemento fundamental de la técnica de seguros. Su propósito es permitir a las compañías de seguros o reaseguros cumplir sus compromisos con arreglo a los contratos de seguros o reaseguros. Por tal motivo, es principio fundamental de todo régimen prudencial la obligación de toda empresa de seguros (o reaseguros) de constituir provisiones técnicas adecuadas. En un sistema de autorización única concedida por el Estado miembro de origen, corresponde a sus autoridades competentes exigir a las compañías de seguros o reaseguros que constituyan provisiones técnicas suficientes en relación con todas sus actividades, incluidas las ejercidas en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios en la Comunidad. Por otra parte, el Estado miembro de origen deberá comprobar el cumplimiento de este requisito y tener a su disposición medios adecuados para garantizarlo.

El artículo 32 establece el principio del control por el país de origen de la definición y el cálculo de las provisiones técnicas de las empresas de reaseguros. El importe de las provisiones técnicas se determinará de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros [12]. La propuesta establece asimismo que, con respecto a las actividades de reaseguro de vida, el Estado miembro de origen podrá establecer normas más específicas para el cálculo de las provisiones técnicas, de conformidad con los principios enunciados en el artículo 20 de la Directiva 2002/83/CE sobre seguro de vida. Esta disposición contiene los principios actuariales que deben aplicarse con vistas a determinar las provisiones técnicas para las actividades de seguro de vida.

[12] DO L 374 de 31.12.1991, p. 7.

El Estado miembro de origen exigirá asimismo a sus empresas de reaseguros que establezcan una reserva de estabilización en relación con sus operaciones de reaseguro de crédito (artículo 33). El importe de dicha reserva se calculará conforme a las normas previstas en la Directiva 73/239/CEE, y, en particular, en su Anexo, en el que figuran cuatro métodos considerados equivalentes. El Estado miembro de origen puede eximir de la obligación de constituir una reserva de estabilización a las empresas de reaseguros en cuyas actividades no represente una parte importante el reaseguro de crédito.

El Estado miembro de origen puede también exigir a sus empresas de reaseguros que constituyan reservas de estabilización en ramos de riesgo diferentes del reaseguro de crédito, conforme a las normas que dicho Estado miembro haya adoptado. Esto es acorde con la legislación vigente en materia de seguros y, en particular, con la Directiva 73/239/CEE y la Directiva 91/674/CEE sobre las cuentas anuales de las empresas de seguros.

La introducción de un régimen prudencial para las empresas de reaseguros, que actualmente no están sujetas a ningún marco legislativo comunitario, tiene por corolario la supresión de la obligación de pignorar activos que representen las provisiones para primas no consumidas y siniestros pendientes cuando la empresa de reaseguros sea reasegurada por otra empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o por una compañía de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 73/239/CEE (seguros no de vida) o 2002/83/CE (seguros de vida). No obstante, los Estados miembros siguen siendo competentes para imponer la pignoración de activos a sus empresas de reaseguros cuando sean reaseguradas por empresas de reaseguros no comunitarias, ya que éstas no están sujetas al régimen prudencial basado en la autorización única y el reconocimiento mutuo que establece la presente Directiva.

El artículo 34 propone un planteamiento cualitativo de las normas sobre inversión. La especificidad de los reaseguros hace preferible este planteamiento al método más cuantitativo aplicado en seguro directo. El artículo 19 establece que los activos deben atender al tipo de negocio realizado por la empresa de reaseguros, así como al importe y la duración de los pagos de siniestros previstos, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, calidad, rentabilidad y congruencia de sus inversiones. En reaseguros no de vida, el requisito de congruencia debe considerarse a la luz de las prácticas del sector y de la complejidad que trae consigo determinar la duración de los flujos de tesorería de responsabilidad civil. Además, las inversiones deben diversificarse y dispersarse adecuadamente a fin de permitir una respuesta ante la evolución de las circunstancias económicas.

Artículos 35-31: Margen de solvencia de las empresas de reaseguros

El margen de solvencia constituye un criterio importante de la supervisión prudencial. La presente propuesta establece requisitos de margen de solvencia para las empresas de reaseguros basados en las normas aplicables a las empresas de seguros. Como ya se ha señalado, los seguros y los reaseguros son actividades afines y, por consiguiente, los requisitos de solvencia aplicables deben también ser similares.

En reaseguros no de vida, la propuesta aplica los requisitos que figuran en la Directiva 73/239/CEE sobre seguros no de vida (artículo 37). Sin embargo, dada la índole particular de algunos tipos de contratos o ramas específicas de los reaseguros, la propuesta recoge la posibilidad de aumentar el margen de solvencia obligatorio. La Directiva sobre seguros no de vida ya contemplaba un aumento del 50% en los seguros de responsabilidad civil, que presentan un perfil de riesgo particularmente volátil. La propuesta establece un aumento del margen de solvencia de hasta el 50% en tipos específicos o ramas distintas de la responsabilidad civil. El ajuste del margen de solvencia será efectuado por la Comisión, previa consulta al Comité de Seguros, en ejercicio de las competencias de ejecución que le atribuye el Tratado. Estas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/648/CE (artículo 55). Este aumento del margen de solvencia únicamente se producirá previo análisis detallado y amplia consulta a las partes interesadas.

A fin de garantizar igualdad de condiciones entre las empresas de reaseguros y las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguros, la propuesta prevé posteriores adaptaciones de la Directiva 73/239/CEE sobre seguros no de vida y de la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida. En consecuencia, las empresas de seguros que practiquen el reaseguro a través de aceptaciones deberán someterse a lo dispuesto en la presente Directiva en materia de margen de solvencia obligatorio cuando el volumen de sus actividades de reaseguros represente una parte importante del total de sus negocios (apartados 5 del artículo 57 y 8 del artículo 59). Estas disposiciones serán aplicables una vez que la Comisión haya adoptado la decisión por la que se ajusta el margen de solvencia obligatorio de las operaciones de reaseguros no de vida (artículo 43).

En reaseguro de vida, el margen de solvencia obligatorio se calculará con arreglo a las normas contempladas en la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida (artículo 38).

Cuando una empresa de reaseguros practique a la vez el reaseguro de vida y no de vida, el margen de solvencia será igual al total de de los márgenes de solvencia obligatorios respectivamente aplicables a las actividades de reaseguro de vida y no de vida (artículo 39)

El margen de solvencia disponible estará representado por los activos enumerados en el artículo 36. Los activos autorizados son aquéllos que ya pueden representar el margen de solvencia en virtud de las Directivas sobre seguros de vida y no de vida.

El artículo 40 contempla el fondo mínimo de garantía necesario para llevar a cabo actividades de reaseguro. El fondo de garantía corresponde al capital mínimo obligatorio del que debe disponer permanentemente una empresa de reaseguros para ejercer sus actividades con la solvencia financiera adecuada. La propuesta fija en 3 millones de euros el importe mínimo del fondo de garantía. No obstante, en el caso de las empresas de reaseguro cautivas, el Estado miembro de origen podrá reducir el fondo de garantía a un millón de euros. Esta disposición pretende atender a las características específicas de las empresas de reaseguro cautivas y, en particular, a que se trata en general de pequeñas o medianas empresas cuyas actividades se reducen a cubrir los riesgos de las empresas a las que pertenecen.

Artículos 42-44: Empresas de reaseguros en dificultades - Retirada de la autorización

Las autoridades competentes de una empresa de reaseguros deben poseer las facultades adecuadas que les permitan adoptar medidas contra una empresa de reaseguros cuando su situación financiera se deteriore, por ejemplo, cuando no constituya provisiones técnicas adecuadas o su margen de solvencia no alcance el nivel obligatorio. En ese caso, las autoridades competentes deben tener la facultad de exigir un plan de financiación, un plan de saneamiento o un plan de recuperación financiera, o de prohibir la libre disposición de los activos de la empresa de reaseguros.

Del mismo modo, es fundamental establecer que la autorización concedida a una empresa de reaseguro podrá serle retirada en determinadas circunstancias (por ejemplo, incumplimiento de las condiciones de autorización, infracción grave a las condiciones y reglamentaciones para el ejercicio de la actividad, etc.).

Las normas establecidas en la presente Directiva son idénticas a las ya aplicadas a las empresas de seguros.

Artículos 45-46: Actividades de reaseguro ejercidas en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios

Toda empresa de reaseguros debidamente autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de origen tiene derecho a ejercer su actividad en toda la Comunidad, ya sea en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios (apartado 1 del artículo 4).

El artículo 45 recoge una serie de disposiciones para el caso de que una empresa de reaseguros que opera en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios no cumpla las disposiciones legales aplicables en el Estado miembro de acogida. El régimen propuesto, en parte inspirado en el previsto en las directivas sobre seguros, se basa en la cooperación entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen y el Estado miembro de acogida.

El artículo 46 establece el principio de igualdad de trato de todos los acreedores reasegurados en caso de liquidación de una empresa de reaseguros, sin distinción debido a la forma en que se suscribieran los contratos de reaseguro (régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios). Sin embargo, esta disposición no introduce una coordinación de las normas nacionales en materia de liquidación. Esta coordinación, en el caso de las compañías de seguros, fue introducida por la Directiva 2001/17/CE (sobre liquidación de las empresas de seguros) [13]. También podría ser necesario adaptar esta Directiva, previo estudio detallado, a fin de hacerla aplicable a las empresas de reaseguros.

[13] DO L 110 de 20.04.2001, p. 28.

Artículos 47-50: Empresas de reaseguros de terceros países

Las empresas de reaseguros con domicilio social en un tercer país y que ejerzan actividades de reaseguros en un Estado miembro no recibirán tratamiento más favorable que el dado a las empresas de reaseguros con domicilio social en este Estado miembro (artículo 47).

El artículo 48 prevé la posibilidad de celebrar acuerdos con terceros países relativos a la supervisión de las empresas de reaseguros. Dichos acuerdos internacionales tendrían por objetivo, en particular, intercambiar información sobre las empresas de reaseguros entre las autoridades competentes de la Unión Europea y los terceros países interesados, así como el reconocimiento mutuo de las respectivas normas y prácticas de supervisión de los reaseguros. Esta disposición sería de considerable importancia con vistas a suprimir los obstáculos reglamentarios al reaseguro que impiden la entrada de empresas comunitarias de reaseguros en terceros países.

Artículos 51-54: Derechos adquiridos por las empresas de reaseguros existentes - empresas de reaseguros en cese de actividad

Toda empresa de reaseguros autorizada o facultada para ejercer su actividades de reaseguros conforme a las disposiciones de su Estado miembro de origen antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva podrá seguir ejerciéndolas sin solicitar autorización. La empresa estará sin embargo sujeta a lo dispuesto en la Directiva, y, en particular, a los requisitos sobre solvencia financiera de las empresas de reaseguros (provisiones técnicas, margen de solvencia, fondo de garantía), capacidad profesional y honorabilidad de sus directivos o idoneidad de los accionistas cualificados. La Directiva autoriza a los Estados miembros a conceder un período transitorio de dos años a fin de evitar que las empresas de reaseguros existentes se expongan a dificultades financieras debido al esfuerzo necesario para cumplir estos requisitos (artículo 51).

Por otra parte, la Directiva no se aplica a las empresas de reaseguros que, en la fecha de su entrada en vigor, hayan dejado de suscribir nuevos contratos de reaseguro y administren exclusivamente su cartera a fin de poner término a sus actividades. Sin embargo, y toda vez que estas empresas no estarán sujetas al régimen de autorización única establecido en la Directiva, por motivos de transparencia y seguridad jurídica es esencial que cada Estado miembro elabore la lista de empresas de reaseguros interesadas y se la remita a todos los demás Estados miembros (artículo 52).

Por último, el artículo 53 contempla el derecho de toda empresa de reaseguros a interponer recurso judicial contra cualquier decisión adoptada respecto de la misma por las autoridades competentes en aplicación de la normativa nacional adoptada para dar cumplimiento a la presente Directiva.

Artículos 55-56: Competencias de ejecución de la Comisión para introducir adaptaciones técnicas a la Directiva.

La propuesta prevé la posibilidad de introducir adaptaciones técnicas a determinadas normas de la Directiva. La Directiva otorga a la Comisión competencias de ejecución de las disposiciones expresamente contempladas en el artículo 56. En ejercicio de dichas competencias de ejecución, la Comisión será asistida por el Comité de Seguros creado en virtud de la Directiva 91/675/CEE. Las medidas que adopte la Comisión estarán sujetas al procedimiento establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

Las competencias de ejecución se ejercerán, en particular, a fin de aumentar el margen de solvencia obligatorio en el caso de determinados tipos de contratos o actividades en ramos distintos de la responsabilidad civil (artículo 37, apartados 3 y 4).

Artículos 57-60: Modificaciones técnicas a las Directivas sobre seguro de vida, no de vida y grupos de seguros

La introducción de un marco reglamentario comunitario de los reaseguros tiene consecuencias para las directivas vigentes en materia de seguros (de vida, no de vida y grupos de seguros) [14]. Dado que, una vez adoptada, la presente propuesta completará el marco legislativo aplicable al sector de los seguros, es preciso atender a dicho marco a fin de garantizar la coherencia del marco reglamentario. En consecuencia, deben adaptarse las directivas sobre seguros vigentes. Es el caso, por ejemplo, de la supervisión indirecta de una empresa de reaseguros por parte de las autoridades competentes de la empresa de seguros que haya concluido un contrato de reaseguro con el reasegurador comunitario sujeto a la presente Directiva [15]. La autoridad competente de la empresa de seguros no podrá rechazar este tipo de contratos por motivos directamente relacionados con la solvencia financiera de la reaseguradora.

[14] Seguros no de vida: Directivas 73/239/CEE, 88/357/CEE y 92/49/CEE; Seguros de vida: Directiva 2002/83/CEE; Grupos de seguros: Directiva 98/78/CEE (DO L 330 de 5.12.1998, p. 1).

[15] O de una empresa de seguros comunitaria autorizada en virtud de las Directivas de seguro de vida o no de vida (Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE).

La propuesta también contempla la eliminación de la obligación de pignorar activos para cubrir las provisiones para primas no consumidas y siniestros pendientes de una compañía de seguros cuando sea reasegurada, bien por una empresa de reaseguros autorizada con arreglo a la presente Directiva, bien por una empresa de seguros autorizada con arreglo a la Directiva 73/239/CEE (seguros no de vida) o a la Directiva 2002/83/CE (seguros de vida).

Estas adaptaciones también obedecen a la voluntad de someter a las empresas de seguro directo que acepten reaseguros a los requisitos de solvencia establecidos para las empresas de reaseguros y garantizar la igualdad de condiciones entre las distintas empresas que aceptan reaseguros.

La Directiva 98/78/CE sobre los grupos de seguros también se adapta, dado que en adelante las empresas comunitarias de reaseguros estarán sujetas a supervisión [16]. Posteriormente, también será necesario adaptar la Directiva 2002/87/CE sobre los conglomerados financieros [17].

[16] DO L 330 de 05.12.1998, p. 1.

[17] DO L 35 de 11.02.2003, p. 1.

Por otra parte, tal vez sea también necesario adaptar la Directiva 2001/71/CE de modo que sea aplicable a las empresas de reaseguros, ya que no están sujetas actualmente a la Directiva sobre procedimientos de liquidación en el sector de seguros. A este respecto se requieren ulteriores trabajos a fin de determinar qué cuestiones deben abordarse a fin de introducir las adaptaciones oportunas.

2004/0097 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los reaseguros y por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE y 92/49/CEE y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión [18],

[18] DO C , , p. .

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [19],

[19] DO C , , p. .

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [20],

[20] DO C , , p. .

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [21],

[21] DO C , , p. .

Considerando lo que sigue:

(1) La Directiva del Consejo 73/239/CEE de 24 de julio de 1973 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio [22], la Directiva 92/49/CEE de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE [23] y la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida [24] han establecido las disposiciones que regulan el acceso y ejercicio del seguro directo en la Comunidad;

[22] DO L 228 de 16.8.1973, p. 3.

[23] DO L 228 de 11.08.1992, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.02.2003, p. 1).

[24] DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.

(2) Las citadas Directivas crean el marco jurídico en el cual las empresas de seguros ejercen la actividad de los seguros en el mercado interior, en su doble vertiente de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en los Estados miembros, al objeto de facilitar a las empresas de seguros con domicilio social en la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de la Comunidad, facilitando con ello a los tomadores la posibilidad de recurrir no sólo a empresas establecidas en su país, sino también a empresas con domicilio social en la Comunidad y establecidas en otros Estados miembros;

(3) El régimen establecido en virtud de las citadas Directivas se aplica a las empresas de seguros respecto de todas sus actividades, tanto las de seguro directo como las de reaseguro a través de aceptaciones; sin embargo, las actividades de reaseguros ejercidas por empresas especializadas en reaseguros no se rige ni por este régimen ni por ningún otro régimen establecido en el Derecho comunitario;

(4) Los reaseguros constituyen una actividad financiera de gran importancia, ya que, al facilitar una distribución más amplia de riesgos en el ámbito mundial, permiten que las empresas de seguro directo tengan una mayor capacidad de suscripción y una mayor cobertura de seguros, además de reducir sus costes de capital; por otra parte, por tratarse de grandes intermediarios financieros e inversores institucionales, desempeñan un papel fundamental para la estabilidad financiera y constituyen un factor esencial para la fortaleza, la solvencia financiera y la estabilidad de los mercados del seguro directo y del sistema financiero en general;

(5) La Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios [25], eliminó las restricciones a los derechos de establecimiento y libre prestación de servicios por motivos de nacionalidad o residencia del proveedor de reaseguro. Sin embargo, no eliminó las restricciones debidas a divergencias entre disposiciones nacionales en materia de regulación prudencial de los reaseguros. Esta situación ha dado lugar a divergencias significativas en los niveles de supervisión de las empresas de reaseguros de la Comunidad, lo que crea obstáculos al ejercicio de las actividades de reaseguro, tales como la obligación de que la empresa de reaseguros pignore activos para cubrir su parte en las provisiones técnicas de la empresa de seguro directo, así como el cumplimiento por las empresas de reaseguros de las diferentes normativas en materia de supervisión de los diferentes Estados miembros en los cuales ejercen sus actividades o la supervisión indirecta de los distintos aspectos de sus actividades por parte de las autoridades competentes de las empresas de seguro directo.

[25] DO L 56 de 4.4.1964, p. 878.

(6) En el Plan de Acción en materia de Servicios Financieros se considera el de los reaseguros como un sector en el que es precisa actuación comunitaria a fin de completar el mercado interior de servicios financieros. Por otra parte, foros financieros de primer orden, tales como el Fondo Monetario Internacional y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS), han señalado la falta de normas armonizadas de supervisión de los reaseguros a nivel comunitario como una carencia importante del marco reglamentario de los servicios financieros que debe subsanarse.

(7) La presente Directiva pretende establecer un marco reglamentario prudencial para las actividades de reaseguro en la Comunidad. Forma parte de la legislación comunitaria en el ámbito de los seguros cuyo objetivo es establecer el Mercado interior en este sector.

(8) La presente Directiva es compatible con los principales trabajos realizados en el plano internacional sobre la normativa prudencial de los reaseguros, en particular por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS).

(9) La presente Directiva sigue el planteamiento de la legislación comunitaria adoptada en el sector del seguro directo, consistente en llevar a cabo la armonización básica, necesaria y suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión prudencial, haciendo así posible la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de control por el Estado miembro de origen;

(10) Por consiguiente, el acceso a la actividad de seguros y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una autorización administrativa única, concedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de reaseguros tenga su domicilio social. Dicha autorización permitirá a la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad, en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. El Estado miembro en que se ubique la sucursal o en el que tenga lugar la prestación de servicios no podrá exigir una nueva autorización a las empresas de reaseguros que deseen ejercer en él la actividad de reaseguros y ya estén autorizadas en el Estado miembro de origen. Por otra parte, una empresa de reaseguros que ya haya sido autorizada en su Estado miembro de origen no debe ser sometida en relación con su solvencia financiera a supervisión o control adicional por las autoridades competentes de una empresa de seguros reasegurada por dicha empresa de reaseguros. Asimismo, no debe permitirse a los Estados miembros que exijan a una empresa de reaseguros autorizada en la Comunidad que preste activos en garantía de su parte en las provisiones técnicas del cedente. Deben definirse las condiciones para la concesión o retirada de la autorización. Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a empresas de reaseguros que no cumplan las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(11) La presente Directiva debe aplicarse a las empresas de reaseguros que realicen exclusivamente actividades de reaseguro, y no actividades de seguro directo; debe aplicarse asimismo a las denominadas "empresas cautivas" de reaseguro, creadas por empresas industriales, comerciales o financieras distintas de las contempladas en la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros [26] o propiedad de dichas empresas industriales y que tienen por objetivo proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen;

[26] DO L 330 de 05.12.1998, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE (DO L 35 de 11.02.2003, p. 1).

(12) No obstante, la presente Directiva no debe aplicarse a las empresas de seguros ya contempladas en las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE; sin embargo, y a fin de garantizar la solvencia financiera de las empresas de seguros que también ejercen actividades de reaseguro y velar por que los requisitos de capital atiendan a las características específicas de estas actividades, las disposiciones en materia de margen de solvencia de las empresas de reaseguros que se recogen en la presente Directiva deben también aplicarse a las actividades de reaseguro de dichas empresas de seguros cuando su volumen represente una parte significativa del conjunto de sus actividades;

(13) Conviene que la presente Directiva precise las facultades y los medios de control de las autoridades competentes. Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizar la vigilancia de la solidez financiera de la empresa de reaseguros, y, en particular, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas suficientes, así como de la representación de éstas por activos congruentes.

(14) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben disponer de los medios de control necesarios para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de la empresa de reaseguros en el conjunto de la Comunidad, ya se efectúen en régimen de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios; en particular, dichas autoridades deben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas o imponer sanciones a fin de evitar que se produzcan irregularidades, así como posibles infracciones contra las disposiciones en materia de control de la actividad de reaseguros;

(15) Deben contemplarse los intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada. Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen los intercambios de información anteriormente mencionados; por otra parte, cuando se establece que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. A este respecto, y a fin de garantizar la adecuada supervisión de las empresas de reaseguros por parte de las autoridades competentes, la presente Directiva debe establecer normas que permitan a los Estados miembros concertar acuerdos de cooperación que prevean intercambios de información con terceros países, siempre y cuando la información comunicada goce de adecuadas garantías de secreto profesional.

(16) A fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros, debe establecerse que todo auditor deberá informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una empresa de reaseguros. Dado el objetivo que se pretende, conviene que los Estados miembros dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor, en el ejercicio de su función, observe tales hechos en una empresa que tenga vínculos estrechos con una empresa de reaseguros. La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinada información relativa a una empresa de reaseguros verificada en el ejercicio de su función en una empresa no reaseguradora no modifica en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella.

(17) Debe establecerse el modo en que debe aplicarse la presente Directiva a las empresas de reaseguros existentes que ya estuvieran autorizadas o facultadas para ejercer actividades de reaseguro en virtud de disposiciones de los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva.

(18) A fin de que toda empresa de reaseguros pueda cumplir sus compromisos, el Estado miembro de origen debe exigirle que constituya provisiones técnicas adecuadas. Su importe debe determinarse de conformidad con la Directiva 91/674/CEE de 19 de diciembre de 1991 relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros [27] y, en el caso de las actividades de reaseguros de vida, debe también permitirse al Estado miembro de origen que establezca normas más específicas de conformidad con la Directiva 2002/83/CE.

[27] DO L 374 de 31.12.1991, p. 7. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.07.2003, p. 16).

(19) Debe exigirse a toda empresa de reaseguros que ejerza actividades de reaseguro relacionadas con el seguro de crédito y cuyas actividades de reaseguro de crédito representen más que una pequeña proporción del conjunto de sus actividades constituya una reserva de estabilización que no forme parte del margen de solvencia; dicha reserva debe calcularse con arreglo a uno de los métodos, reconocidos como equivalentes, contemplados en la Directiva 73/239/CEE. por otra parte, la presente Directiva debe autorizar al Estado miembro de origen a exigir también a las empresas de reaseguros con domicilio social en su territorio que constituyan reservas de estabilización en ramos distintos del reaseguro de crédito con arreglo a las normas que dicho Estado miembro determine.

