Bruselas, 19.10.2004

COM(2004) 686 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓNAL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Orientaciones de la UE para apoyar los procesos de elaboración y reforma de la política agraria en los países en desarrollo[SEC(2004) 1289]

ORIENTACIONES DE LA UE PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA[1] EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

1. INTRODUCCIÓN

Las tierras rurales constituyen un capital fundamental en muchas partes del mundo, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. En los primeros, una parte importante de la renta, el empleo y los ingresos de exportación procede de la producción agrícola y de otras actividades relacionadas con la explotación de las tierras. Además de ello, la pobreza es especialmente grave en las zonas rurales y el control de las tierras en un aspecto crucial en las sociedades campesinas.

El compromiso de los donantes con la reforma agraria y la política agraria ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En los años cuarenta y cincuenta en Asia oriental y en los años sesenta y setenta en América Latina, el apoyo a las reformas agrarias era un medio para calmar las presiones radicales ejercidas para lograr un cambio político. El carácter político y la complejidad de este tipo de intervenciones hicieron que muchos donantes abandonaran el apoyo a la redistribución de las tierras.

Debido a la creciente escasez de tierras y a la inquietud suscitada por los conflictos relacionados con éstas y por el incremento de la pobreza rural, sobre todo en África, la cuestión de las tierras ha recuperado importancia. Esta situación se ajusta al interés por elaborar marcos políticos eficaces para erradicar la pobreza y por fomentar la buena gobernanza, la descentralización y el establecimiento de instituciones democráticas a escala local y nacional. Además de ello, la experiencia adquirida en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad y la viabilidad de diseñar diversos tipos de intervención adaptados a una gran variedad de situaciones.

En este contexto, la Comisión ha elaborado la presente comunicación, en colaboración con otros donantes[2]. La atención que se presta a los aspectos fundiarios se deriva directamente del objetivo general de la política comunitaria de desarrollo relativo a la reducción de la pobreza, pues las políticas agrarias sostenibles constituyen un elemento fundamental del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Estas orientaciones responden a las peticiones de apoyo a las reformas de la política agraria de los países en desarrollo y los países en transición. Sin ser normativas, tienen por objeto presentar una interpretación común para facilitar la colaboración de la UE en los países en desarrollo y los países en transición en los cuales los donantes respaldan las reformas de la política agraria.

La presente comunicación es el fruto de la estrecha colaboración con los Estados miembros en un grupo de trabajo de la UE, que ha formulado unas orientaciones de la UE sobre política agraria. Se trata de una serie de orientaciones estratégicas y operativas pormenorizadas, presentadas recientemente para consulta con la sociedad civil, que reflejan fielmente los resultados de ambos procesos[3]. Las orientaciones operativas [véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2004) 1289] recogen un ejemplo de aplicación práctica de la política para evaluar la situación de los aspectos fundiarios a escala nacional y complementan el presente documento estratégico.

2. IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA AGRARIA

En todos los países, la política agraria ocupa un lugar destacado en la vida social y económica y en las preocupaciones medioambientales. La distribución de los derechos de propiedad incide considerablemente en la equidad y la productividad. La distribución no equitativa de las tierras, los problemas relacionados con el régimen fundiario y una administración fundiaria deficiente pueden generar injusticias y conflictos graves. La modificación de la legislación, la distribución de los derechos de propiedad y la estructura administrativa pueden repercutir a largo plazo, de forma positiva o negativa, en el desarrollo político, económico y social y en la gestión medioambiental.

Las estructuras del régimen fundiario reflejan la distribución de poderes en la sociedad. Si bien es cierto que el acceso a las tierras no está reconocido como derecho humano en sí, puede considerarse un medio para conseguir los derechos humanos fundamentales definidos en los convenios internacionales, tal como lo ilustra el caso de los pueblos indígenas.

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La igualdad de derechos entre mujeres y hombres en cuanto a la tenencia y utilización de la propiedad constituye la piedra angular de la igualdad social y económica entre ambos sexos. Los derechos humanos de las mujeres deben consolidarse en el marco de regímenes fundiarios, tanto formales como informales; la legislación constitucional y el Derecho de sucesión deben desempeñar un papel junto con la legislación y las instituciones fundiarias, así como con el Derecho matrimonial y de familia.

