(1)

La adopción de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (4) ha reforzado sustancialmente los medios disponibles de la Unión para proteger sus intereses financieros a través del Derecho penal. La creación de la Fiscalía Europea es una prioridad clave en la esfera de la justicia penal y la lucha contra el fraude en la Unión, al estar facultada para llevar a cabo investigaciones penales y formular acusaciones relacionadas con infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, en el sentido de la Directiva (UE) 2017/1371, en los Estados miembros participantes.

(2)

A fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «Oficina») lleva a cabo investigaciones administrativas sobre irregularidades administrativas y sobre conductas constitutivas de delito. Al término de sus investigaciones, puede formular recomendaciones judiciales a las fiscalías nacionales, con el fin de permitirles ejercer la actividad acusatoria y acciones penales en los Estados miembros. En los Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las presuntas infracciones penales ante la citada Fiscalía y colaborará con esta en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía Europea.

(3)

En vista de la adopción del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace necesario modificar y adaptar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1939 que regulan la relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea deben quedar reflejadas en las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, que también deben complementarlas, con objeto de garantizar el máximo nivel de protección de los intereses financieros de la Unión a través de las sinergias entre ellas, a la vez que se garantizan los principios de cooperación estrecha, intercambio de información, complementariedad y evitación de duplicaciones.

(4)

En vista de su objetivo común de preservar la integridad del presupuesto de la Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea deben establecer y mantener una relación estrecha basada en el principio de cooperación leal y que persiga garantizar la complementariedad de sus respectivos mandatos y la coordinación de sus actuaciones, en particular en lo que respecta al alcance de la cooperación reforzada de cara a la creación de la Fiscalía Europea. La relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea debe contribuir a garantizar que se utilicen todos los medios disponibles para proteger los intereses financieros de la Unión.

(5)

El Reglamento (UE) 2017/1939 exige a la Oficina, así como a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a las autoridades competentes de los Estados miembros, que informen a la Fiscalía Europea, sin demoras indebidas, de toda sospecha de conducta constitutiva de delito respecto de la cual la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias. Dado que el mandato de la Oficina consiste en efectuar investigaciones administrativas sobre casos de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, goza de una posición y de recursos idóneos para actuar como socio de la Fiscalía Europea y como fuente privilegiada de información para esta.

(6)

En la práctica, en las denuncias iniciales que reciba la Oficina puede haber elementos que apunten a la existencia de una posible conducta constitutiva de delito que entre dentro del ámbito competencial de la Fiscalía Europea o puede que dichos elementos únicamente emerjan en el transcurso de una investigación administrativa abierta por la Oficina basándose en una sospecha de comisión de una irregularidad administrativa. Para cumplir con su deber de informar a la Fiscalía Europea, la Oficina debe notificar la conducta sospechosa de ser constitutiva de delito en cualquier momento antes de una investigación o en el transcurso de esta.

(7)

El Reglamento (UE) 2017/1939 especifica los elementos mínimos que deben contener esos informes. Puede que la Oficina tenga que llevar a cabo un examen preliminar de las denuncias para establecer esos elementos y recabar la información necesaria. La Oficina debe realizar ese examen con rapidez y utilizando medios que no comprometan una posible investigación penal futura. Al término de su examen, la Oficina debe informar a la Fiscalía Europea cuando se haya detectado un presunto delito que esté dentro de su ámbito de competencias.

(8)

En consideración a los conocimientos especializados de la Oficina, las instituciones, órganos y organismos establecidos por los Tratados o sobre la base de estos (en lo sucesivo, «instituciones, órganos y organismos») deben poder recurrir a la Oficina para que lleve a cabo dicho examen preliminar de las denuncias que les hayan sido notificadas.

(9)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, en principio, una investigación administrativa paralela a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con los mismos hechos. Sin embargo, en determinados casos, la protección de los intereses financieros de la Unión puede requerir que la Oficina realice una investigación administrativa complementaria antes de que concluyan los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea con el propósito de determinar si es necesario adoptar medidas cautelares o bien de carácter financiero, disciplinario o administrativo. Esa investigación complementaria puede resultar adecuada, entre otras cosas, para recuperar cantidades adeudadas al presupuesto de la Unión que estén sujetas a normas de prescripción específicas, cuando las sumas en juego sean muy elevadas o cuando sea necesario evitar un gasto mayor en situaciones de riesgo por medio de medidas administrativas.