(20) La empresa de reaseguros debe poseer activos representativos de las provisiones técnicas que deberán tener en cuenta el tipo de operaciones efectuadas por la empresa de reaseguros y, en particular, la naturaleza, cuantía y duración de los pagos de siniestros previstos, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad, rentabilidad y congruencia de las inversiones de la empresa, que velará por una diversificación y dispersión adecuada de las mismas y por que ofrezcan a la empresa posibilidades de responder adecuadamente ante cambios de las circunstancias económicas y, en particular, los debidos a la evolución de los mercados financieros e inmobiliarios o a acontecimientos catastróficos de gran repercusión.

(21) Es necesario que las empresas de reaseguros dispongan, además de provisiones técnicas, de una reserva complementaria, denominada "margen de solvencia", representada por el patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad competente, por elementos implícitos del patrimonio, que actúen como un amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad. Este requisito constituye un elemento importante de la supervisión prudencial. En espera de la revisión del régimen actual de margen de solvencia, que la Comisión lleva a cabo en el marco del denominado "Proyecto Solvencia II", a la hora de determinar el margen de solvencia obligatorio de las empresas de reaseguros deben ser aplicables las normas contempladas en la legislación vigente en el ámbito del seguro directo;

(22) Dada la naturaleza particular de determinados tipos de contratos de reaseguro o ramos específicos, deben adoptarse disposiciones que permitan efectuar ajustes al cálculo del margen de solvencia obligatorio; la Comisión deberá efectuar dichos ajustes, previa consulta al Comité de Seguros establecido por Directiva 91/675/CEE del Consejo [28] en ejercicio de las competencias de ejecución que le confiere el Tratado. Estas medidas deben adoptarse mediante el procedimiento reglamentario contemplado de conformidad con el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [29].

[28] DO L 374 de 31.12.1991, p. 32.

[29] DO L 184 de 17.07.1999, p. 23.

(23) La lista de elementos aptos para representar el margen de solvencia disponible que establece la presente Directiva debe ser la contemplada en las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE.

(24) Las empresas de reaseguros deben también poseer un fondo de garantía que permita garantizar que a su creación posean los recursos adecuados y que a lo largo de sus actividades el margen de solvencia no disminuya en ningún caso por debajo de un mínimo de seguridad; sin embargo, y habida cuenta de las características específicas de las empresas de reaseguros cautivas, deben adoptarse disposiciones que permitan al Estado miembro de origen exigir a las empresas de reaseguros cautivas un fondo mínimo de garantía de importe inferior.

(25) Determinadas disposiciones de la presente Directiva definen normas mínimas. Un Estado miembro de origen debe poder dictar reglas más estrictas respecto de las empresas de reaseguros autorizadas por sus propias autoridades competentes y, en particular, en relación con los requisitos sobre margen de solvencia.

(26) Es necesario prever medidas para el caso en el que la situación financiera de la empresa de reaseguros llegase a ser tal que le fuera difícil cumplir sus obligaciones. En situaciones concretas, es también necesario que las autoridades competentes estén facultadas para intervenir con la suficiente antelación, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades competentes deben informar a las empresas de reaseguros acerca de las razones que motiven tal actuación supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. Mientras subsista dicha situación, las autoridades competentes deben abstenerse de certificar que la empresa de reaseguros tiene un margen de solvencia suficiente.

(27) Es preciso contemplar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de garantizar que toda empresa de reaseguros que ejerza sus actividades en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios cumpla las disposiciones que le sean aplicables en el Estado miembro de acogida.

(28) Debe contemplarse el derecho de recurso judicial en caso de denegación o retirada de autorización.

(29) Es importante garantizar que las empresas de reaseguros que tengan domicilio social fuera de la Comunidad y ejerzan actividades de reaseguro en la Comunidad no reciban un trato más favorable que el dispensado a las empresas de reaseguros que tienen domicilio social en un Estado miembro.

(30) Habida cuenta de los aspectos internacionales del reaseguro, debe contemplarse la celebración con terceros países de acuerdos internacionales que determinen los medios de supervisión de las empresas de reaseguros que ejerzan actividades en el territorio de cada parte contratante.

(31) Debe establecerse un procedimiento flexible que permita evaluar la equivalencia prudencial con terceros países a escala comunitaria a fin de contribuir a la liberalización de los servicios de reaseguros en terceros países, ya sea mediante el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios. Para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociaciones con terceros países.

(32) La Comisión debe tener competencia para adoptar medidas de ejecución, siempre que dichas medidas no modifiquen los elementos esenciales de la presente Directiva. Dichas medidas de ejecución deben permitir a la Comunidad tener en cuenta las innovaciones que se produzcan en el sector de reaseguros. Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE.

(33) Debe adaptarse la legislación comunitaria vigente en materia de seguros a fin de atender al nuevo régimen de supervisión de los reaseguros creado por la presente Directiva y garantizar la coherencia del marco reglamentario en todo el sector de los seguros. En particular, deben adaptarse las disposiciones vigentes que permiten la "supervisión indirecta" de las empresas de reaseguros por las autoridades responsables de la supervisión de las empresas de seguros. Asimismo, deben eliminarse las disposiciones actuales que permiten a los Estados miembros exigir el depósito de activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros cuando la aseguradora sea reasegurada por una empresa de reaseguros autorizada con arreglo a la presente Directiva o por una empresa de seguros. Debe por último establecerse que el margen de solvencia exigido a las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguros, cuando dichas actividades representen una parte importante de su negocio, se someta a las normas sobre solvencia que la presente Directiva establece para las empresas de reaseguros. Las Directivas 73/239/CEE, 92/49/CEE y 2002/83/CE deben por tanto modificarse en consecuencia.

(34) La Directiva 98/78/CE debe modificarse a fin de de garantizar que las empresas de reaseguros que formen parte de un grupo de seguros o reaseguros sean objeto de supervisión adicional, como lo son las empresas de seguros que actualmente forman parte de un grupo de seguros.

(35) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, el establecimiento de un marco jurídico para el acceso a las actividades de reaseguro y su ejercicio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Dado que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros podrán fijar normas más estrictas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I - DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1 - Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece normas relativas al acceso a la actividad no asalariada del reaseguro, practicada por las empresas de reaseguros que únicamente realicen actividades de reaseguro y estén establecidas en un Estado miembro o deseen establecerse en él.

2. La presente Directiva no se aplicará:

a) a las empresas de seguros a las cuales sean aplicables las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE,

b) a las actividades y organismos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva 73/239/CEE,

c) a las actividades y organismos contemplados en el artículo 3 de la Directiva 2002/83/CE,

d) a las actividades de reaseguro ejercidas por el Gobierno de un Estado miembro cuando, por razones importantes de interés público, actúe en calidad de reasegurador de último recurso en circunstancias en que así lo requiera una situación en el mercado tal que resulte objetivamente imposible obtener cobertura de reaseguro.

Artículo 2: Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) reaseguro: la actividad que consiste en aceptar los riesgos cedidos por una empresa de seguros, otra empresa de reaseguros o un organismo de previsión para la jubilación contemplado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [30];

[30] DO L 235 de 23.09.2003, p. 10.

b) empresa de reaseguros: una empresa que haya recibido autorización administrativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3;

c) sucursal: toda agencia o sucursal de una empresa de reaseguros;

d) establecimiento: la sede social o sucursal de una empresa de reaseguros, teniendo en cuenta lo dispuesto en la letra c);

e) Estado miembro de origen: el Estado miembro en que esté situado el domicilio social de la empresa de reaseguros;

f) Estado miembro de la sucursal: el Estado miembro en que esté situada la sucursal de una empresa de reaseguros;

g) Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una empresa de reaseguros tenga una sucursal o preste servicios;

h) control: la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo [31], o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

[31] DO L 193 de 18.07.1983, p. 1.

i) participación cualificada: el hecho de poseer en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10% del capital o de los derechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de la empresa en la cual se posea una participación.

j) empresa matriz: la empresa matriz definida en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;

k) filial: la empresa filial definida en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;

l) autoridades competentes: las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una ley o de una reglamentación, para controlar las empresas de reaseguros.

m) vínculos estrechos: una situación en la que dos o varias personas físicas o jurídicas estén vinculadas por:

i) una participación, es decir, el hecho de poseer en una empresa, de manera directa o mediante vínculo de control, al menos un 20% del capital o de los derechos de voto, o

ii) un vínculo de control, en todos los casos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o toda relación análoga entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

n) empresa de reaseguros cautiva: empresa de reaseguros que sea propiedad: o bien de una empresa financiera diferente de una empresa de seguros o reaseguros o un grupo de compañías de seguros o reaseguros al que se aplique la Directiva 98/78/CE, o bien de una o más empresas no financieras que tengan por objetivo ofrecer una cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o grupo de empresas a los cuales pertenece o a una empresa o grupo de empresas de los cuales forma parte la empresa de reaseguros cautiva.

2. A efectos de la letra c) del apartado 1, se asimilará a una agencia o sucursal toda presencia permanente de una empresa en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia, y se ejerza por medio de una simple oficina administrada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo haría una agencia.

A efectos de la letra i) del apartado 1, así como en los artículos 7 y 14 y para la aplicación de los otros porcentajes de participación indicados en el artículo 14, se tomarán en consideración los derechos de voto a que se refiere el artículo 92 de la Directiva 2001/34/CE [32];

[32] DO L 184 de 06.07.2001, p. 66.

A efectos de la letra k) del apartado 1, cualquier empresa filial de una empresa filial se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frente de dichas empresas.

A efectos de la letra m) del apartado 1, toda empresa filial de una empresa filial se considerará filial de la empresa matriz a la cabeza de dichas empresas.

A efectos de la letra m del apartado 1, se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que éstas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo de control.

3. Cada vez que la presente Directiva haga referencia al euro, el contravalor en moneda nacional que deba tomarse en consideración a partir del 31 de diciembre de cada año será el del último día del mes de octubre anterior para el que se disponga de los contravalores del euro en todas las monedas de la Comunidad.

TÍTULO II - ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LOS REASEGUROSAUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA DE REASEGUROS

Artículo 3 - Principio de autorización

El acceso a la actividad del reaseguro estará supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.

Dicha autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro de origen, por:

a) la empresa de reaseguros que fije su domicilio social en el territorio de dicho Estado miembro;

b) la empresa de reaseguros que, tras haber recibido la autorización, extienda sus actividades a actividades de reaseguros diferentes de las ya autorizadas.

Artículo 4 - Ámbito de la autorización

1. Toda autorización concedida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 será válida para toda la Comunidad. Permitirá a la empresa de reaseguros ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

2. La autorización se concederá para actividades de reaseguros no de vida, reaseguros de vida o todos los tipos de actividades de reaseguros según la solicitud formulada por la empresa solicitante.

Deberá estudiarse atendiendo al programa de actividades que deberá presentarse con arreglo a la letra b) del artículo 6 y el artículo 11 y al cumplimiento de los requisitos de autorización que establezca el Estado miembro cuya autorización se solicita.

Artículo 5 - Forma de la empresa de reaseguros

1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de reaseguros que soliciten autorización adopten una de las formas contempladas en el Anexo I.

La empresa de reaseguros también podrá adoptar la forma de Sociedad Anónima Europea (SE), definida en el Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001 (SE) [33].

[33] DO L 294 de 10.11.2001, p.1.

2. Los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que dichos organismos tengan por objeto la realización de operaciones de reaseguro en condiciones equivalentes a las de las empresas de Derecho privado;

Artículo 6 - Condiciones

El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de reaseguros que soliciten autorización:

a) limiten su objeto social a la actividad del reaseguro y a las operaciones conexas; este requisito podrá incluir funciones de sociedad de cartera y actividades vinculadas al sector financiero a efectos del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE [34];

[34] DO L 35 de 11.02.2003, p. 1.

b) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 11;

c) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2 del artículo 40;

d) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o experiencia profesionales.

Artículo 7 - Vínculos estrechos

1. Cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de reaseguros y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.

Las autoridades competentes denegarán la autorización cuando el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la empresa de reaseguros mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con su aplicación.

2. Las autoridades competentes exigirán a las empresas de reaseguros el suministro de la información que requieran para garantizar el cumplimiento permanente de las condiciones contempladas en el apartado 1.

Artículo 8 - Domicilio social de la empresa de reaseguros

Los Estados miembros exigirán a las empresas de reaseguros que su administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social.

Artículo 9 - Condiciones de las pólizas y primas

1. La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión de todo documento necesario para el ejercicio normal del control.

2. No obstante, los Estados miembros no podrán establecer disposiciones que exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas, de las tarifas, de los formularios y demás impresos que la empresa de reaseguros se proponga utilizar en sus relaciones con las empresas cedentes o retrocedentes.

Artículo 10 - Necesidades económicas del mercado

Los Estados miembros no podrán exigir que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 11 - Programa de actividades

1. El programa de actividades contemplado en la letra b) del artículo 6 deberá contener indicaciones o justificaciones relativas a:

a) la naturaleza de los riesgos que la empresa de reaseguros se propone cubrir;

b) los tipos de acuerdos de reaseguro que la empresa de reaseguros se proponga celebrar con empresas cedentes;

c) los principios rectores en materia de retrocesión;

d) los elementos constitutivos del fondo mínimo de garantía;

e) las previsiones de gastos de instalación de los servicios administrativos y de la red de producción; los medios financieros destinados a hacer frente a dichos gastos.

2. Además de los requisitos del apartado 1, el programa de actividades deberá incluir, para los tres primeros ejercicios sociales:

a) las previsiones relativas a los gastos de gestión distintos de los gastos de instalación, en particular los gastos generales corrientes y las comisiones;

b) las previsiones relativas a las primas o cuotas y a los siniestros;

c) los balances de situación previstos;

d) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.

Artículo 12 - Accionistas y socios cualificados

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen no concederán la autorización que permita el acceso de una empresa a la actividad de reaseguros antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en una empresa de seguros para la cual se ha solicitado la autorización, y el importe de dicha participación.

Dichas autoridades denegarán la autorización si, habida cuenta de la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de reaseguros, no estuvieran satisfechas de la idoneidad de dichos accionistas o socios.

Artículo 13 - Denegación de la autorización

Cualquier decisión denegatoria deberá ser motivada de modo preciso y notificada a la empresa interesada.

Cada Estado miembro preverá la posibilidad de un recurso judicial, con arreglo al artículo 53, contra las decisiones denegatorias.

Se preverá el mismo recurso para el caso en el que las autoridades competentes no se hubieran pronunciado sobre la petición de autorización, transcurrido un plazo de seis meses a partir del día de su recepción.

Artículo 14 - Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados miembros

1. Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de reaseguros que sea

a) filial de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro,

b) filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente de un Estado miembro interesado, que sea responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión, será consultada antes de que se conceda una autorización a una empresa de reaseguros que sea

a) filial de una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

b) filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad.

3. Las autoridades competentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, especialmente a la hora de evaluar la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que participen en la gestión de otra entidad del mismo grupo. Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que sea relevante para las demás autoridades competentes interesadas, para la concesión de una autorización, así como para la evaluación continua del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

TÍTULO III - CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEL REASEGURO

Capítulo 1 - Principios y métodos de supervisión financiera

sección 1 - autoridades competentes y normas generales

Artículo 15 - Autoridades competentes y objeto de la supervisión

1. El control financiero de una empresa de reaseguros, incluido el control de las actividades que ejerza a través de sucursales y en régimen de prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del Estado miembro de origen.

Si las autoridades competentes del Estado miembro de origen tienen motivos para considerar que las actividades de una empresa de reaseguros podrían afectar a su solidez financiera, informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comprobarán que la empresa de reaseguros observa las normas prudenciales definidas en la presente Directiva.

2. El control financiero con arreglo al apartado 1 consistirá, en particular, en la comprobación, para el conjunto de actividades de la empresa de reaseguros, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas, así como de los activos que las representan con arreglo a las normas o a las prácticas establecidas en el Estado miembro de origen, en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

3. El Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros no rechazará un contrato de retrocesión celebrado por la empresa de reaseguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o con una empresa de seguros autorizada de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de dichas empresas de reaseguros o de seguros.

4. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que las empresas de reaseguros dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.

Artículo 16 - Supervisión de sucursales establecidas en otro Estado miembro

Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una empresa de reaseguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedan proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayan otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la información necesaria para poder realizar el control financiero de la empresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha verificación.

Artículo 17 - Información contable, estadística y prudencial - Poder de supervisión

1. Cada Estado miembro obligará a las empresas de reaseguros que tengan su domicilio social en su territorio a rendir cuenta anualmente, para todas sus operaciones, de su situación y de su solvencia.

2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de reaseguros que tengan su domicilio social en su territorio la presentación periódica de los documentos que sean necesarios para ejercer el control, así como de los documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comunicarán los documentos e informaciones útiles para el ejercicio del control.

3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de los medios necesarios para la vigilancia de las actividades de las empresas de reaseguros cuyo domicilio social se halle en su territorio, incluidas las actividades ejercidas fuera de dicho territorio.

En particular, las autoridades competentes deben tener la posibilidad:

a) de informarse de manera detallada sobre la situación de la empresa y sobre el conjunto de sus actividades, en especial recabando información o exigiendo la presentación de los documentos relativos a la actividad de reaseguro y retrocesión y procediendo a comprobaciones in situ en los locales de la empresa de reaseguros;

b) de adoptar, respecto de la empresa de reaseguros, de sus directivos responsables o de las personas que controlen la empresa de reaseguros, todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar que las actividades de la empresa de reaseguros cumplan de forma permanente las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que la empresa tenga obligación de observar en los distintos Estados miembros;

c) de garantizar la aplicación de dichas medidas, por vía de ejecución forzosa si fuere necesario y, en su caso, mediante recurso a las instancias judiciales.

Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que las autoridades competentes obtengan cualquier información relativa a los contratos que obren en poder de los intermediarios.

Artículo 18 - Cesión de carteras

En las condiciones dispuestas por el derecho nacional, cada Estado miembro autorizará a las empresas de reaseguros cuyo domicilio social esté situado en su territorio para ceder, en su totalidad o en parte, la cartera de contratos, incluso los suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, a un cesionario establecido en la Comunidad, si las autoridades competentes del Estado miembro de origen del cesionario certifican que éste posee, habida cuenta de la cesión, el margen de solvencia necesario.

sección 2 - participaciones cualificadas

Artículo 19 - Adquisiciones

Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que se proponga tener, directa o indirectamente, en una empresa de reaseguros, una participación cualificada deberá informar de ello previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y comunicar la cuantía de dicha participación. Dicha persona física o jurídica deberá asimismo informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen si se propone incrementar su participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de participaciones de capital poseídas por la misma sea igual o superior a los límites del 20%, 33% o 50%, o que la empresa de reaseguros se convierta en su filial.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de información prevista en el párrafo primero, para oponerse a dicho proyecto si, a fin de tener en cuenta la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de reaseguros, no se hallaren satisfechas de la idoneidad de la persona contemplada en el párrafo primero. Cuando no haya oposición, las autoridades podrán fijar un plazo máximo para la ejecución del proyecto en cuestión.

Artículo 20 - Adquisiciones por empresas financieras

Si las participaciones contempladas en el artículo 19 fueren adquiridas por una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una entidad de crédito o una empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro, o la empresa matriz de una de dichas empresas o entidades, o una persona física o jurídica que controla una de dichas empresas o entidades, y, si, en virtud de la adquisición, la empresa en la que el adquirente pretenda poseer una participación se convirtiere en una filial o quedare bajo su control, la apreciación de la adquisición deberá ser objeto de la consulta previa contemplada en el artículo 14.

Artículo 21 - Cesiones

Los Estados miembros dispondrán que toda persona física o jurídica que se proponga dejar de tener, directa o indirectamente, una participación cualificada en alguna empresa de reaseguros, deberá informar previamente de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y comunicar la cuantía prevista de su participación.

Cualquier persona física o jurídica deberá asimismo informar a las autoridades competentes si se propone disminuir su participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos, de voto o de participaciones de capital poseídas por la misma sea inferior a los límites del 20%, 33% o 50%, o que la empresa de reaseguros deje de ser su filial.

Artículo 22 - Información a las autoridades competentes por la empresa de reaseguros

Las empresas de reaseguros comunicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tan pronto como tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participación en su capital que hagan ascender o descender alguno de los límites contemplados en los artículos 19 y 21.

Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la cuantía de dichas participaciones, tal como resulta, en particular, de los datos obtenidos en la junta general anual de accionistas o socios, o de la información recibida en virtud de la obligación a que están sujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.

Artículo 23 - Participaciones cualificadasCompetencias de las autoridades competentes

Los Estados miembros dispondrán que, cuando las personas a las que se refiere el artículo 19 ejerzan su influencia de manera tal que vaya en detrimento de una gestión prudente y sana de las actividades de la empresa de reaseguros, las autoridades competentes del Estado miembro de origen adopten las medidas oportunas para poner fin a dicha situación. Dichas medidas podrán consistir, en particular, en requerimientos, sanciones a los directivos o la suspensión del ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones o participaciones que posean los accionistas o socios en cuestión.

Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal como dispone el artículo apartado 19. En el caso de que se adquiera una participación a pesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, con independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anularlos.

SECCIÓN 3 - SECRETO PROFESIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Artículo 24 - Obligación

1. Los Estados miembros establecerán que todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes, así como los auditores o expertos encargados por las autoridades competentes, tengan la obligación de guardar el secreto profesional.

Conforme a dicha obligación, las informaciones confidenciales que reciban a título profesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad, salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las empresas de reaseguros individuales no puedan ser identificadas, sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal.

2. No obstante, cuando se trate de empresas de reaseguros que se hayan declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada por un tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran a terceras partes implicadas en intentos de reflotar la empresa podrán ser divulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercantiles.

Artículo 25 - Intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros

El artículo 24 no será obstáculo para que las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros procedan a los intercambios de información previstos en las directivas aplicables a las empresas de reaseguros. Dichas informaciones estarán sujetas al secreto profesional contemplado en el artículo 24.

Artículo 26 - Acuerdos de cooperación con terceros países

Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las autoridades competentes de terceros países o con las autoridades u órganos de esos países, según se definen en los apartados 1 y 2 del artículo 28, si la información comunicada queda protegida por garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en el presente artículo. Dicho intercambio de información deberá tener por objeto el cumplimiento de la labor de supervisión de las autoridades u órganos en cuestión.

Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, no podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con la finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.

Artículo 27 - Uso de información confidencial

La autoridad competente que, en virtud de los artículos 24 o 25, reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejercicio de sus funciones:

a) para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de reaseguro y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de la actividad, en particular en materia de supervisión de las provisiones técnicas, del margen de solvencia, de la organización administrativa y contable y del control interno;

b) para la imposición de sanciones;

c) en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente, o

d) en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud del artículo 53 o de disposiciones especiales previstas en la presente Directiva y de las demás directivas adoptadas en el ámbito de las empresas de seguros y reaseguros.

Artículo 28 - Intercambio de información con otras autoridades

1. Los artículos 24 al 27 no serán obstáculo para el intercambio de información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre autoridades competentes y:

a) las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de crédito y de las otras instituciones financieras, así como las autoridades encargadas de la supervisión de los mercados financieros,

b) los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las empresas de seguros y reaseguros y otros procedimientos similares: y

c) las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, empresas de reaseguros y demás entidades financieras,

para el cumplimiento de su misión de vigilancia, así como para la transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos (obligatorios) de liquidación o de fondos de garantía, de la información necesaria para el cumplimiento de su función. La información recibida por dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el artículo 24.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 24 al 27, los Estados miembros podrán autorizar intercambios de información entre las autoridades competentes y

a) las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros o reaseguros y otros procedimientos similares o

b) las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros o reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades financieras; o

c) los actuarios independientes de las empresas de seguros o reaseguros que, en virtud de la ley, ejerzan una función de control sobre éstas y los órganos encargados de la supervisión de estos actuarios.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) el intercambio de información se destinará a la realización de la misión de supervisión o de la función de control establecidas en el párrafo primero;

b) la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el artículo 24;

c) cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso, sólo podrá divulgarse con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganos que podrán recibir información en virtud del presente apartado.