El crecimiento demográfico, la evolución de la situación económica y las modificaciones medioambientales como la desertización y los cambios climáticos pueden intensificar la competencia por el acceso a las tierras. Pueden surgir conflictos si se acentúa la escasez de recursos y se reduce el acceso a las tierras, si la normativa fundiaria no se adapta con suficiente rapidez y si coexisten normativas distintas y contradictorias. La apropiación ilegal de tierras por las élites políticas y el desplazamiento forzoso de la población rural también pueden acarrear conflictos fundiarios. Antes de poner en práctica cualquier programa de registro de tierras, es preciso abordar las reivindicaciones conflictivas para evitar así los cuestionamientos y litigios reiterados. En los países que salen de un conflicto, el tratamiento justo y equitativo de los asuntos fundiarios será a menudo fundamental de cara a la reconstrucción, para mantener la paz y crear las condiciones necesarias para restaurar un crecimiento económico duradero.

La política agraria está estrechamente vinculada a la política agrícola y económica. Garantizar el acceso a las tierras es una condición necesaria para fomentar la inversión y la mejora de las mismas. No obstante, los problemas fundiarios no suelen ser el único factor que limita el incremento de la productividad. Hacer frente a los problemas relativos a los precios, los insumos, el crédito, el mercado y la transformación puede resultar más apremiante que abordar las cuestiones fundiarias.

La tierra viene considerándose desde hace mucho una fuente fundamental de ingresos para la administración local y nacional. Es un activo fácilmente imponible, sobre todo en las zonas urbanas. La población local puede considerar legítimos los impuestos locales sobre la tierra si se acompañan de derechos más efectivos y seguros y de la provisión eficaz de servicios públicos.

La política agraria es asimismo fundamental para la sostenibilidad medioambiental, pues puede incentivar la utilización de las tierras y la gestión medioambiental sostenibles. La tierra ofrece una serie de servicios ecológicos que pueden verse favorecidos por una política agraria sana: la retención de las aguas, la reducción de la contaminación y la protección de los suelos y las costas dependen de la utilización sostenible de los recursos naturales. De ese modo, la política agraria desempeña un papel en la prevención de la degradación medioambiental. Unos derechos claramente definidos y protegidos y unas normas efectivas que regulen el acceso y la utilización de las tierras, el agua y otros recursos naturales constituyen medios esenciales para garantizar la gestión a largo plazo de la tierra y sus recursos.

En ausencia de políticas comerciales y agrícolas de apoyo al sector de las pequeñas explotaciones agrícolas, la predominancia de la agricultura orientada a la exportación, la liberalización de las importaciones agrícolas y la retirada del Estado por lo que respecta a la prestación de servicios de desarrollo agrícola se han traducido con frecuencia en una reconcentración de las tierras y en la exclusión de los grupos vulnerables o en la confiscación de sus tierras. De ahí la importancia de atajar esta herencia del pasado y de fomentar la equidad y la productividad.

Así pues, la reforma de la política agraria constituye un elemento esencial de las reformas políticas e institucionales necesarias para capacitar a los grupos desfavorecidos y fomentar el desarrollo equitativo y sostenible; es un medio fundamental para alcanzar los objetivos de justicia social y desarrollo económico. La elaboración de la política agraria compete al Estado, si bien habrá de responder a las inquietudes de los numerosos actores no estatales y tenerlas presentes. La reforma de la política agraria ha de desempeñar un papel crucial en los procesos de democratización, la mejora de la gobernanza y la descentralización.

3. DISTINTOS TIPOS DE REFORMAS DE LA POLÍTICA AGRARIA[4]

En el sentido más amplio, la reforma de la política agraria puede incluir la modificación deliberada de la distribución de los recursos de la tierra o de las formas de tenencia (reforma del régimen fundiario), las normas que rigen la utilización del suelo y las instituciones que administran y gestionan las tierras y reglamentan su utilización. Puede incluir asimismo medidas relativas a la propia distribución de los derechos (reforma parcelaria).