(10)

A efectos de la aplicación del requisito de no duplicar las investigaciones, el concepto de «mismos hechos» debe entenderse, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa al principio non bis in idem, en el sentido de que los hechos materiales objeto de investigación son idénticos o sustancialmente iguales, entendiéndose estos en el sentido de la existencia de un conjunto de circunstancias concretas indisociablemente vinculadas en el tiempo y en el espacio.

(11)

El Reglamento (UE) 2017/1939 dispone que la Fiscalía Europea puede solicitar a la Oficina la realización de investigaciones administrativas complementarias. En caso de no solicitarlo, la Oficina puede poner en marcha una investigación complementaria por iniciativa propia, en condiciones específicas y previa consulta con la Fiscalía Europea. En particular, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de oponerse a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la Oficina, o a la ejecución de determinados actos referentes a una de sus investigaciones, en particular con el fin de preservar la eficacia de su investigación y sus competencias. La Oficina debe abstenerse de llevar a cabo una acción a la que se haya opuesto la Fiscalía Europea. Si la Oficina abre una investigación sin que haya habido esa oposición, debe efectuar dicha investigación en constante consulta con la Fiscalía Europea.

(12)

La Oficina debe apoyar activamente las investigaciones de la Fiscalía Europea. A tal efecto, la Fiscalía Europea debe poder solicitar a la Oficina que apoye o complemente sus investigaciones penales a través del ejercicio de las competencias previstas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. La Oficina debe prestar ese apoyo dentro de los límites de sus competencias y del marco previsto en dicho Reglamento.

(13)

Para garantizar una coordinación y cooperación eficaces y transparencia, la Oficina y la Fiscalía Europea deben intercambiar información constantemente. El intercambio de información antes de la apertura de investigaciones por parte de la Oficina o de la Fiscalía Europea es particularmente importante para garantizar una correcta coordinación entre sus respectivas actuaciones que asegure la complementariedad y evite duplicaciones. A tal fin, la Oficina y la Fiscalía Europea deben hacer uso de las funciones de respuesta positiva o negativa en sus respectivos sistemas de tramitación de casos. La Oficina y la Fiscalía Europea deben especificar los procedimientos y las condiciones de ese intercambio de información en sus acuerdos de colaboración. A fin de garantizar la correcta aplicación de las normas que persiguen evitar duplicaciones y garantizar la complementariedad, la Oficina y la Fiscalía Europea deben acordar determinados plazos para sus intercambios de información.

(14)

El informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 de 2 de octubre de 2017 (en lo sucesivo, «informe de evaluación de la Comisión»), concluyó que las modificaciones introducidas en 2013 en el marco jurídico habían aportado mejoras claras en cuanto a la realización de las investigaciones, la cooperación con los socios y los derechos de las personas implicadas. Sin embargo, el informe de evaluación de la Comisión puso de manifiesto algunas deficiencias que afectan a la eficiencia y la eficacia de las investigaciones.

(15)

Es necesario abordar las conclusiones más claras del informe de evaluación de la Comisión mediante la modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. Se trata de cambios necesarios a corto plazo para fortalecer el marco en el que la Oficina lleva a cabo sus investigaciones, con objeto de que la Oficina conserve su fuerza y siga siendo plenamente operativa y que complemente la perspectiva de la Fiscalía Europea basada en el Derecho penal, con investigaciones administrativas, sin cambiar el mandato ni las competencias de la Oficina. Las modificaciones conciernen principalmente a ámbitos en los que la falta de claridad del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 podría dificultar la realización eficaz de las investigaciones de la Oficina, como son la realización de controles y verificaciones in situ, la posibilidad de acceder a la información sobre las cuentas bancarias o la admisibilidad de los informes de caso redactados por la Oficina como elemento de prueba en procedimientos administrativos o judiciales.

(16)

Las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 no afectan a las garantías procedimentales aplicables en el marco de las investigaciones. La Oficina está obligada a aplicar las garantías procedimentales recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (6) y las contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese marco exige que la Oficina realice sus investigaciones de manera objetiva, imparcial y confidencial, buscando pruebas de cargo y de descargo, y que lleve a cabo labores de investigación basándose en una habilitación escrita y tras un control de legalidad. La Oficina debe garantizar el respeto de los derechos de las personas implicadas en sus investigaciones, incluida la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse. Cuando se entreviste a las personas implicadas estas tienen, entre otros derechos, derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, a aprobar el acta de la entrevista y a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. Asimismo, las personas implicadas tienen derecho a formular observaciones sobre los hechos del asunto antes de que se redacten las conclusiones.

