10.1.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/101


DECISIÓN (UE) 2020/13 DEL CONSEJO

de 19 de diciembre de 2019

por la que se modifican las directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que sean competencia de la Unión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 90, su artículo 100, apartado 2, su artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y su artículo 209, en relación con su artículo 218, apartados 3 y 4,

Vista la recomendación de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 17 de junio de 2002, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y adoptó directrices para tales negociaciones.

(2)

Los AAE celebrados con los países y regiones ACP incluyen cláusulas de reencuentro con vistas a la futura revisión de esos acuerdos.

(3)

Es preciso modificar las directrices de negociación para delimitar con mayor precisión las nuevas negociaciones a la luz de las iniciativas y prioridades políticas recientes de la Unión, dada la evolución mundial del comercio.

(4)

Los AAE forman parte de las relaciones generales entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y los países ACP, por otra, según disponen el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (1), en su versión modificada por última vez (Acuerdo de Asociación de Cotonú) y, en cuanto sea aplicable, el acuerdo que le suceda. Según el artículo 34, apartado 1, del Acuerdo de Asociación de Cotonú, la cooperación económica y comercial entre las Partes tiene por objeto promover la integración progresiva y armoniosa de los Estados ACP en la economía mundial, en cumplimiento de sus elecciones políticas y sus prioridades de desarrollo, fomentando así su desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza en los países ACP. En este contexto, puede considerarse que los AAE son instrumentos del desarrollo a tenor del artículo 36, apartado 2, del Acuerdo de Asociación de Cotonú. Por consiguiente, las negociaciones deben tener en cuenta, en particular, los distintos niveles de desarrollo de las Partes, así como las limitaciones económicas, sociales y medioambientales propias de los países ACP y la capacidad de dichos países para adaptar y ajustar sus economías al proceso de liberalización.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las directrices de negociación dirigidas a la Comisión para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que sean competencia de la Unión, se modifican según lo establecido en la adenda.

Artículo 2

Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo «ACP». Se asociará al Comité de Política Comercial con respecto a cuestiones comerciales específicas.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2019.

Por el Consejo

La Presidenta

K. MIKKONEN


(1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.


ADDENDUM

Directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico

1.   Preámbulo

Además de la mención general al Acuerdo de Cotonú y al acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, se hará especial referencia, entre otros aspectos, a las cuestiones siguientes:

el compromiso de las Partes en lo referente a fomentar y acelerar el desarrollo económico, cultural y social de los países ACP a fin de contribuir a la paz, la prosperidad, la seguridad y el desarrollo sostenible y promover un entorno político estable y democrático;

el compromiso de las Partes en lo tocante al respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales fundamentales, los principios democráticos y el estado de Derecho, que son los elementos esenciales de la asociación ACP-UE, y la buena gobernanza, en especial la lucha contra la corrupción, que constituye un elemento fundamental de la asociación ACP-UE;

la adhesión de las Partes a un conjunto de principios y normas acordados a escala internacional con el fin de fomentar una relación de apoyo mutuo entre el comercio y el desarrollo sostenible, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible, diversos acuerdos y normas laborales internacionales, en especial en relación con la promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos, y los acuerdos internacionales sobre el clima, como el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

el compromiso de las Partes de centrar la asociación en el objetivo de reducir y erradicar la pobreza, de forma coherente con los objetivos de desarrollo sostenible y la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial, y, por tanto, de desarrollar una cooperación económica y comercial ACP-UE a partir de las iniciativas de integración regional existentes entre los países ACP;

el objetivo de la cooperación económica y comercial ACP-UE para fomentar la integración armoniosa y gradual de los países ACP en la economía mundial, teniendo debidamente en cuenta sus decisiones políticas y sus prioridades de desarrollo, y en particular sus propias estrategias de reducción de la pobreza, promoviendo así su desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza en los países ACP;

el compromiso de las Partes de apoyar el proceso de integración regional dentro del Grupo de Estados ACP y de fomentar la integración regional como instrumento clave para la integración de los países ACP en la economía mundial;

el compromiso de las Partes de fortalecer la cooperación económica, comercial y en materia de inversión y de crear una nueva dinámica comercial y de inversiones entre ellas, con el fin de facilitar la transición de los países ACP a una economía mundial liberalizada y de fomentar el desarrollo del sector privado y, en particular, de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas;

el compromiso de las Partes de tener en cuenta las distintas necesidades y los distintos niveles de desarrollo de los países y regiones ACP;

el compromiso de las Partes de respetar las obligaciones asumidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de seguir impulsando los objetivos de la OMC;

