ANEXO II
18 de mayo de 2021
Excmo. D. Didier Reynders, comisario de Justicia de la Comisión Europea
Excelentísimo señor:
Celebro los debates constructivos entablados entre Corea y la Comisión Europea con miras a la creación del marco para la transferencia de datos personales desde la UE a Corea.
En respuesta a la petición cursada por la Comisión Europea al Gobierno de Corea, le envío el documento adjunto, en el que se ofrece una visión general del marco jurídico relativo al acceso a la información por parte de las autoridades públicas coreanas.
El presente documento atañe a numerosos ministerios y agencias del Gobierno de Corea, y en relación con el contenido del documento, los ministerios y agencias competentes (la Comisión de Protección de la Información Personal, el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea, el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea) son responsables de los pasajes correspondientes a sus respectivas competencias. A continuación figuran los ministerios y agencias pertinentes, así como las firmas correspondientes.
La Comisión de Protección de la Información Personal responderá a todas las consultas relativas al presente documento y coordinará las respuestas necesarias entre los ministerios y las agencias pertinentes.
Espero que este documento le resulte útil para tomar las decisiones que sean oportunas en la Comisión Europea.
Le agradezco la gran contribución que ha realizado hasta la fecha en este asunto.
Atentamente,
L0442022ES110120211217ES0001.00036919022Marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacionalEl presente documento ofrece una visión general del marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacional (en lo sucesivo, acceso por parte de las autoridades públicas), en particular en lo que respecta a las bases jurídicas disponibles, las condiciones (limitaciones) y las salvaguardias aplicables, así como la supervisión independiente y las posibilidades de reparación individual.1.PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES PERTINENTES PARA EL ACCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS1.1.Marco constitucionalLa Constitución de la República de Corea establece el derecho a la privacidad en general (artículo 17) y, en particular, el derecho a la privacidad de la correspondencia (artículo 18). Es obligación del Estado garantizar estos derechos fundamentalesArtículo 10 de la Constitución de la República de Corea, promulgada el 17 de julio de 1948 (en lo sucesivo, la Constitución).. La Constitución estipula asimismo que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden ser restringidos por ley y cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para el mantenimiento del orden público en interés del bienestar públicoArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Incluso cuando se impongan tales restricciones, estas no pueden afectar al contenido esencial de las libertades o de los derechosArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Los órganos jurisdiccionales coreanos han aplicado estas disposiciones en asuntos relativos a la interferencia de las autoridades públicas con la privacidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que la vigilancia de los ciudadanos vulneraba el derecho fundamental a la privacidad, al hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a la autodeterminación de la información personalResolución n.o 96DA42789 del Tribunal Supremo de Corea, de 24 de julio de 1998.. En otro asunto, el Tribunal Constitucional declaró que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que brinda protección contra la intervención en la vida privada de los ciudadanos y su vigilancia por parte del EstadoResolución n.o 2002Hun-Ma51 del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 2003. Del mismo modo, en la Resolución 99Hun-Ma513 y 2004Hun-Ma190 (consolidada), de 26 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional aclaró que el derecho a controlar la propia información personal es un derecho de la persona a quien concierne la información para decidir personalmente cuándo y en qué medida se divulgará o utilizará su información, a quién se divulgará y quién podrá efectuar la divulgación o usar la información. Es un derecho fundamental, aunque no se especifique en la Constitución, destinado a proteger la libertad de decisión personal frente al riesgo causado por la ampliación de las funciones estatales y las tecnologías de infocomunicación..La Constitución coreana garantiza asimismo que ninguna persona será arrestada, detenida, registrada o interrogada, ni se incautarán bienes, salvo en los casos previstos por la leyArtículo 12, apartado 1, primera frase, de la Constitución.. Además, los registros e incautaciones solo pueden llevarse a cabo sobre la base de una orden emitida por un juez, a petición de un fiscal, y respetando las garantías procesalesArtículo 16 y artículo 12, apartado 3, de la Constitución.. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando se detenga a una persona sospechosa en el momento de la comisión de un delito (delito flagrante), o cuando exista el riesgo de que una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o más pueda escapar o destruir pruebas, las autoridades de investigación podrán llevar a cabo un registro o una incautación sin una orden, que deberán solicitar posteriormenteArtículo 12, apartado 3, de la Constitución.. Estos principios generales se desarrollan aún más en leyes específicas relativas al procedimiento penal y a la protección de las comunicaciones (véase más adelante para tener una visión de conjunto detallada).Con respecto a los extranjeros, la Constitución establece que su condición está garantizada según lo dispuesto por el Derecho y los tratados internacionalesArtículo 6, apartado 2, de la Constitución.. Varios acuerdos internacionales de los que Corea es parte garantizan los derechos de privacidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 22) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Además, si bien la Constitución hace referencia, en principio, a los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que también los extranjeros son titulares de derechos fundamentalesResolución n.o 93Hun-MA120 del Tribunal Constitucional, de 29 de diciembre de 1994. Véase también, por ejemplo, la resolución n.o 2014Hun-Ma346 del Tribunal Constitucional (de 31 de mayo de 2018), en la que el Tribunal dictaminó que se había vulnerado el derecho constitucional de un nacional sudanés detenido en el aeropuerto a recibir asistencia letrada. En otro asunto, el Tribunal Constitucional dictaminó que la libertad de elegir el lugar de trabajo está estrechamente relacionada con el derecho a buscar la felicidad, así como con la dignidad y el valor humanos, por lo que no está reservada únicamente a los ciudadanos, sino que también puede garantizarse a los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Corea (Resolución n.o 2007Hun-Ma1083 del Tribunal Constitucional, de 29 de septiembre de 2011).. En particular, el Tribunal sostuvo que la protección de la dignidad y el valor de una persona como ser humano, así como el derecho a buscar la felicidad, son derechos de todo ser humano, no solo de los ciudadanosResolución n.o 99HeonMa494 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. El Tribunal también aclaró que el derecho a controlar la propia información se considera un derecho fundamental, basado en el derecho a la dignidad y a buscar la felicidad, así como en el derecho a la vida privadaVéase, por ejemplo, la Resolución n.o 99HunMa513 del Tribunal Constitucional.. Aunque hasta ahora la jurisprudencia no se ha ocupado específicamente del derecho a la privacidad de los nacionales no coreanos, es ampliamente aceptado entre los académicos que los artículos 12 a 22 de la Constitución (que abarcan el derecho a la privacidad y a la libertad personal) establecen los derechos de los seres humanos.Por último, la Constitución también prevé el derecho a reclamar una indemnización justa a las autoridades públicasArtículo 29, apartado 1, de la Constitución.. Además, sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional..1.2.Normas generales de protección de datosLa ley general de protección de datos de la República de Corea, la Ley sobre la protección de la información personal (en lo sucesivo, LPIP), se aplica tanto al sector público como al privado. Con respecto a las autoridades públicas, la LPIP hace referencia específica a la obligación de formular políticas para prevenir el abuso y el uso indebido de la información personal, la vigilancia indiscreta y el seguimiento, etc. y mejorar la dignidad de los seres humanos y la privacidad individualArtículo 5, apartado 1, de la LPIP..El tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación de la ley está sujeto a todos los requisitos de la LPIP. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal deben cumplir las obligaciones de tratamiento lícito, es decir, basarse en una de las bases jurídicas mencionadas en la LPIP para la recogida, la utilización o el suministro de información personal (artículos 15 a 18 de la LPIP), así como los principios de limitación de la finalidad (artículo 3, apartados 1 y 2, de la LPIP), proporcionalidad/minimización de los datos (artículo 3, apartados 1 y 6, de la LPIP), conservación limitada de los datos (artículo 21 de la LPIP), seguridad de los datos, incluida la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos (artículo 3, apartado 4, y artículos 29 y 34 de la LPIP) y transparencia (artículo 3, apartados 1 y 5, y artículos 20, 30 y 32 de la LPIP). Se aplican salvaguardias específicas con respecto a la información sensible (artículo 23 de la LPIP). Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y los artículos 4 y 35 a 39-2 de la LPIP, los particulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión ante las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.Por tanto, si bien la LPIP es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, contiene una excepción cuando los datos personales se tratan con fines de seguridad nacional. De conformidad con el artículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP, los artículos 15 a 50 de la LPIP no se aplicarán a la información personal recogida o solicitada para el análisis de información relacionada con la seguridad nacionalArtículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP.. Por el contrario, el capítulo I (Disposiciones generales), el capítulo II (Establecimiento de políticas de protección de la información personal, etc.), el capítulo VIII (Demandas colectivas por violación de la seguridad de los datos), el capítulo IX (Disposiciones complementarias) y el capítulo X (Disposiciones sobre sanciones) de la LPIP seguirán siendo de aplicación. Esto abarca los principios generales de protección de datos establecidos en el artículo 3 (Principios de protección de la información personal) y los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP (Derechos de los interesados). Esto significa que los principios y derechos fundamentales también están garantizados en este ámbito. Además, el artículo 58, apartado 4, de la LPIP establece que dicha información deberá tratarse en la medida mínima necesaria para alcanzar la finalidad perseguida y por el período mínimo; también exige que el responsable del tratamiento de información personal establezca las medidas necesarias para garantizar una gestión segura de los datos y un tratamiento adecuado, tales como salvaguardias técnicas, físicas y administrativas, así como medidas para la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales.En la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, la CPIP) aclara con mayor detalle cómo se aplica la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional, a la luz de esta exención parcialNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 6.. Esto comprende, en particular, los derechos de las personas (acceso, rectificación, suspensión y supresión) y los motivos y las limitaciones de posibles restricciones de los mismos. De acuerdo con la Nota, la aplicación de los principios, los derechos y las obligaciones fundamentales de la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional refleja las garantías previstas por la Constitución para la protección del derecho de un particular a controlar su propia información personal. Toda restricción a ese derecho, por ejemplo, cuando resulte necesaria para la protección de la seguridad nacional, requiere encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses del particular y el interés público pertinente y no puede afectar al contenido esencial del derecho (artículo 37, apartado 2, de la Constitución).2.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS A EFECTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY2.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito del control del cumplimiento de la leySobre la base de la Ley de enjuiciamiento criminal (en lo sucesivo, LEC), la Ley sobre la protección de la privacidad de las comunicaciones (en lo sucesivo, LPPC) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, LST), la policía, los fiscales y los órganos jurisdiccionales podrán recoger datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal. En la medida en que la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia también confiera esta facultad al Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, SNI), este deberá cumplir las leyes antes mencionadasVéase el artículo 3 de la Ley SNI (Ley n.o 12948), que hace referencia a las investigaciones penales de determinados delitos, tales como la insurrección, la rebelión y los delitos relacionados con la seguridad nacional (por ejemplo, el espionaje). Los procedimientos de la LEC en materia de registros e incautaciones se aplicarían en este contexto, mientras que la LPPC regiría la recogida de datos de comunicaciones (véase la parte 3 sobre las disposiciones relativas al acceso a las comunicaciones con fines de seguridad nacional).. Por último, la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, LCUIETF) proporciona una base jurídica para que las instituciones financieras revelen información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (en lo sucesivo, UIFC) con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo especializado podrá, a su vez, facilitar dicha información a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas obligaciones de divulgación solo se aplican a los responsables del tratamiento de datos que tratan información crediticia personal de conformidad con la Ley de información crediticia y están sujetos a la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros. Dado que el tratamiento de información crediticia personal por parte de dichos responsables está excluido del ámbito de aplicación de la decisión de adecuación, las limitaciones y salvaguardias aplicables en virtud de la LCUIETF no se describen con más detalle en el presente documento.2.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LEC (véase 2.2.1), la LPPC (véase 2.2.2) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (véase 2.2.3) proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal a efectos de control de la aplicación de la ley y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicables.2.2.1.Registros e incautaciones2.2.1.1.Base jurídicaLos fiscales y los agentes de alto rango de la policía judicial solo podrán inspeccionar objetos, registrar a personas o incautarse de objetos si 1) una persona es sospechosa de haber cometido un delito (un sospechoso), 2) la investigación así lo requiere y 3) se considera que los objetos por inspeccionar, las personas por registrar y los objetos por incautar están relacionados con el asuntoArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. Del mismo modo, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo registros e incautarse de cualquier objeto que deba ser utilizado como prueba o ser decomisado, siempre que se considere que dichos objetos o personas están relacionados con un asunto concretoArtículo 106, apartado 1, y artículos 107 y 109 de la LEC..2.2.1.2.Limitaciones y salvaguardiasComo obligación general, los fiscales y los agentes de la policía judicial deberán respetar los derechos humanos del sospechoso, así como los de cualquier otra persona afectadaArtículo 198, apartado 2, de la LEC.. Además, solo podrán adoptarse medidas obligatorias para alcanzar el objetivo de la investigación cuando así lo disponga explícitamente la LEC y en la menor medida necesariaArtículo 199, apartado 1, de la LEC..Los registros, las inspecciones o las incautaciones por parte de agentes de policía o fiscales en el marco de una investigación penal solo podrán llevarse a cabo sobre la base de una orden judicialArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. La autoridad que solicite una orden deberá presentar materiales que demuestren los motivos para sospechar que una persona ha cometido un delito, que el registro, la inspección o la incautación son necesarios y que existen los objetos pertinentes que deben incautarseArtículo 108, apartado 1, del Reglamento de procedimiento penal.. En cuanto a la orden, esta debe contener, entre otras cosas, el nombre del sospechoso y el delito; el lugar, la persona o los objetos que se vayan a registrar o los objetos que se vayan a incautar; la fecha de emisión; y el período efectivo de aplicaciónArtículo 114, apartado 1, de la LEC, en relación con su artículo 219.. Del mismo modo, cuando, en el marco de un procedimiento judicial en curso, los registros e incautaciones se lleven a cabo fuera de una audiencia pública, deberá obtenerse previamente una orden judicialArtículo 113 de la LEC.. El particular de que se trate y su abogado defensor serán informados con antelación del registro o la incautación y podrán estar presentes en el momento de la ejecución de la ordenArtículos 121 y 122 de la LEC..En principio, a la hora de llevar a cabo registros o incautaciones y cuando el objeto por registrar sea un disco de ordenador u otro soporte de almacenamiento de datos, solo se incautarán los propios datos (copiados o impresos) en lugar de todo el soporteArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. El propio soporte de almacenamiento de datos solo podrá ser incautado cuando se considere sustancialmente imposible imprimir o copiar los datos necesarios por separado o cuando se considere que es sustancialmente impracticable lograr el objetivo del registro de otra maneraArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. La incautación deberá notificarse sin demora al particular de que se trateArtículo 219 de la LEC, en relación con su artículo 106, apartado 4.. No hay excepciones a este requisito de notificación con arreglo a la LEC.Los registros, las inspecciones y las incautaciones sin una orden solo podrán tener lugar en situaciones limitadas. En primer lugar, este es el caso cuando resulta imposible obtener una orden debido a la urgencia en el lugar de una infracciónArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. No obstante, debe obtenerse una orden posteriormente y sin demoraArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. En segundo lugar, los registros y las inspecciones sin una orden podrán tener lugar in loco cuando se arreste o se detenga a un sospechosoArtículo 216, apartados 1 y 2, de la LEC.. Por último, un fiscal o un alto funcionario de la policía judicial podrá incautarse de un objeto sin una orden cuando el objeto haya sido desechado por un sospechoso o un tercero o se haya presentado voluntariamenteArtículo 218 de la LEC. Por lo que se refiere a la información personal, esto solo abarca la presentación voluntaria por parte del particular de que se trate, no por un responsable del tratamiento que posea dicha información (lo cual requeriría una base jurídica específica con arreglo a la Ley sobre la protección de la información personal). Los objetos presentados voluntariamente solo se admitirán como pruebas en procedimientos judiciales si no existen dudas razonables acerca del carácter voluntario de la divulgación, lo cual debe demostrar el fiscal. Véase la Resolución n.o 2013Do11233 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016..Las pruebas obtenidas en violación de la LEC se considerarán inadmisiblesArtículo 308-2 de la LEC.. Además, la Ley penal establece que los registros ilícitos de personas o de su lugar de residencia, edificios vigilados, estructuras, automóviles, buques, aeronaves o habitaciones ocupadas son punibles con una pena de prisión de un máximo de tres añosArtículo 321 de la Ley penal.. Por consiguiente, esta disposición también se aplica cuando se incautan objetos, tales como dispositivos de almacenamiento de datos, durante un registro ilícito.2.2.2.Recogida de información sobre las comunicaciones2.2.2.1.Base jurídicaLa recogida de información sobre las comunicaciones se rige por una ley específica, la LPPC. En particular, la LPPC establece la prohibición de censurar cualquier correo, realizar escuchas de cualquier telecomunicación, facilitar datos de confirmación de la comunicación, grabar o escuchar cualquier conversación entre otras personas que no se haga pública, salvo sobre la base de la LEC, la LPPC o la Ley de tribunales militaresArtículo 3 de la LPPC. En principio, la Ley de tribunales militares regula la recogida de información sobre el personal militar y solo puede aplicarse a civiles en un número limitado de casos (por ejemplo, si el personal militar y los civiles cometen un delito conjuntamente o si una persona comete un delito contra el ejército, puede incoarse un procedimiento ante un tribunal militar, véase el artículo 2 de la Ley de tribunales militares). Las disposiciones generales que regulan los registros e incautaciones son similares a las de la LEC, véanse, por ejemplo, los artículos 146 a 149 y 153 a 156 de la Ley de tribunales militares. Por ejemplo, el correo postal solo podrá recogerse cuando sea necesario para una investigación y sobre la base de una orden de un tribunal militar. En la medida en que se recojan comunicaciones electrónicas, se aplicarán las limitaciones y salvaguardias de la LPPC.. El término comunicación en el sentido de la LPPC abarca tanto el correo ordinario como las telecomunicacionesArtículo 2, apartado 1, de la LPPC, es decir, la transmisión o recepción de todo tipo de sonidos, palabras, símbolos o imágenes por cable, de manera inalámbrica, por cable de fibra u otro sistema electromagnético, en particular el teléfono, el correo electrónico, los servicios de información de afiliación, el fax y la radiobúsqueda.. A este respecto, la LPPC distingue entre medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 2, apartado 7, y artículo 3, apartado 2, de la LPPC. y la recogida de datos de confirmación de la comunicación.El concepto de medidas de restricción de la comunicación abarca la censura, por ejemplo, la recogida del contenido del correo postal tradicional y las escuchas telefónicas, es decir, la interceptación directa (adquisición o grabación) del contenido de las telecomunicacionesPor censura se entiende la apertura del correo sin el consentimiento de la parte afectada o la adquisición de conocimiento, la grabación o la retención de su contenido por otros medios (artículo 2, apartado 6, de la LPPC). Por escuchas telefónicas se entiende la adquisición o la grabación del contenido de las telecomunicaciones mediante escucha o lectura colectiva de sonidos, palabras, símbolos o imágenes de las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos o mecánicos sin el consentimiento de la parte afectada o la interferencia con su transmisión y recepción (artículo 2, apartado 7, de la LPPC).. El concepto de datos de confirmación de la comunicación abarca los datos sobre los registros de telecomunicaciones, que incluyen la fecha de las telecomunicaciones, su hora de inicio y fin, el número de llamadas salientes y entrantes, así como el número de abonados de la otra parte, la frecuencia de uso, los archivos de registro sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones y la información sobre la ubicación (por ejemplo, de torres de transmisión en las que se reciben las señales)Artículo 2, apartado 11, de la LPPC..La LPPC establece las limitaciones y salvaguardias para la recogida de ambos tipos de datos, y el incumplimiento de varios de estos requisitos está sujeto a sanciones penalesArtículos 16 y 17 de la LPPC. Esto se aplica, por ejemplo, a la recogida sin una orden, a la falta de mantenimiento de registros, a la no interrupción de la recogida cuando deja de existir una emergencia o a la falta de notificación al particular de que se trate..2.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones (medidas de restricción de la comunicación)La recogida del contenido de las comunicaciones solo podrá tener lugar como medio complementario para facilitar una investigación penal (es decir, como medida de último recurso) y deberán hacerse esfuerzos para minimizar la interferencia con los secretos de las comunicaciones de las personasArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. En consonancia con este principio general, solo podrán aplicarse medidas de restricción de la comunicación cuando sea difícil impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar las pruebasArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. Los organismos encargados de la aplicación de la ley que recojan el contenido de las comunicaciones deberán dejar de hacerlo inmediatamente una vez que el acceso continuo ya no se considere necesario, garantizando así que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones sea lo más limitada posibleArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Además, las medidas de restricción de la comunicación solo podrán utilizarse cuando existan razones fundadas para sospechar que se están planificando, se están cometiendo o se han cometido determinados delitos graves mencionados específicamente en la LPPC. Entre ellos se incluyen delitos como la insurrección, los delitos relacionados con las drogas o con explosivos, así como los relacionados con la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o las bases e instalaciones militaresArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. El objeto de una medida de restricción de la comunicación deben ser envíos postales o telecomunicaciones específicos enviados o recibidos por el sospechoso, o envíos postales o telecomunicaciones enviados o recibidos por el sospechoso durante un período de tiempo determinadoArtículo 5, apartado 2, de la LPPC..Incluso cuando se cumplan estos requisitos, la recogida de datos de contenido solo podrá llevarse a cabo sobre la base de una orden judicial. En particular, un fiscal puede pedir al órgano jurisdiccional que permita la recogida de datos de contenido relativos al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 1, de la LPPC.. Del mismo modo, un agente de la policía judicial podrá solicitar autorización a un fiscal, quien, a su vez, podrá solicitar una orden judicialArtículo 6, apartado 2, de la LPPC.. La solicitud de una orden deberá hacerse por escrito y contener elementos específicos. En particular, deberá presentar 1) las razones fundadas para sospechar que uno de los delitos listados está previsto, se está cometiendo o se ha cometido, así como cualquier material que demuestre que hay un caso de sospecha aparente; 2) las medidas de restricción de la comunicación, así como su objeto, alcance, objetivo y período efectivo; y 3) el lugar en el que se ejecutarían las medidas y cómo se llevarían a caboArtículo 6, apartado 4, de la LPPC y artículo 4, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando se cumplan los requisitos legales, el órgano jurisdiccional podrá autorizar por escrito la aplicación de medidas de restricción de la comunicación con respecto al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 5, y artículo 6, apartado 8, de la LPPC.. Esta orden especificará los tipos de medidas, así como su objeto, alcance, período efectivo, lugar de ejecución y la manera en que deben llevarse a caboArtículo 6, apartado 6, de la LPPC..Las medidas de restricción de la comunicación solo podrán llevarse a cabo durante un período de dos mesesArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. Si el objetivo de las medidas se alcanza antes dentro de ese período, las medidas deben interrumpirse de inmediato. Por el contrario, si se siguen cumpliendo las condiciones necesarias, podrá presentarse una solicitud para prorrogar el período efectivo de las medidas de restricción de la comunicación dentro del plazo de dos meses. Dicha solicitud deberá contener materiales que justifiquen prima facie la prórroga de las medidasArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. El período prolongado no podrá superar un total de un año, o de tres años en el caso de determinados delitos especialmente graves (por ejemplo, delitos relacionados con la insurrección, agresiones extranjeras, la seguridad nacional, etc.)Artículo 6, apartado 8, de la LPPC..Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán exigir la asistencia de los operadores de comunicaciones proporcionándoles la autorización escrita del tribunalArtículo 9, apartado 2, de la LPPC.. Los operadores de comunicaciones deberán cooperar y conservar la autorización recibida en sus archivosArtículo 15-2 de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Podrán negarse a cooperar cuando la información sobre la persona en cuestión indicada en la autorización escrita del tribunal (por ejemplo, el número de teléfono de la persona) sea incorrecta. Además, tienen prohibido, en cualquier circunstancia, revelar las contraseñas utilizadas para las telecomunicacionesArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Toda persona que ejecute medidas de restricción de la comunicación o a quien se le solicite cooperar deberá llevar registros en los que se especifiquen los objetivos de las medidas, su ejecución, la fecha en que se prestó la cooperación y el objetoArtículo 9, apartado 3, de la LPPC.. Las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley que apliquen medidas de restricción de la comunicación también deberán mantener registros en los que se expongan los detalles y los resultados obtenidosArtículo 18, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Los agentes de la policía judicial deberán facilitar al fiscal esta información mediante un informe cuando cierren una investigaciónArtículo 18, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando un fiscal formule una acusación con respecto a un asunto en el que se hayan utilizado medidas de restricción de la comunicación o adopte una disposición de no acusar o detener al particular en cuestión (es decir, no solo una suspensión del enjuiciamiento), el fiscal deberá notificar al particular sujeto a las medidas de restricción de la comunicación el hecho de que se han ejecutado tales medidas, el organismo de ejecución y el período de ejecución. Dicha notificación deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días a partir de la disposiciónArtículo 9-2, apartado 1, de la LPPC.. La notificación podrá aplazarse cuando pueda poner en grave peligro la seguridad nacional o perturbar la seguridad y el orden públicos, o cuando pueda atentar gravemente contra la vida y la integridad física de tercerosArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. Cuando se tenga intención de aplazar la notificación, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán obtener la aprobación del jefe de la Fiscalía de distritoArtículo 9-2, apartado 5, de la LPPC.. Una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..La LPPC también establece un procedimiento específico para la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia. En particular, los organismos encargados de la aplicación de la ley podrán recoger el contenido de las comunicaciones en caso de que sea inminente la planificación o ejecución de delincuencia organizada u otro delito grave que pueda causar directamente la muerte o lesiones graves, y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento ordinario (tal como se ha indicado anteriormente)Artículo 8, apartado 1, de la LPPC.. En tal situación de emergencia, el agente de policía o el fiscal podrán adoptar medidas de restricción de la comunicación sin previa autorización judicial, pero deberán solicitar dicha autorización inmediatamente después de la ejecución. Si el organismo encargado de la aplicación de la ley no obtiene la autorización judicial en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se llevaron a cabo las medidas de emergencia, la recogida deberá interrumpirse de inmediato, y esto normalmente irá seguido de la destrucción de la información recogidaArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. Los agentes de policía que lleven a cabo una vigilancia de emergencia lo harán bajo el control de un fiscal o, si resultase imposible recibir las instrucciones del fiscal por adelantado debido a la necesidad de actuar con urgencia, la policía deberá obtener la autorización de un fiscal inmediatamente después de comenzar la ejecuciónArtículo 8, apartado 3, de la LPPC y artículo 16, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las normas sobre la notificación al particular descritas anteriormente también se aplican a la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia.La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la autoridad que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC.. La solicitud a un órgano jurisdiccional de que autorice las medidas de emergencia deberá ir acompañada de un documento escrito en el que se indiquen las medidas necesarias de restricción de la comunicación, el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución, el método y una explicación de la manera en que las medidas pertinentes de restricción de la comunicación cumplen el artículo 5, apartado 1, de la LPPCEs decir, que existe una razón fundada para sospechar que se están planificando o cometiendo determinados delitos graves, o que se han cometido, y que es impracticable impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas., junto con los documentos justificativos.En los casos en que las medidas de emergencia se completen en poco tiempo, descartando así la autorización judicial (por ejemplo, si el sospechoso es detenido inmediatamente después de iniciar la interceptación, que, por consiguiente, se interrumpe), el jefe de la Fiscalía competente enviará una notificación de las medidas de emergencia al órgano jurisdiccional competenteArtículo 8, apartado 5, de la LPPC.. La notificación deberá indicar el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de recogida, así como los motivos para no presentar una solicitud de autorización judicialArtículo 8, apartados 6 y 7, de la LPPC.. Esta notificación permite al órgano jurisdiccional receptor examinar la legalidad de la recogida y deberá introducirse en un registro de notificaciones de medidas de emergencia.Como requisito general, el contenido de las comunicaciones adquiridas mediante la aplicación de medidas de restricción de la comunicación sobre la base de la LPPC solo podrá utilizarse para investigar, enjuiciar o prevenir los delitos específicos mencionados anteriormente, en procedimientos disciplinarios por los mismos delitos, una reclamación por daños y perjuicios presentada por una parte de las comunicaciones o cuando así lo permitan otras leyesArtículo 12 de la LPPC..Cuando se recojan telecomunicaciones transmitidas por internet, se aplicarán salvaguardias específicasArtículo 12-2 de la LPPC.. Dicha información solo podrá utilizarse para investigar los delitos graves mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la LPPC. Para conservar la información, deberá obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicaciónEl fiscal o el agente de policía que ejecute las medidas de restricción de la comunicación deberá seleccionar las telecomunicaciones por conservar en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas y solicitar una autorización judicial (en el caso de un agente de policía, la solicitud deberá presentarse a un fiscal, quien, a su vez, presentará la solicitud al órgano jurisdiccional), véase el artículo 12-2, apartados 1 y 2, de la LPPC.. Las solicitudes de conservación deberán contener información sobre las medidas de restricción de la comunicación, un resumen de los resultados de las medidas, los motivos de la conservación (junto con materiales de apoyo) y las telecomunicaciones por conservarArtículo 12-2, apartado 3, de la LPPC.. A falta de tal solicitud, las telecomunicaciones adquiridas deberán suprimirse en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Si se rechaza una solicitud, las telecomunicaciones deberán destruirse en un plazo de siete díasArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Cuando se supriman las telecomunicaciones, deberá presentarse un informe en un plazo de siete días ante el órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicación, indicando los motivos de la supresión, así como los detalles y el momento en que se realizó.De manera más general, si la información se obtuvo de manera ilícita a través de medidas de restricción de la comunicación, no se admitirá como prueba en procedimientos judiciales o disciplinariosArtículo 4 de la LPPC.. Asimismo, la LPPC prohíbe a toda persona que adopte medidas de restricción de la comunicación divulgar información confidencial obtenida durante la aplicación de tales medidas y utilizar la información obtenida para dañar la reputación de las personas sujetas a las medidasArtículo 11, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..2.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información de confirmación de la comunicaciónSobre la base de la LPPC, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley podrán solicitar a los operadores de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o ejecutar una penaArtículo 13, apartado 1, de la LPPC.. A diferencia de la recogida de datos de contenido, la posibilidad de recoger datos de confirmación de la comunicación no se limita a determinados delitos específicos. Sin embargo, como ocurre con los datos de contenido, la recogida de los datos de confirmación de la comunicación requiere la previa autorización escrita de un órgano jurisdiccional, con sujeción a las mismas condiciones descritas anteriormenteArtículos 13 y 6 de la LPPC.. Cuando por motivos de urgencia resulte imposible obtener la autorización judicial, los datos de confirmación de la comunicación podrán recogerse sin una orden, en cuyo caso deberá obtenerse la autorización inmediatamente después de solicitar los datos y deberá comunicarse al proveedor de telecomunicacionesArtículo 13, apartado 2, de la LPPC. Al igual que en el caso de las medidas urgentes de restricción de la comunicación, deberá elaborarse un documento en el que se expongan los detalles del caso (el sospechoso, las medidas por adoptar, el presunto delito y la urgencia). Véase el artículo 37, apartado 5, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Si no se obtiene una autorización posterior, la información recogida deberá destruirseArtículo 13, apartado 3, de la LPPC..Los fiscales, los agentes de la policía judicial y los órganos jurisdiccionales deberán mantener registros de las solicitudes de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13, apartados 5 y 6, de la LPPC.. Además, los proveedores de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Ciencia y TIC sobre la divulgación de datos de confirmación de la comunicación dos veces al año y mantener registros al respecto durante siete años a partir de la fecha en que se hayan divulgado los datosArtículo 13, apartado 7, de la LPPC..En principio, los particulares serán notificados del hecho de que se han recogido datos de confirmación de la comunicaciónVéase el artículo 13-3, apartado 7, en relación con el artículo 9-2 de la LPPC.. El momento para realizar dicha notificación dependerá de las circunstancias de la investigaciónArtículo 13-3, apartado 1, de la LPPC.. Una vez que se haya tomado una decisión de (no) enjuiciar, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días. Por el contrario, en caso de suspensión de la acusación, la notificación deberá enviarse en el plazo de treinta días transcurrido un año desde que se haya adoptado tal decisión. En cualquier caso, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días transcurrido un año desde la recogida de la información.La notificación podrá aplazarse si puede 1) poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad y el orden públicos, 2) causar la muerte o lesiones corporales, 3) impedir un procedimiento judicial justo (por ejemplo, dar lugar a la destrucción de pruebas o a amenazas a los testigos) o 4) difamar al sospechoso, a las víctimas o a otras personas relacionadas con el asunto o invadir su privacidadArtículo 13-3, apartado 2, de la LPPC.. El aplazamiento de la notificación por alguno de los motivos mencionados requiere la autorización del director de una fiscalía de distrito competenteArtículo 13-3, apartado 3, de la LPPC.. Cuando dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 13-3, apartado 4, de la LPPC..Las personas notificadas podrán presentar una solicitud por escrito al fiscal o al agente de la policía judicial en relación con los motivos de la recogida de los datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13-3, apartado 5, de la LPPC.. En tal caso, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán exponer los motivos por escrito en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, a menos que se aplique uno de los motivos mencionados anteriormente (excepciones para el aplazamiento de la notificación)Artículo 13-3, apartado 6, de la LPPC..2.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesEl artículo 83, apartado 3, de la LST permite a los operadores de telecomunicaciones acceder voluntariamente a una solicitud (formulada en apoyo de un proceso penal, una investigación o la ejecución de una pena) de un órgano jurisdiccional, un fiscal o el jefe de un órgano de investigación de divulgar datos de comunicaciones. En el contexto de la LST, los datos de comunicaciones abarcan el nombre, el número de registro de residente, la dirección y el número de teléfono de los usuarios, las fechas de suscripción o cancelación de la suscripción de los usuarios, así como los códigos de identificación de los usuarios (es decir, los códigos utilizados para identificar al usuario legítimo de sistemas informáticos o redes de comunicación)Artículo 83, apartado 3, de la LST.. A efectos de la LST, solo se consideran usuarios los particulares que contraten servicios directamente de un proveedor de telecomunicaciones coreanoArtículo 2, apartado 9, de la LST.. En consecuencia, es probable que las situaciones en que los ciudadanos de la UE cuyos datos se hayan transferido a la República de Corea se consideren usuarios con arreglo a la LST sean muy limitadas, ya que estas personas normalmente no celebran un contrato directo con un operador de telecomunicaciones coreano.Las solicitudes para obtener datos de comunicaciones sobre la base de la LST deberán hacerse por escrito e indicar los motivos de la solicitud, el vínculo con el usuario pertinente y el alcance de los datos solicitadosArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Cuando sea imposible presentar una solicitud por escrito debido a la urgencia, la solicitud escrita deberá presentarse tan pronto como desaparezca el motivo de la urgenciaArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Los operadores de telecomunicaciones que accedan a solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones deberán conservar libros que contengan registros que indiquen que se han facilitado datos de comunicaciones, así como los materiales relacionados, tales como la solicitud escritaArtículo 83, apartado 5, de la LST.. Además, los operadores de telecomunicaciones deberán informar al ministro de Ciencia y TIC sobre el suministro de datos de comunicaciones dos veces al añoArtículo 83, apartado 6, de la LST..Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a acceder a las solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones en virtud de la LST. Por tanto, el operador deberá evaluar cada solicitud a la luz de los requisitos aplicables de protección de datos con arreglo a la LPIP. En particular, un operador de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..En 2016, el Tribunal Supremo confirmó que el suministro voluntario de datos de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones sin una orden, con arreglo a la LST, no vulnera, como tal, el derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones a la autodeterminación en materia de información. Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que tal vulneración se produciría si resulta evidente que la agencia solicitante abusó de su autoridad para solicitar la divulgación de datos de comunicaciones, vulnerando así los intereses de la persona afectada o de un terceroResolución n.o 2012Da105482 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016.. De manera más general, toda solicitud de divulgación voluntaria por parte de una autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley deberá respetar los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2).2.3.SupervisiónLa supervisión de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, tanto de manera interna como por órganos externos.2.3.1.Auditoría internaDe conformidad con la Ley de auditorías del sector público, se anima a las autoridades públicas a crear un organismo de auditoría interna, que se encargue, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de la legalidadArtículos 3 y 5 de la Ley de auditorías del sector público.. Debe garantizarse la independencia de los jefes de tales organismos de auditoría en la mayor medida posibleArtículo 7 de la Ley de auditorías del sector público.. Más concretamente, son nombrados desde fuera de la autoridad competente (por ejemplo, antiguos jueces o profesores) por un período de dos a cinco años y solo pueden ser destituidos por razones justificadas (por ejemplo, cuando no puedan ejercer sus funciones debido a un trastorno mental o físico o cuando estén sujetos a medidas disciplinarias)Artículos 8 a 11 de la Ley de auditorías del sector público.. Del mismo modo, los auditores son nombrados sobre la base de las condiciones específicas establecidas en la LeyArtículos 16 y siguientes de la Ley de auditorías del sector público.. Los informes de auditoría podrán incluir recomendaciones o solicitudes de compensación o corrección, así como amonestaciones y recomendaciones o solicitudes de medidas disciplinariasArtículo 23, apartado 2, de la Ley de auditorías del sector público.. Se notifican al jefe de la autoridad pública objeto de la auditoría, así como a la Comisión de Control e Inspección (véase la sección 2.3.2) en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de la auditoríaArtículo 23, apartado 1, de la Ley de auditorías del sector público.. La autoridad en cuestión deberá aplicar las medidas necesarias e informar de los resultados a la Comisión de Control e InspecciónArtículo 23, apartado 3, de la Ley de auditorías del sector público.. Además, los resultados de las auditorías suelen ponerse a disposición del públicoArtículo 26 de la Ley de auditorías del sector público.. La negativa u obstrucción de una auditoría interna está sujeta a multas administrativasArtículo 41 de la Ley de auditorías del sector público.. En el ámbito de la aplicación del Derecho penal, para cumplir la legislación antes mencionada, la Agencia Nacional de Policía cuenta con un sistema de Inspecciones Generales para llevar a cabo auditorías internas, incluso con respecto a posibles vulneraciones de los derechos humanosVéanse, en particular, las divisiones bajo la Dirección General de Auditoría e Inspección: https://www.police.go.kr/eng/knpa/org/org01.jsp..2.3.2.La Comisión de Control e InspecciónLa Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, CCI) podrá inspeccionar las actividades de las autoridades públicas y, sobre la base de dichas inspecciones, formular recomendaciones, solicitar medidas disciplinarias o presentar una denuncia penalArtículos 24 y 31 a 35 de la Ley de la Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, Ley CCI).. La CCI está establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República de Corea, pero mantiene un estatuto independiente con respecto a sus funcionesArtículo 2, apartado 1, de la Ley CCI.. Además, la Ley por la que se crea la CCI exige que se le conceda la máxima independencia en lo que respecta al nombramiento, la destitución y la organización de su personal, así como a la elaboración de su presupuestoArtículo 2, apartado 2, de la Ley CCI.. El presidente de la CCI es nombrado por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 1, de la Ley CCI.. Los seis comisarios restantes son nombrados por el presidente de la República, previa recomendación del presidente de la CCI, para un mandato de cuatro añosArtículo 5, apartado 1, y artículo 6 de la Ley CCI.. Los comisarios (incluido el presidente de la CCI) deberán reunir las cualificaciones específicas establecidas por la leyPor ejemplo, haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años, haber trabajado como funcionario o profesor o haber ocupado un cargo más alto en una universidad durante al menos ocho años, o haber trabajado durante al menos diez años en una empresa cotizada o en una institución participada por el Gobierno (de los cuales al menos cinco años como director ejecutivo), véase el artículo 7 de la Ley CCI. y solo podrán ser despedidos en caso de proceso de destitución, condena a prisión o incapacidad para ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental a largo plazoArtículo 8 de la Ley CCI.. Además, los comisarios tienen prohibido participar en actividades políticas y ocupar simultáneamente cargos en la Asamblea Nacional, organismos administrativos, organizaciones sujetas a auditoría e inspección por parte de la CCI o cualquier otro cargo remuneradoArtículo 9 de la Ley CCI..La CCI lleva a cabo una auditoría general con una periodicidad anual, pero también puede realizar auditorías específicas sobre cuestiones de especial interés. La CCI podrá solicitar la presentación de documentos en el curso de una inspección, así como la asistencia de particularesVéase, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley CCI.. Como parte de una auditoría, la CCI examinará los ingresos y gastos del Estado, pero también supervisará el cumplimiento general de las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos con vistas a mejorar el funcionamiento de la administración públicaArtículos 20 y 24 de la Ley CCI.. Por lo tanto, su supervisión irá más allá de los aspectos presupuestarios e incluirá asimismo un control de legalidad.2.3.3.La Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicasArtículo 128 de la Ley de la Asamblea Nacional y artículos 2, 3 y 15 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Esto incluye las inspecciones anuales de los asuntos gubernamentales en su conjunto y las investigaciones de cuestiones específicas.. Durante una investigación o inspección, la Asamblea Nacional podrá solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigosArtículo 10, apartado 1, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Véanse también los artículos 128 y 129 de la Ley de la Asamblea Nacional.. Toda persona que cometa falso testimonio durante una investigación de la Asamblea Nacional estará sujeta a sanciones penales (pena de prisión de hasta diez años)Artículo 14 de la Ley sobre el testimonio, la evaluación, etc. ante la Asamblea Nacional.. El proceso y los resultados de las inspecciones podrán hacerse públicosArtículo 12-2 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. Si la Asamblea Nacional detecta actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea NacionalArtículo 16, apartado 3, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado..2.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalLa Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, CPIP) supervisa el tratamiento de la información personal por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal en consonancia con la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP abarca también las posibles infracciones de las normas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, incluidas aquellas contenidas en las leyes específicas que regulan la recogida de pruebas (electrónicas) a efectos del cumplimiento del Derecho penal (véase la sección 2.2). Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de este tipo constituye una violación de la LPIP, lo cual permite a la CPIP llevar a cabo una investigación y adoptar medidas correctorasVéase la Nota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal..En el ejercicio de su función de supervisión, la CPIP tendrá acceso a toda la información pertinenteArtículo 63 de la LPIP.. La CPIP podrá asesorar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para mejorar el nivel de protección de la información personal de sus actividades de tratamiento, imponer medidas correctoras (por ejemplo, suspender el tratamiento de datos o adoptar las medidas necesarias para proteger la información personal) o recomendar a la autoridad que adopte medidas disciplinariasArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP.. Por último, se prevén sanciones penales para determinadas infracciones de la LPIP, tales como utilizar o divulgar información personal a terceros o tratar información sensible de manera ilícitaArtículos 70 a 74 de la LPIP.. A este respecto, la CPIP podrá remitir el asunto al órgano de investigación competente (incluidos los fiscales)Artículo 65, apartado 1, de la LPIP..2.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CNDH), un organismo independiente encargado de proteger y promover los derechos fundamentalesArtículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Ley CNDH)., tiene la facultad de investigar y subsanar las infracciones de los artículos 10 a 22 de la Constitución, que incluyen los derechos a la privacidad en general y a la privacidad de la correspondencia. La CNDH está formada por once comisarios, nombrados a propuesta de la Asamblea Nacional (cuatro), el presidente de la República (cuatro) y el jefe judicial del Tribunal Supremo (tres)Artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley CNDH.. Para ser nombrado, un comisario debe 1) haber trabajado durante diez años, como mínimo, en una universidad o un instituto de investigación autorizado, al menos como profesor asociado; 2) haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años; 3) haber participado en actividades de derechos humanos durante al menos diez años (por ejemplo, para una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental o una organización internacional); o 4) haber sido recomendado por grupos de la sociedad civil)Artículo 5, apartado 3, de la Ley CNDH.. El presidente de la CNDH es nombrado por el presidente de la República entre los comisarios y debe ser confirmado por la Asamblea NacionalArtículo 5, apartado 5, de la Ley CNDH.. Los comisarios (incluido el presidente de la CNDH) son nombrados por un mandato renovable de tres años y solo pueden ser destituidos en caso de que sean condenados a prisión o ya no sean capaces de ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental prolongada (en cuyo caso, dos terceras partes de los comisarios deben estar de acuerdo con la destitución)Artículo 7, apartado 1, y artículo 8 de la Ley CNDH.. Los comisarios de la CNDH tienen prohibido ocupar un cargo simultáneo en la Asamblea Nacional, los consejos locales o cualquier Gobierno estatal o local (como funcionario público)Artículo 10 de la Ley CNDH..La CNDH podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o sobre la base de una petición de un particular. Como parte de su investigación, la CNDH podrá solicitar la presentación de los materiales pertinentes, llevar a cabo inspecciones y convocar personas para que testifiquenArtículo 36 de la Ley CNDH. De conformidad con el artículo 36, apartado 7, de la Ley, puede rechazarse la presentación de materiales u objetos si esta perjudicara la confidencialidad del Estado y pudiera tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o si constituyera un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso. En tales casos, la Comisión podrá solicitar información adicional al jefe del organismo pertinente (que deberá cumplir de buena fe) cuando sea necesario para revisar si la negativa a facilitar la información está justificada.. Después de una investigación, la CNDH podrá formular recomendaciones para mejorar o corregir políticas y prácticas específicas, y podrá hacerlas públicasArtículo 25, apartado 1, de la Ley CNDH.. Las autoridades públicas deberán informar a la CNDH de un plan para aplicar dichas recomendaciones en un plazo de noventa días a partir de su recepciónArtículo 25, apartado 3, de la Ley CNDH.. Además, en caso de no aplicar de las recomendaciones, la autoridad de que se trate deberá informar de ello a la ComisiónArtículo 25, apartado 4, de la Ley CNDH.. La CNDH podrá, a su vez, divulgar dicho incumplimiento a la Asamblea Nacional o hacerlo público. Las autoridades públicas generalmente cumplen las recomendaciones de la CNDH y tienen un fuerte incentivo para hacerlo, ya que su aplicación se ha examinado como parte de la evaluación general realizada por la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro.2.4.Reparación individual2.4.1.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal. El acceso podrá solicitarse directamente a la autoridad correspondiente o de manera indirecta a través de la CPIPArtículo 35, apartado 2, de la LPIP.. La autoridad competente podrá limitar o denegar el acceso únicamente cuando así lo disponga la ley, cuando sea probable que atente contra la vida o la integridad física de un tercero, o pueda dar lugar a una vulneración injustificada de los intereses patrimoniales y otros intereses de un tercero (es decir, cuando los intereses del tercero sean superiores a los intereses de la persona que presenta la solicitud)Artículo 35, apartado 4, de la LPIP.. Si se deniega una solicitud de acceso, la persona deberá ser informada de los motivos y de las vías de recursoArtículo 42, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Del mismo modo, podrá denegarse una solicitud de rectificación o supresión cuando así lo prevean otras leyes, en cuyo caso deberá informarse a la persona de los motivos subyacentes y de la posibilidad de recursoArtículo 36, apartados 1 y 2, de la LPIP y artículo 43, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPIP..En lo que respecta a la reparación, los particulares podrán presentar una reclamación ante la CPIP, incluso a través del Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de CoreaArtículo 62 de la LPIP.. Además, una persona podrá obtener una mediación a través del Comité de mediación de conflictos relacionados con la información personalArtículos 40 a 50 de la LPIP y artículos 48-2 a 57 del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal (sección 2.2) como de la LPIP. Además, los particulares podrán impugnar las decisiones o la inacción de la CPIP con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3).2.4.2.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa CNDH tramita las reclamaciones de los particulares (tanto coreanos como extranjeros) relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades públicasAunque el artículo 4 de la Ley CNDH hace referencia a los ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Corea, el término residente refleja un concepto de jurisdicción y no de territorio. Por consiguiente, si las instituciones nacionales dentro de Corea vulneran los derechos fundamentales de un extranjero fuera de Corea, dicho particular puede presentar una denuncia ante la CNDH. Véase, por ejemplo, la pregunta correspondiente en la página de preguntas frecuentes de la CNDH, disponible en https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=7025&menuid=002004005001&pagesize=10¤tpage=2. Este sería el caso si las autoridades públicas coreanas accedieran de manera ilícita a los datos personales de un extranjero transferidos a Corea.. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante la CNDHEn principio, la reclamación deberá presentarse en el plazo de un año a partir de la infracción, pero la CNDH podrá decidir, aun así, investigar una reclamación presentada después de ese plazo, siempre que no haya expirado el régimen de prescripción en virtud del Derecho penal o civil (artículo 32, apartado 1, punto 4, de la Ley CNDH).. En consecuencia, la CNDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad. Por lo tanto, en el contexto de la recogida de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, una persona no tendría que demostrar que las autoridades públicas coreanas han accedido efectivamente a su información personal para que la reclamación sea admisible ante la CNDH. Una persona también podrá solicitar que la reclamación se resuelva mediante mediaciónArtículos 42 y siguientes de la Ley CNDH..Para investigar una reclamación, la CNDH podrá hacer uso de sus facultades de investigación, incluso solicitando la presentación de materiales pertinentes, realizando inspecciones y citando a personas para que testifiquenArtículos 36 y 37 de la Ley CNDH.. Si la investigación revela que se ha producido una infracción de la legislación correspondiente, la CNDH podrá recomendar la aplicación de soluciones o la rectificación o mejora de cualquier ley, institución, política o práctica pertinenteArtículo 44 de la Ley CNDH.. Las soluciones propuestas podrán incluir la mediación, el cese de la vulneración de los derechos humanos, la indemnización por daños y perjuicios y medidas para evitar que vuelvan a producirse infracciones idénticas o similaresArtículo 42, apartado 4, de la Ley CNDH.. En el caso de la recogida ilícita de información personal con arreglo a las normas aplicables, las medidas correctoras podrán incluir la supresión de tal información. Si se considera que es muy probable que la infracción esté en curso y que es probable que, si no se atiende, se producirían daños difíciles de reparar, la CNDH podrá adoptar medidas de ayuda urgenteArtículo 48 de la Ley CNDH..Si bien la CNDH no está facultada para obligar, sus decisiones (por ejemplo, la decisión de no continuar la investigación de una reclamación)Por ejemplo, si excepcionalmente la CNDH no puede inspeccionar determinados materiales o instalaciones porque atañen a secretos de Estado que pueden tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o cuando la inspección suponga un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso (véase la nota a pie de página n.o 166) y cuando esto impida que la CNDH lleve a cabo la investigación necesaria para evaluar el fondo de la petición recibida, informará a la persona de las razones por las que se desestimó la reclamación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley CNDH. En este caso, el particular puede impugnar la decisión de la CNDH con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo. y recomendaciones pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales coreanos con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3 a continuación)Véanse, por ejemplo, la Resolución 2007NU27259 del Tribunal Superior de Seúl, de 18 de abril de 2008, confirmada por la Resolución 2008Du7854 del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2008; y la Resolución 2017NU69382 del Tribunal Superior de Seúl, de 2 de febrero de 2018.. Además, si las conclusiones de la CNDH revelan que los datos personales fueron recogidos de manera ilícita por una autoridad pública, una persona podría recurrir ante los órganos jurisdiccionales coreanos contra dicha autoridad pública, por ejemplo, impugnando la recogida con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo, presentando un recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional o solicitando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de indemnización estatal (véase la sección 2.4.3 a continuación).2.4.3.Reparación judicialLos particulares podrán invocar las limitaciones y salvaguardias descritas en las secciones anteriores para obtener reparación ante los órganos jurisdiccionales coreanos a través de distintas vías.En primer lugar, de conformidad con la LEC, la afectada persona y su abogado podrán estar presentes cuando se ejecute una orden de registro o incautación y, por consiguiente, podrán formular una objeción en el momento en que se ejecute la ordenArtículos 121 y 219 de la LEC.. Además, la LEC prevé un denominado mecanismo de cuasi reclamación, que permite a los particulares solicitar al órgano jurisdiccional competente que cancele o modifique una disposición adoptada por un fiscal o un agente de policía en relación con una incautaciónArtículo 417 de la LEC, en relación con su artículo 414, apartado 2. Véase también la Resolución n.o 97Mo66 del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1997.. Esto permite a las personas impugnar las medidas adoptadas para ejecutar una orden de incautación.Además, los particulares pueden obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales coreanos. Sobre la base de la Ley de indemnización estatal, las personas podrán solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por funcionarios públicos debido al ejercicio de sus funciones oficiales en violación de la leyArtículo 2, apartado 1, de la Ley de indemnización estatal.. Las reclamaciones en virtud de la Ley de indemnización estatal podrán presentarse ante un Consejo de indemnización especializado o directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanosArtículos 9 y 12 de la Ley de indemnización estatal. La Ley establece consejos de distrito (presididos por el fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente), un consejo central (presidido por el viceministro de Justicia) y un consejo especial (presidido por el viceministro de Defensa Nacional y encargado de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios causados por el personal militar o los empleados civiles del ejército). Las reclamaciones de indemnización son, en principio, tramitadas por los consejos de distrito, que, en determinadas circunstancias, deben remitir los asuntos al consejo central o especial, por ejemplo, si la indemnización supera un importe determinado o en caso de que un particular solicite una nueva deliberación. Todos los consejos están formados por miembros nombrados por el ministro de Justicia (por ejemplo, de entre los funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, los agentes judiciales, los abogados y las personas con experiencia en materia de indemnización estatal) y están sujetos a normas específicas relativas a los conflictos de intereses (véase el artículo 7 del Decreto de Ejecución de la Ley de indemnización estatal).. Si la víctima es extranjera, la Ley de indemnización estatal se aplicará siempre que su país de origen garantice igualmente la indemnización estatal para los nacionales coreanosArtículo 7 de la Ley de indemnización estatal.. Según la jurisprudencia, esta condición se cumple si los requisitos para solicitar una indemnización en el otro país no están significativamente desequilibrados entre Corea y el otro país y no son más estrictos, en general, que los determinados por Corea, sin que haya una diferencia importante y sustantivaResolución n.o 2013Da208388 del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2015.. La Ley civil regula la responsabilidad de indemnización del Estado, y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado también abarca los daños no materiales (por ejemplo, el sufrimiento mental)Véase el artículo 8 de la Ley de indemnización estatal, así como el artículo 751 de la Ley civil..Para las infracciones de las normas de protección de datos, se prevé una vía de recurso adicional en virtud de la LPIP. De conformidad con el artículo 39 de la LPIP, toda persona que sufra daños como resultado de una infracción de la LPIP o de una pérdida, un robo, una divulgación, una falsificación, una alteración o un daño de su información personal podrá obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales. No existe un requisito de reciprocidad similar al previsto en la Ley de indemnización estatal.Además de la indemnización por daños y perjuicios, podrá obtenerse un recurso administrativo contra las acciones u omisiones de los organismos administrativos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo. Cualquier persona podrá impugnar una disposición (por ejemplo, el ejercicio de poderes públicos, o la negativa a ejercerlos, en un asunto específico) o una omisión (el fracaso prolongado por parte de un organismo administrativo para adoptar una determinada disposición, contrariamente a la obligación legal de hacerlo), lo cual puede dar lugar a la revocación o modificación de una disposición ilícita, a un dictamen de nulidad (es decir, un dictamen de que la disposición no tiene efectos jurídicos o de su inexistencia en el ordenamiento jurídico) o a un dictamen de que una omisión es ilícitaArtículos 2 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Para poder impugnar una disposición administrativa, esta debe afectar directamente a los derechos y obligaciones civilesResolución 98Du18435 del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1999; Resolución 99Du1113 del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2000, y Resolución 2010Du3541 del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2012.. Esto incluye las medidas para recoger datos personales, ya sea de manera directa (por ejemplo, interceptando comunicaciones) o mediante una solicitud de divulgación (por ejemplo, a un proveedor de servicios).Las reclamaciones antes mencionadas podrán presentarse, en primer lugar, ante las comisiones de recursos administrativos establecidas en determinadas autoridades públicas (por ejemplo, el SNI o la CNDH) o ante la Comisión Central de Recursos Administrativos creada bajo los auspicios de la Comisión Anticorrupción y de Derechos CivilesArtículo 6 de la Ley de recursos administrativos y artículo 18, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Tal recurso administrativo ofrece una vía alternativa más informal para impugnar una disposición u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, una reclamación también podrá presentarse directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanos, con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo.Las solicitudes de revocación o modificación de una disposición en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo podrán ser presentadas por cualquier persona que tenga un interés jurídico en solicitar la revocación o modificación o en que se restablezcan sus derechos mediante la revocación o modificación en caso de que la disposición deje de surtir efectoArtículo 12 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Del mismo modo, los litigios para declarar la nulidad podrán ser iniciados por una persona que tenga un interés jurídico en dicha declaración, mientras que los litigios para declarar la ilegalidad de una omisión podrán ser iniciados por cualquier persona que haya presentado una solicitud de disposición y tenga un interés jurídico en solicitar que se declare la ilegalidad de la omisiónArtículos 35 y 36 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interés jurídico se interpreta como un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés directo y específico protegido por las leyes y los reglamentos en los que se basan las disposiciones administrativas (es decir, no intereses generales, indirectos y abstractos del público)Resolución n.o 2006Du330 del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 2006.. Por consiguiente, las personas tendrán un interés jurídico en caso de cualquier vulneración de las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de sus datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal (en virtud de leyes específicas o de la LPIP). Una sentencia firme con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo es vinculante para las partesArtículo 30, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo..Deberán presentarse una solicitud de revocación o modificación de una disposición y una solicitud de declaración de la ilegalidad de una omisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la persona tenga conocimiento de la disposición u omisión y, en principio, a más tardar un año después de la fecha de emisión de la disposición o de que se haya producido la omisión, salvo que existan razones justificablesArtículo 20 de la Ley de lo contencioso-administrativo. Este plazo también se aplica a las reclamaciones para declarar la ilegalidad de una omisión (véase el artículo 38, apartado 2, de la Ley de lo contencioso-administrativo).. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de razones justificables debe interpretarse en sentido amplio y requiere evaluar si es socialmente aceptable permitir una reclamación tardía, a la luz de todas las circunstancias del asuntoResolución n.o 90Nu6521 del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1991.. Por ejemplo, esto incluye, entre otras cosas, los motivos de retraso de los que la parte afectada no puede ser considerada responsable (es decir, situaciones que escapan al control del reclamante, por ejemplo, cuando no se le ha notificado la recogida de sus datos personales) o de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra).Por último, los particulares también podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional.. Sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio o la falta de ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá solicitar la adjudicación de un recurso de inconstitucionalidad. Si hay otras vías de recurso disponibles, estas deben agotarse primero. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los extranjeros podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que sus derechos fundamentales estén reconocidos por la Constitución coreana (véanse las explicaciones en la sección 1.1)Resolución n.o 99HeonMa194 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. Los recursos de inconstitucionalidad deben presentarse en un plazo de noventa días a partir del momento en que el particular haya tenido conocimiento de la infracción, y en el plazo de un año a partir del momento en que se produjo. Dado que el procedimiento establecido en la Ley de lo contencioso-administrativo se aplica a los litigios en virtud de la Ley del Tribunal ConstitucionalArtículo 40 de la Ley del Tribunal Constitucional., una reclamación seguirá siendo admisible si existen razones justificables, interpretadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita anteriormente.Si primero hay que agotar otras vías de recurso, un recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en un plazo de treinta días a partir de la decisión final sobre dicho recursoArtículo 69 de la Ley del Tribunal Constitucional.. El Tribunal Constitucional podrá invalidar el ejercicio del poder gubernamental que provocó la infracción o confirmar que una determinada omisión es inconstitucionalArtículo 75, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional.. En tal caso, la autoridad competente está obligada a adoptar medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal.3.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS CON FINES DE SEGURIDAD NACIONAL3.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito de la seguridad nacionalLa República de Corea cuenta con dos agencias de inteligencia especializadas: el SNI y el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa. Además, la policía y las fiscalías también pueden recoger información personal con fines de seguridad nacional.El SNI se establece en virtud de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, Ley SNI) y opera directamente bajo la jurisdicción y supervisión del presidente de la RepúblicaArtículo 2 y artículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. En particular, el SNI recoge, recopila y distribuye información sobre países extranjeros (y Corea del Norte)Este concepto no abarca la información sobre las personas, sino la información general sobre países extranjeros (tendencias y evolución) y sobre las actividades de los agentes estatales de terceros países., inteligencia relacionada con la lucha contra el espionaje (incluido el espionaje militar e industrial), el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada internacional, inteligencia sobre determinados tipos de delitos dirigidos contra la seguridad pública y nacional (por ejemplo, la insurrección nacional y la agresión extranjera) e inteligencia relacionada con la tarea de garantizar la ciberseguridad y prevenir o contrarrestar los ciberataques y las amenazasArtículo 3, apartado 1, de la Ley SNI.. La Ley SNI, por la que se crea el SNI y se establecen sus funciones, también prevé principios generales que enmarcan todas sus actividades. Como principio general, el SNI debe mantener la neutralidad política y proteger la libertad y los derechos de las personasArtículo 3, apartado 1; artículo 6, apartado 2, y artículos 11 y 21. Véanse también las normas sobre los conflictos de intereses, en particular los artículos 10 y 12.. El presidente del SNI se encarga de desarrollar directrices generales que establezcan los principios, el alcance y los procedimientos para el desempeño de las funciones del SNI en relación con la recogida y el uso de información, y debe informar de ellas a la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. La Asamblea Nacional (a través de su Comité de Inteligencia) puede exigir que se corrijan o complementen las directrices si considera que son ilícitas o injustas. De manera más general, en el ejercicio de sus funciones, el director y el personal del SNI no pueden obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligadas a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 13 de la Ley SNI.. Además, toda censura del correo, interceptación de las telecomunicaciones, recogida de información sobre la ubicación, recogida de datos de confirmación de la comunicación o grabación o escucha de comunicaciones privadas por parte del SNI debe cumplir lo dispuesto en la LPPC, la Ley de información sobre la ubicación o la LECArtículo 14 de la Ley SNI.. Todo abuso de poder o la recogida de información que infrinja estas leyes estarán sujetos a sanciones penalesArtículos 22 y 23 de la Ley SNI..El Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa es una agencia de inteligencia militar creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Es responsable de las cuestiones de seguridad dentro del ejército, de las investigaciones penales militares (sujetas a la Ley de tribunales militares) y la inteligencia militar. En general, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa no lleva a cabo ninguna actividad de vigilancia de civiles, a menos que sea necesario para el desempeño de sus funciones militares. Las personas que pueden ser investigadas son el personal militar, los empleados civiles del ejército, las personas en formación militar, las personas en reserva militar o servicio de reclutamiento y los prisioneros de guerraArtículo 1 de la Ley de tribunales militares.. Al recoger información sobre las comunicaciones con fines de seguridad nacional, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa está sujeto a las limitaciones y salvaguardias establecidas por la LLPC y su Decreto de Ejecución.3.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LPPC, la Ley antiterrorista para la protección de los ciudadanos y la seguridad pública (en lo sucesivo, Ley antiterrorista) y la LST proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal con fines de seguridad nacional y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicablesAl investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, la policía y el SNI actuarán sobre la base de la LEC, mientras que el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa estará sujeto a la Ley de tribunales militares.. Estas limitaciones y salvaguardias, tal como se describen en las siguientes secciones, garantizan que la recogida y el tratamiento de la información se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Queda excluida toda recogida masiva e indiscriminada de información personal con fines de seguridad nacional.3.2.1.Recogida de información sobre las comunicaciones3.2.1.1.Recogida de información sobre las comunicaciones por las agencias de inteligencia3.2.1.1.1.Base jurídicaLa LPPC faculta a las agencias de inteligencia para recoger datos de comunicaciones y exige a los proveedores de comunicaciones que cooperen con las solicitudes de dichas agenciasArtículo 15-2 de la LPPC.. Como se describe en la sección 2.2.2.1, la LPPC distingue entre la recogida del contenido de las comunicaciones (es decir, medidas de restricción de la comunicación, tales como las escuchas telefónicas o las medidas de censuraArtículo 2, apartados 6 y 7, de la LPPC.) y la recogida de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 2, apartado 11, de la LPPC..El umbral para la recogida de estos dos tipos de información difiere, pero los procedimientos y salvaguardias aplicables son, en gran medida, idénticosVéanse también el artículo 13-4, apartado 2, de la LPPC y el artículo 37, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC, que estipulan que los procedimientos aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones se aplicarán mutatis mutandis a la recogida de datos de confirmación de la comunicación.. La recogida de datos de confirmación de la comunicación (o metadatos) puede realizarse con el fin de prevenir amenazas para la seguridad nacionalArtículo 13-4 de la LPPC.. Se aplica un umbral más elevado para la ejecución de medidas de restricción de la comunicación (es decir, para recoger el contenido de las comunicaciones), que solo pueden adoptarse cuando se prevea que la seguridad nacional se ponga en grave peligro y la recogida de información sea necesaria para prevenir dicho peligro (es decir, si existe un riesgo grave para la seguridad nacional y la recogida es necesaria para prevenirlo)Artículo 7, apartado 1, de la LPPC.. Además, el acceso al contenido de las comunicaciones solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso para garantizar la seguridad nacional, y deben hacerse esfuerzos para minimizar la vulneración de la privacidad de las comunicacionesArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. Incluso cuando se haya obtenido la aprobación o autorización adecuada, tales medidas deben interrumpirse de inmediato una vez que dejen de ser necesarias, garantizando así que cualquier violación de los secretos de las comunicaciones de la persona se limite al mínimoArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..3.2.1.1.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participe al menos un nacional coreanoLa recogida de información sobre las comunicaciones (tanto contenido como metadatos) cuando una o ambas personas que participan en la comunicación sean nacionales coreanos solo podrá tener lugar con la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 1, punto 1, de la LPPC. El órgano jurisdiccional competente será el Tribunal Superior que tenga jurisdicción sobre el lugar del domicilio o de la sede de una o ambas partes sujetas a la vigilancia.. La solicitud de la agencia de inteligencia deberá presentarse por escrito a un fiscal o a una Fiscalía SuperiorArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional), junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida)Artículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. El fiscal o la Fiscalía Superior, a su vez, solicitarán la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC. La solicitud del fiscal al órgano jurisdiccional deberá exponer los principales motivos de sospecha y, en la medida en que se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, su justificación (véase el artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. El jefe judicial solo podrá conceder una autorización escrita cuando considere justificada la solicitud y la desestimará cuando la considere infundadaArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartados 5 y 9, de la LPPC.. La orden especificará el tipo, el objetivo, el objeto, el alcance y el período efectivo de la recogida, así como el lugar y la manera en que podrá realizarseArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 6, de la LPPC..En el caso de que la medida esté destinada a la investigación de un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir los procedimientos antes mencionados, se aplicarán normas específicasArtículo 8 de la LPPC.. Cuando se cumplan estas condiciones, las agencias de inteligencia podrán aplicar medidas de vigilancia sin previa autorización judicialArtículo 8, apartado 1, de la LPPC.. No obstante, inmediatamente después de la ejecución de las medidas de emergencia, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del órgano jurisdiccional. Si no se obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se adopten las medidas, estas deberán suspenderse inmediatamenteArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la agencia de inteligencia que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC. Véase la sección 2.2.2.2. para más información sobre las medidas de emergencia en el contexto de la aplicación de la ley..En los casos en que la vigilancia se complete en un breve plazo y se descarte la autorización judicial, el jefe de la Fiscalía Superior competente debe enviar una notificación de las medidas de emergencia preparada por la agencia de inteligencia al presidente del órgano jurisdiccional competente, que conserva el registro de las medidas de emergenciaArtículo 8, apartados 5 y 7, de la LPPC. En esta notificación deben indicarse el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de vigilancia, así como los motivos para no presentar una solicitud antes de adoptar la medida (artículo 8, apartado 6, de la LPPC).. Esto permite al órgano jurisdiccional examinar la legalidad de la recogida.3.2.1.1.