3. No obstante lo dispuesto en los artículos 24 al 27, los Estados miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de información entre las autoridades competentes y las autoridades o los órganos encargados en virtud de la legislación nacional de detectar las infracciones al derecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) la información se destinará a la realización de la misión de supervisión establecida en el párrafo primero;

b) la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el artículo 24;

c) cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investigación recurriendo, dada su competencia específica, a personas con un mandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibilidad de intercambiar información prevista en el párrafo primero podrá ampliarse a estas personas en las condiciones expuestas en el párrafo segundo.

Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades y los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a las autoridades competentes que hayan facilitado la información, la identidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá dicha información.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganos que podrán recibir información con arreglo al presente apartado.

Artículo 29 - Transmisión de información a los bancos centrales y autoridades monetarias

Lo dispuesto en la presente sección no obstará para que una autoridad competente transmita a los bancos centrales y demás organismos de función similar, en tanto que autoridades monetarias, y, en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago, información destinada al cumplimiento de su misión, ni para que dichas autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la información que precisen a los efectos del artículo 27.

La información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en la presente sección.

Artículo 30 - Comunicación de información

a las administraciones centrales

responsables de la legislación financiera

No obstante lo dispuesto en los artículos 24 y 27, los Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de sus administraciones centrales responsables de la aplicación de la legislación de supervisión de las entidades de crédito, las entidades financieras, los servicios de inversión y las empresas de seguros y reaseguros, así como a los inspectores designados por dichos departamentos.

No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello sea necesario por razones de supervisión prudencial.

embargo, los Estados miembros establecerán que las informaciones recibidas con arreglo al artículo 25 y el apartado 1 del artículo 28 y las obtenidas por medio de las verificaciones in situ contempladas en el artículo 16 no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones contempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de la autoridad competente que haya comunicado las informaciones o de la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuado la verificación in situ.

Sección 4 - obligaciones de los auditores

Artículo 31 - Obligaciones de los auditores

1. Los Estados miembros establecerán como mínimo que toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE del Consejo [35] que ejerza en una empresa de reaseguros la función descrita en el artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo [36], en el artículo 37 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE del Consejo [37] o cualquier otra función legal tendrá la obligación de señalar rápidamente a las autoridades competentes cualquier hecho o decisión sobre dicha entidad del que haya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha función y que pueda:

[35] DO L 126 de 12.05.1984, p. 20.

[36] DO L 222 de 14.08.1978, p. 11.

[37] DO L 375 de 31.12.1985, p. 3.

a) constituir una violación del contenido de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen las condiciones de autorización o que regulan de manera específica el ejercicio de la actividad de las empresas de seguros o reaseguros, o

b) perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de reaseguros, o

c) implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión de reservas;

Se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en el contexto de una función como la descrita en el primer párrafo ejercida en una empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo de control con la empresa de reaseguros en la que esta persona lleve a cabo la mencionada función.

2. La divulgación de hechos o decisiones pertinentes contemplados en el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personas autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa ni implicará para dichas personas ningún tipo de responsabilidad.

Capítulo 2 - Normas relativas a las provisiones técnicas

Artículo 32 - Establecimiento de provisiones técnicas

1. El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de reaseguros la obligación de constituir provisiones técnicas suficientes para el conjunto de sus actividades.

La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a las normas fijadas en la Directiva 91/674/CEE. En su caso, el Estado miembro de origen podrá establecer normas más específicas de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2002/83/CE.

2. Los Estados miembros no mantendrán o introducirán un sistema de reserva bruta que requiera la pignoración de activos para cubrir primas no consumidas y provisiones para siniestros pendientes de pago si el reasegurador es una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o una empresa de seguros autorizada de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE.

3. Si el Estado miembro de origen admite la representación de las provisiones técnicas con créditos frente a reaseguradores no autorizados de conformidad con la presente Directiva o empresas de seguros no autorizadas de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE, fijará el porcentaje admitido.

Artículo 33 - Reservas de estabilización

1. El Estado miembro de origen obligará a las empresas de reaseguros que reaseguren riesgos incluidos en el ramo 14 del punto A del Anexo a la Directiva 73/239/CEE a constituir una reserva de estabilización que servirá para compensar la pérdida técnica eventual o la tasa de siniestralidad superior a la media que aparezca en este ramo al final del ejercicio.

2. La reserva de estabilización para el reaseguro de crédito se calculará según las reglas fijadas por el Estado miembro de origen con arreglo a uno de los cuatro métodos que figuran en el punto D del Anexo a la Directiva 73/239/CEE y que se consideran equivalentes.

3. El Estado miembro de origen podrá eximir a las empresas de reaseguros de la obligación de constituir una reserva de estabilización en el ramo del reaseguro de seguros de crédito a las empresas de reaseguros cuyos ingresos de primas o de cuotas para este ramo sean inferiores al 4% de sus ingresos totales de primas o de cuotas y a 2 500 000 euros.

4. El Estado miembro de origen podrá obligar a toda empresa de reaseguros a constituir reservas de estabilización para las clases de riesgos distintas del reaseguro de crédito. Las reservas de estabilización se calcularán según las normas establecidas por el Estado miembro de origen.

Artículo 34 - Activos representativos de las provisiones técnicas

Los activos representativos de las provisiones técnicas deberán tener en cuenta el tipo de operaciones efectuadas por la empresa de reaseguros y, en particular, la naturaleza, cuantía y duración de los pagos de siniestros previstos, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad, rentabilidad y congruencia de las inversiones de la empresa, que velará por una diversificación y dispersión adecuada de las mismas y por que ofrezcan a la empresa posibilidades de responder adecuadamente ante cambios de las circunstancias económicas y, en particular, los debidos a la evolución de los mercados financieros e inmobiliarios o a acontecimientos catastróficos de gran repercusión.

Capítulo 3 - Normas relativas al margen de solvencia y al fondo de garantía

Sección 1 - Margen de solvencia disponible

Artículo 35 - Norma general

Cada Estado miembro obligará a toda empresa de reaseguros cuya sede social esté situada en su territorio a mantener en todo momento un margen de solvencia disponible suficiente con respecto al conjunto de sus actividades y que sea, como mínimo, igual a las exigencias de la presente Directiva.

Artículo 36 - Elementos aptos

1. El margen de solvencia disponible estará constituido por el patrimonio de la empresa de reaseguros, libre de todo compromiso previsible, deducidos los elementos intangibles, y comprenderá:

a) el capital social desembolsado o, si se trata de mutuas de reaseguros, el fondo inicial efectivamente desembolsado más las cuentas de los mutualistas que cumplan el conjunto de los criterios siguientes:

i) que los estatutos establezcan que sólo podrán realizarse pagos a favor de los mutualistas con cargo a dichas cuentas si dichos pagos no ocasionan un descenso del margen de solvencia disponible por debajo del nivel obligatorio o, tras la disolución de la empresa, si se han liquidado todas las demás deudas de la empresa,

ii) que los estatutos establezcan, en lo relativo a cualquiera de los pagos contemplados en el inciso i), efectuados por razones diferentes de la baja del mutualista, que éstos se notifiquen a las autoridades competentes al menos con un mes de antelación y que éstas puedan, durante dicho plazo, prohibir el pago,

iii) que las disposiciones pertinentes de los estatutos sólo puedan modificarse previa declaración de las autoridades competentes de que no se oponen a la modificación, sin perjuicio de los criterios enumerados en los incisos i) y ii);

b) las reservas legales o libres que no correspondan a los compromisos suscritos;

c) los beneficios o pérdidas acumuladas una vez deducidos los dividendos a pagar.

2. Del margen de solvencia disponible se deducirán las acciones propias que posea directamente la empresa de reaseguros.

Para las empresas de seguros que descuenten o reduzcan sus provisiones técnicas de seguros no de vida para siniestros a fin de tener en cuenta la rentabilidad de las inversiones según lo permitido por la letra g) del apartado 1 del artículo 60 de la Directiva 91/674/CEE, el margen de solvencia disponible se reducirá en la diferencia entre las provisiones técnicas no descontadas o las provisiones técnicas antes de las deducciones que figuren en la memoria integrante de las cuentas anuales, y las provisiones técnicas descontadas o las provisiones técnicas tras las deducciones. Este ajuste se efectuará para todos los riesgos enumerados en el punto A del Anexo de la Directiva 73/239/CEE, a excepción de los riesgos de los ramos 1 y 2 de dicho Anexo. Para los ramos distintos del 1 o el 2 de dicho Anexo, no será necesario efectuar ajuste alguno con respecto al descuento de las prestaciones en forma de renta incluidas en las provisiones técnicas.

Además de las deducciones contempladas en los párrafos 1 y 2, se deducirán también del margen de solvencia disponible los siguientes elementos:

a) las participaciones que tenga la empresa de reaseguros en las entidades siguientes:

i) empresas de seguros a efectos del artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, del artículo 4 de la Directiva 2002/83/CEE o de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

ii) empresas de reaseguros a efectos del artículo 3 de la presente Directiva o empresas de reaseguros de un tercer país a efectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

iii) sociedades de cartera de seguros a efectos de la letra i) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

iv) entidades de crédito y entidades financieras a efectos de los apartados 1 y 5 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,

v) empresas de inversión y entidades financieras a efectos del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE del Consejo [38] así como de los apartados 4 y 7 del artículo 2 de la Directiva 93/6/CEE del Consejo [39];

[38] DO L 141 de 11.06.1993, p. 1.

[39] DO L 141 de 11.06.1993, p. 27.

b) cada uno de los siguientes elementos que la empresa de reaseguros posea en las entidades definidas en la letra a) en las que tenga participaciones:

i) los instrumentos contemplados en el apartado 4,

ii) los instrumentos contemplados en el apartado 3 del artículo 27 de la Directiva 2002/83/CE,

iii) los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 35 y en el apartado 3 del artículo 36 de la Directiva 2000/12/CE.

Cuando se tengan temporalmente acciones en otra entidad de crédito, entidad financiera, empresa de inversión, empresa de seguros o de reaseguros o sociedad de cartera de seguros, en el marco de una operación de asistencia financiera destinada al saneamiento y salvamento de dicha entidad, la autoridad competente podrá permitir excepciones a las disposiciones en materia de deducción contempladas en las letras a) y b) del cuarto párrafo.

Como alternativa a la deducción de los elementos contemplados en las letras a) y b) del cuarto párrafo que la empresa de reaseguros posea en entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, los Estados miembros podrán autorizar a sus empresas de reaseguros a aplicar, mutatis mutandis, los métodos 1, 2 o 3 del Anexo I de la Directiva 2002/87/CE. El método 1 ('Consolidación contable') sólo se aplicará si la autoridad competente confía en el nivel de gestión integrada y de control interno de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la consolidación. El método que se elija deberá aplicarse posteriormente de forma sistemática.

Los Estados miembros podrán disponer que, para calcular el margen de solvencia que establece la presente Directiva, las empresas de reaseguros sujetas a la supervisión adicional, con arreglo a la citada Directiva 98/78/CE o a la supervisión adicional con arreglo a la citada Directiva 2002/87/CE, podrán no deducir los elementos contemplados en las letras a) y b) del cuarto párrafo que posean en entidades de crédito, entidades financieras, empresas de inversión, empresas de seguros o de reaseguros o sociedades de cartera de seguros incluidas en el ámbito de la supervisión adicional.

A efectos de la deducción de participaciones contemplada en este apartado, el término participación se entenderá en el sentido de la letra f) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE.

3. El margen de solvencia disponible podrá estar constituido asimismo por:

a) las acciones acumulativas preferentes y los préstamos subordinados hasta el 50 % del margen de solvencia, el menor entre el disponible y el obligatorio, si bien sólo se admitirán hasta un 25 % de dicho margen los préstamos subordinados a plazo fijo o las acciones acumulativas preferentes de duración determinada, siempre y cuando existan acuerdos vinculantes en virtud de los cuales, en caso de quiebra o liquidación de la empresa de reaseguros, los préstamos subordinados o las acciones preferentes tengan un rango inferior al de los créditos de todos los demás acreedores y no sean reembolsados hasta tanto no se hayan liquidado todas las restantes deudas pendientes en ese momento.

Además, los préstamos subordinados deberán cumplir los requisitos siguientes:

i) que únicamente se tomen en consideración los fondos efectivamente desembolsados,

ii) para los préstamos a plazo fijo, que el vencimiento inicial sea de cinco años como mínimo. Al menos un año antes del vencimiento, la empresa de reaseguros someterá a la aprobación de las autoridades competentes un plan indicando cómo el margen de solvencia disponible será mantenido o reconducido al nivel exigido en la fecha de vencimiento, excepto si la cuantía hasta la cual el préstamo puede incluirse en los componentes del margen de solvencia disponible es objeto de una reducción progresiva durante al menos los últimos cinco años anteriores a la fecha de vencimiento. Las autoridades competentes podrán autorizar el reembolso anticipado de tales préstamos previa solicitud de la empresa de reaseguros emisora y siempre que su margen de solvencia disponible no se sitúe por debajo del nivel obligatorio;

iii) que los préstamos cuyo vencimiento no se haya fijado sean solamente reembolsables mediante un preaviso de cinco años, salvo en el caso de que hayan dejado de considerarse como un componente del margen de solvencia disponible o salvo que para su reembolso anticipado, se exija expresamente la autorización previa de las autoridades competentes. En este último caso, la empresa de reaseguros informará a las autoridades competentes al menos seis meses antes de la fecha del reembolso propuesto, con indicación del margen de solvencia efectivo y requerido antes y después de dicho reembolso. Las autoridades competentes autorizarán el reembolso siempre y cuando no exista riesgo de que el margen de solvencia disponible se sitúe por debajo del nivel requerido;

iv) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que prevean que, en determinadas circunstancias que no sean la liquidación de la empresa de reaseguros, la deuda deberá reembolsarse antes de la fecha de reembolso acordada,

v) que el contrato de préstamo sólo se pueda modificar una vez que las autoridades competentes hayan declarado que no se oponen a la modificación;

b) valores de duración indeterminada y otros instrumentos, incluidas las acciones acumulativas preferentes distintas de las mencionadas en la letra a), hasta el 50 % del margen de solvencia disponible o, si es inferior, del margen de solvencia obligatorio, para el total de dichos valores y de los préstamos subordinados mencionados en la letra a), siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

i) no podrán reembolsarse a iniciativa del portador o sin el acuerdo previo de la autoridad competente,

ii) el contrato de emisión deberá dar a la empresa de reaseguros la posibilidad de diferir el pago de los intereses del préstamo;

iii) los créditos del prestamista sobre la empresa de reaseguros deberán estar enteramente subordinados a los de todos los acreedores no subordinados;

iv) los documentos que regulan la emisión de títulos deberán prever la capacidad de la deuda y de los intereses no desembolsados para absorber las pérdidas, a la vez que permitan a la empresa de reaseguros continuar sus actividades;

v) sólo se tendrán en cuenta los importes efectivamente desembolsados.

4. A petición debidamente justificada de la empresa ante la autoridad competente de control del Estado miembro de origen y con el acuerdo de dicha autoridad competente, el margen de solvencia disponible podrá estar constituido asimismo por:

a) la mitad de la fracción no desembolsada del capital social o del fondo inicial, cuando la parte desembolsada alcance el 25 % de dicho capital o fondo, hasta un máximo del 50 % del margen de solvencia disponible o, si es inferior, del margen de solvencia obligatorio;

b) las derramas de cuotas que las mutuas y las sociedades mutuas no de vida con cuotas variables pueden exigir a sus socios con cargo al ejercicio hasta la mitad de la diferencia entre las cuotas máximas y las efectivamente percibidas; no obstante, las posibilidades de derrama no podrán representar más del 50 % del margen de solvencia disponible o, si es inferior, del margen de solvencia obligatorio. Las autoridades nacionales competentes establecerán directrices fijando las condiciones en las que podrán aceptarse las derramas;

c) las plusvalías latentes netas resultantes de la valoración de elementos del activo, en la medida en que tales plusvalías latentes netas no tengan un carácter excepcional.

5. Además, en relación con las actividades de reaseguros, el margen de solvencia disponible, a petición debidamente justificada de la empresa ante la autoridad competente de control del Estado miembro de origen y con el acuerdo de dicha autoridad competente, podrá estar constituido asimismo por:

a) hasta el 31 de diciembre de 2009, un importe igual al 50 % de los beneficios futuros de la empresa, sin que exceda del 25% del margen de solvencia disponible o, si es inferior, del margen de solvencia obligatorio; el importe de los beneficios futuros se obtendrá multiplicando el beneficio anual estimado por el multiplicador que represente la duración residual media de los contratos. este factor no podrá ser superior a 6; el beneficio anual estimado no excederá la media aritmética de los beneficios obtenidos durante los cinco últimos años en las actividades enumeradas en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 2002/83/CE.

Las autoridades competentes sólo podrán aceptar la inclusión de esta cantidad para el margen de solvencia disponible:

i) cuando se presente un informe actuarial a las autoridades competentes justificando la probabilidad de que se produzcan estos beneficios en el futuro, y

ii) siempre que esa parte de beneficios futuros que surjan de plusvalías latentes netas en la letra c) no haya sido ya tenida en cuenta;

b) en caso de no hacerse zillmerización o en el caso de hacerse y que no alcanzase la sobreprima de adquisición incluida en la prima, por la diferencia entre la reserva matemática no zillmerizada o parcialmente zillmerizada, y una reserva matemática zillmerizada a una tasa de zillmerización igual a la sobreprima de adquisición contenida en la prima; este importe no podrá sin embargo exceder el 3,5 % de la suma de las diferencias entre los capitales "vida" y las provisiones matemáticas, para el conjunto de los contratos en los que la zillmerización sea posible; pero esta diferencia será eventualmente reducida con el importe de los gastos de adquisición no amortizados inscritos en el activo.

6 Las modificaciones de los apartados 1 al 5 a fin de tener en cuenta la evolución que justifique un ajuste técnico de los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 55 de la presente Directiva.

Sección 2 - ,argen de solvencia obligatorio

Artículo 37 - Margen de solvencia obligatorio para actividades de reaseguro no de vida

1. El margen de solvencia obligatorio se determinará con relación, bien al importe anual de las primas o cuotas, bien a la carga de siniestrabilidad media en los tres últimos ejercicios sociales.

No obstante, cuando la empresa de reaseguros sólo cubra esencialmente uno o varios de los riesgos de crédito, tormenta, granizo o helada, se tendrán en cuenta, como período de referencia para el cálculo de la siniestralidad media, los siete últimos ejercicios.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, el importe del margen de solvencia obligatorio será igual al mayor de los dos resultados establecidos en los apartados 3 y 4.

3. La base de primas se calculará empleando el valor de las primas o cuotas brutas devengadas según se especifica posteriormente, o bien, si es más elevado, de las primas o cuotas brutas imputadas en el ejercicio.

Las primas o cuotas correspondientes a los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del Anexo a la Directiva 73/239/CEE se aumentarán en un 50%.

Las primas o cuotas correspondientes a los ramos distintos del 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del Anexo a la Directiva 73/239/CEE se aumentarán en un 50% en el caso de actividades o tipos de contratos de reaseguro específicos habida cuenta de las características propias de dichas actividades o contratos y de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 55 de la presente Directiva. Se sumarán las primas o cuotas de las operaciones de reaseguro durante el último ejercicio, incluidos todos los recargos accesorios.

De este total se restará el importe de las primas o cuotas anuladas durante el último ejercicio económico, así como el importe total de los impuestos y gravámenes correspondientes a las primas o cuotas incluidas en dicho total.

El importe así obtenido se dividirá en dos tramos, el primero de los cuales comprenderá hasta 50 millones de euros, y el segundo, el resto; se calcularán y se sumarán el 18 y el 16 % de dichos tramos respectivamente

La suma así obtenida se multiplicará por la relación existente, para el conjunto de los tres últimos ejercicios, entre la siniestralidad a cargo de la empresa de reaseguros después de deducir la siniestralidad a cargo de la retrocesión y el importe de la siniestralidad bruta; dicha relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50%.

Con la aprobación de las autoridades competentes, podrán utilizarse métodos estadísticos para asignar las primas o cuotas.

4. La base de siniestros se calculará del siguiente modo, computando, en relación con los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del Anexo de la Directiva 73/239/CEE, los siniestros, provisiones y recobros aumentados en un 50%.

Los siniestros, provisiones y recobros correspondientes a los ramos distintos del 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del Anexo a la Directiva 73/239/CEE se aumentarán en un 50% en el caso de actividades o tipos de contratos de reaseguro específicos habida cuenta de las características propias de dichas actividades o contratos y de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 55 de la presente Directiva.

Se acumularán (sin deducción de los siniestros a cargo de los retrocesionarios) los importes de los siniestros pagados durante los períodos contemplados en el apartado 1.

A esta suma se añadirá el importe de las provisiones para siniestros pendientes constituidas al final del último ejercicio.

De este resultado se restarán los importes de los recobros habidos durante los períodos contemplados en el apartado 1.

Del resultado así obtenido se restará el importe de las provisiones para siniestros, constituidas al comienzo del segundo ejercicio anterior al último ejercicio cerrado. Si el período de referencia establecido en el apartado 1 equivale a siete años, se deducirá el importe de las provisiones para siniestros, constituidas al comienzo del sexto ejercicio anterior al último ejercicio cerrado.

El tercio, o la séptima parte, del importe así obtenido, según cuál sea el período de referencia utilizado con arreglo al apartado 1, se dividirá en dos tramos, el primero de los cuales comprenderá hasta 35 millones de euros y el segundo, el resto; se calcularán y se sumarán, el 26 y el 23 % de dichos tramos respectivamente.

La suma así obtenida se multiplicará por la relación existente, para el conjunto de los tres últimos ejercicios, entre la siniestralidad a cargo de la empresa después de deducir la siniestralidad a cargo del reaseguro y el importe de la siniestralidad bruta; dicha relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50%.

Con la aprobación de las autoridades competentes, podrán utilizarse métodos estadísticos para asignar los siniestros, provisiones y recobros.

5. Si el margen de solvencia obligatorio calculado con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 es inferior al margen de solvencia obligatorio del año precedente, el margen de solvencia obligatorio será por lo menos igual al del año precedente multiplicado por el coeficiente que resulte de dividir las provisiones técnicas para siniestros al final del último ejercicio económico entre las provisiones técnicas para siniestros al comienzo del último ejercicio. En estos cálculos las provisiones técnicas se computarán netas de retrocesión, y el citado coeficiente no podrá ser en ningún caso superior a uno.

6. Los porcentajes aplicables a los tramos mencionados en el sexto párrafo del apartado 3 y en el sexto párrafo del apartado 4 se reducirán a un tercio en el caso del reaseguro del seguro de enfermedad gestionado según una técnica similar a la del seguro de vida, cuando:

a) las primas percibidas se calculen basándose en tablas de morbilidad según los métodos matemáticos aplicados en materia de seguros;

b) se establezca una provisión de envejecimiento;

c) se incluya un suplemento en la prima para constituir un margen de seguridad por un importe suficiente;

d) la empresa de seguros sólo pueda rescindir el contrato antes del vencimiento del tercer año del seguro, como plazo máximo;

e) el contrato prevea la posibilidad de aumentar las primas o reducir las prestaciones incluso para los contratos vigentes.

Artículo 38 - Margen de solvencia obligatorio para actividades de reaseguro de vida

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, el margen de solvencia obligatorio para las actividades de reaseguro de vida estará determinado con arreglo a lo establecido en los apartados 2 a 7, según los ramos de reaseguro suscritos.

2. Para los tipos de reaseguros contemplados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, distintos de los seguros ligados a fondos de inversión y para las operaciones contempladas en el apartado 3 del artículo 2, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual a la suma de los dos resultados siguientes:

a) Primer resultado:

el 4% de las provisiones matemáticas relativas a las aceptaciones en reaseguros sin deducción de las retrocesiones se multiplicará por la relación existente, en el último ejercicio, entre el importe de las provisiones matemáticas, con deducción de las retrocesiones, y el importe bruto de las provisiones matemáticas; esta relación no podrá ser en ningún caso inferior al 85%.

b) Segundo resultado:

Para los contratos cuyos capitales a riesgo no sean negativos, el 0,3% de esos capitales asumidos por la empresa de reaseguros y multiplicado por la relación existente, en el último ejercicio, entre el importe de los capitales con riesgo que subsisten a cargo de la empresa después de retrocesiones, y el importe de los capitales con riesgo sin deducción de las retrocesiones; esta relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50%.