(17)

Las personas que denuncien fraudes, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión deben gozar de la protección de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(18)

Cuando la Oficina ejecute, en el marco de su mandato, medidas de apoyo a petición de la Fiscalía Europea, con el fin de proteger la admisibilidad de las pruebas, así como los derechos fundamentales y las garantías procedimentales, y al mismo tiempo evitar la duplicación de investigaciones y procurar una cooperación eficaz y complementaria, la Oficina y la Fiscalía Europea, actuando en estrecha cooperación, deben garantizar el respeto de las garantías procesales aplicables del capítulo VI del Reglamento (UE) 2017/1939.

(19)

La Oficina está facultada para llevar a cabo controles y verificaciones in situ, lo que le permite acceder a las instalaciones y la documentación de los operadores económicos en el marco de sus investigaciones sobre presuntos casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Estos controles y verificaciones in situ se realizan de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, que en algunas circunstancias supedita la aplicación de dichas competencias a condiciones del Derecho nacional. El informe de evaluación de la Comisión ha constatado que no siempre está totalmente claro el alcance de la aplicación del Derecho nacional, lo que, como consecuencia, socava la eficacia de las actividades de investigación de la Oficina.

(20)

Por consiguiente, conviene aclarar los supuestos en los que debe aplicarse el Derecho nacional en el curso de las investigaciones de la Oficina, sin alterar las competencias de esta ni el funcionamiento del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en relación con los Estados miembros, y reflejar así la sentencia del Tribunal General, de 3 de mayo de 2018, en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Europea (8).

(21)

La realización de controles y verificaciones in situ por parte de la Oficina en situaciones en las que el operador económico afectado se someta al control o verificación in situ se debe regir exclusivamente por el Derecho de la Unión. Esto permitirá a la Oficina ejercer sus competencias de investigación de un modo eficaz y coherente en todos los Estados miembros, con miras a contribuir a un alto nivel de protección de los intereses financieros de la Unión en todo el territorio de esta, de conformidad con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(22)

En aquellas situaciones en que la Oficina necesite solicitar asistencia a las autoridades competentes de los Estados miembros, sobre todo cuando un operador económico se resista a un control o verificación in situ, los Estados miembros deben garantizar la eficacia de la actuación de la Oficina y deben prestarle la asistencia necesaria con arreglo a las normas pertinentes del Derecho procesal nacional. A fin de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe tener en cuenta cualquier incumplimiento de un Estado miembro de su deber de cooperar con la Oficina, cuando la Comisión deba considerar si recuperar los importes correspondientes mediante la aplicación de correcciones financieras a los Estados miembros, de conformidad con las normas aplicables del Derecho de la Unión.

(23)

La Oficina puede celebrar, con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, acuerdos administrativos con las autoridades competentes de los Estados miembros, como por ejemplo los servicios de coordinación antifraude, y con las instituciones, órganos y organismos de la Unión, a fin de especificar las disposiciones de cooperación en virtud de dicho Reglamento, en particular en lo que se refiere a la transmisión de información, y la realización de las investigaciones y cualquier actividad de seguimiento.

(24)

Debe modificarse el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 para introducir el deber de los operadores económicos de cooperar con la Oficina en consonancia con la obligación que les incumbe en virtud del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 de permitir, para la realización de controles y verificaciones in situ, el acceso a sus locales, fincas, medios de transporte u otros lugares, de uso profesional, así como con la obligación recogida en el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) de que cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, también en el contexto de las investigaciones que lleve a cabo la Oficina.

(25)

En el marco de ese deber de cooperación, la Oficina debe poder exigir a los operadores económicos la transmisión de información pertinente cuando hayan podido estar involucrados en el asunto investigado o puedan poseer esa información. Cuando respondan a dichas solicitudes, los operadores económicos no deben estar obligados a hacer declaraciones autoinculpatorias, pero sí a responder a las preguntas relativas a los hechos y a proporcionar documentos, incluso si dicha información puede ser utilizada contra ellos o contra otro operador económico para confirmar la existencia de una actividad ilegal. Para garantizar la eficacia de las investigaciones en el contexto de las prácticas profesionales vigentes, la Oficina debe poder solicitar acceso a la información en dispositivos privados utilizados con fines profesionales. Se debe conceder a la Oficina el acceso en las mismas condiciones y con el mismo alcance que se apliquen a las autoridades nacionales de control, y solo si la Oficina tiene razones fundadas para suponer que el contenido de dichos dispositivos puede ser pertinente para la investigación, de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, y debe realizarse únicamente respecto a la información pertinente para la investigación.