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participen únicamente nacionales no coreanosPara recoger información sobre las comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos, las agencias de inteligencia deberán obtener una autorización previa por escrito del presidenteArtículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC.. Estas comunicaciones solo se recogerán con fines de seguridad nacional si entran en una de las diversas categorías mencionadas, es decir, las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno u otras personas de países hostiles a la República de Corea, agencias extranjeras, grupos o nacionales sospechosos de participar en actividades anticoreanasEsto se refiere a actividades que amenazan la existencia y la seguridad de la nación, el orden democrático o la supervivencia y la libertad de la población. o miembros de grupos que operan en la península de Corea, pero, en la práctica, más allá de la soberanía de la República de Corea y de sus grupos centrales con sede en países extranjerosAdemás, si una de las partes es una persona descrita en el artículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC y la otra se desconoce o no puede especificarse, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, punto 2.. En cambio, si una de las partes de una comunicación es un nacional coreano y la otra es un nacional extranjero, se requerirá una autorización judicial de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 3.2.1.1.2.El jefe de una agencia de inteligencia deberá presentar al director del SNI un plan de las medidas que se prevé adoptarArtículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC. El director del SNI es nombrado por el presidente previa confirmación del Parlamento (artículo 7 de la Ley SNI).. El director del SNI examinará si el plan es adecuado y, en caso afirmativo, lo someterá a la aprobación del presidenteArtículo 8, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. La información que deberá incluirse en el plan será la misma que la requerida para solicitar una autorización judicial para recoger información de nacionales coreanos (tal como se ha descrito anteriormente)Artículo 8, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC, en relación con el artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. En particular, deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional) y los principales motivos de sospecha, junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida). Cuando se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, deberán indicarse la finalidad y los motivosArtículo 8, apartado 3, y artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En situaciones de emergenciaEs decir, en los casos en que la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional, no haya tiempo suficiente para obtener la aprobación del presidente y la no adopción de medidas de emergencia pueda perjudicar a la seguridad nacional (artículo 8, apartado 8, de la LPPC)., deberá obtenerse la autorización previa del ministro al que pertenezca la agencia de inteligencia competente. No obstante, en este caso, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del presidente inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas de emergencia. Si una agencia de inteligencia no obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se presenta la solicitud, la recogida deberá interrumpirse inmediatamenteArtículo 8, apartado 9, de la LPPC.. En tales casos, la información recogida siempre se destruirá.3.2.1.1.4.Limitaciones generales y salvaguardiasA la hora de solicitar la cooperación de entidades privadas, las agencias de inteligencia deberán facilitarles la orden judicial, la autorización presidencial o una copia de la portada de una declaración de censura de emergencia, que la entidad obligada deberá conservar en sus archivosArtículo 9, apartado 2, de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las entidades a las que se solicite que divulguen información a las agencias de inteligencia sobre la base de la LPPC podrán negarse a hacerlo cuando la autorización o la declaración de censura de emergencia se refieran al identificador incorrecto (por ejemplo, un número de teléfono perteneciente a una persona distinta de la identificada). Además, en todos los casos, las contraseñas utilizadas para las comunicaciones no podrán divulgarseArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Las agencias de inteligencia podrán confiar la aplicación de medidas de restricción de la comunicación o la recogida de información de confirmación de la comunicación a una oficina de correos o a un proveedor de servicios de telecomunicaciones (según la definición de la Ley del sector de las telecomunicaciones)Artículo 13 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Tanto la agencia de inteligencia correspondiente como el proveedor que reciba una solicitud de cooperación deberán mantener registros en los que se indique la finalidad de solicitar las medidas, la fecha de ejecución o cooperación y el objeto de las medidas (por ejemplo, correo, teléfono, correo electrónico) durante tres añosArtículo 9, apartado 3, de la LPPC y artículo 17, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC. Este plazo no se aplica a los datos de confirmación de la comunicación (véase el artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación deberán conservar información sobre la frecuencia de la recogida en sus archivos durante siete años e informar dos veces al año al Ministerio de Ciencia y TICArtículo 13, apartado 7, de la LPPC y artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Las agencias de inteligencia deberán informar al director del SNI sobre la información que han recopilado y el resultado de la actividad de vigilanciaArtículo 18, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Por lo que se refiere a la recogida de datos de confirmación de la comunicación, deberán mantenerse registros de que se ha realizado una solicitud relativa a tales datos, así como de la propia solicitud escrita y de la institución que se ha amparado en ellaArtículo 13, apartado 5, y artículo 13-4, apartado 3, de la LPPC..La recogida tanto del contenido de las comunicaciones como de los datos de confirmación de la comunicación solo podrá durar un máximo de cuatro meses y, si el objetivo perseguido se alcanza entretanto, deberá interrumpirse de inmediatoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC.. Si persisten las condiciones de la autorización, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses, con la autorización del órgano jurisdiccional o del presidente. La solicitud de autorización para prorrogar las medidas de vigilancia deberá presentarse por escrito, indicando los motivos por los que se solicita la prórroga y facilitando materiales de apoyoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC y artículo 5 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En función de la base jurídica para la recogida, suele notificarse a las personas cuando se recogen sus comunicaciones. En particular, independientemente de si la información recogida se refiere al contenido de las comunicaciones o a datos de confirmación de la comunicación, y con independencia de si la información se obtuvo mediante el procedimiento ordinario o en una situación de emergencia, el jefe de la agencia de inteligencia deberá informar por escrito a la persona afectada de la medida de vigilancia en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que finalizó la vigilanciaArtículo 9-2, apartado 3, de la LPPC. De conformidad con el artículo 13-4 de la LPPC, esto se aplica tanto a la recogida del contenido de las comunicaciones como a los datos de confirmación de la comunicación.. La notificación debe incluir 1) el hecho de que se ha recogido la información, 2) el organismo de ejecución y 3) el período de ejecución. No obstante, si es probable que la notificación ponga en peligro la seguridad nacional o perjudique la vida y la seguridad física de las personas, la notificación podrá aplazarseArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. La notificación deberá realizarse en un plazo de treinta días una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamientoArtículo 13-4, apartado 2, y artículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..Sin embargo, este requisito de notificación solo se aplicará a la recogida de información cuando al menos una de las partes sea un nacional coreano. Por consiguiente, solo se notificará a los nacionales no coreanos cuando se recojan sus comunicaciones con nacionales coreanos. Por lo tanto, no existe ningún requisito de notificación cuando se recogen comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos.El contenido de cualquier comunicación y los datos de confirmación de la comunicación obtenidos a través de la vigilancia, sobre la base de la LPPC, solo podrán utilizarse 1) para la investigación, el enjuiciamiento o la prevención de determinados delitos, 2) para procedimientos disciplinarios, 3) para procedimientos judiciales cuando una parte relacionada con la comunicación se base en ellos para una reclamación por daños y perjuicios o 4) sobre la base de otras leyesArtículo 5, apartados 1 y 2, y artículos 12 y 13-5 de la LPPC..3.2.1.2.Recogida de información sobre las comunicaciones por parte de la policía o los fiscales con fines de seguridad nacionalLa policía o el fiscal podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) con fines de seguridad nacional en las mismas condiciones que se describen en la sección 3.2.1.1. Cuando se actúe en situaciones de emergenciaEs decir, cuando la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento de aprobación ordinario (artículo 8, apartado 1, de la LPPC)., el procedimiento aplicable será el descrito anteriormente con respecto a la recogida del contenido de las comunicaciones a efectos de control de la aplicación de la ley en situaciones de emergencia (es decir, el artículo 8 de la LPPC).3.2.2.Recogida de información sobre sospechosos de terrorismo3.2.2.1.Base jurídicaLa Ley antiterrorista faculta al director del SNI para recoger información sobre los sospechosos de terrorismoArtículo 9 de la Ley antiterrorista.. El concepto de sospechoso de terrorismo se define como un miembro de un grupo terroristaEl término grupo terrorista se define como un grupo de terroristas designado por las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 2, de la Ley antiterrorista)., una persona que haya propagado un grupo terrorista (mediante la promoción y la difusión de ideas o tácticas de un grupo terrorista), recaudado o aportado fondos para el terrorismoEl término terrorismo se define en el artículo 2, apartado 1, de la Ley antiterrorista como una conducta llevada a cabo con el fin de impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un Gobierno local o de un Gobierno extranjero (incluidos los Gobiernos locales y las organizaciones internacionales) o con el fin de hacer que realicen alguna actividad que no están obligados a realizar o de amenazar al público. Esto incluye a) matar a una persona o poner en riesgo la vida de una persona causando lesiones corporales o a través de la detención, el confinamiento, el secuestro o la toma de rehenes; b) determinados tipos de conducta dirigida a una aeronave (por ejemplo, chocar, secuestrar o dañar una aeronave en vuelo); c) determinados tipos de conducta relacionados con un buque (por ejemplo, incautar o destruir un buque o una estructura marina en funcionamiento o causar daños en los mismos en un grado tal que ponga en peligro su seguridad, incluidos los daños de la mercancía cargada en un buque o una estructura marina en funcionamiento); d) colocar, detonar o utilizar de cualquier otro modo armas o dispositivos bioquímicos, explosivos o incendiarios con la intención de causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves o tener tales efectos en determinados tipos de vehículos o instalaciones (por ejemplo, trenes, tranvías, vehículos de motor, parques y estaciones públicos, instalaciones de suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones, etc.); e) determinados tipos de conducta relacionados con materiales nucleares o radiactivos o instalaciones nucleares (por ejemplo, atentar contra la vida humana, la integridad física o la propiedad individual, o perturbar de otro modo la seguridad pública destruyendo un reactor nuclear o manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc.). o participado en otras actividades de preparación, conspiración, propaganda o instigación del terrorismo, o una persona con respecto a la cual existan motivos fundados para sospechar que ha llevado a cabo tales actividadesArtículo 2, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. Como regla general, todo funcionario público que aplique la Ley antiterrorista deberá respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución coreanaArtículo 3, apartado 3, de la Ley antiterrorista..La Ley antiterrorista por sí sola no establece facultades, limitaciones y salvaguardias específicas para la recogida de información sobre los sospechosos de terrorismo, sino que hace referencia a los procedimientos establecidos en otras leyes. En primer lugar, sobre la base de la Ley antiterrorista, el director del SNI podrá recoger 1) información sobre la entrada en la República de Corea y la salida de esta, 2) información sobre transacciones financieras e 3) información sobre las comunicaciones. En función del tipo de información buscada, los requisitos procedimentales pertinentes se establecen en la Ley de inmigración, la Ley de aduanas, la LCUIETF o la LPPC, respectivamenteArtículo 9, apartado 1, de la Ley antiterrorista.. Para la recogida de información sobre la entrada y salida de Corea, la Ley antiterrorista hace referencia a los procedimientos establecidos en la Ley de inmigración y la Ley de aduanas. Sin embargo, actualmente estas leyes no prevén tales facultades. Para la recogida de información sobre las comunicaciones e información sobre transacciones financieras, la Ley antiterrorista hace referencia a las limitaciones y salvaguardias establecidas en la LPPC (que se detallan más adelante) y de la LCUIETF (que, como se explica en la sección 2.1, no es pertinente a efectos de la evaluación de la decisión de adecuación).Además, el artículo 9, apartado 3, de la Ley antiterrorista especifica que el director del SNI podrá solicitar información personal o sobre la ubicación de un sospechoso de terrorismo a un responsable del tratamiento de información personalTal como se define en el artículo 2 de la LPIP, es decir, una institución pública, una persona jurídica, una organización, un particular, etc. que trata información personal directa o indirectamente para gestionar ficheros información personal con fines oficiales o comerciales. o a un proveedor de información sobre la ubicaciónTal como se define en el artículo 5 de la Ley sobre la protección, el uso, etc. de la información sobre la ubicación (en lo sucesivo, Ley de información sobre la ubicación), es decir, cualquier persona que haya obtenido autorización de la Comisión de Comunicaciones de Corea para participar en una empresa de información sobre la ubicación.. Esta posibilidad se limita a las solicitudes de divulgación voluntaria, a las que los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación no están obligados a responder y, en cualquier caso, solo pueden hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación (véase la sección 3.2.2.2).3.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la divulgación voluntaria en virtud de la LPIP y de la Ley de información sobre la ubicaciónLas solicitudes de cooperación voluntaria en virtud de la Ley antiterrorista deberán limitarse a la información sobre los sospechosos de terrorismo (véase la sección 3.2.2.1). Cualquier solicitud de este tipo del SNI deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, la Ley SNI especifica que el SNI no podrá obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligados a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona, mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 11, apartado 1, de la Ley SNI.. Una infracción de esta prohibición podrá ser objeto de sanciones penalesArtículo 19 de la Ley SNI..Los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación que reciban solicitudes del SNI sobre la base de la Ley antiterrorista no estarán obligados a acceder a tales solicitudes. Podrán acceder de manera voluntaria, pero solo se les permitirá hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación. En lo que respecta al cumplimiento de la LPIP, el responsable del tratamiento deberá, en particular, tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..3.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias en virtud de la LPPCSobre la base de la Ley antiterrorista, las agencias de inteligencia solo podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) cuando sea necesario para actividades de lucha contra el terrorismo, es decir, actividades relacionadas con la prevención del terrorismo y contramedidas al respecto. Los procedimientos de la LPPC descritos en la sección 3.2.1 se aplicarán a la recogida de información sobre las comunicaciones con fines antiterroristas.3.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesSobre la base de la LST, los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a una solicitud de divulgación de datos de comunicaciones de una agencia de inteligencia que tenga la intención de recoger la información para evitar una amenaza para la seguridad nacionalArtículo 83, apartado 3, de la LST.. Cualquier solicitud de este tipo deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, se aplicarán las mismas limitaciones y salvaguardias que con respecto a la divulgación voluntaria a efectos de control de la aplicación de la ley (véase la sección 2.2.3)En particular, la solicitud deberá presentarse por escrito y exponer los motivos de la misma, así como el vínculo con el usuario de que se trate y el alcance de la información solicitada, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá mantener registros e informar al ministro de Ciencia y TIC dos veces al año..Los operadores de telecomunicaciones no estarán obligados a acceder, pero podrán hacerlo de manera voluntaria y únicamente de conformidad con la LPIP. A este respecto, se aplicarán a los operadores de telecomunicaciones las mismas obligaciones, incluidas las relativas a la notificación de la persona, que cuando reciben solicitudes de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, como se explica con más detalle en la sección 2.2.3.3.3.SupervisiónDiferentes organismos supervisan las actividades de las agencias de inteligencia coreanas. La supervisión del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa corre a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la Directiva sobre la ejecución de auditorías internas del Ministerio. El SNI está sujeto a la supervisión por parte del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros organismos independientes, como se explica con más detalle a continuación.3.3.1.El oficial de protección de los derechos humanosCuando las agencias de inteligencia recogen información sobre sospechosos de terrorismo, la Ley antiterrorista prevé la supervisión por parte de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo y del oficial de protección de los derechos humanos (en lo sucesivo, OPDH)Artículo 7 de la Ley antiterrorista..La Comisión de Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, desarrolla políticas relativas a las actividades de lucha contra el terrorismo y supervisa la aplicación de medidas antiterroristas, así como las actividades de las distintas autoridades competentes en este ámbitoArtículo 5, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. La Comisión está presidida por el primer ministro y está compuesta por varios ministros y jefes de organismos gubernamentales, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad, el director del SNI, el comisario general de la Agencia Nacional de Policía y el presidente de la Comisión de Servicios FinancierosArtículo 3, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando se lleven a cabo investigaciones antiterroristas y se rastreen sospechosos de terrorismo para recabar la información o los materiales necesarios para las actividades de lucha contra el terrorismo, el director del SNI deberá informar al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo (es decir, el primer ministro)Artículo 9, apartado 4, de la Ley antiterrorista..Además, la Ley antiterrorista establece la figura del OPDH con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas contra las vulneraciones causadas por las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 7 de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por el presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo de entre las personas que reúnen las cualificaciones mencionadas en el Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista (es decir, cualquier persona cualificada como abogado con al menos diez años de experiencia laboral o con conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos y que trabaje o haya trabajado, al menos, como profesor asociado durante al menos diez años o que haya ejercido como funcionario público de rango superior en agencias estatales o Gobiernos locales, o con al menos diez años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, en una organización no gubernamental)Artículo 7, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por un período de dos años (con la posibilidad de renovar su mandato) y solo puede ser destituido por motivos específicos y limitados y por causa justificada, por ejemplo, cuando se le acuse en un proceso penal relacionado con sus funciones, cuando divulgue información confidencial o por incapacidad mental o física de larga duraciónArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista..En términos de competencias, el OPDH podrá formular recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos por parte de las agencias que participen en actividades de lucha contra el terrorismo y tramitar peticiones civiles (véase la sección 3.4.3)Artículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando pueda establecerse razonablemente la existencia de una vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones oficiales, el OPDH podrá recomendar al jefe de la agencia responsable que corrija dicha vulneraciónArtículo 9, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista. El OPDH decide de manera autónoma sobre la adopción de recomendaciones, pero debe informar de ellas al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo.. A su vez, la agencia responsable deberá informar al OPDH de las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendaciónArtículo 9, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Si una agencia no aplicara una recomendación del OPDH, el asunto se elevaría a la Comisión, incluido su presidente, el primer ministro. Hasta la fecha, no ha habido casos en los que no se hayan aplicado las recomendaciones del OPDH.3.3.2.La Asamblea NacionalComo se describe en la sección 2.3.2, la Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicas y, en ese contexto, solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigos. Con respecto a las cuestiones que son competencia del SNI, esta supervisión parlamentaria corre a cargo el Comité de Inteligencia de la Asamblea NacionalArtículo 36 y artículo 37, apartado 1, punto 16, de la Ley de la Asamblea Nacional.. El director del SNI, que supervisa el desempeño de las funciones de la agencia, informa al Comité de Inteligencia (así como al presidente)Artículo 18 de la Ley SNI.. El propio Comité de Inteligencia también podrá solicitar un informe sobre un asunto específico, y el director del SNI deberá responder sin demoraArtículo 15, apartado 2, de la Ley SNI.. Solo podrá negarse a responder o testificar ante el Comité de Inteligencia con respecto a secretos de Estado relativos a cuestiones militares, diplomáticas o relacionadas con Corea del Norte, cuando el conocimiento público pueda tener graves consecuencias para el destino nacionalArtículo 17, apartado 2, de la Ley SNI. Los secretos de Estado se definen como los hechos, bienes o conocimientos clasificados como secretos de Estado, cuyo acceso se permite a un número limitado de personas y que no se divulgarán a ningún otro país u organización, con el fin de evitar cualquier perjuicio grave para la seguridad nacional (véase el artículo 13, apartado 4, de la Ley SNI).. En este caso, el Comité de Inteligencia podrá solicitar una explicación al primer ministro. Si tal explicación no se presenta en el plazo de siete días a partir de la presentación de la solicitud, la respuesta o el testimonio ya no podrán denegarse.Si la Asamblea Nacional comprueba que ha habido actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea Nacional. Existen normas específicas relativas a la supervisión parlamentaria con respecto al uso de medidas de restricción de la comunicación (es decir, la recogida del contenido de las comunicaciones) con arreglo a la LPPCArtículo 15 de la LPPC.. Por lo que se refiere a esta última, la Asamblea Nacional podrá solicitar a los jefes de las agencias de inteligencia un informe sobre cualquier medida específica de restricción de la comunicación. Además, podrá llevar a cabo inspecciones in situ de los equipos de escuchas telefónicas. Por último, las agencias de inteligencia que hayan recogido y los operadores que hayan divulgado información sobre el contenido con fines de seguridad nacional deberán informar sobre dicha divulgación a petición de la Asamblea Nacional.3.3.3.La Comisión de Control e InspecciónLa CCI desempeña las mismas funciones de supervisión con respecto a las agencias de inteligencia que en el ámbito de la aplicación del Derecho penal (véase la sección 2.3.2)Al igual que en el caso del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, el director del SNI solo podrá negarse a responder a la CCI sobre cuestiones que constituyan secretos de Estado y si el conocimiento público pudiera tener graves consecuencias para la seguridad nacional (artículo 13, apartado 1, de la Ley SNI)..3.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalPor lo que se refiere al tratamiento de datos con fines de seguridad nacional, incluida la fase de recogida, la CPIP llevará a cabo una supervisión adicional. Como se explica con más detalle en la sección 1.2, esto incluye los principios y obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 58, apartado 4, de la LPIP, así como el ejercicio de los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP también abarca las posibles infracciones de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, tales como la LPPC, la Ley antiterrorista y la LST. Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de dichas leyes constituye una violación de la LPIP. Por lo tanto, la CPIP tiene la facultad de investigarArtículo 63 de la LPIP. las infracciones de las leyes que regulan el acceso a los datos con fines de seguridad nacional, así como de las normas de tratamiento establecidas en la LPIP, y de proporcionar asesoramiento para la mejora, imponer medidas correctoras, recomendar medidas disciplinarias y remitir posibles infracciones a las autoridades de investigación pertinentesArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP..3.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa supervisión por parte de la CNDH se aplica de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.3.2).3.4.Reparación individual3.4.1.Reparación ante el oficial de protección de los derechos humanosPor lo que se refiere a la recogida de información personal en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, el OPDH, establecido bajo los auspicios de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo, ofrece una vía de recurso específica. El OPDH tramita las peticiones civiles relacionadas con la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 8, apartado 1, punto 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Podrá recomendar medidas correctoras y la agencia correspondiente deberá informar al Oficial de cualquier medida adoptada para aplicar dicha recomendación. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante el OPDH. En consecuencia, el OPDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad.3.4.2.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada con fines de seguridad nacionalArtículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartados 1, 3 y 4, de la LPIP.. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse directamente ante la agencia de inteligencia o de manera indirecta a través de la CPIP. La agencia de inteligencia podrá retrasar, limitar o denegar el ejercicio del derecho en la medida y durante el tiempo necesarios y proporcionados para proteger un objetivo importante de interés público (por ejemplo, en la medida y durante el tiempo que la concesión del derecho ponga en peligro una investigación en curso o amenace la seguridad nacional) o cuando la concesión del derecho pueda atentar contra la vida o la integridad de un tercero. En caso de denegación o restricción de la solicitud, el particular debe ser informada sin demora de los motivos.Además, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la LPIP (obligación de garantizar la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales) y el artículo 4, apartado 5, de la LPIP (derecho a una reparación adecuada por cualquier daño o perjuicio derivado del tratamiento de información personal, mediante un procedimiento rápido y justo), los particulares tendrán derecho a obtener reparación. Esto incluye el derecho a denunciar una presunta infracción ante el Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de Corea y a presentar una reclamación ante la CPIPArtículos 62 y 63, apartado 2, de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal con fines de seguridad nacional como de la LPIP. Como se explica en la Nota n.o 2021-1, un ciudadano de la UE podrá presentar una reclamación ante la CPIP a través de su autoridad nacional de protección de datos. En este caso, la CPIP lo notificará a la persona a través de la autoridad nacional de protección de datos una vez finalizada la investigación (incluida, en su caso, la información sobre las medidas correctoras impuestas). Las decisiones o la inacción de la CPIP podrán ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales coreanos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo.3.4.3.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa posibilidad de obtener una reparación individual ante la CNDH se aplicará de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.4.2).3.4.4.Reparación judicialAl igual que en el caso de las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, los particulares podrán obtener reparación judicial contra las agencias de inteligencia con respecto a las infracciones de las limitaciones y salvaguardias antes mencionadas a través de distintas vías.En primer lugar, los particulares podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Ley de indemnización estatal. Por ejemplo, en un asunto, se concedió una indemnización en relación con la vigilancia ilícita por parte del Comando de Apoyo a la Defensa (predecesor del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa)Resolución n.o 96Da42789 del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 1998..En segundo lugar, la Ley de lo contencioso-administrativo permite a los particulares impugnar las disposiciones y omisiones de los organismos administrativos, incluidas las agencias de inteligenciaArtículos 3 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo..Por último, los particulares podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por las agencias de inteligencia sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional.
Yoon Jong In
Presidente de la Comisión de Protección de la Información Personal
El presente documento ha sido elaborado por la Comisión de Protección de la Información Personal y los siguientes ministerios y agencias.
L0442022ES110120211217ES0001.00036919022Marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacionalEl presente documento ofrece una visión general del marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacional (en lo sucesivo, acceso por parte de las autoridades públicas), en particular en lo que respecta a las bases jurídicas disponibles, las condiciones (limitaciones) y las salvaguardias aplicables, así como la supervisión independiente y las posibilidades de reparación individual.1.PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES PERTINENTES PARA EL ACCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS1.1.Marco constitucionalLa Constitución de la República de Corea establece el derecho a la privacidad en general (artículo 17) y, en particular, el derecho a la privacidad de la correspondencia (artículo 18). Es obligación del Estado garantizar estos derechos fundamentalesArtículo 10 de la Constitución de la República de Corea, promulgada el 17 de julio de 1948 (en lo sucesivo, la Constitución).. La Constitución estipula asimismo que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden ser restringidos por ley y cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para el mantenimiento del orden público en interés del bienestar públicoArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Incluso cuando se impongan tales restricciones, estas no pueden afectar al contenido esencial de las libertades o de los derechosArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Los órganos jurisdiccionales coreanos han aplicado estas disposiciones en asuntos relativos a la interferencia de las autoridades públicas con la privacidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que la vigilancia de los ciudadanos vulneraba el derecho fundamental a la privacidad, al hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a la autodeterminación de la información personalResolución n.o 96DA42789 del Tribunal Supremo de Corea, de 24 de julio de 1998.. En otro asunto, el Tribunal Constitucional declaró que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que brinda protección contra la intervención en la vida privada de los ciudadanos y su vigilancia por parte del EstadoResolución n.o 2002Hun-Ma51 del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 2003. Del mismo modo, en la Resolución 99Hun-Ma513 y 2004Hun-Ma190 (consolidada), de 26 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional aclaró que el derecho a controlar la propia información personal es un derecho de la persona a quien concierne la información para decidir personalmente cuándo y en qué medida se divulgará o utilizará su información, a quién se divulgará y quién podrá efectuar la divulgación o usar la información. Es un derecho fundamental, aunque no se especifique en la Constitución, destinado a proteger la libertad de decisión personal frente al riesgo causado por la ampliación de las funciones estatales y las tecnologías de infocomunicación..La Constitución coreana garantiza asimismo que ninguna persona será arrestada, detenida, registrada o interrogada, ni se incautarán bienes, salvo en los casos previstos por la leyArtículo 12, apartado 1, primera frase, de la Constitución.. Además, los registros e incautaciones solo pueden llevarse a cabo sobre la base de una orden emitida por un juez, a petición de un fiscal, y respetando las garantías procesalesArtículo 16 y artículo 12, apartado 3, de la Constitución.. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando se detenga a una persona sospechosa en el momento de la comisión de un delito (delito flagrante), o cuando exista el riesgo de que una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o más pueda escapar o destruir pruebas, las autoridades de investigación podrán llevar a cabo un registro o una incautación sin una orden, que deberán solicitar posteriormenteArtículo 12, apartado 3, de la Constitución.. Estos principios generales se desarrollan aún más en leyes específicas relativas al procedimiento penal y a la protección de las comunicaciones (véase más adelante para tener una visión de conjunto detallada).Con respecto a los extranjeros, la Constitución establece que su condición está garantizada según lo dispuesto por el Derecho y los tratados internacionalesArtículo 6, apartado 2, de la Constitución.. Varios acuerdos internacionales de los que Corea es parte garantizan los derechos de privacidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 22) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Además, si bien la Constitución hace referencia, en principio, a los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que también los extranjeros son titulares de derechos fundamentalesResolución n.o 93Hun-MA120 del Tribunal Constitucional, de 29 de diciembre de 1994. Véase también, por ejemplo, la resolución n.o 2014Hun-Ma346 del Tribunal Constitucional (de 31 de mayo de 2018), en la que el Tribunal dictaminó que se había vulnerado el derecho constitucional de un nacional sudanés detenido en el aeropuerto a recibir asistencia letrada. En otro asunto, el Tribunal Constitucional dictaminó que la libertad de elegir el lugar de trabajo está estrechamente relacionada con el derecho a buscar la felicidad, así como con la dignidad y el valor humanos, por lo que no está reservada únicamente a los ciudadanos, sino que también puede garantizarse a los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Corea (Resolución n.o 2007Hun-Ma1083 del Tribunal Constitucional, de 29 de septiembre de 2011).. En particular, el Tribunal sostuvo que la protección de la dignidad y el valor de una persona como ser humano, así como el derecho a buscar la felicidad, son derechos de todo ser humano, no solo de los ciudadanosResolución n.o 99HeonMa494 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. El Tribunal también aclaró que el derecho a controlar la propia información se considera un derecho fundamental, basado en el derecho a la dignidad y a buscar la felicidad, así como en el derecho a la vida privadaVéase, por ejemplo, la Resolución n.o 99HunMa513 del Tribunal Constitucional.. Aunque hasta ahora la jurisprudencia no se ha ocupado específicamente del derecho a la privacidad de los nacionales no coreanos, es ampliamente aceptado entre los académicos que los artículos 12 a 22 de la Constitución (que abarcan el derecho a la privacidad y a la libertad personal) establecen los derechos de los seres humanos.Por último, la Constitución también prevé el derecho a reclamar una indemnización justa a las autoridades públicasArtículo 29, apartado 1, de la Constitución.. Además, sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional..1.2.Normas generales de protección de datosLa ley general de protección de datos de la República de Corea, la Ley sobre la protección de la información personal (en lo sucesivo, LPIP), se aplica tanto al sector público como al privado. Con respecto a las autoridades públicas, la LPIP hace referencia específica a la obligación de formular políticas para prevenir el abuso y el uso indebido de la información personal, la vigilancia indiscreta y el seguimiento, etc. y mejorar la dignidad de los seres humanos y la privacidad individualArtículo 5, apartado 1, de la LPIP..El tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación de la ley está sujeto a todos los requisitos de la LPIP. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal deben cumplir las obligaciones de tratamiento lícito, es decir, basarse en una de las bases jurídicas mencionadas en la LPIP para la recogida, la utilización o el suministro de información personal (artículos 15 a 18 de la LPIP), así como los principios de limitación de la finalidad (artículo 3, apartados 1 y 2, de la LPIP), proporcionalidad/minimización de los datos (artículo 3, apartados 1 y 6, de la LPIP), conservación limitada de los datos (artículo 21 de la LPIP), seguridad de los datos, incluida la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos (artículo 3, apartado 4, y artículos 29 y 34 de la LPIP) y transparencia (artículo 3, apartados 1 y 5, y artículos 20, 30 y 32 de la LPIP). Se aplican salvaguardias específicas con respecto a la información sensible (artículo 23 de la LPIP). Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y los artículos 4 y 35 a 39-2 de la LPIP, los particulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión ante las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.Por tanto, si bien la LPIP es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, contiene una excepción cuando los datos personales se tratan con fines de seguridad nacional. De conformidad con el artículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP, los artículos 15 a 50 de la LPIP no se aplicarán a la información personal recogida o solicitada para el análisis de información relacionada con la seguridad nacionalArtículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP.. Por el contrario, el capítulo I (Disposiciones generales), el capítulo II (Establecimiento de políticas de protección de la información personal, etc.), el capítulo VIII (Demandas colectivas por violación de la seguridad de los datos), el capítulo IX (Disposiciones complementarias) y el capítulo X (Disposiciones sobre sanciones) de la LPIP seguirán siendo de aplicación. Esto abarca los principios generales de protección de datos establecidos en el artículo 3 (Principios de protección de la información personal) y los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP (Derechos de los interesados). Esto significa que los principios y derechos fundamentales también están garantizados en este ámbito. Además, el artículo 58, apartado 4, de la LPIP establece que dicha información deberá tratarse en la medida mínima necesaria para alcanzar la finalidad perseguida y por el período mínimo; también exige que el responsable del tratamiento de información personal establezca las medidas necesarias para garantizar una gestión segura de los datos y un tratamiento adecuado, tales como salvaguardias técnicas, físicas y administrativas, así como medidas para la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales.En la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, la CPIP) aclara con mayor detalle cómo se aplica la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional, a la luz de esta exención parcialNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 6.. Esto comprende, en particular, los derechos de las personas (acceso, rectificación, suspensión y supresión) y los motivos y las limitaciones de posibles restricciones de los mismos. De acuerdo con la Nota, la aplicación de los principios, los derechos y las obligaciones fundamentales de la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional refleja las garantías previstas por la Constitución para la protección del derecho de un particular a controlar su propia información personal. Toda restricción a ese derecho, por ejemplo, cuando resulte necesaria para la protección de la seguridad nacional, requiere encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses del particular y el interés público pertinente y no puede afectar al contenido esencial del derecho (artículo 37, apartado 2, de la Constitución).2.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS A EFECTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY2.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito del control del cumplimiento de la leySobre la base de la Ley de enjuiciamiento criminal (en lo sucesivo, LEC), la Ley sobre la protección de la privacidad de las comunicaciones (en lo sucesivo, LPPC) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, LST), la policía, los fiscales y los órganos jurisdiccionales podrán recoger datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal. En la medida en que la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia también confiera esta facultad al Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, SNI), este deberá cumplir las leyes antes mencionadasVéase el artículo 3 de la Ley SNI (Ley n.o 12948), que hace referencia a las investigaciones penales de determinados delitos, tales como la insurrección, la rebelión y los delitos relacionados con la seguridad nacional (por ejemplo, el espionaje). Los procedimientos de la LEC en materia de registros e incautaciones se aplicarían en este contexto, mientras que la LPPC regiría la recogida de datos de comunicaciones (véase la parte 3 sobre las disposiciones relativas al acceso a las comunicaciones con fines de seguridad nacional).. Por último, la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, LCUIETF) proporciona una base jurídica para que las instituciones financieras revelen información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (en lo sucesivo, UIFC) con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo especializado podrá, a su vez, facilitar dicha información a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas obligaciones de divulgación solo se aplican a los responsables del tratamiento de datos que tratan información crediticia personal de conformidad con la Ley de información crediticia y están sujetos a la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros. Dado que el tratamiento de información crediticia personal por parte de dichos responsables está excluido del ámbito de aplicación de la decisión de adecuación, las limitaciones y salvaguardias aplicables en virtud de la LCUIETF no se describen con más detalle en el presente documento.2.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LEC (véase 2.2.1), la LPPC (véase 2.2.2) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (véase 2.2.3) proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal a efectos de control de la aplicación de la ley y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicables.2.2.1.Registros e incautaciones2.2.1.1.Base jurídicaLos fiscales y los agentes de alto rango de la policía judicial solo podrán inspeccionar objetos, registrar a personas o incautarse de objetos si 1) una persona es sospechosa de haber cometido un delito (un sospechoso), 2) la investigación así lo requiere y 3) se considera que los objetos por inspeccionar, las personas por registrar y los objetos por incautar están relacionados con el asuntoArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. Del mismo modo, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo registros e incautarse de cualquier objeto que deba ser utilizado como prueba o ser decomisado, siempre que se considere que dichos objetos o personas están relacionados con un asunto concretoArtículo 106, apartado 1, y artículos 107 y 109 de la LEC..2.2.1.2.Limitaciones y salvaguardiasComo obligación general, los fiscales y los agentes de la policía judicial deberán respetar los derechos humanos del sospechoso, así como los de cualquier otra persona afectadaArtículo 198, apartado 2, de la LEC.. Además, solo podrán adoptarse medidas obligatorias para alcanzar el objetivo de la investigación cuando así lo disponga explícitamente la LEC y en la menor medida necesariaArtículo 199, apartado 1, de la LEC..Los registros, las inspecciones o las incautaciones por parte de agentes de policía o fiscales en el marco de una investigación penal solo podrán llevarse a cabo sobre la base de una orden judicialArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. La autoridad que solicite una orden deberá presentar materiales que demuestren los motivos para sospechar que una persona ha cometido un delito, que el registro, la inspección o la incautación son necesarios y que existen los objetos pertinentes que deben incautarseArtículo 108, apartado 1, del Reglamento de procedimiento penal.. En cuanto a la orden, esta debe contener, entre otras cosas, el nombre del sospechoso y el delito; el lugar, la persona o los objetos que se vayan a registrar o los objetos que se vayan a incautar; la fecha de emisión; y el período efectivo de aplicaciónArtículo 114, apartado 1, de la LEC, en relación con su artículo 219.. Del mismo modo, cuando, en el marco de un procedimiento judicial en curso, los registros e incautaciones se lleven a cabo fuera de una audiencia pública, deberá obtenerse previamente una orden judicialArtículo 113 de la LEC.. El particular de que se trate y su abogado defensor serán informados con antelación del registro o la incautación y podrán estar presentes en el momento de la ejecución de la ordenArtículos 121 y 122 de la LEC..En principio, a la hora de llevar a cabo registros o incautaciones y cuando el objeto por registrar sea un disco de ordenador u otro soporte de almacenamiento de datos, solo se incautarán los propios datos (copiados o impresos) en lugar de todo el soporteArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. El propio soporte de almacenamiento de datos solo podrá ser incautado cuando se considere sustancialmente imposible imprimir o copiar los datos necesarios por separado o cuando se considere que es sustancialmente impracticable lograr el objetivo del registro de otra maneraArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. La incautación deberá notificarse sin demora al particular de que se trateArtículo 219 de la LEC, en relación con su artículo 106, apartado 4.. No hay excepciones a este requisito de notificación con arreglo a la LEC.Los registros, las inspecciones y las incautaciones sin una orden solo podrán tener lugar en situaciones limitadas. En primer lugar, este es el caso cuando resulta imposible obtener una orden debido a la urgencia en el lugar de una infracciónArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. No obstante, debe obtenerse una orden posteriormente y sin demoraArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. En segundo lugar, los registros y las inspecciones sin una orden podrán tener lugar in loco cuando se arreste o se detenga a un sospechosoArtículo 216, apartados 1 y 2, de la LEC.. Por último, un fiscal o un alto funcionario de la policía judicial podrá incautarse de un objeto sin una orden cuando el objeto haya sido desechado por un sospechoso o un tercero o se haya presentado voluntariamenteArtículo 218 de la LEC. Por lo que se refiere a la información personal, esto solo abarca la presentación voluntaria por parte del particular de que se trate, no por un responsable del tratamiento que posea dicha información (lo cual requeriría una base jurídica específica con arreglo a la Ley sobre la protección de la información personal). Los objetos presentados voluntariamente solo se admitirán como pruebas en procedimientos judiciales si no existen dudas razonables acerca del carácter voluntario de la divulgación, lo cual debe demostrar el fiscal. Véase la Resolución n.o 2013Do11233 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016..Las pruebas obtenidas en violación de la LEC se considerarán inadmisiblesArtículo 308-2 de la LEC.. Además, la Ley penal establece que los registros ilícitos de personas o de su lugar de residencia, edificios vigilados, estructuras, automóviles, buques, aeronaves o habitaciones ocupadas son punibles con una pena de prisión de un máximo de tres añosArtículo 321 de la Ley penal.. Por consiguiente, esta disposición también se aplica cuando se incautan objetos, tales como dispositivos de almacenamiento de datos, durante un registro ilícito.2.2.2.Recogida de información sobre las comunicaciones2.2.2.1.Base jurídicaLa recogida de información sobre las comunicaciones se rige por una ley específica, la LPPC. En particular, la LPPC establece la prohibición de censurar cualquier correo, realizar escuchas de cualquier telecomunicación, facilitar datos de confirmación de la comunicación, grabar o escuchar cualquier conversación entre otras personas que no se haga pública, salvo sobre la base de la LEC, la LPPC o la Ley de tribunales militaresArtículo 3 de la LPPC. En principio, la Ley de tribunales militares regula la recogida de información sobre el personal militar y solo puede aplicarse a civiles en un número limitado de casos (por ejemplo, si el personal militar y los civiles cometen un delito conjuntamente o si una persona comete un delito contra el ejército, puede incoarse un procedimiento ante un tribunal militar, véase el artículo 2 de la Ley de tribunales militares). Las disposiciones generales que regulan los registros e incautaciones son similares a las de la LEC, véanse, por ejemplo, los artículos 146 a 149 y 153 a 156 de la Ley de tribunales militares. Por ejemplo, el correo postal solo podrá recogerse cuando sea necesario para una investigación y sobre la base de una orden de un tribunal militar. En la medida en que se recojan comunicaciones electrónicas, se aplicarán las limitaciones y salvaguardias de la LPPC.. El término comunicación en el sentido de la LPPC abarca tanto el correo ordinario como las telecomunicacionesArtículo 2, apartado 1, de la LPPC, es decir, la transmisión o recepción de todo tipo de sonidos, palabras, símbolos o imágenes por cable, de manera inalámbrica, por cable de fibra u otro sistema electromagnético, en particular el teléfono, el correo electrónico, los servicios de información de afiliación, el fax y la radiobúsqueda.. A este respecto, la LPPC distingue entre medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 2, apartado 7, y artículo 3, apartado 2, de la LPPC. y la recogida de datos de confirmación de la comunicación.El concepto de medidas de restricción de la comunicación abarca la censura, por ejemplo, la recogida del contenido del correo postal tradicional y las escuchas telefónicas, es decir, la interceptación directa (adquisición o grabación) del contenido de las telecomunicacionesPor censura se entiende la apertura del correo sin el consentimiento de la parte afectada o la adquisición de conocimiento, la grabación o la retención de su contenido por otros medios (artículo 2, apartado 6, de la LPPC). Por escuchas telefónicas se entiende la adquisición o la grabación del contenido de las telecomunicaciones mediante escucha o lectura colectiva de sonidos, palabras, símbolos o imágenes de las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos o mecánicos sin el consentimiento de la parte afectada o la interferencia con su transmisión y recepción (artículo 2, apartado 7, de la LPPC).. El concepto de datos de confirmación de la comunicación abarca los datos sobre los registros de telecomunicaciones, que incluyen la fecha de las telecomunicaciones, su hora de inicio y fin, el número de llamadas salientes y entrantes, así como el número de abonados de la otra parte, la frecuencia de uso, los archivos de registro sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones y la información sobre la ubicación (por ejemplo, de torres de transmisión en las que se reciben las señales)Artículo 2, apartado 11, de la LPPC..La LPPC establece las limitaciones y salvaguardias para la recogida de ambos tipos de datos, y el incumplimiento de varios de estos requisitos está sujeto a sanciones penalesArtículos 16 y 17 de la LPPC. Esto se aplica, por ejemplo, a la recogida sin una orden, a la falta de mantenimiento de registros, a la no interrupción de la recogida cuando deja de existir una emergencia o a la falta de notificación al particular de que se trate..2.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones (medidas de restricción de la comunicación)La recogida del contenido de las comunicaciones solo podrá tener lugar como medio complementario para facilitar una investigación penal (es decir, como medida de último recurso) y deberán hacerse esfuerzos para minimizar la interferencia con los secretos de las comunicaciones de las personasArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. En consonancia con este principio general, solo podrán aplicarse medidas de restricción de la comunicación cuando sea difícil impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar las pruebasArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. Los organismos encargados de la aplicación de la ley que recojan el contenido de las comunicaciones deberán dejar de hacerlo inmediatamente una vez que el acceso continuo ya no se considere necesario, garantizando así que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones sea lo más limitada posibleArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Además, las medidas de restricción de la comunicación solo podrán utilizarse cuando existan razones fundadas para sospechar que se están planificando, se están cometiendo o se han cometido determinados delitos graves mencionados específicamente en la LPPC. Entre ellos se incluyen delitos como la insurrección, los delitos relacionados con las drogas o con explosivos, así como los relacionados con la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o las bases e instalaciones militaresArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. El objeto de una medida de restricción de la comunicación deben ser envíos postales o telecomunicaciones específicos enviados o recibidos por el sospechoso, o envíos postales o telecomunicaciones enviados o recibidos por el sospechoso durante un período de tiempo determinadoArtículo 5, apartado 2, de la LPPC..Incluso cuando se cumplan estos requisitos, la recogida de datos de contenido solo podrá llevarse a cabo sobre la base de una orden judicial. En particular, un fiscal puede pedir al órgano jurisdiccional que permita la recogida de datos de contenido relativos al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 1, de la LPPC.. Del mismo modo, un agente de la policía judicial podrá solicitar autorización a un fiscal, quien, a su vez, podrá solicitar una orden judicialArtículo 6, apartado 2, de la LPPC.. La solicitud de una orden deberá hacerse por escrito y contener elementos específicos. En particular, deberá presentar 1) las razones fundadas para sospechar que uno de los delitos listados está previsto, se está cometiendo o se ha cometido, así como cualquier material que demuestre que hay un caso de sospecha aparente; 2) las medidas de restricción de la comunicación, así como su objeto, alcance, objetivo y período efectivo; y 3) el lugar en el que se ejecutarían las medidas y cómo se llevarían a caboArtículo 6, apartado 4, de la LPPC y artículo 4, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando se cumplan los requisitos legales, el órgano jurisdiccional podrá autorizar por escrito la aplicación de medidas de restricción de la comunicación con respecto al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 5, y artículo 6, apartado 8, de la LPPC.. Esta orden especificará los tipos de medidas, así como su objeto, alcance, período efectivo, lugar de ejecución y la manera en que deben llevarse a caboArtículo 6, apartado 6, de la LPPC..Las medidas de restricción de la comunicación solo podrán llevarse a cabo durante un período de dos mesesArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. Si el objetivo de las medidas se alcanza antes dentro de ese período, las medidas deben interrumpirse de inmediato. Por el contrario, si se siguen cumpliendo las condiciones necesarias, podrá presentarse una solicitud para prorrogar el período efectivo de las medidas de restricción de la comunicación dentro del plazo de dos meses. Dicha solicitud deberá contener materiales que justifiquen prima facie la prórroga de las medidasArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. El período prolongado no podrá superar un total de un año, o de tres años en el caso de determinados delitos especialmente graves (por ejemplo, delitos relacionados con la insurrección, agresiones extranjeras, la seguridad nacional, etc.)Artículo 6, apartado 8, de la LPPC..Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán exigir la asistencia de los operadores de comunicaciones proporcionándoles la autorización escrita del tribunalArtículo 9, apartado 2, de la LPPC.. Los operadores de comunicaciones deberán cooperar y conservar la autorización recibida en sus archivosArtículo 15-2 de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Podrán negarse a cooperar cuando la información sobre la persona en cuestión indicada en la autorización escrita del tribunal (por ejemplo, el número de teléfono de la persona) sea incorrecta. Además, tienen prohibido, en cualquier circunstancia, revelar las contraseñas utilizadas para las telecomunicacionesArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Toda persona que ejecute medidas de restricción de la comunicación o a quien se le solicite cooperar deberá llevar registros en los que se especifiquen los objetivos de las medidas, su ejecución, la fecha en que se prestó la cooperación y el objetoArtículo 9, apartado 3, de la LPPC.. Las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley que apliquen medidas de restricción de la comunicación también deberán mantener registros en los que se expongan los detalles y los resultados obtenidosArtículo 18, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Los agentes de la policía judicial deberán facilitar al fiscal esta información mediante un informe cuando cierren una investigaciónArtículo 18, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando un fiscal formule una acusación con respecto a un asunto en el que se hayan utilizado medidas de restricción de la comunicación o adopte una disposición de no acusar o detener al particular en cuestión (es decir, no solo una suspensión del enjuiciamiento), el fiscal deberá notificar al particular sujeto a las medidas de restricción de la comunicación el hecho de que se han ejecutado tales medidas, el organismo de ejecución y el período de ejecución. Dicha notificación deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días a partir de la disposiciónArtículo 9-2, apartado 1, de la LPPC.. La notificación podrá aplazarse cuando pueda poner en grave peligro la seguridad nacional o perturbar la seguridad y el orden públicos, o cuando pueda atentar gravemente contra la vida y la integridad física de tercerosArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. Cuando se tenga intención de aplazar la notificación, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán obtener la aprobación del jefe de la Fiscalía de distritoArtículo 9-2, apartado 5, de la LPPC.. Una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..La LPPC también establece un procedimiento específico para la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia. En particular, los organismos encargados de la aplicación de la ley podrán recoger el contenido de las comunicaciones en caso de que sea inminente la planificación o ejecución de delincuencia organizada u otro delito grave que pueda causar directamente la muerte o lesiones graves, y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento ordinario (tal como se ha indicado anteriormente)Artículo 8, apartado 1, de la LPPC.. En tal situación de emergencia, el agente de policía o el fiscal podrán adoptar medidas de restricción de la comunicación sin previa autorización judicial, pero deberán solicitar dicha autorización inmediatamente después de la ejecución. Si el organismo encargado de la aplicación de la ley no obtiene la autorización judicial en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se llevaron a cabo las medidas de emergencia, la recogida deberá interrumpirse de inmediato, y esto normalmente irá seguido de la destrucción de la información recogidaArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. Los agentes de policía que lleven a cabo una vigilancia de emergencia lo harán bajo el control de un fiscal o, si resultase imposible recibir las instrucciones del fiscal por adelantado debido a la necesidad de actuar con urgencia, la policía deberá obtener la autorización de un fiscal inmediatamente después de comenzar la ejecuciónArtículo 8, apartado 3, de la LPPC y artículo 16, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las normas sobre la notificación al particular descritas anteriormente también se aplican a la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia.La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la autoridad que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC.. La solicitud a un órgano jurisdiccional de que autorice las medidas de emergencia deberá ir acompañada de un documento escrito en el que se indiquen las medidas necesarias de restricción de la comunicación, el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución, el método y una explicación de la manera en que las medidas pertinentes de restricción de la comunicación cumplen el artículo 5, apartado 1, de la LPPCEs decir, que existe una razón fundada para sospechar que se están planificando o cometiendo determinados delitos graves, o que se han cometido, y que es impracticable impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas., junto con los documentos justificativos.En los casos en que las medidas de emergencia se completen en poco tiempo, descartando así la autorización judicial (por ejemplo, si el sospechoso es detenido inmediatamente después de iniciar la interceptación, que, por consiguiente, se interrumpe), el jefe de la Fiscalía competente enviará una notificación de las medidas de emergencia al órgano jurisdiccional competenteArtículo 8, apartado 5, de la LPPC.. La notificación deberá indicar el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de recogida, así como los motivos para no presentar una solicitud de autorización judicialArtículo 8, apartados 6 y 7, de la LPPC.. Esta notificación permite al órgano jurisdiccional receptor examinar la legalidad de la recogida y deberá introducirse en un registro de notificaciones de medidas de emergencia.Como requisito general, el contenido de las comunicaciones adquiridas mediante la aplicación de medidas de restricción de la comunicación sobre la base de la LPPC solo podrá utilizarse para investigar, enjuiciar o prevenir los delitos específicos mencionados anteriormente, en procedimientos disciplinarios por los mismos delitos, una reclamación por daños y perjuicios presentada por una parte de las comunicaciones o cuando así lo permitan otras leyesArtículo 12 de la LPPC..Cuando se recojan telecomunicaciones transmitidas por internet, se aplicarán salvaguardias específicasArtículo 12-2 de la LPPC.. Dicha información solo podrá utilizarse para investigar los delitos graves mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la LPPC. Para conservar la información, deberá obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicaciónEl fiscal o el agente de policía que ejecute las medidas de restricción de la comunicación deberá seleccionar las telecomunicaciones por conservar en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas y solicitar una autorización judicial (en el caso de un agente de policía, la solicitud deberá presentarse a un fiscal, quien, a su vez, presentará la solicitud al órgano jurisdiccional), véase el artículo 12-2, apartados 1 y 2, de la LPPC.. Las solicitudes de conservación deberán contener información sobre las medidas de restricción de la comunicación, un resumen de los resultados de las medidas, los motivos de la conservación (junto con materiales de apoyo) y las telecomunicaciones por conservarArtículo 12-2, apartado 3, de la LPPC.. A falta de tal solicitud, las telecomunicaciones adquiridas deberán suprimirse en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Si se rechaza una solicitud, las telecomunicaciones deberán destruirse en un plazo de siete díasArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Cuando se supriman las telecomunicaciones, deberá presentarse un informe en un plazo de siete días ante el órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicación, indicando los motivos de la supresión, así como los detalles y el momento en que se realizó.De manera más general, si la información se obtuvo de manera ilícita a través de medidas de restricción de la comunicación, no se admitirá como prueba en procedimientos judiciales o disciplinariosArtículo 4 de la LPPC.. Asimismo, la LPPC prohíbe a toda persona que adopte medidas de restricción de la comunicación divulgar información confidencial obtenida durante la aplicación de tales medidas y utilizar la información obtenida para dañar la reputación de las personas sujetas a las medidasArtículo 11, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..2.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información de confirmación de la comunicaciónSobre la base de la LPPC, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley podrán solicitar a los operadores de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o ejecutar una penaArtículo 13, apartado 1, de la LPPC.. A diferencia de la recogida de datos de contenido, la posibilidad de recoger datos de confirmación de la comunicación no se limita a determinados delitos específicos. Sin embargo, como ocurre con los datos de contenido, la recogida de los datos de confirmación de la comunicación requiere la previa autorización escrita de un órgano jurisdiccional, con sujeción a las mismas condiciones descritas anteriormenteArtículos 13 y 6 de la LPPC.. Cuando por motivos de urgencia resulte imposible obtener la autorización judicial, los datos de confirmación de la comunicación podrán recogerse sin una orden, en cuyo caso deberá obtenerse la autorización inmediatamente después de solicitar los datos y deberá comunicarse al proveedor de telecomunicacionesArtículo 13, apartado 2, de la LPPC. Al igual que en el caso de las medidas urgentes de restricción de la comunicación, deberá elaborarse un documento en el que se expongan los detalles del caso (el sospechoso, las medidas por adoptar, el presunto delito y la urgencia). Véase el artículo 37, apartado 5, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Si no se obtiene una autorización posterior, la información recogida deberá destruirseArtículo 13, apartado 3, de la LPPC..Los fiscales, los agentes de la policía judicial y los órganos jurisdiccionales deberán mantener registros de las solicitudes de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13, apartados 5 y 6, de la LPPC.. Además, los proveedores de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Ciencia y TIC sobre la divulgación de datos de confirmación de la comunicación dos veces al año y mantener registros al respecto durante siete años a partir de la fecha en que se hayan divulgado los datosArtículo 13, apartado 7, de la LPPC..En principio, los particulares serán notificados del hecho de que se han recogido datos de confirmación de la comunicaciónVéase el artículo 13-3, apartado 7, en relación con el artículo 9-2 de la LPPC.. El momento para realizar dicha notificación dependerá de las circunstancias de la investigaciónArtículo 13-3, apartado 1, de la LPPC.. Una vez que se haya tomado una decisión de (no) enjuiciar, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días. Por el contrario, en caso de suspensión de la acusación, la notificación deberá enviarse en el plazo de treinta días transcurrido un año desde que se haya adoptado tal decisión. En cualquier caso, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días transcurrido un año desde la recogida de la información.La notificación podrá aplazarse si puede 1) poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad y el orden públicos, 2) causar la muerte o lesiones corporales, 3) impedir un procedimiento judicial justo (por ejemplo, dar lugar a la destrucción de pruebas o a amenazas a los testigos) o 4) difamar al sospechoso, a las víctimas o a otras personas relacionadas con el asunto o invadir su privacidadArtículo 13-3, apartado 2, de la LPPC.. El aplazamiento de la notificación por alguno de los motivos mencionados requiere la autorización del director de una fiscalía de distrito competenteArtículo 13-3, apartado 3, de la LPPC.. Cuando dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 13-3, apartado 4, de la LPPC..Las personas notificadas podrán presentar una solicitud por escrito al fiscal o al agente de la policía judicial en relación con los motivos de la recogida de los datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13-3, apartado 5, de la LPPC.. En tal caso, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán exponer los motivos por escrito en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, a menos que se aplique uno de los motivos mencionados anteriormente (excepciones para el aplazamiento de la notificación)Artículo 13-3, apartado 6, de la LPPC..2.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesEl artículo 83, apartado 3, de la LST permite a los operadores de telecomunicaciones acceder voluntariamente a una solicitud (formulada en apoyo de un proceso penal, una investigación o la ejecución de una pena) de un órgano jurisdiccional, un fiscal o el jefe de un órgano de investigación de divulgar datos de comunicaciones. En el contexto de la LST, los datos de comunicaciones abarcan el nombre, el número de registro de residente, la dirección y el número de teléfono de los usuarios, las fechas de suscripción o cancelación de la suscripción de los usuarios, así como los códigos de identificación de los usuarios (es decir, los códigos utilizados para identificar al usuario legítimo de sistemas informáticos o redes de comunicación)Artículo 83, apartado 3, de la LST.. A efectos de la LST, solo se consideran usuarios los particulares que contraten servicios directamente de un proveedor de telecomunicaciones coreanoArtículo 2, apartado 9, de la LST.. En consecuencia, es probable que las situaciones en que los ciudadanos de la UE cuyos datos se hayan transferido a la República de Corea se consideren usuarios con arreglo a la LST sean muy limitadas, ya que estas personas normalmente no celebran un contrato directo con un operador de telecomunicaciones coreano.Las solicitudes para obtener datos de comunicaciones sobre la base de la LST deberán hacerse por escrito e indicar los motivos de la solicitud, el vínculo con el usuario pertinente y el alcance de los datos solicitadosArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Cuando sea imposible presentar una solicitud por escrito debido a la urgencia, la solicitud escrita deberá presentarse tan pronto como desaparezca el motivo de la urgenciaArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Los operadores de telecomunicaciones que accedan a solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones deberán conservar libros que contengan registros que indiquen que se han facilitado datos de comunicaciones, así como los materiales relacionados, tales como la solicitud escritaArtículo 83, apartado 5, de la LST.. Además, los operadores de telecomunicaciones deberán informar al ministro de Ciencia y TIC sobre el suministro de datos de comunicaciones dos veces al añoArtículo 83, apartado 6, de la LST..Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a acceder a las solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones en virtud de la LST. Por tanto, el operador deberá evaluar cada solicitud a la luz de los requisitos aplicables de protección de datos con arreglo a la LPIP. En particular, un operador de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..En 2016, el Tribunal Supremo confirmó que el suministro voluntario de datos de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones sin una orden, con arreglo a la LST, no vulnera, como tal, el derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones a la autodeterminación en materia de información. Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que tal vulneración se produciría si resulta evidente que la agencia solicitante abusó de su autoridad para solicitar la divulgación de datos de comunicaciones, vulnerando así los intereses de la persona afectada o de un terceroResolución n.o 2012Da105482 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016.. De manera más general, toda solicitud de divulgación voluntaria por parte de una autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley deberá respetar los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2).2.3.SupervisiónLa supervisión de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, tanto de manera interna como por órganos externos.2.3.1.Auditoría internaDe conformidad con la Ley de auditorías del sector público, se anima a las autoridades públicas a crear un organismo de auditoría interna, que se encargue, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de la legalidadArtículos 3 y 5 de la Ley de auditorías del sector público.. Debe garantizarse la independencia de los jefes de tales organismos de auditoría en la mayor medida posibleArtículo 7 de la Ley de auditorías del sector público.. Más concretamente, son nombrados desde fuera de la autoridad competente (por ejemplo, antiguos jueces o profesores) por un período de dos a cinco años y solo pueden ser destituidos por razones justificadas (por ejemplo, cuando no puedan ejercer sus funciones debido a un trastorno mental o físico o cuando estén sujetos a medidas disciplinarias)Artículos 8 a 11 de la Ley de auditorías del sector público.. Del mismo modo, los auditores son nombrados sobre la base de las condiciones específicas establecidas en la LeyArtículos 16 y siguientes de la Ley de auditorías del sector público.. Los informes de auditoría podrán incluir recomendaciones o solicitudes de compensación o corrección, así como amonestaciones y recomendaciones o solicitudes de medidas disciplinariasArtículo 23, apartado 2, de la Ley de auditorías del sector público.. Se notifican al jefe de la autoridad pública objeto de la auditoría, así como a la Comisión de Control e Inspección (véase la sección 2.3.2) en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de la auditoríaArtículo 23, apartado 1, de la Ley de auditorías del sector público.. La autoridad en cuestión deberá aplicar las medidas necesarias e informar de los resultados a la Comisión de Control e InspecciónArtículo 23, apartado 3, de la Ley de auditorías del sector público.. Además, los resultados de las auditorías suelen ponerse a disposición del públicoArtículo 26 de la Ley de auditorías del sector público.. La negativa u obstrucción de una auditoría interna está sujeta a multas administrativasArtículo 41 de la Ley de auditorías del sector público.. En el ámbito de la aplicación del Derecho penal, para cumplir la legislación antes mencionada, la Agencia Nacional de Policía cuenta con un sistema de Inspecciones Generales para llevar a cabo auditorías internas, incluso con respecto a posibles vulneraciones de los derechos humanosVéanse, en particular, las divisiones bajo la Dirección General de Auditoría e Inspección: https://www.police.go.kr/eng/knpa/org/org01.jsp..2.3.2.La Comisión de Control e InspecciónLa Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, CCI) podrá inspeccionar las actividades de las autoridades públicas y, sobre la base de dichas inspecciones, formular recomendaciones, solicitar medidas disciplinarias o presentar una denuncia penalArtículos 24 y 31 a 35 de la Ley de la Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, Ley CCI).. La CCI está establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República de Corea, pero mantiene un estatuto independiente con respecto a sus funcionesArtículo 2, apartado 1, de la Ley CCI.. Además, la Ley por la que se crea la CCI exige que se le conceda la máxima independencia en lo que respecta al nombramiento, la destitución y la organización de su personal, así como a la elaboración de su presupuestoArtículo 2, apartado 2, de la Ley CCI.. El presidente de la CCI es nombrado por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 1, de la Ley CCI.. Los seis comisarios restantes son nombrados por el presidente de la República, previa recomendación del presidente de la CCI, para un mandato de cuatro añosArtículo 5, apartado 1, y artículo 6 de la Ley CCI.. Los comisarios (incluido el presidente de la CCI) deberán reunir las cualificaciones específicas establecidas por la leyPor ejemplo, haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años, haber trabajado como funcionario o profesor o haber ocupado un cargo más alto en una universidad durante al menos ocho años, o haber trabajado durante al menos diez años en una empresa cotizada o en una institución participada por el Gobierno (de los cuales al menos cinco años como director ejecutivo), véase el artículo 7 de la Ley CCI. y solo podrán ser despedidos en caso de proceso de destitución, condena a prisión o incapacidad para ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental a largo plazoArtículo 8 de la Ley CCI.. Además, los comisarios tienen prohibido participar en actividades políticas y ocupar simultáneamente cargos en la Asamblea Nacional, organismos administrativos, organizaciones sujetas a auditoría e inspección por parte de la CCI o cualquier otro cargo remuneradoArtículo 9 de la Ley CCI..La CCI lleva a cabo una auditoría general con una periodicidad anual, pero también puede realizar auditorías específicas sobre cuestiones de especial interés. La CCI podrá solicitar la presentación de documentos en el curso de una inspección, así como la asistencia de particularesVéase, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley CCI.. Como parte de una auditoría, la CCI examinará los ingresos y gastos del Estado, pero también supervisará el cumplimiento general de las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos con vistas a mejorar el funcionamiento de la administración públicaArtículos 20 y 24 de la Ley CCI.. Por lo tanto, su supervisión irá más allá de los aspectos presupuestarios e incluirá asimismo un control de legalidad.2.3.3.La Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicasArtículo 128 de la Ley de la Asamblea Nacional y artículos 2, 3 y 15 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Esto incluye las inspecciones anuales de los asuntos gubernamentales en su conjunto y las investigaciones de cuestiones específicas.. Durante una investigación o inspección, la Asamblea Nacional podrá solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigosArtículo 10, apartado 1, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Véanse también los artículos 128 y 129 de la Ley de la Asamblea Nacional.. Toda persona que cometa falso testimonio durante una investigación de la Asamblea Nacional estará sujeta a sanciones penales (pena de prisión de hasta diez años)Artículo 14 de la Ley sobre el testimonio, la evaluación, etc. ante la Asamblea Nacional.. El proceso y los resultados de las inspecciones podrán hacerse públicosArtículo 12-2 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. Si la Asamblea Nacional detecta actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea NacionalArtículo 16, apartado 3, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado..2.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalLa Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, CPIP) supervisa el tratamiento de la información personal por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal en consonancia con la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP abarca también las posibles infracciones de las normas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, incluidas aquellas contenidas en las leyes específicas que regulan la recogida de pruebas (electrónicas) a efectos del cumplimiento del Derecho penal (véase la sección 2.2). Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de este tipo constituye una violación de la LPIP, lo cual permite a la CPIP llevar a cabo una investigación y adoptar medidas correctorasVéase la Nota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal..En el ejercicio de su función de supervisión, la CPIP tendrá acceso a toda la información pertinenteArtículo 63 de la LPIP.. La CPIP podrá asesorar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para mejorar el nivel de protección de la información personal de sus actividades de tratamiento, imponer medidas correctoras (por ejemplo, suspender el tratamiento de datos o adoptar las medidas necesarias para proteger la información personal) o recomendar a la autoridad que adopte medidas disciplinariasArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP.. Por último, se prevén sanciones penales para determinadas infracciones de la LPIP, tales como utilizar o divulgar información personal a terceros o tratar información sensible de manera ilícitaArtículos 70 a 74 de la LPIP.. A este respecto, la CPIP podrá remitir el asunto al órgano de investigación competente (incluidos los fiscales)Artículo 65, apartado 1, de la LPIP..2.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CNDH), un organismo independiente encargado de proteger y promover los derechos fundamentalesArtículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Ley CNDH)., tiene la facultad de investigar y subsanar las infracciones de los artículos 10 a 22 de la Constitución, que incluyen los derechos a la privacidad en general y a la privacidad de la correspondencia. La CNDH está formada por once comisarios, nombrados a propuesta de la Asamblea Nacional (cuatro), el presidente de la República (cuatro) y el jefe judicial del Tribunal Supremo (tres)Artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley CNDH.. Para ser nombrado, un comisario debe 1) haber trabajado durante diez años, como mínimo, en una universidad o un instituto de investigación autorizado, al menos como profesor asociado; 2) haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años; 3) haber participado en actividades de derechos humanos durante al menos diez años (por ejemplo, para una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental o una organización internacional); o 4) haber sido recomendado por grupos de la sociedad civil)Artículo 5, apartado 3, de la Ley CNDH.. El presidente de la CNDH es nombrado por el presidente de la República entre los comisarios y debe ser confirmado por la Asamblea NacionalArtículo 5, apartado 5, de la Ley CNDH.. Los comisarios (incluido el presidente de la CNDH) son nombrados por un mandato renovable de tres años y solo pueden ser destituidos en caso de que sean condenados a prisión o ya no sean capaces de ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental prolongada (en cuyo caso, dos terceras partes de los comisarios deben estar de acuerdo con la destitución)Artículo 7, apartado 1, y artículo 8 de la Ley CNDH.. Los comisarios de la CNDH tienen prohibido ocupar un cargo simultáneo en la Asamblea Nacional, los consejos locales o cualquier Gobierno estatal o local (como funcionario público)Artículo 10 de la Ley CNDH..La CNDH podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o sobre la base de una petición de un particular. Como parte de su investigación, la CNDH podrá solicitar la presentación de los materiales pertinentes, llevar a cabo inspecciones y convocar personas para que testifiquenArtículo 36 de la Ley CNDH. De conformidad con el artículo 36, apartado 7, de la Ley, puede rechazarse la presentación de materiales u objetos si esta perjudicara la confidencialidad del Estado y pudiera tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o si constituyera un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso. En tales casos, la Comisión podrá solicitar información adicional al jefe del organismo pertinente (que deberá cumplir de buena fe) cuando sea necesario para revisar si la negativa a facilitar la información está justificada.. Después de una investigación, la CNDH podrá formular recomendaciones para mejorar o corregir políticas y prácticas específicas, y podrá hacerlas públicasArtículo 25, apartado 1, de la Ley CNDH.. Las autoridades públicas deberán informar a la CNDH de un plan para aplicar dichas recomendaciones en un plazo de noventa días a partir de su recepciónArtículo 25, apartado 3, de la Ley CNDH.. Además, en caso de no aplicar de las recomendaciones, la autoridad de que se trate deberá informar de ello a la ComisiónArtículo 25, apartado 4, de la Ley CNDH.. La CNDH podrá, a su vez, divulgar dicho incumplimiento a la Asamblea Nacional o hacerlo público. Las autoridades públicas generalmente cumplen las recomendaciones de la CNDH y tienen un fuerte incentivo para hacerlo, ya que su aplicación se ha examinado como parte de la evaluación general realizada por la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro.2.4.Reparación individual2.4.1.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal. El acceso podrá solicitarse directamente a la autoridad correspondiente o de manera indirecta a través de la CPIPArtículo 35, apartado 2, de la LPIP.. La autoridad competente podrá limitar o denegar el acceso únicamente cuando así lo disponga la ley, cuando sea probable que atente contra la vida o la integridad física de un tercero, o pueda dar lugar a una vulneración injustificada de los intereses patrimoniales y otros intereses de un tercero (es decir, cuando los intereses del tercero sean superiores a los intereses de la persona que presenta la solicitud)Artículo 35, apartado 4, de la LPIP.. Si se deniega una solicitud de acceso, la persona deberá ser informada de los motivos y de las vías de recursoArtículo 42, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Del mismo modo, podrá denegarse una solicitud de rectificación o supresión cuando así lo prevean otras leyes, en cuyo caso deberá informarse a la persona de los motivos subyacentes y de la posibilidad de recursoArtículo 36, apartados 1 y 2, de la LPIP y artículo 43, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPIP..En lo que respecta a la reparación, los particulares podrán presentar una reclamación ante la CPIP, incluso a través del Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de CoreaArtículo 62 de la LPIP.. Además, una persona podrá obtener una mediación a través del Comité de mediación de conflictos relacionados con la información personalArtículos 40 a 50 de la LPIP y artículos 48-2 a 57 del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal (sección 2.2) como de la LPIP. Además, los particulares podrán impugnar las decisiones o la inacción de la CPIP con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3).2.4.2.