La redistribución de las tierras es un elemento crucial cuando los derechos fundiarios se hallan concentrados en manos de una minoría, el acceso es muy desigual, las tierras están infraexplotadas por latifundistas o es preciso reparar injusticias pasadas. En cualquier caso, la redistribución de tierras no basta de por sí y puede ocasionar una disminución temporal de la productividad en ausencia de incentivos económicos y apoyo institucional suficientes y de medidas financieras y técnicas adecuadas para ayudar a los nuevos agricultores a desarrollar sus explotaciones y acceder a los mercados. Además de ello, la intensificación de los cultivos en tierras muy frágiles puede acarrear una degradación del medio ambiente en ausencia de una planificación adecuada de la utilización del suelo. Así pues, la redistribución de las tierras debería llevarse a cabo en el marco de una política agrícola sostenible, que apoye la explotación agrícola familiar.

En otros tiempos, los gobiernos efectuaban las reformas agrarias expropiando a los latifundistas. Ese tipo de reforma ha sido considerado difícil desde el punto de vista político y generador de conflictos. También se ha experimentado la «reforma agraria con arreglo al mercado», basada en el principio del común acuerdo entre comprador y vendedor. No obstante, ambos tipos de reforma pueden favorecer la escalada de precios, la excesiva demanda de indemnizaciones y la venta de tierras marginales por los terratenientes, lo cual puede ocasionar a su vez el endeudamiento importante de los beneficiarios o unos costes elevados para el Estado.

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En caso de expropiación, el principio rector debería ser la indemnización razonable correspondiente al valor de las mejoras aportadas a la tierra y a su utilización y potencial en términos de productividad. No obstante, tales medidas no deberían dar lugar en ningún caso a la expulsión de la población indígena y local de las tierras tradicionalmente suyas ni limitar su acceso a los recursos naturales. Los grandes latifundios creados de forma ilegal no deberían dar derecho a indemnización ni poder venderse en el mercado libre. Así pues, la voluntad política, el consenso nacional sobre la legitimidad de la redistribución de las tierras y el apoyo de las organizaciones sociales rurales y de la población urbana constituyen condiciones políticas, pero también se requiere un importante apoyo financiero y técnico de los donantes. Es asimismo necesaria una supervisión independiente para garantizar que los procedimientos sean transparentes y equitativos y evitar las manipulaciones políticas.

Si bien es cierto que las reformas fundadas en el mercado permiten evitar algunos de los riesgos y dificultades de la adquisición y redistribución forzosas, las tierras disponibles para la venta y los problemas de financiación limitan en gran medida el ritmo y las repercusiones de este tipo de reformas en los pobres. Si no pueden corregirse las fuertes desigualdades mediante mecanismos de mercado, seguirán siendo necesarias reformas agrarias dirigidas por el Estado. También pueden estudiarse otras formas para influir en la distribución de los derechos: gravamen de la tierra, negociación de arrendamientos de larga duración para las personas que carecen de tierras, reglamentación de los mercados de venta de tierras concediendo prioridad a los agricultores locales, créditos subvencionados para la adquisición de tierras a favor de los pobres; todas éstas son formas alternativas para poner freno a la acumulación de tierras improductivas en manos de una minoría y favorecer el acceso de los pequeños agricultores a la tierra.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2004) 1289 recoge una serie de principios que pueden contribuir a garantizar la sostenibilidad de los procesos de reforma de la política agraria.

4. ELEMENTOS DEL ENFOQUE DE LA UE EN MATERIA DE APOYO A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA

4.1. Asegurar los derechos sobre la tierra y los recursos conexos

Si se pretende incrementar la equidad y fomentar la productividad agrícola, debe aplicarse una política que mejore el acceso a la tierra y asegure los derechos conexos. Los derechos se consideran asegurados si no se cuestionan sin razón y si, en caso de que se cuestionen, pueden ser confirmados por las autoridades judiciales o de arbitraje (consuetudinarias o gubernamentales, o ambas). Así pues, asegurar los derechos fundiarios depende en gran medida de la existencia de instituciones eficaces y de la aplicación efectiva de las normas de gestión de tales derechos, y no sólo de su carácter legal oficial.

Los regímenes fundiarios informales suelen ser dinámicos y evolutivos, si bien pueden (aunque no necesariamente) ser eficaces y adaptarse, dentro de unos límites, a la evolución de las condiciones económicas y tecnológicas. Los regímenes fundiarios consuetudinarios e informales no deberían considerarse un freno a la intensificación agrícola.