Para los reaseguros temporales en caso de muerte de una duración máxima de tres años, dicho porcentaje será del 0,1%. Para aquéllos de una duración superior a tres años y no más de cinco, será del 0,15%.

3. Para el reaseguro de los seguros complementarios a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual al margen de solvencia obligatorio para las empresas de reaseguros, previsto en el artículo 37 de la presente Directiva.

4. para el reaseguro de los seguros de enfermedad de larga duración, no rescindibles, a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual:

a) el 4% de las provisiones matemáticas, calculadas de acuerdo con la letra a) del apartado 2 del presente artículo, más

b) el margen de solvencia obligatorio para las empresas de reaseguros, previsto en el artículo 37 de la presente Directiva. No obstante, la condición contemplada en la letra b) del apartado 6 del artículo 37 de dicha Directiva de que se cree una provisión de envejecimiento se podrá sustituir por el requisito de que la actividad se realice sobre bases colectivas.

5. Para el reaseguro de las operaciones de capitalización a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual al 4% de las provisiones matemáticas, calculadas de acuerdo con la letra a) del apartado 2 del presente artículo.

6. Para el reaseguro de las operaciones tontinas a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual al 1% de sus activos.

7. Para el reaseguro de los ramos de seguros previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, ligados con fondos de inversión, y para las operaciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual a la suma de lo siguiente:

a) en la medida en que la empresa de reaseguros asuma un riesgo de inversión, el 4% de las provisiones técnicas, calculadas de acuerdo con la letra a) del apartado 2;

b) en la medida en que la empresa de reaseguros no asuma ningún riesgo de inversión, pero el importe destinado a cubrir los gastos de gestión se fije para un período superior a cinco años, el 1% de las provisiones técnicas, calculadas de acuerdo con la letra a) del apartado 2;

c) en la medida en que la empresa de reaseguros no asuma ningún riesgo de inversión y la asignación para cubrir los gastos de gestión no se fije por un período superior a cinco años, una cantidad equivalente al 25% de los gastos de administración netos de dicha actividad correspondientes al último ejercicio presupuestario;

d) en la medida en que la empresa de reaseguros asuma un riesgo de mortalidad, el 0,3% de los capitales en riesgo, calculados de acuerdo con la letra b) del apartado 2.

Artículo 39 - Margen de solvencia obligatorio para las empresas de reaseguros que realicen simultáneamente actividades de reaseguro de vida y no de vida

1. El Estado miembro de origen obligará a toda empresa de reaseguros que realice simultáneamente actividades de reaseguro de vida y no de vida a poseer un margen de solvencia disponible igual al total de los márgenes de solvencia obligatorios correspondientes a las actividades de reaseguro de vida y no de vida, el cual se determinará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 respectivamente.

2. Cuando el margen de solvencia disponible no alcance el nivel requerido en el apartado 1, las autoridades competentes aplicarán las medidas previstas en los artículos 42 y 43.

Artículo 3 - fondo de garantía

Artículo 40 - Importe del fondo de garantía

1. El fondo de garantía estará constituido por un tercio del margen de solvencia obligatorio regulado en los artículos 37 al 39. Dicho fondo estará compuesto por los elementos enumerados en los apartados 1 y 3 del artículo 36 y, con el acuerdo de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, por el elemento incluido en la letra c) del artículo 4.

2. El fondo de garantía será como mínimo de 3 millones de euros.

Cada Estado miembro podrá prever que, en relación con las empresas de reaseguros cautivas, el fondo mínimo de garantía no será inferior a 1 millón de euros.

Artículo 41 - Revisión del importe del fondo de garantía

1. Las cantidades en euros establecidas en el apartado 2 del artículo 40 serán objeto de una revisión anual que se iniciará el [fecha de entrada en vigor contemplada en el artículo 61], a fin de tener en cuenta los cambios en el índice europeo de precios al consumo referido a todos los Estados miembros, con arreglo a lo publicado por Eurostat.

Las cantidades se adaptarán automáticamente aumentando su importe inicial en euros en el cambio porcentual de dicho índice durante el período transcurrido entre la entrada en vigor de la presente Directiva y la fecha de revisión, redondeado hasta un múltiplo de 100 000 euros.

Si el cambio porcentual desde la última actualización es inferior al 5% no se efectuará actualización alguna.

2. La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la revisión y de las cantidades actualizadas según lo contemplado en el apartado 1.

Capítulo 4 - Empresas de reaseguros en dificultades o en situación irregular y revocación de la autorización

Artículo 42 - Empresas de reaseguros en dificultades

1. Si una empresa de reaseguros no se ajustare a las disposiciones del artículo 32, la autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresa podrá prohibir la libre disposición de los activos, una vez haya informado de su intención a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida.

2. Para restablecer la situación financiera de una empresa de reaseguros cuyo margen de solvencia no alcance el mínimo prescrito en los artículos 37, 38 y 39, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá un plan de saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.

En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente considera que la posición financiera de la empresa de reaseguros va a seguir deteriorándose, podrá también restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa de reaseguros. Informará a las autoridades de los demás Estados miembros en cuyo territorio la empresa de reaseguros ejerza su actividad de toda medida adoptada y éstas, a petición de la primera autoridad, adoptarán las mismas medidas que las que haya adoptado.

3. Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía mínimo definido en el artículo 40, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá a la empresa de reaseguros un plan de financiación a corto plazo, que deberá ser sometido a su aprobación.

Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa de reaseguros. Informará de ello a las autoridades de todos los demás Estados miembros, las cuales, a instancia suya, adoptarán idénticas medidas.

4. Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, la libre disposición de los activos localizados en su territorio, a petición, en los casos previstos en los apartados 1, 2 y 3, del Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros, que deberá designar los activos que deban ser objeto de estas medidas.

Artículo 43 - Plan de recuperación financiera

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para exigir un plan de recuperación financiera a aquellas empresas de reaseguros en las que, a juicio de las autoridades competentes, estén amenazados sus obligaciones derivadas de los contratos de reaseguro.

2. El plan de recuperación financiera deberá, por lo menos, contener indicaciones o justificaciones correspondientes a los próximos tres ejercicios, relativas a:

a) las estimaciones de los gastos de gestión, en especial las comisiones y los gastos generales corrientes;

b) un plan que establezca estimaciones detalladas de los ingresos y gastos relativos a las aceptaciones en reaseguro y a las cesiones en reaseguro;

c) los balances de situación previstos;

d) estimaciones de los recursos financieros con los que se pretenda cubrir los compromisos contraídos y el margen de solvencia obligatorio;

e) la política global de retrocesión.

3. En los casos en que las obligaciones contractuales de la empresa de reaseguros estén amenazadas debido al deterioro de la situación financiera de la empresa de reaseguros, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para obligar a las empresas de reaseguros a tener un margen de solvencia obligatorio más alto, a fin de garantizar que la empresa de reaseguros pueda cumplir en un futuro próximo los requisitos de solvencia. El nivel de este margen de solvencia obligatorio más elevado se basará en el plan de recuperación financiera contemplado en el apartado 1.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para revisar a la baja todos los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible, en particular cuando se haya producido un cambio significativo en el valor de mercado de estos elementos desde el fin del ejercicio anterior.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para disminuir la reducción basada en la retrocesión del margen de solvencia determinado con arreglo a los artículos 37,38 y 39 cuando:

a) la naturaleza o la calidad de los contratos de retrocesión haya cambiado significativamente desde el ejercicio anterior;

b) en los contratos de retrocesión no se produzca, o sea insignificante, la transferencia del riesgo.

6. En caso de que las autoridades competentes hayan requerido un plan de recuperación financiera a la empresa de reaseguros con arreglo al apartado 1, se abstendrán de emitir el certificado a que se refiere el artículo 18, en tanto consideren que sus obligaciones resultantes de contratos de reaseguro están amenazadas en el sentido del apartado 1.

Artículo 44 - Retirada de la autorización

1. La autorización concedida a la empresa de reaseguros por la autoridad competente del Estado miembro de origen podrá ser revocada por esta autoridad cuando la empresa:

a) no haga uso de la autorización en plazo de doce meses, renuncie a ella expresamente o cese de ejercer su actividad durante un período superior a seis meses, a menos que el Estado miembro haya previsto la caducidad de la autorización en estos supuestos;

b) no cumpla ya las condiciones de acceso;

c) no haya podido llevar a efecto, en el plazo fijado, las medidas previstas en el plan de saneamiento o en el plan de financiación contemplados en el artículo 42;

d) incumpla de manera grave las obligaciones que le incumban en virtud de la regulación que le sea aplicable.

En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la autoridad competente del Estado miembro de origen informará a las autoridades competentes de los restantes Estados miembros, que adoptarán las medidas oportunas para impedir que la empresa de reaseguros inicie nuevas operaciones en su territorio, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

2. Toda decisión de revocar una autorización deberá motivarse de una manera precisa y notificarse a la empresa de reaseguros interesada.

TÍTULO IV - DISPOSICIONES SOBRE EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 45 - Empresas de reaseguros que no respetan las normas jurídicas

1. Si las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueban que una empresa de reaseguros que tiene una sucursal o que opera en régimen de libre prestación de servicios en su territorio no respeta las normas jurídicas de este Estado que le sean aplicables, dichas autoridades invitarán a la empresa de reaseguros a que ponga fin a esta situación irregular. Al mismo tiempo, comunicarán los hechos a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Si, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, la empresa de reaseguros sigue infringiendo las normas jurídicas en vigor en el Estado miembro de acogida, este último podrá adoptar, tras informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las medidas apropiadas para prevenir o reprimir nuevas irregularidades y, si fuere absolutamente necesario, impedir que la empresa de reaseguros siga celebrando contratos de reaseguros en su territorio. Los Estados miembros velarán para que sea posible efectuar en su territorio las notificaciones a las empresas de reaseguros.

2. Toda medida adoptada en aplicación del apartado 1 y que implique sanciones o restricciones al ejercicio de la actividad de reaseguros deberá estar debidamente motivada y se notificará a la empresa de reaseguros afectada.

Artículo 46 - Liquidación

En caso de liquidación de una empresa de reaseguros, los compromisos derivados de los contratos suscritos se ejecutarán de la misma forma que los compromisos derivados de los demás contratos de reaseguros de dicha empresa.

TÍTULO V - EMPRESAS DE REASEGUROS EMPRESAS QUE TIENEN SU DOMICILIO SOCIAL FUERA DE LA COMUNIDAD Y EJERCEN ACTIVIDADES DE REASEGURO EN LA COMUNIDAD

Artículo 47 - Principio y condiciones para el ejercicio de actividades de reaseguros

Un Estado miembro no aplicará a las empresas de reaseguros que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad y accedan a la actividad del reaseguro o la ejerzan en su territorio disposiciones que conduzcan a un trato más favorable que aquél al que estén sometidas las empresas de reaseguros que tengan su domicilio social en dicho Estado miembro.

Artículo 32 - Acuerdos con terceros países

1. La Comisión podrá presentar propuestas al Consejo para la negociación de acuerdos con uno o más terceros países en relación con las modalidades de ejercicio de la supervisión de:

a) empresas de reaseguros que tienen su domicilio social en un tercer país y ejercen actividades de reaseguro en la Comunidad,

b) empresas de reaseguros que tienen su domicilio social en la Comunidad y ejercen actividades de reaseguro en el territorio de un tercer país.

2. Los acuerdos contemplados en el apartado 1 tendrán por objeto, en particular, garantizar, en condiciones de equivalencia de la supervisión prudencial, el acceso efectivo de las empresas de reaseguro al territorio de cada parte contratante y el reconocimiento mutuo de las normas y prácticas prudenciales en el ámbito del reaseguro. Tendrán, además, por objeto garantizar:

a) que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan obtener la información necesaria para la supervisión de las empresas de reaseguros situadas en la Comunidad y que ejerzan actividades en el territorio de los terceros países interesados,

b) que las autoridades competentes de terceros países puedan obtener la información necesaria para la supervisión de las empresas de reaseguros cuya sede social esté situada en su territorio y que ejerzan actividades en la Comunidad.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 300 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión, con la asistencia del Comité de Seguros, examinará el resultado de las negociaciones contempladas en el apartado 1 y la situación que se derive de las mismas.

TÍTULO VI - NORMAS APLICABLES A LAS FILIALES O ADQUISICIONES DE PARTICIPACION DE UNA EMPRESA MATRIZ SOMETIDA AL DERECHO DE UN PAÍS TERCERO

Artículo 49 - Información de los Estados miembros a la Comisión

Las autoridades competentes de los Estados miembros informaran a la Comision :

a) de cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, de una o varias empresas matrices que se rijan por el Derecho de un país tercero.

b) de cualquier adquisición, por parte de dichas empresas matrices, de participaciones en una empresa de reaseguros de la Comunidad que hiciera de esta última su filial.

La Comisión informara de ello al Comité de Seguros.

Cuando se concede la autorización a una filial directa o indirecta de una o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un tercer país, deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las autoridades competentes dirijan a la Comisión.

Artículo 50 - Tratamiento de las empresas de reaseguros de la Comunidad por terceros países

1. Los Estados miembros informaran a la Comisión de las dificultades de carácter general que encuentren sus empresas de reaseguros para establecerse y ejercer sus actividades en un país tercero.

2. La Comisión elaborará de forma periódica un informe en el que se examine el trato concedido en los países terceros a las empresas de reaseguros de la Comunidad, tal como dicho trato se entiende en el apartado 3, en lo que se refiere al establecimiento de empresas de reaseguros comunitarias y ejercicio de actividades de seguros en países terceros, la adquisición de participaciones en empresas de reaseguros de países terceros, el ejercicio de actividades de reaseguros por dichas empresas establecidas y la prestación transfronteriza de actividades de reaseguros de la Comunidad a países terceros. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de propuestas o recomendaciones adecuadas.

3. Si basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión comprueba que un país tercero no concede a las empresas de reaseguros comunitarias un acceso efectivo al mercado, podrá presentar al Consejo recomendaciones para que se le otorgue un mandato de negociación adecuado para obtener un mejor acceso al mercado de las empresas de reaseguros comunitarias.

4. Las medidas que se adopten en virtud del presente articulo deberán ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con arreglo a cualquier acuerdo internacional y, en particular, en la Organización Mundial del Comercio.

TÍTULO VII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 51 - Derechos adquiridos por las empresas de reaseguros existentes

1. Serán consideradas como autorizadas con arreglo al artículo 3 las empresas de reaseguros sometidas a la presente Directiva que hayan sido autorizadas o facultadas, conforme a las disposiciones del Estado miembro donde tengan su domicilio social, a realizar actividades de reaseguro antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

No obstante, estarán sometidas a las disposiciones de la presente Directiva relativa al ejercicio de la actividad del reaseguro, así como a las condiciones enunciadas en las letras a), c) y d) del artículo 6, en los artículos 7, 8 y 12 y en los artículos 32 al 41 a partir de la fecha de entrada en vigor contemplada en el artículo 61.

2. Los Estados miembros podrán conceder a las empresas de reaseguros contempladas en el apartado 1 que en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 6, en los artículos 7 y 8 y en los artículos 32 al 40 un plazo máximo de [2 años] a partir de de la fecha contemplada en el artículo 61 para ajustarse a dichas disposiciones.

Artículo 52 - Empresas de reaseguros que finalicen sus actividades

1. Las empresas de reaseguros que antes del [fecha de transposición de la presente Directiva conforme al apartado 1 del artículo 61] hayan dejado de celebrar nuevos contratos de reaseguros y administren exclusivamente su cartera existente a fin de poner fin a sus actividades no estarán sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva.

2. Los Estados miembros elaborarán la lista de las empresas de reaseguros interesadas y se la remitirán a todos los demás Estados miembros.

Artículo 53 - Derecho de recurso ante los tribunales

Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas en relación con una empresa de reaseguros, en aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación de la presente Directiva estén sujetas al derecho de recurso jurisdiccional.

Artículo 54 - Cooperación entre los Estados miembros y la Comisión

1. os Estados miembros cooperarán entre sí para facilitar la supervisión de los reaseguros en la Comunidad y la aplicación de la presente Directiva.

2. La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros colaborarán estrechamente para facilitar la supervisión del reaseguro dentro de la Comunidad y para examinar las dificultades que pudieran surgir en la aplicación de la presente Directiva .

Artículo 55 - Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Seguros creado por el artículo 1 de la Directiva 91/675/CEE.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 55 - Medidas de aplicación

Las siguientes medidas de aplicación de la presente Directiva se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 55:

a) ampliación de las formas jurídicas previstas en el Anexo I a la presente Directiva,

b) clarificación de los elementos constitutivos del margen de solvencia, enumerados en el artículo 36, para tener en cuenta la creación de nuevos instrumentos financieros,

c) aumento hasta el 50% de los importes de las primas o siniestros empleados para el cálculo del margen de solvencia obligatorio contemplado en los apartados 3 y 4 del artículo 37, en ramos distintos de los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del Anexo de la Directiva 73/239/CEE, para actividades o tipos de contratos de reaseguro específicos, a fin de atender a las características propias de dichas actividades o contratos,

d) modificación de la cuantía mínima del fondo de garantía, previsto en el apartado 2 del artículo 40, para tener en cuenta la evolución económica y financiera,

e) clarificación de las definiciones del artículo 2 con miras a asegurar la aplicación uniforme de la presente Directiva en el conjunto de la Comunidad.

TÍTULO VIII --MODIFICACIONES DE LAS DIRECTIVAS VIGENTES

Artículo 57 - Modificaciones de la Directiva 73/239/CEE

La Directiva 73/239/CEE se modificará como sigue:

(1) En el artículo 12 bis, los apartados 1 y 2 se sustituirán por el texto siguiente:

"1. Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de seguros no de vida que sea

a) filial de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro,

b) filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente del Estado miembro interesado responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión serán consultadas antes de que se conceda una autorización a una empresa de seguros no de vida que sea:

a) filial de una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

b) filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad."

(2) En el apartado 2 del artículo 13 se añadirá el tercer párrafo siguiente:

"El Estado miembro de origen de la empresa de seguros no rechazará un contrato de reaseguros celebrado por la empresa de seguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 200./../CE del Parlamento Europeo y del Consejo* [Directiva sobre reaseguros] o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo** por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de la empresa de reaseguros o la empresa de seguros.

* DO L ...

** DO L 345 de 19.12.2002, p. 1."

(3) En el artículo 15, el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

"3. "Los Estados miembros no mantendrán o introducirán, para establecer las provisiones técnicas, un sistema de reserva bruta que requiera la pignoración de activos para cubrir primas no consumidas y provisiones para siniestros pendientes de pago si el reasegurador es una empresa de reaseguros o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 200./../CE [Directiva sobre reaseguros] o una empresa de reaseguros o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la presente Directiva la Directiva 2002/83/CE.

Si un Estado miembro de origen admitiere la sustitución de las reservas técnicas por créditos contra reaseguradores que no sean ni empresas de reaseguros autorizadas de conformidad con la Directiva 200./../CE, ni empresas de seguros autorizadas de conformidad con la presente Directiva o la Directiva 2002/83/CE, el Estado miembro de origen fijará el porcentaje admitido."

(4) En el artículo 16, el cuarto párrafo del apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

"Se deducirán también del margen de solvencia disponible los siguientes elementos:

a) las participaciones que tenga la empresa de seguros en

- empresas de seguros a efectos del artículo 4 de la presente Directiva, del artículo 6 de la Directiva 2002/83/CE o de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*,

- empresas de reaseguros a efectos del artículo 3 de la Directiva 200./../CE [Directiva sobre reaseguros] o empresas de reaseguros de un tercer país a efectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

- sociedades de cartera de seguros a efectos de la letra i) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

- entidades de crédito y entidades financieras a efectos de los puntos 1 y 5 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**,

- empresas de inversión y entidades financieras a efectos del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE*** del Consejo así como de los apartados 4 y 7 del artículo 2 de la Directiva 93/6/CEE del Consejo****;

* DO L 330 de 05.12.1998, p. 1.

** DO L 126 de 26.05.2000, p. 1.

*** DO L 141 de 11.06.1993, p. 27.

**** DO L 141 de 11.06.1993, p.1."

(5) Se insertará el siguiente 17 ter:

"Artículo 17 ter

1. Si la Comisión decide, de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 56 de la Directiva 200./../CE del Parlamento Europeo y del Consejo* [Directiva sobre reaseguros], elevar los importes utilizados para calcular el margen de solvencia obligatorio contemplado en apartados 3 y 4 del artículo 37 de dicha Directiva, cada Estado miembro aplicará a las empresas de seguros cuya sede social esté situada en su territorio lo dispuesto en los artículos 35 al 39 de dicha Directiva para sus actividades de aceptaciones en reaseguro, cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) las primas de reaseguro cobradas exceden en un 10% sus primas totales;

b) las primas de reaseguro cobradas superan 500 000 euros;

c) las provisiones técnicas resultantes de sus aceptaciones en reaseguro superan el 10% de sus provisiones técnicas totales.

2. Toda compañía de seguros incluida en el apartado 1 establece, para el conjunto de sus actividades, un fondo mínimo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 40 de la Directiva 200./../CE [Directiva sobre reaseguros].

* DO L ..."

Artículo 58 - Modificaciones de la Directiva 92/49/CEE

La Directiva 92/49/CEE se modificará como sigue:

(1) En el artículo 15, el apartado 1 bis se sustituirá por el texto siguiente:

"1 bis Si el adquirente de la participación mencionada en el apartado 1 es una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una entidad de crédito o una empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro, o la empresa matriz de cualquiera de ellas, o una persona física o jurídica que la controle, y si, como consecuencia de esa adquisición, la empresa en la que el adquirente tiene intención de poseer una participación se convirtiera en filial o quedara sujeta al control del adquirente, la evaluación de la adquisición deberá ser objeto de la consulta previa mencionada en el artículo 12 bis de la Directiva 73/239/CEE."

(2) En el artículo 12 bis, los apartados 4, 5 y 5 bis se sustituirán por el texto siguiente:

"4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2, reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejercicio de sus funciones:

- para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de seguro y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de la actividad, en particular en materia de supervisión de las provisiones técnicas, del margen de solvencia, de la organización administrativa y contable y del control interno;

- para la imposición de sanciones;

- en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente, o

- en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud del artículo 53 o de disposiciones especiales previstas en la presente Directiva y de las demás directivas adoptadas en el ámbito de las empresas de seguros y de las empresas de reaseguros.

5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre autoridades competentes y:

- las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de crédito y de las otras instituciones financieras, así como las autoridades encargadas de la supervisión de los mercados financieros,

- los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros y otros procedimientos similares, y

- las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, empresas de reaseguros y demás entidades financieras,

para el cumplimiento de su misión de vigilancia, así como para la transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos obligatorios de liquidación o de fondos de garantía, de la información necesaria para el cumplimiento de su función. La información recibida por dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1.

5 bis No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros podrán autorizar intercambios de información entre las autoridades competentes y

- las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros o reaseguros y otros procedimientos similares o

- las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades financieras; o

- los actuarios independientes de las empresas de seguros o de las empresas de reaseguros que, en virtud de la ley, ejerzan una función de control sobre éstas y los órganos encargados de la supervisión de estos actuarios.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- la información se destinará a la realización de la misión de supervisión o de la función de control establecidas en el párrafo primero;

- la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1,

- cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganos que podrán recibir información con arreglo al presente apartado."

Artículo 59 - Modificaciones de la Directiva 2002/83/CEE

La Directiva 2002/83/CE se modificará como sigue:

(1) En el apartado 1 del artículo 1 se añadirá la siguiente letra s:

"s) empresa de reaseguros: una empresa de reaseguros a efectos de la letra c) del artículo 2 de la Directiva 200./../CE del Parlamento Europeo y del Consejo*. [Directiva sobre reaseguros].

* DO L ..."

(2) Se insertará el siguiente artículo 9 bis:

"Artículo 9 bis

Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados miembros

1. Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de seguros que sea:

a) filial de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro,

b) filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente del Estado miembro interesado responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión serán consultadas antes de que se conceda una autorización a una empresa de seguros de vida que sea:

a) filial de una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

b) filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad.

3 Las autoridades competentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, especialmente a la hora de evaluar la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que participen en la gestión de otra entidad del mismo grupo. Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que pueda interesar a las demás autoridades competentes para la concesión de una autorización o para la evaluación continua del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento."