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa CNDH tramita las reclamaciones de los particulares (tanto coreanos como extranjeros) relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades públicasAunque el artículo 4 de la Ley CNDH hace referencia a los ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Corea, el término residente refleja un concepto de jurisdicción y no de territorio. Por consiguiente, si las instituciones nacionales dentro de Corea vulneran los derechos fundamentales de un extranjero fuera de Corea, dicho particular puede presentar una denuncia ante la CNDH. Véase, por ejemplo, la pregunta correspondiente en la página de preguntas frecuentes de la CNDH, disponible en https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=7025&menuid=002004005001&pagesize=10¤tpage=2. Este sería el caso si las autoridades públicas coreanas accedieran de manera ilícita a los datos personales de un extranjero transferidos a Corea.. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante la CNDHEn principio, la reclamación deberá presentarse en el plazo de un año a partir de la infracción, pero la CNDH podrá decidir, aun así, investigar una reclamación presentada después de ese plazo, siempre que no haya expirado el régimen de prescripción en virtud del Derecho penal o civil (artículo 32, apartado 1, punto 4, de la Ley CNDH).. En consecuencia, la CNDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad. Por lo tanto, en el contexto de la recogida de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, una persona no tendría que demostrar que las autoridades públicas coreanas han accedido efectivamente a su información personal para que la reclamación sea admisible ante la CNDH. Una persona también podrá solicitar que la reclamación se resuelva mediante mediaciónArtículos 42 y siguientes de la Ley CNDH..Para investigar una reclamación, la CNDH podrá hacer uso de sus facultades de investigación, incluso solicitando la presentación de materiales pertinentes, realizando inspecciones y citando a personas para que testifiquenArtículos 36 y 37 de la Ley CNDH.. Si la investigación revela que se ha producido una infracción de la legislación correspondiente, la CNDH podrá recomendar la aplicación de soluciones o la rectificación o mejora de cualquier ley, institución, política o práctica pertinenteArtículo 44 de la Ley CNDH.. Las soluciones propuestas podrán incluir la mediación, el cese de la vulneración de los derechos humanos, la indemnización por daños y perjuicios y medidas para evitar que vuelvan a producirse infracciones idénticas o similaresArtículo 42, apartado 4, de la Ley CNDH.. En el caso de la recogida ilícita de información personal con arreglo a las normas aplicables, las medidas correctoras podrán incluir la supresión de tal información. Si se considera que es muy probable que la infracción esté en curso y que es probable que, si no se atiende, se producirían daños difíciles de reparar, la CNDH podrá adoptar medidas de ayuda urgenteArtículo 48 de la Ley CNDH..Si bien la CNDH no está facultada para obligar, sus decisiones (por ejemplo, la decisión de no continuar la investigación de una reclamación)Por ejemplo, si excepcionalmente la CNDH no puede inspeccionar determinados materiales o instalaciones porque atañen a secretos de Estado que pueden tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o cuando la inspección suponga un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso (véase la nota a pie de página n.o 166) y cuando esto impida que la CNDH lleve a cabo la investigación necesaria para evaluar el fondo de la petición recibida, informará a la persona de las razones por las que se desestimó la reclamación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley CNDH. En este caso, el particular puede impugnar la decisión de la CNDH con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo. y recomendaciones pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales coreanos con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3 a continuación)Véanse, por ejemplo, la Resolución 2007NU27259 del Tribunal Superior de Seúl, de 18 de abril de 2008, confirmada por la Resolución 2008Du7854 del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2008; y la Resolución 2017NU69382 del Tribunal Superior de Seúl, de 2 de febrero de 2018.. Además, si las conclusiones de la CNDH revelan que los datos personales fueron recogidos de manera ilícita por una autoridad pública, una persona podría recurrir ante los órganos jurisdiccionales coreanos contra dicha autoridad pública, por ejemplo, impugnando la recogida con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo, presentando un recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional o solicitando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de indemnización estatal (véase la sección 2.4.3 a continuación).2.4.3.Reparación judicialLos particulares podrán invocar las limitaciones y salvaguardias descritas en las secciones anteriores para obtener reparación ante los órganos jurisdiccionales coreanos a través de distintas vías.En primer lugar, de conformidad con la LEC, la afectada persona y su abogado podrán estar presentes cuando se ejecute una orden de registro o incautación y, por consiguiente, podrán formular una objeción en el momento en que se ejecute la ordenArtículos 121 y 219 de la LEC.. Además, la LEC prevé un denominado mecanismo de cuasi reclamación, que permite a los particulares solicitar al órgano jurisdiccional competente que cancele o modifique una disposición adoptada por un fiscal o un agente de policía en relación con una incautaciónArtículo 417 de la LEC, en relación con su artículo 414, apartado 2. Véase también la Resolución n.o 97Mo66 del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1997.. Esto permite a las personas impugnar las medidas adoptadas para ejecutar una orden de incautación.Además, los particulares pueden obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales coreanos. Sobre la base de la Ley de indemnización estatal, las personas podrán solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por funcionarios públicos debido al ejercicio de sus funciones oficiales en violación de la leyArtículo 2, apartado 1, de la Ley de indemnización estatal.. Las reclamaciones en virtud de la Ley de indemnización estatal podrán presentarse ante un Consejo de indemnización especializado o directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanosArtículos 9 y 12 de la Ley de indemnización estatal. La Ley establece consejos de distrito (presididos por el fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente), un consejo central (presidido por el viceministro de Justicia) y un consejo especial (presidido por el viceministro de Defensa Nacional y encargado de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios causados por el personal militar o los empleados civiles del ejército). Las reclamaciones de indemnización son, en principio, tramitadas por los consejos de distrito, que, en determinadas circunstancias, deben remitir los asuntos al consejo central o especial, por ejemplo, si la indemnización supera un importe determinado o en caso de que un particular solicite una nueva deliberación. Todos los consejos están formados por miembros nombrados por el ministro de Justicia (por ejemplo, de entre los funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, los agentes judiciales, los abogados y las personas con experiencia en materia de indemnización estatal) y están sujetos a normas específicas relativas a los conflictos de intereses (véase el artículo 7 del Decreto de Ejecución de la Ley de indemnización estatal).. Si la víctima es extranjera, la Ley de indemnización estatal se aplicará siempre que su país de origen garantice igualmente la indemnización estatal para los nacionales coreanosArtículo 7 de la Ley de indemnización estatal.. Según la jurisprudencia, esta condición se cumple si los requisitos para solicitar una indemnización en el otro país no están significativamente desequilibrados entre Corea y el otro país y no son más estrictos, en general, que los determinados por Corea, sin que haya una diferencia importante y sustantivaResolución n.o 2013Da208388 del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2015.. La Ley civil regula la responsabilidad de indemnización del Estado, y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado también abarca los daños no materiales (por ejemplo, el sufrimiento mental)Véase el artículo 8 de la Ley de indemnización estatal, así como el artículo 751 de la Ley civil..Para las infracciones de las normas de protección de datos, se prevé una vía de recurso adicional en virtud de la LPIP. De conformidad con el artículo 39 de la LPIP, toda persona que sufra daños como resultado de una infracción de la LPIP o de una pérdida, un robo, una divulgación, una falsificación, una alteración o un daño de su información personal podrá obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales. No existe un requisito de reciprocidad similar al previsto en la Ley de indemnización estatal.Además de la indemnización por daños y perjuicios, podrá obtenerse un recurso administrativo contra las acciones u omisiones de los organismos administrativos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo. Cualquier persona podrá impugnar una disposición (por ejemplo, el ejercicio de poderes públicos, o la negativa a ejercerlos, en un asunto específico) o una omisión (el fracaso prolongado por parte de un organismo administrativo para adoptar una determinada disposición, contrariamente a la obligación legal de hacerlo), lo cual puede dar lugar a la revocación o modificación de una disposición ilícita, a un dictamen de nulidad (es decir, un dictamen de que la disposición no tiene efectos jurídicos o de su inexistencia en el ordenamiento jurídico) o a un dictamen de que una omisión es ilícitaArtículos 2 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Para poder impugnar una disposición administrativa, esta debe afectar directamente a los derechos y obligaciones civilesResolución 98Du18435 del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1999; Resolución 99Du1113 del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2000, y Resolución 2010Du3541 del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2012.. Esto incluye las medidas para recoger datos personales, ya sea de manera directa (por ejemplo, interceptando comunicaciones) o mediante una solicitud de divulgación (por ejemplo, a un proveedor de servicios).Las reclamaciones antes mencionadas podrán presentarse, en primer lugar, ante las comisiones de recursos administrativos establecidas en determinadas autoridades públicas (por ejemplo, el SNI o la CNDH) o ante la Comisión Central de Recursos Administrativos creada bajo los auspicios de la Comisión Anticorrupción y de Derechos CivilesArtículo 6 de la Ley de recursos administrativos y artículo 18, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Tal recurso administrativo ofrece una vía alternativa más informal para impugnar una disposición u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, una reclamación también podrá presentarse directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanos, con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo.Las solicitudes de revocación o modificación de una disposición en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo podrán ser presentadas por cualquier persona que tenga un interés jurídico en solicitar la revocación o modificación o en que se restablezcan sus derechos mediante la revocación o modificación en caso de que la disposición deje de surtir efectoArtículo 12 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Del mismo modo, los litigios para declarar la nulidad podrán ser iniciados por una persona que tenga un interés jurídico en dicha declaración, mientras que los litigios para declarar la ilegalidad de una omisión podrán ser iniciados por cualquier persona que haya presentado una solicitud de disposición y tenga un interés jurídico en solicitar que se declare la ilegalidad de la omisiónArtículos 35 y 36 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interés jurídico se interpreta como un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés directo y específico protegido por las leyes y los reglamentos en los que se basan las disposiciones administrativas (es decir, no intereses generales, indirectos y abstractos del público)Resolución n.o 2006Du330 del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 2006.. Por consiguiente, las personas tendrán un interés jurídico en caso de cualquier vulneración de las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de sus datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal (en virtud de leyes específicas o de la LPIP). Una sentencia firme con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo es vinculante para las partesArtículo 30, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo..Deberán presentarse una solicitud de revocación o modificación de una disposición y una solicitud de declaración de la ilegalidad de una omisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la persona tenga conocimiento de la disposición u omisión y, en principio, a más tardar un año después de la fecha de emisión de la disposición o de que se haya producido la omisión, salvo que existan razones justificablesArtículo 20 de la Ley de lo contencioso-administrativo. Este plazo también se aplica a las reclamaciones para declarar la ilegalidad de una omisión (véase el artículo 38, apartado 2, de la Ley de lo contencioso-administrativo).. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de razones justificables debe interpretarse en sentido amplio y requiere evaluar si es socialmente aceptable permitir una reclamación tardía, a la luz de todas las circunstancias del asuntoResolución n.o 90Nu6521 del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1991.. Por ejemplo, esto incluye, entre otras cosas, los motivos de retraso de los que la parte afectada no puede ser considerada responsable (es decir, situaciones que escapan al control del reclamante, por ejemplo, cuando no se le ha notificado la recogida de sus datos personales) o de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra).Por último, los particulares también podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional.. Sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio o la falta de ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá solicitar la adjudicación de un recurso de inconstitucionalidad. Si hay otras vías de recurso disponibles, estas deben agotarse primero. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los extranjeros podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que sus derechos fundamentales estén reconocidos por la Constitución coreana (véanse las explicaciones en la sección 1.1)Resolución n.o 99HeonMa194 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. Los recursos de inconstitucionalidad deben presentarse en un plazo de noventa días a partir del momento en que el particular haya tenido conocimiento de la infracción, y en el plazo de un año a partir del momento en que se produjo. Dado que el procedimiento establecido en la Ley de lo contencioso-administrativo se aplica a los litigios en virtud de la Ley del Tribunal ConstitucionalArtículo 40 de la Ley del Tribunal Constitucional., una reclamación seguirá siendo admisible si existen razones justificables, interpretadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita anteriormente.Si primero hay que agotar otras vías de recurso, un recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en un plazo de treinta días a partir de la decisión final sobre dicho recursoArtículo 69 de la Ley del Tribunal Constitucional.. El Tribunal Constitucional podrá invalidar el ejercicio del poder gubernamental que provocó la infracción o confirmar que una determinada omisión es inconstitucionalArtículo 75, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional.. En tal caso, la autoridad competente está obligada a adoptar medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal.3.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS CON FINES DE SEGURIDAD NACIONAL3.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito de la seguridad nacionalLa República de Corea cuenta con dos agencias de inteligencia especializadas: el SNI y el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa. Además, la policía y las fiscalías también pueden recoger información personal con fines de seguridad nacional.El SNI se establece en virtud de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, Ley SNI) y opera directamente bajo la jurisdicción y supervisión del presidente de la RepúblicaArtículo 2 y artículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. En particular, el SNI recoge, recopila y distribuye información sobre países extranjeros (y Corea del Norte)Este concepto no abarca la información sobre las personas, sino la información general sobre países extranjeros (tendencias y evolución) y sobre las actividades de los agentes estatales de terceros países., inteligencia relacionada con la lucha contra el espionaje (incluido el espionaje militar e industrial), el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada internacional, inteligencia sobre determinados tipos de delitos dirigidos contra la seguridad pública y nacional (por ejemplo, la insurrección nacional y la agresión extranjera) e inteligencia relacionada con la tarea de garantizar la ciberseguridad y prevenir o contrarrestar los ciberataques y las amenazasArtículo 3, apartado 1, de la Ley SNI.. La Ley SNI, por la que se crea el SNI y se establecen sus funciones, también prevé principios generales que enmarcan todas sus actividades. Como principio general, el SNI debe mantener la neutralidad política y proteger la libertad y los derechos de las personasArtículo 3, apartado 1; artículo 6, apartado 2, y artículos 11 y 21. Véanse también las normas sobre los conflictos de intereses, en particular los artículos 10 y 12.. El presidente del SNI se encarga de desarrollar directrices generales que establezcan los principios, el alcance y los procedimientos para el desempeño de las funciones del SNI en relación con la recogida y el uso de información, y debe informar de ellas a la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. La Asamblea Nacional (a través de su Comité de Inteligencia) puede exigir que se corrijan o complementen las directrices si considera que son ilícitas o injustas. De manera más general, en el ejercicio de sus funciones, el director y el personal del SNI no pueden obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligadas a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 13 de la Ley SNI.. Además, toda censura del correo, interceptación de las telecomunicaciones, recogida de información sobre la ubicación, recogida de datos de confirmación de la comunicación o grabación o escucha de comunicaciones privadas por parte del SNI debe cumplir lo dispuesto en la LPPC, la Ley de información sobre la ubicación o la LECArtículo 14 de la Ley SNI.. Todo abuso de poder o la recogida de información que infrinja estas leyes estarán sujetos a sanciones penalesArtículos 22 y 23 de la Ley SNI..El Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa es una agencia de inteligencia militar creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Es responsable de las cuestiones de seguridad dentro del ejército, de las investigaciones penales militares (sujetas a la Ley de tribunales militares) y la inteligencia militar. En general, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa no lleva a cabo ninguna actividad de vigilancia de civiles, a menos que sea necesario para el desempeño de sus funciones militares. Las personas que pueden ser investigadas son el personal militar, los empleados civiles del ejército, las personas en formación militar, las personas en reserva militar o servicio de reclutamiento y los prisioneros de guerraArtículo 1 de la Ley de tribunales militares.. Al recoger información sobre las comunicaciones con fines de seguridad nacional, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa está sujeto a las limitaciones y salvaguardias establecidas por la LLPC y su Decreto de Ejecución.3.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LPPC, la Ley antiterrorista para la protección de los ciudadanos y la seguridad pública (en lo sucesivo, Ley antiterrorista) y la LST proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal con fines de seguridad nacional y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicablesAl investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, la policía y el SNI actuarán sobre la base de la LEC, mientras que el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa estará sujeto a la Ley de tribunales militares.. Estas limitaciones y salvaguardias, tal como se describen en las siguientes secciones, garantizan que la recogida y el tratamiento de la información se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Queda excluida toda recogida masiva e indiscriminada de información personal con fines de seguridad nacional.3.2.1.Recogida de información sobre las comunicaciones3.2.1.1.Recogida de información sobre las comunicaciones por las agencias de inteligencia3.2.1.1.1.Base jurídicaLa LPPC faculta a las agencias de inteligencia para recoger datos de comunicaciones y exige a los proveedores de comunicaciones que cooperen con las solicitudes de dichas agenciasArtículo 15-2 de la LPPC.. Como se describe en la sección 2.2.2.1, la LPPC distingue entre la recogida del contenido de las comunicaciones (es decir, medidas de restricción de la comunicación, tales como las escuchas telefónicas o las medidas de censuraArtículo 2, apartados 6 y 7, de la LPPC.) y la recogida de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 2, apartado 11, de la LPPC..El umbral para la recogida de estos dos tipos de información difiere, pero los procedimientos y salvaguardias aplicables son, en gran medida, idénticosVéanse también el artículo 13-4, apartado 2, de la LPPC y el artículo 37, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC, que estipulan que los procedimientos aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones se aplicarán mutatis mutandis a la recogida de datos de confirmación de la comunicación.. La recogida de datos de confirmación de la comunicación (o metadatos) puede realizarse con el fin de prevenir amenazas para la seguridad nacionalArtículo 13-4 de la LPPC.. Se aplica un umbral más elevado para la ejecución de medidas de restricción de la comunicación (es decir, para recoger el contenido de las comunicaciones), que solo pueden adoptarse cuando se prevea que la seguridad nacional se ponga en grave peligro y la recogida de información sea necesaria para prevenir dicho peligro (es decir, si existe un riesgo grave para la seguridad nacional y la recogida es necesaria para prevenirlo)Artículo 7, apartado 1, de la LPPC.. Además, el acceso al contenido de las comunicaciones solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso para garantizar la seguridad nacional, y deben hacerse esfuerzos para minimizar la vulneración de la privacidad de las comunicacionesArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. Incluso cuando se haya obtenido la aprobación o autorización adecuada, tales medidas deben interrumpirse de inmediato una vez que dejen de ser necesarias, garantizando así que cualquier violación de los secretos de las comunicaciones de la persona se limite al mínimoArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..3.2.1.1.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participe al menos un nacional coreanoLa recogida de información sobre las comunicaciones (tanto contenido como metadatos) cuando una o ambas personas que participan en la comunicación sean nacionales coreanos solo podrá tener lugar con la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 1, punto 1, de la LPPC. El órgano jurisdiccional competente será el Tribunal Superior que tenga jurisdicción sobre el lugar del domicilio o de la sede de una o ambas partes sujetas a la vigilancia.. La solicitud de la agencia de inteligencia deberá presentarse por escrito a un fiscal o a una Fiscalía SuperiorArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional), junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida)Artículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. El fiscal o la Fiscalía Superior, a su vez, solicitarán la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC. La solicitud del fiscal al órgano jurisdiccional deberá exponer los principales motivos de sospecha y, en la medida en que se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, su justificación (véase el artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. El jefe judicial solo podrá conceder una autorización escrita cuando considere justificada la solicitud y la desestimará cuando la considere infundadaArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartados 5 y 9, de la LPPC.. La orden especificará el tipo, el objetivo, el objeto, el alcance y el período efectivo de la recogida, así como el lugar y la manera en que podrá realizarseArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 6, de la LPPC..En el caso de que la medida esté destinada a la investigación de un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir los procedimientos antes mencionados, se aplicarán normas específicasArtículo 8 de la LPPC.. Cuando se cumplan estas condiciones, las agencias de inteligencia podrán aplicar medidas de vigilancia sin previa autorización judicialArtículo 8, apartado 1, de la LPPC.. No obstante, inmediatamente después de la ejecución de las medidas de emergencia, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del órgano jurisdiccional. Si no se obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se adopten las medidas, estas deberán suspenderse inmediatamenteArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la agencia de inteligencia que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC. Véase la sección 2.2.2.2. para más información sobre las medidas de emergencia en el contexto de la aplicación de la ley..En los casos en que la vigilancia se complete en un breve plazo y se descarte la autorización judicial, el jefe de la Fiscalía Superior competente debe enviar una notificación de las medidas de emergencia preparada por la agencia de inteligencia al presidente del órgano jurisdiccional competente, que conserva el registro de las medidas de emergenciaArtículo 8, apartados 5 y 7, de la LPPC. En esta notificación deben indicarse el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de vigilancia, así como los motivos para no presentar una solicitud antes de adoptar la medida (artículo 8, apartado 6, de la LPPC).. Esto permite al órgano jurisdiccional examinar la legalidad de la recogida.3.2.1.1.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participen únicamente nacionales no coreanosPara recoger información sobre las comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos, las agencias de inteligencia deberán obtener una autorización previa por escrito del presidenteArtículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC.. Estas comunicaciones solo se recogerán con fines de seguridad nacional si entran en una de las diversas categorías mencionadas, es decir, las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno u otras personas de países hostiles a la República de Corea, agencias extranjeras, grupos o nacionales sospechosos de participar en actividades anticoreanasEsto se refiere a actividades que amenazan la existencia y la seguridad de la nación, el orden democrático o la supervivencia y la libertad de la población. o miembros de grupos que operan en la península de Corea, pero, en la práctica, más allá de la soberanía de la República de Corea y de sus grupos centrales con sede en países extranjerosAdemás, si una de las partes es una persona descrita en el artículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC y la otra se desconoce o no puede especificarse, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, punto 2.. En cambio, si una de las partes de una comunicación es un nacional coreano y la otra es un nacional extranjero, se requerirá una autorización judicial de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 3.2.1.1.2.El jefe de una agencia de inteligencia deberá presentar al director del SNI un plan de las medidas que se prevé adoptarArtículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC. El director del SNI es nombrado por el presidente previa confirmación del Parlamento (artículo 7 de la Ley SNI).. El director del SNI examinará si el plan es adecuado y, en caso afirmativo, lo someterá a la aprobación del presidenteArtículo 8, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. La información que deberá incluirse en el plan será la misma que la requerida para solicitar una autorización judicial para recoger información de nacionales coreanos (tal como se ha descrito anteriormente)Artículo 8, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC, en relación con el artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. En particular, deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional) y los principales motivos de sospecha, junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida). Cuando se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, deberán indicarse la finalidad y los motivosArtículo 8, apartado 3, y artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En situaciones de emergenciaEs decir, en los casos en que la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional, no haya tiempo suficiente para obtener la aprobación del presidente y la no adopción de medidas de emergencia pueda perjudicar a la seguridad nacional (artículo 8, apartado 8, de la LPPC)., deberá obtenerse la autorización previa del ministro al que pertenezca la agencia de inteligencia competente. No obstante, en este caso, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del presidente inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas de emergencia. Si una agencia de inteligencia no obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se presenta la solicitud, la recogida deberá interrumpirse inmediatamenteArtículo 8, apartado 9, de la LPPC.. En tales casos, la información recogida siempre se destruirá.3.2.1.1.4.Limitaciones generales y salvaguardiasA la hora de solicitar la cooperación de entidades privadas, las agencias de inteligencia deberán facilitarles la orden judicial, la autorización presidencial o una copia de la portada de una declaración de censura de emergencia, que la entidad obligada deberá conservar en sus archivosArtículo 9, apartado 2, de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las entidades a las que se solicite que divulguen información a las agencias de inteligencia sobre la base de la LPPC podrán negarse a hacerlo cuando la autorización o la declaración de censura de emergencia se refieran al identificador incorrecto (por ejemplo, un número de teléfono perteneciente a una persona distinta de la identificada). Además, en todos los casos, las contraseñas utilizadas para las comunicaciones no podrán divulgarseArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Las agencias de inteligencia podrán confiar la aplicación de medidas de restricción de la comunicación o la recogida de información de confirmación de la comunicación a una oficina de correos o a un proveedor de servicios de telecomunicaciones (según la definición de la Ley del sector de las telecomunicaciones)Artículo 13 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Tanto la agencia de inteligencia correspondiente como el proveedor que reciba una solicitud de cooperación deberán mantener registros en los que se indique la finalidad de solicitar las medidas, la fecha de ejecución o cooperación y el objeto de las medidas (por ejemplo, correo, teléfono, correo electrónico) durante tres añosArtículo 9, apartado 3, de la LPPC y artículo 17, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC. Este plazo no se aplica a los datos de confirmación de la comunicación (véase el artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación deberán conservar información sobre la frecuencia de la recogida en sus archivos durante siete años e informar dos veces al año al Ministerio de Ciencia y TICArtículo 13, apartado 7, de la LPPC y artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Las agencias de inteligencia deberán informar al director del SNI sobre la información que han recopilado y el resultado de la actividad de vigilanciaArtículo 18, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Por lo que se refiere a la recogida de datos de confirmación de la comunicación, deberán mantenerse registros de que se ha realizado una solicitud relativa a tales datos, así como de la propia solicitud escrita y de la institución que se ha amparado en ellaArtículo 13, apartado 5, y artículo 13-4, apartado 3, de la LPPC..La recogida tanto del contenido de las comunicaciones como de los datos de confirmación de la comunicación solo podrá durar un máximo de cuatro meses y, si el objetivo perseguido se alcanza entretanto, deberá interrumpirse de inmediatoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC.. Si persisten las condiciones de la autorización, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses, con la autorización del órgano jurisdiccional o del presidente. La solicitud de autorización para prorrogar las medidas de vigilancia deberá presentarse por escrito, indicando los motivos por los que se solicita la prórroga y facilitando materiales de apoyoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC y artículo 5 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En función de la base jurídica para la recogida, suele notificarse a las personas cuando se recogen sus comunicaciones. En particular, independientemente de si la información recogida se refiere al contenido de las comunicaciones o a datos de confirmación de la comunicación, y con independencia de si la información se obtuvo mediante el procedimiento ordinario o en una situación de emergencia, el jefe de la agencia de inteligencia deberá informar por escrito a la persona afectada de la medida de vigilancia en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que finalizó la vigilanciaArtículo 9-2, apartado 3, de la LPPC. De conformidad con el artículo 13-4 de la LPPC, esto se aplica tanto a la recogida del contenido de las comunicaciones como a los datos de confirmación de la comunicación.. La notificación debe incluir 1) el hecho de que se ha recogido la información, 2) el organismo de ejecución y 3) el período de ejecución. No obstante, si es probable que la notificación ponga en peligro la seguridad nacional o perjudique la vida y la seguridad física de las personas, la notificación podrá aplazarseArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. La notificación deberá realizarse en un plazo de treinta días una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamientoArtículo 13-4, apartado 2, y artículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..Sin embargo, este requisito de notificación solo se aplicará a la recogida de información cuando al menos una de las partes sea un nacional coreano. Por consiguiente, solo se notificará a los nacionales no coreanos cuando se recojan sus comunicaciones con nacionales coreanos. Por lo tanto, no existe ningún requisito de notificación cuando se recogen comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos.El contenido de cualquier comunicación y los datos de confirmación de la comunicación obtenidos a través de la vigilancia, sobre la base de la LPPC, solo podrán utilizarse 1) para la investigación, el enjuiciamiento o la prevención de determinados delitos, 2) para procedimientos disciplinarios, 3) para procedimientos judiciales cuando una parte relacionada con la comunicación se base en ellos para una reclamación por daños y perjuicios o 4) sobre la base de otras leyesArtículo 5, apartados 1 y 2, y artículos 12 y 13-5 de la LPPC..3.2.1.2.Recogida de información sobre las comunicaciones por parte de la policía o los fiscales con fines de seguridad nacionalLa policía o el fiscal podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) con fines de seguridad nacional en las mismas condiciones que se describen en la sección 3.2.1.1. Cuando se actúe en situaciones de emergenciaEs decir, cuando la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento de aprobación ordinario (artículo 8, apartado 1, de la LPPC)., el procedimiento aplicable será el descrito anteriormente con respecto a la recogida del contenido de las comunicaciones a efectos de control de la aplicación de la ley en situaciones de emergencia (es decir, el artículo 8 de la LPPC).3.2.2.Recogida de información sobre sospechosos de terrorismo3.2.2.1.Base jurídicaLa Ley antiterrorista faculta al director del SNI para recoger información sobre los sospechosos de terrorismoArtículo 9 de la Ley antiterrorista.. El concepto de sospechoso de terrorismo se define como un miembro de un grupo terroristaEl término grupo terrorista se define como un grupo de terroristas designado por las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 2, de la Ley antiterrorista)., una persona que haya propagado un grupo terrorista (mediante la promoción y la difusión de ideas o tácticas de un grupo terrorista), recaudado o aportado fondos para el terrorismoEl término terrorismo se define en el artículo 2, apartado 1, de la Ley antiterrorista como una conducta llevada a cabo con el fin de impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un Gobierno local o de un Gobierno extranjero (incluidos los Gobiernos locales y las organizaciones internacionales) o con el fin de hacer que realicen alguna actividad que no están obligados a realizar o de amenazar al público. Esto incluye a) matar a una persona o poner en riesgo la vida de una persona causando lesiones corporales o a través de la detención, el confinamiento, el secuestro o la toma de rehenes; b) determinados tipos de conducta dirigida a una aeronave (por ejemplo, chocar, secuestrar o dañar una aeronave en vuelo); c) determinados tipos de conducta relacionados con un buque (por ejemplo, incautar o destruir un buque o una estructura marina en funcionamiento o causar daños en los mismos en un grado tal que ponga en peligro su seguridad, incluidos los daños de la mercancía cargada en un buque o una estructura marina en funcionamiento); d) colocar, detonar o utilizar de cualquier otro modo armas o dispositivos bioquímicos, explosivos o incendiarios con la intención de causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves o tener tales efectos en determinados tipos de vehículos o instalaciones (por ejemplo, trenes, tranvías, vehículos de motor, parques y estaciones públicos, instalaciones de suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones, etc.); e) determinados tipos de conducta relacionados con materiales nucleares o radiactivos o instalaciones nucleares (por ejemplo, atentar contra la vida humana, la integridad física o la propiedad individual, o perturbar de otro modo la seguridad pública destruyendo un reactor nuclear o manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc.). o participado en otras actividades de preparación, conspiración, propaganda o instigación del terrorismo, o una persona con respecto a la cual existan motivos fundados para sospechar que ha llevado a cabo tales actividadesArtículo 2, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. Como regla general, todo funcionario público que aplique la Ley antiterrorista deberá respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución coreanaArtículo 3, apartado 3, de la Ley antiterrorista..La Ley antiterrorista por sí sola no establece facultades, limitaciones y salvaguardias específicas para la recogida de información sobre los sospechosos de terrorismo, sino que hace referencia a los procedimientos establecidos en otras leyes. En primer lugar, sobre la base de la Ley antiterrorista, el director del SNI podrá recoger 1) información sobre la entrada en la República de Corea y la salida de esta, 2) información sobre transacciones financieras e 3) información sobre las comunicaciones. En función del tipo de información buscada, los requisitos procedimentales pertinentes se establecen en la Ley de inmigración, la Ley de aduanas, la LCUIETF o la LPPC, respectivamenteArtículo 9, apartado 1, de la Ley antiterrorista.. Para la recogida de información sobre la entrada y salida de Corea, la Ley antiterrorista hace referencia a los procedimientos establecidos en la Ley de inmigración y la Ley de aduanas. Sin embargo, actualmente estas leyes no prevén tales facultades. Para la recogida de información sobre las comunicaciones e información sobre transacciones financieras, la Ley antiterrorista hace referencia a las limitaciones y salvaguardias establecidas en la LPPC (que se detallan más adelante) y de la LCUIETF (que, como se explica en la sección 2.1, no es pertinente a efectos de la evaluación de la decisión de adecuación).Además, el artículo 9, apartado 3, de la Ley antiterrorista especifica que el director del SNI podrá solicitar información personal o sobre la ubicación de un sospechoso de terrorismo a un responsable del tratamiento de información personalTal como se define en el artículo 2 de la LPIP, es decir, una institución pública, una persona jurídica, una organización, un particular, etc. que trata información personal directa o indirectamente para gestionar ficheros información personal con fines oficiales o comerciales. o a un proveedor de información sobre la ubicaciónTal como se define en el artículo 5 de la Ley sobre la protección, el uso, etc. de la información sobre la ubicación (en lo sucesivo, Ley de información sobre la ubicación), es decir, cualquier persona que haya obtenido autorización de la Comisión de Comunicaciones de Corea para participar en una empresa de información sobre la ubicación.. Esta posibilidad se limita a las solicitudes de divulgación voluntaria, a las que los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación no están obligados a responder y, en cualquier caso, solo pueden hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación (véase la sección 3.2.2.2).3.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la divulgación voluntaria en virtud de la LPIP y de la Ley de información sobre la ubicaciónLas solicitudes de cooperación voluntaria en virtud de la Ley antiterrorista deberán limitarse a la información sobre los sospechosos de terrorismo (véase la sección 3.2.2.1). Cualquier solicitud de este tipo del SNI deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, la Ley SNI especifica que el SNI no podrá obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligados a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona, mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 11, apartado 1, de la Ley SNI.. Una infracción de esta prohibición podrá ser objeto de sanciones penalesArtículo 19 de la Ley SNI..Los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación que reciban solicitudes del SNI sobre la base de la Ley antiterrorista no estarán obligados a acceder a tales solicitudes. Podrán acceder de manera voluntaria, pero solo se les permitirá hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación. En lo que respecta al cumplimiento de la LPIP, el responsable del tratamiento deberá, en particular, tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..3.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias en virtud de la LPPCSobre la base de la Ley antiterrorista, las agencias de inteligencia solo podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) cuando sea necesario para actividades de lucha contra el terrorismo, es decir, actividades relacionadas con la prevención del terrorismo y contramedidas al respecto. Los procedimientos de la LPPC descritos en la sección 3.2.1 se aplicarán a la recogida de información sobre las comunicaciones con fines antiterroristas.3.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesSobre la base de la LST, los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a una solicitud de divulgación de datos de comunicaciones de una agencia de inteligencia que tenga la intención de recoger la información para evitar una amenaza para la seguridad nacionalArtículo 83, apartado 3, de la LST.. Cualquier solicitud de este tipo deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, se aplicarán las mismas limitaciones y salvaguardias que con respecto a la divulgación voluntaria a efectos de control de la aplicación de la ley (véase la sección 2.2.3)En particular, la solicitud deberá presentarse por escrito y exponer los motivos de la misma, así como el vínculo con el usuario de que se trate y el alcance de la información solicitada, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá mantener registros e informar al ministro de Ciencia y TIC dos veces al año..Los operadores de telecomunicaciones no estarán obligados a acceder, pero podrán hacerlo de manera voluntaria y únicamente de conformidad con la LPIP. A este respecto, se aplicarán a los operadores de telecomunicaciones las mismas obligaciones, incluidas las relativas a la notificación de la persona, que cuando reciben solicitudes de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, como se explica con más detalle en la sección 2.2.3.3.3.SupervisiónDiferentes organismos supervisan las actividades de las agencias de inteligencia coreanas. La supervisión del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa corre a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la Directiva sobre la ejecución de auditorías internas del Ministerio. El SNI está sujeto a la supervisión por parte del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros organismos independientes, como se explica con más detalle a continuación.3.3.1.El oficial de protección de los derechos humanosCuando las agencias de inteligencia recogen información sobre sospechosos de terrorismo, la Ley antiterrorista prevé la supervisión por parte de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo y del oficial de protección de los derechos humanos (en lo sucesivo, OPDH)Artículo 7 de la Ley antiterrorista..La Comisión de Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, desarrolla políticas relativas a las actividades de lucha contra el terrorismo y supervisa la aplicación de medidas antiterroristas, así como las actividades de las distintas autoridades competentes en este ámbitoArtículo 5, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. La Comisión está presidida por el primer ministro y está compuesta por varios ministros y jefes de organismos gubernamentales, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad, el director del SNI, el comisario general de la Agencia Nacional de Policía y el presidente de la Comisión de Servicios FinancierosArtículo 3, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando se lleven a cabo investigaciones antiterroristas y se rastreen sospechosos de terrorismo para recabar la información o los materiales necesarios para las actividades de lucha contra el terrorismo, el director del SNI deberá informar al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo (es decir, el primer ministro)Artículo 9, apartado 4, de la Ley antiterrorista..Además, la Ley antiterrorista establece la figura del OPDH con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas contra las vulneraciones causadas por las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 7 de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por el presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo de entre las personas que reúnen las cualificaciones mencionadas en el Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista (es decir, cualquier persona cualificada como abogado con al menos diez años de experiencia laboral o con conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos y que trabaje o haya trabajado, al menos, como profesor asociado durante al menos diez años o que haya ejercido como funcionario público de rango superior en agencias estatales o Gobiernos locales, o con al menos diez años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, en una organización no gubernamental)Artículo 7, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por un período de dos años (con la posibilidad de renovar su mandato) y solo puede ser destituido por motivos específicos y limitados y por causa justificada, por ejemplo, cuando se le acuse en un proceso penal relacionado con sus funciones, cuando divulgue información confidencial o por incapacidad mental o física de larga duraciónArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista..En términos de competencias, el OPDH podrá formular recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos por parte de las agencias que participen en actividades de lucha contra el terrorismo y tramitar peticiones civiles (véase la sección 3.4.3)Artículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando pueda establecerse razonablemente la existencia de una vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones oficiales, el OPDH podrá recomendar al jefe de la agencia responsable que corrija dicha vulneraciónArtículo 9, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista. El OPDH decide de manera autónoma sobre la adopción de recomendaciones, pero debe informar de ellas al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo.. A su vez, la agencia responsable deberá informar al OPDH de las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendaciónArtículo 9, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Si una agencia no aplicara una recomendación del OPDH, el asunto se elevaría a la Comisión, incluido su presidente, el primer ministro. Hasta la fecha, no ha habido casos en los que no se hayan aplicado las recomendaciones del OPDH.3.3.2.La Asamblea NacionalComo se describe en la sección 2.3.2, la Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicas y, en ese contexto, solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigos. Con respecto a las cuestiones que son competencia del SNI, esta supervisión parlamentaria corre a cargo el Comité de Inteligencia de la Asamblea NacionalArtículo 36 y artículo 37, apartado 1, punto 16, de la Ley de la Asamblea Nacional.. El director del SNI, que supervisa el desempeño de las funciones de la agencia, informa al Comité de Inteligencia (así como al presidente)Artículo 18 de la Ley SNI.. El propio Comité de Inteligencia también podrá solicitar un informe sobre un asunto específico, y el director del SNI deberá responder sin demoraArtículo 15, apartado 2, de la Ley SNI.. Solo podrá negarse a responder o testificar ante el Comité de Inteligencia con respecto a secretos de Estado relativos a cuestiones militares, diplomáticas o relacionadas con Corea del Norte, cuando el conocimiento público pueda tener graves consecuencias para el destino nacionalArtículo 17, apartado 2, de la Ley SNI. Los secretos de Estado se definen como los hechos, bienes o conocimientos clasificados como secretos de Estado, cuyo acceso se permite a un número limitado de personas y que no se divulgarán a ningún otro país u organización, con el fin de evitar cualquier perjuicio grave para la seguridad nacional (véase el artículo 13, apartado 4, de la Ley SNI).. En este caso, el Comité de Inteligencia podrá solicitar una explicación al primer ministro. Si tal explicación no se presenta en el plazo de siete días a partir de la presentación de la solicitud, la respuesta o el testimonio ya no podrán denegarse.Si la Asamblea Nacional comprueba que ha habido actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea Nacional. Existen normas específicas relativas a la supervisión parlamentaria con respecto al uso de medidas de restricción de la comunicación (es decir, la recogida del contenido de las comunicaciones) con arreglo a la LPPCArtículo 15 de la LPPC.. Por lo que se refiere a esta última, la Asamblea Nacional podrá solicitar a los jefes de las agencias de inteligencia un informe sobre cualquier medida específica de restricción de la comunicación. Además, podrá llevar a cabo inspecciones in situ de los equipos de escuchas telefónicas. Por último, las agencias de inteligencia que hayan recogido y los operadores que hayan divulgado información sobre el contenido con fines de seguridad nacional deberán informar sobre dicha divulgación a petición de la Asamblea Nacional.3.3.3.La Comisión de Control e InspecciónLa CCI desempeña las mismas funciones de supervisión con respecto a las agencias de inteligencia que en el ámbito de la aplicación del Derecho penal (véase la sección 2.3.2)Al igual que en el caso del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, el director del SNI solo podrá negarse a responder a la CCI sobre cuestiones que constituyan secretos de Estado y si el conocimiento público pudiera tener graves consecuencias para la seguridad nacional (artículo 13, apartado 1, de la Ley SNI)..3.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalPor lo que se refiere al tratamiento de datos con fines de seguridad nacional, incluida la fase de recogida, la CPIP llevará a cabo una supervisión adicional. Como se explica con más detalle en la sección 1.2, esto incluye los principios y obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 58, apartado 4, de la LPIP, así como el ejercicio de los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP también abarca las posibles infracciones de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, tales como la LPPC, la Ley antiterrorista y la LST. Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de dichas leyes constituye una violación de la LPIP. Por lo tanto, la CPIP tiene la facultad de investigarArtículo 63 de la LPIP. las infracciones de las leyes que regulan el acceso a los datos con fines de seguridad nacional, así como de las normas de tratamiento establecidas en la LPIP, y de proporcionar asesoramiento para la mejora, imponer medidas correctoras, recomendar medidas disciplinarias y remitir posibles infracciones a las autoridades de investigación pertinentesArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP..3.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa supervisión por parte de la CNDH se aplica de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.3.2).3.4.Reparación individual3.4.1.Reparación ante el oficial de protección de los derechos humanosPor lo que se refiere a la recogida de información personal en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, el OPDH, establecido bajo los auspicios de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo, ofrece una vía de recurso específica. El OPDH tramita las peticiones civiles relacionadas con la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 8, apartado 1, punto 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Podrá recomendar medidas correctoras y la agencia correspondiente deberá informar al Oficial de cualquier medida adoptada para aplicar dicha recomendación. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante el OPDH. En consecuencia, el OPDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad.3.4.2.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada con fines de seguridad nacionalArtículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartados 1, 3 y 4, de la LPIP.. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse directamente ante la agencia de inteligencia o de manera indirecta a través de la CPIP. La agencia de inteligencia podrá retrasar, limitar o denegar el ejercicio del derecho en la medida y durante el tiempo necesarios y proporcionados para proteger un objetivo importante de interés público (por ejemplo, en la medida y durante el tiempo que la concesión del derecho ponga en peligro una investigación en curso o amenace la seguridad nacional) o cuando la concesión del derecho pueda atentar contra la vida o la integridad de un tercero. En caso de denegación o restricción de la solicitud, el particular debe ser informada sin demora de los motivos.Además, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la LPIP (obligación de garantizar la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales) y el artículo 4, apartado 5, de la LPIP (derecho a una reparación adecuada por cualquier daño o perjuicio derivado del tratamiento de información personal, mediante un procedimiento rápido y justo), los particulares tendrán derecho a obtener reparación. Esto incluye el derecho a denunciar una presunta infracción ante el Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de Corea y a presentar una reclamación ante la CPIPArtículos 62 y 63, apartado 2, de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal con fines de seguridad nacional como de la LPIP. Como se explica en la Nota n.o 2021-1, un ciudadano de la UE podrá presentar una reclamación ante la CPIP a través de su autoridad nacional de protección de datos. En este caso, la CPIP lo notificará a la persona a través de la autoridad nacional de protección de datos una vez finalizada la investigación (incluida, en su caso, la información sobre las medidas correctoras impuestas). Las decisiones o la inacción de la CPIP podrán ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales coreanos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo.3.4.3.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa posibilidad de obtener una reparación individual ante la CNDH se aplicará de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.4.2).3.4.4.Reparación judicialAl igual que en el caso de las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, los particulares podrán obtener reparación judicial contra las agencias de inteligencia con respecto a las infracciones de las limitaciones y salvaguardias antes mencionadas a través de distintas vías.En primer lugar, los particulares podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Ley de indemnización estatal. Por ejemplo, en un asunto, se concedió una indemnización en relación con la vigilancia ilícita por parte del Comando de Apoyo a la Defensa (predecesor del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa)Resolución n.o 96Da42789 del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 1998..En segundo lugar, la Ley de lo contencioso-administrativo permite a los particulares impugnar las disposiciones y omisiones de los organismos administrativos, incluidas las agencias de inteligenciaArtículos 3 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo..Por último, los particulares podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por las agencias de inteligencia sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional.
Park Jie Won
Presidente (director), Servicio Nacional de Inteligencia
L0442022ES110120211217ES0001.00036919022Marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacionalEl presente documento ofrece una visión general del marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacional (en lo sucesivo, acceso por parte de las autoridades públicas), en particular en lo que respecta a las bases jurídicas disponibles, las condiciones (limitaciones) y las salvaguardias aplicables, así como la supervisión independiente y las posibilidades de reparación individual.1.PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES PERTINENTES PARA EL ACCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS1.1.Marco constitucionalLa Constitución de la República de Corea establece el derecho a la privacidad en general (artículo 17) y, en particular, el derecho a la privacidad de la correspondencia (artículo 18). Es obligación del Estado garantizar estos derechos fundamentalesArtículo 10 de la Constitución de la República de Corea, promulgada el 17 de julio de 1948 (en lo sucesivo, la Constitución).. La Constitución estipula asimismo que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden ser restringidos por ley y cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para el mantenimiento del orden público en interés del bienestar públicoArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Incluso cuando se impongan tales restricciones, estas no pueden afectar al contenido esencial de las libertades o de los derechosArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Los órganos jurisdiccionales coreanos han aplicado estas disposiciones en asuntos relativos a la interferencia de las autoridades públicas con la privacidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que la vigilancia de los ciudadanos vulneraba el derecho fundamental a la privacidad, al hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a la autodeterminación de la información personalResolución n.o 96DA42789 del Tribunal Supremo de Corea, de 24 de julio de 1998.. En otro asunto, el Tribunal Constitucional declaró que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que brinda protección contra la intervención en la vida privada de los ciudadanos y su vigilancia por parte del EstadoResolución n.o 2002Hun-Ma51 del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 2003. Del mismo modo, en la Resolución 99Hun-Ma513 y 2004Hun-Ma190 (consolidada), de 26 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional aclaró que el derecho a controlar la propia información personal es un derecho de la persona a quien concierne la información para decidir personalmente cuándo y en qué medida se divulgará o utilizará su información, a quién se divulgará y quién podrá efectuar la divulgación o usar la información. Es un derecho fundamental, aunque no se especifique en la Constitución, destinado a proteger la libertad de decisión personal frente al riesgo causado por la ampliación de las funciones estatales y las tecnologías de infocomunicación..La Constitución coreana garantiza asimismo que ninguna persona será arrestada, detenida, registrada o interrogada, ni se incautarán bienes, salvo en los casos previstos por la leyArtículo 12, apartado 1, primera frase, de la Constitución.. Además, los registros e incautaciones solo pueden llevarse a cabo sobre la base de una orden emitida por un juez, a petición de un fiscal, y respetando las garantías procesalesArtículo 16 y artículo 12, apartado 3, de la Constitución.. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando se detenga a una persona sospechosa en el momento de la comisión de un delito (delito flagrante), o cuando exista el riesgo de que una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o más pueda escapar o destruir pruebas, las autoridades de investigación podrán llevar a cabo un registro o una incautación sin una orden, que deberán solicitar posteriormenteArtículo 12, apartado 3, de la Constitución.. Estos principios generales se desarrollan aún más en leyes específicas relativas al procedimiento penal y a la protección de las comunicaciones (véase más adelante para tener una visión de conjunto detallada).Con respecto a los extranjeros, la Constitución establece que su condición está garantizada según lo dispuesto por el Derecho y los tratados internacionalesArtículo 6, apartado 2, de la Constitución.. Varios acuerdos internacionales de los que Corea es parte garantizan los derechos de privacidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 22) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Además, si bien la Constitución hace referencia, en principio, a los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que también los extranjeros son titulares de derechos fundamentalesResolución n.o 93Hun-MA120 del Tribunal Constitucional, de 29 de diciembre de 1994. Véase también, por ejemplo, la resolución n.o 2014Hun-Ma346 del Tribunal Constitucional (de 31 de mayo de 2018), en la que el Tribunal dictaminó que se había vulnerado el derecho constitucional de un nacional sudanés detenido en el aeropuerto a recibir asistencia letrada. En otro asunto, el Tribunal Constitucional dictaminó que la libertad de elegir el lugar de trabajo está estrechamente relacionada con el derecho a buscar la felicidad, así como con la dignidad y el valor humanos, por lo que no está reservada únicamente a los ciudadanos, sino que también puede garantizarse a los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Corea (Resolución n.o 2007Hun-Ma1083 del Tribunal Constitucional, de 29 de septiembre de 2011).. En particular, el Tribunal sostuvo que la protección de la dignidad y el valor de una persona como ser humano, así como el derecho a buscar la felicidad, son derechos de todo ser humano, no solo de los ciudadanosResolución n.o 99HeonMa494 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. El Tribunal también aclaró que el derecho a controlar la propia información se considera un derecho fundamental, basado en el derecho a la dignidad y a buscar la felicidad, así como en el derecho a la vida privadaVéase, por ejemplo, la Resolución n.o 99HunMa513 del Tribunal Constitucional.. Aunque hasta ahora la jurisprudencia no se ha ocupado específicamente del derecho a la privacidad de los nacionales no coreanos, es ampliamente aceptado entre los académicos que los artículos 12 a 22 de la Constitución (que abarcan el derecho a la privacidad y a la libertad personal) establecen los derechos de los seres humanos.Por último, la Constitución también prevé el derecho a reclamar una indemnización justa a las autoridades públicasArtículo 29, apartado 1, de la Constitución.. Además, sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional..1.2.Normas generales de protección de datosLa ley general de protección de datos de la República de Corea, la Ley sobre la protección de la información personal (en lo sucesivo, LPIP), se aplica tanto al sector público como al privado. Con respecto a las autoridades públicas, la LPIP hace referencia específica a la obligación de formular políticas para prevenir el abuso y el uso indebido de la información personal, la vigilancia indiscreta y el seguimiento, etc. y mejorar la dignidad de los seres humanos y la privacidad individualArtículo 5, apartado 1, de la LPIP..El tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación de la ley está sujeto a todos los requisitos de la LPIP. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal deben cumplir las obligaciones de tratamiento lícito, es decir, basarse en una de las bases jurídicas mencionadas en la LPIP para la recogida, la utilización o el suministro de información personal (artículos 15 a 18 de la LPIP), así como los principios de limitación de la finalidad (artículo 3, apartados 1 y 2, de la LPIP), proporcionalidad/minimización de los datos (artículo 3, apartados 1 y 6, de la LPIP), conservación limitada de los datos (artículo 21 de la LPIP), seguridad de los datos, incluida la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos (artículo 3, apartado 4, y artículos 29 y 34 de la LPIP) y transparencia (artículo 3, apartados 1 y 5, y artículos 20, 30 y 32 de la LPIP). Se aplican salvaguardias específicas con respecto a la información sensible (artículo 23 de la LPIP). Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y los artículos 4 y 35 a 39-2 de la LPIP, los particulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión ante las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.Por tanto, si bien la LPIP es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, contiene una excepción cuando los datos personales se tratan con fines de seguridad nacional. De conformidad con el artículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP, los artículos 15 a 50 de la LPIP no se aplicarán a la información personal recogida o solicitada para el análisis de información relacionada con la seguridad nacionalArtículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP.. Por el contrario, el capítulo I (Disposiciones generales), el capítulo II (Establecimiento de políticas de protección de la información personal, etc.), el capítulo VIII (Demandas colectivas por violación de la seguridad de los datos), el capítulo IX (Disposiciones complementarias) y el capítulo X (Disposiciones sobre sanciones) de la LPIP seguirán siendo de aplicación. Esto abarca los principios generales de protección de datos establecidos en el artículo 3 (Principios de protección de la información personal) y los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP (Derechos de los interesados). Esto significa que los principios y derechos fundamentales también están garantizados en este ámbito. Además, el artículo 58, apartado 4, de la LPIP establece que dicha información deberá tratarse en la medida mínima necesaria para alcanzar la finalidad perseguida y por el período mínimo; también exige que el responsable del tratamiento de información personal establezca las medidas necesarias para garantizar una gestión segura de los datos y un tratamiento adecuado, tales como salvaguardias técnicas, físicas y administrativas, así como medidas para la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales.En la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, la CPIP) aclara con mayor detalle cómo se aplica la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional, a la luz de esta exención parcialNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 6.. Esto comprende, en particular, los derechos de las personas (acceso, rectificación, suspensión y supresión) y los motivos y las limitaciones de posibles restricciones de los mismos. De acuerdo con la Nota, la aplicación de los principios, los derechos y las obligaciones fundamentales de la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional refleja las garantías previstas por la Constitución para la protección del derecho de un particular a controlar su propia información personal. Toda restricción a ese derecho, por ejemplo, cuando resulte necesaria para la protección de la seguridad nacional, requiere encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses del particular y el interés público pertinente y no puede afectar al contenido esencial del derecho (artículo 37, apartado 2, de la Constitución).2.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS A EFECTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY2.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito del control del cumplimiento de la leySobre la base de la Ley de enjuiciamiento criminal (en lo sucesivo, LEC), la Ley sobre la protección de la privacidad de las comunicaciones (en lo sucesivo, LPPC) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, LST), la policía, los fiscales y los órganos jurisdiccionales podrán recoger datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal. En la medida en que la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia también confiera esta facultad al Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, SNI), este deberá cumplir las leyes antes mencionadasVéase el artículo 3 de la Ley SNI (Ley n.o 12948), que hace referencia a las investigaciones penales de determinados delitos, tales como la insurrección, la rebelión y los delitos relacionados con la seguridad nacional (por ejemplo, el espionaje). Los procedimientos de la LEC en materia de registros e incautaciones se aplicarían en este contexto, mientras que la LPPC regiría la recogida de datos de comunicaciones (véase la parte 3 sobre las disposiciones relativas al acceso a las comunicaciones con fines de seguridad nacional).. Por último, la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, LCUIETF) proporciona una base jurídica para que las instituciones financieras revelen información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (en lo sucesivo, UIFC) con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo especializado podrá, a su vez, facilitar dicha información a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas obligaciones de divulgación solo se aplican a los responsables del tratamiento de datos que tratan información crediticia personal de conformidad con la Ley de información crediticia y están sujetos a la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros. Dado que el tratamiento de información crediticia personal por parte de dichos responsables está excluido del ámbito de aplicación de la decisión de adecuación, las limitaciones y salvaguardias aplicables en virtud de la LCUIETF no se describen con más detalle en el presente documento.2.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LEC (véase 2.2.1), la LPPC (véase 2.2.2) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (véase 2.2.3) proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal a efectos de control de la aplicación de la ley y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicables.2.2.1.Registros e incautaciones2.2.1.1.Base jurídicaLos fiscales y los agentes de alto rango de la policía judicial solo podrán inspeccionar objetos, registrar a personas o incautarse de objetos si 1) una persona es sospechosa de haber cometido un delito (un sospechoso), 2) la investigación así lo requiere y 3) se considera que los objetos por inspeccionar, las personas por registrar y los objetos por incautar están relacionados con el asuntoArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. Del mismo modo, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo registros e incautarse de cualquier objeto que deba ser utilizado como prueba o ser decomisado, siempre que se considere que dichos objetos o personas están relacionados con un asunto concretoArtículo 106, apartado 1, y artículos 107 y 109 de la LEC..2.2.1.2.Limitaciones y salvaguardiasComo obligación general, los fiscales y los agentes de la policía judicial deberán respetar los derechos humanos del sospechoso, así como los de cualquier otra persona afectadaArtículo 198, apartado 2, de la LEC.. Además, solo podrán adoptarse medidas obligatorias para alcanzar el objetivo de la investigación cuando así lo disponga explícitamente la LEC y en la menor medida necesariaArtículo 199, apartado 1, de la LEC..Los registros, las inspecciones o las incautaciones por parte de agentes de policía o fiscales en el marco de una investigación penal solo podrán llevarse a cabo sobre la base de una orden judicialArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. La autoridad que solicite una orden deberá presentar materiales que demuestren los motivos para sospechar que una persona ha cometido un delito, que el registro, la inspección o la incautación son necesarios y que existen los objetos pertinentes que deben incautarseArtículo 108, apartado 1, del Reglamento de procedimiento penal.. En cuanto a la orden, esta debe contener, entre otras cosas, el nombre del sospechoso y el delito; el lugar, la persona o los objetos que se vayan a registrar o los objetos que se vayan a incautar; la fecha de emisión; y el período efectivo de aplicaciónArtículo 114, apartado 1, de la LEC, en relación con su artículo 219.. Del mismo modo, cuando, en el marco de un procedimiento judicial en curso, los registros e incautaciones se lleven a cabo fuera de una audiencia pública, deberá obtenerse previamente una orden judicialArtículo 113 de la LEC.. El particular de que se trate y su abogado defensor serán informados con antelación del registro o la incautación y podrán estar presentes en el momento de la ejecución de la ordenArtículos 121 y 122 de la LEC..En principio, a la hora de llevar a cabo registros o incautaciones y cuando el objeto por registrar sea un disco de ordenador u otro soporte de almacenamiento de datos, solo se incautarán los propios datos (copiados o impresos) en lugar de todo el soporteArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. El propio soporte de almacenamiento de datos solo podrá ser incautado cuando se considere sustancialmente imposible imprimir o copiar los datos necesarios por separado o cuando se considere que es sustancialmente impracticable lograr el objetivo del registro de otra maneraArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. La incautación deberá notificarse sin demora al particular de que se trateArtículo 219 de la LEC, en relación con su artículo 106, apartado 4.. No hay excepciones a este requisito de notificación con arreglo a la LEC.Los registros, las inspecciones y las incautaciones sin una orden solo podrán tener lugar en situaciones limitadas. En primer lugar, este es el caso cuando resulta imposible obtener una orden debido a la urgencia en el lugar de una infracciónArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. No obstante, debe obtenerse una orden posteriormente y sin demoraArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. En segundo lugar, los registros y las inspecciones sin una orden podrán tener lugar in loco cuando se arreste o se detenga a un sospechosoArtículo 216, apartados 1 y 2, de la LEC.. Por último, un fiscal o un alto funcionario de la policía judicial podrá incautarse de un objeto sin una orden cuando el objeto haya sido desechado por un sospechoso o un tercero o se haya presentado voluntariamenteArtículo 218 de la LEC. Por lo que se refiere a la información personal, esto solo abarca la presentación voluntaria por parte del particular de que se trate, no por un responsable del tratamiento que posea dicha información (lo cual requeriría una base jurídica específica con arreglo a la Ley sobre la protección de la información personal). Los objetos presentados voluntariamente solo se admitirán como pruebas en procedimientos judiciales si no existen dudas razonables acerca del carácter voluntario de la divulgación, lo cual debe demostrar el fiscal. Véase la Resolución n.o 2013Do11233 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016..Las pruebas obtenidas en violación de la LEC se considerarán inadmisiblesArtículo 308-2 de la LEC.. Además, la Ley penal establece que los registros ilícitos de personas o de su lugar de residencia, edificios vigilados, estructuras, automóviles, buques, aeronaves o habitaciones ocupadas son punibles con una pena de prisión de un máximo de tres añosArtículo 321 de la Ley penal.. Por consiguiente, esta disposición también se aplica cuando se incautan objetos, tales como dispositivos de almacenamiento de datos, durante un registro ilícito.2.2.2.Recogida de información sobre las comunicaciones2.2.2.1.Base jurídicaLa recogida de información sobre las comunicaciones se rige por una ley específica, la LPPC. En particular, la LPPC establece la prohibición de censurar cualquier correo, realizar escuchas de cualquier telecomunicación, facilitar datos de confirmación de la comunicación, grabar o escuchar cualquier conversación entre otras personas que no se haga pública, salvo sobre la base de la LEC, la LPPC o la Ley de tribunales militaresArtículo 3 de la LPPC. En principio, la Ley de tribunales militares regula la recogida de información sobre el personal militar y solo puede aplicarse a civiles en un número limitado de casos (por ejemplo, si el personal militar y los civiles cometen un delito conjuntamente o si una persona comete un delito contra el ejército, puede incoarse un procedimiento ante un tribunal militar, véase el artículo 2 de la Ley de tribunales militares). Las disposiciones generales que regulan los registros e incautaciones son similares a las de la LEC, véanse, por ejemplo, los artículos 146 a 149 y 153 a 156 de la Ley de tribunales militares. Por ejemplo, el correo postal solo podrá recogerse cuando sea necesario para una investigación y sobre la base de una orden de un tribunal militar. En la medida en que se recojan comunicaciones electrónicas, se aplicarán las limitaciones y salvaguardias de la LPPC.. El término comunicación en el sentido de la LPPC abarca tanto el correo ordinario como las telecomunicacionesArtículo 2, apartado 1, de la LPPC, es decir, la transmisión o recepción de todo tipo de sonidos, palabras, símbolos o imágenes por cable, de manera inalámbrica, por cable de fibra u otro sistema electromagnético, en particular el teléfono, el correo electrónico, los servicios de información de afiliación, el fax y la radiobúsqueda.. A este respecto, la LPPC distingue entre medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 2, apartado 7, y artículo 3, apartado 2, de la LPPC. y la recogida de datos de confirmación de la comunicación.El concepto de medidas de restricción de la comunicación abarca la censura, por ejemplo, la recogida del contenido del correo postal tradicional y las escuchas telefónicas, es decir, la interceptación directa (adquisición o grabación) del contenido de las telecomunicacionesPor censura se entiende la apertura del correo sin el consentimiento de la parte afectada o la adquisición de conocimiento, la grabación o la retención de su contenido por otros medios (artículo 2, apartado 6, de la LPPC). Por escuchas telefónicas se entiende la adquisición o la grabación del contenido de las telecomunicaciones mediante escucha o lectura colectiva de sonidos, palabras, símbolos o imágenes de las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos o mecánicos sin el consentimiento de la parte afectada o la interferencia con su transmisión y recepción (artículo 2, apartado 7, de la LPPC).. El concepto de datos de confirmación de la comunicación abarca los datos sobre los registros de telecomunicaciones, que incluyen la fecha de las telecomunicaciones, su hora de inicio y fin, el número de llamadas salientes y entrantes, así como el número de abonados de la otra parte, la frecuencia de uso, los archivos de registro sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones y la información sobre la ubicación (por ejemplo, de torres de transmisión en las que se reciben las señales)Artículo 2, apartado 11, de la LPPC..La LPPC establece las limitaciones y salvaguardias para la recogida de ambos tipos de datos, y el incumplimiento de varios de estos requisitos está sujeto a sanciones penalesArtículos 16 y 17 de la LPPC. Esto se aplica, por ejemplo, a la recogida sin una orden, a la falta de mantenimiento de registros, a la no interrupción de la recogida cuando deja de existir una emergencia o a la falta de notificación al particular de que se trate..2.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones (medidas de restricción de la comunicación)La recogida del contenido de las comunicaciones solo podrá tener lugar como medio complementario para facilitar una investigación penal (es decir, como medida de último recurso) y deberán hacerse esfuerzos para minimizar la interferencia con los secretos de las comunicaciones de las personasArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. En consonancia con este principio general, solo podrán aplicarse medidas de restricción de la comunicación cuando sea difícil impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar las pruebasArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. Los organismos encargados de la aplicación de la ley que recojan el contenido de las comunicaciones deberán dejar de hacerlo inmediatamente una vez que el acceso continuo ya no se considere necesario, garantizando así que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones sea lo más limitada posibleArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Además, las medidas de restricción de la comunicación solo podrán utilizarse cuando existan razones fundadas para sospechar que se están planificando, se están cometiendo o se han cometido determinados delitos graves mencionados específicamente en la LPPC. Entre ellos se incluyen delitos como la insurrección, los delitos relacionados con las drogas o con explosivos, así como los relacionados con la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o las bases e instalaciones militaresArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. El objeto de una medida de restricción de la comunicación deben ser envíos postales o telecomunicaciones específicos enviados o recibidos por el sospechoso, o envíos postales o telecomunicaciones enviados o recibidos por el sospechoso durante un período de tiempo determinadoArtículo 5, apartado 2, de la LPPC..Incluso cuando se cumplan estos requisitos, la recogida de datos de contenido solo podrá llevarse a cabo sobre la base de una orden judicial. En particular, un fiscal puede pedir al órgano jurisdiccional que permita la recogida de datos de contenido relativos al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 1, de la LPPC.. Del mismo modo, un agente de la policía judicial podrá solicitar autorización a un fiscal, quien, a su vez, podrá solicitar una orden judicialArtículo 6, apartado 2, de la LPPC.. La solicitud de una orden deberá hacerse por escrito y contener elementos específicos. En particular, deberá presentar 1) las razones fundadas para sospechar que uno de los delitos listados está previsto, se está cometiendo o se ha cometido, así como cualquier material que demuestre que hay un caso de sospecha aparente; 2) las medidas de restricción de la comunicación, así como su objeto, alcance, objetivo y período efectivo; y 3) el lugar en el que se ejecutarían las medidas y cómo se llevarían a caboArtículo 6, apartado 4, de la LPPC y artículo 4, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando se cumplan los requisitos legales, el órgano jurisdiccional podrá autorizar por escrito la aplicación de medidas de restricción de la comunicación con respecto al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 5, y artículo 6, apartado 8, de la LPPC.. Esta orden especificará los tipos de medidas, así como su objeto, alcance, período efectivo, lugar de ejecución y la manera en que deben llevarse a caboArtículo 6, apartado 6, de la LPPC..Las medidas de restricción de la comunicación solo podrán llevarse a cabo durante un período de dos mesesArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. Si el objetivo de las medidas se alcanza antes dentro de ese período, las medidas deben interrumpirse de inmediato. Por el contrario, si se siguen cumpliendo las condiciones necesarias, podrá presentarse una solicitud para prorrogar el período efectivo de las medidas de restricción de la comunicación dentro del plazo de dos meses. Dicha solicitud deberá contener materiales que justifiquen prima facie la prórroga de las medidasArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. El período prolongado no podrá superar un total de un año, o de tres años en el caso de determinados delitos especialmente graves (por ejemplo, delitos relacionados con la insurrección, agresiones extranjeras, la seguridad nacional, etc.)Artículo 6, apartado 8, de la LPPC..Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán exigir la asistencia de los operadores de comunicaciones proporcionándoles la autorización escrita del tribunalArtículo 9, apartado 2, de la LPPC.. Los operadores de comunicaciones deberán cooperar y conservar la autorización recibida en sus archivosArtículo 15-2 de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Podrán negarse a cooperar cuando la información sobre la persona en cuestión indicada en la autorización escrita del tribunal (por ejemplo, el número de teléfono de la persona) sea incorrecta. Además, tienen prohibido, en cualquier circunstancia, revelar las contraseñas utilizadas para las telecomunicacionesArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Toda persona que ejecute medidas de restricción de la comunicación o a quien se le solicite cooperar deberá llevar registros en los que se especifiquen los objetivos de las medidas, su ejecución, la fecha en que se prestó la cooperación y el objetoArtículo 9, apartado 3, de la LPPC.. Las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley que apliquen medidas de restricción de la comunicación también deberán mantener registros en los que se expongan los detalles y los resultados obtenidosArtículo 18, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Los agentes de la policía judicial deberán facilitar al fiscal esta información mediante un informe cuando cierren una investigaciónArtículo 18, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando un fiscal formule una acusación con respecto a un asunto en el que se hayan utilizado medidas de restricción de la comunicación o adopte una disposición de no acusar o detener al particular en cuestión (es decir, no solo una suspensión del enjuiciamiento), el fiscal deberá notificar al particular sujeto a las medidas de restricción de la comunicación el hecho de que se han ejecutado tales medidas, el organismo de ejecución y el período de ejecución. Dicha notificación deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días a partir de la disposiciónArtículo 9-2, apartado 1, de la LPPC.. La notificación podrá aplazarse cuando pueda poner en grave peligro la seguridad nacional o perturbar la seguridad y el orden públicos, o cuando pueda atentar gravemente contra la vida y la integridad física de tercerosArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. Cuando se tenga intención de aplazar la notificación, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán obtener la aprobación del jefe de la Fiscalía de distritoArtículo 9-2, apartado 5, de la LPPC.. Una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..La LPPC también establece un procedimiento específico para la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia. En particular, los organismos encargados de la aplicación de la ley podrán recoger el contenido de las comunicaciones en caso de que sea inminente la planificación o ejecución de delincuencia organizada u otro delito grave que pueda causar directamente la muerte o lesiones graves, y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento ordinario (tal como se ha indicado anteriormente)Artículo 8, apartado 1, de la LPPC.. En tal situación de emergencia, el agente de policía o el fiscal podrán adoptar medidas de restricción de la comunicación sin previa autorización judicial, pero deberán solicitar dicha autorización inmediatamente después de la ejecución. Si el organismo encargado de la aplicación de la ley no obtiene la autorización judicial en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se llevaron a cabo las medidas de emergencia, la recogida deberá interrumpirse de inmediato, y esto normalmente irá seguido de la destrucción de la información recogidaArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. Los agentes de policía que lleven a cabo una vigilancia de emergencia lo harán bajo el control de un fiscal o, si resultase imposible recibir las instrucciones del fiscal por adelantado debido a la necesidad de actuar con urgencia, la policía deberá obtener la autorización de un fiscal inmediatamente después de comenzar la ejecuciónArtículo 8, apartado 3, de la LPPC y artículo 16, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las normas sobre la notificación al particular descritas anteriormente también se aplican a la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia.La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la autoridad que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC.. La solicitud a un órgano jurisdiccional de que autorice las medidas de emergencia deberá ir acompañada de un documento escrito en el que se indiquen las medidas necesarias de restricción de la comunicación, el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución, el método y una explicación de la manera en que las medidas pertinentes de restricción de la comunicación cumplen el artículo 5, apartado 1, de la LPPCEs decir, que existe una razón fundada para sospechar que se están planificando o cometiendo determinados delitos graves, o que se han cometido, y que es impracticable impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas., junto con los documentos justificativos.En los casos en que las medidas de emergencia se completen en poco tiempo, descartando así la autorización judicial (por ejemplo, si el sospechoso es detenido inmediatamente después de iniciar la interceptación, que, por consiguiente, se interrumpe), el jefe de la Fiscalía competente enviará una notificación de las medidas de emergencia al órgano jurisdiccional competenteArtículo 8, apartado 5, de la LPPC.. La notificación deberá indicar el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de recogida, así como los motivos para no presentar una solicitud de autorización judicialArtículo 8, apartados 6 y 7, de la LPPC.. Esta notificación permite al órgano jurisdiccional receptor examinar la legalidad de la recogida y deberá introducirse en un registro de notificaciones de medidas de emergencia.Como requisito general, el contenido de las comunicaciones adquiridas mediante la aplicación de medidas de restricción de la comunicación sobre la base de la LPPC solo podrá utilizarse para investigar, enjuiciar o prevenir los delitos específicos mencionados anteriormente, en procedimientos disciplinarios por los mismos delitos, una reclamación por daños y perjuicios presentada por una parte de las comunicaciones o cuando así lo permitan otras leyesArtículo 12 de la LPPC..Cuando se recojan telecomunicaciones transmitidas por internet, se aplicarán salvaguardias específicasArtículo 12-2 de la LPPC.. Dicha información solo podrá utilizarse para investigar los delitos graves mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la LPPC. Para conservar la información, deberá obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicaciónEl fiscal o el agente de policía que ejecute las medidas de restricción de la comunicación deberá seleccionar las telecomunicaciones por conservar en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas y solicitar una autorización judicial (en el caso de un agente de policía, la solicitud deberá presentarse a un fiscal, quien, a su vez, presentará la solicitud al órgano jurisdiccional), véase el artículo 12-2, apartados 1 y 2, de la LPPC.. Las solicitudes de conservación deberán contener información sobre las medidas de restricción de la comunicación, un resumen de los resultados de las medidas, los motivos de la conservación (junto con materiales de apoyo) y las telecomunicaciones por conservarArtículo 12-2, apartado 3, de la LPPC.. A falta de tal solicitud, las telecomunicaciones adquiridas deberán suprimirse en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Si se rechaza una solicitud, las telecomunicaciones deberán destruirse en un plazo de siete díasArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Cuando se supriman las telecomunicaciones, deberá presentarse un informe en un plazo de siete días ante el órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicación, indicando los motivos de la supresión, así como los detalles y el momento en que se realizó.De manera más general, si la información se obtuvo de manera ilícita a través de medidas de restricción de la comunicación, no se admitirá como prueba en procedimientos judiciales o disciplinariosArtículo 4 de la LPPC.. Asimismo, la LPPC prohíbe a toda persona que adopte medidas de restricción de la comunicación divulgar información confidencial obtenida durante la aplicación de tales medidas y utilizar la información obtenida para dañar la reputación de las personas sujetas a las medidasArtículo 11, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..2.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información de confirmación de la comunicaciónSobre la base de la LPPC, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley podrán solicitar a los operadores de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o ejecutar una penaArtículo 13, apartado 1, de la LPPC.. A diferencia de la recogida de datos de contenido, la posibilidad de recoger datos de confirmación de la comunicación no se limita a determinados delitos específicos. Sin embargo, como ocurre con los datos de contenido, la recogida de los datos de confirmación de la comunicación requiere la previa autorización escrita de un órgano jurisdiccional, con sujeción a las mismas condiciones descritas anteriormenteArtículos 13 y 6 de la LPPC.. Cuando por motivos de urgencia resulte imposible obtener la autorización judicial, los datos de confirmación de la comunicación podrán recogerse sin una orden, en cuyo caso deberá obtenerse la autorización inmediatamente después de solicitar los datos y deberá comunicarse al proveedor de telecomunicacionesArtículo 13, apartado 2, de la LPPC. Al igual que en el caso de las medidas urgentes de restricción de la comunicación, deberá elaborarse un documento en el que se expongan los detalles del caso (el sospechoso, las medidas por adoptar, el presunto delito y la urgencia). Véase el artículo 37, apartado 5, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Si no se obtiene una autorización posterior, la información recogida deberá destruirseArtículo 13, apartado 3, de la LPPC..Los fiscales, los agentes de la policía judicial y los órganos jurisdiccionales deberán mantener registros de las solicitudes de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13, apartados 5 y 6, de la LPPC.. Además, los proveedores de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Ciencia y TIC sobre la divulgación de datos de confirmación de la comunicación dos veces al año y mantener registros al respecto durante siete años a partir de la fecha en que se hayan divulgado los datosArtículo 13, apartado 7, de la LPPC..En principio, los particulares serán notificados del hecho de que se han recogido datos de confirmación de la comunicaciónVéase el artículo 13-3, apartado 7, en relación con el artículo 9-2 de la LPPC.. El momento para realizar dicha notificación dependerá de las circunstancias de la investigaciónArtículo 13-3, apartado 1, de la LPPC.. Una vez que se haya tomado una decisión de (no) enjuiciar, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días. Por el contrario, en caso de suspensión de la acusación, la notificación deberá enviarse en el plazo de treinta días transcurrido un año desde que se haya adoptado tal decisión. En cualquier caso, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días transcurrido un año desde la recogida de la información.La notificación podrá aplazarse si puede 1) poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad y el orden públicos, 2) causar la muerte o lesiones corporales, 3) impedir un procedimiento judicial justo (por ejemplo, dar lugar a la destrucción de pruebas o a amenazas a los testigos) o 4) difamar al sospechoso, a las víctimas o a otras personas relacionadas con el asunto o invadir su privacidadArtículo 13-3, apartado 2, de la LPPC.. El aplazamiento de la notificación por alguno de los motivos mencionados requiere la autorización del director de una fiscalía de distrito competenteArtículo 13-3, apartado 3, de la LPPC.. Cuando dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 13-3, apartado 4, de la LPPC..Las personas notificadas podrán presentar una solicitud por escrito al fiscal o al agente de la policía judicial en relación con los motivos de la recogida de los datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13-3, apartado 5, de la LPPC.. En tal caso, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán exponer los motivos por escrito en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, a menos que se aplique uno de los motivos mencionados anteriormente (excepciones para el aplazamiento de la notificación)Artículo 13-3, apartado 6, de la LPPC..2.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesEl artículo 83, apartado 3, de la LST permite a los operadores de telecomunicaciones acceder voluntariamente a una solicitud (formulada en apoyo de un proceso penal, una investigación o la ejecución de una pena) de un órgano jurisdiccional, un fiscal o el jefe de un órgano de investigación de divulgar datos de comunicaciones. En el contexto de la LST, los datos de comunicaciones abarcan el nombre, el número de registro de residente, la dirección y el número de teléfono de los usuarios, las fechas de suscripción o cancelación de la suscripción de los usuarios, así como los códigos de identificación de los usuarios (es decir, los códigos utilizados para identificar al usuario legítimo de sistemas informáticos o redes de comunicación)Artículo 83, apartado 3, de la LST.. A efectos de la LST, solo se consideran usuarios los particulares que contraten servicios directamente de un proveedor de telecomunicaciones coreanoArtículo 2, apartado 9, de la LST.. En consecuencia, es probable que las situaciones en que los ciudadanos de la UE cuyos datos se hayan transferido a la República de Corea se consideren usuarios con arreglo a la LST sean muy limitadas, ya que estas personas normalmente no celebran un contrato directo con un operador de telecomunicaciones coreano.Las solicitudes para obtener datos de comunicaciones sobre la base de la LST deberán hacerse por escrito e indicar los motivos de la solicitud, el vínculo con el usuario pertinente y el alcance de los datos solicitadosArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Cuando sea imposible presentar una solicitud por escrito debido a la urgencia, la solicitud escrita deberá presentarse tan pronto como desaparezca el motivo de la urgenciaArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Los operadores de telecomunicaciones que accedan a solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones deberán conservar libros que contengan registros que indiquen que se han facilitado datos de comunicaciones, así como los materiales relacionados, tales como la solicitud escritaArtículo 83, apartado 5, de la LST.. Además, los operadores de telecomunicaciones deberán informar al ministro de Ciencia y TIC sobre el suministro de datos de comunicaciones dos veces al añoArtículo 83, apartado 6, de la LST..Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a acceder a las solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones en virtud de la LST. Por tanto, el operador deberá evaluar cada solicitud a la luz de los requisitos aplicables de protección de datos con arreglo a la LPIP. En particular, un operador de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..En 2016, el Tribunal Supremo confirmó que el suministro voluntario de datos de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones sin una orden, con arreglo a la LST, no vulnera, como tal, el derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones a la autodeterminación en materia de información. Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que tal vulneración se produciría si resulta evidente que la agencia solicitante abusó de su autoridad para solicitar la divulgación de datos de comunicaciones, vulnerando así los intereses de la persona afectada o de un terceroResolución n.o 2012Da105482 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016.. De manera más general, toda solicitud de divulgación voluntaria por parte de una autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley deberá respetar los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2).2.3.SupervisiónLa supervisión de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, tanto de manera interna como por órganos externos.2.3.1.Auditoría internaDe conformidad con la Ley de auditorías del sector público, se anima a las autoridades públicas a crear un organismo de auditoría interna, que se encargue, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de la legalidadArtículos 3 y 5 de la Ley de auditorías del sector público.. Debe garantizarse la independencia de los jefes de tales organismos de auditoría en la mayor medida posibleArtículo 7 de la Ley de auditorías del sector público.. Más concretamente, son nombrados desde fuera de la autoridad competente (por ejemplo, antiguos jueces o profesores) por un período de dos a cinco años y solo pueden ser destituidos por razones justificadas (por ejemplo, cuando no puedan ejercer sus funciones debido a un trastorno mental o físico o cuando estén sujetos a medidas disciplinarias)Artículos 8 a 11 de la Ley de auditorías del sector público.. Del mismo modo, los auditores son nombrados sobre la base de las condiciones específicas establecidas en la LeyArtículos 16 y siguientes de la Ley de auditorías del sector público.. Los informes de auditoría podrán incluir recomendaciones o solicitudes de compensación o corrección, así como amonestaciones y recomendaciones o solicitudes de medidas disciplinariasArtículo 23, apartado 2, de la Ley de auditorías del sector público.. Se notifican al jefe de la autoridad pública objeto de la auditoría, así como a la Comisión de Control e Inspección (véase la sección 2.3.2) en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de la auditoríaArtículo 23, apartado 1, de la Ley de auditorías del sector público.. La autoridad en cuestión deberá aplicar las medidas necesarias e informar de los resultados a la Comisión de Control e InspecciónArtículo 23, apartado 3, de la Ley de auditorías del sector público.. Además, los resultados de las auditorías suelen ponerse a disposición del públicoArtículo 26 de la Ley de auditorías del sector público.. La negativa u obstrucción de una auditoría interna está sujeta a multas administrativasArtículo 41 de la Ley de auditorías del sector público.. En el ámbito de la aplicación del Derecho penal, para cumplir la legislación antes mencionada, la Agencia Nacional de Policía cuenta con un sistema de Inspecciones Generales para llevar a cabo auditorías internas, incluso con respecto a posibles vulneraciones de los derechos humanosVéanse, en particular, las divisiones bajo la Dirección General de Auditoría e Inspección: https://www.police.go.kr/eng/knpa/org/org01.jsp..2.3.2.La Comisión de Control e InspecciónLa Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, CCI) podrá inspeccionar las actividades de las autoridades públicas y, sobre la base de dichas inspecciones, formular recomendaciones, solicitar medidas disciplinarias o presentar una denuncia penalArtículos 24 y 31 a 35 de la Ley de la Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, Ley CCI).. La CCI está establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República de Corea, pero mantiene un estatuto independiente con respecto a sus funcionesArtículo 2, apartado 1, de la Ley CCI.. Además, la Ley por la que se crea la CCI exige que se le conceda la máxima independencia en lo que respecta al nombramiento, la destitución y la organización de su personal, así como a la elaboración de su presupuestoArtículo 2, apartado 2, de la Ley CCI.. El presidente de la CCI es nombrado por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 1, de la Ley CCI.. Los seis comisarios restantes son nombrados por el presidente de la República, previa recomendación del presidente de la CCI, para un mandato de cuatro añosArtículo 5, apartado 1, y artículo 6 de la Ley CCI.. Los comisarios (incluido el presidente de la CCI) deberán reunir las cualificaciones específicas establecidas por la leyPor ejemplo, haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años, haber trabajado como funcionario o profesor o haber ocupado un cargo más alto en una universidad durante al menos ocho años, o haber trabajado durante al menos diez años en una empresa cotizada o en una institución participada por el Gobierno (de los cuales al menos cinco años como director ejecutivo), véase el artículo 7 de la Ley CCI. y solo podrán ser despedidos en caso de proceso de destitución, condena a prisión o incapacidad para ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental a largo plazoArtículo 8 de la Ley CCI.. Además, los comisarios tienen prohibido participar en actividades políticas y ocupar simultáneamente cargos en la Asamblea Nacional, organismos administrativos, organizaciones sujetas a auditoría e inspección por parte de la CCI o cualquier otro cargo remuneradoArtículo 9 de la Ley CCI..La CCI lleva a cabo una auditoría general con una periodicidad anual, pero también puede realizar auditorías específicas sobre cuestiones de especial interés. La CCI podrá solicitar la presentación de documentos en el curso de una inspección, así como la asistencia de particularesVéase, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley CCI.. Como parte de una auditoría, la CCI examinará los ingresos y gastos del Estado, pero también supervisará el cumplimiento general de las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos con vistas a mejorar el funcionamiento de la administración públicaArtículos 20 y 24 de la Ley CCI.. Por lo tanto, su supervisión irá más allá de los aspectos presupuestarios e incluirá asimismo un control de legalidad.2.3.3.La Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicasArtículo 128 de la Ley de la Asamblea Nacional y artículos 2, 3 y 15 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Esto incluye las inspecciones anuales de los asuntos gubernamentales en su conjunto y las investigaciones de cuestiones específicas.. Durante una investigación o inspección, la Asamblea Nacional podrá solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigosArtículo 10, apartado 1, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Véanse también los artículos 128 y 129 de la Ley de la Asamblea Nacional.. Toda persona que cometa falso testimonio durante una investigación de la Asamblea Nacional estará sujeta a sanciones penales (pena de prisión de hasta diez años)Artículo 14 de la Ley sobre el testimonio, la evaluación, etc. ante la Asamblea Nacional.. El proceso y los resultados de las inspecciones podrán hacerse públicosArtículo 12-2 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. Si la Asamblea Nacional detecta actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea NacionalArtículo 16, apartado 3, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado..2.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalLa Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, CPIP) supervisa el tratamiento de la información personal por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal en consonancia con la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP abarca también las posibles infracciones de las normas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, incluidas aquellas contenidas en las leyes específicas que regulan la recogida de pruebas (electrónicas) a efectos del cumplimiento del Derecho penal (véase la sección 2.2). Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de este tipo constituye una violación de la LPIP, lo cual permite a la CPIP llevar a cabo una investigación y adoptar medidas correctorasVéase la Nota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal..En el ejercicio de su función de supervisión, la CPIP tendrá acceso a toda la información pertinenteArtículo 63 de la LPIP.. La CPIP podrá asesorar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para mejorar el nivel de protección de la información personal de sus actividades de tratamiento, imponer medidas correctoras (por ejemplo, suspender el tratamiento de datos o adoptar las medidas necesarias para proteger la información personal) o recomendar a la autoridad que adopte medidas disciplinariasArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP.. Por último, se prevén sanciones penales para determinadas infracciones de la LPIP, tales como utilizar o divulgar información personal a terceros o tratar información sensible de manera ilícitaArtículos 70 a 74 de la LPIP.. A este respecto, la CPIP podrá remitir el asunto al órgano de investigación competente (incluidos los fiscales)Artículo 65, apartado 1, de la LPIP..2.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CNDH), un organismo independiente encargado de proteger y promover los derechos fundamentalesArtículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Ley CNDH)., tiene la facultad de investigar y subsanar las infracciones de los artículos 10 a 22 de la Constitución, que incluyen los derechos a la privacidad en general y a la privacidad de la correspondencia. La CNDH está formada por once comisarios, nombrados a propuesta de la Asamblea Nacional (cuatro), el presidente de la República (cuatro) y el jefe judicial del Tribunal Supremo (tres)Artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley CNDH.. Para ser nombrado, un comisario debe 1) haber trabajado durante diez años, como mínimo, en una universidad o un instituto de investigación autorizado, al menos como profesor asociado; 2) haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años; 3) haber participado en actividades de derechos humanos durante al menos diez años (por ejemplo, para una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental o una organización internacional); o 4) haber sido recomendado por grupos de la sociedad civil)Artículo 5, apartado 3, de la Ley CNDH.. El presidente de la CNDH es nombrado por el presidente de la República entre los comisarios y debe ser confirmado por la Asamblea NacionalArtículo 5, apartado 5, de la Ley CNDH.. Los comisarios (incluido el presidente de la CNDH) son nombrados por un mandato renovable de tres años y solo pueden ser destituidos en caso de que sean condenados a prisión o ya no sean capaces de ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental prolongada (en cuyo caso, dos terceras partes de los comisarios deben estar de acuerdo con la destitución)Artículo 7, apartado 1, y artículo 8 de la Ley CNDH.. Los comisarios de la CNDH tienen prohibido ocupar un cargo simultáneo en la Asamblea Nacional, los consejos locales o cualquier Gobierno estatal o local (como funcionario público)Artículo 10 de la Ley CNDH..La CNDH podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o sobre la base de una petición de un particular. Como parte de su investigación, la CNDH podrá solicitar la presentación de los materiales pertinentes, llevar a cabo inspecciones y convocar personas para que testifiquenArtículo 36 de la Ley CNDH. De conformidad con el artículo 36, apartado 7, de la Ley, puede rechazarse la presentación de materiales u objetos si esta perjudicara la confidencialidad del Estado y pudiera tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o si constituyera un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso. En tales casos, la Comisión podrá solicitar información adicional al jefe del organismo pertinente (que deberá cumplir de buena fe) cuando sea necesario para revisar si la negativa a facilitar la información está justificada.. Después de una investigación, la CNDH podrá formular recomendaciones para mejorar o corregir políticas y prácticas específicas, y podrá hacerlas públicasArtículo 25, apartado 1, de la Ley CNDH.. Las autoridades públicas deberán informar a la CNDH de un plan para aplicar dichas recomendaciones en un plazo de noventa días a partir de su recepciónArtículo 25, apartado 3, de la Ley CNDH.. Además, en caso de no aplicar de las recomendaciones, la autoridad de que se trate deberá informar de ello a la ComisiónArtículo 25, apartado 4, de la Ley CNDH.. La CNDH podrá, a su vez, divulgar dicho incumplimiento a la Asamblea Nacional o hacerlo público. Las autoridades públicas generalmente cumplen las recomendaciones de la CNDH y tienen un fuerte incentivo para hacerlo, ya que su aplicación se ha examinado como parte de la evaluación general realizada por la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro.2.4.Reparación individual2.4.1.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal. El acceso podrá solicitarse directamente a la autoridad correspondiente o de manera indirecta a través de la CPIPArtículo 35, apartado 2, de la LPIP.. La autoridad competente podrá limitar o denegar el acceso únicamente cuando así lo disponga la ley, cuando sea probable que atente contra la vida o la integridad física de un tercero, o pueda dar lugar a una vulneración injustificada de los intereses patrimoniales y otros intereses de un tercero (es decir, cuando los intereses del tercero sean superiores a los intereses de la persona que presenta la solicitud)Artículo 35, apartado 4, de la LPIP.. Si se deniega una solicitud de acceso, la persona deberá ser informada de los motivos y de las vías de recursoArtículo 42, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Del mismo modo, podrá denegarse una solicitud de rectificación o supresión cuando así lo prevean otras leyes, en cuyo caso deberá informarse a la persona de los motivos subyacentes y de la posibilidad de recursoArtículo 36, apartados 1 y 2, de la LPIP y artículo 43, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPIP..En lo que respecta a la reparación, los particulares podrán presentar una reclamación ante la CPIP, incluso a través del Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de CoreaArtículo 62 de la LPIP.. Además, una persona podrá obtener una mediación a través del Comité de mediación de conflictos relacionados con la información personalArtículos 40 a 50 de la LPIP y artículos 48-2 a 57 del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal (sección 2.2) como de la LPIP. Además, los particulares podrán impugnar las decisiones o la inacción de la CPIP con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3).2.4.2.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa CNDH tramita las reclamaciones de los particulares (tanto coreanos como extranjeros) relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades públicasAunque el artículo 4 de la Ley CNDH hace referencia a los ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Corea, el término residente refleja un concepto de jurisdicción y no de territorio. Por consiguiente, si las instituciones nacionales dentro de Corea vulneran los derechos fundamentales de un extranjero fuera de Corea, dicho particular puede presentar una denuncia ante la CNDH. Véase, por ejemplo, la pregunta correspondiente en la página de preguntas frecuentes de la CNDH, disponible en https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=7025&menuid=002004005001&pagesize=10¤tpage=2. Este sería el caso si las autoridades públicas coreanas accedieran de manera ilícita a los datos personales de un extranjero transferidos a Corea.. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante la CNDHEn principio, la reclamación deberá presentarse en el plazo de un año a partir de la infracción, pero la CNDH podrá decidir, aun así, investigar una reclamación presentada después de ese plazo, siempre que no haya expirado el régimen de prescripción en virtud del Derecho penal o civil (artículo 32, apartado 1, punto 4, de la Ley CNDH).. En consecuencia, la CNDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad. Por lo tanto, en el contexto de la recogida de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, una persona no tendría que demostrar que las autoridades públicas coreanas han accedido efectivamente a su información personal para que la reclamación sea admisible ante la CNDH. Una persona también podrá solicitar que la reclamación se resuelva mediante mediaciónArtículos 42 y siguientes de la Ley CNDH..Para investigar una reclamación, la CNDH podrá hacer uso de sus facultades de investigación, incluso solicitando la presentación de materiales pertinentes, realizando inspecciones y citando a personas para que testifiquenArtículos 36 y 37 de la Ley CNDH.. Si la investigación revela que se ha producido una infracción de la legislación correspondiente, la CNDH podrá recomendar la aplicación de soluciones o la rectificación o mejora de cualquier ley, institución, política o práctica pertinenteArtículo 44 de la Ley CNDH.. Las soluciones propuestas podrán incluir la mediación, el cese de la vulneración de los derechos humanos, la indemnización por daños y perjuicios y medidas para evitar que vuelvan a producirse infracciones idénticas o similaresArtículo 42, apartado 4, de la Ley CNDH.. En el caso de la recogida ilícita de información personal con arreglo a las normas aplicables, las medidas correctoras podrán incluir la supresión de tal información. Si se considera que es muy probable que la infracción esté en curso y que es probable que, si no se atiende, se producirían daños difíciles de reparar, la CNDH podrá adoptar medidas de ayuda urgenteArtículo 48 de la Ley CNDH..Si bien la CNDH no está facultada para obligar, sus decisiones (por ejemplo, la decisión de no continuar la investigación de una reclamación)Por ejemplo, si excepcionalmente la CNDH no puede inspeccionar determinados materiales o instalaciones porque atañen a secretos de Estado que pueden tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o cuando la inspección suponga un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso (véase la nota a pie de página n.o 166) y cuando esto impida que la CNDH lleve a cabo la investigación necesaria para evaluar el fondo de la petición recibida, informará a la persona de las razones por las que se desestimó la reclamación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley CNDH. En este caso, el particular puede impugnar la decisión de la CNDH con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo. y recomendaciones pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales coreanos con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3 a continuación)Véanse, por ejemplo, la Resolución 2007NU27259 del Tribunal Superior de Seúl, de 18 de abril de 2008, confirmada por la Resolución 2008Du7854 del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2008; y la Resolución 2017NU69382 del Tribunal Superior de Seúl, de 2 de febrero de 2018.. Además, si las conclusiones de la CNDH revelan que los datos personales fueron recogidos de manera ilícita por una autoridad pública, una persona podría recurrir ante los órganos jurisdiccionales coreanos contra dicha autoridad pública, por ejemplo, impugnando la recogida con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo, presentando un recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional o solicitando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de indemnización estatal (véase la sección 2.4.3 a continuación).2.4.3.Reparación judicialLos particulares podrán invocar las limitaciones y salvaguardias descritas en las secciones anteriores para obtener reparación ante los órganos jurisdiccionales coreanos a través de distintas vías.En primer lugar, de conformidad con la LEC, la afectada persona y su abogado podrán estar presentes cuando se ejecute una orden de registro o incautación y, por consiguiente, podrán formular una objeción en el momento en que se ejecute la ordenArtículos 121 y 219 de la LEC.. Además, la LEC prevé un denominado mecanismo de cuasi reclamación, que permite a los particulares solicitar al órgano jurisdiccional competente que cancele o modifique una disposición adoptada por un fiscal o un agente de policía en relación con una incautaciónArtículo 417 de la LEC, en relación con su artículo 414, apartado 2. Véase también la Resolución n.o 97Mo66 del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1997.. Esto permite a las personas impugnar las medidas adoptadas para ejecutar una orden de incautación.Además, los particulares pueden obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales coreanos. Sobre la base de la Ley de indemnización estatal, las personas podrán solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por funcionarios públicos debido al ejercicio de sus funciones oficiales en violación de la leyArtículo 2, apartado 1, de la Ley de indemnización estatal.. Las reclamaciones en virtud de la Ley de indemnización estatal podrán presentarse ante un Consejo de indemnización especializado o directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanosArtículos 9 y 12 de la Ley de indemnización estatal. La Ley establece consejos de distrito (presididos por el fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente), un consejo central (presidido por el viceministro de Justicia) y un consejo especial (presidido por el viceministro de Defensa Nacional y encargado de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios causados por el personal militar o los empleados civiles del ejército). Las reclamaciones de indemnización son, en principio, tramitadas por los consejos de distrito, que, en determinadas circunstancias, deben remitir los asuntos al consejo central o especial, por ejemplo, si la indemnización supera un importe determinado o en caso de que un particular solicite una nueva deliberación. Todos los consejos están formados por miembros nombrados por el ministro de Justicia (por ejemplo, de entre los funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, los agentes judiciales, los abogados y las personas con experiencia en materia de indemnización estatal) y están sujetos a normas específicas relativas a los conflictos de intereses (véase el artículo 7 del Decreto de Ejecución de la Ley de indemnización estatal).. Si la víctima es extranjera, la Ley de indemnización estatal se aplicará siempre que su país de origen garantice igualmente la indemnización estatal para los nacionales coreanosArtículo 7 de la Ley de indemnización estatal.. Según la jurisprudencia, esta condición se cumple si los requisitos para solicitar una indemnización en el otro país no están significativamente desequilibrados entre Corea y el otro país y no son más estrictos, en general, que los determinados por Corea, sin que haya una diferencia importante y sustantivaResolución n.o 2013Da208388 del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2015.. La Ley civil regula la responsabilidad de indemnización del Estado, y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado también abarca los daños no materiales (por ejemplo, el sufrimiento mental)Véase el artículo 8 de la Ley de indemnización estatal, así como el artículo 751 de la Ley civil..Para las infracciones de las normas de protección de datos, se prevé una vía de recurso adicional en virtud de la LPIP. De conformidad con el artículo 39 de la LPIP, toda persona que sufra daños como resultado de una infracción de la LPIP o de una pérdida, un robo, una divulgación, una falsificación, una alteración o un daño de su información personal podrá obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales. No existe un requisito de reciprocidad similar al previsto en la Ley de indemnización estatal.Además de la indemnización por daños y perjuicios, podrá obtenerse un recurso administrativo contra las acciones u omisiones de los organismos administrativos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo. Cualquier persona podrá impugnar una disposición (por ejemplo, el ejercicio de poderes públicos, o la negativa a ejercerlos, en un asunto específico) o una omisión (el fracaso prolongado por parte de un organismo administrativo para adoptar una determinada disposición, contrariamente a la obligación legal de hacerlo), lo cual puede dar lugar a la revocación o modificación de una disposición ilícita, a un dictamen de nulidad (es decir, un dictamen de que la disposición no tiene efectos jurídicos o de su inexistencia en el ordenamiento jurídico) o a un dictamen de que una omisión es ilícitaArtículos 2 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Para poder impugnar una disposición administrativa, esta debe afectar directamente a los derechos y obligaciones civilesResolución 98Du18435 del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1999; Resolución 99Du1113 del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2000, y Resolución 2010Du3541 del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2012.. Esto incluye las medidas para recoger datos personales, ya sea de manera directa (por ejemplo, interceptando comunicaciones) o mediante una solicitud de divulgación (por ejemplo, a un proveedor de servicios).Las reclamaciones antes mencionadas podrán presentarse, en primer lugar, ante las comisiones de recursos administrativos establecidas en determinadas autoridades públicas (por ejemplo, el SNI o la CNDH) o ante la Comisión Central de Recursos Administrativos creada bajo los auspicios de la Comisión Anticorrupción y de Derechos CivilesArtículo 6 de la Ley de recursos administrativos y artículo 18, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Tal recurso administrativo ofrece una vía alternativa más informal para impugnar una disposición u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, una reclamación también podrá presentarse directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanos, con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo.Las solicitudes de revocación o modificación de una disposición en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo podrán ser presentadas por cualquier persona que tenga un interés jurídico en solicitar la revocación o modificación o en que se restablezcan sus derechos mediante la revocación o modificación en caso de que la disposición deje de surtir efectoArtículo 12 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Del mismo modo, los litigios para declarar la nulidad podrán ser iniciados por una persona que tenga un interés jurídico en dicha declaración, mientras que los litigios para declarar la ilegalidad de una omisión podrán ser iniciados por cualquier persona que haya presentado una solicitud de disposición y tenga un interés jurídico en solicitar que se declare la ilegalidad de la omisiónArtículos 35 y 36 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interés jurídico se interpreta como un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés directo y específico protegido por las leyes y los reglamentos en los que se basan las disposiciones administrativas (es decir, no intereses generales, indirectos y abstractos del público)Resolución n.o 2006Du330 del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 2006.. Por consiguiente, las personas tendrán un interés jurídico en caso de cualquier vulneración de las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de sus datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal (en virtud de leyes específicas o de la LPIP). Una sentencia firme con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo es vinculante para las partesArtículo 30, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo..Deberán presentarse una solicitud de revocación o modificación de una disposición y una solicitud de declaración de la ilegalidad de una omisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la persona tenga conocimiento de la disposición u omisión y, en principio, a más tardar un año después de la fecha de emisión de la disposición o de que se haya producido la omisión, salvo que existan razones justificablesArtículo 20 de la Ley de lo contencioso-administrativo. Este plazo también se aplica a las reclamaciones para declarar la ilegalidad de una omisión (véase el artículo 38, apartado 2, de la Ley de lo contencioso-administrativo).. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de razones justificables debe interpretarse en sentido amplio y requiere evaluar si es socialmente aceptable permitir una reclamación tardía, a la luz de todas las circunstancias del asuntoResolución n.o 90Nu6521 del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1991.. Por ejemplo, esto incluye, entre otras cosas, los motivos de retraso de los que la parte afectada no puede ser considerada responsable (es decir, situaciones que escapan al control del reclamante, por ejemplo, cuando no se le ha notificado la recogida de sus datos personales) o de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra).Por último, los particulares también podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional.. Sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio o la falta de ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá solicitar la adjudicación de un recurso de inconstitucionalidad. Si hay otras vías de recurso disponibles, estas deben agotarse primero. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los extranjeros podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que sus derechos fundamentales estén reconocidos por la Constitución coreana (véanse las explicaciones en la sección 1.1)Resolución n.o 99HeonMa194 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. Los recursos de inconstitucionalidad deben presentarse en un plazo de noventa días a partir del momento en que el particular haya tenido conocimiento de la infracción, y en el plazo de un año a partir del momento en que se produjo. Dado que el procedimiento establecido en la Ley de lo contencioso-administrativo se aplica a los litigios en virtud de la Ley del Tribunal ConstitucionalArtículo 40 de la Ley del Tribunal Constitucional., una reclamación seguirá siendo admisible si existen razones justificables, interpretadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita anteriormente.Si primero hay que agotar otras vías de recurso, un recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en un plazo de treinta días a partir de la decisión final sobre dicho recursoArtículo 69 de la Ley del Tribunal Constitucional.. El Tribunal Constitucional podrá invalidar el ejercicio del poder gubernamental que provocó la infracción o confirmar que una determinada omisión es inconstitucionalArtículo 75, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional.. En tal caso, la autoridad competente está obligada a adoptar medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal.3.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS CON FINES DE SEGURIDAD NACIONAL3.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito de la seguridad nacionalLa República de Corea cuenta con dos agencias de inteligencia especializadas: el SNI y el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa. Además, la policía y las fiscalías también pueden recoger información personal con fines de seguridad nacional.El SNI se establece en virtud de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, Ley SNI) y opera directamente bajo la jurisdicción y supervisión del presidente de la RepúblicaArtículo 2 y artículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. En particular, el SNI recoge, recopila y distribuye información sobre países extranjeros (y Corea del Norte)Este concepto no abarca la información sobre las personas, sino la información general sobre países extranjeros (tendencias y evolución) y sobre las actividades de los agentes estatales de terceros países., inteligencia relacionada con la lucha contra el espionaje (incluido el espionaje militar e industrial), el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada internacional, inteligencia sobre determinados tipos de delitos dirigidos contra la seguridad pública y nacional (por ejemplo, la insurrección nacional y la agresión extranjera) e inteligencia relacionada con la tarea de garantizar la ciberseguridad y prevenir o contrarrestar los ciberataques y las amenazasArtículo 3, apartado 1, de la Ley SNI.. La Ley SNI, por la que se crea el SNI y se establecen sus funciones, también prevé principios generales que enmarcan todas sus actividades. Como principio general, el SNI debe mantener la neutralidad política y proteger la libertad y los derechos de las personasArtículo 3, apartado 1; artículo 6, apartado 2, y artículos 11 y 21. Véanse también las normas sobre los conflictos de intereses, en particular los artículos 10 y 12.. El presidente del SNI se encarga de desarrollar directrices generales que establezcan los principios, el alcance y los procedimientos para el desempeño de las funciones del SNI en relación con la recogida y el uso de información, y debe informar de ellas a la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. La Asamblea Nacional (a través de su Comité de Inteligencia) puede exigir que se corrijan o complementen las directrices si considera que son ilícitas o injustas. De manera más general, en el ejercicio de sus funciones, el director y el personal del SNI no pueden obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligadas a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 13 de la Ley SNI.. Además, toda censura del correo, interceptación de las telecomunicaciones, recogida de información sobre la ubicación, recogida de datos de confirmación de la comunicación o grabación o escucha de comunicaciones privadas por parte del SNI debe cumplir lo dispuesto en la LPPC, la Ley de información sobre la ubicación o la LECArtículo 14 de la Ley SNI.. Todo abuso de poder o la recogida de información que infrinja estas leyes estarán sujetos a sanciones penalesArtículos 22 y 23 de la Ley SNI..El Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa es una agencia de inteligencia militar creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Es responsable de las cuestiones de seguridad dentro del ejército, de las investigaciones penales militares (sujetas a la Ley de tribunales militares) y la inteligencia militar. En general, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa no lleva a cabo ninguna actividad de vigilancia de civiles, a menos que sea necesario para el desempeño de sus funciones militares. Las personas que pueden ser investigadas son el personal militar, los empleados civiles del ejército, las personas en formación militar, las personas en reserva militar o servicio de reclutamiento y los prisioneros de guerraArtículo 1 de la Ley de tribunales militares.. Al recoger información sobre las comunicaciones con fines de seguridad nacional, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa está sujeto a las limitaciones y salvaguardias establecidas por la LLPC y su Decreto de Ejecución.3.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LPPC, la Ley antiterrorista para la protección de los ciudadanos y la seguridad pública (en lo sucesivo, Ley antiterrorista) y la LST proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal con fines de seguridad nacional y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicablesAl investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, la policía y el SNI actuarán sobre la base de la LEC, mientras que el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa estará sujeto a la Ley de tribunales militares.. Estas limitaciones y salvaguardias, tal como se describen en las siguientes secciones, garantizan que la recogida y el tratamiento de la información se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Queda excluida toda recogida masiva e indiscriminada de información personal con fines de seguridad nacional.3.2.1.Recogida de información sobre las comunicaciones3.2.1.1.Recogida de información sobre las comunicaciones por las agencias de inteligencia3.2.1.1.1.Base jurídicaLa LPPC faculta a las agencias de inteligencia para recoger datos de comunicaciones y exige a los proveedores de comunicaciones que cooperen con las solicitudes de dichas agenciasArtículo 15-2 de la LPPC.. Como se describe en la sección 2.2.2.1, la LPPC distingue entre la recogida del contenido de las comunicaciones (es decir, medidas de restricción de la comunicación, tales como las escuchas telefónicas o las medidas de censuraArtículo 2, apartados 6 y 7, de la LPPC.) y la recogida de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 2, apartado 11, de la LPPC..El umbral para la recogida de estos dos tipos de información difiere, pero los procedimientos y salvaguardias aplicables son, en gran medida, idénticosVéanse también el artículo 13-4, apartado 2, de la LPPC y el artículo 37, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC, que estipulan que los procedimientos aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones se aplicarán mutatis mutandis a la recogida de datos de confirmación de la comunicación.. La recogida de datos de confirmación de la comunicación (o metadatos) puede realizarse con el fin de prevenir amenazas para la seguridad nacionalArtículo 13-4 de la LPPC.. Se aplica un umbral más elevado para la ejecución de medidas de restricción de la comunicación (es decir, para recoger el contenido de las comunicaciones), que solo pueden adoptarse cuando se prevea que la seguridad nacional se ponga en grave peligro y la recogida de información sea necesaria para prevenir dicho peligro (es decir, si existe un riesgo grave para la seguridad nacional y la recogida es necesaria para prevenirlo)Artículo 7, apartado 1, de la LPPC.. Además, el acceso al contenido de las comunicaciones solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso para garantizar la seguridad nacional, y deben hacerse esfuerzos para minimizar la vulneración de la privacidad de las comunicacionesArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. Incluso cuando se haya obtenido la aprobación o autorización adecuada, tales medidas deben interrumpirse de inmediato una vez que dejen de ser necesarias, garantizando así que cualquier violación de los secretos de las comunicaciones de la persona se limite al mínimoArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..3.2.1.1.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participe al menos un nacional coreanoLa recogida de información sobre las comunicaciones (tanto contenido como metadatos) cuando una o ambas personas que participan en la comunicación sean nacionales coreanos solo podrá tener lugar con la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 1, punto 1, de la LPPC. El órgano jurisdiccional competente será el Tribunal Superior que tenga jurisdicción sobre el lugar del domicilio o de la sede de una o ambas partes sujetas a la vigilancia.. La solicitud de la agencia de inteligencia deberá presentarse por escrito a un fiscal o a una Fiscalía SuperiorArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional), junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida)Artículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. El fiscal o la Fiscalía Superior, a su vez, solicitarán la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC. La solicitud del fiscal al órgano jurisdiccional deberá exponer los principales motivos de sospecha y, en la medida en que se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, su justificación (véase el artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. El jefe judicial solo podrá conceder una autorización escrita cuando considere justificada la solicitud y la desestimará cuando la considere infundadaArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartados 5 y 9, de la LPPC.. La orden especificará el tipo, el objetivo, el objeto, el alcance y el período efectivo de la recogida, así como el lugar y la manera en que podrá realizarseArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 6, de la LPPC..En el caso de que la medida esté destinada a la investigación de un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir los procedimientos antes mencionados, se aplicarán normas específicasArtículo 8 de la LPPC.. Cuando se cumplan estas condiciones, las agencias de inteligencia podrán aplicar medidas de vigilancia sin previa autorización judicialArtículo 8, apartado 1, de la LPPC.. No obstante, inmediatamente después de la ejecución de las medidas de emergencia, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del órgano jurisdiccional. Si no se obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se adopten las medidas, estas deberán suspenderse inmediatamenteArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la agencia de inteligencia que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC. Véase la sección 2.2.2.2. para más información sobre las medidas de emergencia en el contexto de la aplicación de la ley..En los casos en que la vigilancia se complete en un breve plazo y se descarte la autorización judicial, el jefe de la Fiscalía Superior competente debe enviar una notificación de las medidas de emergencia preparada por la agencia de inteligencia al presidente del órgano jurisdiccional competente, que conserva el registro de las medidas de emergenciaArtículo 8, apartados 5 y 7, de la LPPC. En esta notificación deben indicarse el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de vigilancia, así como los motivos para no presentar una solicitud antes de adoptar la medida (artículo 8, apartado 6, de la LPPC).. Esto permite al órgano jurisdiccional examinar la legalidad de la recogida.3.2.1.1.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participen únicamente nacionales no coreanosPara recoger información sobre las comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos, las agencias de inteligencia deberán obtener una autorización previa por escrito del presidenteArtículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC.. Estas comunicaciones solo se recogerán con fines de seguridad nacional si entran en una de las diversas categorías mencionadas, es decir, las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno u otras personas de países hostiles a la República de Corea, agencias extranjeras, grupos o nacionales sospechosos de participar en actividades anticoreanasEsto se refiere a actividades que amenazan la existencia y la seguridad de la nación, el orden democrático o la supervivencia y la libertad de la población. o miembros de grupos que operan en la península de Corea, pero, en la práctica, más allá de la soberanía de la República de Corea y de sus grupos centrales con sede en países extranjerosAdemás, si una de las partes es una persona descrita en el artículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC y la otra se desconoce o no puede especificarse, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, punto 2.. En cambio, si una de las partes de una comunicación es un nacional coreano y la otra es un nacional extranjero, se requerirá una autorización judicial de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 3.2.1.1.2.El jefe de una agencia de inteligencia deberá presentar al director del SNI un plan de las medidas que se prevé adoptarArtículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC. El director del SNI es nombrado por el presidente previa confirmación del Parlamento (artículo 7 de la Ley SNI).. El director del SNI examinará si el plan es adecuado y, en caso afirmativo, lo someterá a la aprobación del presidenteArtículo 8, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. La información que deberá incluirse en el plan será la misma que la requerida para solicitar una autorización judicial para recoger información de nacionales coreanos (tal como se ha descrito anteriormente)Artículo 8, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC, en relación con el artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. En particular, deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional) y los principales motivos de sospecha, junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida). Cuando se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, deberán indicarse la finalidad y los motivosArtículo 8, apartado 3, y artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En situaciones de emergenciaEs decir, en los casos en que la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional, no haya tiempo suficiente para obtener la aprobación del presidente y la no adopción de medidas de emergencia pueda perjudicar a la seguridad nacional (artículo 8, apartado 8, de la LPPC)., deberá obtenerse la autorización previa del ministro al que pertenezca la agencia de inteligencia competente. No obstante, en este caso, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del presidente inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas de emergencia. Si una agencia de inteligencia no obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se presenta la solicitud, la recogida deberá interrumpirse inmediatamenteArtículo 8, apartado 9, de la LPPC.. En tales casos, la información recogida siempre se destruirá.3.2.1.1.4.Limitaciones generales y salvaguardiasA la hora de solicitar la cooperación de entidades privadas, las agencias de inteligencia deberán facilitarles la orden judicial, la autorización presidencial o una copia de la portada de una declaración de censura de emergencia, que la entidad obligada deberá conservar en sus archivosArtículo 9, apartado 2, de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las entidades a las que se solicite que divulguen información a las agencias de inteligencia sobre la base de la LPPC podrán negarse a hacerlo cuando la autorización o la declaración de censura de emergencia se refieran al identificador incorrecto (por ejemplo, un número de teléfono perteneciente a una persona distinta de la identificada). Además, en todos los casos, las contraseñas utilizadas para las comunicaciones no podrán divulgarseArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Las agencias de inteligencia podrán confiar la aplicación de medidas de restricción de la comunicación o la recogida de información de confirmación de la comunicación a una oficina de correos o a un proveedor de servicios de telecomunicaciones (según la definición de la Ley del sector de las telecomunicaciones)Artículo 13 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Tanto la agencia de inteligencia correspondiente como el proveedor que reciba una solicitud de cooperación deberán mantener registros en los que se indique la finalidad de solicitar las medidas, la fecha de ejecución o cooperación y el objeto de las medidas (por ejemplo, correo, teléfono, correo electrónico) durante tres añosArtículo 9, apartado 3, de la LPPC y artículo 17, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC. Este plazo no se aplica a los datos de confirmación de la comunicación (véase el artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación deberán conservar información sobre la frecuencia de la recogida en sus archivos durante siete años e informar dos veces al año al Ministerio de Ciencia y TICArtículo 13, apartado 7, de la LPPC y artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Las agencias de inteligencia deberán informar al director del SNI sobre la información que han recopilado y el resultado de la actividad de vigilanciaArtículo 18, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Por lo que se refiere a la recogida de datos de confirmación de la comunicación, deberán mantenerse registros de que se ha realizado una solicitud relativa a tales datos, así como de la propia solicitud escrita y de la institución que se ha amparado en ellaArtículo 13, apartado 5, y artículo 13-4, apartado 3, de la LPPC..La recogida tanto del contenido de las comunicaciones como de los datos de confirmación de la comunicación solo podrá durar un máximo de cuatro meses y, si el objetivo perseguido se alcanza entretanto, deberá interrumpirse de inmediatoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC.. Si persisten las condiciones de la autorización, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses, con la autorización del órgano jurisdiccional o del presidente. La solicitud de autorización para prorrogar las medidas de vigilancia deberá presentarse por escrito, indicando los motivos por los que se solicita la prórroga y facilitando materiales de apoyoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC y artículo 5 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En función de la base jurídica para la recogida, suele notificarse a las personas cuando se recogen sus comunicaciones. En particular, independientemente de si la información recogida se refiere al contenido de las comunicaciones o a datos de confirmación de la comunicación, y con independencia de si la información se obtuvo mediante el procedimiento ordinario o en una situación de emergencia, el jefe de la agencia de inteligencia deberá informar por escrito a la persona afectada de la medida de vigilancia en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que finalizó la vigilanciaArtículo 9-2, apartado 3, de la LPPC. De conformidad con el artículo 13-4 de la LPPC, esto se aplica tanto a la recogida del contenido de las comunicaciones como a los datos de confirmación de la comunicación.. La notificación debe incluir 1) el hecho de que se ha recogido la información, 2) el organismo de ejecución y 3) el período de ejecución. No obstante, si es probable que la notificación ponga en peligro la seguridad nacional o perjudique la vida y la seguridad física de las personas, la notificación podrá aplazarseArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. La notificación deberá realizarse en un plazo de treinta días una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamientoArtículo 13-4, apartado 2, y artículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..Sin embargo, este requisito de notificación solo se aplicará a la recogida de información cuando al menos una de las partes sea un nacional coreano. Por consiguiente, solo se notificará a los nacionales no coreanos cuando se recojan sus comunicaciones con nacionales coreanos. Por lo tanto, no existe ningún requisito de notificación cuando se recogen comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos.El contenido de cualquier comunicación y los datos de confirmación de la comunicación obtenidos a través de la vigilancia, sobre la base de la LPPC, solo podrán utilizarse 1) para la investigación, el enjuiciamiento o la prevención de determinados delitos, 2) para procedimientos disciplinarios, 3) para procedimientos judiciales cuando una parte relacionada con la comunicación se base en ellos para una reclamación por daños y perjuicios o 4) sobre la base de otras leyesArtículo 5, apartados 1 y 2, y artículos 12 y 13-5 de la LPPC..3.2.1.2.Recogida de información sobre las comunicaciones por parte de la policía o los fiscales con fines de seguridad nacionalLa policía o el fiscal podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) con fines de seguridad nacional en las mismas condiciones que se describen en la sección 3.2.1.1. Cuando se actúe en situaciones de emergenciaEs decir, cuando la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento de aprobación ordinario (artículo 8, apartado 1, de la LPPC)., el procedimiento aplicable será el descrito anteriormente con respecto a la recogida del contenido de las comunicaciones a efectos de control de la aplicación de la ley en situaciones de emergencia (es decir, el artículo 8 de la LPPC).3.2.2.Recogida de información sobre sospechosos de terrorismo3.2.2.1.Base jurídicaLa Ley antiterrorista faculta al director del SNI para recoger información sobre los sospechosos de terrorismoArtículo 9 de la Ley antiterrorista.. El concepto de sospechoso de terrorismo se define como un miembro de un grupo terroristaEl término grupo terrorista se define como un grupo de terroristas designado por las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 2, de la Ley antiterrorista)., una persona que haya propagado un grupo terrorista (mediante la promoción y la difusión de ideas o tácticas de un grupo terrorista), recaudado o aportado fondos para el terrorismoEl término terrorismo se define en el artículo 2, apartado 1, de la Ley antiterrorista como una conducta llevada a cabo con el fin de impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un Gobierno local o de un Gobierno extranjero (incluidos los Gobiernos locales y las organizaciones internacionales) o con el fin de hacer que realicen alguna actividad que no están obligados a realizar o de amenazar al público. Esto incluye a) matar a una persona o poner en riesgo la vida de una persona causando lesiones corporales o a través de la detención, el confinamiento, el secuestro o la toma de rehenes; b) determinados tipos de conducta dirigida a una aeronave (por ejemplo, chocar, secuestrar o dañar una aeronave en vuelo); c) determinados tipos de conducta relacionados con un buque (por ejemplo, incautar o destruir un buque o una estructura marina en funcionamiento o causar daños en los mismos en un grado tal que ponga en peligro su seguridad, incluidos los daños de la mercancía cargada en un buque o una estructura marina en funcionamiento); d) colocar, detonar o utilizar de cualquier otro modo armas o dispositivos bioquímicos, explosivos o incendiarios con la intención de causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves o tener tales efectos en determinados tipos de vehículos o instalaciones (por ejemplo, trenes, tranvías, vehículos de motor, parques y estaciones públicos, instalaciones de suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones, etc.); e) determinados tipos de conducta relacionados con materiales nucleares o radiactivos o instalaciones nucleares (por ejemplo, atentar contra la vida humana, la integridad física o la propiedad individual, o perturbar de otro modo la seguridad pública destruyendo un reactor nuclear o manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc.). o participado en otras actividades de preparación, conspiración, propaganda o instigación del terrorismo, o una persona con respecto a la cual existan motivos fundados para sospechar que ha llevado a cabo tales actividadesArtículo 2, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. Como regla general, todo funcionario público que aplique la Ley antiterrorista deberá respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución coreanaArtículo 3, apartado 3, de la Ley antiterrorista..La Ley antiterrorista por sí sola no establece facultades, limitaciones y salvaguardias específicas para la recogida de información sobre los sospechosos de terrorismo, sino que hace referencia a los procedimientos establecidos en otras leyes. En primer lugar, sobre la base de la Ley antiterrorista, el director del SNI podrá recoger 1) información sobre la entrada en la República de Corea y la salida de esta, 2) información sobre transacciones financieras e 3) información sobre las comunicaciones. En función del tipo de información buscada, los requisitos procedimentales pertinentes se establecen en la Ley de inmigración, la Ley de aduanas, la LCUIETF o la LPPC, respectivamenteArtículo 9, apartado 1, de la Ley antiterrorista.. Para la recogida de información sobre la entrada y salida de Corea, la Ley antiterrorista hace referencia a los procedimientos establecidos en la Ley de inmigración y la Ley de aduanas. Sin embargo, actualmente estas leyes no prevén tales facultades. Para la recogida de información sobre las comunicaciones e información sobre transacciones financieras, la Ley antiterrorista hace referencia a las limitaciones y salvaguardias establecidas en la LPPC (que se detallan más adelante) y de la LCUIETF (que, como se explica en la sección 2.1, no es pertinente a efectos de la evaluación de la decisión de adecuación).Además, el artículo 9, apartado 3, de la Ley antiterrorista especifica que el director del SNI podrá solicitar información personal o sobre la ubicación de un sospechoso de terrorismo a un responsable del tratamiento de información personalTal como se define en el artículo 2 de la LPIP, es decir, una institución pública, una persona jurídica, una organización, un particular, etc. que trata información personal directa o indirectamente para gestionar ficheros información personal con fines oficiales o comerciales. o a un proveedor de información sobre la ubicaciónTal como se define en el artículo 5 de la Ley sobre la protección, el uso, etc. de la información sobre la ubicación (en lo sucesivo, Ley de información sobre la ubicación), es decir, cualquier persona que haya obtenido autorización de la Comisión de Comunicaciones de Corea para participar en una empresa de información sobre la ubicación.. Esta posibilidad se limita a las solicitudes de divulgación voluntaria, a las que los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación no están obligados a responder y, en cualquier caso, solo pueden hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación (véase la sección 3.2.2.2).3.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la divulgación voluntaria en virtud de la LPIP y de la Ley de información sobre la ubicaciónLas solicitudes de cooperación voluntaria en virtud de la Ley antiterrorista deberán limitarse a la información sobre los sospechosos de terrorismo (véase la sección 3.2.2.1). Cualquier solicitud de este tipo del SNI deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, la Ley SNI especifica que el SNI no podrá obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligados a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona, mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 11, apartado 1, de la Ley SNI.. Una infracción de esta prohibición podrá ser objeto de sanciones penalesArtículo 19 de la Ley SNI..Los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación que reciban solicitudes del SNI sobre la base de la Ley antiterrorista no estarán obligados a acceder a tales solicitudes. Podrán acceder de manera voluntaria, pero solo se les permitirá hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación. En lo que respecta al cumplimiento de la LPIP, el responsable del tratamiento deberá, en particular, tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..3.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias en virtud de la LPPCSobre la base de la Ley antiterrorista, las agencias de inteligencia solo podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) cuando sea necesario para actividades de lucha contra el terrorismo, es decir, actividades relacionadas con la prevención del terrorismo y contramedidas al respecto. Los procedimientos de la LPPC descritos en la sección 3.2.1 se aplicarán a la recogida de información sobre las comunicaciones con fines antiterroristas.3.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesSobre la base de la LST, los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a una solicitud de divulgación de datos de comunicaciones de una agencia de inteligencia que tenga la intención de recoger la información para evitar una amenaza para la seguridad nacionalArtículo 83, apartado 3, de la LST.. Cualquier solicitud de este tipo deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, se aplicarán las mismas limitaciones y salvaguardias que con respecto a la divulgación voluntaria a efectos de control de la aplicación de la ley (véase la sección 2.2.3)En particular, la solicitud deberá presentarse por escrito y exponer los motivos de la misma, así como el vínculo con el usuario de que se trate y el alcance de la información solicitada, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá mantener registros e informar al ministro de Ciencia y TIC dos veces al año..Los operadores de telecomunicaciones no estarán obligados a acceder, pero podrán hacerlo de manera voluntaria y únicamente de conformidad con la LPIP. A este respecto, se aplicarán a los operadores de telecomunicaciones las mismas obligaciones, incluidas las relativas a la notificación de la persona, que cuando reciben solicitudes de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, como se explica con más detalle en la sección 2.2.3.3.3.SupervisiónDiferentes organismos supervisan las actividades de las agencias de inteligencia coreanas. La supervisión del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa corre a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la Directiva sobre la ejecución de auditorías internas del Ministerio. El SNI está sujeto a la supervisión por parte del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros organismos independientes, como se explica con más detalle a continuación.3.3.1.El oficial de protección de los derechos humanosCuando las agencias de inteligencia recogen información sobre sospechosos de terrorismo, la Ley antiterrorista prevé la supervisión por parte de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo y del oficial de protección de los derechos humanos (en lo sucesivo, OPDH)Artículo 7 de la Ley antiterrorista..La Comisión de Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, desarrolla políticas relativas a las actividades de lucha contra el terrorismo y supervisa la aplicación de medidas antiterroristas, así como las actividades de las distintas autoridades competentes en este ámbitoArtículo 5, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. La Comisión está presidida por el primer ministro y está compuesta por varios ministros y jefes de organismos gubernamentales, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad, el director del SNI, el comisario general de la Agencia Nacional de Policía y el presidente de la Comisión de Servicios FinancierosArtículo 3, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando se lleven a cabo investigaciones antiterroristas y se rastreen sospechosos de terrorismo para recabar la información o los materiales necesarios para las actividades de lucha contra el terrorismo, el director del SNI deberá informar al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo (es decir, el primer ministro)Artículo 9, apartado 4, de la Ley antiterrorista..Además, la Ley antiterrorista establece la figura del OPDH con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas contra las vulneraciones causadas por las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 7 de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por el presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo de entre las personas que reúnen las cualificaciones mencionadas en el Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista (es decir, cualquier persona cualificada como abogado con al menos diez años de experiencia laboral o con conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos y que trabaje o haya trabajado, al menos, como profesor asociado durante al menos diez años o que haya ejercido como funcionario público de rango superior en agencias estatales o Gobiernos locales, o con al menos diez años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, en una organización no gubernamental)Artículo 7, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por un período de dos años (con la posibilidad de renovar su mandato) y solo puede ser destituido por motivos específicos y limitados y por causa justificada, por ejemplo, cuando se le acuse en un proceso penal relacionado con sus funciones, cuando divulgue información confidencial o por incapacidad mental o física de larga duraciónArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista..En términos de competencias, el OPDH podrá formular recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos por parte de las agencias que participen en actividades de lucha contra el terrorismo y tramitar peticiones civiles (véase la sección 3.4.3)Artículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando pueda establecerse razonablemente la existencia de una vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones oficiales, el OPDH podrá recomendar al jefe de la agencia responsable que corrija dicha vulneraciónArtículo 9, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista. El OPDH decide de manera autónoma sobre la adopción de recomendaciones, pero debe informar de ellas al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo.. A su vez, la agencia responsable deberá informar al OPDH de las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendaciónArtículo 9, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Si una agencia no aplicara una recomendación del OPDH, el asunto se elevaría a la Comisión, incluido su presidente, el primer ministro. Hasta la fecha, no ha habido casos en los que no se hayan aplicado las recomendaciones del OPDH.3.3.2.La Asamblea NacionalComo se describe en la sección 2.3.2, la Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicas y, en ese contexto, solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigos. Con respecto a las cuestiones que son competencia del SNI, esta supervisión parlamentaria corre a cargo el Comité de Inteligencia de la Asamblea NacionalArtículo 36 y artículo 37, apartado 1, punto 16, de la Ley de la Asamblea Nacional.. El director del SNI, que supervisa el desempeño de las funciones de la agencia, informa al Comité de Inteligencia (así como al presidente)Artículo 18 de la Ley SNI.. El propio Comité de Inteligencia también podrá solicitar un informe sobre un asunto específico, y el director del SNI deberá responder sin demoraArtículo 15, apartado 2, de la Ley SNI.. Solo podrá negarse a responder o testificar ante el Comité de Inteligencia con respecto a secretos de Estado relativos a cuestiones militares, diplomáticas o relacionadas con Corea del Norte, cuando el conocimiento público pueda tener graves consecuencias para el destino nacionalArtículo 17, apartado 2, de la Ley SNI. Los secretos de Estado se definen como los hechos, bienes o conocimientos clasificados como secretos de Estado, cuyo acceso se permite a un número limitado de personas y que no se divulgarán a ningún otro país u organización, con el fin de evitar cualquier perjuicio grave para la seguridad nacional (véase el artículo 13, apartado 4, de la Ley SNI).. En este caso, el Comité de Inteligencia podrá solicitar una explicación al primer ministro. Si tal explicación no se presenta en el plazo de siete días a partir de la presentación de la solicitud, la respuesta o el testimonio ya no podrán denegarse.Si la Asamblea Nacional comprueba que ha habido actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea Nacional. Existen normas específicas relativas a la supervisión parlamentaria con respecto al uso de medidas de restricción de la comunicación (es decir, la recogida del contenido de las comunicaciones) con arreglo a la LPPCArtículo 15 de la LPPC.. Por lo que se refiere a esta última, la Asamblea Nacional podrá solicitar a los jefes de las agencias de inteligencia un informe sobre cualquier medida específica de restricción de la comunicación. Además, podrá llevar a cabo inspecciones in situ de los equipos de escuchas telefónicas. Por último, las agencias de inteligencia que hayan recogido y los operadores que hayan divulgado información sobre el contenido con fines de seguridad nacional deberán informar sobre dicha divulgación a petición de la Asamblea Nacional.3.3.3.La Comisión de Control e InspecciónLa CCI desempeña las mismas funciones de supervisión con respecto a las agencias de inteligencia que en el ámbito de la aplicación del Derecho penal (véase la sección 2.3.2)Al igual que en el caso del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, el director del SNI solo podrá negarse a responder a la CCI sobre cuestiones que constituyan secretos de Estado y si el conocimiento público pudiera tener graves consecuencias para la seguridad nacional (artículo 13, apartado 1, de la Ley SNI)..3.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalPor lo que se refiere al tratamiento de datos con fines de seguridad nacional, incluida la fase de recogida, la CPIP llevará a cabo una supervisión adicional. Como se explica con más detalle en la sección 1.2, esto incluye los principios y obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 58, apartado 4, de la LPIP, así como el ejercicio de los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP también abarca las posibles infracciones de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, tales como la LPPC, la Ley antiterrorista y la LST. Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de dichas leyes constituye una violación de la LPIP. Por lo tanto, la CPIP tiene la facultad de investigarArtículo 63 de la LPIP. las infracciones de las leyes que regulan el acceso a los datos con fines de seguridad nacional, así como de las normas de tratamiento establecidas en la LPIP, y de proporcionar asesoramiento para la mejora, imponer medidas correctoras, recomendar medidas disciplinarias y remitir posibles infracciones a las autoridades de investigación pertinentesArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP..3.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa supervisión por parte de la CNDH se aplica de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.3.2).3.4.Reparación individual3.4.1.Reparación ante el oficial de protección de los derechos humanosPor lo que se refiere a la recogida de información personal en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, el OPDH, establecido bajo los auspicios de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo, ofrece una vía de recurso específica. El OPDH tramita las peticiones civiles relacionadas con la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 8, apartado 1, punto 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Podrá recomendar medidas correctoras y la agencia correspondiente deberá informar al Oficial de cualquier medida adoptada para aplicar dicha recomendación. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante el OPDH. En consecuencia, el OPDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad.3.4.2.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada con fines de seguridad nacionalArtículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartados 1, 3 y 4, de la LPIP.. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse directamente ante la agencia de inteligencia o de manera indirecta a través de la CPIP. La agencia de inteligencia podrá retrasar, limitar o denegar el ejercicio del derecho en la medida y durante el tiempo necesarios y proporcionados para proteger un objetivo importante de interés público (por ejemplo, en la medida y durante el tiempo que la concesión del derecho ponga en peligro una investigación en curso o amenace la seguridad nacional) o cuando la concesión del derecho pueda atentar contra la vida o la integridad de un tercero. En caso de denegación o restricción de la solicitud, el particular debe ser informada sin demora de los motivos.Además, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la LPIP (obligación de garantizar la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales) y el artículo 4, apartado 5, de la LPIP (derecho a una reparación adecuada por cualquier daño o perjuicio derivado del tratamiento de información personal, mediante un procedimiento rápido y justo), los particulares tendrán derecho a obtener reparación. Esto incluye el derecho a denunciar una presunta infracción ante el Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de Corea y a presentar una reclamación ante la CPIPArtículos 62 y 63, apartado 2, de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal con fines de seguridad nacional como de la LPIP. Como se explica en la Nota n.o 2021-1, un ciudadano de la UE podrá presentar una reclamación ante la CPIP a través de su autoridad nacional de protección de datos. En este caso, la CPIP lo notificará a la persona a través de la autoridad nacional de protección de datos una vez finalizada la investigación (incluida, en su caso, la información sobre las medidas correctoras impuestas). Las decisiones o la inacción de la CPIP podrán ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales coreanos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo.3.4.3.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa posibilidad de obtener una reparación individual ante la CNDH se aplicará de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.4.2).3.4.4.Reparación judicialAl igual que en el caso de las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, los particulares podrán obtener reparación judicial contra las agencias de inteligencia con respecto a las infracciones de las limitaciones y salvaguardias antes mencionadas a través de distintas vías.En primer lugar, los particulares podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Ley de indemnización estatal. Por ejemplo, en un asunto, se concedió una indemnización en relación con la vigilancia ilícita por parte del Comando de Apoyo a la Defensa (predecesor del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa)Resolución n.o 96Da42789 del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 1998..En segundo lugar, la Ley de lo contencioso-administrativo permite a los particulares impugnar las disposiciones y omisiones de los organismos administrativos, incluidas las agencias de inteligenciaArtículos 3 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo..Por último, los particulares podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por las agencias de inteligencia sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional.