4.2. Fundarse en los derechos y prácticas existentes

La reforma de la política agraria tiene por objeto modificar las prácticas de utilización de la tierra, si bien es frecuente que el diagnóstico se efectúe sin los estudios adecuados, de manera que la política no alcanza el objetivo perseguido. Para entender la naturaleza de los problemas que se plantean y poder hacerles frente, es preciso realizar un análisis cualitativo exhaustivo de las prácticas y reglamentaciones fundiarias locales, los problemas de inseguridad, los tipos de conflicto y los medios de transferencia.

4.3. La titulación no siempre es la solución

El registro o titulación de las tierras se ha venido considerando necesario para asegurar los derechos, aumentar la productividad y acceder al crédito, si bien la experiencia ha puesto de manifiesto que los títulos pueden no ser necesarios ni suficientes para tales efectos. En primer lugar, los derechos fundiarios son el resultado del reconocimiento por el Estado y la comunidad local. Los derechos fundiarios informales pueden estar asegurados si se reconocen localmente y no se cuestionan.

En segundo lugar, las inversiones fundiarias dependen de un contexto económico favorable, de manera que los cambios aislados en relación con los derechos fundiarios pueden carecer de incidencia. Además de ello, los programas de titulación de tierras en un contexto macroeconómico que debilite la rentabilidad de los pequeños agricultores pueden dar lugar a ventas forzosas de tierras, que desposeen a muchos de ellos, a la acumulación y concentración de tierras en manos de una minoría y al aumento de la pobreza y la desigualdad.

En tercer lugar, aunque hubo un tiempo en que los títulos se consideraban garantías indispensables para acceder a las fuentes oficiales de crédito, en realidad en la mayor parte de los países, los bancos no se han mostrado dispuestos a prestar dinero en las zonas rurales en ausencia de un mercado funcional. Además de ello, los programas de registro de las tierras solo resultan fiables si el catastro se actualiza periódicamente, lo que supone unos costes considerables que han de cubrir los usuarios de las tierras o el Estado.

Por consiguiente, se requiere una visión general de los sistemas catastrales y de los métodos de titulación para poder efectuar un censo fiable y adecuado de los derechos fundiarios por pueblo, familia o persona, y registrar toda una serie de derechos, a bajo coste. Cabe prestar atención a los sistemas innovadores que ofrecen nuevas soluciones y posibilidades alternativas (por ejemplo, el reconocimiento oficial de contratos escritos a escala local).

4.4. Necesidad de establecer regímenes viables de administración fundiaria

La administración fundiaria incluye una variedad de funciones [véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2004) 1289] que pueden ser llevadas a cabo a distintos niveles por organismos diversos, de manera que el diseño del régimen de administración fundiaria resulta fundamental: con demasiada frecuencia, la administración central de la tierra es engorrosa, ineficaz, costosa e inaccesible para los agricultores. Es obvio que un cierto grado de subsidiariedad permite una gestión más eficaz de la tierra y los recursos naturales, pues los conocimientos más detallados y pertinentes sobre los derechos fundiarios se encuentran a nivel local. La clave de cualquier delegación de poder reside en velar por que el régimen elegido cuente con un mecanismo adecuado de controles y contrapesos y prevea la responsabilización, en particular la supervisión por instancias superiores, habida cuenta del riesgo de corrupción y nepotismo en la administración local de la tierra.

El objetivo de un régimen de administración fundiaria debería consistir en ofrecer una verdadera seguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos naturales en posesión de la población rural y en fomentar la gestión sostenible de la tierra. Entre los aspectos fundamentales que han de tenerse presentes por lo que respecta a la administración fundiaria figuran los siguientes: la supresión de las contradicciones entre las normas; unos trámites sencillos y accesibles y unas normas bien conocidas, que permitan resolver los problemas de los agricultores; el establecimiento de sistemas de arbitraje eficaces y accesibles a los ciudadanos; la supresión de los disfuncionamientos en la administración fundiaria y la instauración de mecanismos de responsabilización; el mantenimiento de un registro público de las reivindicaciones fundiarias; la necesidad de informar eficazmente al público sobre dichas reivindicaciones antes de registrarlas y convertirlas en títulos; evitar las posibilidades de corrupción que ofrecen los trámites difíciles y complejos; el establecimiento de vías de recurso.