(3) En el apartado 2 del artículo 10 se añadirá el segundo párrafo siguiente:

"El Estado miembro de origen de la empresa de seguros no rechazará un contrato de reaseguros celebrado por la empresa de seguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 200./../CE [Directiva sobre reaseguros] o una empresa de seguros autorizada de conformidad la Directiva 73/239/CEE o con la presente Directiva por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de la empresa de reaseguros o la empresa de seguros."

(4) En el artículo 15 se insertará el siguente apartado 1 bis:

"1 bis Si el adquirente de la participación mencionada en el apartado 1 es una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una entidad de crédito o una empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro, o la empresa matriz de esta entidad, o una persona física o jurídica que controle esa entidad, y si, como consecuencia de esa adquisición, la empresa en la que el adquirente tiene intención de poseer una participación se convirtiera en filial o quedara sujeta al control del adquirente, la evaluación de la adquisición deberá ser objeto de la consulta previa mencionada en el artículo 9 bis."

(5) El artículo 16 se modificará como sigue:

a) Los apartados 4, 5 y 6 se sustituirán por el siguiente texto:

"4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2, reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejercicio de sus funciones:

- para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de seguro y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de la actividad, en particular en materia de supervisión de las provisiones técnicas, del margen de solvencia, de la organización administrativa y contable y del control interno,

- para la imposición de sanciones o

- en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente, o

- en el marco de procedimientos jurisdiccionales en virtud del artículo 67 o de disposiciones especiales previstas en la presente Directiva y de las demás directivas adoptadas en el ámbito de las empresas de seguros y reaseguros.

5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre autoridades competentes y:

- las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de crédito y de las otras instituciones financieras, así como las autoridades encargadas de la supervisión de los mercados financieros,

- los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros y otros procedimientos similares, y

- las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros y demás entidades financieras,

para el cumplimiento de su misión de vigilancia, así como para la transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos (obligatorios) de liquidación o de fondos de garantía, de la información necesaria para el cumplimiento de su función. La información recibida por dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros podrán autorizar intercambios de información entre las autoridades competentes y

- las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros o reaseguros y otros procedimientos similares o

- las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades financieras; o

- los actuarios independientes de las empresas de seguros y de las empresas de reaseguros que, en virtud de la ley, ejerzan una función de control sobre éstas y los órganos encargados de la supervisión de estos actuarios.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- la información se destinará a la realización de la misión de supervisión o de la función de control establecidas en el párrafo primero;

- la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1,

- cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganos que podrán recibir información con arreglo al presente apartado."

b) El apartado 8 se sustituirá por el texto siguiente:

"8. Los apartados 1 al 7 no impedirán que una autoridad competente transmita

- a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que autoridades monetarias y,

- en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago,

la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que estas autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la información que precisen a los efectos del apartado 4. La información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el presente artículo."

(6) El apartado 4 del artículo 20 se sustituirá por el texto siguiente:

"4. Los Estados miembros no mantendrán o introducirán, para establecer las provisiones técnicas, un sistema de reserva bruta que requiera la pignoración de activos para cubrir primas no consumidas y provisiones para siniestros pendientes de pago por el reasegurador, autorizado de conformidad con la Directiva 200./../CE [Directiva sobre reaseguros], si el reasegurador es una empresa de reaseguros o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 73/239/CEE o con la presente Directiva.

Si un Estado miembro de origen admitiere la sustitución de las reservas técnicas por créditos contra reaseguradores que no sean ni empresas de reaseguros autorizadas de conformidad con la Directiva 200./../CE, ni empresas de seguros autorizadas de conformidad la Directiva 73/239/CEE o con la presente Directiva, el Estado miembro de origen fijará el porcentaje admitido."

(7) En el apartado 2 del artículo 27 se añadirán los siguientes segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos:

"Se deducirán también del margen de solvencia disponible los siguientes elementos:

a) las participaciones que tenga la empresa de seguros en:

- empresas de seguros a efectos del artículo 4 de la presente Directiva, del artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE o de la letra b) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*,

- empresas de reaseguros a efectos del artículo 3 de la Directiva 200./../CE o empresas de reaseguros de un tercer país a efectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

- sociedades de cartera de seguros a efectos de la letra i) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE,

- entidades de crédito y entidades financieras a efectos de los apartados 1 y 5 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,

- empresas de inversión y entidades financieras a efectos del punto 2 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE así como de los puntos 4 y 7 del artículo 2 de la Directiva 93/6/CEE del Consejo**;

b) cada uno de los siguientes elementos que la empresa de seguros posea en las entidades definidas en la letra a) en las que tenga participaciones:

- los instrumentos contemplados en el apartado 3,

- instrumentos contemplados en el apartado 3 del artículo 16 de la Directiva 73/239/CEE,

- los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 35 y en el apartado 3 del artículo 36 de la Directiva 2000/12/CE.

Cuando se tengan temporalmente acciones en otra entidad de crédito, entidad financiera, empresa de inversión, empresa de seguros o de reaseguros o sociedad de cartera de seguros, en el marco de una operación de asistencia financiera destinada al saneamiento y salvamento de dicha entidad, la autoridad competente podrá permitir excepciones a las disposiciones en materia de deducción contempladas en las letras a) y b) del párrafo tercero.

Como alternativa a la deducción de los elementos contemplados en las letras a) y b) del tercer párrafo que la empresa de reaseguros posea en entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, los Estados miembros podrán autorizar a sus empresas de seguros a aplicar, mutatis mutandis, los métodos 1, 2 o 3 del Anexo I de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo***. El método 1 ('Consolidación contable') sólo se aplicará si la autoridad competente confía en el nivel de gestión integrada y de control interno de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la consolidación. El método que se elija deberá aplicarse posteriormente de forma sistemática.

Los Estados miembros podrán disponer que, para calcular el margen de solvencia que establece la presente Directiva, las empresas de seguros sujetas a la supervisión adicional, con arreglo a la Directiva 98/78/CE o a la supervisión adicional con arreglo a la Directiva 2002/.../CE, podrán no deducir los elementos contemplados en las letras a) y b) del párrafo tercero que posean en entidades de crédito, entidades financieras, empresas de inversión, empresas de seguros o de reaseguros o sociedades de cartera de seguros incluidas en el ámbito de la supervisión adicional.

A efectos de la deducción de participaciones contemplada en este apartado, el término participación se entenderá en el sentido de la letra g) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE.

* DO L 330 de 05.12.1998, p.1.

** DO L 141 de 11.06.1993, p. 27.

*** DO L 141 de 11.06.1993, p.1."

(8) Se insertará el siguiente 28 bis:

Artículo 28 bis

Margen de solvencia de las empresas que ejercen actividades de reaseguros

Si la Comisión decide, de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 56 de la Directiva 200./../CE del Parlamento Europeo y del Consejo* [Directiva sobre reaseguros], elevar los importes utilizados para calcular el margen de solvencia obligatorio contemplado en apartados 3 y 4 del artículo 37 de dicha Directiva, los Estados miembros de origen aplicarán a las empresas de seguros lo dispuesto en los artículos 35 al 39 de dicha Directiva para sus actividades de aceptaciones en reaseguro, cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) las primas de reaseguro cobradas exceden en un 10% sus primas totales;

b) las primas de reaseguro cobradas superan 500 000 euros;

c) las provisiones técnicas resultantes de sus aceptaciones en reaseguro superan el 10% de sus provisiones técnicas totales."

Artículo 60 - Modificaciones de la Directiva 98/78/CEE

La Directiva 98/78/CE se modificará como sigue:

(1) El título se sustituirá por el texto siguiente:

"Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo de seguros o de reaseguros"

(2) El artículo 1 se modificará como sigue:

(a) las letras puntos c), i), j) y k) se sustituirán por el siguiente texto:

c) "empresa de reaseguros": una empresa que haya recibido autorización administrativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo... de la Directiva 200./../CE del Parlamento Europeo y del Consejo* [Directiva sobre reaseguros];

i) "sociedad de cartera de seguros": toda empresa matriz cuya actividad principal consista en adquirir y poseer participaciones en empresas filiales cuando dichas empresas filiales sean exclusiva o principalmente empresas de seguros, empresas de reaseguros o empresas de seguros de terceros países o empresas de reaseguros de terceros países, siendo al menos una de estas empresas filiales una empresa de seguros o una empresa de reaseguros, y que no sea una sociedad financiera mixta de cartera a efectos de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**;

j) "sociedad mixta de cartera de seguros": toda empresa matriz, distinta de una empresa de seguros, de una empresa de seguros de un tercer país, de una empresa de reaseguros, de una empresa de reaseguros de un tercer país, de una sociedad holding de seguros o de una sociedad financiera mixta de cartera a efectos de la Directiva 2002/87/CE, entre cuyas empresas filiales haya al menos una empresa de seguros o una empresa de reaseguros;

k) "autoridades competentes": las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una ley o de una norma reglamentaria, para supervisar a las empresas de seguros o a las empresas de reaseguros.

* DO L ...

** DO L 35 de 11.02.2003, p. 1."

b) Se añadirá la letra l) siguiente:

d) "empresa de reaseguros de un tercer país": una empresa que, si tuviera su domicilio social en la Comunidad, estaría obligada a obtener una autorización con arreglo al artículo 3 de la Directiva 200./../CE [Directiva sobre reaseguros];"

(3) Los artículos 2, 3 y 4 se sustituirán por el texto siguiente:

"Artículo 2

Aplicabilidad de la supervisión adicional de las empresas de seguros y de las empresas de reaseguros

1. Además de las disposiciones de la Directiva 73/239/CEE, 2002/83/CE y 200./.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo [Directiva sobre reaseguros], que establecen las normas para la supervisión de las empresas de seguros y las empresas de reaseguros, los Estados miembros establecerán la supervisión adicional de toda empresa de seguros o empresa de reaseguros que sea una empresa participante en al menos una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de seguros de un tercer país o una empresa de reaseguros de un tercer país, con arreglo a las modalidades establecidas en los artículos 5, 6, 8 y 9.

2. Toda empresa de seguros o empresa de reaseguros cuya empresa matriz sea una sociedad holding de seguros, una empresa de reaseguros o una empresa de seguros de un tercer país o una empresa de reaseguros de un tercer país estará sujeta a una supervisión adicional con arreglo a las modalidades establecidas en el apartado 2 del artículo 5 y en los artículos 6, 8 y 10.

3. Toda empresa de seguros o empresa de reaseguros cuya empresa matriz sea una sociedad holding mixta de seguros estará sujeta a una supervisión adicional con arreglo a las modalidades establecidas en el apartado 2 del artículo 5 y en los artículos 6 y 8.

Artículo 3

Alcance de la supervisión adicional

1. La supervisión adicional a que se refiere el artículo 2 no implicará, en modo alguno, que las autoridades competentes estén obligadas a ejercer una función de supervisión sobre la empresa de seguros de un tercer país, la empresa de reaseguros de un tercer país, la sociedad holding de seguros o la sociedad holding mixta de seguros o la empresa de reaseguros consideradas individualmente.

2. La supervisión adicional deberá tener en cuenta a las siguientes empresas a que se refieren los artículos 5, 6, 8, 9 y 10.

- las empresas vinculadas a la empresa de seguros o a la empresa de reaseguros,

- las empresas participantes en la empresa de seguros o en la empresa de reaseguros,

- las empresas vinculadas a una empresa participante en la empresa de seguros o en la empresa de reaseguros,

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.5 del anexo I y en el punto 4 del anexo II, los Estados miembros podrán tomar la decisión de no tener en cuenta, en el ámbito de la supervisión adicional contemplada en el artículo 2, las empresas que tengan su domicilio social en un tercer país en el que existan obstáculos de carácter jurídico para la transmisión de la información necesaria.

Además, las autoridades competentes encargadas de ejercer la supervisión adicional podrán, en cada caso, tomar la decisión de no tener en cuenta una empresa, para la supervisión adicional contemplada en el artículo 2, en los casos que se enumeran a continuación:

- cuando la empresa que debería incluirse revista escaso interés en lo que respecta a los objetivos de la supervisión adicional de las empresas de seguros o de las empresas de reaseguros;

- cuando la inclusión de la situación financiera de la empresa resulte inadecuada o pueda inducir a error en lo que respecta a los objetivos de la supervisión adicional de las empresas de seguros o de las empresas de reaseguros.

Artículo 4

Autoridades competentes para ejercer la supervisión adicional

1. La supervisión adicional será ejercida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de seguros o la empresa de reaseguros haya recibido la autorización administrativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE o en el artículo 4 de la Directiva 2002/83/CEE o en el artículo 3 de la Directiva 200./../CE.... [Directiva sobre reaseguros].

2. Cuando las empresas de seguros o las empresas de reaseguros autorizadas en dos o más Estados miembros tengan por empresa matriz a la misma sociedad holding de seguros, a la misma empresa de reaseguros, a la misma empresa de seguros de un tercer país o empresa de reasegurosde un tercer país o a la misma sociedad holding mixta de seguros, las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes podrán llegar a un acuerdo sobre cuál de ellas ejercerá la supervisión adicional.

3. Cuando en un Estado miembro existan varias autoridades competentes para realizar el control prudencial de las empresas de seguros y de reaseguros, dicho Estado miembro adoptará las medidas necesarias para organizar la coordinación entre ellas.

* DO L 345 de 11.06.1993, p.1."

4) En el artículo 5, el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

"1. Los Estados miembros prescribirán que las autoridades competentes exijan que en toda empresa de seguros o empresa de reaseguros sometida a supervisión adicional existan los oportunos procedimientos de control interno para la presentación de información y de datos pertinentes a efectos de la supervisión adicional."

(5) Los artículos 6, 7 y 8 se sustituirán por el texto siguiente:

"Artículo 6

Acceso a la información

1. Los Estados miembros dispondrán que sus autoridades competentes encargadas de ejercer la supervisión adicional tengan acceso a cualquier información pertinente a efectos de la supervisión de las empresas de seguros o empresas de reaseguros sometidas a dicha supervisión adicional. Las autoridades competentes sólo podrán dirigirse directamente a las empresas de que se trate contempladas en el apartado 2 del artículo 3 para obtener la información necesaria cuando dicha información se hubiere solicitado a la empresa de seguros o empresa de reaseguros y ésta no la hubiere facilitado.

2. Los Estados miembros dispondrán que, dentro de su territorio, sus autoridades competentes puedan proceder, por sí mismas o por mediación de personas designadas para ello, a la verificación in situ de la información a que se refiere el apartado 1 en:

- la empresa de seguros sujeta a supervisión adicional,

- la empresa de reaseguros sujeta a supervisión adicional,

- las empresas filiales de dicha empresa de seguros,

- las empresas filiales de dicha empresa de reaseguros,

- las empresas matriz de dicha empresa de seguros,

- las empresas matriz de dicha empresa de reaseguros,

- las empresas filiales de una empresa matriz de dicha empresa de seguros.

- las empresas filiales de una empresa matriz de dicha empresa de reaseguros.

3. Cuando, en aplicación del presente artículo, las autoridades competentes de un Estado miembro deseen verificar, en casos determinados, informaciones importantes de una empresa situada en otro Estado miembro y que sea una empresa de seguros vinculada, una empresa de reaseguros vinculada, una empresa filial, una empresa matriz o una empresa filial de una empresa matriz de la empresa de seguros o de la empresa de reaseguros sujeta a supervisión adicional, deberán solicitar a las autoridades competentes de dicho Estado miembro que procedan a dicha verificación. Las autoridades que reciban la solicitud deberán darle curso, cuando tengan competencia para ello, bien procediendo por sí mismas a dicha verificación, bien permitiendo que procedan a ella las autoridades que hayan presentado la solicitud, bien permitiendo que lo haga un auditor o un perito.

La autoridad competente solicitante podrá participar en la verificación, si así lo desea, cuando no proceda por sí misma a la verificación.

Artículo 7

Cooperación entre las autoridades competentes

1. En el caso de las empresas de seguros o empresas de reaseguros que estén directa o indirectamente vinculadas o que tengan una empresa participante común y que estén establecidas en Estados miembros diferentes, las autoridades competentes de cada Estado miembro se comunicarán, previa solicitud, toda la información pertinente que permita o facilite el ejercicio de la supervisión con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva y comunicarán por iniciativa propia cualquier información que consideren esencial para las otras autoridades competentes.

2. Cuando una empresa de seguros o empresa de reaseguros y una entidad de crédito tal como viene definida en la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* o una empresa de inversión tal como viene definida en la Directiva 93/22/CEE o ambas, estén directa o indirectamente vinculadas o tengan una empresa participante común, las autoridades competentes y las autoridades facultadas para proceder a la supervisión de esas otras entidades colaborarán estrechamente. Sin perjuicio de sus respectivas competencias, dichas autoridades se comunicarán toda información que pueda facilitar su labor, en particular a efectos de lo dispuesto en la presente Directiva.

3. Toda información recabada en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva, y en particular los intercambios de información entre autoridades competentes previstos en la presente Directiva, estarán amparados por el secreto profesional definido en el artículo 16 de la Directiva 92/49/CEE, en el artículo 16 de la Directiva 2002/83/CE y en los artículos 24 al 30 de la Directiva200./../CE...[Directiva sobre reaseguros].

Artículo 8

Operaciones intragrupo

1. Los Estados miembros dispondrán que las autoridades competentes sometan a una supervisión general las operaciones entre:

a) una empresa de seguros o empresa de reaseguros y:

i) una empresa vinculada a la empresa de seguros o a la empresa de reaseguros;

ii) una empresa participante en la empresa de seguros o en la empresa de reaseguros;

iii) una empresa vinculada a una empresa participante en la empresa de seguros o en la empresa de reaseguros;

b) una empresa de seguros o empresa de reaseguros y una persona física que posea una participación en:

i) la empresa de seguros, la empresa de reaseguros o cualquiera de sus empresas vinculadas;

ii) una empresa participante en la empresa de seguros o en la empresa de reaseguros;

iii) una empresa vinculada a una empresa participante en la empresa de seguros o en la empresa de reaseguros;

Estas operaciones se referirán, en particular, a:

- préstamos,

- garantías y operaciones no consignadas en el balance,

- elementos computables para el margen de solvencia,

- inversiones,

- operaciones de reaseguro y retrocesión,

- acuerdos para el reparto de gastos.

2. Los Estados miembros exigirán que las empresas de seguros y empresas de reaseguros cuenten con procesos adecuados de gestión de riesgos y mecanismos de control internos, incluidos procedimientos de información y de contabilidad fiables, para determinar, medir, supervisar y controlar debidamente las operaciones contempladas en el apartado 1. Los Estados miembros exigirán asimismo que las empresas de seguros y empresas de reaseguros informen a las autoridades competentes, al menos una vez al año, de las operaciones significativas. Estos sistemas y mecanismos serán revisados por las autoridades competentes.

Si de esta información se desprendiera que la solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros se ve o podría verse comprometida, la autoridad competente adoptará con respecto a esta empresa las medidas pertinentes.

* DO L 126 de 26.05.2000, p. 1."

6) En el artículo 9, el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

"3. Cuando del cálculo realizado conforme al apartado 1, se ponga de manifiesto que la situación de solvencia ajustada es negativa, las autoridades competentes adoptarán las oportunas medidas con respecto a la empresa de seguros o empresa de reaseguros de que se trate."

(7) El artículo 10 se modificará como sigue:

a) el título se sustituirá por el texto siguiente:

"Sociedades holding de seguros, empresas de seguros de un tercer país y empresas de reaseguros de un tercer país"

b) los apartados 2 y 3 se sustituirán por el texto siguiente:

"2. En el caso previsto en el apartado 2 del artículo 2, se incluirán en el cálculo todas las empresas vinculadas a la sociedad holding de seguros, a la empresa de reaseguros o a la empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país con arreglo al método establecido en el anexo II.

3. Si, basándose en dicho cálculo, las autoridades competentes llegaran a considerar que la situación de solvencia de una empresa de seguros o empresa de reaseguros filial de la sociedad holding de seguros, de la empresa de seguros de un tercer país o de la empresa de reaseguros de un tercer país se ve o podría verse comprometida, dichas autoridades adoptarán las medidas oportunas con respecto a la citada empresa de seguros o empresa de reaseguros."

(8) El artículo 1 bisse modificará como sigue:

a) En el apartado 1, la letra b) se sustituirá por el texto siguiente:

"b) empresas de reaseguros cuyas empresas participantes sean empresas a efectos del artículo 2, que tengan su domicilio social en un tercer país, y

c) empresas de seguros de terceros países o empresas de reaseguros de terceros países cuyas empresas participantes sean empresas a efectos del artículo 2, que tengan su domicilio social en la Comunidad."

b) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

"2. Los acuerdos mencionados en el apartado 1 tendrán especialmente por objeto garantizar:

a) que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan obtener la información necesaria para la supervisión adicional de las empresas de seguros y empresas de reaseguros que tengan su domicilio social en la Comunidad y que tengan filiales o posean participaciones en empresas establecidas fuera de la Comunidad y

b) que las autoridades competentes de terceros países puedan obtener la información necesaria para la supervisión adicional de las empresas de seguros y empresas de empresa de reaseguros con domicilio social en su territorio que tengan filiales o posean participaciones en empresas de uno o más Estados miembros."

(9) Los Anexos I y II se sustituirán por el texto recogido en el Anexo II de la presente Directiva.

TÍTULO V - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 61 - Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del... Facilitarán de inmediato a la Comisión los textos de las medidas que adopten, así como un cuadro que recoja las disposiciones de derecho nacional que correspondan a la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 62 - Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el [...] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 63 - Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, [...]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta La Presidenta

ANEXO I

Forma de las empresas de reaseguros:

- en el Reino de Bélgica: "société anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsverenigingy", "société coopérative/coöperatieve vennootschap";

- en el Reino de Dinamarca: "aktieselskaber", "gensidige selskaber";

- en la República Federal de Alemania: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen";

- en la República Francesa: "société anonyme", "société d'assurance mutuelle", "institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale", "institution de prévoyance régie par le code rural", "mutuelles régies par le code de la mutualité";

- en Irlanda: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited";

- en la República Italiana: "società per azioni";

- en el Gran Ducado de Luxemburgo: "société anonyme";

- en el Reino de los Países Bajos: "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij";

- en el Reino Unido: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as Lloyd's";

- en la República Helénica: "??????? ???????", "???????????? ?????????????";

- en el Reino de España: "sociedad anónima";

- en la República Portuguesa: "sociedade anónima", "mútua de seguros".

- en la República de Austria: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit";

- en la República de Finlandia: "keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag", "vakuutusosake-yhtiö/försäkringsaktiebolag", "vakuutusyhdistys/försäkrings-förening";

- para el Reino de Suecia: "försäkringsaktiebolag", "ömsesidigt försäkringsbolag".

ANEXO II

Los Anexos I y II de la Directiva 98/78/CE se sustituirán por el siguiente texto:

"Anexo I

CÁLCULO DE LA SOLVENCIA AJUSTADA DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y EMPRESAS DE REASEGUROS

1. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO Y PRINCIPIOS GENERALES

A. Los Estados miembros establecerán que el cálculo de la solvencia ajustada de las empresas de seguros y empresas de reaseguros a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 se efectúe según uno de los métodos que se describen en el punto 3. No obstante, un Estado miembro podrá disponer que las autoridades competentes autoricen o impongan la aplicación de un método contemplado en el punto 3 distinto al elegido por el Estado miembro.

B. Proporcionalidad

En el cálculo de la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros se tendrá en cuenta la participación proporcional que posea la correspondiente empresa participante en sus empresas vinculadas.

Por "participación proporcional" se entenderá, cuando se emplee el método 1 o el 2 descritos en el punto 3, la proporción de capital suscrito que posea, directa o indirectamente, la correspondiente empresa participante, o bien si se emplea el método 3 descrito en el punto 3, los porcentajes utilizados para confeccionar las cuentas consolidadas.

No obstante, cualquiera que sea el método aplicado, cuando una empresa vinculada sea una empresa filial y tenga un déficit de solvencia, habrá de computarse el déficit de solvencia total de la filial.

No obstante, en los casos en que, a juicio de las autoridades competentes, la responsabilidad de la empresa matriz que posea una parte de capital se limite estrictamente y sin ambigüedades a dicha parte de capital, dichas autoridades competentes podrán permitir que el déficit de solvencia de la empresa filial se tenga en cuenta de manera proporcional.