el objetivo común de las Partes de intensificar la cooperación y el desarrollo de capacidades, según proceda, en todos los ámbitos relacionados con el comercio y la inversión sostenibles, y de lograr una liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios, de conformidad con las normas de la OMC, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los países ACP y las limitaciones económicas, sociales y medioambientales a las que se enfrentan;

los compromisos asumidos por las Partes para garantizar el refuerzo mutuo de la labor realizada en el marco del Acuerdo de Cotonú y el acuerdo que lo sustituya y en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE);

el derecho a regular la actividad económica en favor del interés público de conformidad con las obligaciones internacionales para alcanzar objetivos legítimos de política pública, tales como la protección y el fomento de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente y la moral pública, la protección social y de los consumidores, la protección de la intimidad y de los datos personales y el fomento y la protección de la diversidad cultural.

2.   Naturaleza y ámbito de aplicación de los Acuerdos de Asociación Económica

El objetivo de las negociaciones es la celebración de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, por otra. Los AAE promoverán la integración progresiva y armoniosa de los países ACP en la economía mundial de modo que se fomente el desarrollo sostenible y se contribuya a la erradicación de la pobreza en estos países, teniendo debidamente en cuenta sus decisiones políticas y sus prioridades de desarrollo.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, las negociaciones tendrán por objeto establecer Acuerdos de Asociación Económica —y, cuando proceda, profundizar en ellos— con subgrupos de países ACP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, apartado 3, del Acuerdo de Cotonú y en las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, teniendo en cuenta el proceso de integración regional en el seno del Grupo de Estados ACP.

Los AAE se destinarán a fomentar una integración económica más estrecha entre las Partes, mediante la eliminación progresiva de los obstáculos a los intercambios comerciales entre ellas y el refuerzo de la cooperación en todos los ámbitos relacionados con el comercio, de plena conformidad con las disposiciones de la OMC.

Los AAE se basarán en los principios y objetivos del Acuerdo de Cotonú, en particular en sus elementos esenciales y fundamentales, en lo dispuesto en su parte 3, título II, y en las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable. Por consiguiente, las negociaciones de los AAE deberán tener especialmente en cuenta los distintos niveles de desarrollo de las Partes y las limitaciones específicas de carácter económico, social y medioambiental de los distintos países ACP, así como la capacidad de adaptación y ajuste de sus economías al proceso de liberalización.

3.   Comercio de mercancías

3.1.   Objetivo

La finalidad de los AAE será establecer zonas de libre comercio entre las Partes, basadas en los objetivos de desarrollo del Acuerdo de Cotonú y del acuerdo que lo sustituya, de conformidad con las disposiciones de la OMC. Se entiende, por lo tanto, que las condiciones de acceso al mercado que se indican a continuación se darán únicamente en el marco de estos AAE. Toda futura negociación de los AAE en relación con el comercio de mercancías se basará en el acervo de las disposiciones ya negociadas.

3.2.   Derechos de importación

—   Importaciones a la Unión Europea

Los AAE se basarán en las condiciones de acceso al mercado actualmente vigentes y las mejorarán. En el transcurso de las negociaciones se fijarán disposiciones específicas para la continuación del desarme arancelario, teniendo en cuenta los intereses de exportación actuales y potenciales de los países ACP y el efecto de las medidas de liberalización del comercio, especialmente por lo que se refiere a la integración regional dentro del Grupo de Estados ACP.

—   Importaciones a los países ACP

Con el objetivo primordial de promover el desarrollo sostenible a través de la integración económica regional y unas políticas adecuadas, las negociaciones tendrán por objeto: 1) la eliminación de los derechos de aduana sobre las importaciones procedentes de la Unión Europea para la práctica totalidad del comercio durante un período transitorio; 2) la supresión de todas las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana a partir de la aplicación de los AAE, y 3) la eliminación de las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto equivalente a partir de la aplicación de los AAE.

El calendario para el desarme arancelario y la lista definitiva de los productos que serán objeto de liberalización comercial en los países ACP reflejarán las limitaciones económicas, sociales y medioambientales a las que se enfrentan estos países, así como su capacidad de adaptar sus economías al proceso de liberalización. En consecuencia, se aplicará de manera flexible un período transitorio, compatible con los objetivos del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo que lo sustituya y las normas de la OMC, a fin de tener en cuenta las limitaciones específicas de los países ACP de que se trate. Se aplicará la misma flexibilidad en relación con la cobertura de productos y el calendario o el ritmo de los compromisos de liberalización de los países ACP.