Lee Jung Soo
Director general, Ministerio de Justicia
L0442022ES110120211217ES0001.00036919022Marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacionalEl presente documento ofrece una visión general del marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacional (en lo sucesivo, acceso por parte de las autoridades públicas), en particular en lo que respecta a las bases jurídicas disponibles, las condiciones (limitaciones) y las salvaguardias aplicables, así como la supervisión independiente y las posibilidades de reparación individual.1.PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES PERTINENTES PARA EL ACCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS1.1.Marco constitucionalLa Constitución de la República de Corea establece el derecho a la privacidad en general (artículo 17) y, en particular, el derecho a la privacidad de la correspondencia (artículo 18). Es obligación del Estado garantizar estos derechos fundamentalesArtículo 10 de la Constitución de la República de Corea, promulgada el 17 de julio de 1948 (en lo sucesivo, la Constitución).. La Constitución estipula asimismo que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden ser restringidos por ley y cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para el mantenimiento del orden público en interés del bienestar públicoArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Incluso cuando se impongan tales restricciones, estas no pueden afectar al contenido esencial de las libertades o de los derechosArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Los órganos jurisdiccionales coreanos han aplicado estas disposiciones en asuntos relativos a la interferencia de las autoridades públicas con la privacidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que la vigilancia de los ciudadanos vulneraba el derecho fundamental a la privacidad, al hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a la autodeterminación de la información personalResolución n.o 96DA42789 del Tribunal Supremo de Corea, de 24 de julio de 1998.. En otro asunto, el Tribunal Constitucional declaró que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que brinda protección contra la intervención en la vida privada de los ciudadanos y su vigilancia por parte del EstadoResolución n.o 2002Hun-Ma51 del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 2003. Del mismo modo, en la Resolución 99Hun-Ma513 y 2004Hun-Ma190 (consolidada), de 26 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional aclaró que el derecho a controlar la propia información personal es un derecho de la persona a quien concierne la información para decidir personalmente cuándo y en qué medida se divulgará o utilizará su información, a quién se divulgará y quién podrá efectuar la divulgación o usar la información. Es un derecho fundamental, aunque no se especifique en la Constitución, destinado a proteger la libertad de decisión personal frente al riesgo causado por la ampliación de las funciones estatales y las tecnologías de infocomunicación..La Constitución coreana garantiza asimismo que ninguna persona será arrestada, detenida, registrada o interrogada, ni se incautarán bienes, salvo en los casos previstos por la leyArtículo 12, apartado 1, primera frase, de la Constitución.. Además, los registros e incautaciones solo pueden llevarse a cabo sobre la base de una orden emitida por un juez, a petición de un fiscal, y respetando las garantías procesalesArtículo 16 y artículo 12, apartado 3, de la Constitución.. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando se detenga a una persona sospechosa en el momento de la comisión de un delito (delito flagrante), o cuando exista el riesgo de que una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o más pueda escapar o destruir pruebas, las autoridades de investigación podrán llevar a cabo un registro o una incautación sin una orden, que deberán solicitar posteriormenteArtículo 12, apartado 3, de la Constitución.. Estos principios generales se desarrollan aún más en leyes específicas relativas al procedimiento penal y a la protección de las comunicaciones (véase más adelante para tener una visión de conjunto detallada).Con respecto a los extranjeros, la Constitución establece que su condición está garantizada según lo dispuesto por el Derecho y los tratados internacionalesArtículo 6, apartado 2, de la Constitución.. Varios acuerdos internacionales de los que Corea es parte garantizan los derechos de privacidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 22) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Además, si bien la Constitución hace referencia, en principio, a los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que también los extranjeros son titulares de derechos fundamentalesResolución n.o 93Hun-MA120 del Tribunal Constitucional, de 29 de diciembre de 1994. Véase también, por ejemplo, la resolución n.o 2014Hun-Ma346 del Tribunal Constitucional (de 31 de mayo de 2018), en la que el Tribunal dictaminó que se había vulnerado el derecho constitucional de un nacional sudanés detenido en el aeropuerto a recibir asistencia letrada. En otro asunto, el Tribunal Constitucional dictaminó que la libertad de elegir el lugar de trabajo está estrechamente relacionada con el derecho a buscar la felicidad, así como con la dignidad y el valor humanos, por lo que no está reservada únicamente a los ciudadanos, sino que también puede garantizarse a los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Corea (Resolución n.o 2007Hun-Ma1083 del Tribunal Constitucional, de 29 de septiembre de 2011).. En particular, el Tribunal sostuvo que la protección de la dignidad y el valor de una persona como ser humano, así como el derecho a buscar la felicidad, son derechos de todo ser humano, no solo de los ciudadanosResolución n.o 99HeonMa494 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. El Tribunal también aclaró que el derecho a controlar la propia información se considera un derecho fundamental, basado en el derecho a la dignidad y a buscar la felicidad, así como en el derecho a la vida privadaVéase, por ejemplo, la Resolución n.o 99HunMa513 del Tribunal Constitucional.. Aunque hasta ahora la jurisprudencia no se ha ocupado específicamente del derecho a la privacidad de los nacionales no coreanos, es ampliamente aceptado entre los académicos que los artículos 12 a 22 de la Constitución (que abarcan el derecho a la privacidad y a la libertad personal) establecen los derechos de los seres humanos.Por último, la Constitución también prevé el derecho a reclamar una indemnización justa a las autoridades públicasArtículo 29, apartado 1, de la Constitución.. Además, sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional..1.2.Normas generales de protección de datosLa ley general de protección de datos de la República de Corea, la Ley sobre la protección de la información personal (en lo sucesivo, LPIP), se aplica tanto al sector público como al privado. Con respecto a las autoridades públicas, la LPIP hace referencia específica a la obligación de formular políticas para prevenir el abuso y el uso indebido de la información personal, la vigilancia indiscreta y el seguimiento, etc. y mejorar la dignidad de los seres humanos y la privacidad individualArtículo 5, apartado 1, de la LPIP..El tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación de la ley está sujeto a todos los requisitos de la LPIP. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal deben cumplir las obligaciones de tratamiento lícito, es decir, basarse en una de las bases jurídicas mencionadas en la LPIP para la recogida, la utilización o el suministro de información personal (artículos 15 a 18 de la LPIP), así como los principios de limitación de la finalidad (artículo 3, apartados 1 y 2, de la LPIP), proporcionalidad/minimización de los datos (artículo 3, apartados 1 y 6, de la LPIP), conservación limitada de los datos (artículo 21 de la LPIP), seguridad de los datos, incluida la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos (artículo 3, apartado 4, y artículos 29 y 34 de la LPIP) y transparencia (artículo 3, apartados 1 y 5, y artículos 20, 30 y 32 de la LPIP). Se aplican salvaguardias específicas con respecto a la información sensible (artículo 23 de la LPIP). Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y los artículos 4 y 35 a 39-2 de la LPIP, los particulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión ante las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.Por tanto, si bien la LPIP es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, contiene una excepción cuando los datos personales se tratan con fines de seguridad nacional. De conformidad con el artículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP, los artículos 15 a 50 de la LPIP no se aplicarán a la información personal recogida o solicitada para el análisis de información relacionada con la seguridad nacionalArtículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP.. Por el contrario, el capítulo I (Disposiciones generales), el capítulo II (Establecimiento de políticas de protección de la información personal, etc.), el capítulo VIII (Demandas colectivas por violación de la seguridad de los datos), el capítulo IX (Disposiciones complementarias) y el capítulo X (Disposiciones sobre sanciones) de la LPIP seguirán siendo de aplicación. Esto abarca los principios generales de protección de datos establecidos en el artículo 3 (Principios de protección de la información personal) y los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP (Derechos de los interesados). Esto significa que los principios y derechos fundamentales también están garantizados en este ámbito. Además, el artículo 58, apartado 4, de la LPIP establece que dicha información deberá tratarse en la medida mínima necesaria para alcanzar la finalidad perseguida y por el período mínimo; también exige que el responsable del tratamiento de información personal establezca las medidas necesarias para garantizar una gestión segura de los datos y un tratamiento adecuado, tales como salvaguardias técnicas, físicas y administrativas, así como medidas para la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales.En la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, la CPIP) aclara con mayor detalle cómo se aplica la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional, a la luz de esta exención parcialNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 6.. Esto comprende, en particular, los derechos de las personas (acceso, rectificación, suspensión y supresión) y los motivos y las limitaciones de posibles restricciones de los mismos. De acuerdo con la Nota, la aplicación de los principios, los derechos y las obligaciones fundamentales de la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional refleja las garantías previstas por la Constitución para la protección del derecho de un particular a controlar su propia información personal. Toda restricción a ese derecho, por ejemplo, cuando resulte necesaria para la protección de la seguridad nacional, requiere encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses del particular y el interés público pertinente y no puede afectar al contenido esencial del derecho (artículo 37, apartado 2, de la Constitución).2.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS A EFECTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY2.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito del control del cumplimiento de la leySobre la base de la Ley de enjuiciamiento criminal (en lo sucesivo, LEC), la Ley sobre la protección de la privacidad de las comunicaciones (en lo sucesivo, LPPC) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, LST), la policía, los fiscales y los órganos jurisdiccionales podrán recoger datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal. En la medida en que la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia también confiera esta facultad al Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, SNI), este deberá cumplir las leyes antes mencionadasVéase el artículo 3 de la Ley SNI (Ley n.o 12948), que hace referencia a las investigaciones penales de determinados delitos, tales como la insurrección, la rebelión y los delitos relacionados con la seguridad nacional (por ejemplo, el espionaje). Los procedimientos de la LEC en materia de registros e incautaciones se aplicarían en este contexto, mientras que la LPPC regiría la recogida de datos de comunicaciones (véase la parte 3 sobre las disposiciones relativas al acceso a las comunicaciones con fines de seguridad nacional).. Por último, la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, LCUIETF) proporciona una base jurídica para que las instituciones financieras revelen información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (en lo sucesivo, UIFC) con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo especializado podrá, a su vez, facilitar dicha información a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas obligaciones de divulgación solo se aplican a los responsables del tratamiento de datos que tratan información crediticia personal de conformidad con la Ley de información crediticia y están sujetos a la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros. Dado que el tratamiento de información crediticia personal por parte de dichos responsables está excluido del ámbito de aplicación de la decisión de adecuación, las limitaciones y salvaguardias aplicables en virtud de la LCUIETF no se describen con más detalle en el presente documento.2.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LEC (véase 2.2.1), la LPPC (véase 2.2.2) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (véase 2.2.3) proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal a efectos de control de la aplicación de la ley y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicables.2.2.1.Registros e incautaciones2.2.1.1.Base jurídicaLos fiscales y los agentes de alto rango de la policía judicial solo podrán inspeccionar objetos, registrar a personas o incautarse de objetos si 1) una persona es sospechosa de haber cometido un delito (un sospechoso), 2) la investigación así lo requiere y 3) se considera que los objetos por inspeccionar, las personas por registrar y los objetos por incautar están relacionados con el asuntoArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. Del mismo modo, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo registros e incautarse de cualquier objeto que deba ser utilizado como prueba o ser decomisado, siempre que se considere que dichos objetos o personas están relacionados con un asunto concretoArtículo 106, apartado 1, y artículos 107 y 109 de la LEC..2.2.1.2.Limitaciones y salvaguardiasComo obligación general, los fiscales y los agentes de la policía judicial deberán respetar los derechos humanos del sospechoso, así como los de cualquier otra persona afectadaArtículo 198, apartado 2, de la LEC.. Además, solo podrán adoptarse medidas obligatorias para alcanzar el objetivo de la investigación cuando así lo disponga explícitamente la LEC y en la menor medida necesariaArtículo 199, apartado 1, de la LEC..Los registros, las inspecciones o las incautaciones por parte de agentes de policía o fiscales en el marco de una investigación penal solo podrán llevarse a cabo sobre la base de una orden judicialArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. La autoridad que solicite una orden deberá presentar materiales que demuestren los motivos para sospechar que una persona ha cometido un delito, que el registro, la inspección o la incautación son necesarios y que existen los objetos pertinentes que deben incautarseArtículo 108, apartado 1, del Reglamento de procedimiento penal.. En cuanto a la orden, esta debe contener, entre otras cosas, el nombre del sospechoso y el delito; el lugar, la persona o los objetos que se vayan a registrar o los objetos que se vayan a incautar; la fecha de emisión; y el período efectivo de aplicaciónArtículo 114, apartado 1, de la LEC, en relación con su artículo 219.. Del mismo modo, cuando, en el marco de un procedimiento judicial en curso, los registros e incautaciones se lleven a cabo fuera de una audiencia pública, deberá obtenerse previamente una orden judicialArtículo 113 de la LEC.. El particular de que se trate y su abogado defensor serán informados con antelación del registro o la incautación y podrán estar presentes en el momento de la ejecución de la ordenArtículos 121 y 122 de la LEC..En principio, a la hora de llevar a cabo registros o incautaciones y cuando el objeto por registrar sea un disco de ordenador u otro soporte de almacenamiento de datos, solo se incautarán los propios datos (copiados o impresos) en lugar de todo el soporteArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. El propio soporte de almacenamiento de datos solo podrá ser incautado cuando se considere sustancialmente imposible imprimir o copiar los datos necesarios por separado o cuando se considere que es sustancialmente impracticable lograr el objetivo del registro de otra maneraArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. La incautación deberá notificarse sin demora al particular de que se trateArtículo 219 de la LEC, en relación con su artículo 106, apartado 4.. No hay excepciones a este requisito de notificación con arreglo a la LEC.Los registros, las inspecciones y las incautaciones sin una orden solo podrán tener lugar en situaciones limitadas. En primer lugar, este es el caso cuando resulta imposible obtener una orden debido a la urgencia en el lugar de una infracciónArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. No obstante, debe obtenerse una orden posteriormente y sin demoraArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. En segundo lugar, los registros y las inspecciones sin una orden podrán tener lugar in loco cuando se arreste o se detenga a un sospechosoArtículo 216, apartados 1 y 2, de la LEC.. Por último, un fiscal o un alto funcionario de la policía judicial podrá incautarse de un objeto sin una orden cuando el objeto haya sido desechado por un sospechoso o un tercero o se haya presentado voluntariamenteArtículo 218 de la LEC. Por lo que se refiere a la información personal, esto solo abarca la presentación voluntaria por parte del particular de que se trate, no por un responsable del tratamiento que posea dicha información (lo cual requeriría una base jurídica específica con arreglo a la Ley sobre la protección de la información personal). Los objetos presentados voluntariamente solo se admitirán como pruebas en procedimientos judiciales si no existen dudas razonables acerca del carácter voluntario de la divulgación, lo cual debe demostrar el fiscal. Véase la Resolución n.o 2013Do11233 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016..Las pruebas obtenidas en violación de la LEC se considerarán inadmisiblesArtículo 308-2 de la LEC.. Además, la Ley penal establece que los registros ilícitos de personas o de su lugar de residencia, edificios vigilados, estructuras, automóviles, buques, aeronaves o habitaciones ocupadas son punibles con una pena de prisión de un máximo de tres añosArtículo 321 de la Ley penal.. Por consiguiente, esta disposición también se aplica cuando se incautan objetos, tales como dispositivos de almacenamiento de datos, durante un registro ilícito.2.2.2.Recogida de información sobre las comunicaciones2.2.2.1.Base jurídicaLa recogida de información sobre las comunicaciones se rige por una ley específica, la LPPC. En particular, la LPPC establece la prohibición de censurar cualquier correo, realizar escuchas de cualquier telecomunicación, facilitar datos de confirmación de la comunicación, grabar o escuchar cualquier conversación entre otras personas que no se haga pública, salvo sobre la base de la LEC, la LPPC o la Ley de tribunales militaresArtículo 3 de la LPPC. En principio, la Ley de tribunales militares regula la recogida de información sobre el personal militar y solo puede aplicarse a civiles en un número limitado de casos (por ejemplo, si el personal militar y los civiles cometen un delito conjuntamente o si una persona comete un delito contra el ejército, puede incoarse un procedimiento ante un tribunal militar, véase el artículo 2 de la Ley de tribunales militares). Las disposiciones generales que regulan los registros e incautaciones son similares a las de la LEC, véanse, por ejemplo, los artículos 146 a 149 y 153 a 156 de la Ley de tribunales militares. Por ejemplo, el correo postal solo podrá recogerse cuando sea necesario para una investigación y sobre la base de una orden de un tribunal militar. En la medida en que se recojan comunicaciones electrónicas, se aplicarán las limitaciones y salvaguardias de la LPPC.. El término comunicación en el sentido de la LPPC abarca tanto el correo ordinario como las telecomunicacionesArtículo 2, apartado 1, de la LPPC, es decir, la transmisión o recepción de todo tipo de sonidos, palabras, símbolos o imágenes por cable, de manera inalámbrica, por cable de fibra u otro sistema electromagnético, en particular el teléfono, el correo electrónico, los servicios de información de afiliación, el fax y la radiobúsqueda.. A este respecto, la LPPC distingue entre medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 2, apartado 7, y artículo 3, apartado 2, de la LPPC. y la recogida de datos de confirmación de la comunicación.El concepto de medidas de restricción de la comunicación abarca la censura, por ejemplo, la recogida del contenido del correo postal tradicional y las escuchas telefónicas, es decir, la interceptación directa (adquisición o grabación) del contenido de las telecomunicacionesPor censura se entiende la apertura del correo sin el consentimiento de la parte afectada o la adquisición de conocimiento, la grabación o la retención de su contenido por otros medios (artículo 2, apartado 6, de la LPPC). Por escuchas telefónicas se entiende la adquisición o la grabación del contenido de las telecomunicaciones mediante escucha o lectura colectiva de sonidos, palabras, símbolos o imágenes de las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos o mecánicos sin el consentimiento de la parte afectada o la interferencia con su transmisión y recepción (artículo 2, apartado 7, de la LPPC).. El concepto de datos de confirmación de la comunicación abarca los datos sobre los registros de telecomunicaciones, que incluyen la fecha de las telecomunicaciones, su hora de inicio y fin, el número de llamadas salientes y entrantes, así como el número de abonados de la otra parte, la frecuencia de uso, los archivos de registro sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones y la información sobre la ubicación (por ejemplo, de torres de transmisión en las que se reciben las señales)Artículo 2, apartado 11, de la LPPC..La LPPC establece las limitaciones y salvaguardias para la recogida de ambos tipos de datos, y el incumplimiento de varios de estos requisitos está sujeto a sanciones penalesArtículos 16 y 17 de la LPPC. Esto se aplica, por ejemplo, a la recogida sin una orden, a la falta de mantenimiento de registros, a la no interrupción de la recogida cuando deja de existir una emergencia o a la falta de notificación al particular de que se trate..2.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones (medidas de restricción de la comunicación)La recogida del contenido de las comunicaciones solo podrá tener lugar como medio complementario para facilitar una investigación penal (es decir, como medida de último recurso) y deberán hacerse esfuerzos para minimizar la interferencia con los secretos de las comunicaciones de las personasArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. En consonancia con este principio general, solo podrán aplicarse medidas de restricción de la comunicación cuando sea difícil impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar las pruebasArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. Los organismos encargados de la aplicación de la ley que recojan el contenido de las comunicaciones deberán dejar de hacerlo inmediatamente una vez que el acceso continuo ya no se considere necesario, garantizando así que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones sea lo más limitada posibleArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Además, las medidas de restricción de la comunicación solo podrán utilizarse cuando existan razones fundadas para sospechar que se están planificando, se están cometiendo o se han cometido determinados delitos graves mencionados específicamente en la LPPC. Entre ellos se incluyen delitos como la insurrección, los delitos relacionados con las drogas o con explosivos, así como los relacionados con la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o las bases e instalaciones militaresArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. El objeto de una medida de restricción de la comunicación deben ser envíos postales o telecomunicaciones específicos enviados o recibidos por el sospechoso, o envíos postales o telecomunicaciones enviados o recibidos por el sospechoso durante un período de tiempo determinadoArtículo 5, apartado 2, de la LPPC..Incluso cuando se cumplan estos requisitos, la recogida de datos de contenido solo podrá llevarse a cabo sobre la base de una orden judicial. En particular, un fiscal puede pedir al órgano jurisdiccional que permita la recogida de datos de contenido relativos al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 1, de la LPPC.. Del mismo modo, un agente de la policía judicial podrá solicitar autorización a un fiscal, quien, a su vez, podrá solicitar una orden judicialArtículo 6, apartado 2, de la LPPC.. La solicitud de una orden deberá hacerse por escrito y contener elementos específicos. En particular, deberá presentar 1) las razones fundadas para sospechar que uno de los delitos listados está previsto, se está cometiendo o se ha cometido, así como cualquier material que demuestre que hay un caso de sospecha aparente; 2) las medidas de restricción de la comunicación, así como su objeto, alcance, objetivo y período efectivo; y 3) el lugar en el que se ejecutarían las medidas y cómo se llevarían a caboArtículo 6, apartado 4, de la LPPC y artículo 4, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando se cumplan los requisitos legales, el órgano jurisdiccional podrá autorizar por escrito la aplicación de medidas de restricción de la comunicación con respecto al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 5, y artículo 6, apartado 8, de la LPPC.. Esta orden especificará los tipos de medidas, así como su objeto, alcance, período efectivo, lugar de ejecución y la manera en que deben llevarse a caboArtículo 6, apartado 6, de la LPPC..Las medidas de restricción de la comunicación solo podrán llevarse a cabo durante un período de dos mesesArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. Si el objetivo de las medidas se alcanza antes dentro de ese período, las medidas deben interrumpirse de inmediato. Por el contrario, si se siguen cumpliendo las condiciones necesarias, podrá presentarse una solicitud para prorrogar el período efectivo de las medidas de restricción de la comunicación dentro del plazo de dos meses. Dicha solicitud deberá contener materiales que justifiquen prima facie la prórroga de las medidasArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. El período prolongado no podrá superar un total de un año, o de tres años en el caso de determinados delitos especialmente graves (por ejemplo, delitos relacionados con la insurrección, agresiones extranjeras, la seguridad nacional, etc.)Artículo 6, apartado 8, de la LPPC..Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán exigir la asistencia de los operadores de comunicaciones proporcionándoles la autorización escrita del tribunalArtículo 9, apartado 2, de la LPPC.. Los operadores de comunicaciones deberán cooperar y conservar la autorización recibida en sus archivosArtículo 15-2 de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Podrán negarse a cooperar cuando la información sobre la persona en cuestión indicada en la autorización escrita del tribunal (por ejemplo, el número de teléfono de la persona) sea incorrecta. Además, tienen prohibido, en cualquier circunstancia, revelar las contraseñas utilizadas para las telecomunicacionesArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Toda persona que ejecute medidas de restricción de la comunicación o a quien se le solicite cooperar deberá llevar registros en los que se especifiquen los objetivos de las medidas, su ejecución, la fecha en que se prestó la cooperación y el objetoArtículo 9, apartado 3, de la LPPC.. Las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley que apliquen medidas de restricción de la comunicación también deberán mantener registros en los que se expongan los detalles y los resultados obtenidosArtículo 18, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Los agentes de la policía judicial deberán facilitar al fiscal esta información mediante un informe cuando cierren una investigaciónArtículo 18, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando un fiscal formule una acusación con respecto a un asunto en el que se hayan utilizado medidas de restricción de la comunicación o adopte una disposición de no acusar o detener al particular en cuestión (es decir, no solo una suspensión del enjuiciamiento), el fiscal deberá notificar al particular sujeto a las medidas de restricción de la comunicación el hecho de que se han ejecutado tales medidas, el organismo de ejecución y el período de ejecución. Dicha notificación deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días a partir de la disposiciónArtículo 9-2, apartado 1, de la LPPC.. La notificación podrá aplazarse cuando pueda poner en grave peligro la seguridad nacional o perturbar la seguridad y el orden públicos, o cuando pueda atentar gravemente contra la vida y la integridad física de tercerosArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. Cuando se tenga intención de aplazar la notificación, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán obtener la aprobación del jefe de la Fiscalía de distritoArtículo 9-2, apartado 5, de la LPPC.. Una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..La LPPC también establece un procedimiento específico para la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia. En particular, los organismos encargados de la aplicación de la ley podrán recoger el contenido de las comunicaciones en caso de que sea inminente la planificación o ejecución de delincuencia organizada u otro delito grave que pueda causar directamente la muerte o lesiones graves, y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento ordinario (tal como se ha indicado anteriormente)Artículo 8, apartado 1, de la LPPC.. En tal situación de emergencia, el agente de policía o el fiscal podrán adoptar medidas de restricción de la comunicación sin previa autorización judicial, pero deberán solicitar dicha autorización inmediatamente después de la ejecución. Si el organismo encargado de la aplicación de la ley no obtiene la autorización judicial en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se llevaron a cabo las medidas de emergencia, la recogida deberá interrumpirse de inmediato, y esto normalmente irá seguido de la destrucción de la información recogidaArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. Los agentes de policía que lleven a cabo una vigilancia de emergencia lo harán bajo el control de un fiscal o, si resultase imposible recibir las instrucciones del fiscal por adelantado debido a la necesidad de actuar con urgencia, la policía deberá obtener la autorización de un fiscal inmediatamente después de comenzar la ejecuciónArtículo 8, apartado 3, de la LPPC y artículo 16, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las normas sobre la notificación al particular descritas anteriormente también se aplican a la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia.La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la autoridad que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC.. La solicitud a un órgano jurisdiccional de que autorice las medidas de emergencia deberá ir acompañada de un documento escrito en el que se indiquen las medidas necesarias de restricción de la comunicación, el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución, el método y una explicación de la manera en que las medidas pertinentes de restricción de la comunicación cumplen el artículo 5, apartado 1, de la LPPCEs decir, que existe una razón fundada para sospechar que se están planificando o cometiendo determinados delitos graves, o que se han cometido, y que es impracticable impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas., junto con los documentos justificativos.En los casos en que las medidas de emergencia se completen en poco tiempo, descartando así la autorización judicial (por ejemplo, si el sospechoso es detenido inmediatamente después de iniciar la interceptación, que, por consiguiente, se interrumpe), el jefe de la Fiscalía competente enviará una notificación de las medidas de emergencia al órgano jurisdiccional competenteArtículo 8, apartado 5, de la LPPC.. La notificación deberá indicar el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de recogida, así como los motivos para no presentar una solicitud de autorización judicialArtículo 8, apartados 6 y 7, de la LPPC.. Esta notificación permite al órgano jurisdiccional receptor examinar la legalidad de la recogida y deberá introducirse en un registro de notificaciones de medidas de emergencia.Como requisito general, el contenido de las comunicaciones adquiridas mediante la aplicación de medidas de restricción de la comunicación sobre la base de la LPPC solo podrá utilizarse para investigar, enjuiciar o prevenir los delitos específicos mencionados anteriormente, en procedimientos disciplinarios por los mismos delitos, una reclamación por daños y perjuicios presentada por una parte de las comunicaciones o cuando así lo permitan otras leyesArtículo 12 de la LPPC..Cuando se recojan telecomunicaciones transmitidas por internet, se aplicarán salvaguardias específicasArtículo 12-2 de la LPPC.. Dicha información solo podrá utilizarse para investigar los delitos graves mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la LPPC. Para conservar la información, deberá obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicaciónEl fiscal o el agente de policía que ejecute las medidas de restricción de la comunicación deberá seleccionar las telecomunicaciones por conservar en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas y solicitar una autorización judicial (en el caso de un agente de policía, la solicitud deberá presentarse a un fiscal, quien, a su vez, presentará la solicitud al órgano jurisdiccional), véase el artículo 12-2, apartados 1 y 2, de la LPPC.. Las solicitudes de conservación deberán contener información sobre las medidas de restricción de la comunicación, un resumen de los resultados de las medidas, los motivos de la conservación (junto con materiales de apoyo) y las telecomunicaciones por conservarArtículo 12-2, apartado 3, de la LPPC.. A falta de tal solicitud, las telecomunicaciones adquiridas deberán suprimirse en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Si se rechaza una solicitud, las telecomunicaciones deberán destruirse en un plazo de siete díasArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Cuando se supriman las telecomunicaciones, deberá presentarse un informe en un plazo de siete días ante el órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicación, indicando los motivos de la supresión, así como los detalles y el momento en que se realizó.De manera más general, si la información se obtuvo de manera ilícita a través de medidas de restricción de la comunicación, no se admitirá como prueba en procedimientos judiciales o disciplinariosArtículo 4 de la LPPC.. Asimismo, la LPPC prohíbe a toda persona que adopte medidas de restricción de la comunicación divulgar información confidencial obtenida durante la aplicación de tales medidas y utilizar la información obtenida para dañar la reputación de las personas sujetas a las medidasArtículo 11, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..2.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información de confirmación de la comunicaciónSobre la base de la LPPC, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley podrán solicitar a los operadores de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o ejecutar una penaArtículo 13, apartado 1, de la LPPC.. A diferencia de la recogida de datos de contenido, la posibilidad de recoger datos de confirmación de la comunicación no se limita a determinados delitos específicos. Sin embargo, como ocurre con los datos de contenido, la recogida de los datos de confirmación de la comunicación requiere la previa autorización escrita de un órgano jurisdiccional, con sujeción a las mismas condiciones descritas anteriormenteArtículos 13 y 6 de la LPPC.. Cuando por motivos de urgencia resulte imposible obtener la autorización judicial, los datos de confirmación de la comunicación podrán recogerse sin una orden, en cuyo caso deberá obtenerse la autorización inmediatamente después de solicitar los datos y deberá comunicarse al proveedor de telecomunicacionesArtículo 13, apartado 2, de la LPPC. Al igual que en el caso de las medidas urgentes de restricción de la comunicación, deberá elaborarse un documento en el que se expongan los detalles del caso (el sospechoso, las medidas por adoptar, el presunto delito y la urgencia). Véase el artículo 37, apartado 5, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Si no se obtiene una autorización posterior, la información recogida deberá destruirseArtículo 13, apartado 3, de la LPPC..Los fiscales, los agentes de la policía judicial y los órganos jurisdiccionales deberán mantener registros de las solicitudes de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13, apartados 5 y 6, de la LPPC.. Además, los proveedores de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Ciencia y TIC sobre la divulgación de datos de confirmación de la comunicación dos veces al año y mantener registros al respecto durante siete años a partir de la fecha en que se hayan divulgado los datosArtículo 13, apartado 7, de la LPPC..En principio, los particulares serán notificados del hecho de que se han recogido datos de confirmación de la comunicaciónVéase el artículo 13-3, apartado 7, en relación con el artículo 9-2 de la LPPC.. El momento para realizar dicha notificación dependerá de las circunstancias de la investigaciónArtículo 13-3, apartado 1, de la LPPC.. Una vez que se haya tomado una decisión de (no) enjuiciar, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días. Por el contrario, en caso de suspensión de la acusación, la notificación deberá enviarse en el plazo de treinta días transcurrido un año desde que se haya adoptado tal decisión. En cualquier caso, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días transcurrido un año desde la recogida de la información.La notificación podrá aplazarse si puede 1) poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad y el orden públicos, 2) causar la muerte o lesiones corporales, 3) impedir un procedimiento judicial justo (por ejemplo, dar lugar a la destrucción de pruebas o a amenazas a los testigos) o 4) difamar al sospechoso, a las víctimas o a otras personas relacionadas con el asunto o invadir su privacidadArtículo 13-3, apartado 2, de la LPPC.. El aplazamiento de la notificación por alguno de los motivos mencionados requiere la autorización del director de una fiscalía de distrito competenteArtículo 13-3, apartado 3, de la LPPC.. Cuando dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 13-3, apartado 4, de la LPPC..Las personas notificadas podrán presentar una solicitud por escrito al fiscal o al agente de la policía judicial en relación con los motivos de la recogida de los datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13-3, apartado 5, de la LPPC.. En tal caso, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán exponer los motivos por escrito en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, a menos que se aplique uno de los motivos mencionados anteriormente (excepciones para el aplazamiento de la notificación)Artículo 13-3, apartado 6, de la LPPC..2.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesEl artículo 83, apartado 3, de la LST permite a los operadores de telecomunicaciones acceder voluntariamente a una solicitud (formulada en apoyo de un proceso penal, una investigación o la ejecución de una pena) de un órgano jurisdiccional, un fiscal o el jefe de un órgano de investigación de divulgar datos de comunicaciones. En el contexto de la LST, los datos de comunicaciones abarcan el nombre, el número de registro de residente, la dirección y el número de teléfono de los usuarios, las fechas de suscripción o cancelación de la suscripción de los usuarios, así como los códigos de identificación de los usuarios (es decir, los códigos utilizados para identificar al usuario legítimo de sistemas informáticos o redes de comunicación)Artículo 83, apartado 3, de la LST.. A efectos de la LST, solo se consideran usuarios los particulares que contraten servicios directamente de un proveedor de telecomunicaciones coreanoArtículo 2, apartado 9, de la LST.. En consecuencia, es probable que las situaciones en que los ciudadanos de la UE cuyos datos se hayan transferido a la República de Corea se consideren usuarios con arreglo a la LST sean muy limitadas, ya que estas personas normalmente no celebran un contrato directo con un operador de telecomunicaciones coreano.Las solicitudes para obtener datos de comunicaciones sobre la base de la LST deberán hacerse por escrito e indicar los motivos de la solicitud, el vínculo con el usuario pertinente y el alcance de los datos solicitadosArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Cuando sea imposible presentar una solicitud por escrito debido a la urgencia, la solicitud escrita deberá presentarse tan pronto como desaparezca el motivo de la urgenciaArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Los operadores de telecomunicaciones que accedan a solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones deberán conservar libros que contengan registros que indiquen que se han facilitado datos de comunicaciones, así como los materiales relacionados, tales como la solicitud escritaArtículo 83, apartado 5, de la LST.. Además, los operadores de telecomunicaciones deberán informar al ministro de Ciencia y TIC sobre el suministro de datos de comunicaciones dos veces al añoArtículo 83, apartado 6, de la LST..Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a acceder a las solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones en virtud de la LST. Por tanto, el operador deberá evaluar cada solicitud a la luz de los requisitos aplicables de protección de datos con arreglo a la LPIP. En particular, un operador de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..En 2016, el Tribunal Supremo confirmó que el suministro voluntario de datos de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones sin una orden, con arreglo a la LST, no vulnera, como tal, el derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones a la autodeterminación en materia de información. Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que tal vulneración se produciría si resulta evidente que la agencia solicitante abusó de su autoridad para solicitar la divulgación de datos de comunicaciones, vulnerando así los intereses de la persona afectada o de un terceroResolución n.o 2012Da105482 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016.. De manera más general, toda solicitud de divulgación voluntaria por parte de una autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley deberá respetar los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2).2.3.SupervisiónLa supervisión de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, tanto de manera interna como por órganos externos.2.3.1.Auditoría internaDe conformidad con la Ley de auditorías del sector público, se anima a las autoridades públicas a crear un organismo de auditoría interna, que se encargue, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de la legalidadArtículos 3 y 5 de la Ley de auditorías del sector público.. Debe garantizarse la independencia de los jefes de tales organismos de auditoría en la mayor medida posibleArtículo 7 de la Ley de auditorías del sector público.. Más concretamente, son nombrados desde fuera de la autoridad competente (por ejemplo, antiguos jueces o profesores) por un período de dos a cinco años y solo pueden ser destituidos por razones justificadas (por ejemplo, cuando no puedan ejercer sus funciones debido a un trastorno mental o físico o cuando estén sujetos a medidas disciplinarias)Artículos 8 a 11 de la Ley de auditorías del sector público.. Del mismo modo, los auditores son nombrados sobre la base de las condiciones específicas establecidas en la LeyArtículos 16 y siguientes de la Ley de auditorías del sector público.. Los informes de auditoría podrán incluir recomendaciones o solicitudes de compensación o corrección, así como amonestaciones y recomendaciones o solicitudes de medidas disciplinariasArtículo 23, apartado 2, de la Ley de auditorías del sector público.. Se notifican al jefe de la autoridad pública objeto de la auditoría, así como a la Comisión de Control e Inspección (véase la sección 2.3.2) en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de la auditoríaArtículo 23, apartado 1, de la Ley de auditorías del sector público.. La autoridad en cuestión deberá aplicar las medidas necesarias e informar de los resultados a la Comisión de Control e InspecciónArtículo 23, apartado 3, de la Ley de auditorías del sector público.. Además, los resultados de las auditorías suelen ponerse a disposición del públicoArtículo 26 de la Ley de auditorías del sector público.. La negativa u obstrucción de una auditoría interna está sujeta a multas administrativasArtículo 41 de la Ley de auditorías del sector público.. En el ámbito de la aplicación del Derecho penal, para cumplir la legislación antes mencionada, la Agencia Nacional de Policía cuenta con un sistema de Inspecciones Generales para llevar a cabo auditorías internas, incluso con respecto a posibles vulneraciones de los derechos humanosVéanse, en particular, las divisiones bajo la Dirección General de Auditoría e Inspección: https://www.police.go.kr/eng/knpa/org/org01.jsp..2.3.2.La Comisión de Control e InspecciónLa Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, CCI) podrá inspeccionar las actividades de las autoridades públicas y, sobre la base de dichas inspecciones, formular recomendaciones, solicitar medidas disciplinarias o presentar una denuncia penalArtículos 24 y 31 a 35 de la Ley de la Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, Ley CCI).. La CCI está establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República de Corea, pero mantiene un estatuto independiente con respecto a sus funcionesArtículo 2, apartado 1, de la Ley CCI.. Además, la Ley por la que se crea la CCI exige que se le conceda la máxima independencia en lo que respecta al nombramiento, la destitución y la organización de su personal, así como a la elaboración de su presupuestoArtículo 2, apartado 2, de la Ley CCI.. El presidente de la CCI es nombrado por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 1, de la Ley CCI.. Los seis comisarios restantes son nombrados por el presidente de la República, previa recomendación del presidente de la CCI, para un mandato de cuatro añosArtículo 5, apartado 1, y artículo 6 de la Ley CCI.. Los comisarios (incluido el presidente de la CCI) deberán reunir las cualificaciones específicas establecidas por la leyPor ejemplo, haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años, haber trabajado como funcionario o profesor o haber ocupado un cargo más alto en una universidad durante al menos ocho años, o haber trabajado durante al menos diez años en una empresa cotizada o en una institución participada por el Gobierno (de los cuales al menos cinco años como director ejecutivo), véase el artículo 7 de la Ley CCI. y solo podrán ser despedidos en caso de proceso de destitución, condena a prisión o incapacidad para ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental a largo plazoArtículo 8 de la Ley CCI.. Además, los comisarios tienen prohibido participar en actividades políticas y ocupar simultáneamente cargos en la Asamblea Nacional, organismos administrativos, organizaciones sujetas a auditoría e inspección por parte de la CCI o cualquier otro cargo remuneradoArtículo 9 de la Ley CCI..La CCI lleva a cabo una auditoría general con una periodicidad anual, pero también puede realizar auditorías específicas sobre cuestiones de especial interés. La CCI podrá solicitar la presentación de documentos en el curso de una inspección, así como la asistencia de particularesVéase, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley CCI.. Como parte de una auditoría, la CCI examinará los ingresos y gastos del Estado, pero también supervisará el cumplimiento general de las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos con vistas a mejorar el funcionamiento de la administración públicaArtículos 20 y 24 de la Ley CCI.. Por lo tanto, su supervisión irá más allá de los aspectos presupuestarios e incluirá asimismo un control de legalidad.2.3.3.La Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicasArtículo 128 de la Ley de la Asamblea Nacional y artículos 2, 3 y 15 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Esto incluye las inspecciones anuales de los asuntos gubernamentales en su conjunto y las investigaciones de cuestiones específicas.. Durante una investigación o inspección, la Asamblea Nacional podrá solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigosArtículo 10, apartado 1, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Véanse también los artículos 128 y 129 de la Ley de la Asamblea Nacional.. Toda persona que cometa falso testimonio durante una investigación de la Asamblea Nacional estará sujeta a sanciones penales (pena de prisión de hasta diez años)Artículo 14 de la Ley sobre el testimonio, la evaluación, etc. ante la Asamblea Nacional.. El proceso y los resultados de las inspecciones podrán hacerse públicosArtículo 12-2 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. Si la Asamblea Nacional detecta actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea NacionalArtículo 16, apartado 3, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado..2.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalLa Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, CPIP) supervisa el tratamiento de la información personal por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal en consonancia con la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP abarca también las posibles infracciones de las normas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, incluidas aquellas contenidas en las leyes específicas que regulan la recogida de pruebas (electrónicas) a efectos del cumplimiento del Derecho penal (véase la sección 2.2). Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de este tipo constituye una violación de la LPIP, lo cual permite a la CPIP llevar a cabo una investigación y adoptar medidas correctorasVéase la Nota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal..En el ejercicio de su función de supervisión, la CPIP tendrá acceso a toda la información pertinenteArtículo 63 de la LPIP.. La CPIP podrá asesorar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para mejorar el nivel de protección de la información personal de sus actividades de tratamiento, imponer medidas correctoras (por ejemplo, suspender el tratamiento de datos o adoptar las medidas necesarias para proteger la información personal) o recomendar a la autoridad que adopte medidas disciplinariasArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP.. Por último, se prevén sanciones penales para determinadas infracciones de la LPIP, tales como utilizar o divulgar información personal a terceros o tratar información sensible de manera ilícitaArtículos 70 a 74 de la LPIP.. A este respecto, la CPIP podrá remitir el asunto al órgano de investigación competente (incluidos los fiscales)Artículo 65, apartado 1, de la LPIP..2.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CNDH), un organismo independiente encargado de proteger y promover los derechos fundamentalesArtículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Ley CNDH)., tiene la facultad de investigar y subsanar las infracciones de los artículos 10 a 22 de la Constitución, que incluyen los derechos a la privacidad en general y a la privacidad de la correspondencia. La CNDH está formada por once comisarios, nombrados a propuesta de la Asamblea Nacional (cuatro), el presidente de la República (cuatro) y el jefe judicial del Tribunal Supremo (tres)Artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley CNDH.. Para ser nombrado, un comisario debe 1) haber trabajado durante diez años, como mínimo, en una universidad o un instituto de investigación autorizado, al menos como profesor asociado; 2) haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años; 3) haber participado en actividades de derechos humanos durante al menos diez años (por ejemplo, para una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental o una organización internacional); o 4) haber sido recomendado por grupos de la sociedad civil)Artículo 5, apartado 3, de la Ley CNDH.. El presidente de la CNDH es nombrado por el presidente de la República entre los comisarios y debe ser confirmado por la Asamblea NacionalArtículo 5, apartado 5, de la Ley CNDH.. Los comisarios (incluido el presidente de la CNDH) son nombrados por un mandato renovable de tres años y solo pueden ser destituidos en caso de que sean condenados a prisión o ya no sean capaces de ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental prolongada (en cuyo caso, dos terceras partes de los comisarios deben estar de acuerdo con la destitución)Artículo 7, apartado 1, y artículo 8 de la Ley CNDH.. Los comisarios de la CNDH tienen prohibido ocupar un cargo simultáneo en la Asamblea Nacional, los consejos locales o cualquier Gobierno estatal o local (como funcionario público)Artículo 10 de la Ley CNDH..La CNDH podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o sobre la base de una petición de un particular. Como parte de su investigación, la CNDH podrá solicitar la presentación de los materiales pertinentes, llevar a cabo inspecciones y convocar personas para que testifiquenArtículo 36 de la Ley CNDH. De conformidad con el artículo 36, apartado 7, de la Ley, puede rechazarse la presentación de materiales u objetos si esta perjudicara la confidencialidad del Estado y pudiera tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o si constituyera un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso. En tales casos, la Comisión podrá solicitar información adicional al jefe del organismo pertinente (que deberá cumplir de buena fe) cuando sea necesario para revisar si la negativa a facilitar la información está justificada.. Después de una investigación, la CNDH podrá formular recomendaciones para mejorar o corregir políticas y prácticas específicas, y podrá hacerlas públicasArtículo 25, apartado 1, de la Ley CNDH.. Las autoridades públicas deberán informar a la CNDH de un plan para aplicar dichas recomendaciones en un plazo de noventa días a partir de su recepciónArtículo 25, apartado 3, de la Ley CNDH.. Además, en caso de no aplicar de las recomendaciones, la autoridad de que se trate deberá informar de ello a la ComisiónArtículo 25, apartado 4, de la Ley CNDH.. La CNDH podrá, a su vez, divulgar dicho incumplimiento a la Asamblea Nacional o hacerlo público. Las autoridades públicas generalmente cumplen las recomendaciones de la CNDH y tienen un fuerte incentivo para hacerlo, ya que su aplicación se ha examinado como parte de la evaluación general realizada por la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro.2.4.Reparación individual2.4.1.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal. El acceso podrá solicitarse directamente a la autoridad correspondiente o de manera indirecta a través de la CPIPArtículo 35, apartado 2, de la LPIP.. La autoridad competente podrá limitar o denegar el acceso únicamente cuando así lo disponga la ley, cuando sea probable que atente contra la vida o la integridad física de un tercero, o pueda dar lugar a una vulneración injustificada de los intereses patrimoniales y otros intereses de un tercero (es decir, cuando los intereses del tercero sean superiores a los intereses de la persona que presenta la solicitud)Artículo 35, apartado 4, de la LPIP.. Si se deniega una solicitud de acceso, la persona deberá ser informada de los motivos y de las vías de recursoArtículo 42, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Del mismo modo, podrá denegarse una solicitud de rectificación o supresión cuando así lo prevean otras leyes, en cuyo caso deberá informarse a la persona de los motivos subyacentes y de la posibilidad de recursoArtículo 36, apartados 1 y 2, de la LPIP y artículo 43, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPIP..En lo que respecta a la reparación, los particulares podrán presentar una reclamación ante la CPIP, incluso a través del Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de CoreaArtículo 62 de la LPIP.. Además, una persona podrá obtener una mediación a través del Comité de mediación de conflictos relacionados con la información personalArtículos 40 a 50 de la LPIP y artículos 48-2 a 57 del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal (sección 2.2) como de la LPIP. Además, los particulares podrán impugnar las decisiones o la inacción de la CPIP con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3).2.4.2.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa CNDH tramita las reclamaciones de los particulares (tanto coreanos como extranjeros) relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades públicasAunque el artículo 4 de la Ley CNDH hace referencia a los ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Corea, el término residente refleja un concepto de jurisdicción y no de territorio. Por consiguiente, si las instituciones nacionales dentro de Corea vulneran los derechos fundamentales de un extranjero fuera de Corea, dicho particular puede presentar una denuncia ante la CNDH. Véase, por ejemplo, la pregunta correspondiente en la página de preguntas frecuentes de la CNDH, disponible en https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=7025&menuid=002004005001&pagesize=10¤tpage=2. Este sería el caso si las autoridades públicas coreanas accedieran de manera ilícita a los datos personales de un extranjero transferidos a Corea.. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante la CNDHEn principio, la reclamación deberá presentarse en el plazo de un año a partir de la infracción, pero la CNDH podrá decidir, aun así, investigar una reclamación presentada después de ese plazo, siempre que no haya expirado el régimen de prescripción en virtud del Derecho penal o civil (artículo 32, apartado 1, punto 4, de la Ley CNDH).. En consecuencia, la CNDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad. Por lo tanto, en el contexto de la recogida de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, una persona no tendría que demostrar que las autoridades públicas coreanas han accedido efectivamente a su información personal para que la reclamación sea admisible ante la CNDH. Una persona también podrá solicitar que la reclamación se resuelva mediante mediaciónArtículos 42 y siguientes de la Ley CNDH..Para investigar una reclamación, la CNDH podrá hacer uso de sus facultades de investigación, incluso solicitando la presentación de materiales pertinentes, realizando inspecciones y citando a personas para que testifiquenArtículos 36 y 37 de la Ley CNDH.. Si la investigación revela que se ha producido una infracción de la legislación correspondiente, la CNDH podrá recomendar la aplicación de soluciones o la rectificación o mejora de cualquier ley, institución, política o práctica pertinenteArtículo 44 de la Ley CNDH.. Las soluciones propuestas podrán incluir la mediación, el cese de la vulneración de los derechos humanos, la indemnización por daños y perjuicios y medidas para evitar que vuelvan a producirse infracciones idénticas o similaresArtículo 42, apartado 4, de la Ley CNDH.. En el caso de la recogida ilícita de información personal con arreglo a las normas aplicables, las medidas correctoras podrán incluir la supresión de tal información. Si se considera que es muy probable que la infracción esté en curso y que es probable que, si no se atiende, se producirían daños difíciles de reparar, la CNDH podrá adoptar medidas de ayuda urgenteArtículo 48 de la Ley CNDH..Si bien la CNDH no está facultada para obligar, sus decisiones (por ejemplo, la decisión de no continuar la investigación de una reclamación)Por ejemplo, si excepcionalmente la CNDH no puede inspeccionar determinados materiales o instalaciones porque atañen a secretos de Estado que pueden tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o cuando la inspección suponga un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso (véase la nota a pie de página n.o 166) y cuando esto impida que la CNDH lleve a cabo la investigación necesaria para evaluar el fondo de la petición recibida, informará a la persona de las razones por las que se desestimó la reclamación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley CNDH. En este caso, el particular puede impugnar la decisión de la CNDH con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo. y recomendaciones pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales coreanos con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3 a continuación)Véanse, por ejemplo, la Resolución 2007NU27259 del Tribunal Superior de Seúl, de 18 de abril de 2008, confirmada por la Resolución 2008Du7854 del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2008; y la Resolución 2017NU69382 del Tribunal Superior de Seúl, de 2 de febrero de 2018.. Además, si las conclusiones de la CNDH revelan que los datos personales fueron recogidos de manera ilícita por una autoridad pública, una persona podría recurrir ante los órganos jurisdiccionales coreanos contra dicha autoridad pública, por ejemplo, impugnando la recogida con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo, presentando un recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional o solicitando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de indemnización estatal (véase la sección 2.4.3 a continuación).2.4.3.Reparación judicialLos particulares podrán invocar las limitaciones y salvaguardias descritas en las secciones anteriores para obtener reparación ante los órganos jurisdiccionales coreanos a través de distintas vías.En primer lugar, de conformidad con la LEC, la afectada persona y su abogado podrán estar presentes cuando se ejecute una orden de registro o incautación y, por consiguiente, podrán formular una objeción en el momento en que se ejecute la ordenArtículos 121 y 219 de la LEC.. Además, la LEC prevé un denominado mecanismo de cuasi reclamación, que permite a los particulares solicitar al órgano jurisdiccional competente que cancele o modifique una disposición adoptada por un fiscal o un agente de policía en relación con una incautaciónArtículo 417 de la LEC, en relación con su artículo 414, apartado 2. Véase también la Resolución n.o 97Mo66 del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1997.. Esto permite a las personas impugnar las medidas adoptadas para ejecutar una orden de incautación.Además, los particulares pueden obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales coreanos. Sobre la base de la Ley de indemnización estatal, las personas podrán solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por funcionarios públicos debido al ejercicio de sus funciones oficiales en violación de la leyArtículo 2, apartado 1, de la Ley de indemnización estatal.. Las reclamaciones en virtud de la Ley de indemnización estatal podrán presentarse ante un Consejo de indemnización especializado o directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanosArtículos 9 y 12 de la Ley de indemnización estatal. La Ley establece consejos de distrito (presididos por el fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente), un consejo central (presidido por el viceministro de Justicia) y un consejo especial (presidido por el viceministro de Defensa Nacional y encargado de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios causados por el personal militar o los empleados civiles del ejército). Las reclamaciones de indemnización son, en principio, tramitadas por los consejos de distrito, que, en determinadas circunstancias, deben remitir los asuntos al consejo central o especial, por ejemplo, si la indemnización supera un importe determinado o en caso de que un particular solicite una nueva deliberación. Todos los consejos están formados por miembros nombrados por el ministro de Justicia (por ejemplo, de entre los funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, los agentes judiciales, los abogados y las personas con experiencia en materia de indemnización estatal) y están sujetos a normas específicas relativas a los conflictos de intereses (véase el artículo 7 del Decreto de Ejecución de la Ley de indemnización estatal).. Si la víctima es extranjera, la Ley de indemnización estatal se aplicará siempre que su país de origen garantice igualmente la indemnización estatal para los nacionales coreanosArtículo 7 de la Ley de indemnización estatal.. Según la jurisprudencia, esta condición se cumple si los requisitos para solicitar una indemnización en el otro país no están significativamente desequilibrados entre Corea y el otro país y no son más estrictos, en general, que los determinados por Corea, sin que haya una diferencia importante y sustantivaResolución n.o 2013Da208388 del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2015.. La Ley civil regula la responsabilidad de indemnización del Estado, y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado también abarca los daños no materiales (por ejemplo, el sufrimiento mental)Véase el artículo 8 de la Ley de indemnización estatal, así como el artículo 751 de la Ley civil..Para las infracciones de las normas de protección de datos, se prevé una vía de recurso adicional en virtud de la LPIP. De conformidad con el artículo 39 de la LPIP, toda persona que sufra daños como resultado de una infracción de la LPIP o de una pérdida, un robo, una divulgación, una falsificación, una alteración o un daño de su información personal podrá obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales. No existe un requisito de reciprocidad similar al previsto en la Ley de indemnización estatal.Además de la indemnización por daños y perjuicios, podrá obtenerse un recurso administrativo contra las acciones u omisiones de los organismos administrativos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo. Cualquier persona podrá impugnar una disposición (por ejemplo, el ejercicio de poderes públicos, o la negativa a ejercerlos, en un asunto específico) o una omisión (el fracaso prolongado por parte de un organismo administrativo para adoptar una determinada disposición, contrariamente a la obligación legal de hacerlo), lo cual puede dar lugar a la revocación o modificación de una disposición ilícita, a un dictamen de nulidad (es decir, un dictamen de que la disposición no tiene efectos jurídicos o de su inexistencia en el ordenamiento jurídico) o a un dictamen de que una omisión es ilícitaArtículos 2 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Para poder impugnar una disposición administrativa, esta debe afectar directamente a los derechos y obligaciones civilesResolución 98Du18435 del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1999; Resolución 99Du1113 del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2000, y Resolución 2010Du3541 del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2012.. Esto incluye las medidas para recoger datos personales, ya sea de manera directa (por ejemplo, interceptando comunicaciones) o mediante una solicitud de divulgación (por ejemplo, a un proveedor de servicios).Las reclamaciones antes mencionadas podrán presentarse, en primer lugar, ante las comisiones de recursos administrativos establecidas en determinadas autoridades públicas (por ejemplo, el SNI o la CNDH) o ante la Comisión Central de Recursos Administrativos creada bajo los auspicios de la Comisión Anticorrupción y de Derechos CivilesArtículo 6 de la Ley de recursos administrativos y artículo 18, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Tal recurso administrativo ofrece una vía alternativa más informal para impugnar una disposición u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, una reclamación también podrá presentarse directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanos, con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo.Las solicitudes de revocación o modificación de una disposición en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo podrán ser presentadas por cualquier persona que tenga un interés jurídico en solicitar la revocación o modificación o en que se restablezcan sus derechos mediante la revocación o modificación en caso de que la disposición deje de surtir efectoArtículo 12 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Del mismo modo, los litigios para declarar la nulidad podrán ser iniciados por una persona que tenga un interés jurídico en dicha declaración, mientras que los litigios para declarar la ilegalidad de una omisión podrán ser iniciados por cualquier persona que haya presentado una solicitud de disposición y tenga un interés jurídico en solicitar que se declare la ilegalidad de la omisiónArtículos 35 y 36 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interés jurídico se interpreta como un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés directo y específico protegido por las leyes y los reglamentos en los que se basan las disposiciones administrativas (es decir, no intereses generales, indirectos y abstractos del público)Resolución n.o 2006Du330 del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 2006.. Por consiguiente, las personas tendrán un interés jurídico en caso de cualquier vulneración de las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de sus datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal (en virtud de leyes específicas o de la LPIP). Una sentencia firme con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo es vinculante para las partesArtículo 30, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo..Deberán presentarse una solicitud de revocación o modificación de una disposición y una solicitud de declaración de la ilegalidad de una omisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la persona tenga conocimiento de la disposición u omisión y, en principio, a más tardar un año después de la fecha de emisión de la disposición o de que se haya producido la omisión, salvo que existan razones justificablesArtículo 20 de la Ley de lo contencioso-administrativo. Este plazo también se aplica a las reclamaciones para declarar la ilegalidad de una omisión (véase el artículo 38, apartado 2, de la Ley de lo contencioso-administrativo).. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de razones justificables debe interpretarse en sentido amplio y requiere evaluar si es socialmente aceptable permitir una reclamación tardía, a la luz de todas las circunstancias del asuntoResolución n.o 90Nu6521 del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1991.. Por ejemplo, esto incluye, entre otras cosas, los motivos de retraso de los que la parte afectada no puede ser considerada responsable (es decir, situaciones que escapan al control del reclamante, por ejemplo, cuando no se le ha notificado la recogida de sus datos personales) o de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra).Por último, los particulares también podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional.. Sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio o la falta de ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá solicitar la adjudicación de un recurso de inconstitucionalidad. Si hay otras vías de recurso disponibles, estas deben agotarse primero. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los extranjeros podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que sus derechos fundamentales estén reconocidos por la Constitución coreana (véanse las explicaciones en la sección 1.1)Resolución n.o 99HeonMa194 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. Los recursos de inconstitucionalidad deben presentarse en un plazo de noventa días a partir del momento en que el particular haya tenido conocimiento de la infracción, y en el plazo de un año a partir del momento en que se produjo. Dado que el procedimiento establecido en la Ley de lo contencioso-administrativo se aplica a los litigios en virtud de la Ley del Tribunal ConstitucionalArtículo 40 de la Ley del Tribunal Constitucional., una reclamación seguirá siendo admisible si existen razones justificables, interpretadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita anteriormente.Si primero hay que agotar otras vías de recurso, un recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en un plazo de treinta días a partir de la decisión final sobre dicho recursoArtículo 69 de la Ley del Tribunal Constitucional.. El Tribunal Constitucional podrá invalidar el ejercicio del poder gubernamental que provocó la infracción o confirmar que una determinada omisión es inconstitucionalArtículo 75, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional.. En tal caso, la autoridad competente está obligada a adoptar medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal.3.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS CON FINES DE SEGURIDAD NACIONAL3.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito de la seguridad nacionalLa República de Corea cuenta con dos agencias de inteligencia especializadas: el SNI y el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa. Además, la policía y las fiscalías también pueden recoger información personal con fines de seguridad nacional.El SNI se establece en virtud de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, Ley SNI) y opera directamente bajo la jurisdicción y supervisión del presidente de la RepúblicaArtículo 2 y artículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. En particular, el SNI recoge, recopila y distribuye información sobre países extranjeros (y Corea del Norte)Este concepto no abarca la información sobre las personas, sino la información general sobre países extranjeros (tendencias y evolución) y sobre las actividades de los agentes estatales de terceros países., inteligencia relacionada con la lucha contra el espionaje (incluido el espionaje militar e industrial), el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada internacional, inteligencia sobre determinados tipos de delitos dirigidos contra la seguridad pública y nacional (por ejemplo, la insurrección nacional y la agresión extranjera) e inteligencia relacionada con la tarea de garantizar la ciberseguridad y prevenir o contrarrestar los ciberataques y las amenazasArtículo 3, apartado 1, de la Ley SNI.. La Ley SNI, por la que se crea el SNI y se establecen sus funciones, también prevé principios generales que enmarcan todas sus actividades. Como principio general, el SNI debe mantener la neutralidad política y proteger la libertad y los derechos de las personasArtículo 3, apartado 1; artículo 6, apartado 2, y artículos 11 y 21. Véanse también las normas sobre los conflictos de intereses, en particular los artículos 10 y 12.. El presidente del SNI se encarga de desarrollar directrices generales que establezcan los principios, el alcance y los procedimientos para el desempeño de las funciones del SNI en relación con la recogida y el uso de información, y debe informar de ellas a la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. La Asamblea Nacional (a través de su Comité de Inteligencia) puede exigir que se corrijan o complementen las directrices si considera que son ilícitas o injustas. De manera más general, en el ejercicio de sus funciones, el director y el personal del SNI no pueden obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligadas a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 13 de la Ley SNI.. Además, toda censura del correo, interceptación de las telecomunicaciones, recogida de información sobre la ubicación, recogida de datos de confirmación de la comunicación o grabación o escucha de comunicaciones privadas por parte del SNI debe cumplir lo dispuesto en la LPPC, la Ley de información sobre la ubicación o la LECArtículo 14 de la Ley SNI.. Todo abuso de poder o la recogida de información que infrinja estas leyes estarán sujetos a sanciones penalesArtículos 22 y 23 de la Ley SNI..El Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa es una agencia de inteligencia militar creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Es responsable de las cuestiones de seguridad dentro del ejército, de las investigaciones penales militares (sujetas a la Ley de tribunales militares) y la inteligencia militar. En general, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa no lleva a cabo ninguna actividad de vigilancia de civiles, a menos que sea necesario para el desempeño de sus funciones militares. Las personas que pueden ser investigadas son el personal militar, los empleados civiles del ejército, las personas en formación militar, las personas en reserva militar o servicio de reclutamiento y los prisioneros de guerraArtículo 1 de la Ley de tribunales militares.. Al recoger información sobre las comunicaciones con fines de seguridad nacional, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa está sujeto a las limitaciones y salvaguardias establecidas por la LLPC y su Decreto de Ejecución.3.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LPPC, la Ley antiterrorista para la protección de los ciudadanos y la seguridad pública (en lo sucesivo, Ley antiterrorista) y la LST proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal con fines de seguridad nacional y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicablesAl investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, la policía y el SNI actuarán sobre la base de la LEC, mientras que el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa estará sujeto a la Ley de tribunales militares.. Estas limitaciones y salvaguardias, tal como se describen en las siguientes secciones, garantizan que la recogida y el tratamiento de la información se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Queda excluida toda recogida masiva e indiscriminada de información personal con fines de seguridad nacional.3.2.1.Recogida de información sobre las comunicaciones3.2.1.1.Recogida de información sobre las comunicaciones por las agencias de inteligencia3.2.1.1.1.Base jurídicaLa LPPC faculta a las agencias de inteligencia para recoger datos de comunicaciones y exige a los proveedores de comunicaciones que cooperen con las solicitudes de dichas agenciasArtículo 15-2 de la LPPC.. Como se describe en la sección 2.2.2.1, la LPPC distingue entre la recogida del contenido de las comunicaciones (es decir, medidas de restricción de la comunicación, tales como las escuchas telefónicas o las medidas de censuraArtículo 2, apartados 6 y 7, de la LPPC.) y la recogida de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 2, apartado 11, de la LPPC..El umbral para la recogida de estos dos tipos de información difiere, pero los procedimientos y salvaguardias aplicables son, en gran medida, idénticosVéanse también el artículo 13-4, apartado 2, de la LPPC y el artículo 37, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC, que estipulan que los procedimientos aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones se aplicarán mutatis mutandis a la recogida de datos de confirmación de la comunicación.. La recogida de datos de confirmación de la comunicación (o metadatos) puede realizarse con el fin de prevenir amenazas para la seguridad nacionalArtículo 13-4 de la LPPC.. Se aplica un umbral más elevado para la ejecución de medidas de restricción de la comunicación (es decir, para recoger el contenido de las comunicaciones), que solo pueden adoptarse cuando se prevea que la seguridad nacional se ponga en grave peligro y la recogida de información sea necesaria para prevenir dicho peligro (es decir, si existe un riesgo grave para la seguridad nacional y la recogida es necesaria para prevenirlo)Artículo 7, apartado 1, de la LPPC.. Además, el acceso al contenido de las comunicaciones solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso para garantizar la seguridad nacional, y deben hacerse esfuerzos para minimizar la vulneración de la privacidad de las comunicacionesArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. Incluso cuando se haya obtenido la aprobación o autorización adecuada, tales medidas deben interrumpirse de inmediato una vez que dejen de ser necesarias, garantizando así que cualquier violación de los secretos de las comunicaciones de la persona se limite al mínimoArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..3.2.1.1.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participe al menos un nacional coreanoLa recogida de información sobre las comunicaciones (tanto contenido como metadatos) cuando una o ambas personas que participan en la comunicación sean nacionales coreanos solo podrá tener lugar con la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 1, punto 1, de la LPPC. El órgano jurisdiccional competente será el Tribunal Superior que tenga jurisdicción sobre el lugar del domicilio o de la sede de una o ambas partes sujetas a la vigilancia.. La solicitud de la agencia de inteligencia deberá presentarse por escrito a un fiscal o a una Fiscalía SuperiorArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional), junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida)Artículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. El fiscal o la Fiscalía Superior, a su vez, solicitarán la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC. La solicitud del fiscal al órgano jurisdiccional deberá exponer los principales motivos de sospecha y, en la medida en que se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, su justificación (véase el artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. El jefe judicial solo podrá conceder una autorización escrita cuando considere justificada la solicitud y la desestimará cuando la considere infundadaArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartados 5 y 9, de la LPPC.. La orden especificará el tipo, el objetivo, el objeto, el alcance y el período efectivo de la recogida, así como el lugar y la manera en que podrá realizarseArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 6, de la LPPC..En el caso de que la medida esté destinada a la investigación de un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir los procedimientos antes mencionados, se aplicarán normas específicasArtículo 8 de la LPPC.. Cuando se cumplan estas condiciones, las agencias de inteligencia podrán aplicar medidas de vigilancia sin previa autorización judicialArtículo 8, apartado 1, de la LPPC.. No obstante, inmediatamente después de la ejecución de las medidas de emergencia, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del órgano jurisdiccional. Si no se obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se adopten las medidas, estas deberán suspenderse inmediatamenteArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la agencia de inteligencia que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC. Véase la sección 2.2.2.2. para más información sobre las medidas de emergencia en el contexto de la aplicación de la ley..En los casos en que la vigilancia se complete en un breve plazo y se descarte la autorización judicial, el jefe de la Fiscalía Superior competente debe enviar una notificación de las medidas de emergencia preparada por la agencia de inteligencia al presidente del órgano jurisdiccional competente, que conserva el registro de las medidas de emergenciaArtículo 8, apartados 5 y 7, de la LPPC. En esta notificación deben indicarse el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de vigilancia, así como los motivos para no presentar una solicitud antes de adoptar la medida (artículo 8, apartado 6, de la LPPC).. Esto permite al órgano jurisdiccional examinar la legalidad de la recogida.3.2.1.1.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participen únicamente nacionales no coreanosPara recoger información sobre las comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos, las agencias de inteligencia deberán obtener una autorización previa por escrito del presidenteArtículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC.. Estas comunicaciones solo se recogerán con fines de seguridad nacional si entran en una de las diversas categorías mencionadas, es decir, las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno u otras personas de países hostiles a la República de Corea, agencias extranjeras, grupos o nacionales sospechosos de participar en actividades anticoreanasEsto se refiere a actividades que amenazan la existencia y la seguridad de la nación, el orden democrático o la supervivencia y la libertad de la población. o miembros de grupos que operan en la península de Corea, pero, en la práctica, más allá de la soberanía de la República de Corea y de sus grupos centrales con sede en países extranjerosAdemás, si una de las partes es una persona descrita en el artículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC y la otra se desconoce o no puede especificarse, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, punto 2.. En cambio, si una de las partes de una comunicación es un nacional coreano y la otra es un nacional extranjero, se requerirá una autorización judicial de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 3.2.1.1.2.El jefe de una agencia de inteligencia deberá presentar al director del SNI un plan de las medidas que se prevé adoptarArtículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC. El director del SNI es nombrado por el presidente previa confirmación del Parlamento (artículo 7 de la Ley SNI).. El director del SNI examinará si el plan es adecuado y, en caso afirmativo, lo someterá a la aprobación del presidenteArtículo 8, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. La información que deberá incluirse en el plan será la misma que la requerida para solicitar una autorización judicial para recoger información de nacionales coreanos (tal como se ha descrito anteriormente)Artículo 8, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC, en relación con el artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. En particular, deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional) y los principales motivos de sospecha, junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida). Cuando se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, deberán indicarse la finalidad y los motivosArtículo 8, apartado 3, y artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En situaciones de emergenciaEs decir, en los casos en que la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional, no haya tiempo suficiente para obtener la aprobación del presidente y la no adopción de medidas de emergencia pueda perjudicar a la seguridad nacional (artículo 8, apartado 8, de la LPPC)., deberá obtenerse la autorización previa del ministro al que pertenezca la agencia de inteligencia competente. No obstante, en este caso, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del presidente inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas de emergencia. Si una agencia de inteligencia no obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se presenta la solicitud, la recogida deberá interrumpirse inmediatamenteArtículo 8, apartado 9, de la LPPC.. En tales casos, la información recogida siempre se destruirá.3.2.1.1.4.Limitaciones generales y salvaguardiasA la hora de solicitar la cooperación de entidades privadas, las agencias de inteligencia deberán facilitarles la orden judicial, la autorización presidencial o una copia de la portada de una declaración de censura de emergencia, que la entidad obligada deberá conservar en sus archivosArtículo 9, apartado 2, de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las entidades a las que se solicite que divulguen información a las agencias de inteligencia sobre la base de la LPPC podrán negarse a hacerlo cuando la autorización o la declaración de censura de emergencia se refieran al identificador incorrecto (por ejemplo, un número de teléfono perteneciente a una persona distinta de la identificada). Además, en todos los casos, las contraseñas utilizadas para las comunicaciones no podrán divulgarseArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Las agencias de inteligencia podrán confiar la aplicación de medidas de restricción de la comunicación o la recogida de información de confirmación de la comunicación a una oficina de correos o a un proveedor de servicios de telecomunicaciones (según la definición de la Ley del sector de las telecomunicaciones)Artículo 13 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Tanto la agencia de inteligencia correspondiente como el proveedor que reciba una solicitud de cooperación deberán mantener registros en los que se indique la finalidad de solicitar las medidas, la fecha de ejecución o cooperación y el objeto de las medidas (por ejemplo, correo, teléfono, correo electrónico) durante tres añosArtículo 9, apartado 3, de la LPPC y artículo 17, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC. Este plazo no se aplica a los datos de confirmación de la comunicación (véase el artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación deberán conservar información sobre la frecuencia de la recogida en sus archivos durante siete años e informar dos veces al año al Ministerio de Ciencia y TICArtículo 13, apartado 7, de la LPPC y artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Las agencias de inteligencia deberán informar al director del SNI sobre la información que han recopilado y el resultado de la actividad de vigilanciaArtículo 18, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Por lo que se refiere a la recogida de datos de confirmación de la comunicación, deberán mantenerse registros de que se ha realizado una solicitud relativa a tales datos, así como de la propia solicitud escrita y de la institución que se ha amparado en ellaArtículo 13, apartado 5, y artículo 13-4, apartado 3, de la LPPC..La recogida tanto del contenido de las comunicaciones como de los datos de confirmación de la comunicación solo podrá durar un máximo de cuatro meses y, si el objetivo perseguido se alcanza entretanto, deberá interrumpirse de inmediatoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC.. Si persisten las condiciones de la autorización, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses, con la autorización del órgano jurisdiccional o del presidente. La solicitud de autorización para prorrogar las medidas de vigilancia deberá presentarse por escrito, indicando los motivos por los que se solicita la prórroga y facilitando materiales de apoyoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC y artículo 5 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En función de la base jurídica para la recogida, suele notificarse a las personas cuando se recogen sus comunicaciones. En particular, independientemente de si la información recogida se refiere al contenido de las comunicaciones o a datos de confirmación de la comunicación, y con independencia de si la información se obtuvo mediante el procedimiento ordinario o en una situación de emergencia, el jefe de la agencia de inteligencia deberá informar por escrito a la persona afectada de la medida de vigilancia en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que finalizó la vigilanciaArtículo 9-2, apartado 3, de la LPPC. De conformidad con el artículo 13-4 de la LPPC, esto se aplica tanto a la recogida del contenido de las comunicaciones como a los datos de confirmación de la comunicación.. La notificación debe incluir 1) el hecho de que se ha recogido la información, 2) el organismo de ejecución y 3) el período de ejecución. No obstante, si es probable que la notificación ponga en peligro la seguridad nacional o perjudique la vida y la seguridad física de las personas, la notificación podrá aplazarseArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. La notificación deberá realizarse en un plazo de treinta días una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamientoArtículo 13-4, apartado 2, y artículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..Sin embargo, este requisito de notificación solo se aplicará a la recogida de información cuando al menos una de las partes sea un nacional coreano. Por consiguiente, solo se notificará a los nacionales no coreanos cuando se recojan sus comunicaciones con nacionales coreanos. Por lo tanto, no existe ningún requisito de notificación cuando se recogen comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos.El contenido de cualquier comunicación y los datos de confirmación de la comunicación obtenidos a través de la vigilancia, sobre la base de la LPPC, solo podrán utilizarse 1) para la investigación, el enjuiciamiento o la prevención de determinados delitos, 2) para procedimientos disciplinarios, 3) para procedimientos judiciales cuando una parte relacionada con la comunicación se base en ellos para una reclamación por daños y perjuicios o 4) sobre la base de otras leyesArtículo 5, apartados 1 y 2, y artículos 12 y 13-5 de la LPPC..3.2.1.2.Recogida de información sobre las comunicaciones por parte de la policía o los fiscales con fines de seguridad nacionalLa policía o el fiscal podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) con fines de seguridad nacional en las mismas condiciones que se describen en la sección 3.2.1.1. Cuando se actúe en situaciones de emergenciaEs decir, cuando la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento de aprobación ordinario (artículo 8, apartado 1, de la LPPC)., el procedimiento aplicable será el descrito anteriormente con respecto a la recogida del contenido de las comunicaciones a efectos de control de la aplicación de la ley en situaciones de emergencia (es decir, el artículo 8 de la LPPC).3.2.2.Recogida de información sobre sospechosos de terrorismo3.2.2.1.Base jurídicaLa Ley antiterrorista faculta al director del SNI para recoger información sobre los sospechosos de terrorismoArtículo 9 de la Ley antiterrorista.. El concepto de sospechoso de terrorismo se define como un miembro de un grupo terroristaEl término grupo terrorista se define como un grupo de terroristas designado por las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 2, de la Ley antiterrorista)., una persona que haya propagado un grupo terrorista (mediante la promoción y la difusión de ideas o tácticas de un grupo terrorista), recaudado o aportado fondos para el terrorismoEl término terrorismo se define en el artículo 2, apartado 1, de la Ley antiterrorista como una conducta llevada a cabo con el fin de impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un Gobierno local o de un Gobierno extranjero (incluidos los Gobiernos locales y las organizaciones internacionales) o con el fin de hacer que realicen alguna actividad que no están obligados a realizar o de amenazar al público. Esto incluye a) matar a una persona o poner en riesgo la vida de una persona causando lesiones corporales o a través de la detención, el confinamiento, el secuestro o la toma de rehenes; b) determinados tipos de conducta dirigida a una aeronave (por ejemplo, chocar, secuestrar o dañar una aeronave en vuelo); c) determinados tipos de conducta relacionados con un buque (por ejemplo, incautar o destruir un buque o una estructura marina en funcionamiento o causar daños en los mismos en un grado tal que ponga en peligro su seguridad, incluidos los daños de la mercancía cargada en un buque o una estructura marina en funcionamiento); d) colocar, detonar o utilizar de cualquier otro modo armas o dispositivos bioquímicos, explosivos o incendiarios con la intención de causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves o tener tales efectos en determinados tipos de vehículos o instalaciones (por ejemplo, trenes, tranvías, vehículos de motor, parques y estaciones públicos, instalaciones de suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones, etc.); e) determinados tipos de conducta relacionados con materiales nucleares o radiactivos o instalaciones nucleares (por ejemplo, atentar contra la vida humana, la integridad física o la propiedad individual, o perturbar de otro modo la seguridad pública destruyendo un reactor nuclear o manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc.). o participado en otras actividades de preparación, conspiración, propaganda o instigación del terrorismo, o una persona con respecto a la cual existan motivos fundados para sospechar que ha llevado a cabo tales actividadesArtículo 2, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. Como regla general, todo funcionario público que aplique la Ley antiterrorista deberá respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución coreanaArtículo 3, apartado 3, de la Ley antiterrorista..La Ley antiterrorista por sí sola no establece facultades, limitaciones y salvaguardias específicas para la recogida de información sobre los sospechosos de terrorismo, sino que hace referencia a los procedimientos establecidos en otras leyes. En primer lugar, sobre la base de la Ley antiterrorista, el director del SNI podrá recoger 1) información sobre la entrada en la República de Corea y la salida de esta, 2) información sobre transacciones financieras e 3) información sobre las comunicaciones. En función del tipo de información buscada, los requisitos procedimentales pertinentes se establecen en la Ley de inmigración, la Ley de aduanas, la LCUIETF o la LPPC, respectivamenteArtículo 9, apartado 1, de la Ley antiterrorista.. Para la recogida de información sobre la entrada y salida de Corea, la Ley antiterrorista hace referencia a los procedimientos establecidos en la Ley de inmigración y la Ley de aduanas. Sin embargo, actualmente estas leyes no prevén tales facultades. Para la recogida de información sobre las comunicaciones e información sobre transacciones financieras, la Ley antiterrorista hace referencia a las limitaciones y salvaguardias establecidas en la LPPC (que se detallan más adelante) y de la LCUIETF (que, como se explica en la sección 2.1, no es pertinente a efectos de la evaluación de la decisión de adecuación).Además, el artículo 9, apartado 3, de la Ley antiterrorista especifica que el director del SNI podrá solicitar información personal o sobre la ubicación de un sospechoso de terrorismo a un responsable del tratamiento de información personalTal como se define en el artículo 2 de la LPIP, es decir, una institución pública, una persona jurídica, una organización, un particular, etc. que trata información personal directa o indirectamente para gestionar ficheros información personal con fines oficiales o comerciales. o a un proveedor de información sobre la ubicaciónTal como se define en el artículo 5 de la Ley sobre la protección, el uso, etc. de la información sobre la ubicación (en lo sucesivo, Ley de información sobre la ubicación), es decir, cualquier persona que haya obtenido autorización de la Comisión de Comunicaciones de Corea para participar en una empresa de información sobre la ubicación.. Esta posibilidad se limita a las solicitudes de divulgación voluntaria, a las que los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación no están obligados a responder y, en cualquier caso, solo pueden hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación (véase la sección 3.2.2.2).3.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la divulgación voluntaria en virtud de la LPIP y de la Ley de información sobre la ubicaciónLas solicitudes de cooperación voluntaria en virtud de la Ley antiterrorista deberán limitarse a la información sobre los sospechosos de terrorismo (véase la sección 3.2.2.1). Cualquier solicitud de este tipo del SNI deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, la Ley SNI especifica que el SNI no podrá obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligados a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona, mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 11, apartado 1, de la Ley SNI.. Una infracción de esta prohibición podrá ser objeto de sanciones penalesArtículo 19 de la Ley SNI..Los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación que reciban solicitudes del SNI sobre la base de la Ley antiterrorista no estarán obligados a acceder a tales solicitudes. Podrán acceder de manera voluntaria, pero solo se les permitirá hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación. En lo que respecta al cumplimiento de la LPIP, el responsable del tratamiento deberá, en particular, tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..3.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias en virtud de la LPPCSobre la base de la Ley antiterrorista, las agencias de inteligencia solo podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) cuando sea necesario para actividades de lucha contra el terrorismo, es decir, actividades relacionadas con la prevención del terrorismo y contramedidas al respecto. Los procedimientos de la LPPC descritos en la sección 3.2.1 se aplicarán a la recogida de información sobre las comunicaciones con fines antiterroristas.3.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesSobre la base de la LST, los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a una solicitud de divulgación de datos de comunicaciones de una agencia de inteligencia que tenga la intención de recoger la información para evitar una amenaza para la seguridad nacionalArtículo 83, apartado 3, de la LST.. Cualquier solicitud de este tipo deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, se aplicarán las mismas limitaciones y salvaguardias que con respecto a la divulgación voluntaria a efectos de control de la aplicación de la ley (véase la sección 2.2.3)En particular, la solicitud deberá presentarse por escrito y exponer los motivos de la misma, así como el vínculo con el usuario de que se trate y el alcance de la información solicitada, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá mantener registros e informar al ministro de Ciencia y TIC dos veces al año..Los operadores de telecomunicaciones no estarán obligados a acceder, pero podrán hacerlo de manera voluntaria y únicamente de conformidad con la LPIP. A este respecto, se aplicarán a los operadores de telecomunicaciones las mismas obligaciones, incluidas las relativas a la notificación de la persona, que cuando reciben solicitudes de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, como se explica con más detalle en la sección 2.2.3.3.3.SupervisiónDiferentes organismos supervisan las actividades de las agencias de inteligencia coreanas. La supervisión del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa corre a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la Directiva sobre la ejecución de auditorías internas del Ministerio. El SNI está sujeto a la supervisión por parte del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros organismos independientes, como se explica con más detalle a continuación.3.3.1.El oficial de protección de los derechos humanosCuando las agencias de inteligencia recogen información sobre sospechosos de terrorismo, la Ley antiterrorista prevé la supervisión por parte de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo y del oficial de protección de los derechos humanos (en lo sucesivo, OPDH)Artículo 7 de la Ley antiterrorista..La Comisión de Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, desarrolla políticas relativas a las actividades de lucha contra el terrorismo y supervisa la aplicación de medidas antiterroristas, así como las actividades de las distintas autoridades competentes en este ámbitoArtículo 5, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. La Comisión está presidida por el primer ministro y está compuesta por varios ministros y jefes de organismos gubernamentales, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad, el director del SNI, el comisario general de la Agencia Nacional de Policía y el presidente de la Comisión de Servicios FinancierosArtículo 3, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando se lleven a cabo investigaciones antiterroristas y se rastreen sospechosos de terrorismo para recabar la información o los materiales necesarios para las actividades de lucha contra el terrorismo, el director del SNI deberá informar al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo (es decir, el primer ministro)Artículo 9, apartado 4, de la Ley antiterrorista..Además, la Ley antiterrorista establece la figura del OPDH con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas contra las vulneraciones causadas por las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 7 de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por el presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo de entre las personas que reúnen las cualificaciones mencionadas en el Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista (es decir, cualquier persona cualificada como abogado con al menos diez años de experiencia laboral o con conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos y que trabaje o haya trabajado, al menos, como profesor asociado durante al menos diez años o que haya ejercido como funcionario público de rango superior en agencias estatales o Gobiernos locales, o con al menos diez años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, en una organización no gubernamental)Artículo 7, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por un período de dos años (con la posibilidad de renovar su mandato) y solo puede ser destituido por motivos específicos y limitados y por causa justificada, por ejemplo, cuando se le acuse en un proceso penal relacionado con sus funciones, cuando divulgue información confidencial o por incapacidad mental o física de larga duraciónArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista..En términos de competencias, el OPDH podrá formular recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos por parte de las agencias que participen en actividades de lucha contra el terrorismo y tramitar peticiones civiles (véase la sección 3.4.3)Artículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando pueda establecerse razonablemente la existencia de una vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones oficiales, el OPDH podrá recomendar al jefe de la agencia responsable que corrija dicha vulneraciónArtículo 9, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista. El OPDH decide de manera autónoma sobre la adopción de recomendaciones, pero debe informar de ellas al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo.. A su vez, la agencia responsable deberá informar al OPDH de las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendaciónArtículo 9, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Si una agencia no aplicara una recomendación del OPDH, el asunto se elevaría a la Comisión, incluido su presidente, el primer ministro. Hasta la fecha, no ha habido casos en los que no se hayan aplicado las recomendaciones del OPDH.3.3.2.La Asamblea NacionalComo se describe en la sección 2.3.2, la Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicas y, en ese contexto, solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigos. Con respecto a las cuestiones que son competencia del SNI, esta supervisión parlamentaria corre a cargo el Comité de Inteligencia de la Asamblea NacionalArtículo 36 y artículo 37, apartado 1, punto 16, de la Ley de la Asamblea Nacional.. El director del SNI, que supervisa el desempeño de las funciones de la agencia, informa al Comité de Inteligencia (así como al presidente)Artículo 18 de la Ley SNI.. El propio Comité de Inteligencia también podrá solicitar un informe sobre un asunto específico, y el director del SNI deberá responder sin demoraArtículo 15, apartado 2, de la Ley SNI.. Solo podrá negarse a responder o testificar ante el Comité de Inteligencia con respecto a secretos de Estado relativos a cuestiones militares, diplomáticas o relacionadas con Corea del Norte, cuando el conocimiento público pueda tener graves consecuencias para el destino nacionalArtículo 17, apartado 2, de la Ley SNI. Los secretos de Estado se definen como los hechos, bienes o conocimientos clasificados como secretos de Estado, cuyo acceso se permite a un número limitado de personas y que no se divulgarán a ningún otro país u organización, con el fin de evitar cualquier perjuicio grave para la seguridad nacional (véase el artículo 13, apartado 4, de la Ley SNI).. En este caso, el Comité de Inteligencia podrá solicitar una explicación al primer ministro. Si tal explicación no se presenta en el plazo de siete días a partir de la presentación de la solicitud, la respuesta o el testimonio ya no podrán denegarse.Si la Asamblea Nacional comprueba que ha habido actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea Nacional. Existen normas específicas relativas a la supervisión parlamentaria con respecto al uso de medidas de restricción de la comunicación (es decir, la recogida del contenido de las comunicaciones) con arreglo a la LPPCArtículo 15 de la LPPC.. Por lo que se refiere a esta última, la Asamblea Nacional podrá solicitar a los jefes de las agencias de inteligencia un informe sobre cualquier medida específica de restricción de la comunicación. Además, podrá llevar a cabo inspecciones in situ de los equipos de escuchas telefónicas. Por último, las agencias de inteligencia que hayan recogido y los operadores que hayan divulgado información sobre el contenido con fines de seguridad nacional deberán informar sobre dicha divulgación a petición de la Asamblea Nacional.3.3.3.La Comisión de Control e InspecciónLa CCI desempeña las mismas funciones de supervisión con respecto a las agencias de inteligencia que en el ámbito de la aplicación del Derecho penal (véase la sección 2.3.2)Al igual que en el caso del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, el director del SNI solo podrá negarse a responder a la CCI sobre cuestiones que constituyan secretos de Estado y si el conocimiento público pudiera tener graves consecuencias para la seguridad nacional (artículo 13, apartado 1, de la Ley SNI)..3.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalPor lo que se refiere al tratamiento de datos con fines de seguridad nacional, incluida la fase de recogida, la CPIP llevará a cabo una supervisión adicional. Como se explica con más detalle en la sección 1.2, esto incluye los principios y obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 58, apartado 4, de la LPIP, así como el ejercicio de los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP también abarca las posibles infracciones de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, tales como la LPPC, la Ley antiterrorista y la LST. Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de dichas leyes constituye una violación de la LPIP. Por lo tanto, la CPIP tiene la facultad de investigarArtículo 63 de la LPIP. las infracciones de las leyes que regulan el acceso a los datos con fines de seguridad nacional, así como de las normas de tratamiento establecidas en la LPIP, y de proporcionar asesoramiento para la mejora, imponer medidas correctoras, recomendar medidas disciplinarias y remitir posibles infracciones a las autoridades de investigación pertinentesArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP..3.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa supervisión por parte de la CNDH se aplica de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.3.2).3.4.Reparación individual3.4.1.Reparación ante el oficial de protección de los derechos humanosPor lo que se refiere a la recogida de información personal en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, el OPDH, establecido bajo los auspicios de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo, ofrece una vía de recurso específica. El OPDH tramita las peticiones civiles relacionadas con la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 8, apartado 1, punto 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Podrá recomendar medidas correctoras y la agencia correspondiente deberá informar al Oficial de cualquier medida adoptada para aplicar dicha recomendación. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante el OPDH. En consecuencia, el OPDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad.3.4.2.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada con fines de seguridad nacionalArtículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartados 1, 3 y 4, de la LPIP.. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse directamente ante la agencia de inteligencia o de manera indirecta a través de la CPIP. La agencia de inteligencia podrá retrasar, limitar o denegar el ejercicio del derecho en la medida y durante el tiempo necesarios y proporcionados para proteger un objetivo importante de interés público (por ejemplo, en la medida y durante el tiempo que la concesión del derecho ponga en peligro una investigación en curso o amenace la seguridad nacional) o cuando la concesión del derecho pueda atentar contra la vida o la integridad de un tercero. En caso de denegación o restricción de la solicitud, el particular debe ser informada sin demora de los motivos.Además, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la LPIP (obligación de garantizar la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales) y el artículo 4, apartado 5, de la LPIP (derecho a una reparación adecuada por cualquier daño o perjuicio derivado del tratamiento de información personal, mediante un procedimiento rápido y justo), los particulares tendrán derecho a obtener reparación. Esto incluye el derecho a denunciar una presunta infracción ante el Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de Corea y a presentar una reclamación ante la CPIPArtículos 62 y 63, apartado 2, de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal con fines de seguridad nacional como de la LPIP. Como se explica en la Nota n.o 2021-1, un ciudadano de la UE podrá presentar una reclamación ante la CPIP a través de su autoridad nacional de protección de datos. En este caso, la CPIP lo notificará a la persona a través de la autoridad nacional de protección de datos una vez finalizada la investigación (incluida, en su caso, la información sobre las medidas correctoras impuestas). Las decisiones o la inacción de la CPIP podrán ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales coreanos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo.3.4.3.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa posibilidad de obtener una reparación individual ante la CNDH se aplicará de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.4.2).3.4.4.Reparación judicialAl igual que en el caso de las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, los particulares podrán obtener reparación judicial contra las agencias de inteligencia con respecto a las infracciones de las limitaciones y salvaguardias antes mencionadas a través de distintas vías.En primer lugar, los particulares podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Ley de indemnización estatal. Por ejemplo, en un asunto, se concedió una indemnización en relación con la vigilancia ilícita por parte del Comando de Apoyo a la Defensa (predecesor del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa)Resolución n.o 96Da42789 del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 1998..En segundo lugar, la Ley de lo contencioso-administrativo permite a los particulares impugnar las disposiciones y omisiones de los organismos administrativos, incluidas las agencias de inteligenciaArtículos 3 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo..Por último, los particulares podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por las agencias de inteligencia sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional.