En los casos en que no existan vínculos de capital entre algunas de las empresas de un grupo de seguros o un grupo de reaseguros, las autoridades competentes determinarán qué parte proporcional deberá considerarse.

C. Supresión del doble cómputo de los elementos del margen de solvencia

C.1. Tratamiento general de los elementos del margen de solvencia

Con independencia del método que se aplique para calcular la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros, deberá suprimirse el doble cómputo de los elementos aptos para constituir el margen de solvencia entre las distintas empresas de seguros o empresas de reaseguros que se hayan tenido en cuenta en dicho cálculo.

A tal fin, en el cálculo de la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros y en caso de que no esté ya previsto en los métodos expuestos en el punto 3, se eliminarán los importes siguientes:

- el valor de todo activo de dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros que suponga la financiación de elementos aptos para constituir el margen de solvencia de una de sus empresas de seguros vinculadas o empresas de reaseguros vinculadas;

- el valor de todo activo de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada a dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros que se suponga la financiación de elementos aptos para constituir el margen de solvencia de esa empresa de seguros o empresa de reaseguros;

- el valor de todo activo de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada a dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros que suponga la financiación de elementos aptos para constituir el margen de solvencia de cualquier otra empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada a esa empresa de seguros o empresa de reaseguros.

C.2. Tratamiento de determinados elementos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto C.1:

- las reservas de beneficios y los beneficios futuros de una empresa de seguros del ramo de vida o empresa de reaseguros vinculada a la empresa de seguros o empresa de reaseguros cuya solvencia ajustada se calcule, y

- las participaciones suscritas y no desembolsadas del capital de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada a la empresa de seguros o empresa de reaseguros cuya solvencia ajustada se calcule,

sólo podrán incluirse en el cálculo en la medida en que sean aptos para cubrir el requisito de margen de solvencia de la empresa vinculada. No obstante, se excluirá por completo del cálculo cualquier capital suscrito y no desembolsado que suponga una obligación potencial para la empresa participante.

También se excluirá del cálculo cualquier capital suscrito y no desembolsado de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante que suponga una obligación potencial para una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada.

Se excluirá del cálculo cualquier capital suscrito y no desembolsado de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada que suponga una obligación potencial para otra empresa de seguros vinculada a la misma empresa de seguros o empresa de reaseguros participante.

C.3. Posibilidad de transferencia

Cuando las autoridades competentes consideren que determinados elementos aptos para constituir el margen de solvencia de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada, distintos de los contemplados en el punto C.2, no pueden estar disponibles de modo efectivo para cumplir el requisito de margen de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante cuya solvencia ajustada se calcule, dichos elementos sólo podrán incluirse en el cálculo en la medida en que sean aptos para cubrir el requisito de margen de solvencia de la empresa vinculada.

C.4. La suma de los elementos contemplados en los puntos C.2 y C.3 no puede superar la exigencia de margen de solvencia de la compañía de seguros o de reaseguro vinculado.

D. Supresión de la creación intragrupo de capital

En el cálculo de la solvencia ajustada no se tendrá en cuenta ningún elemento apto para constituir el margen de solvencia que proceda de una financiación recíproca de la empresa de seguros o empresa de reaseguros y:

- una empresa vinculada,

- una empresa participante,

- otra empresa vinculada a cualquiera de sus empresas participantes.

Tampoco se tendrá en cuenta ningún elemento apto para constituir el margen de solvencia de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada a la empresa de seguros o empresa de reaseguros cuya solvencia ajustada se calcule, cuando el elemento en cuestión proceda de una financiación recíproca con otra empresa vinculada a dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros.

En particular, se entenderá que existe financiación recíproca cuando una empresa de seguros o empresa de reaseguros o cualquiera de las empresas vinculadas a la misma posea participaciones o bien conceda préstamos a otra empresa que, directa o indirectamente, posea un elemento apto para constituir el margen de solvencia de la primera empresa.

Las autoridades competentes velarán por que la solvencia ajustada se calcule con la misma periodicidad que se dispone en las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CE y 200./../CE [Directiva sobre reaseguros] para calcular el margen de solvencia de las empresas de seguros o empresa de reaseguros. El valor del activo y el pasivo se determinará con arreglo a las disposiciones pertinentes de las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CE, 200./../CE [Directiva sobre reaseguros] y 91/674/CEE.

2. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO

2.1. Empresas de seguros y empresas de reaseguros vinculadas La solvencia ajustada se calculará de acuerdo con los principios generales y métodos establecidos en el presente anexo.

En todos los métodos, cuando la empresa de seguros o empresa de reaseguros tenga más de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada, el cálculo de la solvencia ajustada se realizará integrando en el mismo cada una de las empresas de seguros o empresas de reaseguros vinculadas.

Cuando se trate de participaciones sucesivas (por ejemplo: una empresa de seguros o empresa de reaseguros es una empresa participante en otra empresa de seguros o empresa de reaseguros que, a su vez, ella misma es una empresa participante en otra empresa de seguros o empresa de reaseguros), el cálculo de la solvencia ajustada se efectuará para cada una de las empresas de seguros o empresa de reaseguros participante que cuente con al menos una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada. Los Estados miembros podrán renunciar al cálculo de la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros:

- si se trata de una empresa vinculada a otra empresa de seguros o empresa de reaseguros autorizada en el mismo Estado miembro, cuando dicha empresa vinculada se tenga en cuenta en el cálculo de la solvencia ajustada de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante; o bien

- si se trata de una empresa vinculada a una sociedad holding de seguros o vinculada a una empresa de reaseguros cuyo domicilio social esté situado en el mismo Estado miembro que la empresa de seguros o empresa de reaseguros, y si dicha sociedad holding de seguros o empresa de reaseguros y la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada son tenidas en cuenta en el cálculo efectuado.

Asimismo, los Estados miembros podrán renunciar al cálculo de la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros si se trata de una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada a otra empresa de seguros, a una empresa de reaseguros o a una sociedad holding de seguros cuyo domicilio social esté situado en otro Estado miembro, y si las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate se han puesto de acuerdo en atribuir a la autoridad competente de ese otro Estado miembro el ejercicio de la supervisión adicional.

En todos los casos, la excepción será otorgada sólo si, a juicio de las autoridades competentes, los elementos aptos para constituir el margen de solvencia de las empresas de seguros o empresas de reaseguros que deberán computarse en el cálculo están repartidos adecuadamente entre dichas empresas.

Los Estados miembros podrán disponer que cuando una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada tenga su domicilio social en un Estado miembro distinto del de la empresa de seguros o empresa de reaseguros cuyo cálculo de solvencia ajustada se realice, este último tendrá en cuenta respecto de la empresa vinculada la situación de solvencia tal como haya sido evaluada por las autoridades competentes de ese otro Estado miembro.

2.2. Sociedades holding de seguros intermedias

Al calcular la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros que posea una participación en una empresa de seguros (vinculada), o en una empresa de reaseguros vinculada, o en una empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país a través de una sociedad holding de seguros, se tendrá en cuenta la situación de la sociedad holding de seguros intermedia. Sólo a los efectos de este cálculo, que se efectuará con arreglo a los principios generales y métodos descritos en el presente anexo, dicha sociedad holding de seguros será tratada como si fuera una empresa de seguros o empresa de reaseguros que estuviese sujeta a un requisito de solvencia igual a cero y a las mismas condiciones que se fijan en el artículo 16 de la Directiva 73/239/CEE, en el artículo 27 de la Directiva 2002/83/CEE o en el artículo 36 de la Directiva 200./../CE por lo que respecta a los elementos aptos para constituir el margen de solvencia.

2.3. Empresas de seguros de terceros países vinculadas o empresas de reaseguros de terceros países vinculadas

Al calcular la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros participante en una empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país, la última será tratada, a los únicos efectos de dicho cálculo, igual que una empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada, aplicándose los principios y métodos generales que se especifican en el presente anexo.

No obstante, cuando el tercer país en que tenga su domicilio social dicha empresa la supedite a autorización e imponga un requisito de solvencia al menos equiparable al previsto en las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CEE o 200.../../CE [Directiva sobre reaseguros] habida cuenta de los elementos aptos para satisfacer dicho requisito, los Estados miembros podrán disponer que el cálculo tenga en cuenta, en lo referente a dicha empresa, el requisito de solvencia y los elementos aptos para satisfacerlo establecidos por el tercer país de que se trate.

2.4. Entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras vinculadas

Cuando se calcule la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros que sea una empresa participante en una entidad de crédito, empresa de inversión o entidad financiera, se aplicarán, mutatis mutandis, las normas establecidas en el artículo 16 de la Directiva 73/239/CEE, en el artículo 27 de la Directiva 2002/83/CE o en el artículo 36 de la Directiva 200./../CE sobre la deducción de dichas participaciones, así como las disposiciones relativas a la facultad de los Estados miembros de permitir, en determinadas condiciones, que se apliquen métodos alternativos y que no se deduzcan dichas participaciones.

2.5. Indisponibilidad de la información necesaria

Cuando las autoridades competentes no dispongan, por el motivo que sea, de las informaciones necesarias para el cálculo de la solvencia ajustada de una empresa de seguros o empresa de reaseguros y relativas a una empresa vinculada que tenga su domicilio social en un Estado miembro o en un tercer país, el valor contable de dicha empresa en la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante se deducirá de los elementos aptos para constituir el margen de solvencia ajustada. En tal caso, no se aceptará como elemento apto para constituir el margen de solvencia ajustada ninguna plusvalía latente asociada a dicha participación.

3. MÉTODOS DE CÁLCULO

Método 1: Método de deducción y agregación

La situación de solvencia ajustada de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante será la diferencia entre:

i) la suma de:

a) los elementos aptos para constituir el margen de solvencia a la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante, y

b) la parte proporcional de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante en los elementos aptos para constituir el margen de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada,

y

ii) la suma de:

a) el valor contable de la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada en la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante,

b) el requisito de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante, y

c) la parte proporcional del requisito de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada.

Cuando la participación en la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada consista, total o parcialmente, en una tenencia indirecta, en la letra a) del inciso ii) se incluirá el valor de dicha tenencia indirecta, teniendo en cuenta los correspondientes intereses sucesivos; por otra parte, en las letras b) del inciso i) y c) del inciso ii) se incluirán, respectivamente, las correspondientes participaciones proporcionales de los elementos aptos para constituir el margen de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada y las de su requisito de solvencia.

Método 2: Método de deducción de los requisitos

La solvencia ajustada de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante será la diferencia entre:

i) la suma de los elementos aptos para constituir el margen de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante

y

ii) la suma de:

a) el requisito de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante, y

b) la parte proporcional del requisito de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros vinculada.

En la valoración de los elementos aptos para constituir el margen de solvencia, las participaciones con arreglo a la presente Directiva se evaluarán según el método de equivalencia, conforme a la opción contemplada en la letra b) del apartado 2 del artículo 59 de la Directiva 78/660/CEE.

Método 3: Método basado en la consolidación contable

El cálculo de la solvencia ajustada de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante se efectuará a partir de las cuentas consolidadas. La solvencia ajustada de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante será la diferencia entre:

los elementos aptos para constituir el margen de solvencia calculados a partir de los datos consolidados y

a) bien la suma del requisito de solvencia de la empresa de seguros o empresa de reaseguros participante y de la parte proporcional de los requisitos de solvencia de las empresas de seguros o empresas de reaseguros vinculadas correspondientes a los índices decididos para la elaboración de las cuentas consolidadas,

b) bien el requisito de solvencia calculado a partir de los datos consolidados.

En el cálculo de los elementos aptos para constituir el margen de solvencia y del requisito de solvencia a partir de los datos consolidados se aplicará lo dispuesto en las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CEE, 200../../CE [Directiva sobre reaseguros] y 91/674/CEE.

ANEXO II

SUPERVISIÓN ADICIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y EMPRESAS DE REASEGUROS FILIALES DE UNA SOCIEDAD HOLDING DE SEGUROS, DE UNA EMPRESA DE REASEGUROS O DE UNA EMPRESA DE SEGUROS DE UN TERCER PAÍS O EMPRESA DE REASEGUROS DE UN TERCER PAÍS

1. Cuando se trate de varias empresas de seguros o empresas de reaseguros contempladas en el apartado 2 del artículo 2, filiales de una sociedad holding de seguros, de una empresa de reaseguros o de una empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país, y establecidas en diferentes Estados miembros, las autoridades competentes velarán por que el método descrito en el presente anexo se aplique de forma coherente.

Las autoridades competentes efectuarán la supervisión adicional con la misma periodicidad que la establecida en las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CEE y 200../../CE para el cálculo del margen de solvencia de las empresas de seguros y empresas de reaseguros.

2. Los Estados miembros podrán renunciar a realizar el cálculo previsto en el presente anexo respecto de una empresa de seguros o empresa de reaseguros cuando:

- dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros sea una empresa vinculada a otra empresa de seguros o empresa de reaseguros y ya sea tenida en cuenta al realizar el cálculo previsto en el presente anexo para esa otra empresa,

- la empresa matriz de dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros y de otra u otras empresas de seguros o empresas de reaseguros autorizadas en el mismo Estado miembro sea la misma sociedad holding de seguros, la misma empresa de reaseguro o la misma empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país y dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros ya sea tenida en cuenta al realizar el cálculo previsto en el presente anexo respecto de una de esas otras empresas,

- la empresa matriz de dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros y de otra u otras empresas de seguros o empresas de reaseguros autorizadas en el mismo Estado miembro sea la misma sociedad holding de seguros, empresa de reaseguros, empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país y se haya llegado a un acuerdo de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 para atribuir el ejercicio de la supervisión adicional a que se refiere el presente anexo a la autoridad facultada para proceder a la supervisión de otro Estado miembro.

En caso de que existan participaciones sucesivas (por ejemplo, de una sociedad holding de seguros o una empresa de seguros o reaseguros de un tercer país que sea, a su vez, propiedad de otra sociedad holding de seguros o una empresa de seguros de un tercer país), los Estados miembros podrán aplicar los cálculos contemplados en el presente anexo únicamente a aquella que sea la empresa matriz última de dicha empresa de seguros o empresa de reaseguros que ostente la calidad de sociedad holding de seguros, de empresa de seguros de un tercer país o de empresa de reaseguros de un tercer país.

3. Las autoridades competentes velarán por que se efectúen, en la sociedad holding de seguros, la empresa de reaseguros, la empresa de seguros de un tercer país o la empresa de reaseguros de un tercer país, cálculos análogos a los descritos en el anexo I.

Esta analogía consiste en aplicar los principios generales y métodos descritos en el anexo I a la sociedad holding de seguros, la empresa de reaseguros, la empresa de seguros de un tercer país o la empresa de reaseguros de un tercer país.

Únicamente a efectos de este cálculo, dicha empresa matriz se considerará una empresa de seguros o empresa de reaseguros sometida a:

- un requisito de solvencia igual a cero cuando se trate de una sociedad «holding» de seguros,

- un requisito de solvencia determinado de acuerdo con los principios del punto 2.3 del Anexo I cuando se trate de una empresa de seguros de un tercer país o empresa de reaseguros de un tercer país,

y deberá satisfacer las condiciones definidas en el artículo 16 de la Directiva 73/239/CEE, en el artículo 27 de la Directiva 2002/83/CEE y en el artículo 36 de la Directiva 200../../CE [Directiva sobre reaseguros] en lo que se refiere a los elementos aptos para constituir el margen de solvencia.

4. Indisponibilidad de la información necesaria

Cuando las autoridades competentes no dispongan, por el motivo que sea, de las informaciones necesarias para el cálculo previsto en el presente anexo y relativas a una empresa vinculada que tenga su domicilio social en un Estado miembro o en un tercer país, el valor contable de dicha empresa en la empresa participante se deducirá de los elementos aptos para el cálculo previsto en el presente anexo. En tal caso, no se aceptará como elemento apto para este cálculo ninguna plusvalía latente asociada a dicha participación."

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC and Directives 98/78/EC and 2002/83/EC

Extended Impact Assessment

{COM(2004) 273 final}

The structure of this document

This extended impact assessment consists of the following parts:

1. A general introduction to reinsurance, insurance/reinsurance markets and reinsurance supervision

2. Problems affecting the EU reinsurance market

3. Stakeholders for a reinsurance supervision directive

4. The main objectives for the reinsurance supervision project

5. Main policy decisions to reach the objectives

6. Expected impacts from the different options identified

7. How to monitor and evaluate the results and impacts of the proposal after implementation?

8. Results from stakeholder consultations

9. Justification for the Commission proposal

1. Introduction to reinsurance, insurance/reinsurance markets and reinsurance supervision

Introduction to reinsurance

Reinsurance is a structured risk transfer between an insurance undertaking (often called the "cedant") and a reinsurer. Reinsurance fulfils the following functions for an insurance undertaking [40]:

[40] See also an Issues Paper prepared by IAIS Working Group on Reinsurance, "Reinsurance and reinsurers: relevant issues for establishing general supervisory principles standards and practices", Amsterdam 2000, p. 20 ff. Website: http://www.iaisweb.org/ .

Reduction of technical risks

Permanent transfer of technical risks to the reinsurer

Increase of homogeneity of insurance portfolio

Reduction of volatility of technical results

Substitute for capital/own funds

Supply of funds for financing purposes

Supply of service provision

In spite of its obvious connection to direct insurance business, there are some characteristics of reinsurance that may be important to highlight:

There is no direct contractual relationship between the reinsurer and the original insured, and the policyholders have normally no priority to the assets of the reinsurer to cover their claims.

Reinsurance is a business activity between professional parties.

Reinsurers largely depend on information from the direct insurers to establish claims reserves. There are furthermore significant delays in receiving claims information.

Reinsurance business has higher degrees of diversity in respect of geography and combinations of insured lines than direct insurance business.

Reinsurers have significant catastrophe exposure, and special retrocession and pooling techniques to cope with those.

The role of the insurance and reinsurance sectors in the economy

The insurance sector plays a primary role in the economy by allowing businesses and households to buy protection from the risk of adverse events. By facilitating a wider distribution of risk, the insurance sector facilitates investment and consumption thereby contributing to a higher rate and a more sustainable pattern of economic growth. The importance of the insurance sector as a provider of risk protection within the EU economy has been increasing steadily, as indicated by a rise in the penetration level (i.e. the ratio of the value of insurance premiums to GDP) from 6.76% in 1993 to 9.22% in 2000 [41]. More recently, the role of the insurance sector has expanded to include the provision of a wide range of financial services, notably vehicles for investment and saving (e.g. in relation to house purchase, retirement etc.). This broader role in channelling savings into investment has also increased, as reflected in the substantial securities holdings of insurance companies, e.g. 39% of GDP in Germany in 2000, 72% of GDP in France and 110% of GDP in the United Kingdom in 1999). [42] In consequence, the insurance sector has emerged as a major non-bank provider of financial services, often in direct competition with the depository institutions.

[41] Source: OECD.

[42] idem.

There is no experience of widespread failures in the insurance sector and, until recently, episodes of financial stress within the sector were not seen as having systemic implications. This view was based (a) on the fact that insurance companies are not deposit-taking institutions and do not perform payment and settlement functions and (b) on the assumption that insurance companies in financial difficulty would face only "slow-moving" liquidity shocks in light of their relatively long-term liabilities. In consequence, it was considered unlikely that insurers under financial strain would need to resort to rapid and large-scale asset sales to raise liquidity. However, the assessment of systemic risk associated with the insurance sector has been modified somewhat as the sector has intensified its financial market activities, building up considerable counter-party relationships with banks and becoming a major player in securities markets. While the risk is still less than that associated with the banking sector, there is increasing concern that widespread failures among insurance companies could affect the economic performance (i) directly by creating a shortage of insurance coverage causing disruption in businesses activities, (ii) indirectly via the impact on financial markets (e.g. the risk of fire sales in securities markets) and/or via links to the banking sector.

The reinsurance sector plays an equally key role in the economy by providing wholesale cover for the risks assumed by insurance companies on behalf of their clients. The transfer of risks to reinsurers reduces the fluctuations in the business performance of the primary insurers and also reduces their capital costs. While the average cession level in the EU is rather low (i.e. some 10% of all insurance premiums are reinsured), the cession level is relatively high for certain activities (i.e. 18% of non-life insurance premiums are reinsured, compared to 3% for life insurance premiums [43] on average). Reinsurers may also serve the primary insurers as an equity substitute, provide additional underwriting capacity and are often part (or even the dominant business) of financial conglomerates. Besides insuring insurers, reinsurers are also major financial intermediaries and institutional investors and reinsurers' financial assets represented 1% of the global securities market in 2001. [44] Accordingly, the stability of the reinsurance sector is not only vital to the stability of the insurance sector generally but also has important implications for the financial system as a whole.

[43] The low cession rate for life insurance is due to the fact that only the risk component of it, not the larger savings component, that is reinsured.

[44] Source: "Reinsurance - a systemic risk?"; Sigma 5/2003, Swiss Re.

Recent evidence of financial strain among reinsurers has focused the attention on the level and nature of risk assumed within the sector. Reinsurers face two risks in addition to those faced by primary insurers. First, they are exposed to greater volatility in their financial results because they protect the primary market against peak exposures. In consequence of this risk, they need to maintain relatively high levels of capitalisation. Second, they may be called upon to support ailing subsidiaries, as they are often the top trading company in a group structure. Despite these additional risks, reinsurers operate in a global market where their activities are often not subject to prudential oversight or to a lighter regime than that applying to primary insurers. Moreover, there is no global framework for reinsurance supervision. This situation has raised concern about potential risks in the reinsurance industry. One the other hand, reinsurers can benefit from significant geographical and sectoral diversification effects to a greater extent than direct companies.

Reinsurance is a highly international industry with a limited number of large companies. In 2002, the total reinsurance premium of the 40 largest reinsurance groups amounted to USD 138 601 200 000, whereof USD 58 544 000 000 stemmed from EU reinsurers [45]. In the EU, Germany has a dominant position with companies as Munich Re, Hannover Re and Allianz Re. Lloyd's is the largest UK writer of reinsurance, and SCOR together with Axa Re are the largest French reinsurers.

[45] Standard & Poor's, Global Reinsurance Highlights 2003 Edition, London/New York 2003.

Supervision of reinsurance in the EU

Direct insurance activities in the EU are regulated and supervised in accordance with directives. These have been in force for 10-25 years and have been successful in assuring harmonised establishment and supervision rules, being the absolute prerequisites for the creation of a single market in insurance.

There are currently no prudential directives dealing with reinsurance. The only directive directly dealing with reinsurance is 64/225/EEC [46] on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of reinsurance and retrocession. The directive does not deal with prudential issues but merely removes restrictions and discriminations on grounds of nationality or residence. The issue of creating a single licence or a passport for reinsurers is not dealt with in this Directive.

[46] Council Directive of 25 February 1964 on the abolition of restrictions of establishment and freedom to provide services in respect of reinsurance and retrocession (64/225/EEC), O.J. S64 of 4.4.64.

Concerning the actual supervision of reinsurers, a Commission questionnaire [47] showed that all but one Member State supervise reinsurers either directly or indirectly [48]. There appears to be a movement towards direct supervision. However, direct supervision does not exclude indirect supervision and it may be difficult to draw a sharp boundary between the two.

[47] "Report: results of questionnaire on the supervision of reinsurance undertakings", European Commission, doc XV/2040/99 + annex, 1999.

[48] Directly means that any reinsurer conducting business in the Member State is required to be authorised in some way by the supervisor. Indirectly means that the supervisor only examines a reinsurer when it examines the adequacy of a reinsurance contract taken out by a primary insurer with that reinsurer. (Commission questionnaire, see footnote 6).

With regard to direct supervision, domestic reinsurers are supervised more stringently than non-domestic reinsurers. This may appear paradoxical but it also perhaps reflects the greater difficulty of supervising effectively non-domestic reinsurers. For domestic reinsurers, all Member States require the submission of annual accounts and have the power to carry out on-site inspections. Other important supervisory powers are the ability to: impose fines, examine the sufficiency of technical provisions and require managers to be fit and proper.

With regard to indirect supervision, domestic reinsurers are again more strictly supervised than non-domestic reinsurers. Important supervisory functions are to examine: the financial solidity of the reinsurer, the spread of reinsurance business and assessments carried out by rating agencies.