(26)

Durante los controles y verificaciones in situ, los operadores económicos deben tener la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que tenga lugar el control y deben tener derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, incluido un asesor jurídico externo. No obstante, la presencia de un asesor jurídico no debe constituir un requisito legal para que los controles y verificaciones in situ sean válidos. A fin de garantizar la eficacia de los controles y verificaciones in situ, en particular en lo que respecta al riesgo de desaparición de las pruebas, la Oficina debe poder acceder a los locales, fincas, medios de transporte y demás lugares de uso profesional sin esperar a que el operador económico consulte al asesor jurídico. Para iniciar el control o verificación in situ, la Oficina debe aceptar solo un pequeño plazo razonable de espera para la consulta al asesor jurídico. Dicho plazo debe ser el mínimo estrictamente necesario.

(27)

Con el fin de garantizar la transparencia a la hora de efectuar los controles y verificaciones in situ, la Oficina debe proporcionar a los operadores económicos información adecuada sobre su deber de cooperar y las consecuencias de negarse a hacerlo, así como sobre el procedimiento aplicable, incluidas las garantías procedimentales.

(28)

En las investigaciones internas y, cuando sea necesario, también en las externas, la Oficina tiene acceso a toda información pertinente que posean las instituciones, órganos y organismos. Tal como apunta el informe de evaluación de la Comisión, resulta necesario aclarar que dicho acceso debe ser posible con independencia del tipo de soporte en el que estén almacenados la información o los datos, a fin de reflejar la evolución del progreso tecnológico. En el transcurso de las investigaciones internas, la Oficina debe poder solicitar acceso a la información almacenada en dispositivos privados utilizados con fines profesionales en los casos en que la Oficina tenga razones fundadas para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación. Debe existir la posibilidad de que la institución, órgano u organismo de que se trate supedite a condiciones específicas el acceso por parte de la Oficina. Dicho acceso debe cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad y realizarse únicamente respecto a la información pertinente para la investigación. Para garantizar un nivel de acceso eficaz y coherente de la Oficina, así como un elevado nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas implicadas, las instituciones, órganos y organismos deben garantizar la coherencia de las normas relativas al acceso a los dispositivos privados adoptadas por las diferentes instituciones, órganos y organismos, con el fin de establecer condiciones equivalentes de conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (10).

(29)

A fin de crear un marco más coherente para las investigaciones de la Oficina, es conveniente armonizar en mayor medida las normas aplicables a las investigaciones internas y externas para resolver algunas incoherencias señaladas en el informe de evaluación de la Comisión, relativas a divergencias injustificadas en las normas. Por ejemplo, los informes y las recomendaciones que se elaboren como resultado de una investigación externa deben enviarse, si fuese necesario, a la institución, órgano u organismo afectado para que este adopte las medidas adecuadas, como se hace con las investigaciones internas. Cuando sea posible de conformidad con su mandato, la Oficina debe apoyar a la institución, órgano u organismo afectado para seguir sus recomendaciones. En caso de que la Oficina no inicie una investigación, debe poder remitir la información pertinente a las autoridades de los Estados miembros o a las instituciones, órganos y organismos para que se adopten las medidas adecuadas. Debe remitir dicha información cuando decida no iniciar una investigación pese a existir sospechas suficientes de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Con carácter previo, la Oficina debe tener debidamente en cuenta una posible interferencia con las investigaciones en curso de la Fiscalía Europea.

(30)

Debido a la gran diversidad de marcos institucionales nacionales, los Estados miembros deben tener, sobre la base del principio de cooperación leal, la posibilidad de notificar a la Oficina las autoridades competentes para adoptar medidas a propuesta de la Oficina, así como las autoridades que necesiten ser informadas (por ejemplo, con fines financieros, estadísticos o de seguimiento) para el ejercicio de sus funciones correspondientes. Dichas autoridades pueden incluir a los servicios nacionales de coordinación antifraude. De conformidad con jurisprudencia reiterada del TJUE, las recomendaciones de la Oficina contenidas en sus informes no tienen efectos jurídicos vinculantes para dichas autoridades de los Estados miembros o para las instituciones, órganos y organismos.