No obstante lo anterior, los países ACP concederán a la Unión Europea en todo momento un trato no menos favorable que el de NMF, si bien se excluyen de este principio las concesiones acordadas entre países ACP u ofrecidas por países ACP a otros países en desarrollo, que no sean grandes economías basadas en el comercio, en el marco de acuerdos regionales u otras disposiciones comerciales compatibles con los requisitos de la OMC.

Durante las negociaciones, y a la luz del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los AAE alcanzados en el marco del Acuerdo de Cotonú y del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, se tendrán en cuenta los intereses específicos de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En este contexto, los AAE podrán establecer medidas específicas en favor de los productos de estas regiones a efectos de su integración a corto plazo en el comercio intrarregional, de conformidad con las disposiciones de la OMC. A la luz de la Decisión de Asociación Ultramar, deben tenerse en cuenta los intereses de los países y territorios de ultramar.

Los países ACP se comprometerán, como mínimo, a ampliar automáticamente el trato concedido a la Unión Europea a todas las demás Partes del AAE en cuestión, preferiblemente antes de la liberalización del comercio con respecto a la Unión Europea.

Cuando surjan graves dificultades como consecuencia de la liberalización del comercio, los países ACP, en consulta con la Unión Europea, podrán suspender temporalmente la aplicación del calendario de liberalización y, en su caso, reajustar o afinar el ritmo de progresión hacia el establecimiento definitivo de la zona de libre comercio, en el pleno respeto de las disposiciones de la OMC.

Los planes y el calendario de liberalización del comercio de los países ACP formarán parte de los AAE e incluirán las listas de productos correspondientes, así como el calendario para el desarme arancelario. Estas listas y calendarios se ultimarán durante las negociaciones.

—   Derechos de base

Los derechos de base a los que se aplicarán las reducciones acordadas serán los derechos de NMF aplicados efectivamente por los países ACP el día de la firma de los AAE, que se definirán en una lista adjunta a cada acuerdo.

3.3.   Disposiciones generales

Derechos de exportación: los derechos de exportación que se apliquen en el comercio entre las Partes se eliminarán en un plazo acordado que no excederá de diez años.

Restricciones cuantitativas: las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto equivalente que se apliquen a las exportaciones o importaciones en el comercio entre las Partes se suprimirán tras la aplicación de los AAE.

Trato nacional y medidas fiscales: se incluirá en los AAE una disposición normalizada de trato nacional que garantice que los productos de las Partes reciben un trato no menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional. Toda medida o práctica fiscal interna discriminatoria que esté vigente quedará excluida a partir de la aplicación de los AAE.

Imposición: los AAE incluirán disposiciones sobre excepciones relativas a la imposición, basadas en los artículos pertinentes de los acuerdos de la OMC.

Velocidad variable: cuando sean compatibles con los objetivos de integración de las regiones ACP de que se trate, los AAE establecerán una velocidad variable en la liberalización del comercio, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los países ACP en cuestión, así como las diversas intensidades de integración que puedan existir en la región, en consonancia con el proceso de integración interna de la región.

Cláusula de seguridad alimentaria: los AAE recogerán disposiciones destinadas a fomentar la seguridad alimentaria de conformidad con las normas de la OMC.

Salvaguardias: se aplicarán disposiciones de salvaguardia, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la OMC.

Antidumping: si una de las Partes considera que la otra Parte practica un dumping perjudicial o concede subvenciones al comercio en el sentido de lo dispuesto en el GATT, podrá adoptar las medidas pertinentes contra estas prácticas, de conformidad con las normas y prácticas del GATT y la OMC. En este contexto, la Unión Europea tendrá especialmente en cuenta la situación económica y social concreta de los países ACP de que se trate.

Mantenimiento del statu quo: las Partes acordarán que no se introduzcan nuevos derechos ni se aumenten los derechos existentes y que no se introduzcan nuevas restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente tras la aplicación de los AAE entre el grupo regional y la Unión Europea. Las Partes deben tener en cuenta este principio desde el comienzo de las negociaciones.

Transparencia: ambas Partes deberán comunicarse mutuamente sus programas de aranceles aduaneros y toda modificación posterior que se introduzca en ellos.

Clasificación de mercancías: se utilizará el Sistema Armonizado para clasificar las mercancías objeto de intercambios comerciales entre las Partes.