Siempre y cuando se conciban como instrumentos para favorecer un sistema orientado al usuario, las nuevas tecnologías (p. ej., el sistema global de navegación - GPS - y el sistema de información geográfica - SIG) pueden mejorar la calidad e incrementar la eficacia de los sistemas de información relativa a las tierras y reducir los costes. Asimismo, la participación de las comunidades locales en el establecimiento de una cartografía asociada a la utilización de sistemas consuetudinarios de administración de la tierra puede reducir considerablemente los costes y constituir un instrumento útil para la planificación de la utilización de la tierra y la gestión de los litigios locales.

4.5. Función de los mercados de arrendamiento de tierras en el incremento de la productividad y el acceso

Las transacciones de tierras generan transferencias de derechos fundiarios entre usuarios. Sin embargo, los mercados de venta de tierras pueden resultar inaccesibles para quienes disponen de un poder adquisitivo limitado y se ven falseados por la falta de información adecuada y de servicios financieros en las zonas rurales, de manera que pueden dar lugar a una mayor ineficacia y desigualdad debido a la especulación, a la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios urbanos o forasteros y a las ventas forzosas por los propietarios pobres.

Por el contrario, los mercados de arrendamiento de tierras pueden resultar más eficaces y equitativos. Si se dan las garantías adecuadas de seguridad para las partes contratantes, dichos mercados ofrecen a los usuarios mecanismos flexibles que les permiten aumentar o reducir sus explotaciones conforme a la evolución de sus necesidades. Los acuerdos de aparcería también pueden constituir una forma eficaz para hacer frente al aumento de riesgos o a la falta de liquidez. Los procedimientos de validación jurídica por las autoridades locales de los contratos redactados por los agricultores pueden contribuir asimismo a garantizar los acuerdos de arrendamiento de tierras, tal como se ha intentado en Bangladesh.

No obstante, estas soluciones tienen una utilidad limitada en caso de desequilibrio importante entre propietarios y arrendatarios, de manera que el hecho de aclarar las normas (tasas, duración de los contratos, etc.), facilitar el acceso al crédito y asesorar a la población desfavorecida contribuye al desarrollo de mercados eficaces de arrendamiento de tierras.

5. FUNCIÓN DE LOS DONANTES DE LA UE

Anteriormente, eran muchos los donantes, entre los que figuraban la CE y los Estados miembros de la UE, que se mostraban reacios a intervenir en un ámbito tan sensible políticamente como el de la reforma de la política agraria. La ayuda de los donantes solía limitarse a fomentar los sistemas de titulación y de información relativa a las tierras, actividades no controvertidas y consideradas de carácter técnico, neutral y universal. Tal neutralidad solo es aparente y esa posición ha dado lugar en numerosas ocasiones a elecciones inadaptadas a la realidad local y, por tanto, a la exclusión de las personas desfavorecidas.

Si bien es cierto que la reforma de la política agraria es un proceso largo y complejo, que requiere un amplio debate político en el país, los donantes pueden aportar una importante contribución si desempeñan su función con cautela. Pueden favorecer el debate público, apoyar los procesos sin forzar el ritmo y ofrecerse para financiar los elementos onerosos de la preparación y aplicación de las reformas de la política agraria, en concreto la adquisición de tierras para redistribuirlas, sin sustituir al Estado. Pueden asimismo contribuir a las actividades de investigación, desarrollo institucional y capacitación para los distintos actores implicados (administración local/central, organizaciones de agricultores, etc.) y al seguimiento y la evaluación.

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La importancia creciente que revisten los procesos de reforma de la política agraria, y las cuestiones fundiarias en general, para el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza constituye un motivo sólido para que los Estados miembros y la CE adquieran un mayor compromiso y coordinen sus intervenciones. Gracias a la experiencia que posee Europa en el ámbito de la política, la financiación y la gestión agrarias, el apoyo a la agricultura familiar y la reglamentación de los mercados fundiarios, la UE ha de desempeñar un papel fundamental en los debates internacionales y en la política de desarrollo relativa a la tenencia de tierras y la reglamentación fundiaria. Para ello, debe seguir un enfoque equilibrado, que tenga presente que los mercados no constituyen el único medio para alcanzar objetivos sociales.