(31)

La Oficina debe disponer de los medios necesarios para seguir el rastro del dinero a fin de desvelar el modus operandi característico de muchas conductas fraudulentas. La Oficina puede obtener la información de cuentas bancarias que resulte pertinente para su actividad investigadora y que obre en poder de las entidades de crédito de varios Estados miembros a través de la cooperación con las autoridades nacionales y de la asistencia que estas le prestan. Con objeto de garantizar un enfoque eficaz en toda la Unión, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe especificar el deber de las autoridades nacionales competentes de proporcionar información sobre cuentas bancarias a la Oficina, como parte de su deber general de prestarle asistencia. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión las autoridades competentes a través de las cuales tendrá lugar dicha cooperación. Cuando presten dicha asistencia a la Oficina, las autoridades nacionales deben actuar en las mismas condiciones que se apliquen a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de que se trate.

(32)

A fin de proteger y cumplir las garantías procedimentales y los derechos fundamentales, la Comisión debe crear una función interna en forma de controlador de las garantías procedimentales (en lo sucesivo, «controlador»), que —con miras a la utilización eficiente de los recursos— debe depender administrativamente del Comité de Vigilancia y contar con recursos adecuados. El controlador debe tramitar las denuncias de forma totalmente independiente, incluso del Comité de Vigilancia y de la Oficina, y debe contar con acceso a toda la información necesaria para cumplir sus funciones.

(33)

Las personas implicadas deben poder presentar reclamaciones ante el controlador en relación con el cumplimiento por parte de la Oficina de las garantías procedimentales, así como por motivos de infracción de las normas aplicables a las investigaciones de la Oficina, en particular las infracciones de los requisitos procedimentales y de los derechos fundamentales. Debe establecerse un mecanismo de reclamación a tales efectos. El controlador debe ser responsable de formular recomendaciones en respuesta a tales reclamaciones, recomendaciones en las que, de ser necesario, sugiera soluciones a las cuestiones planteadas en tales reclamaciones. El controlador debe examinar las reclamaciones en el marco de un procedimiento contradictorio rápido, al mismo tiempo que se permite a la Oficina continuar la investigación en curso. El controlador debe dar al reclamante y a la Oficina la oportunidad de formular observaciones o de resolver las cuestiones planteadas en las reclamaciones. El Director General debe tomar las medidas adecuadas que la recomendación del controlador justifique. En casos debidamente justificados, el Director General debe poder apartarse de las recomendaciones del controlador. Los motivos por los que lo haga deben adjuntarse al informe final de la investigación.

(34)

Con el fin de aumentar la transparencia y reforzar la obligación de rendir cuentas, el controlador debe informar sobre el mecanismo de reclamación en su informe anual. El informe anual debe incluir, en particular, el número de reclamaciones recibidas, los tipos de infracciones de requisitos procedimentales y de derechos fundamentales a que se refieren, las actividades en cuestión y, siempre que sea posible, las medidas de seguimiento adoptadas por la Oficina.

(35)

La transmisión temprana de información por parte de la Oficina con objeto de adoptar medidas cautelares constituye una herramienta esencial para proteger los intereses financieros de la Unión. Con el objetivo de asegurar una estrecha cooperación en este aspecto entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos, conviene que estas tengan la oportunidad de consultar en cualquier momento a la Oficina para decidir sobre cualquier medida cautelar oportuna, incluidas las de aseguramiento de las pruebas.

(36)

Los informes que elabora la Oficina constituyen elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales, del mismo modo y en las mismas condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las administraciones nacionales. Según el informe de evaluación de la Comisión, esta norma no garantiza suficientemente la eficacia de las actividades de la Oficina en determinados Estados miembros. Para aumentar la eficacia de los informes de la Oficina y su utilización coherente, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe exigir que dichos informes sean admisibles en procedimientos judiciales de naturaleza no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimientos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. La norma que dispone la equivalencia de dichos informes con los que elaboran los inspectores de las administraciones nacionales debe continuar aplicándose en el caso de los procedimientos judiciales nacionales de naturaleza penal. El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe exigir también que los informes elaborados por la Oficina sean admisibles en procedimientos administrativos y judiciales a nivel de la Unión.