2. Problems affecting the EU reinsurance market

The need for EU harmonised reinsurance supervision

There are currently no harmonised reinsurance supervision rules in the EU. The lack of an EU regulatory framework for reinsurance has resulted in significant differences in the level of supervision of reinsurance undertakings in the EU. The different national rules have created uncertainty for direct insurance companies (and their policyholders), barriers to trade within the internal market, administrative burden and costs as well as weakening the EU position in international trade negotiations:

1. Uncertainty for direct insurance undertakings (and their policyholders): The different reinsurance supervision regimes in the EU have resulted in increased difficulties for direct insurance undertakings to choose their reinsurers in a prudent and cost-efficient way. The selection of reinsurers is of decisive importance for an insurance company, and could also affect the company's ability to pay claims towards policyholders.

2. Barriers to trade: Certain EU countries use systems where assets of the reinsurer must be pledged (collateralised) in order to cover outstanding claims provisions. This makes optimal investment management more difficult and thus results in higher operational costs for reinsurance undertakings. This could in fact increase the price the reinsurer charges for taking over risks from direct insurance companies, and this pattern has been seen in certain Member States. Reinsurance companies may also decide not to be active in markets where the posting of collaterals is required, and consequently the availability of reinsurance protection will be more restricted.

3. Administrative burden: In the EU, the CEA [49] and the OECD [50] have identified administrative impediments for cross-border reinsurance services. The lack of mutual recognition between EU supervisory authorities in reinsurance in certain cases means that reinsurance undertakings are subject to different supervisory rules in several Member States. For reinsurance companies this could lead to significant double work and increased administrative burdens. Examples of burdensome administrative measures are the multiple fit and proper checks of the group's highest management, double requirement for auditors' confirmation of balances as well as the obligation for branches to issue financial statements according to local GAAP (generally accepted accounting principles) for the whole group.

[49] See http:// www.cea.assur.org.

[50] See http://www.oecd.org/home/ .

4. International trade negotiations: It is argued that the lack of a harmonised EU system makes international mutual recognition agreements more difficult. The absence of such agreements means that European reinsurers are confronted with important barriers to entry into foreign markets, such as the requirement of posting collateral for the value of their commitments in the foreign market where the reinsurer intends to conduct business.

If no actions are taken at EU level, there is a risk that the internal market for reinsurance services would continue to work in a suboptimal way, which would harm the EU reinsurance industry. Negotiations with third markets on mutual recognition agreements could be significantly more difficult.

Underlying drivers internationally to the process

There are several underlying international drivers to this process:

G7 and the IMF have expressed concern that lack of reinsurance regulation could impede international financial stability. In fact, at recent Financial Sector Assessment Programme (FSAP) reviews in Member States, IMF has reiterated the need for legislation in this field.

The FSF (Financial Stability Forum) has repeatedly expressed concerns about the transparency of the reinsurance market and has therefore created a task force to address the issue [51].

[51] See http://www.fsforum.org/home/ home.html.

The OECD has ongoing work in the reinsurance field, particularly as concerns exchange of reinsurance company information between supervisors.

The IAIS (International Association of Insurance Supervisors) reinsurance work is closely coordinated with the EU fast-track project. A set of principles for minimum requirements for supervision of reinsurers as well as a standard on reinsurance supervision have been adopted.

Regulatory assessment - subsidiarity and proportionality

Before the formal initiation of the reinsurance supervision project, the Commission Services ordered a large study on general background issues [52]. One specific part of the study related to arguments for and against reinsurance supervision in general, and in the EU in particular.

[52] The study - prepared by the KPMG - is available at the Commission website: http://europa.eu.int/comm/internal_market/ insurance/reinsurance_en.htm.

The consultant identified the following arguments in favour of reinsurance supervision in the EU:

Harmonised reinsurance supervision would contribute to financial stability through more transparent supervision and reduced regulatory arbitrage. This fact has been highlighted by several international organisations (see above).

Streamlining of supervisory requirements that today vary substantially between Member States would reduce internationally active companies' compliance costs and reduce their administrative burden.

Through the removal of barriers to entry, harmonised reinsurance supervision will lead to a more efficient internal market for reinsurance services.

Reduced costs to market participants due to the disappearance of market barriers.

Indirect additional protection for policyholders as insurance companies would be more able to make a prudent and cost-efficient choice of reinsurers.

Improved transparency of the European reinsurance market as EU reinsurers will be subject to a harmonised supervisory framework.

A supervisory system could give a quality mark to the EU reinsurance sector and increase its competitive situation world-wide. This is particularly important as the EU is the world's largest provider of reinsurance services.

Reduction in insolvency risk for EU reinsurance companies due to the introduction of harmonised quantitative and qualitative solvency requirements.

Increased bargaining power in trade negotiations with non-EU countries. The lack of a harmonised EU reinsurance framework has been an issue in recent discussions with US regulators and the US insurance/reinsurance industry.

Cost savings for supervisors as duplication of work between control authorities in different countries can be avoided. This is important also for the insurance industry that directly or indirectly normally finances the supervisory authorities.

The consultant found the following arguments against reinsurance supervision in the EU:

Reinsurance is an activity between professional buyers and sellers. As there is normally no direct link between the reinsurer and the policyholders, the need for supervision is less than in direct insurance. In addition strong market practice has been developed over many years.

The global nature of reinsurance makes it less suitable to national supervision schemes, which could in fact become be barriers to trade. Many direct supervisory schemes tend to have a domestic focus that is less relevant to reinsurance.

The wide range of activities and business lines of a reinsurer may be difficult to capture in a supervisory system. It is a tall order for a national supervisor to be knowledgeable in such a wide field.

A more severe EU reinsurance supervision system could disadvantage EU reinsurance companies, and some may leave the EU for an off-shore location.

Reinsurance solvency requirements could increase reinsurance undertakings cost of capital. Particularly after the 9/11 terrorist attacks, the cost of capital for reinsurance undertakings has increased. The introduction of high solvency margin requirements would increase the capital costs further.

Additional cost for supervisors as well as difficulties to find experienced reinsurance staff. Already today it is difficult for supervisory authorities to find and keep experienced reinsurance staff.

Reinsurance is an insurance activity and therefore direct insurance rules should apply, and not specific reinsurance regulations. Different rules between insurance and reinsurance could make it increasingly difficult to create a level playing-field.

3. Stakeholders for a reinsurance supervision directive

During the preparation of the draft directive the following stakeholders were identified:

Reinsurance undertakings: It is evident that reinsurance companies (including reinsurance captives) are the most directly concerned by a supervision directive. They will be subjected to a new set of rules that may require some entities to change their procedures or raise more risk capital. However, the system will also give a quality mark to EU reinsurance entities which will be a distinct advantage on the international reinsurance market. The system proposed by the draft directive will provide better market access in the EU and reduce administrative barriers. The sector is very concentrated and the new reinsurance supervision rules will directly affect about 150 reinsurance undertakings and about 250 reinsurance captives in the EU.

Insurance undertakings: A reinsurance supervision regime in the EU will make it easier for direct insurance undertakings to evaluate the standing of different reinsurers. The existence of a reinsurance supervision system gives direct insurance undertakings a higher level of assurance when choosing reinsurers to participate in their outwards reinsurance programs. Supervised reinsurers will contribute to more financial stability for direct insurers, which could have an overall positive impact on the financial markets. In principle all direct insurance companies have outwards reinsurance, and this means that the reinsurance directive will have large importance for the insurance market.

Policyholders: Policyholders will benefit indirectly through their insurance companies. Supervised reinsurance will bring more stability to direct insurance companies, which will reduce the risk that policyholders will suffer financial losses or lack of insurance cover resulting from insolvencies of direct insurance companies.

Insurance supervisors: Harmonised reinsurance supervision in the EU will have marked positive impacts on the insurance supervisors. It will give increased quality to the supervision process as the home supervisor, who has the greatest knowledge of the reinsurance company, will be responsible for the analysis. The directive will also reduce double work between different supervisors and facilitate change of information between supervisors. The directive will provide supervisors with a clearer legal framework for their ongoing work as well as for sanctions and other types of interventions.

4. The main objectives for the reinsurance supervision project

Having considered the current problems affecting the EU reinsurance market (part 2 above) and after wide-ranging consultations with Member States and interested parties, the Commission Services decided to launch the work on a reinsurance supervision directive in 2001. Member States, the insurance industry and other specialists broadly supported the initiation of reinsurance supervision work at EU level.

Together with Member States, the Commission Services formulated three guiding objectives for the reinsurance supervision work:

Objective 1

- The system should establish a sound and prudent regime in the interest of policyholders. Strong and well-supervised reinsurers contribute to a stronger internal market and international financial stability.

Problem areas addressed by the formulated objective

The objective addresses problem areas 1 (uncertainty for insurance companies and their policyholders), 2 (barriers to trade), and 3 (administrative burdens) as identified in chapter 2 above.

Discussion

The first principle is straight-forward and there is general consensus between Member States as well as the insurance sector. The importance of the reinsurance sector for financial stability has been studied by the IAIS, the IMF, the Financial Stability Forum and the G7 (see chapter 2 above).

Objective 2

- The system should build on essential coordination of Member States' legislation and mutual recognition of the supervision in the Member State where the reinsurance undertaking is licensed. Once licensed a company should automatically be allowed to conduct reinsurance business all over the European Community under the freedom of establishment and the freedom to provide services. No additional supervision of or checks on the reinsurance undertaking should be performed by supervisors in host Member States. This approach has shown its suitability during many years in the direct insurance field.

Problem areas addressed by the formulated objective

The objective addresses problem areas 1 (uncertainty for insurance companies and their policyholders), 2 (barriers to trade), and 3 (administrative burdens) as identified in chapter 2 above. The existence of a reinsurance supervisory system based on this principle will also be beneficial for the EU position in international trade negotiations (problem area 4).

Discussion

This is a key paragraph outlining the strategic choice between:

1. Harmonisation and mutual recognition

2. Pure mutual recognition without harmonisation

Experience in the EU has shown that a certain harmonisation of supervisory practices can improve the functioning of mutual recognition. It is however important to highlight that harmonisation through Directives - contrary to unification - provides some latitude to Member States to implement EU rules in a way that best suits their national situation. Alternative 1 would furthermore seem to be more in line with international efforts. Member States, industry and the Commission have agreed on continuing the work based on alternative 1. In addition, mutual recognition and essential harmonisation of prudential rules is the approach followed by the EU in order to establish the internal market for financial services (banking, insurance, investment services). It seems therefore appropriate to follow the same approach when establishing a EU regulatory framework for reinsurance.

Objective 3

- The introduction of a harmonised system for reinsurance supervision should lead to the abolition of systems with pledging of assets to cover outstanding claims provisions.

Problem areas addressed by the formulated objective

The objective primarily addresses problem areas 2 (barriers to trade) and 4 (the EU position in international trade negotiations) as identified in chapter 2 above.

Discussion

The collateralisation issue could be dealt with in two ways:

1. Abolish collateralisation requirements within the EU

2. Maintain the possibility for collateralisation

One major driving force for the reinsurance work - in the EU as well as internationally - is to reduce trade barriers and make the market more efficient. In this light, the collateralisation requirements used by some Member States and other jurisdictions could be seen as an obstacle. Other commentators argue that it is a necessary tool for prudential supervision.

Abolishing the collateralisation requirement was a key element in the CEA passport proposal, and it is widely supported by the EU insurance sector. A clear majority of Member States do not use collaterals and consider them as obstacles to an efficient internal reinsurance market. Certain Member States argue that the situation concerning collaterals is different in life and non-life reinsurance. A new reinsurance supervision regime should provide clear and forceful rules that remove the need for collateral requirements. The EU reinsurance work should clearly build on alternative 1. Indeed, in a regime founded on harmonisation of prudential rules and mutual recognition of regulatory/supervisory regimes by Member States, a requirement such as collateralisation of outstanding claims provisions is not longer necessary since the reinsurer is subject to specific supervision according to mutually agreed standards aimed at ensuring its financial position.

5. Main policy decisions to reach the objectives

In order to reach the above objectives, a number of strategic choices had to be made during the project. For these major issues the available alternatives are discussed below, followed by reasoning for the chosen solutions.

Issue 1: Overall approach

The objectives outlined in chapter 4 could be addressed in different ways:

Alternatives

1. Status quo - no changes necessary to the current situation

2. Market mechanism solution/voluntary disclosure of reinsurance related information, alternatively recommendation concerning indirect supervision practice

3. Supervisory solutions

Discussion and reasons for the Commission proposal

The Commission Services agree with most commentators that there are problems in the internal market for reinsurance that must be addressed. A status quo solution does therefore not seem applicable. Virtually no commentators have given their support for a "do-nothing" alternative.

Concerning the issue of market mechanism, voluntary approaches vs. supervisory solutions, the Services believe that a comparison with the direct insurance field is relevant and instructive. The Services believe that, as in the direct insurance field, reinsurance legislation at EU level would be necessary, as significant differences in approaches today between Member States is at the core of the problem. Insurance supervision is a public concern and requires public regulation. A voluntary, disclosure-based approach would not provide sufficient trust in the supervisory system. The lack of tangible sanctions in such a disclosure-based approach could make the system less efficient when addressing potential problems in reinsurance undertakings.

A majority of Member States and industry organisations believe that there is a need for supervisory action in the field. The Services therefore propose that such an approach is chosen for the EU reinsurance project.

The chosen alternative in the light of the objectives in chapter 4

The Services believe that only a supervisory solution could fulfil objectives 1 and 2 laid down in chapter 4. Self-regulation within the insurance industry would not suffice to meet the objectives as insurance supervision is a regulatory function in all jurisdictions world-wide. The Services also consider it difficult to address objectives 3 and 4 through voluntary measures as amendments to legislation would be needed in several Member States.

Issue 2: Fast-track solution or comprehensive, long-term project

Different models for reinsurance supervisory systems have been discussed and/or proposed by several organisations. The proposals differ particularly on the comprehensiveness of the proposed systems and on the applicable time frame. Two broad approaches can be identified:

Alternatives

1. Fast-track solution for a reinsurance supervision framework

2. Long-term comprehensive project for a reinsurance supervision framework

Discussion and reasons for the Commission proposal

A majority of Member States and industry organisations believe that there is a need for expedient action to achieve tangible results in a short to medium-term perspective. Such a "fast-track" solution would take its starting point in current direct supervision rules and business practice, when appropriate with adjustments. A long-term project, linked to Solvency II, could to a fairly large extent build on the achievements in a fast-track project, but such a project will also have to take other long-term developments into account (such as profound changes in insurance accounting or in solvency rules). Against this background, the Commission Services have proposed that the reinsurance work should be based on a "fast-track" approach.

Furthermore, developments in the reinsurance industry during last years (post September 11, impact from declining stock markets, etc.) call for a rapid introduction of a harmonised supervisory system. A number of reinsurance companies have ceased writing new business, and a number of new entrants have appeared. The level of premium has increased with over 30% between 2001 and 2002 according to Standards & Poor's [53].

[53] ibid.

The chosen alternative in the light of the objectives in chapter 4

The Services believe that both alternatives could fulfil the objectives identified in chapter 4. However, as there is a clear need for swift action, a preference is given to a fast-track solution. As stated above, a fast-track solution can be seen as a first block towards a comprehensive Solvency II solution.

Issue 3: Voluntary passport or mandatory licensing system?

Alternatives

1. A voluntary passport system for companies wanting to adhere to the system

2. Mandatory licensing system giving Community reinsurers a passport for cross-border business in the EU

Discussion and reasons for the Commission proposal

This issue has been the subject of extensive discussions with Member States and interested parties. The below discussion is based on the document MARKT/2036/01 (available on the Commission website).

In order to structure the discussion, some key aspects of the systems are highlighted in the first box below. Thereafter pros and cons with the two systems are summarised.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Pros and cons with a mandatory licensing system

The introduction of a licensing system would have the following general pros and cons. The table also indicates the stakeholders - see above chapter 3 - that are specifically concerned by the described advantages or disadvantages.

Pros // Cons

A mandatory licensing system would be the best suited to ensure a level-playing field in the EU for reinsurance services (all stakeholders). // To introduce a mandatory licensing system in a previously non-regulated sector could be perceived as being contrary to "deregulation" efforts currently à la mode (reinsurance companies).

The efficiency of a mandatory licensing system has been proven by its wide use in financial sector and insurance (all stakeholders). It gives a clear mandate to the insurance supervisor (supervisors). // Could create problems, as already active companies would have to pass a licensing or a registration procedure. It may be difficult in such a situation to request the company to cease activities if not fulfilling the criteria (reinsurance companies). Alternatively extensive transition periods may be needed.

In line with EU principles as it covers any undertaking and not only those having a European perspective. The system will ensure the financial soundness of all reinsurance undertakings (all stakeholders). // As certain companies could be removed from the market, the choice of reinsurers at different ratings could be limited. This may reduce cedants' possibilities to entity-specific risk management and optimal allocation of capital. (insurance undertakings, policyholders)

A mandatory licensing system gives supervisors means to remove unsuited companies from the reinsurance market (supervisors). // A full, mandatory licensing system could be difficult to sell to the insurance industry which could perceive it as cumbersome and expensive (reinsurance companies).

Pros and cons with a voluntary passport system

The introduction of a voluntary passport system would have the following general pros and cons. The table also indicates the stakeholders - see above chapter 3 - that are specifically concerned by the described advantages or disadvantages.

Pros // Cons

Such a system could be based on "soft law" and thereby be comparatively easy to implement, and to maintain (insurance companies, reinsurance companies, supervisors). Believed to be less administratively burdensome. Could be more suitable to a B2B sector like reinsurance. // A voluntary passport system could be perceived as provide weaker assurance than a licensing system as only some companies would be supervised (all stakeholders). Such a system would also lead to less transparency for buyers of reinsurance.

Leave companies the choice whether they would like to adhere to the system or not (reinsurance companies). // The position of the supervisor in such a system would be weaker than in mandatory licensing system. Supervisors do not have the possibility to remove unsuited companies from the reinsurance market (supervisors).

Easier to get acceptance from insurance industry (reinsurance companies). // If licensing systems for reinsurers are in place in certain countries, it would seem illogical to replace those with a voluntary passport system (supervisors).

A voluntary passport system may be easier to implement internationally (insurance companies, reinsurance companies, supervisors). // A voluntary passport system would introduce differences in treatment between direct insurers and reinsurers (all stakeholders).

Member States have expressed their support for a mandatory licensing system at several occasions. The insurance industry has reiterated their preference for a voluntary passport solution.

After wide consultation with Member States, the insurance industry and other interested parties the Commission Services decided to propose a mandatory licensing system. Such a system would fit well to the current structure of EU insurance legislation and be similar to the "single EU passport" in direct insurance. The choice is also in line with the direction of the ongoing IAIS reinsurance supervision project.

The chosen alternative in the light of the objectives in chapter 4

The Services believe that a mandatory licensing system would be more likely to fulfil the set objectives of the EU reinsurance supervision project. Such a system would cover the whole market and thereby better serve financial stability and internal market concerns (objective 1). A mandatory licensing system would furthermore lead to more coordination between Member States' treatments of all reinsurers (objective 2). Concerning the objective to abolish collateralisation requirements (objective 3), the Services consider the mandatory licensing solution more efficient as it has the support of most supervisors in the EU and internationally.

Issue 4: Quantitative solvency requirements for non-life reinsurance

As in the direct insurance field, a legal proposal in the reinsurance field will consist of qualitative and quantitative rules. Qualitative rules for example relate to the quality of the management, risk management and internal control of the reinsurance undertakings. These areas are normally very similar to direct insurance, and in principle the same rules should be used. Quantitative rules relate to issues like the solvency margin requirement, the level of the minimum guarantee fund, reinsurance reduction factor and investment rules. In these fields other solutions may be needed than in direct insurance. In simulations and consultations we have considered different designs and levels for the solvency requirements:

Possible approaches

Alternatives where the solvency requirements for reinsurance are close to those of direct non-life insurance, possibly combined with comitology powers to increase the requirements in particularly risky lines of insurance

Alternatives where the solvency requirements for reinsurance are higher than those for direct non-life insurance, for example 50% or 100% higher

Discussion

In the Insurance Committee document MARKT/2513/03, the Commission Services presented three main alternatives for the quantitative solvency requirements (available on the Commission website).

Specific alternatives for quantitative solvency requirements for non-life reinsurance

Alternative 1 ("100% alternative") consisted of solvency requirements that were close to those of direct non-life insurance (including Solvency I amendments). In such an alternative the reinsurance reduction factor would remain at 50% and amounts set aside to equalisation reserves would not be part of the available solvency margin. The minimum guarantee fund would be EUR 3m for reinsurance undertakings and EUR 1m for reinsurance captives.

Arguments in favour of a 100% alternative:

It is a solution inspired by the existing EU legislation for direct insurance and has a good track record.

Member States that today supervise reinsurance mainly use direct non-life rules.

It avoids distortions between direct insurers accepting reinsurance and pure reinsurers.

It brings a common denominator to the reinsurance and insurance rules which would facilitate subsequent adaptations following the outcome of the Solvency II project.

This solution is supported by the Member States which have the most important reinsurance sectors, i.e. the "exporters" of reinsurance (DE, IE, LU and UK).

Industry broadly supports such a solution.

Arguments against a 100% alternative:

This option is perceived as too soft by Member States that primarily "import" reinsurance and by those requiring collaterals. An adoption of this alternative could increase the difficulty to abolish the collateral requirement within the EU.

This alternative does not take the more risky nature of some reinsurance activities (long tail business, catastrophic covers etc) into account, which would require higher solvency requirements.

The model may be seen by third countries as too soft and therefore be an insufficient basis for trade negotiations. These countries could therefore be less inclined to agree to abolish collaterals for EU reinsurers.

Alternative 2 ("150% alternative") would increase the direct solvency requirements by about 50%. The reinsurance reduction factor would be increased to 75% and amounts set aside to equalisation reserves could be part of the available solvency margin. Same minimum guarantee fund requirements as for alternative 1 above.

Arguments in favour of a 150% alternative:

It reflects the more risky nature of reinsurance as it would require a higher solvency margin

It could contribute to a generally higher solvency standing of the EU reinsurance industry and thereby positively affect its international business.

It could facilitate the suppression of the collateral requirement in the EU

It could enhance the EU position in trade negotiations

It has support by most Member States that "import" reinsurance (for example EL, ES, FR, IT, FI).

Arguments against a 150% alternative:

Based on data currently available to the Commission, it has not been proven that reinsurance has a systematically higher risk level than direct insurance. However, certain lines and individual portfolios may have a higher risk level. A risk-based approach is the object of Solvency II work, and the 150% alternative in fact pre-empts the outcome of this work.

Industry has expressed its opposition to this alternative.

The higher capital cost for reinsurers could reduce the reinsurance capacity in the EU, increase the price of reinsurance and could lead to relocation of companies to non-EU jurisdictions (especially reinsurance captives).

It would create a distortion of competition between insurers and reinsurers.

Furthermore, the Services defined a third alternative (1b) that builds on alternative 1 above but includes elements of comitology for future amendments to the reinsurance regime. According to this alternative, solvency requirements could be enhanced by up to 50% for certain reinsurance business lines or types of reinsurance contracts. Until such comitology decisions have been taken, direct insurance solvency requirements should apply.

Arguments in favour of alternative 1b:

It is consistent with a "fast-track" approach.

It is broadly consistent with the Solvency I amendments implemented for direct insurance.

The model would allow better fine tuning of the solvency requirements than the direct regime, and alternatives 1 and 2 above. It could therefore be considered a "bridge" to Solvency II.

Several Member States with important reinsurance business (DE, LU, UK) are ready to consider it.

The alternative builds on involvement of supervisors in the elaboration of the new rules. This is important as the solvency regime is one of supervisors' most important tools.

Arguments against alternative 1b:

It will take a certain time before the new class enhancement rules have been adopted through comitology.

Some Member States, mainly "importers" of reinsurance and France, consider this alternative less robust than alternative 2 above, and it may therefore be more difficult to achieve the suppression of the collateral requirement within the EU.

Industry has expressed hesitation about this solution.

After consideration and discussions with Member States and the insurance industry, the Commission proposes to build on alternative 1b for the proposed reinsurance directive. The Commission Services are of the view that such a model would enable a better fine-tuning than for example the Solvency I solutions. It is for example likely that differentiated enhancements (i.e. somewhere in between "0%" or "50%") would be used. The solution also provides an efficient tool for reacting quickly to market developments. The specific considerations relating to the minimum guarantee fund requirement can be found in connection with the simulations in chapter 6 below.