Choi Young Ae
Presidenta, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea
L0442022ES110120211217ES0001.00036919022Marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacionalEl presente documento ofrece una visión general del marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacional (en lo sucesivo, acceso por parte de las autoridades públicas), en particular en lo que respecta a las bases jurídicas disponibles, las condiciones (limitaciones) y las salvaguardias aplicables, así como la supervisión independiente y las posibilidades de reparación individual.1.PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES PERTINENTES PARA EL ACCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS1.1.Marco constitucionalLa Constitución de la República de Corea establece el derecho a la privacidad en general (artículo 17) y, en particular, el derecho a la privacidad de la correspondencia (artículo 18). Es obligación del Estado garantizar estos derechos fundamentalesArtículo 10 de la Constitución de la República de Corea, promulgada el 17 de julio de 1948 (en lo sucesivo, la Constitución).. La Constitución estipula asimismo que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden ser restringidos por ley y cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para el mantenimiento del orden público en interés del bienestar públicoArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Incluso cuando se impongan tales restricciones, estas no pueden afectar al contenido esencial de las libertades o de los derechosArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Los órganos jurisdiccionales coreanos han aplicado estas disposiciones en asuntos relativos a la interferencia de las autoridades públicas con la privacidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que la vigilancia de los ciudadanos vulneraba el derecho fundamental a la privacidad, al hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a la autodeterminación de la información personalResolución n.o 96DA42789 del Tribunal Supremo de Corea, de 24 de julio de 1998.. En otro asunto, el Tribunal Constitucional declaró que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que brinda protección contra la intervención en la vida privada de los ciudadanos y su vigilancia por parte del EstadoResolución n.o 2002Hun-Ma51 del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 2003. Del mismo modo, en la Resolución 99Hun-Ma513 y 2004Hun-Ma190 (consolidada), de 26 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional aclaró que el derecho a controlar la propia información personal es un derecho de la persona a quien concierne la información para decidir personalmente cuándo y en qué medida se divulgará o utilizará su información, a quién se divulgará y quién podrá efectuar la divulgación o usar la información. Es un derecho fundamental, aunque no se especifique en la Constitución, destinado a proteger la libertad de decisión personal frente al riesgo causado por la ampliación de las funciones estatales y las tecnologías de infocomunicación..La Constitución coreana garantiza asimismo que ninguna persona será arrestada, detenida, registrada o interrogada, ni se incautarán bienes, salvo en los casos previstos por la leyArtículo 12, apartado 1, primera frase, de la Constitución.. Además, los registros e incautaciones solo pueden llevarse a cabo sobre la base de una orden emitida por un juez, a petición de un fiscal, y respetando las garantías procesalesArtículo 16 y artículo 12, apartado 3, de la Constitución.. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando se detenga a una persona sospechosa en el momento de la comisión de un delito (delito flagrante), o cuando exista el riesgo de que una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o más pueda escapar o destruir pruebas, las autoridades de investigación podrán llevar a cabo un registro o una incautación sin una orden, que deberán solicitar posteriormenteArtículo 12, apartado 3, de la Constitución.. Estos principios generales se desarrollan aún más en leyes específicas relativas al procedimiento penal y a la protección de las comunicaciones (véase más adelante para tener una visión de conjunto detallada).Con respecto a los extranjeros, la Constitución establece que su condición está garantizada según lo dispuesto por el Derecho y los tratados internacionalesArtículo 6, apartado 2, de la Constitución.. Varios acuerdos internacionales de los que Corea es parte garantizan los derechos de privacidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 22) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Además, si bien la Constitución hace referencia, en principio, a los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que también los extranjeros son titulares de derechos fundamentalesResolución n.o 93Hun-MA120 del Tribunal Constitucional, de 29 de diciembre de 1994. Véase también, por ejemplo, la resolución n.o 2014Hun-Ma346 del Tribunal Constitucional (de 31 de mayo de 2018), en la que el Tribunal dictaminó que se había vulnerado el derecho constitucional de un nacional sudanés detenido en el aeropuerto a recibir asistencia letrada. En otro asunto, el Tribunal Constitucional dictaminó que la libertad de elegir el lugar de trabajo está estrechamente relacionada con el derecho a buscar la felicidad, así como con la dignidad y el valor humanos, por lo que no está reservada únicamente a los ciudadanos, sino que también puede garantizarse a los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Corea (Resolución n.o 2007Hun-Ma1083 del Tribunal Constitucional, de 29 de septiembre de 2011).. En particular, el Tribunal sostuvo que la protección de la dignidad y el valor de una persona como ser humano, así como el derecho a buscar la felicidad, son derechos de todo ser humano, no solo de los ciudadanosResolución n.o 99HeonMa494 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. El Tribunal también aclaró que el derecho a controlar la propia información se considera un derecho fundamental, basado en el derecho a la dignidad y a buscar la felicidad, así como en el derecho a la vida privadaVéase, por ejemplo, la Resolución n.o 99HunMa513 del Tribunal Constitucional.. Aunque hasta ahora la jurisprudencia no se ha ocupado específicamente del derecho a la privacidad de los nacionales no coreanos, es ampliamente aceptado entre los académicos que los artículos 12 a 22 de la Constitución (que abarcan el derecho a la privacidad y a la libertad personal) establecen los derechos de los seres humanos.Por último, la Constitución también prevé el derecho a reclamar una indemnización justa a las autoridades públicasArtículo 29, apartado 1, de la Constitución.. Además, sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional..1.2.Normas generales de protección de datosLa ley general de protección de datos de la República de Corea, la Ley sobre la protección de la información personal (en lo sucesivo, LPIP), se aplica tanto al sector público como al privado. Con respecto a las autoridades públicas, la LPIP hace referencia específica a la obligación de formular políticas para prevenir el abuso y el uso indebido de la información personal, la vigilancia indiscreta y el seguimiento, etc. y mejorar la dignidad de los seres humanos y la privacidad individualArtículo 5, apartado 1, de la LPIP..El tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación de la ley está sujeto a todos los requisitos de la LPIP. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal deben cumplir las obligaciones de tratamiento lícito, es decir, basarse en una de las bases jurídicas mencionadas en la LPIP para la recogida, la utilización o el suministro de información personal (artículos 15 a 18 de la LPIP), así como los principios de limitación de la finalidad (artículo 3, apartados 1 y 2, de la LPIP), proporcionalidad/minimización de los datos (artículo 3, apartados 1 y 6, de la LPIP), conservación limitada de los datos (artículo 21 de la LPIP), seguridad de los datos, incluida la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos (artículo 3, apartado 4, y artículos 29 y 34 de la LPIP) y transparencia (artículo 3, apartados 1 y 5, y artículos 20, 30 y 32 de la LPIP). Se aplican salvaguardias específicas con respecto a la información sensible (artículo 23 de la LPIP). Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y los artículos 4 y 35 a 39-2 de la LPIP, los particulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión ante las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.Por tanto, si bien la LPIP es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, contiene una excepción cuando los datos personales se tratan con fines de seguridad nacional. De conformidad con el artículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP, los artículos 15 a 50 de la LPIP no se aplicarán a la información personal recogida o solicitada para el análisis de información relacionada con la seguridad nacionalArtículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP.. Por el contrario, el capítulo I (Disposiciones generales), el capítulo II (Establecimiento de políticas de protección de la información personal, etc.), el capítulo VIII (Demandas colectivas por violación de la seguridad de los datos), el capítulo IX (Disposiciones complementarias) y el capítulo X (Disposiciones sobre sanciones) de la LPIP seguirán siendo de aplicación. Esto abarca los principios generales de protección de datos establecidos en el artículo 3 (Principios de protección de la información personal) y los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP (Derechos de los interesados). Esto significa que los principios y derechos fundamentales también están garantizados en este ámbito. Además, el artículo 58, apartado 4, de la LPIP establece que dicha información deberá tratarse en la medida mínima necesaria para alcanzar la finalidad perseguida y por el período mínimo; también exige que el responsable del tratamiento de información personal establezca las medidas necesarias para garantizar una gestión segura de los datos y un tratamiento adecuado, tales como salvaguardias técnicas, físicas y administrativas, así como medidas para la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales.En la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, la CPIP) aclara con mayor detalle cómo se aplica la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional, a la luz de esta exención parcialNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 6.. Esto comprende, en particular, los derechos de las personas (acceso, rectificación, suspensión y supresión) y los motivos y las limitaciones de posibles restricciones de los mismos. De acuerdo con la Nota, la aplicación de los principios, los derechos y las obligaciones fundamentales de la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional refleja las garantías previstas por la Constitución para la protección del derecho de un particular a controlar su propia información personal. Toda restricción a ese derecho, por ejemplo, cuando resulte necesaria para la protección de la seguridad nacional, requiere encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses del particular y el interés público pertinente y no puede afectar al contenido esencial del derecho (artículo 37, apartado 2, de la Constitución).2.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS A EFECTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY2.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito del control del cumplimiento de la leySobre la base de la Ley de enjuiciamiento criminal (en lo sucesivo, LEC), la Ley sobre la protección de la privacidad de las comunicaciones (en lo sucesivo, LPPC) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, LST), la policía, los fiscales y los órganos jurisdiccionales podrán recoger datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal. En la medida en que la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia también confiera esta facultad al Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, SNI), este deberá cumplir las leyes antes mencionadasVéase el artículo 3 de la Ley SNI (Ley n.o 12948), que hace referencia a las investigaciones penales de determinados delitos, tales como la insurrección, la rebelión y los delitos relacionados con la seguridad nacional (por ejemplo, el espionaje). Los procedimientos de la LEC en materia de registros e incautaciones se aplicarían en este contexto, mientras que la LPPC regiría la recogida de datos de comunicaciones (véase la parte 3 sobre las disposiciones relativas al acceso a las comunicaciones con fines de seguridad nacional).. Por último, la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, LCUIETF) proporciona una base jurídica para que las instituciones financieras revelen información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (en lo sucesivo, UIFC) con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo especializado podrá, a su vez, facilitar dicha información a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas obligaciones de divulgación solo se aplican a los responsables del tratamiento de datos que tratan información crediticia personal de conformidad con la Ley de información crediticia y están sujetos a la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros. Dado que el tratamiento de información crediticia personal por parte de dichos responsables está excluido del ámbito de aplicación de la decisión de adecuación, las limitaciones y salvaguardias aplicables en virtud de la LCUIETF no se describen con más detalle en el presente documento.2.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LEC (véase 2.2.1), la LPPC (véase 2.2.2) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (véase 2.2.3) proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal a efectos de control de la aplicación de la ley y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicables.2.2.1.Registros e incautaciones2.2.1.1.Base jurídicaLos fiscales y los agentes de alto rango de la policía judicial solo podrán inspeccionar objetos, registrar a personas o incautarse de objetos si 1) una persona es sospechosa de haber cometido un delito (un sospechoso), 2) la investigación así lo requiere y 3) se considera que los objetos por inspeccionar, las personas por registrar y los objetos por incautar están relacionados con el asuntoArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. Del mismo modo, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo registros e incautarse de cualquier objeto que deba ser utilizado como prueba o ser decomisado, siempre que se considere que dichos objetos o personas están relacionados con un asunto concretoArtículo 106, apartado 1, y artículos 107 y 109 de la LEC..2.2.1.2.Limitaciones y salvaguardiasComo obligación general, los fiscales y los agentes de la policía judicial deberán respetar los derechos humanos del sospechoso, así como los de cualquier otra persona afectadaArtículo 198, apartado 2, de la LEC.. Además, solo podrán adoptarse medidas obligatorias para alcanzar el objetivo de la investigación cuando así lo disponga explícitamente la LEC y en la menor medida necesariaArtículo 199, apartado 1, de la LEC..Los registros, las inspecciones o las incautaciones por parte de agentes de policía o fiscales en el marco de una investigación penal solo podrán llevarse a cabo sobre la base de una orden judicialArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. La autoridad que solicite una orden deberá presentar materiales que demuestren los motivos para sospechar que una persona ha cometido un delito, que el registro, la inspección o la incautación son necesarios y que existen los objetos pertinentes que deben incautarseArtículo 108, apartado 1, del Reglamento de procedimiento penal.. En cuanto a la orden, esta debe contener, entre otras cosas, el nombre del sospechoso y el delito; el lugar, la persona o los objetos que se vayan a registrar o los objetos que se vayan a incautar; la fecha de emisión; y el período efectivo de aplicaciónArtículo 114, apartado 1, de la LEC, en relación con su artículo 219.. Del mismo modo, cuando, en el marco de un procedimiento judicial en curso, los registros e incautaciones se lleven a cabo fuera de una audiencia pública, deberá obtenerse previamente una orden judicialArtículo 113 de la LEC.. El particular de que se trate y su abogado defensor serán informados con antelación del registro o la incautación y podrán estar presentes en el momento de la ejecución de la ordenArtículos 121 y 122 de la LEC..En principio, a la hora de llevar a cabo registros o incautaciones y cuando el objeto por registrar sea un disco de ordenador u otro soporte de almacenamiento de datos, solo se incautarán los propios datos (copiados o impresos) en lugar de todo el soporteArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. El propio soporte de almacenamiento de datos solo podrá ser incautado cuando se considere sustancialmente imposible imprimir o copiar los datos necesarios por separado o cuando se considere que es sustancialmente impracticable lograr el objetivo del registro de otra maneraArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. La incautación deberá notificarse sin demora al particular de que se trateArtículo 219 de la LEC, en relación con su artículo 106, apartado 4.. No hay excepciones a este requisito de notificación con arreglo a la LEC.Los registros, las inspecciones y las incautaciones sin una orden solo podrán tener lugar en situaciones limitadas. En primer lugar, este es el caso cuando resulta imposible obtener una orden debido a la urgencia en el lugar de una infracciónArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. No obstante, debe obtenerse una orden posteriormente y sin demoraArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. En segundo lugar, los registros y las inspecciones sin una orden podrán tener lugar in loco cuando se arreste o se detenga a un sospechosoArtículo 216, apartados 1 y 2, de la LEC.. Por último, un fiscal o un alto funcionario de la policía judicial podrá incautarse de un objeto sin una orden cuando el objeto haya sido desechado por un sospechoso o un tercero o se haya presentado voluntariamenteArtículo 218 de la LEC. Por lo que se refiere a la información personal, esto solo abarca la presentación voluntaria por parte del particular de que se trate, no por un responsable del tratamiento que posea dicha información (lo cual requeriría una base jurídica específica con arreglo a la Ley sobre la protección de la información personal). Los objetos presentados voluntariamente solo se admitirán como pruebas en procedimientos judiciales si no existen dudas razonables acerca del carácter voluntario de la divulgación, lo cual debe demostrar el fiscal. Véase la Resolución n.o 2013Do11233 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016..Las pruebas obtenidas en violación de la LEC se considerarán inadmisiblesArtículo 308-2 de la LEC.. Además, la Ley penal establece que los registros ilícitos de personas o de su lugar de residencia, edificios vigilados, estructuras, automóviles, buques, aeronaves o habitaciones ocupadas son punibles con una pena de prisión de un máximo de tres añosArtículo 321 de la Ley penal.. Por consiguiente, esta disposición también se aplica cuando se incautan objetos, tales como dispositivos de almacenamiento de datos, durante un registro ilícito.2.2.2.Recogida de información sobre las comunicaciones2.2.2.1.Base jurídicaLa recogida de información sobre las comunicaciones se rige por una ley específica, la LPPC. En particular, la LPPC establece la prohibición de censurar cualquier correo, realizar escuchas de cualquier telecomunicación, facilitar datos de confirmación de la comunicación, grabar o escuchar cualquier conversación entre otras personas que no se haga pública, salvo sobre la base de la LEC, la LPPC o la Ley de tribunales militaresArtículo 3 de la LPPC. En principio, la Ley de tribunales militares regula la recogida de información sobre el personal militar y solo puede aplicarse a civiles en un número limitado de casos (por ejemplo, si el personal militar y los civiles cometen un delito conjuntamente o si una persona comete un delito contra el ejército, puede incoarse un procedimiento ante un tribunal militar, véase el artículo 2 de la Ley de tribunales militares). Las disposiciones generales que regulan los registros e incautaciones son similares a las de la LEC, véanse, por ejemplo, los artículos 146 a 149 y 153 a 156 de la Ley de tribunales militares. Por ejemplo, el correo postal solo podrá recogerse cuando sea necesario para una investigación y sobre la base de una orden de un tribunal militar. En la medida en que se recojan comunicaciones electrónicas, se aplicarán las limitaciones y salvaguardias de la LPPC.. El término comunicación en el sentido de la LPPC abarca tanto el correo ordinario como las telecomunicacionesArtículo 2, apartado 1, de la LPPC, es decir, la transmisión o recepción de todo tipo de sonidos, palabras, símbolos o imágenes por cable, de manera inalámbrica, por cable de fibra u otro sistema electromagnético, en particular el teléfono, el correo electrónico, los servicios de información de afiliación, el fax y la radiobúsqueda.. A este respecto, la LPPC distingue entre medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 2, apartado 7, y artículo 3, apartado 2, de la LPPC. y la recogida de datos de confirmación de la comunicación.El concepto de medidas de restricción de la comunicación abarca la censura, por ejemplo, la recogida del contenido del correo postal tradicional y las escuchas telefónicas, es decir, la interceptación directa (adquisición o grabación) del contenido de las telecomunicacionesPor censura se entiende la apertura del correo sin el consentimiento de la parte afectada o la adquisición de conocimiento, la grabación o la retención de su contenido por otros medios (artículo 2, apartado 6, de la LPPC). Por escuchas telefónicas se entiende la adquisición o la grabación del contenido de las telecomunicaciones mediante escucha o lectura colectiva de sonidos, palabras, símbolos o imágenes de las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos o mecánicos sin el consentimiento de la parte afectada o la interferencia con su transmisión y recepción (artículo 2, apartado 7, de la LPPC).. El concepto de datos de confirmación de la comunicación abarca los datos sobre los registros de telecomunicaciones, que incluyen la fecha de las telecomunicaciones, su hora de inicio y fin, el número de llamadas salientes y entrantes, así como el número de abonados de la otra parte, la frecuencia de uso, los archivos de registro sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones y la información sobre la ubicación (por ejemplo, de torres de transmisión en las que se reciben las señales)Artículo 2, apartado 11, de la LPPC..La LPPC establece las limitaciones y salvaguardias para la recogida de ambos tipos de datos, y el incumplimiento de varios de estos requisitos está sujeto a sanciones penalesArtículos 16 y 17 de la LPPC. Esto se aplica, por ejemplo, a la recogida sin una orden, a la falta de mantenimiento de registros, a la no interrupción de la recogida cuando deja de existir una emergencia o a la falta de notificación al particular de que se trate..2.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones (medidas de restricción de la comunicación)La recogida del contenido de las comunicaciones solo podrá tener lugar como medio complementario para facilitar una investigación penal (es decir, como medida de último recurso) y deberán hacerse esfuerzos para minimizar la interferencia con los secretos de las comunicaciones de las personasArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. En consonancia con este principio general, solo podrán aplicarse medidas de restricción de la comunicación cuando sea difícil impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar las pruebasArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. Los organismos encargados de la aplicación de la ley que recojan el contenido de las comunicaciones deberán dejar de hacerlo inmediatamente una vez que el acceso continuo ya no se considere necesario, garantizando así que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones sea lo más limitada posibleArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Además, las medidas de restricción de la comunicación solo podrán utilizarse cuando existan razones fundadas para sospechar que se están planificando, se están cometiendo o se han cometido determinados delitos graves mencionados específicamente en la LPPC. Entre ellos se incluyen delitos como la insurrección, los delitos relacionados con las drogas o con explosivos, así como los relacionados con la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o las bases e instalaciones militaresArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. El objeto de una medida de restricción de la comunicación deben ser envíos postales o telecomunicaciones específicos enviados o recibidos por el sospechoso, o envíos postales o telecomunicaciones enviados o recibidos por el sospechoso durante un período de tiempo determinadoArtículo 5, apartado 2, de la LPPC..Incluso cuando se cumplan estos requisitos, la recogida de datos de contenido solo podrá llevarse a cabo sobre la base de una orden judicial. En particular, un fiscal puede pedir al órgano jurisdiccional que permita la recogida de datos de contenido relativos al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 1, de la LPPC.. Del mismo modo, un agente de la policía judicial podrá solicitar autorización a un fiscal, quien, a su vez, podrá solicitar una orden judicialArtículo 6, apartado 2, de la LPPC.. La solicitud de una orden deberá hacerse por escrito y contener elementos específicos. En particular, deberá presentar 1) las razones fundadas para sospechar que uno de los delitos listados está previsto, se está cometiendo o se ha cometido, así como cualquier material que demuestre que hay un caso de sospecha aparente; 2) las medidas de restricción de la comunicación, así como su objeto, alcance, objetivo y período efectivo; y 3) el lugar en el que se ejecutarían las medidas y cómo se llevarían a caboArtículo 6, apartado 4, de la LPPC y artículo 4, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando se cumplan los requisitos legales, el órgano jurisdiccional podrá autorizar por escrito la aplicación de medidas de restricción de la comunicación con respecto al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 5, y artículo 6, apartado 8, de la LPPC.. Esta orden especificará los tipos de medidas, así como su objeto, alcance, período efectivo, lugar de ejecución y la manera en que deben llevarse a caboArtículo 6, apartado 6, de la LPPC..Las medidas de restricción de la comunicación solo podrán llevarse a cabo durante un período de dos mesesArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. Si el objetivo de las medidas se alcanza antes dentro de ese período, las medidas deben interrumpirse de inmediato. Por el contrario, si se siguen cumpliendo las condiciones necesarias, podrá presentarse una solicitud para prorrogar el período efectivo de las medidas de restricción de la comunicación dentro del plazo de dos meses. Dicha solicitud deberá contener materiales que justifiquen prima facie la prórroga de las medidasArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. El período prolongado no podrá superar un total de un año, o de tres años en el caso de determinados delitos especialmente graves (por ejemplo, delitos relacionados con la insurrección, agresiones extranjeras, la seguridad nacional, etc.)Artículo 6, apartado 8, de la LPPC..Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán exigir la asistencia de los operadores de comunicaciones proporcionándoles la autorización escrita del tribunalArtículo 9, apartado 2, de la LPPC.. Los operadores de comunicaciones deberán cooperar y conservar la autorización recibida en sus archivosArtículo 15-2 de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Podrán negarse a cooperar cuando la información sobre la persona en cuestión indicada en la autorización escrita del tribunal (por ejemplo, el número de teléfono de la persona) sea incorrecta. Además, tienen prohibido, en cualquier circunstancia, revelar las contraseñas utilizadas para las telecomunicacionesArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Toda persona que ejecute medidas de restricción de la comunicación o a quien se le solicite cooperar deberá llevar registros en los que se especifiquen los objetivos de las medidas, su ejecución, la fecha en que se prestó la cooperación y el objetoArtículo 9, apartado 3, de la LPPC.. Las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley que apliquen medidas de restricción de la comunicación también deberán mantener registros en los que se expongan los detalles y los resultados obtenidosArtículo 18, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Los agentes de la policía judicial deberán facilitar al fiscal esta información mediante un informe cuando cierren una investigaciónArtículo 18, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando un fiscal formule una acusación con respecto a un asunto en el que se hayan utilizado medidas de restricción de la comunicación o adopte una disposición de no acusar o detener al particular en cuestión (es decir, no solo una suspensión del enjuiciamiento), el fiscal deberá notificar al particular sujeto a las medidas de restricción de la comunicación el hecho de que se han ejecutado tales medidas, el organismo de ejecución y el período de ejecución. Dicha notificación deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días a partir de la disposiciónArtículo 9-2, apartado 1, de la LPPC.. La notificación podrá aplazarse cuando pueda poner en grave peligro la seguridad nacional o perturbar la seguridad y el orden públicos, o cuando pueda atentar gravemente contra la vida y la integridad física de tercerosArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. Cuando se tenga intención de aplazar la notificación, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán obtener la aprobación del jefe de la Fiscalía de distritoArtículo 9-2, apartado 5, de la LPPC.. Una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..La LPPC también establece un procedimiento específico para la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia. En particular, los organismos encargados de la aplicación de la ley podrán recoger el contenido de las comunicaciones en caso de que sea inminente la planificación o ejecución de delincuencia organizada u otro delito grave que pueda causar directamente la muerte o lesiones graves, y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento ordinario (tal como se ha indicado anteriormente)Artículo 8, apartado 1, de la LPPC.. En tal situación de emergencia, el agente de policía o el fiscal podrán adoptar medidas de restricción de la comunicación sin previa autorización judicial, pero deberán solicitar dicha autorización inmediatamente después de la ejecución. Si el organismo encargado de la aplicación de la ley no obtiene la autorización judicial en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se llevaron a cabo las medidas de emergencia, la recogida deberá interrumpirse de inmediato, y esto normalmente irá seguido de la destrucción de la información recogidaArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. Los agentes de policía que lleven a cabo una vigilancia de emergencia lo harán bajo el control de un fiscal o, si resultase imposible recibir las instrucciones del fiscal por adelantado debido a la necesidad de actuar con urgencia, la policía deberá obtener la autorización de un fiscal inmediatamente después de comenzar la ejecuciónArtículo 8, apartado 3, de la LPPC y artículo 16, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las normas sobre la notificación al particular descritas anteriormente también se aplican a la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia.La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la autoridad que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC.. La solicitud a un órgano jurisdiccional de que autorice las medidas de emergencia deberá ir acompañada de un documento escrito en el que se indiquen las medidas necesarias de restricción de la comunicación, el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución, el método y una explicación de la manera en que las medidas pertinentes de restricción de la comunicación cumplen el artículo 5, apartado 1, de la LPPCEs decir, que existe una razón fundada para sospechar que se están planificando o cometiendo determinados delitos graves, o que se han cometido, y que es impracticable impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas., junto con los documentos justificativos.En los casos en que las medidas de emergencia se completen en poco tiempo, descartando así la autorización judicial (por ejemplo, si el sospechoso es detenido inmediatamente después de iniciar la interceptación, que, por consiguiente, se interrumpe), el jefe de la Fiscalía competente enviará una notificación de las medidas de emergencia al órgano jurisdiccional competenteArtículo 8, apartado 5, de la LPPC.. La notificación deberá indicar el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de recogida, así como los motivos para no presentar una solicitud de autorización judicialArtículo 8, apartados 6 y 7, de la LPPC.. Esta notificación permite al órgano jurisdiccional receptor examinar la legalidad de la recogida y deberá introducirse en un registro de notificaciones de medidas de emergencia.Como requisito general, el contenido de las comunicaciones adquiridas mediante la aplicación de medidas de restricción de la comunicación sobre la base de la LPPC solo podrá utilizarse para investigar, enjuiciar o prevenir los delitos específicos mencionados anteriormente, en procedimientos disciplinarios por los mismos delitos, una reclamación por daños y perjuicios presentada por una parte de las comunicaciones o cuando así lo permitan otras leyesArtículo 12 de la LPPC..Cuando se recojan telecomunicaciones transmitidas por internet, se aplicarán salvaguardias específicasArtículo 12-2 de la LPPC.. Dicha información solo podrá utilizarse para investigar los delitos graves mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la LPPC. Para conservar la información, deberá obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicaciónEl fiscal o el agente de policía que ejecute las medidas de restricción de la comunicación deberá seleccionar las telecomunicaciones por conservar en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas y solicitar una autorización judicial (en el caso de un agente de policía, la solicitud deberá presentarse a un fiscal, quien, a su vez, presentará la solicitud al órgano jurisdiccional), véase el artículo 12-2, apartados 1 y 2, de la LPPC.. Las solicitudes de conservación deberán contener información sobre las medidas de restricción de la comunicación, un resumen de los resultados de las medidas, los motivos de la conservación (junto con materiales de apoyo) y las telecomunicaciones por conservarArtículo 12-2, apartado 3, de la LPPC.. A falta de tal solicitud, las telecomunicaciones adquiridas deberán suprimirse en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Si se rechaza una solicitud, las telecomunicaciones deberán destruirse en un plazo de siete díasArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Cuando se supriman las telecomunicaciones, deberá presentarse un informe en un plazo de siete días ante el órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicación, indicando los motivos de la supresión, así como los detalles y el momento en que se realizó.De manera más general, si la información se obtuvo de manera ilícita a través de medidas de restricción de la comunicación, no se admitirá como prueba en procedimientos judiciales o disciplinariosArtículo 4 de la LPPC.. Asimismo, la LPPC prohíbe a toda persona que adopte medidas de restricción de la comunicación divulgar información confidencial obtenida durante la aplicación de tales medidas y utilizar la información obtenida para dañar la reputación de las personas sujetas a las medidasArtículo 11, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..2.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información de confirmación de la comunicaciónSobre la base de la LPPC, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley podrán solicitar a los operadores de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o ejecutar una penaArtículo 13, apartado 1, de la LPPC.. A diferencia de la recogida de datos de contenido, la posibilidad de recoger datos de confirmación de la comunicación no se limita a determinados delitos específicos. Sin embargo, como ocurre con los datos de contenido, la recogida de los datos de confirmación de la comunicación requiere la previa autorización escrita de un órgano jurisdiccional, con sujeción a las mismas condiciones descritas anteriormenteArtículos 13 y 6 de la LPPC.. Cuando por motivos de urgencia resulte imposible obtener la autorización judicial, los datos de confirmación de la comunicación podrán recogerse sin una orden, en cuyo caso deberá obtenerse la autorización inmediatamente después de solicitar los datos y deberá comunicarse al proveedor de telecomunicacionesArtículo 13, apartado 2, de la LPPC. Al igual que en el caso de las medidas urgentes de restricción de la comunicación, deberá elaborarse un documento en el que se expongan los detalles del caso (el sospechoso, las medidas por adoptar, el presunto delito y la urgencia). Véase el artículo 37, apartado 5, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Si no se obtiene una autorización posterior, la información recogida deberá destruirseArtículo 13, apartado 3, de la LPPC..Los fiscales, los agentes de la policía judicial y los órganos jurisdiccionales deberán mantener registros de las solicitudes de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13, apartados 5 y 6, de la LPPC.. Además, los proveedores de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Ciencia y TIC sobre la divulgación de datos de confirmación de la comunicación dos veces al año y mantener registros al respecto durante siete años a partir de la fecha en que se hayan divulgado los datosArtículo 13, apartado 7, de la LPPC..En principio, los particulares serán notificados del hecho de que se han recogido datos de confirmación de la comunicaciónVéase el artículo 13-3, apartado 7, en relación con el artículo 9-2 de la LPPC.. El momento para realizar dicha notificación dependerá de las circunstancias de la investigaciónArtículo 13-3, apartado 1, de la LPPC.. Una vez que se haya tomado una decisión de (no) enjuiciar, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días. Por el contrario, en caso de suspensión de la acusación, la notificación deberá enviarse en el plazo de treinta días transcurrido un año desde que se haya adoptado tal decisión. En cualquier caso, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días transcurrido un año desde la recogida de la información.La notificación podrá aplazarse si puede 1) poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad y el orden públicos, 2) causar la muerte o lesiones corporales, 3) impedir un procedimiento judicial justo (por ejemplo, dar lugar a la destrucción de pruebas o a amenazas a los testigos) o 4) difamar al sospechoso, a las víctimas o a otras personas relacionadas con el asunto o invadir su privacidadArtículo 13-3, apartado 2, de la LPPC.. El aplazamiento de la notificación por alguno de los motivos mencionados requiere la autorización del director de una fiscalía de distrito competenteArtículo 13-3, apartado 3, de la LPPC.. Cuando dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 13-3, apartado 4, de la LPPC..Las personas notificadas podrán presentar una solicitud por escrito al fiscal o al agente de la policía judicial en relación con los motivos de la recogida de los datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13-3, apartado 5, de la LPPC.. En tal caso, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán exponer los motivos por escrito en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, a menos que se aplique uno de los motivos mencionados anteriormente (excepciones para el aplazamiento de la notificación)Artículo 13-3, apartado 6, de la LPPC..2.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesEl artículo 83, apartado 3, de la LST permite a los operadores de telecomunicaciones acceder voluntariamente a una solicitud (formulada en apoyo de un proceso penal, una investigación o la ejecución de una pena) de un órgano jurisdiccional, un fiscal o el jefe de un órgano de investigación de divulgar datos de comunicaciones. En el contexto de la LST, los datos de comunicaciones abarcan el nombre, el número de registro de residente, la dirección y el número de teléfono de los usuarios, las fechas de suscripción o cancelación de la suscripción de los usuarios, así como los códigos de identificación de los usuarios (es decir, los códigos utilizados para identificar al usuario legítimo de sistemas informáticos o redes de comunicación)Artículo 83, apartado 3, de la LST.. A efectos de la LST, solo se consideran usuarios los particulares que contraten servicios directamente de un proveedor de telecomunicaciones coreanoArtículo 2, apartado 9, de la LST.. En consecuencia, es probable que las situaciones en que los ciudadanos de la UE cuyos datos se hayan transferido a la República de Corea se consideren usuarios con arreglo a la LST sean muy limitadas, ya que estas personas normalmente no celebran un contrato directo con un operador de telecomunicaciones coreano.Las solicitudes para obtener datos de comunicaciones sobre la base de la LST deberán hacerse por escrito e indicar los motivos de la solicitud, el vínculo con el usuario pertinente y el alcance de los datos solicitadosArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Cuando sea imposible presentar una solicitud por escrito debido a la urgencia, la solicitud escrita deberá presentarse tan pronto como desaparezca el motivo de la urgenciaArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Los operadores de telecomunicaciones que accedan a solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones deberán conservar libros que contengan registros que indiquen que se han facilitado datos de comunicaciones, así como los materiales relacionados, tales como la solicitud escritaArtículo 83, apartado 5, de la LST.. Además, los operadores de telecomunicaciones deberán informar al ministro de Ciencia y TIC sobre el suministro de datos de comunicaciones dos veces al añoArtículo 83, apartado 6, de la LST..Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a acceder a las solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones en virtud de la LST. Por tanto, el operador deberá evaluar cada solicitud a la luz de los requisitos aplicables de protección de datos con arreglo a la LPIP. En particular, un operador de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..En 2016, el Tribunal Supremo confirmó que el suministro voluntario de datos de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones sin una orden, con arreglo a la LST, no vulnera, como tal, el derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones a la autodeterminación en materia de información. Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que tal vulneración se produciría si resulta evidente que la agencia solicitante abusó de su autoridad para solicitar la divulgación de datos de comunicaciones, vulnerando así los intereses de la persona afectada o de un terceroResolución n.o 2012Da105482 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016.. De manera más general, toda solicitud de divulgación voluntaria por parte de una autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley deberá respetar los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2).2.3.SupervisiónLa supervisión de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, tanto de manera interna como por órganos externos.2.3.1.Auditoría internaDe conformidad con la Ley de auditorías del sector público, se anima a las autoridades públicas a crear un organismo de auditoría interna, que se encargue, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de la legalidadArtículos 3 y 5 de la Ley de auditorías del sector público.. Debe garantizarse la independencia de los jefes de tales organismos de auditoría en la mayor medida posibleArtículo 7 de la Ley de auditorías del sector público.. Más concretamente, son nombrados desde fuera de la autoridad competente (por ejemplo, antiguos jueces o profesores) por un período de dos a cinco años y solo pueden ser destituidos por razones justificadas (por ejemplo, cuando no puedan ejercer sus funciones debido a un trastorno mental o físico o cuando estén sujetos a medidas disciplinarias)Artículos 8 a 11 de la Ley de auditorías del sector público.. Del mismo modo, los auditores son nombrados sobre la base de las condiciones específicas establecidas en la LeyArtículos 16 y siguientes de la Ley de auditorías del sector público.. Los informes de auditoría podrán incluir recomendaciones o solicitudes de compensación o corrección, así como amonestaciones y recomendaciones o solicitudes de medidas disciplinariasArtículo 23, apartado 2, de la Ley de auditorías del sector público.. Se notifican al jefe de la autoridad pública objeto de la auditoría, así como a la Comisión de Control e Inspección (véase la sección 2.3.2) en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de la auditoríaArtículo 23, apartado 1, de la Ley de auditorías del sector público.. La autoridad en cuestión deberá aplicar las medidas necesarias e informar de los resultados a la Comisión de Control e InspecciónArtículo 23, apartado 3, de la Ley de auditorías del sector público.. Además, los resultados de las auditorías suelen ponerse a disposición del públicoArtículo 26 de la Ley de auditorías del sector público.. La negativa u obstrucción de una auditoría interna está sujeta a multas administrativasArtículo 41 de la Ley de auditorías del sector público.. En el ámbito de la aplicación del Derecho penal, para cumplir la legislación antes mencionada, la Agencia Nacional de Policía cuenta con un sistema de Inspecciones Generales para llevar a cabo auditorías internas, incluso con respecto a posibles vulneraciones de los derechos humanosVéanse, en particular, las divisiones bajo la Dirección General de Auditoría e Inspección: https://www.police.go.kr/eng/knpa/org/org01.jsp..2.3.2.La Comisión de Control e InspecciónLa Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, CCI) podrá inspeccionar las actividades de las autoridades públicas y, sobre la base de dichas inspecciones, formular recomendaciones, solicitar medidas disciplinarias o presentar una denuncia penalArtículos 24 y 31 a 35 de la Ley de la Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, Ley CCI).. La CCI está establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República de Corea, pero mantiene un estatuto independiente con respecto a sus funcionesArtículo 2, apartado 1, de la Ley CCI.. Además, la Ley por la que se crea la CCI exige que se le conceda la máxima independencia en lo que respecta al nombramiento, la destitución y la organización de su personal, así como a la elaboración de su presupuestoArtículo 2, apartado 2, de la Ley CCI.. El presidente de la CCI es nombrado por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 1, de la Ley CCI.. Los seis comisarios restantes son nombrados por el presidente de la República, previa recomendación del presidente de la CCI, para un mandato de cuatro añosArtículo 5, apartado 1, y artículo 6 de la Ley CCI.. Los comisarios (incluido el presidente de la CCI) deberán reunir las cualificaciones específicas establecidas por la leyPor ejemplo, haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años, haber trabajado como funcionario o profesor o haber ocupado un cargo más alto en una universidad durante al menos ocho años, o haber trabajado durante al menos diez años en una empresa cotizada o en una institución participada por el Gobierno (de los cuales al menos cinco años como director ejecutivo), véase el artículo 7 de la Ley CCI. y solo podrán ser despedidos en caso de proceso de destitución, condena a prisión o incapacidad para ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental a largo plazoArtículo 8 de la Ley CCI.. Además, los comisarios tienen prohibido participar en actividades políticas y ocupar simultáneamente cargos en la Asamblea Nacional, organismos administrativos, organizaciones sujetas a auditoría e inspección por parte de la CCI o cualquier otro cargo remuneradoArtículo 9 de la Ley CCI..La CCI lleva a cabo una auditoría general con una periodicidad anual, pero también puede realizar auditorías específicas sobre cuestiones de especial interés. La CCI podrá solicitar la presentación de documentos en el curso de una inspección, así como la asistencia de particularesVéase, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley CCI.. Como parte de una auditoría, la CCI examinará los ingresos y gastos del Estado, pero también supervisará el cumplimiento general de las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos con vistas a mejorar el funcionamiento de la administración públicaArtículos 20 y 24 de la Ley CCI.. Por lo tanto, su supervisión irá más allá de los aspectos presupuestarios e incluirá asimismo un control de legalidad.2.3.3.La Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicasArtículo 128 de la Ley de la Asamblea Nacional y artículos 2, 3 y 15 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Esto incluye las inspecciones anuales de los asuntos gubernamentales en su conjunto y las investigaciones de cuestiones específicas.. Durante una investigación o inspección, la Asamblea Nacional podrá solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigosArtículo 10, apartado 1, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Véanse también los artículos 128 y 129 de la Ley de la Asamblea Nacional.. Toda persona que cometa falso testimonio durante una investigación de la Asamblea Nacional estará sujeta a sanciones penales (pena de prisión de hasta diez años)Artículo 14 de la Ley sobre el testimonio, la evaluación, etc. ante la Asamblea Nacional.. El proceso y los resultados de las inspecciones podrán hacerse públicosArtículo 12-2 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. Si la Asamblea Nacional detecta actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea NacionalArtículo 16, apartado 3, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado..2.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalLa Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, CPIP) supervisa el tratamiento de la información personal por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal en consonancia con la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP abarca también las posibles infracciones de las normas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, incluidas aquellas contenidas en las leyes específicas que regulan la recogida de pruebas (electrónicas) a efectos del cumplimiento del Derecho penal (véase la sección 2.2). Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de este tipo constituye una violación de la LPIP, lo cual permite a la CPIP llevar a cabo una investigación y adoptar medidas correctorasVéase la Nota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal..En el ejercicio de su función de supervisión, la CPIP tendrá acceso a toda la información pertinenteArtículo 63 de la LPIP.. La CPIP podrá asesorar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para mejorar el nivel de protección de la información personal de sus actividades de tratamiento, imponer medidas correctoras (por ejemplo, suspender el tratamiento de datos o adoptar las medidas necesarias para proteger la información personal) o recomendar a la autoridad que adopte medidas disciplinariasArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP.. Por último, se prevén sanciones penales para determinadas infracciones de la LPIP, tales como utilizar o divulgar información personal a terceros o tratar información sensible de manera ilícitaArtículos 70 a 74 de la LPIP.. A este respecto, la CPIP podrá remitir el asunto al órgano de investigación competente (incluidos los fiscales)Artículo 65, apartado 1, de la LPIP..2.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CNDH), un organismo independiente encargado de proteger y promover los derechos fundamentalesArtículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Ley CNDH)., tiene la facultad de investigar y subsanar las infracciones de los artículos 10 a 22 de la Constitución, que incluyen los derechos a la privacidad en general y a la privacidad de la correspondencia. La CNDH está formada por once comisarios, nombrados a propuesta de la Asamblea Nacional (cuatro), el presidente de la República (cuatro) y el jefe judicial del Tribunal Supremo (tres)Artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley CNDH.. Para ser nombrado, un comisario debe 1) haber trabajado durante diez años, como mínimo, en una universidad o un instituto de investigación autorizado, al menos como profesor asociado; 2) haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años; 3) haber participado en actividades de derechos humanos durante al menos diez años (por ejemplo, para una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental o una organización internacional); o 4) haber sido recomendado por grupos de la sociedad civil)Artículo 5, apartado 3, de la Ley CNDH.. El presidente de la CNDH es nombrado por el presidente de la República entre los comisarios y debe ser confirmado por la Asamblea NacionalArtículo 5, apartado 5, de la Ley CNDH.. Los comisarios (incluido el presidente de la CNDH) son nombrados por un mandato renovable de tres años y solo pueden ser destituidos en caso de que sean condenados a prisión o ya no sean capaces de ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental prolongada (en cuyo caso, dos terceras partes de los comisarios deben estar de acuerdo con la destitución)Artículo 7, apartado 1, y artículo 8 de la Ley CNDH.. Los comisarios de la CNDH tienen prohibido ocupar un cargo simultáneo en la Asamblea Nacional, los consejos locales o cualquier Gobierno estatal o local (como funcionario público)Artículo 10 de la Ley CNDH..La CNDH podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o sobre la base de una petición de un particular. Como parte de su investigación, la CNDH podrá solicitar la presentación de los materiales pertinentes, llevar a cabo inspecciones y convocar personas para que testifiquenArtículo 36 de la Ley CNDH. De conformidad con el artículo 36, apartado 7, de la Ley, puede rechazarse la presentación de materiales u objetos si esta perjudicara la confidencialidad del Estado y pudiera tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o si constituyera un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso. En tales casos, la Comisión podrá solicitar información adicional al jefe del organismo pertinente (que deberá cumplir de buena fe) cuando sea necesario para revisar si la negativa a facilitar la información está justificada.. Después de una investigación, la CNDH podrá formular recomendaciones para mejorar o corregir políticas y prácticas específicas, y podrá hacerlas públicasArtículo 25, apartado 1, de la Ley CNDH.. Las autoridades públicas deberán informar a la CNDH de un plan para aplicar dichas recomendaciones en un plazo de noventa días a partir de su recepciónArtículo 25, apartado 3, de la Ley CNDH.. Además, en caso de no aplicar de las recomendaciones, la autoridad de que se trate deberá informar de ello a la ComisiónArtículo 25, apartado 4, de la Ley CNDH.. La CNDH podrá, a su vez, divulgar dicho incumplimiento a la Asamblea Nacional o hacerlo público. Las autoridades públicas generalmente cumplen las recomendaciones de la CNDH y tienen un fuerte incentivo para hacerlo, ya que su aplicación se ha examinado como parte de la evaluación general realizada por la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro.2.4.Reparación individual2.4.1.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal. El acceso podrá solicitarse directamente a la autoridad correspondiente o de manera indirecta a través de la CPIPArtículo 35, apartado 2, de la LPIP.. La autoridad competente podrá limitar o denegar el acceso únicamente cuando así lo disponga la ley, cuando sea probable que atente contra la vida o la integridad física de un tercero, o pueda dar lugar a una vulneración injustificada de los intereses patrimoniales y otros intereses de un tercero (es decir, cuando los intereses del tercero sean superiores a los intereses de la persona que presenta la solicitud)Artículo 35, apartado 4, de la LPIP.. Si se deniega una solicitud de acceso, la persona deberá ser informada de los motivos y de las vías de recursoArtículo 42, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Del mismo modo, podrá denegarse una solicitud de rectificación o supresión cuando así lo prevean otras leyes, en cuyo caso deberá informarse a la persona de los motivos subyacentes y de la posibilidad de recursoArtículo 36, apartados 1 y 2, de la LPIP y artículo 43, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPIP..En lo que respecta a la reparación, los particulares podrán presentar una reclamación ante la CPIP, incluso a través del Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de CoreaArtículo 62 de la LPIP.. Además, una persona podrá obtener una mediación a través del Comité de mediación de conflictos relacionados con la información personalArtículos 40 a 50 de la LPIP y artículos 48-2 a 57 del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal (sección 2.2) como de la LPIP. Además, los particulares podrán impugnar las decisiones o la inacción de la CPIP con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3).2.4.2.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa CNDH tramita las reclamaciones de los particulares (tanto coreanos como extranjeros) relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades públicasAunque el artículo 4 de la Ley CNDH hace referencia a los ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Corea, el término residente refleja un concepto de jurisdicción y no de territorio. Por consiguiente, si las instituciones nacionales dentro de Corea vulneran los derechos fundamentales de un extranjero fuera de Corea, dicho particular puede presentar una denuncia ante la CNDH. Véase, por ejemplo, la pregunta correspondiente en la página de preguntas frecuentes de la CNDH, disponible en https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=7025&menuid=002004005001&pagesize=10¤tpage=2. Este sería el caso si las autoridades públicas coreanas accedieran de manera ilícita a los datos personales de un extranjero transferidos a Corea.. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante la CNDHEn principio, la reclamación deberá presentarse en el plazo de un año a partir de la infracción, pero la CNDH podrá decidir, aun así, investigar una reclamación presentada después de ese plazo, siempre que no haya expirado el régimen de prescripción en virtud del Derecho penal o civil (artículo 32, apartado 1, punto 4, de la Ley CNDH).. En consecuencia, la CNDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad. Por lo tanto, en el contexto de la recogida de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, una persona no tendría que demostrar que las autoridades públicas coreanas han accedido efectivamente a su información personal para que la reclamación sea admisible ante la CNDH. Una persona también podrá solicitar que la reclamación se resuelva mediante mediaciónArtículos 42 y siguientes de la Ley CNDH..Para investigar una reclamación, la CNDH podrá hacer uso de sus facultades de investigación, incluso solicitando la presentación de materiales pertinentes, realizando inspecciones y citando a personas para que testifiquenArtículos 36 y 37 de la Ley CNDH.. Si la investigación revela que se ha producido una infracción de la legislación correspondiente, la CNDH podrá recomendar la aplicación de soluciones o la rectificación o mejora de cualquier ley, institución, política o práctica pertinenteArtículo 44 de la Ley CNDH.. Las soluciones propuestas podrán incluir la mediación, el cese de la vulneración de los derechos humanos, la indemnización por daños y perjuicios y medidas para evitar que vuelvan a producirse infracciones idénticas o similaresArtículo 42, apartado 4, de la Ley CNDH.. En el caso de la recogida ilícita de información personal con arreglo a las normas aplicables, las medidas correctoras podrán incluir la supresión de tal información. Si se considera que es muy probable que la infracción esté en curso y que es probable que, si no se atiende, se producirían daños difíciles de reparar, la CNDH podrá adoptar medidas de ayuda urgenteArtículo 48 de la Ley CNDH..Si bien la CNDH no está facultada para obligar, sus decisiones (por ejemplo, la decisión de no continuar la investigación de una reclamación)Por ejemplo, si excepcionalmente la CNDH no puede inspeccionar determinados materiales o instalaciones porque atañen a secretos de Estado que pueden tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o cuando la inspección suponga un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso (véase la nota a pie de página n.o 166) y cuando esto impida que la CNDH lleve a cabo la investigación necesaria para evaluar el fondo de la petición recibida, informará a la persona de las razones por las que se desestimó la reclamación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley CNDH. En este caso, el particular puede impugnar la decisión de la CNDH con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo. y recomendaciones pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales coreanos con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3 a continuación)Véanse, por ejemplo, la Resolución 2007NU27259 del Tribunal Superior de Seúl, de 18 de abril de 2008, confirmada por la Resolución 2008Du7854 del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2008; y la Resolución 2017NU69382 del Tribunal Superior de Seúl, de 2 de febrero de 2018.. Además, si las conclusiones de la CNDH revelan que los datos personales fueron recogidos de manera ilícita por una autoridad pública, una persona podría recurrir ante los órganos jurisdiccionales coreanos contra dicha autoridad pública, por ejemplo, impugnando la recogida con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo, presentando un recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional o solicitando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de indemnización estatal (véase la sección 2.4.3 a continuación).2.4.3.Reparación judicialLos particulares podrán invocar las limitaciones y salvaguardias descritas en las secciones anteriores para obtener reparación ante los órganos jurisdiccionales coreanos a través de distintas vías.En primer lugar, de conformidad con la LEC, la afectada persona y su abogado podrán estar presentes cuando se ejecute una orden de registro o incautación y, por consiguiente, podrán formular una objeción en el momento en que se ejecute la ordenArtículos 121 y 219 de la LEC.. Además, la LEC prevé un denominado mecanismo de cuasi reclamación, que permite a los particulares solicitar al órgano jurisdiccional competente que cancele o modifique una disposición adoptada por un fiscal o un agente de policía en relación con una incautaciónArtículo 417 de la LEC, en relación con su artículo 414, apartado 2. Véase también la Resolución n.o 97Mo66 del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1997.. Esto permite a las personas impugnar las medidas adoptadas para ejecutar una orden de incautación.Además, los particulares pueden obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales coreanos. Sobre la base de la Ley de indemnización estatal, las personas podrán solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por funcionarios públicos debido al ejercicio de sus funciones oficiales en violación de la leyArtículo 2, apartado 1, de la Ley de indemnización estatal.. Las reclamaciones en virtud de la Ley de indemnización estatal podrán presentarse ante un Consejo de indemnización especializado o directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanosArtículos 9 y 12 de la Ley de indemnización estatal. La Ley establece consejos de distrito (presididos por el fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente), un consejo central (presidido por el viceministro de Justicia) y un consejo especial (presidido por el viceministro de Defensa Nacional y encargado de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios causados por el personal militar o los empleados civiles del ejército). Las reclamaciones de indemnización son, en principio, tramitadas por los consejos de distrito, que, en determinadas circunstancias, deben remitir los asuntos al consejo central o especial, por ejemplo, si la indemnización supera un importe determinado o en caso de que un particular solicite una nueva deliberación. Todos los consejos están formados por miembros nombrados por el ministro de Justicia (por ejemplo, de entre los funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, los agentes judiciales, los abogados y las personas con experiencia en materia de indemnización estatal) y están sujetos a normas específicas relativas a los conflictos de intereses (véase el artículo 7 del Decreto de Ejecución de la Ley de indemnización estatal).. Si la víctima es extranjera, la Ley de indemnización estatal se aplicará siempre que su país de origen garantice igualmente la indemnización estatal para los nacionales coreanosArtículo 7 de la Ley de indemnización estatal.. Según la jurisprudencia, esta condición se cumple si los requisitos para solicitar una indemnización en el otro país no están significativamente desequilibrados entre Corea y el otro país y no son más estrictos, en general, que los determinados por Corea, sin que haya una diferencia importante y sustantivaResolución n.o 2013Da208388 del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2015.. La Ley civil regula la responsabilidad de indemnización del Estado, y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado también abarca los daños no materiales (por ejemplo, el sufrimiento mental)Véase el artículo 8 de la Ley de indemnización estatal, así como el artículo 751 de la Ley civil..Para las infracciones de las normas de protección de datos, se prevé una vía de recurso adicional en virtud de la LPIP. De conformidad con el artículo 39 de la LPIP, toda persona que sufra daños como resultado de una infracción de la LPIP o de una pérdida, un robo, una divulgación, una falsificación, una alteración o un daño de su información personal podrá obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales. No existe un requisito de reciprocidad similar al previsto en la Ley de indemnización estatal.Además de la indemnización por daños y perjuicios, podrá obtenerse un recurso administrativo contra las acciones u omisiones de los organismos administrativos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo. Cualquier persona podrá impugnar una disposición (por ejemplo, el ejercicio de poderes públicos, o la negativa a ejercerlos, en un asunto específico) o una omisión (el fracaso prolongado por parte de un organismo administrativo para adoptar una determinada disposición, contrariamente a la obligación legal de hacerlo), lo cual puede dar lugar a la revocación o modificación de una disposición ilícita, a un dictamen de nulidad (es decir, un dictamen de que la disposición no tiene efectos jurídicos o de su inexistencia en el ordenamiento jurídico) o a un dictamen de que una omisión es ilícitaArtículos 2 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Para poder impugnar una disposición administrativa, esta debe afectar directamente a los derechos y obligaciones civilesResolución 98Du18435 del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1999; Resolución 99Du1113 del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2000, y Resolución 2010Du3541 del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2012.. Esto incluye las medidas para recoger datos personales, ya sea de manera directa (por ejemplo, interceptando comunicaciones) o mediante una solicitud de divulgación (por ejemplo, a un proveedor de servicios).Las reclamaciones antes mencionadas podrán presentarse, en primer lugar, ante las comisiones de recursos administrativos establecidas en determinadas autoridades públicas (por ejemplo, el SNI o la CNDH) o ante la Comisión Central de Recursos Administrativos creada bajo los auspicios de la Comisión Anticorrupción y de Derechos CivilesArtículo 6 de la Ley de recursos administrativos y artículo 18, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Tal recurso administrativo ofrece una vía alternativa más informal para impugnar una disposición u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, una reclamación también podrá presentarse directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanos, con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo.Las solicitudes de revocación o modificación de una disposición en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo podrán ser presentadas por cualquier persona que tenga un interés jurídico en solicitar la revocación o modificación o en que se restablezcan sus derechos mediante la revocación o modificación en caso de que la disposición deje de surtir efectoArtículo 12 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Del mismo modo, los litigios para declarar la nulidad podrán ser iniciados por una persona que tenga un interés jurídico en dicha declaración, mientras que los litigios para declarar la ilegalidad de una omisión podrán ser iniciados por cualquier persona que haya presentado una solicitud de disposición y tenga un interés jurídico en solicitar que se declare la ilegalidad de la omisiónArtículos 35 y 36 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interés jurídico se interpreta como un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés directo y específico protegido por las leyes y los reglamentos en los que se basan las disposiciones administrativas (es decir, no intereses generales, indirectos y abstractos del público)Resolución n.o 2006Du330 del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 2006.. Por consiguiente, las personas tendrán un interés jurídico en caso de cualquier vulneración de las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de sus datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal (en virtud de leyes específicas o de la LPIP). Una sentencia firme con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo es vinculante para las partesArtículo 30, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo..Deberán presentarse una solicitud de revocación o modificación de una disposición y una solicitud de declaración de la ilegalidad de una omisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la persona tenga conocimiento de la disposición u omisión y, en principio, a más tardar un año después de la fecha de emisión de la disposición o de que se haya producido la omisión, salvo que existan razones justificablesArtículo 20 de la Ley de lo contencioso-administrativo. Este plazo también se aplica a las reclamaciones para declarar la ilegalidad de una omisión (véase el artículo 38, apartado 2, de la Ley de lo contencioso-administrativo).. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de razones justificables debe interpretarse en sentido amplio y requiere evaluar si es socialmente aceptable permitir una reclamación tardía, a la luz de todas las circunstancias del asuntoResolución n.o 90Nu6521 del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1991.. Por ejemplo, esto incluye, entre otras cosas, los motivos de retraso de los que la parte afectada no puede ser considerada responsable (es decir, situaciones que escapan al control del reclamante, por ejemplo, cuando no se le ha notificado la recogida de sus datos personales) o de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra).Por último, los particulares también podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional.. Sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio o la falta de ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá solicitar la adjudicación de un recurso de inconstitucionalidad. Si hay otras vías de recurso disponibles, estas deben agotarse primero. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los extranjeros podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que sus derechos fundamentales estén reconocidos por la Constitución coreana (véanse las explicaciones en la sección 1.1)Resolución n.o 99HeonMa194 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. Los recursos de inconstitucionalidad deben presentarse en un plazo de noventa días a partir del momento en que el particular haya tenido conocimiento de la infracción, y en el plazo de un año a partir del momento en que se produjo. Dado que el procedimiento establecido en la Ley de lo contencioso-administrativo se aplica a los litigios en virtud de la Ley del Tribunal ConstitucionalArtículo 40 de la Ley del Tribunal Constitucional., una reclamación seguirá siendo admisible si existen razones justificables, interpretadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita anteriormente.Si primero hay que agotar otras vías de recurso, un recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en un plazo de treinta días a partir de la decisión final sobre dicho recursoArtículo 69 de la Ley del Tribunal Constitucional.. El Tribunal Constitucional podrá invalidar el ejercicio del poder gubernamental que provocó la infracción o confirmar que una determinada omisión es inconstitucionalArtículo 75, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional.. En tal caso, la autoridad competente está obligada a adoptar medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal.3.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS CON FINES DE SEGURIDAD NACIONAL3.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito de la seguridad nacionalLa República de Corea cuenta con dos agencias de inteligencia especializadas: el SNI y el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa. Además, la policía y las fiscalías también pueden recoger información personal con fines de seguridad nacional.El SNI se establece en virtud de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, Ley SNI) y opera directamente bajo la jurisdicción y supervisión del presidente de la RepúblicaArtículo 2 y artículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. En particular, el SNI recoge, recopila y distribuye información sobre países extranjeros (y Corea del Norte)Este concepto no abarca la información sobre las personas, sino la información general sobre países extranjeros (tendencias y evolución) y sobre las actividades de los agentes estatales de terceros países., inteligencia relacionada con la lucha contra el espionaje (incluido el espionaje militar e industrial), el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada internacional, inteligencia sobre determinados tipos de delitos dirigidos contra la seguridad pública y nacional (por ejemplo, la insurrección nacional y la agresión extranjera) e inteligencia relacionada con la tarea de garantizar la ciberseguridad y prevenir o contrarrestar los ciberataques y las amenazasArtículo 3, apartado 1, de la Ley SNI.. La Ley SNI, por la que se crea el SNI y se establecen sus funciones, también prevé principios generales que enmarcan todas sus actividades. Como principio general, el SNI debe mantener la neutralidad política y proteger la libertad y los derechos de las personasArtículo 3, apartado 1; artículo 6, apartado 2, y artículos 11 y 21. Véanse también las normas sobre los conflictos de intereses, en particular los artículos 10 y 12.. El presidente del SNI se encarga de desarrollar directrices generales que establezcan los principios, el alcance y los procedimientos para el desempeño de las funciones del SNI en relación con la recogida y el uso de información, y debe informar de ellas a la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. La Asamblea Nacional (a través de su Comité de Inteligencia) puede exigir que se corrijan o complementen las directrices si considera que son ilícitas o injustas. De manera más general, en el ejercicio de sus funciones, el director y el personal del SNI no pueden obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligadas a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 13 de la Ley SNI.. Además, toda censura del correo, interceptación de las telecomunicaciones, recogida de información sobre la ubicación, recogida de datos de confirmación de la comunicación o grabación o escucha de comunicaciones privadas por parte del SNI debe cumplir lo dispuesto en la LPPC, la Ley de información sobre la ubicación o la LECArtículo 14 de la Ley SNI.. Todo abuso de poder o la recogida de información que infrinja estas leyes estarán sujetos a sanciones penalesArtículos 22 y 23 de la Ley SNI..El Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa es una agencia de inteligencia militar creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Es responsable de las cuestiones de seguridad dentro del ejército, de las investigaciones penales militares (sujetas a la Ley de tribunales militares) y la inteligencia militar. En general, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa no lleva a cabo ninguna actividad de vigilancia de civiles, a menos que sea necesario para el desempeño de sus funciones militares. Las personas que pueden ser investigadas son el personal militar, los empleados civiles del ejército, las personas en formación militar, las personas en reserva militar o servicio de reclutamiento y los prisioneros de guerraArtículo 1 de la Ley de tribunales militares.. Al recoger información sobre las comunicaciones con fines de seguridad nacional, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa está sujeto a las limitaciones y salvaguardias establecidas por la LLPC y su Decreto de Ejecución.3.