(37)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 introdujo los servicios de coordinación antifraude de los Estados miembros para facilitar una cooperación y un intercambio de información eficaces —incluida información de naturaleza operativa— entre la Oficina y los Estados miembros. El informe de evaluación de la Comisión concluyó que estos servicios han contribuido de manera positiva al trabajo de la Oficina. El informe de evaluación de la Comisión señaló también la necesidad de aclarar en mayor medida la función de dichos servicios de coordinación antifraude, con objeto de garantizar que la Oficina reciba la asistencia necesaria para asegurar que sus investigaciones resulten eficaces, dejando al mismo tiempo a cada Estado miembro la decisión sobre la organización y las competencias de los servicios de coordinación antifraude. A este respecto, los servicios de coordinación antifraude deben poder proporcionar o coordinar la asistencia que necesite la Oficina para poder llevar a cabo eficazmente sus tareas antes de una investigación interna o externa, durante su transcurso o una vez que finalice.

(38)

El deber de la Oficina de prestar asistencia a los Estados miembros para coordinar sus actuaciones en favor de la protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento clave de su mandato de apoyar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. Deben establecerse normas más detalladas para facilitar las actividades de coordinación de la Oficina y su colaboración en este contexto con las autoridades de los Estados miembros, con terceros países y con organizaciones internacionales. Esas normas no deben menoscabar el ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades conferidas a la Comisión en virtud de las disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión, en particular el Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (11) y el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), así como las actividades de coordinación relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

(39)

Conviene aclarar que las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de coordinación antifraude, siguen estando vinculadas por el Derecho nacional aun cuando actúen en cooperación con la Oficina o con otras autoridades competentes con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión.

(40)

Los servicios de coordinación antifraude deben tener la posibilidad de proporcionar asistencia a la Oficina en el contexto de las actividades de coordinación, y estos servicios deben poder cooperar entre ellos para reforzar aún más los mecanismos disponibles para la cooperación en la lucha contra el fraude.

(41)

Las autoridades competentes de los Estados miembros, así como las instituciones, órganos y organismos, deben adoptar las medidas justificadas en las recomendaciones de la Oficina. Para que la Oficina pueda hacer un seguimiento de la evolución de sus casos, cuando esta haya formulado recomendaciones en materia judicial a la fiscalía nacional de un Estado miembro, este debe, a petición de la Oficina, remitirle la sentencia firme del órgano jurisdiccional nacional. A fin de mantener plenamente la independencia del poder judicial, esa transmisión debe tener lugar solamente una vez que el procedimiento judicial de que se trate se haya resuelto definitivamente y que la resolución firme del órgano jurisdiccional se haya hecho pública.

(42)

Con el fin de complementar las normas procedimentales relativas a la realización de las investigaciones establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina debe determinar las directrices sobre el procedimiento de investigación que debe seguir el personal de la Oficina.

(43)

Conviene aclarar que la Oficina puede participar en equipos conjuntos de investigación creados con arreglo al Derecho de la Unión y que puede intercambiar información operativa obtenida en dicho marco. El uso de dicha información está sujeto a las condiciones y garantías establecidas en el Derecho de la Unión sobre cuya base se hayan creado los equipos conjuntos de investigación. Cuando la Oficina participa en tales equipos conjuntos de investigación, tiene una función de apoyo y asume el papel de socio sujeto a las limitaciones legales que puedan existir en el Derecho de la Unión o nacional.

(44)

A más tardar cinco años después de la fecha que se determine de conformidad con el artículo 120, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Comisión debe evaluar la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y, en particular, la eficiencia de la cooperación entre la Oficina y la Fiscalía Europea, a fin de determinar si las modificaciones están justificadas sobre la base de la experiencia adquirida por lo que respecta a dicha cooperación. La Comisión debe presentar, en su caso, una nueva propuesta legislativa exhaustiva a más tardar dos años después de dicha evaluación.

(45)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, fortalecer la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la adaptación del funcionamiento de la Oficina a la creación de la Fiscalía Europea y la mejora de la eficacia de las investigaciones de la Oficina, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, mediante la adopción de normas que regulen la relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea para mejorar la eficacia en la realización de las investigaciones que efectúen, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(46)

El presente Reglamento no modifica las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para adoptar medidas de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

(47)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y presentó comentarios formales el 23 de julio de 2018.

(48)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en consecuencia.