La CE cuenta con una ventaja comparativa por lo que respecta a la iniciativa y el acompañamiento de la creación de consorcios flexibles de donantes procedentes de los Estados miembros de la UE, que busquen soluciones a los problemas fundiarios hallados en los países socios. De forma más general, entre las opciones que cabe considerar, figuran las siguientes:

- adoptar un enfoque común respecto a la reforma de la política agraria y del régimen fundiario, fomentar el intercambio de experiencia entre la CE y los Estados miembros, estrechar la coordinación de los aspectos fundiarios y favorecer una interpretación común de éstos;

- preconizar la adopción de un enfoque más equilibrado de las reformas de la política agraria por las instituciones multilaterales y una mayor integración de los aspectos relacionados con el régimen fundiario en los procesos de desarrollo nacional (DELP, estrategias de desarrollo nacional/rural, etc.);

- fomentar activamente la coordinación y la colaboración de los demás donantes, en particular los organismos de la ONU (FAO, FIDA y PNUD), para apoyar los procesos nacionales de reforma, conforme a la ventaja comparativa que ofrece cada organismo, su ámbito específico de competencia y su presencia en el país;

- llevar a cabo iniciativas de investigación aplicada y desarrollo en relación con los vínculos entre las tierras, la igualdad y el desarrollo social, el desarrollo agrícola y la pobreza, y el régimen fundiario y el medio ambiente, así como de seguimiento y evaluación por expertos independientes de las reformas de la política agraria.

Más concretamente, la CE y los Estados miembros de la UE pueden mejorar considerablemente las repercusiones de las reformas de la política agraria apoyando conjuntamente los procesos nacionales de reforma y, en particular:

- respaldando la organización de un debate y compartiendo las experiencias en el ámbito de la política agraria y los asuntos fundiarios, en relación con las políticas económicas, sobre todo a escala regional;

- contribuyendo a hacer del diseño de las reformas y la política agrarias un proceso realmente participativo, por una parte, alentando al Gobierno a fomentar la participación de la sociedad civil, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas y las comunidades locales en el debate y, por otra, respaldando dicha participación y poniendo a la disposición de esos actores los resultados de los conocimientos y la experiencia internacionales;

- apoyando eldiseño y la aplicación de enfoques sectoriales con objeto de poner en práctica un programa participativo de reformas de la política agraria y el régimen fundiario, que tenga debidamente presente el desarrollo institucional y preste atención a la sostenibilidad y la incidencia de los costes recurrentes;

- apoyando la reforma agraria y la redistribución de las tierras, en particular donde persista una gran desigualdad; cuando las condiciones lo permitan, ello podría implicar la financiación de regímenes transparentes y fiables de adquisición de tierras por el Estado, por los beneficiarios o por otros organismos en su nombre, en función de lo que resulte más apropiado al contexto local;

- apoyando la capacitación a todos los niveles de la administración fundiaria, incluidos los entes locales;

- respaldando el seguimiento y la evaluación de la incidencia de la reforma y fomentando la buena difusión de los resultados de la investigación y el debate de los mismos, para hacer de la reforma de la política agraria un proceso dinámico.

6. CONCLUSIONES

En la presente comunicación, la Comisión recoge un nuevo marco de referencia aplicable al apoyo a la reforma de la política agraria en los países en desarrollo. Cabe esperar que facilite el respaldo a los procesos nacionales de reforma y favorezca la coordinación y la colaboración con los Estados miembros y otros donantes.

La Comisión adopta la presente comunicación y la remite al Consejo y al Parlamento Europeo para su aprobación. Subraya, asimismo, que las orientaciones operativas adjuntas [véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2004) 1289] constituyen un instrumento práctico para ayudar a la Comisión y los Estados miembros en el diseño y la aplicación de los programas de apoyo a los procesos de reforma de la política agraria en los países en desarrollo y los países en transición

[1] Los conceptos fundamentales figuran en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2004) 1289.

[2] Esta política se inspira en gran medida en la labor de otros donantes, en particular el Banco Mundial, la FAO, el FIDA y organismos de los Estados miembros de la UE.

[3] Pese a que el presente documento se refiere principalmente a las tierras en zonas rurales, los aspectos fundiarios son también fundamentales en las zonas urbanas y periurbanas.

[4] Los procesos de reforma varían mucho de un país a otro y resulta difícil generalizar. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2004) 1289 recoge una lista indicativa de componentes y un resumen de los aspectos que prevalecen en distintas zonas geográficas.