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LPPC, la Ley antiterrorista para la protección de los ciudadanos y la seguridad pública (en lo sucesivo, Ley antiterrorista) y la LST proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal con fines de seguridad nacional y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicablesAl investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, la policía y el SNI actuarán sobre la base de la LEC, mientras que el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa estará sujeto a la Ley de tribunales militares.. Estas limitaciones y salvaguardias, tal como se describen en las siguientes secciones, garantizan que la recogida y el tratamiento de la información se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Queda excluida toda recogida masiva e indiscriminada de información personal con fines de seguridad nacional.3.2.1.Recogida de información sobre las comunicaciones3.2.1.1.Recogida de información sobre las comunicaciones por las agencias de inteligencia3.2.1.1.1.Base jurídicaLa LPPC faculta a las agencias de inteligencia para recoger datos de comunicaciones y exige a los proveedores de comunicaciones que cooperen con las solicitudes de dichas agenciasArtículo 15-2 de la LPPC.. Como se describe en la sección 2.2.2.1, la LPPC distingue entre la recogida del contenido de las comunicaciones (es decir, medidas de restricción de la comunicación, tales como las escuchas telefónicas o las medidas de censuraArtículo 2, apartados 6 y 7, de la LPPC.) y la recogida de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 2, apartado 11, de la LPPC..El umbral para la recogida de estos dos tipos de información difiere, pero los procedimientos y salvaguardias aplicables son, en gran medida, idénticosVéanse también el artículo 13-4, apartado 2, de la LPPC y el artículo 37, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC, que estipulan que los procedimientos aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones se aplicarán mutatis mutandis a la recogida de datos de confirmación de la comunicación.. La recogida de datos de confirmación de la comunicación (o metadatos) puede realizarse con el fin de prevenir amenazas para la seguridad nacionalArtículo 13-4 de la LPPC.. Se aplica un umbral más elevado para la ejecución de medidas de restricción de la comunicación (es decir, para recoger el contenido de las comunicaciones), que solo pueden adoptarse cuando se prevea que la seguridad nacional se ponga en grave peligro y la recogida de información sea necesaria para prevenir dicho peligro (es decir, si existe un riesgo grave para la seguridad nacional y la recogida es necesaria para prevenirlo)Artículo 7, apartado 1, de la LPPC.. Además, el acceso al contenido de las comunicaciones solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso para garantizar la seguridad nacional, y deben hacerse esfuerzos para minimizar la vulneración de la privacidad de las comunicacionesArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. Incluso cuando se haya obtenido la aprobación o autorización adecuada, tales medidas deben interrumpirse de inmediato una vez que dejen de ser necesarias, garantizando así que cualquier violación de los secretos de las comunicaciones de la persona se limite al mínimoArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..3.2.1.1.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participe al menos un nacional coreanoLa recogida de información sobre las comunicaciones (tanto contenido como metadatos) cuando una o ambas personas que participan en la comunicación sean nacionales coreanos solo podrá tener lugar con la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 1, punto 1, de la LPPC. El órgano jurisdiccional competente será el Tribunal Superior que tenga jurisdicción sobre el lugar del domicilio o de la sede de una o ambas partes sujetas a la vigilancia.. La solicitud de la agencia de inteligencia deberá presentarse por escrito a un fiscal o a una Fiscalía SuperiorArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional), junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida)Artículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. El fiscal o la Fiscalía Superior, a su vez, solicitarán la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC. La solicitud del fiscal al órgano jurisdiccional deberá exponer los principales motivos de sospecha y, en la medida en que se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, su justificación (véase el artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. El jefe judicial solo podrá conceder una autorización escrita cuando considere justificada la solicitud y la desestimará cuando la considere infundadaArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartados 5 y 9, de la LPPC.. La orden especificará el tipo, el objetivo, el objeto, el alcance y el período efectivo de la recogida, así como el lugar y la manera en que podrá realizarseArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 6, de la LPPC..En el caso de que la medida esté destinada a la investigación de un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir los procedimientos antes mencionados, se aplicarán normas específicasArtículo 8 de la LPPC.. Cuando se cumplan estas condiciones, las agencias de inteligencia podrán aplicar medidas de vigilancia sin previa autorización judicialArtículo 8, apartado 1, de la LPPC.. No obstante, inmediatamente después de la ejecución de las medidas de emergencia, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del órgano jurisdiccional. Si no se obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se adopten las medidas, estas deberán suspenderse inmediatamenteArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la agencia de inteligencia que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC. Véase la sección 2.2.2.2. para más información sobre las medidas de emergencia en el contexto de la aplicación de la ley..En los casos en que la vigilancia se complete en un breve plazo y se descarte la autorización judicial, el jefe de la Fiscalía Superior competente debe enviar una notificación de las medidas de emergencia preparada por la agencia de inteligencia al presidente del órgano jurisdiccional competente, que conserva el registro de las medidas de emergenciaArtículo 8, apartados 5 y 7, de la LPPC. En esta notificación deben indicarse el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de vigilancia, así como los motivos para no presentar una solicitud antes de adoptar la medida (artículo 8, apartado 6, de la LPPC).. Esto permite al órgano jurisdiccional examinar la legalidad de la recogida.3.2.1.1.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participen únicamente nacionales no coreanosPara recoger información sobre las comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos, las agencias de inteligencia deberán obtener una autorización previa por escrito del presidenteArtículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC.. Estas comunicaciones solo se recogerán con fines de seguridad nacional si entran en una de las diversas categorías mencionadas, es decir, las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno u otras personas de países hostiles a la República de Corea, agencias extranjeras, grupos o nacionales sospechosos de participar en actividades anticoreanasEsto se refiere a actividades que amenazan la existencia y la seguridad de la nación, el orden democrático o la supervivencia y la libertad de la población. o miembros de grupos que operan en la península de Corea, pero, en la práctica, más allá de la soberanía de la República de Corea y de sus grupos centrales con sede en países extranjerosAdemás, si una de las partes es una persona descrita en el artículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC y la otra se desconoce o no puede especificarse, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, punto 2.. En cambio, si una de las partes de una comunicación es un nacional coreano y la otra es un nacional extranjero, se requerirá una autorización judicial de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 3.2.1.1.2.El jefe de una agencia de inteligencia deberá presentar al director del SNI un plan de las medidas que se prevé adoptarArtículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC. El director del SNI es nombrado por el presidente previa confirmación del Parlamento (artículo 7 de la Ley SNI).. El director del SNI examinará si el plan es adecuado y, en caso afirmativo, lo someterá a la aprobación del presidenteArtículo 8, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. La información que deberá incluirse en el plan será la misma que la requerida para solicitar una autorización judicial para recoger información de nacionales coreanos (tal como se ha descrito anteriormente)Artículo 8, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC, en relación con el artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. En particular, deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional) y los principales motivos de sospecha, junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida). Cuando se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, deberán indicarse la finalidad y los motivosArtículo 8, apartado 3, y artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En situaciones de emergenciaEs decir, en los casos en que la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional, no haya tiempo suficiente para obtener la aprobación del presidente y la no adopción de medidas de emergencia pueda perjudicar a la seguridad nacional (artículo 8, apartado 8, de la LPPC)., deberá obtenerse la autorización previa del ministro al que pertenezca la agencia de inteligencia competente. No obstante, en este caso, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del presidente inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas de emergencia. Si una agencia de inteligencia no obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se presenta la solicitud, la recogida deberá interrumpirse inmediatamenteArtículo 8, apartado 9, de la LPPC.. En tales casos, la información recogida siempre se destruirá.3.2.1.1.4.Limitaciones generales y salvaguardiasA la hora de solicitar la cooperación de entidades privadas, las agencias de inteligencia deberán facilitarles la orden judicial, la autorización presidencial o una copia de la portada de una declaración de censura de emergencia, que la entidad obligada deberá conservar en sus archivosArtículo 9, apartado 2, de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las entidades a las que se solicite que divulguen información a las agencias de inteligencia sobre la base de la LPPC podrán negarse a hacerlo cuando la autorización o la declaración de censura de emergencia se refieran al identificador incorrecto (por ejemplo, un número de teléfono perteneciente a una persona distinta de la identificada). Además, en todos los casos, las contraseñas utilizadas para las comunicaciones no podrán divulgarseArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Las agencias de inteligencia podrán confiar la aplicación de medidas de restricción de la comunicación o la recogida de información de confirmación de la comunicación a una oficina de correos o a un proveedor de servicios de telecomunicaciones (según la definición de la Ley del sector de las telecomunicaciones)Artículo 13 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Tanto la agencia de inteligencia correspondiente como el proveedor que reciba una solicitud de cooperación deberán mantener registros en los que se indique la finalidad de solicitar las medidas, la fecha de ejecución o cooperación y el objeto de las medidas (por ejemplo, correo, teléfono, correo electrónico) durante tres añosArtículo 9, apartado 3, de la LPPC y artículo 17, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC. Este plazo no se aplica a los datos de confirmación de la comunicación (véase el artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación deberán conservar información sobre la frecuencia de la recogida en sus archivos durante siete años e informar dos veces al año al Ministerio de Ciencia y TICArtículo 13, apartado 7, de la LPPC y artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Las agencias de inteligencia deberán informar al director del SNI sobre la información que han recopilado y el resultado de la actividad de vigilanciaArtículo 18, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Por lo que se refiere a la recogida de datos de confirmación de la comunicación, deberán mantenerse registros de que se ha realizado una solicitud relativa a tales datos, así como de la propia solicitud escrita y de la institución que se ha amparado en ellaArtículo 13, apartado 5, y artículo 13-4, apartado 3, de la LPPC..La recogida tanto del contenido de las comunicaciones como de los datos de confirmación de la comunicación solo podrá durar un máximo de cuatro meses y, si el objetivo perseguido se alcanza entretanto, deberá interrumpirse de inmediatoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC.. Si persisten las condiciones de la autorización, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses, con la autorización del órgano jurisdiccional o del presidente. La solicitud de autorización para prorrogar las medidas de vigilancia deberá presentarse por escrito, indicando los motivos por los que se solicita la prórroga y facilitando materiales de apoyoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC y artículo 5 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En función de la base jurídica para la recogida, suele notificarse a las personas cuando se recogen sus comunicaciones. En particular, independientemente de si la información recogida se refiere al contenido de las comunicaciones o a datos de confirmación de la comunicación, y con independencia de si la información se obtuvo mediante el procedimiento ordinario o en una situación de emergencia, el jefe de la agencia de inteligencia deberá informar por escrito a la persona afectada de la medida de vigilancia en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que finalizó la vigilanciaArtículo 9-2, apartado 3, de la LPPC. De conformidad con el artículo 13-4 de la LPPC, esto se aplica tanto a la recogida del contenido de las comunicaciones como a los datos de confirmación de la comunicación.. La notificación debe incluir 1) el hecho de que se ha recogido la información, 2) el organismo de ejecución y 3) el período de ejecución. No obstante, si es probable que la notificación ponga en peligro la seguridad nacional o perjudique la vida y la seguridad física de las personas, la notificación podrá aplazarseArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. La notificación deberá realizarse en un plazo de treinta días una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamientoArtículo 13-4, apartado 2, y artículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..Sin embargo, este requisito de notificación solo se aplicará a la recogida de información cuando al menos una de las partes sea un nacional coreano. Por consiguiente, solo se notificará a los nacionales no coreanos cuando se recojan sus comunicaciones con nacionales coreanos. Por lo tanto, no existe ningún requisito de notificación cuando se recogen comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos.El contenido de cualquier comunicación y los datos de confirmación de la comunicación obtenidos a través de la vigilancia, sobre la base de la LPPC, solo podrán utilizarse 1) para la investigación, el enjuiciamiento o la prevención de determinados delitos, 2) para procedimientos disciplinarios, 3) para procedimientos judiciales cuando una parte relacionada con la comunicación se base en ellos para una reclamación por daños y perjuicios o 4) sobre la base de otras leyesArtículo 5, apartados 1 y 2, y artículos 12 y 13-5 de la LPPC..3.2.1.2.Recogida de información sobre las comunicaciones por parte de la policía o los fiscales con fines de seguridad nacionalLa policía o el fiscal podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) con fines de seguridad nacional en las mismas condiciones que se describen en la sección 3.2.1.1. Cuando se actúe en situaciones de emergenciaEs decir, cuando la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento de aprobación ordinario (artículo 8, apartado 1, de la LPPC)., el procedimiento aplicable será el descrito anteriormente con respecto a la recogida del contenido de las comunicaciones a efectos de control de la aplicación de la ley en situaciones de emergencia (es decir, el artículo 8 de la LPPC).3.2.2.Recogida de información sobre sospechosos de terrorismo3.2.2.1.Base jurídicaLa Ley antiterrorista faculta al director del SNI para recoger información sobre los sospechosos de terrorismoArtículo 9 de la Ley antiterrorista.. El concepto de sospechoso de terrorismo se define como un miembro de un grupo terroristaEl término grupo terrorista se define como un grupo de terroristas designado por las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 2, de la Ley antiterrorista)., una persona que haya propagado un grupo terrorista (mediante la promoción y la difusión de ideas o tácticas de un grupo terrorista), recaudado o aportado fondos para el terrorismoEl término terrorismo se define en el artículo 2, apartado 1, de la Ley antiterrorista como una conducta llevada a cabo con el fin de impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un Gobierno local o de un Gobierno extranjero (incluidos los Gobiernos locales y las organizaciones internacionales) o con el fin de hacer que realicen alguna actividad que no están obligados a realizar o de amenazar al público. Esto incluye a) matar a una persona o poner en riesgo la vida de una persona causando lesiones corporales o a través de la detención, el confinamiento, el secuestro o la toma de rehenes; b) determinados tipos de conducta dirigida a una aeronave (por ejemplo, chocar, secuestrar o dañar una aeronave en vuelo); c) determinados tipos de conducta relacionados con un buque (por ejemplo, incautar o destruir un buque o una estructura marina en funcionamiento o causar daños en los mismos en un grado tal que ponga en peligro su seguridad, incluidos los daños de la mercancía cargada en un buque o una estructura marina en funcionamiento); d) colocar, detonar o utilizar de cualquier otro modo armas o dispositivos bioquímicos, explosivos o incendiarios con la intención de causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves o tener tales efectos en determinados tipos de vehículos o instalaciones (por ejemplo, trenes, tranvías, vehículos de motor, parques y estaciones públicos, instalaciones de suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones, etc.); e) determinados tipos de conducta relacionados con materiales nucleares o radiactivos o instalaciones nucleares (por ejemplo, atentar contra la vida humana, la integridad física o la propiedad individual, o perturbar de otro modo la seguridad pública destruyendo un reactor nuclear o manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc.). o participado en otras actividades de preparación, conspiración, propaganda o instigación del terrorismo, o una persona con respecto a la cual existan motivos fundados para sospechar que ha llevado a cabo tales actividadesArtículo 2, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. Como regla general, todo funcionario público que aplique la Ley antiterrorista deberá respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución coreanaArtículo 3, apartado 3, de la Ley antiterrorista..La Ley antiterrorista por sí sola no establece facultades, limitaciones y salvaguardias específicas para la recogida de información sobre los sospechosos de terrorismo, sino que hace referencia a los procedimientos establecidos en otras leyes. En primer lugar, sobre la base de la Ley antiterrorista, el director del SNI podrá recoger 1) información sobre la entrada en la República de Corea y la salida de esta, 2) información sobre transacciones financieras e 3) información sobre las comunicaciones. En función del tipo de información buscada, los requisitos procedimentales pertinentes se establecen en la Ley de inmigración, la Ley de aduanas, la LCUIETF o la LPPC, respectivamenteArtículo 9, apartado 1, de la Ley antiterrorista.. Para la recogida de información sobre la entrada y salida de Corea, la Ley antiterrorista hace referencia a los procedimientos establecidos en la Ley de inmigración y la Ley de aduanas. Sin embargo, actualmente estas leyes no prevén tales facultades. Para la recogida de información sobre las comunicaciones e información sobre transacciones financieras, la Ley antiterrorista hace referencia a las limitaciones y salvaguardias establecidas en la LPPC (que se detallan más adelante) y de la LCUIETF (que, como se explica en la sección 2.1, no es pertinente a efectos de la evaluación de la decisión de adecuación).Además, el artículo 9, apartado 3, de la Ley antiterrorista especifica que el director del SNI podrá solicitar información personal o sobre la ubicación de un sospechoso de terrorismo a un responsable del tratamiento de información personalTal como se define en el artículo 2 de la LPIP, es decir, una institución pública, una persona jurídica, una organización, un particular, etc. que trata información personal directa o indirectamente para gestionar ficheros información personal con fines oficiales o comerciales. o a un proveedor de información sobre la ubicaciónTal como se define en el artículo 5 de la Ley sobre la protección, el uso, etc. de la información sobre la ubicación (en lo sucesivo, Ley de información sobre la ubicación), es decir, cualquier persona que haya obtenido autorización de la Comisión de Comunicaciones de Corea para participar en una empresa de información sobre la ubicación.. Esta posibilidad se limita a las solicitudes de divulgación voluntaria, a las que los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación no están obligados a responder y, en cualquier caso, solo pueden hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación (véase la sección 3.2.2.2).3.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la divulgación voluntaria en virtud de la LPIP y de la Ley de información sobre la ubicaciónLas solicitudes de cooperación voluntaria en virtud de la Ley antiterrorista deberán limitarse a la información sobre los sospechosos de terrorismo (véase la sección 3.2.2.1). Cualquier solicitud de este tipo del SNI deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, la Ley SNI especifica que el SNI no podrá obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligados a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona, mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 11, apartado 1, de la Ley SNI.. Una infracción de esta prohibición podrá ser objeto de sanciones penalesArtículo 19 de la Ley SNI..Los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación que reciban solicitudes del SNI sobre la base de la Ley antiterrorista no estarán obligados a acceder a tales solicitudes. Podrán acceder de manera voluntaria, pero solo se les permitirá hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación. En lo que respecta al cumplimiento de la LPIP, el responsable del tratamiento deberá, en particular, tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..3.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias en virtud de la LPPCSobre la base de la Ley antiterrorista, las agencias de inteligencia solo podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) cuando sea necesario para actividades de lucha contra el terrorismo, es decir, actividades relacionadas con la prevención del terrorismo y contramedidas al respecto. Los procedimientos de la LPPC descritos en la sección 3.2.1 se aplicarán a la recogida de información sobre las comunicaciones con fines antiterroristas.3.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesSobre la base de la LST, los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a una solicitud de divulgación de datos de comunicaciones de una agencia de inteligencia que tenga la intención de recoger la información para evitar una amenaza para la seguridad nacionalArtículo 83, apartado 3, de la LST.. Cualquier solicitud de este tipo deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, se aplicarán las mismas limitaciones y salvaguardias que con respecto a la divulgación voluntaria a efectos de control de la aplicación de la ley (véase la sección 2.2.3)En particular, la solicitud deberá presentarse por escrito y exponer los motivos de la misma, así como el vínculo con el usuario de que se trate y el alcance de la información solicitada, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá mantener registros e informar al ministro de Ciencia y TIC dos veces al año..Los operadores de telecomunicaciones no estarán obligados a acceder, pero podrán hacerlo de manera voluntaria y únicamente de conformidad con la LPIP. A este respecto, se aplicarán a los operadores de telecomunicaciones las mismas obligaciones, incluidas las relativas a la notificación de la persona, que cuando reciben solicitudes de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, como se explica con más detalle en la sección 2.2.3.3.3.SupervisiónDiferentes organismos supervisan las actividades de las agencias de inteligencia coreanas. La supervisión del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa corre a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la Directiva sobre la ejecución de auditorías internas del Ministerio. El SNI está sujeto a la supervisión por parte del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros organismos independientes, como se explica con más detalle a continuación.3.3.1.El oficial de protección de los derechos humanosCuando las agencias de inteligencia recogen información sobre sospechosos de terrorismo, la Ley antiterrorista prevé la supervisión por parte de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo y del oficial de protección de los derechos humanos (en lo sucesivo, OPDH)Artículo 7 de la Ley antiterrorista..La Comisión de Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, desarrolla políticas relativas a las actividades de lucha contra el terrorismo y supervisa la aplicación de medidas antiterroristas, así como las actividades de las distintas autoridades competentes en este ámbitoArtículo 5, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. La Comisión está presidida por el primer ministro y está compuesta por varios ministros y jefes de organismos gubernamentales, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad, el director del SNI, el comisario general de la Agencia Nacional de Policía y el presidente de la Comisión de Servicios FinancierosArtículo 3, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando se lleven a cabo investigaciones antiterroristas y se rastreen sospechosos de terrorismo para recabar la información o los materiales necesarios para las actividades de lucha contra el terrorismo, el director del SNI deberá informar al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo (es decir, el primer ministro)Artículo 9, apartado 4, de la Ley antiterrorista..Además, la Ley antiterrorista establece la figura del OPDH con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas contra las vulneraciones causadas por las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 7 de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por el presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo de entre las personas que reúnen las cualificaciones mencionadas en el Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista (es decir, cualquier persona cualificada como abogado con al menos diez años de experiencia laboral o con conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos y que trabaje o haya trabajado, al menos, como profesor asociado durante al menos diez años o que haya ejercido como funcionario público de rango superior en agencias estatales o Gobiernos locales, o con al menos diez años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, en una organización no gubernamental)Artículo 7, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por un período de dos años (con la posibilidad de renovar su mandato) y solo puede ser destituido por motivos específicos y limitados y por causa justificada, por ejemplo, cuando se le acuse en un proceso penal relacionado con sus funciones, cuando divulgue información confidencial o por incapacidad mental o física de larga duraciónArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista..En términos de competencias, el OPDH podrá formular recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos por parte de las agencias que participen en actividades de lucha contra el terrorismo y tramitar peticiones civiles (véase la sección 3.4.3)Artículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando pueda establecerse razonablemente la existencia de una vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones oficiales, el OPDH podrá recomendar al jefe de la agencia responsable que corrija dicha vulneraciónArtículo 9, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista. El OPDH decide de manera autónoma sobre la adopción de recomendaciones, pero debe informar de ellas al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo.. A su vez, la agencia responsable deberá informar al OPDH de las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendaciónArtículo 9, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Si una agencia no aplicara una recomendación del OPDH, el asunto se elevaría a la Comisión, incluido su presidente, el primer ministro. Hasta la fecha, no ha habido casos en los que no se hayan aplicado las recomendaciones del OPDH.3.3.2.La Asamblea NacionalComo se describe en la sección 2.3.2, la Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicas y, en ese contexto, solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigos. Con respecto a las cuestiones que son competencia del SNI, esta supervisión parlamentaria corre a cargo el Comité de Inteligencia de la Asamblea NacionalArtículo 36 y artículo 37, apartado 1, punto 16, de la Ley de la Asamblea Nacional.. El director del SNI, que supervisa el desempeño de las funciones de la agencia, informa al Comité de Inteligencia (así como al presidente)Artículo 18 de la Ley SNI.. El propio Comité de Inteligencia también podrá solicitar un informe sobre un asunto específico, y el director del SNI deberá responder sin demoraArtículo 15, apartado 2, de la Ley SNI.. Solo podrá negarse a responder o testificar ante el Comité de Inteligencia con respecto a secretos de Estado relativos a cuestiones militares, diplomáticas o relacionadas con Corea del Norte, cuando el conocimiento público pueda tener graves consecuencias para el destino nacionalArtículo 17, apartado 2, de la Ley SNI. Los secretos de Estado se definen como los hechos, bienes o conocimientos clasificados como secretos de Estado, cuyo acceso se permite a un número limitado de personas y que no se divulgarán a ningún otro país u organización, con el fin de evitar cualquier perjuicio grave para la seguridad nacional (véase el artículo 13, apartado 4, de la Ley SNI).. En este caso, el Comité de Inteligencia podrá solicitar una explicación al primer ministro. Si tal explicación no se presenta en el plazo de siete días a partir de la presentación de la solicitud, la respuesta o el testimonio ya no podrán denegarse.Si la Asamblea Nacional comprueba que ha habido actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea Nacional. Existen normas específicas relativas a la supervisión parlamentaria con respecto al uso de medidas de restricción de la comunicación (es decir, la recogida del contenido de las comunicaciones) con arreglo a la LPPCArtículo 15 de la LPPC.. Por lo que se refiere a esta última, la Asamblea Nacional podrá solicitar a los jefes de las agencias de inteligencia un informe sobre cualquier medida específica de restricción de la comunicación. Además, podrá llevar a cabo inspecciones in situ de los equipos de escuchas telefónicas. Por último, las agencias de inteligencia que hayan recogido y los operadores que hayan divulgado información sobre el contenido con fines de seguridad nacional deberán informar sobre dicha divulgación a petición de la Asamblea Nacional.3.3.3.La Comisión de Control e InspecciónLa CCI desempeña las mismas funciones de supervisión con respecto a las agencias de inteligencia que en el ámbito de la aplicación del Derecho penal (véase la sección 2.3.2)Al igual que en el caso del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, el director del SNI solo podrá negarse a responder a la CCI sobre cuestiones que constituyan secretos de Estado y si el conocimiento público pudiera tener graves consecuencias para la seguridad nacional (artículo 13, apartado 1, de la Ley SNI)..3.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalPor lo que se refiere al tratamiento de datos con fines de seguridad nacional, incluida la fase de recogida, la CPIP llevará a cabo una supervisión adicional. Como se explica con más detalle en la sección 1.2, esto incluye los principios y obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 58, apartado 4, de la LPIP, así como el ejercicio de los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP también abarca las posibles infracciones de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, tales como la LPPC, la Ley antiterrorista y la LST. Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de dichas leyes constituye una violación de la LPIP. Por lo tanto, la CPIP tiene la facultad de investigarArtículo 63 de la LPIP. las infracciones de las leyes que regulan el acceso a los datos con fines de seguridad nacional, así como de las normas de tratamiento establecidas en la LPIP, y de proporcionar asesoramiento para la mejora, imponer medidas correctoras, recomendar medidas disciplinarias y remitir posibles infracciones a las autoridades de investigación pertinentesArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP..3.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa supervisión por parte de la CNDH se aplica de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.3.2).3.4.Reparación individual3.4.1.Reparación ante el oficial de protección de los derechos humanosPor lo que se refiere a la recogida de información personal en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, el OPDH, establecido bajo los auspicios de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo, ofrece una vía de recurso específica. El OPDH tramita las peticiones civiles relacionadas con la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 8, apartado 1, punto 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Podrá recomendar medidas correctoras y la agencia correspondiente deberá informar al Oficial de cualquier medida adoptada para aplicar dicha recomendación. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante el OPDH. En consecuencia, el OPDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad.3.4.2.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada con fines de seguridad nacionalArtículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartados 1, 3 y 4, de la LPIP.. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse directamente ante la agencia de inteligencia o de manera indirecta a través de la CPIP. La agencia de inteligencia podrá retrasar, limitar o denegar el ejercicio del derecho en la medida y durante el tiempo necesarios y proporcionados para proteger un objetivo importante de interés público (por ejemplo, en la medida y durante el tiempo que la concesión del derecho ponga en peligro una investigación en curso o amenace la seguridad nacional) o cuando la concesión del derecho pueda atentar contra la vida o la integridad de un tercero. En caso de denegación o restricción de la solicitud, el particular debe ser informada sin demora de los motivos.Además, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la LPIP (obligación de garantizar la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales) y el artículo 4, apartado 5, de la LPIP (derecho a una reparación adecuada por cualquier daño o perjuicio derivado del tratamiento de información personal, mediante un procedimiento rápido y justo), los particulares tendrán derecho a obtener reparación. Esto incluye el derecho a denunciar una presunta infracción ante el Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de Corea y a presentar una reclamación ante la CPIPArtículos 62 y 63, apartado 2, de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal con fines de seguridad nacional como de la LPIP. Como se explica en la Nota n.o 2021-1, un ciudadano de la UE podrá presentar una reclamación ante la CPIP a través de su autoridad nacional de protección de datos. En este caso, la CPIP lo notificará a la persona a través de la autoridad nacional de protección de datos una vez finalizada la investigación (incluida, en su caso, la información sobre las medidas correctoras impuestas). Las decisiones o la inacción de la CPIP podrán ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales coreanos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo.3.4.3.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa posibilidad de obtener una reparación individual ante la CNDH se aplicará de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.4.2).3.4.4.Reparación judicialAl igual que en el caso de las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, los particulares podrán obtener reparación judicial contra las agencias de inteligencia con respecto a las infracciones de las limitaciones y salvaguardias antes mencionadas a través de distintas vías.En primer lugar, los particulares podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Ley de indemnización estatal. Por ejemplo, en un asunto, se concedió una indemnización en relación con la vigilancia ilícita por parte del Comando de Apoyo a la Defensa (predecesor del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa)Resolución n.o 96Da42789 del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 1998..En segundo lugar, la Ley de lo contencioso-administrativo permite a los particulares impugnar las disposiciones y omisiones de los organismos administrativos, incluidas las agencias de inteligenciaArtículos 3 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo..Por último, los particulares podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por las agencias de inteligencia sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional.
Kim Hyuck Soo
Director, Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo
L0442022ES110120211217ES0001.00036919022Marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacionalEl presente documento ofrece una visión general del marco jurídico para la recogida y la utilización de datos personales por parte de las autoridades públicas coreanas con fines coercitivos y de seguridad nacional (en lo sucesivo, acceso por parte de las autoridades públicas), en particular en lo que respecta a las bases jurídicas disponibles, las condiciones (limitaciones) y las salvaguardias aplicables, así como la supervisión independiente y las posibilidades de reparación individual.1.PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES PERTINENTES PARA EL ACCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS1.1.Marco constitucionalLa Constitución de la República de Corea establece el derecho a la privacidad en general (artículo 17) y, en particular, el derecho a la privacidad de la correspondencia (artículo 18). Es obligación del Estado garantizar estos derechos fundamentalesArtículo 10 de la Constitución de la República de Corea, promulgada el 17 de julio de 1948 (en lo sucesivo, la Constitución).. La Constitución estipula asimismo que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden ser restringidos por ley y cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para el mantenimiento del orden público en interés del bienestar públicoArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Incluso cuando se impongan tales restricciones, estas no pueden afectar al contenido esencial de las libertades o de los derechosArtículo 37, apartado 2, de la Constitución.. Los órganos jurisdiccionales coreanos han aplicado estas disposiciones en asuntos relativos a la interferencia de las autoridades públicas con la privacidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que la vigilancia de los ciudadanos vulneraba el derecho fundamental a la privacidad, al hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a la autodeterminación de la información personalResolución n.o 96DA42789 del Tribunal Supremo de Corea, de 24 de julio de 1998.. En otro asunto, el Tribunal Constitucional declaró que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que brinda protección contra la intervención en la vida privada de los ciudadanos y su vigilancia por parte del EstadoResolución n.o 2002Hun-Ma51 del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 2003. Del mismo modo, en la Resolución 99Hun-Ma513 y 2004Hun-Ma190 (consolidada), de 26 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional aclaró que el derecho a controlar la propia información personal es un derecho de la persona a quien concierne la información para decidir personalmente cuándo y en qué medida se divulgará o utilizará su información, a quién se divulgará y quién podrá efectuar la divulgación o usar la información. Es un derecho fundamental, aunque no se especifique en la Constitución, destinado a proteger la libertad de decisión personal frente al riesgo causado por la ampliación de las funciones estatales y las tecnologías de infocomunicación..La Constitución coreana garantiza asimismo que ninguna persona será arrestada, detenida, registrada o interrogada, ni se incautarán bienes, salvo en los casos previstos por la leyArtículo 12, apartado 1, primera frase, de la Constitución.. Además, los registros e incautaciones solo pueden llevarse a cabo sobre la base de una orden emitida por un juez, a petición de un fiscal, y respetando las garantías procesalesArtículo 16 y artículo 12, apartado 3, de la Constitución.. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando se detenga a una persona sospechosa en el momento de la comisión de un delito (delito flagrante), o cuando exista el riesgo de que una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o más pueda escapar o destruir pruebas, las autoridades de investigación podrán llevar a cabo un registro o una incautación sin una orden, que deberán solicitar posteriormenteArtículo 12, apartado 3, de la Constitución.. Estos principios generales se desarrollan aún más en leyes específicas relativas al procedimiento penal y a la protección de las comunicaciones (véase más adelante para tener una visión de conjunto detallada).Con respecto a los extranjeros, la Constitución establece que su condición está garantizada según lo dispuesto por el Derecho y los tratados internacionalesArtículo 6, apartado 2, de la Constitución.. Varios acuerdos internacionales de los que Corea es parte garantizan los derechos de privacidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 22) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Además, si bien la Constitución hace referencia, en principio, a los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que también los extranjeros son titulares de derechos fundamentalesResolución n.o 93Hun-MA120 del Tribunal Constitucional, de 29 de diciembre de 1994. Véase también, por ejemplo, la resolución n.o 2014Hun-Ma346 del Tribunal Constitucional (de 31 de mayo de 2018), en la que el Tribunal dictaminó que se había vulnerado el derecho constitucional de un nacional sudanés detenido en el aeropuerto a recibir asistencia letrada. En otro asunto, el Tribunal Constitucional dictaminó que la libertad de elegir el lugar de trabajo está estrechamente relacionada con el derecho a buscar la felicidad, así como con la dignidad y el valor humanos, por lo que no está reservada únicamente a los ciudadanos, sino que también puede garantizarse a los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Corea (Resolución n.o 2007Hun-Ma1083 del Tribunal Constitucional, de 29 de septiembre de 2011).. En particular, el Tribunal sostuvo que la protección de la dignidad y el valor de una persona como ser humano, así como el derecho a buscar la felicidad, son derechos de todo ser humano, no solo de los ciudadanosResolución n.o 99HeonMa494 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. El Tribunal también aclaró que el derecho a controlar la propia información se considera un derecho fundamental, basado en el derecho a la dignidad y a buscar la felicidad, así como en el derecho a la vida privadaVéase, por ejemplo, la Resolución n.o 99HunMa513 del Tribunal Constitucional.. Aunque hasta ahora la jurisprudencia no se ha ocupado específicamente del derecho a la privacidad de los nacionales no coreanos, es ampliamente aceptado entre los académicos que los artículos 12 a 22 de la Constitución (que abarcan el derecho a la privacidad y a la libertad personal) establecen los derechos de los seres humanos.Por último, la Constitución también prevé el derecho a reclamar una indemnización justa a las autoridades públicasArtículo 29, apartado 1, de la Constitución.. Además, sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional..1.2.Normas generales de protección de datosLa ley general de protección de datos de la República de Corea, la Ley sobre la protección de la información personal (en lo sucesivo, LPIP), se aplica tanto al sector público como al privado. Con respecto a las autoridades públicas, la LPIP hace referencia específica a la obligación de formular políticas para prevenir el abuso y el uso indebido de la información personal, la vigilancia indiscreta y el seguimiento, etc. y mejorar la dignidad de los seres humanos y la privacidad individualArtículo 5, apartado 1, de la LPIP..El tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación de la ley está sujeto a todos los requisitos de la LPIP. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal deben cumplir las obligaciones de tratamiento lícito, es decir, basarse en una de las bases jurídicas mencionadas en la LPIP para la recogida, la utilización o el suministro de información personal (artículos 15 a 18 de la LPIP), así como los principios de limitación de la finalidad (artículo 3, apartados 1 y 2, de la LPIP), proporcionalidad/minimización de los datos (artículo 3, apartados 1 y 6, de la LPIP), conservación limitada de los datos (artículo 21 de la LPIP), seguridad de los datos, incluida la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos (artículo 3, apartado 4, y artículos 29 y 34 de la LPIP) y transparencia (artículo 3, apartados 1 y 5, y artículos 20, 30 y 32 de la LPIP). Se aplican salvaguardias específicas con respecto a la información sensible (artículo 23 de la LPIP). Además, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y los artículos 4 y 35 a 39-2 de la LPIP, los particulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión ante las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.Por tanto, si bien la LPIP es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, contiene una excepción cuando los datos personales se tratan con fines de seguridad nacional. De conformidad con el artículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP, los artículos 15 a 50 de la LPIP no se aplicarán a la información personal recogida o solicitada para el análisis de información relacionada con la seguridad nacionalArtículo 58, apartado 1, punto 2, de la LPIP.. Por el contrario, el capítulo I (Disposiciones generales), el capítulo II (Establecimiento de políticas de protección de la información personal, etc.), el capítulo VIII (Demandas colectivas por violación de la seguridad de los datos), el capítulo IX (Disposiciones complementarias) y el capítulo X (Disposiciones sobre sanciones) de la LPIP seguirán siendo de aplicación. Esto abarca los principios generales de protección de datos establecidos en el artículo 3 (Principios de protección de la información personal) y los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP (Derechos de los interesados). Esto significa que los principios y derechos fundamentales también están garantizados en este ámbito. Además, el artículo 58, apartado 4, de la LPIP establece que dicha información deberá tratarse en la medida mínima necesaria para alcanzar la finalidad perseguida y por el período mínimo; también exige que el responsable del tratamiento de información personal establezca las medidas necesarias para garantizar una gestión segura de los datos y un tratamiento adecuado, tales como salvaguardias técnicas, físicas y administrativas, así como medidas para la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales.En la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, la CPIP) aclara con mayor detalle cómo se aplica la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional, a la luz de esta exención parcialNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 6.. Esto comprende, en particular, los derechos de las personas (acceso, rectificación, suspensión y supresión) y los motivos y las limitaciones de posibles restricciones de los mismos. De acuerdo con la Nota, la aplicación de los principios, los derechos y las obligaciones fundamentales de la LPIP al tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional refleja las garantías previstas por la Constitución para la protección del derecho de un particular a controlar su propia información personal. Toda restricción a ese derecho, por ejemplo, cuando resulte necesaria para la protección de la seguridad nacional, requiere encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses del particular y el interés público pertinente y no puede afectar al contenido esencial del derecho (artículo 37, apartado 2, de la Constitución).2.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS A EFECTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY2.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito del control del cumplimiento de la leySobre la base de la Ley de enjuiciamiento criminal (en lo sucesivo, LEC), la Ley sobre la protección de la privacidad de las comunicaciones (en lo sucesivo, LPPC) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, LST), la policía, los fiscales y los órganos jurisdiccionales podrán recoger datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal. En la medida en que la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia también confiera esta facultad al Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, SNI), este deberá cumplir las leyes antes mencionadasVéase el artículo 3 de la Ley SNI (Ley n.o 12948), que hace referencia a las investigaciones penales de determinados delitos, tales como la insurrección, la rebelión y los delitos relacionados con la seguridad nacional (por ejemplo, el espionaje). Los procedimientos de la LEC en materia de registros e incautaciones se aplicarían en este contexto, mientras que la LPPC regiría la recogida de datos de comunicaciones (véase la parte 3 sobre las disposiciones relativas al acceso a las comunicaciones con fines de seguridad nacional).. Por último, la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre las transacciones financieras (en lo sucesivo, LCUIETF) proporciona una base jurídica para que las instituciones financieras revelen información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (en lo sucesivo, UIFC) con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo especializado podrá, a su vez, facilitar dicha información a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas obligaciones de divulgación solo se aplican a los responsables del tratamiento de datos que tratan información crediticia personal de conformidad con la Ley de información crediticia y están sujetos a la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros. Dado que el tratamiento de información crediticia personal por parte de dichos responsables está excluido del ámbito de aplicación de la decisión de adecuación, las limitaciones y salvaguardias aplicables en virtud de la LCUIETF no se describen con más detalle en el presente documento.2.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LEC (véase 2.2.1), la LPPC (véase 2.2.2) y la Ley del sector de las telecomunicaciones (véase 2.2.3) proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal a efectos de control de la aplicación de la ley y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicables.2.2.1.Registros e incautaciones2.2.1.1.Base jurídicaLos fiscales y los agentes de alto rango de la policía judicial solo podrán inspeccionar objetos, registrar a personas o incautarse de objetos si 1) una persona es sospechosa de haber cometido un delito (un sospechoso), 2) la investigación así lo requiere y 3) se considera que los objetos por inspeccionar, las personas por registrar y los objetos por incautar están relacionados con el asuntoArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. Del mismo modo, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo registros e incautarse de cualquier objeto que deba ser utilizado como prueba o ser decomisado, siempre que se considere que dichos objetos o personas están relacionados con un asunto concretoArtículo 106, apartado 1, y artículos 107 y 109 de la LEC..2.2.1.2.Limitaciones y salvaguardiasComo obligación general, los fiscales y los agentes de la policía judicial deberán respetar los derechos humanos del sospechoso, así como los de cualquier otra persona afectadaArtículo 198, apartado 2, de la LEC.. Además, solo podrán adoptarse medidas obligatorias para alcanzar el objetivo de la investigación cuando así lo disponga explícitamente la LEC y en la menor medida necesariaArtículo 199, apartado 1, de la LEC..Los registros, las inspecciones o las incautaciones por parte de agentes de policía o fiscales en el marco de una investigación penal solo podrán llevarse a cabo sobre la base de una orden judicialArtículo 215, apartados 1 y 2, de la LEC.. La autoridad que solicite una orden deberá presentar materiales que demuestren los motivos para sospechar que una persona ha cometido un delito, que el registro, la inspección o la incautación son necesarios y que existen los objetos pertinentes que deben incautarseArtículo 108, apartado 1, del Reglamento de procedimiento penal.. En cuanto a la orden, esta debe contener, entre otras cosas, el nombre del sospechoso y el delito; el lugar, la persona o los objetos que se vayan a registrar o los objetos que se vayan a incautar; la fecha de emisión; y el período efectivo de aplicaciónArtículo 114, apartado 1, de la LEC, en relación con su artículo 219.. Del mismo modo, cuando, en el marco de un procedimiento judicial en curso, los registros e incautaciones se lleven a cabo fuera de una audiencia pública, deberá obtenerse previamente una orden judicialArtículo 113 de la LEC.. El particular de que se trate y su abogado defensor serán informados con antelación del registro o la incautación y podrán estar presentes en el momento de la ejecución de la ordenArtículos 121 y 122 de la LEC..En principio, a la hora de llevar a cabo registros o incautaciones y cuando el objeto por registrar sea un disco de ordenador u otro soporte de almacenamiento de datos, solo se incautarán los propios datos (copiados o impresos) en lugar de todo el soporteArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. El propio soporte de almacenamiento de datos solo podrá ser incautado cuando se considere sustancialmente imposible imprimir o copiar los datos necesarios por separado o cuando se considere que es sustancialmente impracticable lograr el objetivo del registro de otra maneraArtículo 106, apartado 3, de la LEC.. La incautación deberá notificarse sin demora al particular de que se trateArtículo 219 de la LEC, en relación con su artículo 106, apartado 4.. No hay excepciones a este requisito de notificación con arreglo a la LEC.Los registros, las inspecciones y las incautaciones sin una orden solo podrán tener lugar en situaciones limitadas. En primer lugar, este es el caso cuando resulta imposible obtener una orden debido a la urgencia en el lugar de una infracciónArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. No obstante, debe obtenerse una orden posteriormente y sin demoraArtículo 216, apartado 3, de la LEC.. En segundo lugar, los registros y las inspecciones sin una orden podrán tener lugar in loco cuando se arreste o se detenga a un sospechosoArtículo 216, apartados 1 y 2, de la LEC.. Por último, un fiscal o un alto funcionario de la policía judicial podrá incautarse de un objeto sin una orden cuando el objeto haya sido desechado por un sospechoso o un tercero o se haya presentado voluntariamenteArtículo 218 de la LEC. Por lo que se refiere a la información personal, esto solo abarca la presentación voluntaria por parte del particular de que se trate, no por un responsable del tratamiento que posea dicha información (lo cual requeriría una base jurídica específica con arreglo a la Ley sobre la protección de la información personal). Los objetos presentados voluntariamente solo se admitirán como pruebas en procedimientos judiciales si no existen dudas razonables acerca del carácter voluntario de la divulgación, lo cual debe demostrar el fiscal. Véase la Resolución n.o 2013Do11233 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016..Las pruebas obtenidas en violación de la LEC se considerarán inadmisiblesArtículo 308-2 de la LEC.. Además, la Ley penal establece que los registros ilícitos de personas o de su lugar de residencia, edificios vigilados, estructuras, automóviles, buques, aeronaves o habitaciones ocupadas son punibles con una pena de prisión de un máximo de tres añosArtículo 321 de la Ley penal.. Por consiguiente, esta disposición también se aplica cuando se incautan objetos, tales como dispositivos de almacenamiento de datos, durante un registro ilícito.2.2.2.Recogida de información sobre las comunicaciones2.2.2.1.Base jurídicaLa recogida de información sobre las comunicaciones se rige por una ley específica, la LPPC. En particular, la LPPC establece la prohibición de censurar cualquier correo, realizar escuchas de cualquier telecomunicación, facilitar datos de confirmación de la comunicación, grabar o escuchar cualquier conversación entre otras personas que no se haga pública, salvo sobre la base de la LEC, la LPPC o la Ley de tribunales militaresArtículo 3 de la LPPC. En principio, la Ley de tribunales militares regula la recogida de información sobre el personal militar y solo puede aplicarse a civiles en un número limitado de casos (por ejemplo, si el personal militar y los civiles cometen un delito conjuntamente o si una persona comete un delito contra el ejército, puede incoarse un procedimiento ante un tribunal militar, véase el artículo 2 de la Ley de tribunales militares). Las disposiciones generales que regulan los registros e incautaciones son similares a las de la LEC, véanse, por ejemplo, los artículos 146 a 149 y 153 a 156 de la Ley de tribunales militares. Por ejemplo, el correo postal solo podrá recogerse cuando sea necesario para una investigación y sobre la base de una orden de un tribunal militar. En la medida en que se recojan comunicaciones electrónicas, se aplicarán las limitaciones y salvaguardias de la LPPC.. El término comunicación en el sentido de la LPPC abarca tanto el correo ordinario como las telecomunicacionesArtículo 2, apartado 1, de la LPPC, es decir, la transmisión o recepción de todo tipo de sonidos, palabras, símbolos o imágenes por cable, de manera inalámbrica, por cable de fibra u otro sistema electromagnético, en particular el teléfono, el correo electrónico, los servicios de información de afiliación, el fax y la radiobúsqueda.. A este respecto, la LPPC distingue entre medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 2, apartado 7, y artículo 3, apartado 2, de la LPPC. y la recogida de datos de confirmación de la comunicación.El concepto de medidas de restricción de la comunicación abarca la censura, por ejemplo, la recogida del contenido del correo postal tradicional y las escuchas telefónicas, es decir, la interceptación directa (adquisición o grabación) del contenido de las telecomunicacionesPor censura se entiende la apertura del correo sin el consentimiento de la parte afectada o la adquisición de conocimiento, la grabación o la retención de su contenido por otros medios (artículo 2, apartado 6, de la LPPC). Por escuchas telefónicas se entiende la adquisición o la grabación del contenido de las telecomunicaciones mediante escucha o lectura colectiva de sonidos, palabras, símbolos o imágenes de las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos o mecánicos sin el consentimiento de la parte afectada o la interferencia con su transmisión y recepción (artículo 2, apartado 7, de la LPPC).. El concepto de datos de confirmación de la comunicación abarca los datos sobre los registros de telecomunicaciones, que incluyen la fecha de las telecomunicaciones, su hora de inicio y fin, el número de llamadas salientes y entrantes, así como el número de abonados de la otra parte, la frecuencia de uso, los archivos de registro sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones y la información sobre la ubicación (por ejemplo, de torres de transmisión en las que se reciben las señales)Artículo 2, apartado 11, de la LPPC..La LPPC establece las limitaciones y salvaguardias para la recogida de ambos tipos de datos, y el incumplimiento de varios de estos requisitos está sujeto a sanciones penalesArtículos 16 y 17 de la LPPC. Esto se aplica, por ejemplo, a la recogida sin una orden, a la falta de mantenimiento de registros, a la no interrupción de la recogida cuando deja de existir una emergencia o a la falta de notificación al particular de que se trate..2.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones (medidas de restricción de la comunicación)La recogida del contenido de las comunicaciones solo podrá tener lugar como medio complementario para facilitar una investigación penal (es decir, como medida de último recurso) y deberán hacerse esfuerzos para minimizar la interferencia con los secretos de las comunicaciones de las personasArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. En consonancia con este principio general, solo podrán aplicarse medidas de restricción de la comunicación cuando sea difícil impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar las pruebasArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. Los organismos encargados de la aplicación de la ley que recojan el contenido de las comunicaciones deberán dejar de hacerlo inmediatamente una vez que el acceso continuo ya no se considere necesario, garantizando así que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones sea lo más limitada posibleArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Además, las medidas de restricción de la comunicación solo podrán utilizarse cuando existan razones fundadas para sospechar que se están planificando, se están cometiendo o se han cometido determinados delitos graves mencionados específicamente en la LPPC. Entre ellos se incluyen delitos como la insurrección, los delitos relacionados con las drogas o con explosivos, así como los relacionados con la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o las bases e instalaciones militaresArtículo 5, apartado 1, de la LPPC.. El objeto de una medida de restricción de la comunicación deben ser envíos postales o telecomunicaciones específicos enviados o recibidos por el sospechoso, o envíos postales o telecomunicaciones enviados o recibidos por el sospechoso durante un período de tiempo determinadoArtículo 5, apartado 2, de la LPPC..Incluso cuando se cumplan estos requisitos, la recogida de datos de contenido solo podrá llevarse a cabo sobre la base de una orden judicial. En particular, un fiscal puede pedir al órgano jurisdiccional que permita la recogida de datos de contenido relativos al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 1, de la LPPC.. Del mismo modo, un agente de la policía judicial podrá solicitar autorización a un fiscal, quien, a su vez, podrá solicitar una orden judicialArtículo 6, apartado 2, de la LPPC.. La solicitud de una orden deberá hacerse por escrito y contener elementos específicos. En particular, deberá presentar 1) las razones fundadas para sospechar que uno de los delitos listados está previsto, se está cometiendo o se ha cometido, así como cualquier material que demuestre que hay un caso de sospecha aparente; 2) las medidas de restricción de la comunicación, así como su objeto, alcance, objetivo y período efectivo; y 3) el lugar en el que se ejecutarían las medidas y cómo se llevarían a caboArtículo 6, apartado 4, de la LPPC y artículo 4, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando se cumplan los requisitos legales, el órgano jurisdiccional podrá autorizar por escrito la aplicación de medidas de restricción de la comunicación con respecto al sospechoso o a la persona investigadaArtículo 6, apartado 5, y artículo 6, apartado 8, de la LPPC.. Esta orden especificará los tipos de medidas, así como su objeto, alcance, período efectivo, lugar de ejecución y la manera en que deben llevarse a caboArtículo 6, apartado 6, de la LPPC..Las medidas de restricción de la comunicación solo podrán llevarse a cabo durante un período de dos mesesArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. Si el objetivo de las medidas se alcanza antes dentro de ese período, las medidas deben interrumpirse de inmediato. Por el contrario, si se siguen cumpliendo las condiciones necesarias, podrá presentarse una solicitud para prorrogar el período efectivo de las medidas de restricción de la comunicación dentro del plazo de dos meses. Dicha solicitud deberá contener materiales que justifiquen prima facie la prórroga de las medidasArtículo 6, apartado 7, de la LPPC.. El período prolongado no podrá superar un total de un año, o de tres años en el caso de determinados delitos especialmente graves (por ejemplo, delitos relacionados con la insurrección, agresiones extranjeras, la seguridad nacional, etc.)Artículo 6, apartado 8, de la LPPC..Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán exigir la asistencia de los operadores de comunicaciones proporcionándoles la autorización escrita del tribunalArtículo 9, apartado 2, de la LPPC.. Los operadores de comunicaciones deberán cooperar y conservar la autorización recibida en sus archivosArtículo 15-2 de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Podrán negarse a cooperar cuando la información sobre la persona en cuestión indicada en la autorización escrita del tribunal (por ejemplo, el número de teléfono de la persona) sea incorrecta. Además, tienen prohibido, en cualquier circunstancia, revelar las contraseñas utilizadas para las telecomunicacionesArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Toda persona que ejecute medidas de restricción de la comunicación o a quien se le solicite cooperar deberá llevar registros en los que se especifiquen los objetivos de las medidas, su ejecución, la fecha en que se prestó la cooperación y el objetoArtículo 9, apartado 3, de la LPPC.. Las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley que apliquen medidas de restricción de la comunicación también deberán mantener registros en los que se expongan los detalles y los resultados obtenidosArtículo 18, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Los agentes de la policía judicial deberán facilitar al fiscal esta información mediante un informe cuando cierren una investigaciónArtículo 18, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..Cuando un fiscal formule una acusación con respecto a un asunto en el que se hayan utilizado medidas de restricción de la comunicación o adopte una disposición de no acusar o detener al particular en cuestión (es decir, no solo una suspensión del enjuiciamiento), el fiscal deberá notificar al particular sujeto a las medidas de restricción de la comunicación el hecho de que se han ejecutado tales medidas, el organismo de ejecución y el período de ejecución. Dicha notificación deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días a partir de la disposiciónArtículo 9-2, apartado 1, de la LPPC.. La notificación podrá aplazarse cuando pueda poner en grave peligro la seguridad nacional o perturbar la seguridad y el orden públicos, o cuando pueda atentar gravemente contra la vida y la integridad física de tercerosArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. Cuando se tenga intención de aplazar la notificación, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán obtener la aprobación del jefe de la Fiscalía de distritoArtículo 9-2, apartado 5, de la LPPC.. Una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..La LPPC también establece un procedimiento específico para la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia. En particular, los organismos encargados de la aplicación de la ley podrán recoger el contenido de las comunicaciones en caso de que sea inminente la planificación o ejecución de delincuencia organizada u otro delito grave que pueda causar directamente la muerte o lesiones graves, y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento ordinario (tal como se ha indicado anteriormente)Artículo 8, apartado 1, de la LPPC.. En tal situación de emergencia, el agente de policía o el fiscal podrán adoptar medidas de restricción de la comunicación sin previa autorización judicial, pero deberán solicitar dicha autorización inmediatamente después de la ejecución. Si el organismo encargado de la aplicación de la ley no obtiene la autorización judicial en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se llevaron a cabo las medidas de emergencia, la recogida deberá interrumpirse de inmediato, y esto normalmente irá seguido de la destrucción de la información recogidaArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. Los agentes de policía que lleven a cabo una vigilancia de emergencia lo harán bajo el control de un fiscal o, si resultase imposible recibir las instrucciones del fiscal por adelantado debido a la necesidad de actuar con urgencia, la policía deberá obtener la autorización de un fiscal inmediatamente después de comenzar la ejecuciónArtículo 8, apartado 3, de la LPPC y artículo 16, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las normas sobre la notificación al particular descritas anteriormente también se aplican a la recogida del contenido de las comunicaciones en situaciones de emergencia.La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la autoridad que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC.. La solicitud a un órgano jurisdiccional de que autorice las medidas de emergencia deberá ir acompañada de un documento escrito en el que se indiquen las medidas necesarias de restricción de la comunicación, el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución, el método y una explicación de la manera en que las medidas pertinentes de restricción de la comunicación cumplen el artículo 5, apartado 1, de la LPPCEs decir, que existe una razón fundada para sospechar que se están planificando o cometiendo determinados delitos graves, o que se han cometido, y que es impracticable impedir de otro modo la comisión de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas., junto con los documentos justificativos.En los casos en que las medidas de emergencia se completen en poco tiempo, descartando así la autorización judicial (por ejemplo, si el sospechoso es detenido inmediatamente después de iniciar la interceptación, que, por consiguiente, se interrumpe), el jefe de la Fiscalía competente enviará una notificación de las medidas de emergencia al órgano jurisdiccional competenteArtículo 8, apartado 5, de la LPPC.. La notificación deberá indicar el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de recogida, así como los motivos para no presentar una solicitud de autorización judicialArtículo 8, apartados 6 y 7, de la LPPC.. Esta notificación permite al órgano jurisdiccional receptor examinar la legalidad de la recogida y deberá introducirse en un registro de notificaciones de medidas de emergencia.Como requisito general, el contenido de las comunicaciones adquiridas mediante la aplicación de medidas de restricción de la comunicación sobre la base de la LPPC solo podrá utilizarse para investigar, enjuiciar o prevenir los delitos específicos mencionados anteriormente, en procedimientos disciplinarios por los mismos delitos, una reclamación por daños y perjuicios presentada por una parte de las comunicaciones o cuando así lo permitan otras leyesArtículo 12 de la LPPC..Cuando se recojan telecomunicaciones transmitidas por internet, se aplicarán salvaguardias específicasArtículo 12-2 de la LPPC.. Dicha información solo podrá utilizarse para investigar los delitos graves mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la LPPC. Para conservar la información, deberá obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicaciónEl fiscal o el agente de policía que ejecute las medidas de restricción de la comunicación deberá seleccionar las telecomunicaciones por conservar en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas y solicitar una autorización judicial (en el caso de un agente de policía, la solicitud deberá presentarse a un fiscal, quien, a su vez, presentará la solicitud al órgano jurisdiccional), véase el artículo 12-2, apartados 1 y 2, de la LPPC.. Las solicitudes de conservación deberán contener información sobre las medidas de restricción de la comunicación, un resumen de los resultados de las medidas, los motivos de la conservación (junto con materiales de apoyo) y las telecomunicaciones por conservarArtículo 12-2, apartado 3, de la LPPC.. A falta de tal solicitud, las telecomunicaciones adquiridas deberán suprimirse en un plazo de catorce días a partir de la finalización de las medidas de restricción de la comunicaciónArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Si se rechaza una solicitud, las telecomunicaciones deberán destruirse en un plazo de siete díasArtículo 12-2, apartado 5, de la LPPC.. Cuando se supriman las telecomunicaciones, deberá presentarse un informe en un plazo de siete días ante el órgano jurisdiccional que autorizó las medidas de restricción de la comunicación, indicando los motivos de la supresión, así como los detalles y el momento en que se realizó.De manera más general, si la información se obtuvo de manera ilícita a través de medidas de restricción de la comunicación, no se admitirá como prueba en procedimientos judiciales o disciplinariosArtículo 4 de la LPPC.. Asimismo, la LPPC prohíbe a toda persona que adopte medidas de restricción de la comunicación divulgar información confidencial obtenida durante la aplicación de tales medidas y utilizar la información obtenida para dañar la reputación de las personas sujetas a las medidasArtículo 11, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC..2.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información de confirmación de la comunicaciónSobre la base de la LPPC, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley podrán solicitar a los operadores de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación cuando sea necesario para llevar a cabo una investigación o ejecutar una penaArtículo 13, apartado 1, de la LPPC.. A diferencia de la recogida de datos de contenido, la posibilidad de recoger datos de confirmación de la comunicación no se limita a determinados delitos específicos. Sin embargo, como ocurre con los datos de contenido, la recogida de los datos de confirmación de la comunicación requiere la previa autorización escrita de un órgano jurisdiccional, con sujeción a las mismas condiciones descritas anteriormenteArtículos 13 y 6 de la LPPC.. Cuando por motivos de urgencia resulte imposible obtener la autorización judicial, los datos de confirmación de la comunicación podrán recogerse sin una orden, en cuyo caso deberá obtenerse la autorización inmediatamente después de solicitar los datos y deberá comunicarse al proveedor de telecomunicacionesArtículo 13, apartado 2, de la LPPC. Al igual que en el caso de las medidas urgentes de restricción de la comunicación, deberá elaborarse un documento en el que se expongan los detalles del caso (el sospechoso, las medidas por adoptar, el presunto delito y la urgencia). Véase el artículo 37, apartado 5, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Si no se obtiene una autorización posterior, la información recogida deberá destruirseArtículo 13, apartado 3, de la LPPC..Los fiscales, los agentes de la policía judicial y los órganos jurisdiccionales deberán mantener registros de las solicitudes de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13, apartados 5 y 6, de la LPPC.. Además, los proveedores de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Ciencia y TIC sobre la divulgación de datos de confirmación de la comunicación dos veces al año y mantener registros al respecto durante siete años a partir de la fecha en que se hayan divulgado los datosArtículo 13, apartado 7, de la LPPC..En principio, los particulares serán notificados del hecho de que se han recogido datos de confirmación de la comunicaciónVéase el artículo 13-3, apartado 7, en relación con el artículo 9-2 de la LPPC.. El momento para realizar dicha notificación dependerá de las circunstancias de la investigaciónArtículo 13-3, apartado 1, de la LPPC.. Una vez que se haya tomado una decisión de (no) enjuiciar, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días. Por el contrario, en caso de suspensión de la acusación, la notificación deberá enviarse en el plazo de treinta días transcurrido un año desde que se haya adoptado tal decisión. En cualquier caso, la notificación deberá enviarse en un plazo de treinta días transcurrido un año desde la recogida de la información.La notificación podrá aplazarse si puede 1) poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad y el orden públicos, 2) causar la muerte o lesiones corporales, 3) impedir un procedimiento judicial justo (por ejemplo, dar lugar a la destrucción de pruebas o a amenazas a los testigos) o 4) difamar al sospechoso, a las víctimas o a otras personas relacionadas con el asunto o invadir su privacidadArtículo 13-3, apartado 2, de la LPPC.. El aplazamiento de la notificación por alguno de los motivos mencionados requiere la autorización del director de una fiscalía de distrito competenteArtículo 13-3, apartado 3, de la LPPC.. Cuando dejen de existir los motivos para el aplazamiento, esto deberá notificarse en un plazo de treinta días a partir de ese momentoArtículo 13-3, apartado 4, de la LPPC..Las personas notificadas podrán presentar una solicitud por escrito al fiscal o al agente de la policía judicial en relación con los motivos de la recogida de los datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 13-3, apartado 5, de la LPPC.. En tal caso, el fiscal o el agente de la policía judicial deberán exponer los motivos por escrito en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, a menos que se aplique uno de los motivos mencionados anteriormente (excepciones para el aplazamiento de la notificación)Artículo 13-3, apartado 6, de la LPPC..2.