The chosen alternative in the light of the objectives in chapter 4

The Services believe that several of the proposed solutions could in fact fulfil the objectives set in chapter 4. The quantitative requirements are only one part of the supervisory system and must be seen in the light also of other supervisory measures. As the proposed alternative 1b gives supervisors an important function in assessing the need for further capital for certain lines, it could be considered more adapted to reinsurance business than a general increase of the solvency requirement with a certain percentage. This is essential for objectives 1 and 2.

Certain commentators may argue that a higher solvency requirement for reinsurance would facilitate the abolishing of collaterals in the EU (objective 3). The Member States that currently use a collateralisation system have in fact asked for higher solvency requirements for reinsurance. Taking arguments and reactions from commentators into consideration, the Services believe that alternative 1b will be the most appropriate in addressing the objectives for the exercise, and that it will efficiently pave the way for the abolishing of the collaterals within the EU.

Issue 5: Quantitative solvency requirements for life reinsurance

For life reinsurance, certain other considerations than in non-life have to be made. Life reinsurance business is sometimes very similar to direct life business, but often it has another character as normally only risk-bearing elements (i.e. not the savings part) are reinsured. During the project two distinct solutions have been discussed for life reinsurance.

Alternatives

1. In principle use direct life rules for life reinsurance

2. Approximate through use of direct non-life rules also for life reinsurance

Both alternatives could include certain adjustments such as class enhancement.

Discussion and reasons for the Commission proposal

In initial discussions it was proposed that life reinsurance business in principle could be treated in a way similar to non-life reinsurance. This model is used in certain countries that today supervise reinsurance. One possible approach would be to use the current health rules in the non-life directive, which in principle would lead to a solvency requirement that is one third of the non-life requirement.

In discussions with Member States and the insurance industry, however some cases where highlighted where the nature of life reinsurance would be better reflected through the use of direct life rules. Member States also feared that approximation through non-life rules would lead to arbitrage between life insurance and life reinsurance. Considering the arguments, the Commission Services have decided to propose that life reinsurance should be subject to direct life rules.

The class enhancement discussion is also different for life reinsurance. There is generally perceived to be less need for enhancements in life business, and therefore Solvency I did only included such rules for non-life insurance. The Commission Services have not encountered arguments that call for class enhancement through comitology for life reinsurance. Certain commentators, particularly from the UK and Ireland, have however called for lower requirements in life reinsurance than direct life insurance due to the (perceived) lower risk level. The Commission Services however consider that due to level playing field reasons the same requirement should be applied in life insurance and life reinsurance. More detailed considerations on the risk inherent in different life products will be made in the Solvency II project.

The chosen alternative in the light of the objectives in chapter 4

The Services believe that both proposed solutions could in principle fulfil the objectives set in chapter 4. The quantitative requirements are only one part of the supervisory system and must be seen in the light also of other supervisory measures. The chosen alternative has the great advantage to ensure consistency between life insurance and life reinsurance, thereby reducing the risk of arbitrage.

6. Expected impacts from the different options identified

Introduction

In chapter 5, a number of alternative solutions to the five major issues were presented. One major function of this paper is to analyse the potential economic, social and environmental impacts on different stakeholders of the different alternatives.

In this chapter we will therefore address the impacts of the following issues from an economic and a social angle:

Issue 1: Overall approach

Issue 2: Fast-track solution or long-term, comprehensive project

Issue 3: Voluntary passport or mandatory licensing system

Issue 4: Quantitative solvency requirements for non-life reinsurance

Issue 5: Quantitative solvency requirements for life reinsurance

The reinsurance supervision project does not have any direct environmental impact.

The impact will be discussed from the perspectives of the different major stakeholders identified in chapter 3, i.e. reinsurance undertakings, insurance undertakings, policyholders and insurance supervisors.

Some of the issues involved are highly technical and for most stakeholders the impact will basically be the same for most alternatives. A qualitative analysis has been judged the most relevant for the issues. However, for issues 4 and 5 also certain quantitative simulations have been performed. The analysis is based on background studies, market material, quantitative analyses (when available) as well as material and comments from Member States and stakeholders. The Services have summarised the different impacts in order to facilitate the presentation of the results.

After the discussion on the different issues, certain general issues will be commented upon (impact over time, impact outside the EU or in accession countries).

Impacts of the alternatives for the overall approach (issue 1)

The grid outlines the main expected impacts of the proposals on the different stakeholders:

>SITIO PARA UN CUADRO>

The grid clearly demonstrates that the most positive market and economic impacts (reduced administrative burden, single European licence, facilitated market access, etc.) will come from the supervisory alternative. The additional costs related to the supervisory alternative would be outweighed by the significant advantages of a single European licence system. A supervisory alternative will bring certain compliance costs for reinsurance companies. For certain reinsurance companies, capital increases may be needed. Social impacts, i.e. primarily the interests of the policyholders, would be best served by a supervisory alternative. A reinsurance supervision system is unlikely to have any material impact on the employment situation in the insurance/reinsurance sector. The analysis has not led the Services to believe that the introduction of reinsurance supervision would materially increase the premium level of policyholders.

As indicated above in chapter 5, both the status quo and the voluntary disclosure alternatives fail to meet the objectives of this exercise.

Impacts of a fast-track vs. a long-term comprehensive project (issue 2)

As outlined in the previous chapter, the differences between the alternatives mainly relates to the timing and the measures possible to introduce in a short to medium-term perspective. In a fast-track project the perceived benefits as well as certain implementation costs will come earlier. As outlined above, many elements of the two approaches are in fact similar and the fast-track approach prepares the introduction of Solvency II.

Reinsurance undertakings may argue that an alignment to the long-term Solvency II project would give them more time to implement necessary changes. An introduction of a fast-track system followed by changes due to Solvency II, could force companies to change their systems twice. On the other hand, a swift introduction of a reinsurance supervisory scheme will give advantages to EU reinsurers, and particularly this argument has been highlighted in the consultations.

For the same reasons as outlined under issue 1, insurance undertakings and their policyholders would benefit from a swift introduction of reinsurance supervision.

Insurance supervisors are obviously benefiting from a swift fast-track system as well as from the introduction of a more thorough Solvency II project. Most supervisors have clearly expressed the need for a fast-track approach, but at the same time they are committing very important resources to work related to the Solvency II project.

Impacts of a passport vs. a licensing system (issue 3)

The impacts on different stakeholders of the introduction of a passport or a licensing have been discussed in detail in chapter 5. The two grids on pros and cons with a licensing respective a passport system highlight the impact on different stakeholders.

Impacts of alternatives for the non-life solvency requirements (issue 4)

This section contains a general discussion on how the different stakeholders are affected by the choice of the solvency alternative. The aim of this section is to give a qualitative overview of some results from the more technical simulations. The second section contains summary results of the simulations performed during the reinsurance supervision project.

General discussion on the impacts of different solvency alternatives

The different solvency alternatives outlined in chapter 5 in fact represent a continuum between basically identical requirements as in direct insurance to alternatives with higher requirements, both in terms of solvency and size of the guarantee fund.

The reinsurance companies are directly concerned by the requirements under the different alternatives, and the impact on them are outlined in the sub-chapter below containing the summary results from the simulations.

As discussed above, the Services believe that all the outlined solvency alternatives would bring advantages to insurance companies and their policyholders. High requirements could be said to lead to stronger, more solvent reinsurance undertakings, which would be in the interest of direct companies. However, if the requirements are set too high, the price of reinsurance cover may increase, which would affect direct insurance companies. It is important to remember that many direct insurance companies also accept inwards reinsurance business, and may therefore be subject to some of the new reinsurance rules. This issue is analysed below in connection with the fourth simulation.

Insurance supervisors have different views on the impact of the different solvency alternatives. Some supervisors believe that higher solvency requirements are motivated from a prudential point of view, whereas others stress the importance of similar requirements between insurance and reinsurance.

Results from simulations

A number of the most important alternatives outlined above have been the subject of three simulation exercises performed between August 2002 and October 2003. The simulations performed related to the following quantitative parameters in different combinations:

Solvency margin requirements as percentages of claims and premiums

Size of the minimum guarantee fund

Size of the reinsurance reduction factor

The application of reinsurance solvency margins (and minimum guarantee fund requirements) for the inward reinsurance business of direct insurance undertakings

The parameters were combined into scenarios which were subsequently simulated using data available at national insurance supervisors. The samples used differ somewhat between the simulations. For certain computations life reinsurance business have been included in the samples, and simulations been done according to the non-life requirements. The extent of life reinsurance business is normally small in reinsurance companies.

The first set of simulations related to combinations of different solvency margin and minimum guarantee fund levels. Around 400 reinsurers from 11 Member States were included in the sample and the simulation period was 1999-2001/2002. The simulated solvency margin requirement ranged from 16% of premiums/23% of claims to 35% of premiums/50% of claims. The minimum guarantee fund sizes ranged from 3-10m EUR for reinsurers and 1-10m EUR for reinsurance captives.

The results showed that a number of smaller reinsurance undertakings would suffer due to the minimum guarantee fund requirements. Some companies showed solvency deficits because they were part of a group and only capitalised to a certain extent, although the group as such was solvent. The results showed in particular that many reinsurance captives were only capitalised to a minimum extent, and that an increase in the minimum guarantee fund requirement could directly hurt their solvency position. The Commission Services believe that the new solvency system must be robust and sufficiently prudent, but at the same time the requirements on EU reinsurers cannot be significantly higher than their international competitors. Commentators argue that high solvency requirements could hurt the captive reinsurance industry severely and there could be a risk that these companies will move to a non-EU jurisdiction if the solvency requirements are deemed to be excessive. This would in fact lead to a situation with less supervisory control. For larger companies in particular, the simulations showed the clear impact of losses in 2001 and 2002 on the available solvency margin. In conclusion, the Commission Services conclude that the results call for a solvency margin for reinsurance that is not too different from that of that of direct insurance companies, and that special considerations for captive reinsurers should be made.

The second set of simulations related to a possible increase in the reinsurance reduction factor. Today a direct insurance undertaking that reinsures a portfolio of risks can only get solvency requirement relief up to a cession of 50% regardless how large the reinsured part is. A quality supervision framework could however enable this level to be raised. A simulation to analyse the impact of an increase of the reinsurance reduction factor to 75% and 90% was therefore made. Around 1 500 direct insurance undertakings from 10 countries totalling a premium volume of about EUR 270 000m were included in a simulation for the year 2001.

The simulations showed that roughly one fifth of the companies in the sample did in fact reinsure to an extent of more than 50%, and therefore would profit from an increased reduction factor. Some market segments seem to profit more than others. This was for example the case for smaller life insurers and larger composite insurance undertakings. On a market level the relative decrease in the solvency requirement would be small (less than 5%) in both simulated alternatives.

The purpose of the third set of simulations was to test a number of combinations of solvency requirements and minimum guarantee funds from the perspective of small reinsurers and reinsurance captives. 145 pure reinsurance undertakings from 8 Member States and 275 reinsurance captives from 6 Member States were included in the simulations for the period 1999-2001. The simulated solvency margin requirements ranged from 16% of premiums/23% of claims to 35% of premiums/50% of claims. The minimum guarantee fund sizes ranged from 1-3m EUR.

When analysing the results of these simulations, it is obvious that the lowered minimum guarantee fund requirement leave smaller reinsurers in a significantly better position than in the cases studied in the first set of simulations. However the number of deficits under certain of the above hypotheses is still noteworthy, particularly for reinsurance captives. It is important to note that these companies in many cases are well capitalised in relation to the solvency requirement, but hit by the minimum guarantee fund amount.

Also for this simulation it is important to note the very significant impact that accumulated equalisation provisions/reserves have in certain Member States.

The purpose of the fourth set of simulations was to analyse the impact of using the proposed reinsurance solvency margin requirements and sizes of guarantee funds to the inwards reinsurance business of direct insurance undertakings. If the solvency requirements for reinsurance business would be different from those of direct insurance, it may be necessary for level-playing field reasons to apply such requirements also to that part of direct insurers' business that consists of inwards reinsurance. About 150 direct insurance undertakings from 10 Member States for which the inwards reinsurance business written surpassed 10 % of their total premium income or 500m EUR were included in the sample for the period 1999-2001. The simulated solvency margin requirement ranged from 16% of premiums/23% of claims to 35% of premiums/50% of claims. The minimum guarantee fund sizes ranged from 3-10m EUR.

Also in this context, it is important to see the simulations results in the light of the average figures and time period. On average the companies in the sample fulfil the different requirements more or less easily (depending on the hypotheses). When considering developments over time period 1999 to 2001, the trend has been slightly negative. In the higher hypothesis the number of negatively affected companies is elevated. The insolvency deficits affect above all small companies. The results are broadly in line with those of pure reinsurance companies.

The simulation convinced the Commission Services that - if different - reinsurance requirements should be used for reinsurance business regardless of the entity - reinsurance or insurance undertaking - that does the underwriting.

Impacts of alternatives for the life solvency requirements (issue 5)

As stated above, life reinsurance business has to a certain extent been included in the simulations under issue 4. These results consequently give a tentative indication on how the impact of a direct non-life approximation solution would impact reinsurance companies. One important outcome was that direct non-life did neither take the remaining saving element nor the different risk structure into account. In certain markets the application of non-life rules would lead to significant solvency requirements. The insurance industry suggested that a solution similar to the one used for health insurance practiced by non-life companies could be appropriate. Furthermore, the results indicated significant calculations difficulties.

The Commission Services asked Member States to perform simulations in which the life part of the reinsurance portfolio was separated and computed according to direct life insurance rules. However, in many Member States such information was not readily available. This solution was therefore studied based on material from a restricted number of Member States. The different calculation methodologies and the small sample make definite conclusions difficult. In subsequent discussions of the results with Member States, several concluded that a split solution with life rules for the life part, and non-life rules for the non-life part would be preferable.

The quantitative and qualitative analyses performed have not led the Commission Services to believe that the choice of solvency alternative for life reinsurance will have an impact on policyholders, neither as regards the level of premium nor the certainty of claims payments.

Insurance companies as well as reinsurance companies are affected by the different proposals, but the effects seem to be very linked to market conditions in different markets. Continental European reinsurers tend to accept a non-life approximation solution to a larger extent than reinsurers from the UK and Ireland. Different supervisory practices and requirements in EU Member States basically decide to what extent supervisors are affected by the alternatives. For example, a split solution is already practices in countries like the UK and would lead to less supervisory implementation costs than in countries that already today use a non-life approximation solution.

Some general comments

Impact over time

The simulations have been made for the period 1999-2001, with completions for 2002 for certain options. This has been a difficult period for the insurance sector, and the simulated figures indicate deterioration of the solvency situation during this time. The weaker results are however more related to the difficult situation on the financial markets than to reinsurance claims following the 11 September event. We have had several discussions with Member States and insurance industry on the results of the simulation taking the cyclic situation into account.

Impact outside the European Union or in accession countries

Representatives for accession countries have participated in the working group during 2003. The reinsurance sector in the future Member States is very small, and representatives have stated that they assess the impact of the proposals to be very limited. Furthermore, the major reinsurance providers in the accession countries often are subsidiaries or affiliates from reinsurance companies established in the current EU-15.

As has been the case for the direct insurance directives, a future directive may be used as inspiration for legislation in certain third countries.

As the Commission has intended the proposal to be in line with current reinsurance work at the international level it is believed that the adoption of a harmonised EU regime will positively affect the standing of recently adopted IAIS reinsurance standards. It is furthermore believed that the reinsurance directive could be a positive element in the reinsurance part of the ongoing EU-US Regulatory Dialogue.

7. How to monitor and evaluate the results and impacts of the proposal after implementation?

The proposal is expected to follow normal implementation procedures, i.e. transposition in Member States within 18-24 months. As in other insurance fields, implementation may be facilitated through cooperation between Member States ministries' and supervisory authorities.

In addition to normal monitoring by Commission Services, the Insurance Committee will follow how the directive is implemented and used. The ongoing long-term project Solvency II will also at a later stage deal with reinsurance related issues, and to that end work in this project would need to take the working of this reinsurance directive into account. As the Solvency II system will come into place in the EU within a number of years, no formal evaluation clause has been included in the proposed fast-track reinsurance directive.

8. Results from stakeholder consultations

Introduction

Stakeholders have been consulted regularly during the project, and have provided the Commission Services with very important input. In the beginning of the project, a major hearing with over 100 participants was organised, and subsequently all participants (as well as other interested parties) were included in a sending-list that received all documents produced under the project or a message stating that new documents have been posted on the website (see annex). The Commission reinsurance website is:

The project has been followed by interested parties from a broad variety of sectors and professions. The sectors consulted are basically the following: insurance (commercial companies, mutuals, cooperatives etc), insurance associations (EU level as well as nationally), insurance intermediaries (brokers etc), accounting associations, actuarial associations, industry general (UNICE), analysts, risk/captive managers, SME-organisation (BEUC), consulting firms, banks, lawyer firms, rating agencies.

The Commission Services have benefited significantly from the input given by stakeholders and interested parties, particularly as the project has involved many very difficult technical matters. The documents send out for comments dealt with policy issues as well as detailed matters. During 2002 and 2003 all policy decisions taken by the Commission Services were preceded by comments from stakeholders, in particular the insurance industry.

Comments received on the objectives of the reinsurance project (chapter 4)

The early consultations were taken into account when formulating the general approach and the objectives for the project. Commentators have generally been very supportive of all the three major objectives of the project. A few Member States have raised comments on the fact that objective 2 would prohibit additional checks or requirements by Host States. This objective has however been strongly supported by all other stakeholders, in particular the insurance industry. The Member States that currently use collateralisation have obviously expressed objections to objective 3, but all other stakeholders have unanimously supported the objective as formulated by the Commission Services. Certain Member States have commented on the difference in collaterals between the life and non-life insurance fields.

Comments received on the major policy issues (chapter 5)

Issue 1 - Overall approach: Most commentators have been in favour of a supervisory approach to reinsurance. Certain companies have argued in favour of voluntary solutions, but a greater number of companies and associations have stated that only a supervisory solution would give an additional quality mark to EU reinsurance. A status quo alternative has not been supported by any of the major stakeholders.

Issue 2 - Fast-track or comprehensive, long-term project: Most Member States have argued in favour of a fast-track approach, and this has also been the clear view of the Insurance Committee. Initially a number of Member States however supported an alignment to the long-term Solvency II project. Other stakeholders have been very supportive of a fast-track solution based on current direct supervision rules. Technical specialists (like actuaries and accountants) have however pointed out that the restricted time frame would limit the number of possible solutions, thereby postponing the introduction of certain methods until the Solvency II project is finalised.

Issue 3 - Voluntary passport or mandatory licensing system: A clear majority of Member States has expressed support for a mandatory licensing system similar to that of direct insurance. Most industry commentators, but not all, would however have preferred a voluntary passport solution, but for reasons stated above the Commission has followed Member States' advice to propose a mandatory licensing system.

Issue 4 - Quantitative solvency requirements for non-life reinsurance: The reactions from stakeholders on the level of the solvency requirements have been many and strong. The Commission Services have had a large number of meetings with interested parties, particularly from the insurance industry, the captive reinsurance industry, risk managers, actuaries, consultants and accountants. Generally industry representatives and insurance consultants have argued that reinsurance is an activity that is close to direct insurance and therefore the same solvency requirements should apply. Some insurance supervisors have however strongly taken the view that reinsurance is more volatile and difficult to supervise and consequently a slightly higher requirement would be appropriate. The Commission Services have taken account of the views of both sides in the proposed option (see chapter 9 below). Technical comments from the actuarial and accounting professions have been taken into account when elaborating the solvency requirements.

Issue 5 - Quantitative solvency requirements for life reinsurance: This issue has also been the subject of much discussion, both as regards the actual requirements as the calculation methods. The Services have in fact consulted on different solutions, but both among insurance companies and Member States divergent views remain. Continental European companies have both expressed support for a non-life approximation method, but this has been rejected by several Member States. Furthermore industry has asked for adjustments in certain of the direct insurance values to be used for reinsurance. Ireland and the UK seem to have a specific situation as they today use adjusted direct life requirements to their reinsurance companies. These are in some cases significantly lower than the direct life rules. Considering these comments, the Services have concluded that a split solution (use direct life rules for life reinsurance, direct non-life rules for non-life reinsurance) would be preferable. The Commission proposal would consequently lead to higher requirements in life reinsurance than the current ones used in the UK and Ireland.

Comments received on the draft legal text

During 2003 the Commission Services have consulted at several occasions on issues concerning the draft legal text, and new versions have been prepared following comments from interested parties, in particular the insurance industry and the actuarial profession. Some of the submissions were very detailed and provided very useful input to the work of the Commission Services. Comments often related to possibilities of simplifying the legal text, and these have to a large extent been integrated. Technical comments from industry and actuaries have been important for the elaboration of the technical parts of the directive.

9. Commission draft proposal and justification

The chosen policy options

In accordance with the considerations presented in chapters 4 and 5, the Commission has chosen to present a proposal for a directive with the following features:

An approach based on harmonisation and mutual recognition.

A fast-track approach for a directive based primarily on current direct supervision rules.

A mandatory licensing system.

A system that would abolish collateralisation requirements in the EU.

Solvency requirements in line with those of direct insurance, however with the possibility of class enhancement up to 50% through comitology for non-life reinsurance.

Particularly the issues of collateralisation and the level of the solvency requirements have been discussed by Member States and interested parties.

In the Commission Services' view, abolishing the collateralisation requirement is a key element improving the internal market for reinsurance services in the EU. It is widely supported by the EU insurance sector. A clear majority of Member States do not use collaterals and consider them as obstacles to an efficient internal reinsurance market. A new reinsurance supervision regime should provide clear and forceful rules that remove the need for collateral requirements. Furthermore, if Member States were allowed to maintain their collateral requirements vis-à-vis EU reinsurers, this would considerably weaken the EU's position in international negotiations aiming at abolishing such requirements.

Concerning the solvency requirements, the Commission Services believe that the chosen solution (direct solvency rules as the basis, complemented through comitology) would link this proposal in a logical way to the Solvency I and Solvency II exercises. This is also a logical step towards a more risk-based structure foreseen for Solvency II. The solution enables fine-tuning of the solvency requirement in reinsurance, using Solvency I techniques. The solution has the support by a number of Member States. The solvency requirement is an important supervisory tool, and it is therefore important that the supervisors advice the Commission before the presentation of a proposal for reinsurance class enhancement.

The insurance and reinsurance industries have expressed hesitation towards the use of comitology and class enhancement. The Commission Services believe that such a model would enable fine-tuning to a greater extent than for example the Solvency I solutions. It is for example likely that differentiated enhancements (not only "0%" or "50%") would be used. The solution also provides an efficient tool for reacting quickly to market developments. The Commission Services will ask CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) for advice on possible class enhancement, and substantive consultation with industry and specialists will be ensured. The Services see the clear role of the actuarial profession in this work.

The chosen option in the light of other solutions

As indicated in earlier chapter, technically there are both a less ambitious alternative (a disclosure model) and a more elaborated model (risk-based capital, Solvency II type solutions) for an EU reinsurance supervision approach. A more ambitious alternative going in the direction of risk-based capital requirement would not have fitted the time constraints for a fast-track project, and it would furthermore have clashed with Solvency II work. A pure disclosure model would not have fulfilled the objectives set for this exercise. Though the comitology element, some positive trade-off from a more advanced model has been included.

When discussing possible trade-off between the different solvency options, the Commission Services believe that the chosen alternative in a way could combine certain advantages of the 100% as well as of the 150% alternatives.

Available data for simulations of the alternatives

Member States have done great efforts to collect the data needed for the simulations. In some cases, information was not available and in others approximations have been made. The Services however believe that the results from the simulations give a sufficiently full picture to proceed with the presentation of a Commission proposal.

The experiences from this simulation exercise will serve as useful input for coming Solvency II simulations.

ANNEX: Consultative documents prepared during the project

See website: http://europa.eu.int/comm/internal_market/ insurance/reinsurance_en.htm

>SITIO PARA UN CUADRO>

Contact:

Ulf Linder, Telephone:(32-2) 299.22.76, ulf.linder@cec.eu.int