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesEl artículo 83, apartado 3, de la LST permite a los operadores de telecomunicaciones acceder voluntariamente a una solicitud (formulada en apoyo de un proceso penal, una investigación o la ejecución de una pena) de un órgano jurisdiccional, un fiscal o el jefe de un órgano de investigación de divulgar datos de comunicaciones. En el contexto de la LST, los datos de comunicaciones abarcan el nombre, el número de registro de residente, la dirección y el número de teléfono de los usuarios, las fechas de suscripción o cancelación de la suscripción de los usuarios, así como los códigos de identificación de los usuarios (es decir, los códigos utilizados para identificar al usuario legítimo de sistemas informáticos o redes de comunicación)Artículo 83, apartado 3, de la LST.. A efectos de la LST, solo se consideran usuarios los particulares que contraten servicios directamente de un proveedor de telecomunicaciones coreanoArtículo 2, apartado 9, de la LST.. En consecuencia, es probable que las situaciones en que los ciudadanos de la UE cuyos datos se hayan transferido a la República de Corea se consideren usuarios con arreglo a la LST sean muy limitadas, ya que estas personas normalmente no celebran un contrato directo con un operador de telecomunicaciones coreano.Las solicitudes para obtener datos de comunicaciones sobre la base de la LST deberán hacerse por escrito e indicar los motivos de la solicitud, el vínculo con el usuario pertinente y el alcance de los datos solicitadosArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Cuando sea imposible presentar una solicitud por escrito debido a la urgencia, la solicitud escrita deberá presentarse tan pronto como desaparezca el motivo de la urgenciaArtículo 83, apartado 4, de la LST.. Los operadores de telecomunicaciones que accedan a solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones deberán conservar libros que contengan registros que indiquen que se han facilitado datos de comunicaciones, así como los materiales relacionados, tales como la solicitud escritaArtículo 83, apartado 5, de la LST.. Además, los operadores de telecomunicaciones deberán informar al ministro de Ciencia y TIC sobre el suministro de datos de comunicaciones dos veces al añoArtículo 83, apartado 6, de la LST..Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a acceder a las solicitudes de divulgación de datos de comunicaciones en virtud de la LST. Por tanto, el operador deberá evaluar cada solicitud a la luz de los requisitos aplicables de protección de datos con arreglo a la LPIP. En particular, un operador de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..En 2016, el Tribunal Supremo confirmó que el suministro voluntario de datos de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones sin una orden, con arreglo a la LST, no vulnera, como tal, el derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones a la autodeterminación en materia de información. Al mismo tiempo, el Tribunal aclaró que tal vulneración se produciría si resulta evidente que la agencia solicitante abusó de su autoridad para solicitar la divulgación de datos de comunicaciones, vulnerando así los intereses de la persona afectada o de un terceroResolución n.o 2012Da105482 del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2016.. De manera más general, toda solicitud de divulgación voluntaria por parte de una autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley deberá respetar los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2).2.3.SupervisiónLa supervisión de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, tanto de manera interna como por órganos externos.2.3.1.Auditoría internaDe conformidad con la Ley de auditorías del sector público, se anima a las autoridades públicas a crear un organismo de auditoría interna, que se encargue, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de la legalidadArtículos 3 y 5 de la Ley de auditorías del sector público.. Debe garantizarse la independencia de los jefes de tales organismos de auditoría en la mayor medida posibleArtículo 7 de la Ley de auditorías del sector público.. Más concretamente, son nombrados desde fuera de la autoridad competente (por ejemplo, antiguos jueces o profesores) por un período de dos a cinco años y solo pueden ser destituidos por razones justificadas (por ejemplo, cuando no puedan ejercer sus funciones debido a un trastorno mental o físico o cuando estén sujetos a medidas disciplinarias)Artículos 8 a 11 de la Ley de auditorías del sector público.. Del mismo modo, los auditores son nombrados sobre la base de las condiciones específicas establecidas en la LeyArtículos 16 y siguientes de la Ley de auditorías del sector público.. Los informes de auditoría podrán incluir recomendaciones o solicitudes de compensación o corrección, así como amonestaciones y recomendaciones o solicitudes de medidas disciplinariasArtículo 23, apartado 2, de la Ley de auditorías del sector público.. Se notifican al jefe de la autoridad pública objeto de la auditoría, así como a la Comisión de Control e Inspección (véase la sección 2.3.2) en un plazo de sesenta días a partir de la finalización de la auditoríaArtículo 23, apartado 1, de la Ley de auditorías del sector público.. La autoridad en cuestión deberá aplicar las medidas necesarias e informar de los resultados a la Comisión de Control e InspecciónArtículo 23, apartado 3, de la Ley de auditorías del sector público.. Además, los resultados de las auditorías suelen ponerse a disposición del públicoArtículo 26 de la Ley de auditorías del sector público.. La negativa u obstrucción de una auditoría interna está sujeta a multas administrativasArtículo 41 de la Ley de auditorías del sector público.. En el ámbito de la aplicación del Derecho penal, para cumplir la legislación antes mencionada, la Agencia Nacional de Policía cuenta con un sistema de Inspecciones Generales para llevar a cabo auditorías internas, incluso con respecto a posibles vulneraciones de los derechos humanosVéanse, en particular, las divisiones bajo la Dirección General de Auditoría e Inspección: https://www.police.go.kr/eng/knpa/org/org01.jsp..2.3.2.La Comisión de Control e InspecciónLa Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, CCI) podrá inspeccionar las actividades de las autoridades públicas y, sobre la base de dichas inspecciones, formular recomendaciones, solicitar medidas disciplinarias o presentar una denuncia penalArtículos 24 y 31 a 35 de la Ley de la Comisión de Control e Inspección (en lo sucesivo, Ley CCI).. La CCI está establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República de Corea, pero mantiene un estatuto independiente con respecto a sus funcionesArtículo 2, apartado 1, de la Ley CCI.. Además, la Ley por la que se crea la CCI exige que se le conceda la máxima independencia en lo que respecta al nombramiento, la destitución y la organización de su personal, así como a la elaboración de su presupuestoArtículo 2, apartado 2, de la Ley CCI.. El presidente de la CCI es nombrado por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 1, de la Ley CCI.. Los seis comisarios restantes son nombrados por el presidente de la República, previa recomendación del presidente de la CCI, para un mandato de cuatro añosArtículo 5, apartado 1, y artículo 6 de la Ley CCI.. Los comisarios (incluido el presidente de la CCI) deberán reunir las cualificaciones específicas establecidas por la leyPor ejemplo, haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años, haber trabajado como funcionario o profesor o haber ocupado un cargo más alto en una universidad durante al menos ocho años, o haber trabajado durante al menos diez años en una empresa cotizada o en una institución participada por el Gobierno (de los cuales al menos cinco años como director ejecutivo), véase el artículo 7 de la Ley CCI. y solo podrán ser despedidos en caso de proceso de destitución, condena a prisión o incapacidad para ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental a largo plazoArtículo 8 de la Ley CCI.. Además, los comisarios tienen prohibido participar en actividades políticas y ocupar simultáneamente cargos en la Asamblea Nacional, organismos administrativos, organizaciones sujetas a auditoría e inspección por parte de la CCI o cualquier otro cargo remuneradoArtículo 9 de la Ley CCI..La CCI lleva a cabo una auditoría general con una periodicidad anual, pero también puede realizar auditorías específicas sobre cuestiones de especial interés. La CCI podrá solicitar la presentación de documentos en el curso de una inspección, así como la asistencia de particularesVéase, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley CCI.. Como parte de una auditoría, la CCI examinará los ingresos y gastos del Estado, pero también supervisará el cumplimiento general de las obligaciones de las autoridades y los funcionarios públicos con vistas a mejorar el funcionamiento de la administración públicaArtículos 20 y 24 de la Ley CCI.. Por lo tanto, su supervisión irá más allá de los aspectos presupuestarios e incluirá asimismo un control de legalidad.2.3.3.La Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicasArtículo 128 de la Ley de la Asamblea Nacional y artículos 2, 3 y 15 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Esto incluye las inspecciones anuales de los asuntos gubernamentales en su conjunto y las investigaciones de cuestiones específicas.. Durante una investigación o inspección, la Asamblea Nacional podrá solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigosArtículo 10, apartado 1, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado. Véanse también los artículos 128 y 129 de la Ley de la Asamblea Nacional.. Toda persona que cometa falso testimonio durante una investigación de la Asamblea Nacional estará sujeta a sanciones penales (pena de prisión de hasta diez años)Artículo 14 de la Ley sobre el testimonio, la evaluación, etc. ante la Asamblea Nacional.. El proceso y los resultados de las inspecciones podrán hacerse públicosArtículo 12-2 de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. Si la Asamblea Nacional detecta actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea NacionalArtículo 16, apartado 3, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado..2.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalLa Comisión de Protección de la Información Personal (en lo sucesivo, CPIP) supervisa el tratamiento de la información personal por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal en consonancia con la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP abarca también las posibles infracciones de las normas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, incluidas aquellas contenidas en las leyes específicas que regulan la recogida de pruebas (electrónicas) a efectos del cumplimiento del Derecho penal (véase la sección 2.2). Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de este tipo constituye una violación de la LPIP, lo cual permite a la CPIP llevar a cabo una investigación y adoptar medidas correctorasVéase la Nota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal..En el ejercicio de su función de supervisión, la CPIP tendrá acceso a toda la información pertinenteArtículo 63 de la LPIP.. La CPIP podrá asesorar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley para mejorar el nivel de protección de la información personal de sus actividades de tratamiento, imponer medidas correctoras (por ejemplo, suspender el tratamiento de datos o adoptar las medidas necesarias para proteger la información personal) o recomendar a la autoridad que adopte medidas disciplinariasArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP.. Por último, se prevén sanciones penales para determinadas infracciones de la LPIP, tales como utilizar o divulgar información personal a terceros o tratar información sensible de manera ilícitaArtículos 70 a 74 de la LPIP.. A este respecto, la CPIP podrá remitir el asunto al órgano de investigación competente (incluidos los fiscales)Artículo 65, apartado 1, de la LPIP..2.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CNDH), un organismo independiente encargado de proteger y promover los derechos fundamentalesArtículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Ley CNDH)., tiene la facultad de investigar y subsanar las infracciones de los artículos 10 a 22 de la Constitución, que incluyen los derechos a la privacidad en general y a la privacidad de la correspondencia. La CNDH está formada por once comisarios, nombrados a propuesta de la Asamblea Nacional (cuatro), el presidente de la República (cuatro) y el jefe judicial del Tribunal Supremo (tres)Artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley CNDH.. Para ser nombrado, un comisario debe 1) haber trabajado durante diez años, como mínimo, en una universidad o un instituto de investigación autorizado, al menos como profesor asociado; 2) haber ejercido como juez, fiscal o abogado durante al menos diez años; 3) haber participado en actividades de derechos humanos durante al menos diez años (por ejemplo, para una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental o una organización internacional); o 4) haber sido recomendado por grupos de la sociedad civil)Artículo 5, apartado 3, de la Ley CNDH.. El presidente de la CNDH es nombrado por el presidente de la República entre los comisarios y debe ser confirmado por la Asamblea NacionalArtículo 5, apartado 5, de la Ley CNDH.. Los comisarios (incluido el presidente de la CNDH) son nombrados por un mandato renovable de tres años y solo pueden ser destituidos en caso de que sean condenados a prisión o ya no sean capaces de ejercer sus funciones debido a una debilidad física o mental prolongada (en cuyo caso, dos terceras partes de los comisarios deben estar de acuerdo con la destitución)Artículo 7, apartado 1, y artículo 8 de la Ley CNDH.. Los comisarios de la CNDH tienen prohibido ocupar un cargo simultáneo en la Asamblea Nacional, los consejos locales o cualquier Gobierno estatal o local (como funcionario público)Artículo 10 de la Ley CNDH..La CNDH podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o sobre la base de una petición de un particular. Como parte de su investigación, la CNDH podrá solicitar la presentación de los materiales pertinentes, llevar a cabo inspecciones y convocar personas para que testifiquenArtículo 36 de la Ley CNDH. De conformidad con el artículo 36, apartado 7, de la Ley, puede rechazarse la presentación de materiales u objetos si esta perjudicara la confidencialidad del Estado y pudiera tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o si constituyera un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso. En tales casos, la Comisión podrá solicitar información adicional al jefe del organismo pertinente (que deberá cumplir de buena fe) cuando sea necesario para revisar si la negativa a facilitar la información está justificada.. Después de una investigación, la CNDH podrá formular recomendaciones para mejorar o corregir políticas y prácticas específicas, y podrá hacerlas públicasArtículo 25, apartado 1, de la Ley CNDH.. Las autoridades públicas deberán informar a la CNDH de un plan para aplicar dichas recomendaciones en un plazo de noventa días a partir de su recepciónArtículo 25, apartado 3, de la Ley CNDH.. Además, en caso de no aplicar de las recomendaciones, la autoridad de que se trate deberá informar de ello a la ComisiónArtículo 25, apartado 4, de la Ley CNDH.. La CNDH podrá, a su vez, divulgar dicho incumplimiento a la Asamblea Nacional o hacerlo público. Las autoridades públicas generalmente cumplen las recomendaciones de la CNDH y tienen un fuerte incentivo para hacerlo, ya que su aplicación se ha examinado como parte de la evaluación general realizada por la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro.2.4.Reparación individual2.4.1.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal. El acceso podrá solicitarse directamente a la autoridad correspondiente o de manera indirecta a través de la CPIPArtículo 35, apartado 2, de la LPIP.. La autoridad competente podrá limitar o denegar el acceso únicamente cuando así lo disponga la ley, cuando sea probable que atente contra la vida o la integridad física de un tercero, o pueda dar lugar a una vulneración injustificada de los intereses patrimoniales y otros intereses de un tercero (es decir, cuando los intereses del tercero sean superiores a los intereses de la persona que presenta la solicitud)Artículo 35, apartado 4, de la LPIP.. Si se deniega una solicitud de acceso, la persona deberá ser informada de los motivos y de las vías de recursoArtículo 42, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Del mismo modo, podrá denegarse una solicitud de rectificación o supresión cuando así lo prevean otras leyes, en cuyo caso deberá informarse a la persona de los motivos subyacentes y de la posibilidad de recursoArtículo 36, apartados 1 y 2, de la LPIP y artículo 43, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPIP..En lo que respecta a la reparación, los particulares podrán presentar una reclamación ante la CPIP, incluso a través del Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de CoreaArtículo 62 de la LPIP.. Además, una persona podrá obtener una mediación a través del Comité de mediación de conflictos relacionados con la información personalArtículos 40 a 50 de la LPIP y artículos 48-2 a 57 del Decreto de Ejecución de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal (sección 2.2) como de la LPIP. Además, los particulares podrán impugnar las decisiones o la inacción de la CPIP con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3).2.4.2.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa CNDH tramita las reclamaciones de los particulares (tanto coreanos como extranjeros) relacionadas con vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades públicasAunque el artículo 4 de la Ley CNDH hace referencia a los ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Corea, el término residente refleja un concepto de jurisdicción y no de territorio. Por consiguiente, si las instituciones nacionales dentro de Corea vulneran los derechos fundamentales de un extranjero fuera de Corea, dicho particular puede presentar una denuncia ante la CNDH. Véase, por ejemplo, la pregunta correspondiente en la página de preguntas frecuentes de la CNDH, disponible en https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=7025&menuid=002004005001&pagesize=10¤tpage=2. Este sería el caso si las autoridades públicas coreanas accedieran de manera ilícita a los datos personales de un extranjero transferidos a Corea.. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante la CNDHEn principio, la reclamación deberá presentarse en el plazo de un año a partir de la infracción, pero la CNDH podrá decidir, aun así, investigar una reclamación presentada después de ese plazo, siempre que no haya expirado el régimen de prescripción en virtud del Derecho penal o civil (artículo 32, apartado 1, punto 4, de la Ley CNDH).. En consecuencia, la CNDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad. Por lo tanto, en el contexto de la recogida de datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal, una persona no tendría que demostrar que las autoridades públicas coreanas han accedido efectivamente a su información personal para que la reclamación sea admisible ante la CNDH. Una persona también podrá solicitar que la reclamación se resuelva mediante mediaciónArtículos 42 y siguientes de la Ley CNDH..Para investigar una reclamación, la CNDH podrá hacer uso de sus facultades de investigación, incluso solicitando la presentación de materiales pertinentes, realizando inspecciones y citando a personas para que testifiquenArtículos 36 y 37 de la Ley CNDH.. Si la investigación revela que se ha producido una infracción de la legislación correspondiente, la CNDH podrá recomendar la aplicación de soluciones o la rectificación o mejora de cualquier ley, institución, política o práctica pertinenteArtículo 44 de la Ley CNDH.. Las soluciones propuestas podrán incluir la mediación, el cese de la vulneración de los derechos humanos, la indemnización por daños y perjuicios y medidas para evitar que vuelvan a producirse infracciones idénticas o similaresArtículo 42, apartado 4, de la Ley CNDH.. En el caso de la recogida ilícita de información personal con arreglo a las normas aplicables, las medidas correctoras podrán incluir la supresión de tal información. Si se considera que es muy probable que la infracción esté en curso y que es probable que, si no se atiende, se producirían daños difíciles de reparar, la CNDH podrá adoptar medidas de ayuda urgenteArtículo 48 de la Ley CNDH..Si bien la CNDH no está facultada para obligar, sus decisiones (por ejemplo, la decisión de no continuar la investigación de una reclamación)Por ejemplo, si excepcionalmente la CNDH no puede inspeccionar determinados materiales o instalaciones porque atañen a secretos de Estado que pueden tener un efecto considerable sobre la seguridad del Estado o las relaciones diplomáticas o cuando la inspección suponga un obstáculo importante para una investigación penal o un juicio en curso (véase la nota a pie de página n.o 166) y cuando esto impida que la CNDH lleve a cabo la investigación necesaria para evaluar el fondo de la petición recibida, informará a la persona de las razones por las que se desestimó la reclamación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley CNDH. En este caso, el particular puede impugnar la decisión de la CNDH con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo. y recomendaciones pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales coreanos con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo (véase la sección 2.4.3 a continuación)Véanse, por ejemplo, la Resolución 2007NU27259 del Tribunal Superior de Seúl, de 18 de abril de 2008, confirmada por la Resolución 2008Du7854 del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2008; y la Resolución 2017NU69382 del Tribunal Superior de Seúl, de 2 de febrero de 2018.. Además, si las conclusiones de la CNDH revelan que los datos personales fueron recogidos de manera ilícita por una autoridad pública, una persona podría recurrir ante los órganos jurisdiccionales coreanos contra dicha autoridad pública, por ejemplo, impugnando la recogida con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo, presentando un recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional o solicitando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de indemnización estatal (véase la sección 2.4.3 a continuación).2.4.3.Reparación judicialLos particulares podrán invocar las limitaciones y salvaguardias descritas en las secciones anteriores para obtener reparación ante los órganos jurisdiccionales coreanos a través de distintas vías.En primer lugar, de conformidad con la LEC, la afectada persona y su abogado podrán estar presentes cuando se ejecute una orden de registro o incautación y, por consiguiente, podrán formular una objeción en el momento en que se ejecute la ordenArtículos 121 y 219 de la LEC.. Además, la LEC prevé un denominado mecanismo de cuasi reclamación, que permite a los particulares solicitar al órgano jurisdiccional competente que cancele o modifique una disposición adoptada por un fiscal o un agente de policía en relación con una incautaciónArtículo 417 de la LEC, en relación con su artículo 414, apartado 2. Véase también la Resolución n.o 97Mo66 del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1997.. Esto permite a las personas impugnar las medidas adoptadas para ejecutar una orden de incautación.Además, los particulares pueden obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales coreanos. Sobre la base de la Ley de indemnización estatal, las personas podrán solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por funcionarios públicos debido al ejercicio de sus funciones oficiales en violación de la leyArtículo 2, apartado 1, de la Ley de indemnización estatal.. Las reclamaciones en virtud de la Ley de indemnización estatal podrán presentarse ante un Consejo de indemnización especializado o directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanosArtículos 9 y 12 de la Ley de indemnización estatal. La Ley establece consejos de distrito (presididos por el fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente), un consejo central (presidido por el viceministro de Justicia) y un consejo especial (presidido por el viceministro de Defensa Nacional y encargado de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios causados por el personal militar o los empleados civiles del ejército). Las reclamaciones de indemnización son, en principio, tramitadas por los consejos de distrito, que, en determinadas circunstancias, deben remitir los asuntos al consejo central o especial, por ejemplo, si la indemnización supera un importe determinado o en caso de que un particular solicite una nueva deliberación. Todos los consejos están formados por miembros nombrados por el ministro de Justicia (por ejemplo, de entre los funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, los agentes judiciales, los abogados y las personas con experiencia en materia de indemnización estatal) y están sujetos a normas específicas relativas a los conflictos de intereses (véase el artículo 7 del Decreto de Ejecución de la Ley de indemnización estatal).. Si la víctima es extranjera, la Ley de indemnización estatal se aplicará siempre que su país de origen garantice igualmente la indemnización estatal para los nacionales coreanosArtículo 7 de la Ley de indemnización estatal.. Según la jurisprudencia, esta condición se cumple si los requisitos para solicitar una indemnización en el otro país no están significativamente desequilibrados entre Corea y el otro país y no son más estrictos, en general, que los determinados por Corea, sin que haya una diferencia importante y sustantivaResolución n.o 2013Da208388 del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2015.. La Ley civil regula la responsabilidad de indemnización del Estado, y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado también abarca los daños no materiales (por ejemplo, el sufrimiento mental)Véase el artículo 8 de la Ley de indemnización estatal, así como el artículo 751 de la Ley civil..Para las infracciones de las normas de protección de datos, se prevé una vía de recurso adicional en virtud de la LPIP. De conformidad con el artículo 39 de la LPIP, toda persona que sufra daños como resultado de una infracción de la LPIP o de una pérdida, un robo, una divulgación, una falsificación, una alteración o un daño de su información personal podrá obtener una indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales. No existe un requisito de reciprocidad similar al previsto en la Ley de indemnización estatal.Además de la indemnización por daños y perjuicios, podrá obtenerse un recurso administrativo contra las acciones u omisiones de los organismos administrativos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo. Cualquier persona podrá impugnar una disposición (por ejemplo, el ejercicio de poderes públicos, o la negativa a ejercerlos, en un asunto específico) o una omisión (el fracaso prolongado por parte de un organismo administrativo para adoptar una determinada disposición, contrariamente a la obligación legal de hacerlo), lo cual puede dar lugar a la revocación o modificación de una disposición ilícita, a un dictamen de nulidad (es decir, un dictamen de que la disposición no tiene efectos jurídicos o de su inexistencia en el ordenamiento jurídico) o a un dictamen de que una omisión es ilícitaArtículos 2 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Para poder impugnar una disposición administrativa, esta debe afectar directamente a los derechos y obligaciones civilesResolución 98Du18435 del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1999; Resolución 99Du1113 del Tribunal Supremo, de 8 de septiembre de 2000, y Resolución 2010Du3541 del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2012.. Esto incluye las medidas para recoger datos personales, ya sea de manera directa (por ejemplo, interceptando comunicaciones) o mediante una solicitud de divulgación (por ejemplo, a un proveedor de servicios).Las reclamaciones antes mencionadas podrán presentarse, en primer lugar, ante las comisiones de recursos administrativos establecidas en determinadas autoridades públicas (por ejemplo, el SNI o la CNDH) o ante la Comisión Central de Recursos Administrativos creada bajo los auspicios de la Comisión Anticorrupción y de Derechos CivilesArtículo 6 de la Ley de recursos administrativos y artículo 18, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Tal recurso administrativo ofrece una vía alternativa más informal para impugnar una disposición u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, una reclamación también podrá presentarse directamente ante los órganos jurisdiccionales coreanos, con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo.Las solicitudes de revocación o modificación de una disposición en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo podrán ser presentadas por cualquier persona que tenga un interés jurídico en solicitar la revocación o modificación o en que se restablezcan sus derechos mediante la revocación o modificación en caso de que la disposición deje de surtir efectoArtículo 12 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Del mismo modo, los litigios para declarar la nulidad podrán ser iniciados por una persona que tenga un interés jurídico en dicha declaración, mientras que los litigios para declarar la ilegalidad de una omisión podrán ser iniciados por cualquier persona que haya presentado una solicitud de disposición y tenga un interés jurídico en solicitar que se declare la ilegalidad de la omisiónArtículos 35 y 36 de la Ley de lo contencioso-administrativo.. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interés jurídico se interpreta como un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés directo y específico protegido por las leyes y los reglamentos en los que se basan las disposiciones administrativas (es decir, no intereses generales, indirectos y abstractos del público)Resolución n.o 2006Du330 del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 2006.. Por consiguiente, las personas tendrán un interés jurídico en caso de cualquier vulneración de las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de sus datos personales a efectos de control de la aplicación del Derecho penal (en virtud de leyes específicas o de la LPIP). Una sentencia firme con arreglo a la Ley de lo contencioso-administrativo es vinculante para las partesArtículo 30, apartado 1, de la Ley de lo contencioso-administrativo..Deberán presentarse una solicitud de revocación o modificación de una disposición y una solicitud de declaración de la ilegalidad de una omisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la persona tenga conocimiento de la disposición u omisión y, en principio, a más tardar un año después de la fecha de emisión de la disposición o de que se haya producido la omisión, salvo que existan razones justificablesArtículo 20 de la Ley de lo contencioso-administrativo. Este plazo también se aplica a las reclamaciones para declarar la ilegalidad de una omisión (véase el artículo 38, apartado 2, de la Ley de lo contencioso-administrativo).. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de razones justificables debe interpretarse en sentido amplio y requiere evaluar si es socialmente aceptable permitir una reclamación tardía, a la luz de todas las circunstancias del asuntoResolución n.o 90Nu6521 del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1991.. Por ejemplo, esto incluye, entre otras cosas, los motivos de retraso de los que la parte afectada no puede ser considerada responsable (es decir, situaciones que escapan al control del reclamante, por ejemplo, cuando no se le ha notificado la recogida de sus datos personales) o de fuerza mayor (por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra).Por último, los particulares también podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal ConstitucionalArtículo 68, apartado 1, de la Ley del Tribunal Constitucional.. Sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona cuyos derechos fundamentales garantizados por la Constitución se vean vulnerados por el ejercicio o la falta de ejercicio del poder gubernamental (excluidas las sentencias de los órganos jurisdiccionales) podrá solicitar la adjudicación de un recurso de inconstitucionalidad. Si hay otras vías de recurso disponibles, estas deben agotarse primero. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los extranjeros podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que sus derechos fundamentales estén reconocidos por la Constitución coreana (véanse las explicaciones en la sección 1.1)Resolución n.o 99HeonMa194 del Tribunal Constitucional, de 29 de noviembre de 2001.. Los recursos de inconstitucionalidad deben presentarse en un plazo de noventa días a partir del momento en que el particular haya tenido conocimiento de la infracción, y en el plazo de un año a partir del momento en que se produjo. Dado que el procedimiento establecido en la Ley de lo contencioso-administrativo se aplica a los litigios en virtud de la Ley del Tribunal ConstitucionalArtículo 40 de la Ley del Tribunal Constitucional., una reclamación seguirá siendo admisible si existen razones justificables, interpretadas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita anteriormente.Si primero hay que agotar otras vías de recurso, un recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en un plazo de treinta días a partir de la decisión final sobre dicho recursoArtículo 69 de la Ley del Tribunal Constitucional.. El Tribunal Constitucional podrá invalidar el ejercicio del poder gubernamental que provocó la infracción o confirmar que una determinada omisión es inconstitucionalArtículo 75, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional.. En tal caso, la autoridad competente está obligada a adoptar medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal.3.ACCESO DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS CON FINES DE SEGURIDAD NACIONAL3.1.Autoridades públicas competentes en el ámbito de la seguridad nacionalLa República de Corea cuenta con dos agencias de inteligencia especializadas: el SNI y el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa. Además, la policía y las fiscalías también pueden recoger información personal con fines de seguridad nacional.El SNI se establece en virtud de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (en lo sucesivo, Ley SNI) y opera directamente bajo la jurisdicción y supervisión del presidente de la RepúblicaArtículo 2 y artículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. En particular, el SNI recoge, recopila y distribuye información sobre países extranjeros (y Corea del Norte)Este concepto no abarca la información sobre las personas, sino la información general sobre países extranjeros (tendencias y evolución) y sobre las actividades de los agentes estatales de terceros países., inteligencia relacionada con la lucha contra el espionaje (incluido el espionaje militar e industrial), el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada internacional, inteligencia sobre determinados tipos de delitos dirigidos contra la seguridad pública y nacional (por ejemplo, la insurrección nacional y la agresión extranjera) e inteligencia relacionada con la tarea de garantizar la ciberseguridad y prevenir o contrarrestar los ciberataques y las amenazasArtículo 3, apartado 1, de la Ley SNI.. La Ley SNI, por la que se crea el SNI y se establecen sus funciones, también prevé principios generales que enmarcan todas sus actividades. Como principio general, el SNI debe mantener la neutralidad política y proteger la libertad y los derechos de las personasArtículo 3, apartado 1; artículo 6, apartado 2, y artículos 11 y 21. Véanse también las normas sobre los conflictos de intereses, en particular los artículos 10 y 12.. El presidente del SNI se encarga de desarrollar directrices generales que establezcan los principios, el alcance y los procedimientos para el desempeño de las funciones del SNI en relación con la recogida y el uso de información, y debe informar de ellas a la Asamblea NacionalArtículo 4, apartado 2, de la Ley SNI.. La Asamblea Nacional (a través de su Comité de Inteligencia) puede exigir que se corrijan o complementen las directrices si considera que son ilícitas o injustas. De manera más general, en el ejercicio de sus funciones, el director y el personal del SNI no pueden obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligadas a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 13 de la Ley SNI.. Además, toda censura del correo, interceptación de las telecomunicaciones, recogida de información sobre la ubicación, recogida de datos de confirmación de la comunicación o grabación o escucha de comunicaciones privadas por parte del SNI debe cumplir lo dispuesto en la LPPC, la Ley de información sobre la ubicación o la LECArtículo 14 de la Ley SNI.. Todo abuso de poder o la recogida de información que infrinja estas leyes estarán sujetos a sanciones penalesArtículos 22 y 23 de la Ley SNI..El Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa es una agencia de inteligencia militar creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Es responsable de las cuestiones de seguridad dentro del ejército, de las investigaciones penales militares (sujetas a la Ley de tribunales militares) y la inteligencia militar. En general, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa no lleva a cabo ninguna actividad de vigilancia de civiles, a menos que sea necesario para el desempeño de sus funciones militares. Las personas que pueden ser investigadas son el personal militar, los empleados civiles del ejército, las personas en formación militar, las personas en reserva militar o servicio de reclutamiento y los prisioneros de guerraArtículo 1 de la Ley de tribunales militares.. Al recoger información sobre las comunicaciones con fines de seguridad nacional, el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa está sujeto a las limitaciones y salvaguardias establecidas por la LLPC y su Decreto de Ejecución.3.2.Bases jurídicas y limitacionesLa LPPC, la Ley antiterrorista para la protección de los ciudadanos y la seguridad pública (en lo sucesivo, Ley antiterrorista) y la LST proporcionan bases jurídicas para la recogida de información personal con fines de seguridad nacional y establecen las limitaciones y salvaguardias aplicablesAl investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, la policía y el SNI actuarán sobre la base de la LEC, mientras que el Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa estará sujeto a la Ley de tribunales militares.. Estas limitaciones y salvaguardias, tal como se describen en las siguientes secciones, garantizan que la recogida y el tratamiento de la información se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Queda excluida toda recogida masiva e indiscriminada de información personal con fines de seguridad nacional.3.2.1.Recogida de información sobre las comunicaciones3.2.1.1.Recogida de información sobre las comunicaciones por las agencias de inteligencia3.2.1.1.1.Base jurídicaLa LPPC faculta a las agencias de inteligencia para recoger datos de comunicaciones y exige a los proveedores de comunicaciones que cooperen con las solicitudes de dichas agenciasArtículo 15-2 de la LPPC.. Como se describe en la sección 2.2.2.1, la LPPC distingue entre la recogida del contenido de las comunicaciones (es decir, medidas de restricción de la comunicación, tales como las escuchas telefónicas o las medidas de censuraArtículo 2, apartados 6 y 7, de la LPPC.) y la recogida de datos de confirmación de la comunicaciónArtículo 2, apartado 11, de la LPPC..El umbral para la recogida de estos dos tipos de información difiere, pero los procedimientos y salvaguardias aplicables son, en gran medida, idénticosVéanse también el artículo 13-4, apartado 2, de la LPPC y el artículo 37, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC, que estipulan que los procedimientos aplicables a la recogida del contenido de las comunicaciones se aplicarán mutatis mutandis a la recogida de datos de confirmación de la comunicación.. La recogida de datos de confirmación de la comunicación (o metadatos) puede realizarse con el fin de prevenir amenazas para la seguridad nacionalArtículo 13-4 de la LPPC.. Se aplica un umbral más elevado para la ejecución de medidas de restricción de la comunicación (es decir, para recoger el contenido de las comunicaciones), que solo pueden adoptarse cuando se prevea que la seguridad nacional se ponga en grave peligro y la recogida de información sea necesaria para prevenir dicho peligro (es decir, si existe un riesgo grave para la seguridad nacional y la recogida es necesaria para prevenirlo)Artículo 7, apartado 1, de la LPPC.. Además, el acceso al contenido de las comunicaciones solo puede llevarse a cabo como medida de último recurso para garantizar la seguridad nacional, y deben hacerse esfuerzos para minimizar la vulneración de la privacidad de las comunicacionesArtículo 3, apartado 2, de la LPPC.. Incluso cuando se haya obtenido la aprobación o autorización adecuada, tales medidas deben interrumpirse de inmediato una vez que dejen de ser necesarias, garantizando así que cualquier violación de los secretos de las comunicaciones de la persona se limite al mínimoArtículo 2 del Decreto de Ejecución de la LPPC..3.2.1.1.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participe al menos un nacional coreanoLa recogida de información sobre las comunicaciones (tanto contenido como metadatos) cuando una o ambas personas que participan en la comunicación sean nacionales coreanos solo podrá tener lugar con la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 1, punto 1, de la LPPC. El órgano jurisdiccional competente será el Tribunal Superior que tenga jurisdicción sobre el lugar del domicilio o de la sede de una o ambas partes sujetas a la vigilancia.. La solicitud de la agencia de inteligencia deberá presentarse por escrito a un fiscal o a una Fiscalía SuperiorArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional), junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida)Artículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. El fiscal o la Fiscalía Superior, a su vez, solicitarán la autorización de un jefe judicial del Tribunal SuperiorArtículo 7, apartado 4, del Decreto de Ejecución de la LPPC. La solicitud del fiscal al órgano jurisdiccional deberá exponer los principales motivos de sospecha y, en la medida en que se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, su justificación (véase el artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. El jefe judicial solo podrá conceder una autorización escrita cuando considere justificada la solicitud y la desestimará cuando la considere infundadaArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartados 5 y 9, de la LPPC.. La orden especificará el tipo, el objetivo, el objeto, el alcance y el período efectivo de la recogida, así como el lugar y la manera en que podrá realizarseArtículo 7, apartado 3, y artículo 6, apartado 6, de la LPPC..En el caso de que la medida esté destinada a la investigación de un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir los procedimientos antes mencionados, se aplicarán normas específicasArtículo 8 de la LPPC.. Cuando se cumplan estas condiciones, las agencias de inteligencia podrán aplicar medidas de vigilancia sin previa autorización judicialArtículo 8, apartado 1, de la LPPC.. No obstante, inmediatamente después de la ejecución de las medidas de emergencia, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del órgano jurisdiccional. Si no se obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se adopten las medidas, estas deberán suspenderse inmediatamenteArtículo 8, apartado 2, de la LPPC.. La recogida de información en situaciones de emergencia deberá realizarse siempre de conformidad con una declaración de censura/escuchas telefónicas de emergencia y la agencia de inteligencia que lleve a cabo la recogida deberá mantener un registro de toda medida de emergenciaArtículo 8, apartado 4, de la LPPC. Véase la sección 2.2.2.2. para más información sobre las medidas de emergencia en el contexto de la aplicación de la ley..En los casos en que la vigilancia se complete en un breve plazo y se descarte la autorización judicial, el jefe de la Fiscalía Superior competente debe enviar una notificación de las medidas de emergencia preparada por la agencia de inteligencia al presidente del órgano jurisdiccional competente, que conserva el registro de las medidas de emergenciaArtículo 8, apartados 5 y 7, de la LPPC. En esta notificación deben indicarse el objetivo, el objeto, el alcance, el período, el lugar de ejecución y el método de vigilancia, así como los motivos para no presentar una solicitud antes de adoptar la medida (artículo 8, apartado 6, de la LPPC).. Esto permite al órgano jurisdiccional examinar la legalidad de la recogida.3.2.1.1.3.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la recogida de información sobre las comunicaciones en las que participen únicamente nacionales no coreanosPara recoger información sobre las comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos, las agencias de inteligencia deberán obtener una autorización previa por escrito del presidenteArtículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC.. Estas comunicaciones solo se recogerán con fines de seguridad nacional si entran en una de las diversas categorías mencionadas, es decir, las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno u otras personas de países hostiles a la República de Corea, agencias extranjeras, grupos o nacionales sospechosos de participar en actividades anticoreanasEsto se refiere a actividades que amenazan la existencia y la seguridad de la nación, el orden democrático o la supervivencia y la libertad de la población. o miembros de grupos que operan en la península de Corea, pero, en la práctica, más allá de la soberanía de la República de Corea y de sus grupos centrales con sede en países extranjerosAdemás, si una de las partes es una persona descrita en el artículo 7, apartado 1, punto 2, de la LPPC y la otra se desconoce o no puede especificarse, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, punto 2.. En cambio, si una de las partes de una comunicación es un nacional coreano y la otra es un nacional extranjero, se requerirá una autorización judicial de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 3.2.1.1.2.El jefe de una agencia de inteligencia deberá presentar al director del SNI un plan de las medidas que se prevé adoptarArtículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la LPPC. El director del SNI es nombrado por el presidente previa confirmación del Parlamento (artículo 7 de la Ley SNI).. El director del SNI examinará si el plan es adecuado y, en caso afirmativo, lo someterá a la aprobación del presidenteArtículo 8, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. La información que deberá incluirse en el plan será la misma que la requerida para solicitar una autorización judicial para recoger información de nacionales coreanos (tal como se ha descrito anteriormente)Artículo 8, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC, en relación con el artículo 6, apartado 4, de la LPPC.. En particular, deberá indicar los motivos de la recogida (por ejemplo, que se prevé que la seguridad nacional se ponga en grave peligro o que la recogida es necesaria para prevenir amenazas para la seguridad nacional) y los principales motivos de sospecha, junto con materiales que sustenten dichos motivos y que justifiquen la recogida a primera vista, así como los detalles de la solicitud (es decir, los objetivos, la persona o las personas específicas, el alcance, el período efectivo de la recogida, así como la manera y el lugar en que se realizará la recogida). Cuando se soliciten varias autorizaciones al mismo tiempo, deberán indicarse la finalidad y los motivosArtículo 8, apartado 3, y artículo 4 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En situaciones de emergenciaEs decir, en los casos en que la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional, no haya tiempo suficiente para obtener la aprobación del presidente y la no adopción de medidas de emergencia pueda perjudicar a la seguridad nacional (artículo 8, apartado 8, de la LPPC)., deberá obtenerse la autorización previa del ministro al que pertenezca la agencia de inteligencia competente. No obstante, en este caso, la agencia de inteligencia deberá solicitar la autorización del presidente inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas de emergencia. Si una agencia de inteligencia no obtiene la autorización en un plazo de treinta y seis horas a partir del momento en que se presenta la solicitud, la recogida deberá interrumpirse inmediatamenteArtículo 8, apartado 9, de la LPPC.. En tales casos, la información recogida siempre se destruirá.3.2.1.1.4.Limitaciones generales y salvaguardiasA la hora de solicitar la cooperación de entidades privadas, las agencias de inteligencia deberán facilitarles la orden judicial, la autorización presidencial o una copia de la portada de una declaración de censura de emergencia, que la entidad obligada deberá conservar en sus archivosArtículo 9, apartado 2, de la LPPC y artículo 12 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Las entidades a las que se solicite que divulguen información a las agencias de inteligencia sobre la base de la LPPC podrán negarse a hacerlo cuando la autorización o la declaración de censura de emergencia se refieran al identificador incorrecto (por ejemplo, un número de teléfono perteneciente a una persona distinta de la identificada). Además, en todos los casos, las contraseñas utilizadas para las comunicaciones no podrán divulgarseArtículo 9, apartado 4, de la LPPC..Las agencias de inteligencia podrán confiar la aplicación de medidas de restricción de la comunicación o la recogida de información de confirmación de la comunicación a una oficina de correos o a un proveedor de servicios de telecomunicaciones (según la definición de la Ley del sector de las telecomunicaciones)Artículo 13 del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Tanto la agencia de inteligencia correspondiente como el proveedor que reciba una solicitud de cooperación deberán mantener registros en los que se indique la finalidad de solicitar las medidas, la fecha de ejecución o cooperación y el objeto de las medidas (por ejemplo, correo, teléfono, correo electrónico) durante tres añosArtículo 9, apartado 3, de la LPPC y artículo 17, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la LPPC. Este plazo no se aplica a los datos de confirmación de la comunicación (véase el artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC).. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que faciliten datos de confirmación de la comunicación deberán conservar información sobre la frecuencia de la recogida en sus archivos durante siete años e informar dos veces al año al Ministerio de Ciencia y TICArtículo 13, apartado 7, de la LPPC y artículo 39 del Decreto de Ejecución de la LPPC..Las agencias de inteligencia deberán informar al director del SNI sobre la información que han recopilado y el resultado de la actividad de vigilanciaArtículo 18, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la LPPC.. Por lo que se refiere a la recogida de datos de confirmación de la comunicación, deberán mantenerse registros de que se ha realizado una solicitud relativa a tales datos, así como de la propia solicitud escrita y de la institución que se ha amparado en ellaArtículo 13, apartado 5, y artículo 13-4, apartado 3, de la LPPC..La recogida tanto del contenido de las comunicaciones como de los datos de confirmación de la comunicación solo podrá durar un máximo de cuatro meses y, si el objetivo perseguido se alcanza entretanto, deberá interrumpirse de inmediatoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC.. Si persisten las condiciones de la autorización, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses, con la autorización del órgano jurisdiccional o del presidente. La solicitud de autorización para prorrogar las medidas de vigilancia deberá presentarse por escrito, indicando los motivos por los que se solicita la prórroga y facilitando materiales de apoyoArtículo 7, apartado 2, de la LPPC y artículo 5 del Decreto de Ejecución de la LPPC..En función de la base jurídica para la recogida, suele notificarse a las personas cuando se recogen sus comunicaciones. En particular, independientemente de si la información recogida se refiere al contenido de las comunicaciones o a datos de confirmación de la comunicación, y con independencia de si la información se obtuvo mediante el procedimiento ordinario o en una situación de emergencia, el jefe de la agencia de inteligencia deberá informar por escrito a la persona afectada de la medida de vigilancia en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que finalizó la vigilanciaArtículo 9-2, apartado 3, de la LPPC. De conformidad con el artículo 13-4 de la LPPC, esto se aplica tanto a la recogida del contenido de las comunicaciones como a los datos de confirmación de la comunicación.. La notificación debe incluir 1) el hecho de que se ha recogido la información, 2) el organismo de ejecución y 3) el período de ejecución. No obstante, si es probable que la notificación ponga en peligro la seguridad nacional o perjudique la vida y la seguridad física de las personas, la notificación podrá aplazarseArtículo 9-2, apartado 4, de la LPPC.. La notificación deberá realizarse en un plazo de treinta días una vez que dejen de existir los motivos para el aplazamientoArtículo 13-4, apartado 2, y artículo 9-2, apartado 6, de la LPPC..Sin embargo, este requisito de notificación solo se aplicará a la recogida de información cuando al menos una de las partes sea un nacional coreano. Por consiguiente, solo se notificará a los nacionales no coreanos cuando se recojan sus comunicaciones con nacionales coreanos. Por lo tanto, no existe ningún requisito de notificación cuando se recogen comunicaciones exclusivamente entre nacionales no coreanos.El contenido de cualquier comunicación y los datos de confirmación de la comunicación obtenidos a través de la vigilancia, sobre la base de la LPPC, solo podrán utilizarse 1) para la investigación, el enjuiciamiento o la prevención de determinados delitos, 2) para procedimientos disciplinarios, 3) para procedimientos judiciales cuando una parte relacionada con la comunicación se base en ellos para una reclamación por daños y perjuicios o 4) sobre la base de otras leyesArtículo 5, apartados 1 y 2, y artículos 12 y 13-5 de la LPPC..3.2.1.2.Recogida de información sobre las comunicaciones por parte de la policía o los fiscales con fines de seguridad nacionalLa policía o el fiscal podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) con fines de seguridad nacional en las mismas condiciones que se describen en la sección 3.2.1.1. Cuando se actúe en situaciones de emergenciaEs decir, cuando la medida esté destinada a un acto de conspiración que amenace la seguridad nacional y exista una emergencia que impida seguir el procedimiento de aprobación ordinario (artículo 8, apartado 1, de la LPPC)., el procedimiento aplicable será el descrito anteriormente con respecto a la recogida del contenido de las comunicaciones a efectos de control de la aplicación de la ley en situaciones de emergencia (es decir, el artículo 8 de la LPPC).3.2.2.Recogida de información sobre sospechosos de terrorismo3.2.2.1.Base jurídicaLa Ley antiterrorista faculta al director del SNI para recoger información sobre los sospechosos de terrorismoArtículo 9 de la Ley antiterrorista.. El concepto de sospechoso de terrorismo se define como un miembro de un grupo terroristaEl término grupo terrorista se define como un grupo de terroristas designado por las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 2, de la Ley antiterrorista)., una persona que haya propagado un grupo terrorista (mediante la promoción y la difusión de ideas o tácticas de un grupo terrorista), recaudado o aportado fondos para el terrorismoEl término terrorismo se define en el artículo 2, apartado 1, de la Ley antiterrorista como una conducta llevada a cabo con el fin de impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un Gobierno local o de un Gobierno extranjero (incluidos los Gobiernos locales y las organizaciones internacionales) o con el fin de hacer que realicen alguna actividad que no están obligados a realizar o de amenazar al público. Esto incluye a) matar a una persona o poner en riesgo la vida de una persona causando lesiones corporales o a través de la detención, el confinamiento, el secuestro o la toma de rehenes; b) determinados tipos de conducta dirigida a una aeronave (por ejemplo, chocar, secuestrar o dañar una aeronave en vuelo); c) determinados tipos de conducta relacionados con un buque (por ejemplo, incautar o destruir un buque o una estructura marina en funcionamiento o causar daños en los mismos en un grado tal que ponga en peligro su seguridad, incluidos los daños de la mercancía cargada en un buque o una estructura marina en funcionamiento); d) colocar, detonar o utilizar de cualquier otro modo armas o dispositivos bioquímicos, explosivos o incendiarios con la intención de causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves o tener tales efectos en determinados tipos de vehículos o instalaciones (por ejemplo, trenes, tranvías, vehículos de motor, parques y estaciones públicos, instalaciones de suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones, etc.); e) determinados tipos de conducta relacionados con materiales nucleares o radiactivos o instalaciones nucleares (por ejemplo, atentar contra la vida humana, la integridad física o la propiedad individual, o perturbar de otro modo la seguridad pública destruyendo un reactor nuclear o manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc.). o participado en otras actividades de preparación, conspiración, propaganda o instigación del terrorismo, o una persona con respecto a la cual existan motivos fundados para sospechar que ha llevado a cabo tales actividadesArtículo 2, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. Como regla general, todo funcionario público que aplique la Ley antiterrorista deberá respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución coreanaArtículo 3, apartado 3, de la Ley antiterrorista..La Ley antiterrorista por sí sola no establece facultades, limitaciones y salvaguardias específicas para la recogida de información sobre los sospechosos de terrorismo, sino que hace referencia a los procedimientos establecidos en otras leyes. En primer lugar, sobre la base de la Ley antiterrorista, el director del SNI podrá recoger 1) información sobre la entrada en la República de Corea y la salida de esta, 2) información sobre transacciones financieras e 3) información sobre las comunicaciones. En función del tipo de información buscada, los requisitos procedimentales pertinentes se establecen en la Ley de inmigración, la Ley de aduanas, la LCUIETF o la LPPC, respectivamenteArtículo 9, apartado 1, de la Ley antiterrorista.. Para la recogida de información sobre la entrada y salida de Corea, la Ley antiterrorista hace referencia a los procedimientos establecidos en la Ley de inmigración y la Ley de aduanas. Sin embargo, actualmente estas leyes no prevén tales facultades. Para la recogida de información sobre las comunicaciones e información sobre transacciones financieras, la Ley antiterrorista hace referencia a las limitaciones y salvaguardias establecidas en la LPPC (que se detallan más adelante) y de la LCUIETF (que, como se explica en la sección 2.1, no es pertinente a efectos de la evaluación de la decisión de adecuación).Además, el artículo 9, apartado 3, de la Ley antiterrorista especifica que el director del SNI podrá solicitar información personal o sobre la ubicación de un sospechoso de terrorismo a un responsable del tratamiento de información personalTal como se define en el artículo 2 de la LPIP, es decir, una institución pública, una persona jurídica, una organización, un particular, etc. que trata información personal directa o indirectamente para gestionar ficheros información personal con fines oficiales o comerciales. o a un proveedor de información sobre la ubicaciónTal como se define en el artículo 5 de la Ley sobre la protección, el uso, etc. de la información sobre la ubicación (en lo sucesivo, Ley de información sobre la ubicación), es decir, cualquier persona que haya obtenido autorización de la Comisión de Comunicaciones de Corea para participar en una empresa de información sobre la ubicación.. Esta posibilidad se limita a las solicitudes de divulgación voluntaria, a las que los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación no están obligados a responder y, en cualquier caso, solo pueden hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación (véase la sección 3.2.2.2).3.2.2.2.Limitaciones y salvaguardias aplicables a la divulgación voluntaria en virtud de la LPIP y de la Ley de información sobre la ubicaciónLas solicitudes de cooperación voluntaria en virtud de la Ley antiterrorista deberán limitarse a la información sobre los sospechosos de terrorismo (véase la sección 3.2.2.1). Cualquier solicitud de este tipo del SNI deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, la Ley SNI especifica que el SNI no podrá obligar a ninguna institución, organización o persona a hacer algo que no estén obligados a hacer ni obstruir el ejercicio de los derechos de ninguna persona, mediante el abuso de sus potestades públicasArtículo 11, apartado 1, de la Ley SNI.. Una infracción de esta prohibición podrá ser objeto de sanciones penalesArtículo 19 de la Ley SNI..Los responsables del tratamiento de información personal y los proveedores de información sobre la ubicación que reciban solicitudes del SNI sobre la base de la Ley antiterrorista no estarán obligados a acceder a tales solicitudes. Podrán acceder de manera voluntaria, pero solo se les permitirá hacerlo de conformidad con la LPIP y la Ley de información sobre la ubicación. En lo que respecta al cumplimiento de la LPIP, el responsable del tratamiento deberá, en particular, tener en cuenta los intereses del interesado y no podrá divulgar la información si es probable que vulnere deslealmente los intereses de la persona o de un terceroArtículo 18, apartado 2, de la LPIP.. Además, de conformidad con la Nota n.o 2021-1 sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, la persona afectada deberá ser informada de la divulgación. En situaciones excepcionales, esta notificación podrá retrasarse, en particular siempre y cuando la notificación ponga en peligro una investigación penal en curso o pueda atentar contra la vida o la integridad física de un tercero, en el caso de que esos derechos o intereses sean manifiestamente superiores a los derechos del interesadoNota n.o 2021-1 de la CPIP sobre las normas complementarias para la interpretación y la aplicación de la Ley sobre la protección de la información personal, sección III, apartado 2, inciso iii)..3.2.2.3.Limitaciones y salvaguardias en virtud de la LPPCSobre la base de la Ley antiterrorista, las agencias de inteligencia solo podrán recoger información sobre las comunicaciones (tanto el contenido de las comunicaciones como los datos de confirmación de la comunicación) cuando sea necesario para actividades de lucha contra el terrorismo, es decir, actividades relacionadas con la prevención del terrorismo y contramedidas al respecto. Los procedimientos de la LPPC descritos en la sección 3.2.1 se aplicarán a la recogida de información sobre las comunicaciones con fines antiterroristas.3.2.3.Divulgación voluntaria por parte de los operadores de telecomunicacionesSobre la base de la LST, los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a una solicitud de divulgación de datos de comunicaciones de una agencia de inteligencia que tenga la intención de recoger la información para evitar una amenaza para la seguridad nacionalArtículo 83, apartado 3, de la LST.. Cualquier solicitud de este tipo deberá cumplir los principios de licitud, necesidad y proporcionalidad que se derivan de la Constitución coreana (artículo 12, apartado 1, y artículo 37, apartado 2)Véase también el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley antiterrorista., así como los requisitos de la LPIP para la recogida de información personal (artículo 3, apartado 1, de la LPIP, véase la sección 1.2). Además, se aplicarán las mismas limitaciones y salvaguardias que con respecto a la divulgación voluntaria a efectos de control de la aplicación de la ley (véase la sección 2.2.3)En particular, la solicitud deberá presentarse por escrito y exponer los motivos de la misma, así como el vínculo con el usuario de que se trate y el alcance de la información solicitada, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones deberá mantener registros e informar al ministro de Ciencia y TIC dos veces al año..Los operadores de telecomunicaciones no estarán obligados a acceder, pero podrán hacerlo de manera voluntaria y únicamente de conformidad con la LPIP. A este respecto, se aplicarán a los operadores de telecomunicaciones las mismas obligaciones, incluidas las relativas a la notificación de la persona, que cuando reciben solicitudes de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, como se explica con más detalle en la sección 2.2.3.3.3.SupervisiónDiferentes organismos supervisan las actividades de las agencias de inteligencia coreanas. La supervisión del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa corre a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la Directiva sobre la ejecución de auditorías internas del Ministerio. El SNI está sujeto a la supervisión por parte del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y otros organismos independientes, como se explica con más detalle a continuación.3.3.1.El oficial de protección de los derechos humanosCuando las agencias de inteligencia recogen información sobre sospechosos de terrorismo, la Ley antiterrorista prevé la supervisión por parte de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo y del oficial de protección de los derechos humanos (en lo sucesivo, OPDH)Artículo 7 de la Ley antiterrorista..La Comisión de Lucha contra el Terrorismo, entre otras cosas, desarrolla políticas relativas a las actividades de lucha contra el terrorismo y supervisa la aplicación de medidas antiterroristas, así como las actividades de las distintas autoridades competentes en este ámbitoArtículo 5, apartado 3, de la Ley antiterrorista.. La Comisión está presidida por el primer ministro y está compuesta por varios ministros y jefes de organismos gubernamentales, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad, el director del SNI, el comisario general de la Agencia Nacional de Policía y el presidente de la Comisión de Servicios FinancierosArtículo 3, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando se lleven a cabo investigaciones antiterroristas y se rastreen sospechosos de terrorismo para recabar la información o los materiales necesarios para las actividades de lucha contra el terrorismo, el director del SNI deberá informar al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo (es decir, el primer ministro)Artículo 9, apartado 4, de la Ley antiterrorista..Además, la Ley antiterrorista establece la figura del OPDH con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas contra las vulneraciones causadas por las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 7 de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por el presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo de entre las personas que reúnen las cualificaciones mencionadas en el Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista (es decir, cualquier persona cualificada como abogado con al menos diez años de experiencia laboral o con conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos y que trabaje o haya trabajado, al menos, como profesor asociado durante al menos diez años o que haya ejercido como funcionario público de rango superior en agencias estatales o Gobiernos locales, o con al menos diez años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, en una organización no gubernamental)Artículo 7, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. El OPDH es nombrado por un período de dos años (con la posibilidad de renovar su mandato) y solo puede ser destituido por motivos específicos y limitados y por causa justificada, por ejemplo, cuando se le acuse en un proceso penal relacionado con sus funciones, cuando divulgue información confidencial o por incapacidad mental o física de larga duraciónArtículo 7, apartado 3, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista..En términos de competencias, el OPDH podrá formular recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos por parte de las agencias que participen en actividades de lucha contra el terrorismo y tramitar peticiones civiles (véase la sección 3.4.3)Artículo 8, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Cuando pueda establecerse razonablemente la existencia de una vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones oficiales, el OPDH podrá recomendar al jefe de la agencia responsable que corrija dicha vulneraciónArtículo 9, apartado 1, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista. El OPDH decide de manera autónoma sobre la adopción de recomendaciones, pero debe informar de ellas al presidente de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo.. A su vez, la agencia responsable deberá informar al OPDH de las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendaciónArtículo 9, apartado 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Si una agencia no aplicara una recomendación del OPDH, el asunto se elevaría a la Comisión, incluido su presidente, el primer ministro. Hasta la fecha, no ha habido casos en los que no se hayan aplicado las recomendaciones del OPDH.3.3.2.La Asamblea NacionalComo se describe en la sección 2.3.2, la Asamblea Nacional podrá investigar e inspeccionar a las autoridades públicas y, en ese contexto, solicitar la divulgación de documentos y exigir a la comparecencia de testigos. Con respecto a las cuestiones que son competencia del SNI, esta supervisión parlamentaria corre a cargo el Comité de Inteligencia de la Asamblea NacionalArtículo 36 y artículo 37, apartado 1, punto 16, de la Ley de la Asamblea Nacional.. El director del SNI, que supervisa el desempeño de las funciones de la agencia, informa al Comité de Inteligencia (así como al presidente)Artículo 18 de la Ley SNI.. El propio Comité de Inteligencia también podrá solicitar un informe sobre un asunto específico, y el director del SNI deberá responder sin demoraArtículo 15, apartado 2, de la Ley SNI.. Solo podrá negarse a responder o testificar ante el Comité de Inteligencia con respecto a secretos de Estado relativos a cuestiones militares, diplomáticas o relacionadas con Corea del Norte, cuando el conocimiento público pueda tener graves consecuencias para el destino nacionalArtículo 17, apartado 2, de la Ley SNI. Los secretos de Estado se definen como los hechos, bienes o conocimientos clasificados como secretos de Estado, cuyo acceso se permite a un número limitado de personas y que no se divulgarán a ningún otro país u organización, con el fin de evitar cualquier perjuicio grave para la seguridad nacional (véase el artículo 13, apartado 4, de la Ley SNI).. En este caso, el Comité de Inteligencia podrá solicitar una explicación al primer ministro. Si tal explicación no se presenta en el plazo de siete días a partir de la presentación de la solicitud, la respuesta o el testimonio ya no podrán denegarse.Si la Asamblea Nacional comprueba que ha habido actividades ilícitas o inadecuadas, podrá solicitar a la autoridad pública correspondiente que adopte medidas correctoras, incluidas la concesión de indemnizaciones, la adopción de medidas disciplinarias y la mejora de sus procedimientos internosArtículo 16, apartado 2, de la Ley de inspección e investigación de la administración del Estado.. A raíz de tal solicitud, la autoridad deberá actuar sin demora e informar del resultado a la Asamblea Nacional. Existen normas específicas relativas a la supervisión parlamentaria con respecto al uso de medidas de restricción de la comunicación (es decir, la recogida del contenido de las comunicaciones) con arreglo a la LPPCArtículo 15 de la LPPC.. Por lo que se refiere a esta última, la Asamblea Nacional podrá solicitar a los jefes de las agencias de inteligencia un informe sobre cualquier medida específica de restricción de la comunicación. Además, podrá llevar a cabo inspecciones in situ de los equipos de escuchas telefónicas. Por último, las agencias de inteligencia que hayan recogido y los operadores que hayan divulgado información sobre el contenido con fines de seguridad nacional deberán informar sobre dicha divulgación a petición de la Asamblea Nacional.3.3.3.La Comisión de Control e InspecciónLa CCI desempeña las mismas funciones de supervisión con respecto a las agencias de inteligencia que en el ámbito de la aplicación del Derecho penal (véase la sección 2.3.2)Al igual que en el caso del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, el director del SNI solo podrá negarse a responder a la CCI sobre cuestiones que constituyan secretos de Estado y si el conocimiento público pudiera tener graves consecuencias para la seguridad nacional (artículo 13, apartado 1, de la Ley SNI)..3.3.4.La Comisión de Protección de la Información PersonalPor lo que se refiere al tratamiento de datos con fines de seguridad nacional, incluida la fase de recogida, la CPIP llevará a cabo una supervisión adicional. Como se explica con más detalle en la sección 1.2, esto incluye los principios y obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 58, apartado 4, de la LPIP, así como el ejercicio de los derechos individuales garantizados por el artículo 4 de la LPIP. Además, según el artículo 7-8, apartados 3 y 4, y el artículo 7-9, apartado 5, de la LPIP, la supervisión de la CPIP también abarca las posibles infracciones de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal, tales como la LPPC, la Ley antiterrorista y la LST. Habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la LPIP para la recogida lícita y leal de información personal, toda infracción de dichas leyes constituye una violación de la LPIP. Por lo tanto, la CPIP tiene la facultad de investigarArtículo 63 de la LPIP. las infracciones de las leyes que regulan el acceso a los datos con fines de seguridad nacional, así como de las normas de tratamiento establecidas en la LPIP, y de proporcionar asesoramiento para la mejora, imponer medidas correctoras, recomendar medidas disciplinarias y remitir posibles infracciones a las autoridades de investigación pertinentesArtículo 61, apartado 2; artículo 65, apartados 1 y 2, y artículo 64, apartado 4, de la LPIP..3.3.5.La Comisión Nacional de Derechos HumanosLa supervisión por parte de la CNDH se aplica de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.3.2).3.4.Reparación individual3.4.1.Reparación ante el oficial de protección de los derechos humanosPor lo que se refiere a la recogida de información personal en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, el OPDH, establecido bajo los auspicios de la Comisión de Lucha contra el Terrorismo, ofrece una vía de recurso específica. El OPDH tramita las peticiones civiles relacionadas con la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de las actividades de lucha contra el terrorismoArtículo 8, apartado 1, punto 2, del Decreto de Ejecución de la Ley antiterrorista.. Podrá recomendar medidas correctoras y la agencia correspondiente deberá informar al Oficial de cualquier medida adoptada para aplicar dicha recomendación. No existe ningún requisito de legitimación para que los particulares presenten una reclamación ante el OPDH. En consecuencia, el OPDH tramitará una reclamación incluso cuando el particular de que se trate no pueda demostrar la existencia de un perjuicio en la fase de admisibilidad.3.4.2.Mecanismos de reparación disponibles en virtud de la LPIPLos particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y suspensión en virtud de la LPIP con respecto a la información personal tratada con fines de seguridad nacionalArtículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartados 1, 3 y 4, de la LPIP.. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse directamente ante la agencia de inteligencia o de manera indirecta a través de la CPIP. La agencia de inteligencia podrá retrasar, limitar o denegar el ejercicio del derecho en la medida y durante el tiempo necesarios y proporcionados para proteger un objetivo importante de interés público (por ejemplo, en la medida y durante el tiempo que la concesión del derecho ponga en peligro una investigación en curso o amenace la seguridad nacional) o cuando la concesión del derecho pueda atentar contra la vida o la integridad de un tercero. En caso de denegación o restricción de la solicitud, el particular debe ser informada sin demora de los motivos.Además, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la LPIP (obligación de garantizar la tramitación adecuada de las reclamaciones individuales) y el artículo 4, apartado 5, de la LPIP (derecho a una reparación adecuada por cualquier daño o perjuicio derivado del tratamiento de información personal, mediante un procedimiento rápido y justo), los particulares tendrán derecho a obtener reparación. Esto incluye el derecho a denunciar una presunta infracción ante el Centro de atención telefónica sobre privacidad gestionado por la Agencia de Internet y Seguridad de Corea y a presentar una reclamación ante la CPIPArtículos 62 y 63, apartado 2, de la LPIP.. Estas vías de recurso están disponibles en caso de posibles infracciones tanto de las normas contenidas en las leyes específicas que establecen las limitaciones y salvaguardias con respecto a la recogida de información personal con fines de seguridad nacional como de la LPIP. Como se explica en la Nota n.o 2021-1, un ciudadano de la UE podrá presentar una reclamación ante la CPIP a través de su autoridad nacional de protección de datos. En este caso, la CPIP lo notificará a la persona a través de la autoridad nacional de protección de datos una vez finalizada la investigación (incluida, en su caso, la información sobre las medidas correctoras impuestas). Las decisiones o la inacción de la CPIP podrán ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales coreanos en virtud de la Ley de lo contencioso-administrativo.3.4.3.Reparación ante la Comisión Nacional de Derechos HumanosLa posibilidad de obtener una reparación individual ante la CNDH se aplicará de la misma manera a las agencias de inteligencia que a otras autoridades gubernamentales (véase la sección 2.4.2).3.4.4.Reparación judicialAl igual que en el caso de las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del Derecho penal, los particulares podrán obtener reparación judicial contra las agencias de inteligencia con respecto a las infracciones de las limitaciones y salvaguardias antes mencionadas a través de distintas vías.En primer lugar, los particulares podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Ley de indemnización estatal. Por ejemplo, en un asunto, se concedió una indemnización en relación con la vigilancia ilícita por parte del Comando de Apoyo a la Defensa (predecesor del Comando de Apoyo a la Seguridad de la Defensa)Resolución n.o 96Da42789 del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 1998..En segundo lugar, la Ley de lo contencioso-administrativo permite a los particulares impugnar las disposiciones y omisiones de los organismos administrativos, incluidas las agencias de inteligenciaArtículos 3 y 4 de la Ley de lo contencioso-administrativo..Por último, los particulares podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por las agencias de inteligencia sobre la base de la Ley del Tribunal Constitucional.
Kim Jeong Kag
Comisario, Unidad de Inteligencia Financiera de Corea