3.4.   Normas de origen y cooperación administrativa

Las negociaciones sobre las normas de origen y la cooperación administrativa tomarán en cuenta las últimas novedades en las normas de origen de la UE, así como las normas de origen vigentes en virtud de cada AAE. En este contexto, la Unión Europea evaluará cualquier solicitud específica de modificación de las normas de origen que presenten uno o varios países ACP a fin de simplificar las normas existentes y mejorar el acceso actual al mercado de los países ACP, teniendo en cuenta la situación de los países y, en especial, la experiencia y la estructura de sus relaciones comerciales preferenciales.

Los AAE facultarán a las Partes para adoptar las medidas pertinentes en caso de falta de cooperación administrativa o de mala gestión. Con respecto a la cuestión de la pérdida de derechos de aduana debido a la mala gestión de las importaciones preferenciales, podrían determinarse medidas pertinentes con arreglo a una Decisión horizontal del Consejo.

3.5.   Aduanas, medidas de facilitación del comercio y de lucha contra el fraude y responsabilidad financiera

Las negociaciones tendrán por objeto simplificar todos los requisitos y procedimientos relativos a las importaciones y exportaciones, especialmente por lo que se refiere a los procesos aduaneros, la concesión de licencias de importación, el valor en aduana, las normas de tránsito y la inspección previa a la expedición, basándose en las normas internacionales más exigentes y de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Los AAE incluirán un Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera y también una cláusula contra el fraude para evitar el abuso de las preferencias arancelarias.

4.   Comercio de servicios, inversiones y comercio digital

4.1.   Ámbito de aplicación

Los AAE establecerán una liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios e inversiones con objeto de garantizar un nivel comparable de oportunidades de acceso al mercado coherente con las normas pertinentes de la OMC, en particular el artículo V del Acuerdo General sobre el comercio de Servicios (AGCS), teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los países ACP afectados. Los AAE abarcarán todos los modos de suministro.

Es preciso mantener la elevada calidad de los servicios públicos de la UE conforme al TFUE y en particular conforme al Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general, teniendo en cuenta los compromisos de la UE en esta materia, en particular el AGCS. Los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales conforme a la definición del artículo I-3 del AGCS deben quedar excluidos de las negociaciones. Los AAE reafirman el derecho de las Partes a regular la actividad económica en favor del interés público conforme a las obligaciones internacionales.

Además, los AAE deben incluir normas reguladoras que aborden la cuestión de las barreras internas, incluso, en su caso, en el ámbito de la reglamentación nacional. Los AAE también podrán incluir normas que regulen los requisitos de rendimiento aplicables a las inversiones.

En el contexto de la creciente digitalización del comercio y habida cuenta de los importantes aspectos de desarrollo del comercio digital, las negociaciones deben desembocar en normas que abarquen el comercio digital, incluidos los flujos transfronterizos de datos, sin que sean objeto de negociación ni se vean afectadas las normas de protección de datos personales de la UE y sin perjuicio de la legislación de la UE. Estas normas deben estar destinadas a mejorar las condiciones del comercio digital en beneficio de las empresas y los consumidores y a aumentar la participación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como a crear nuevas oportunidades para fomentar un crecimiento y un desarrollo integradores y sostenibles. Los AAE deben proporcionar la flexibilidad, la cooperación y el diálogo adecuados en relación con las cuestiones reglamentarias que plantea el comercio digital.

Los Acuerdos de Asociación Económica establecerán que los servicios audiovisuales se traten por separado en acuerdos específicos de cooperación y asociación cultural entre las Partes. Estos acuerdos garantizarán a la Unión Europea y a sus Estados miembros, así como al Grupo de Estados ACP, la posibilidad de preservar y desarrollar su capacidad de definir y aplicar sus políticas culturales y audiovisuales a efectos de preservar su diversidad cultural, al tiempo que se reconocen, se conservan y se promueven los valores e identidades culturales de los países ACP para fomentar el diálogo intercultural mediante la mejora de las oportunidades de acceso al mercado en lo referente a los bienes y servicios culturales de estos países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo de Cotonú y la disposición pertinente del Acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

Las Partes acordarán no introducir nuevas medidas discriminatorias o medidas más discriminatorias a partir de la aplicación de los AAE entre el grupo regional y la Unión Europea. Las Partes deben tener en cuenta este principio desde el comienzo de las negociaciones.

El proceso de liberalización se llevará a cabo de forma asimétrica. Se concederá a los países ACP un cierto grado de flexibilidad en función de su nivel de desarrollo, tanto en términos generales como en lo referente a determinados sectores y subsectores, de conformidad con las disposiciones del AGCS, especialmente las relativas a la participación de los países en desarrollo en los acuerdos de liberalización.

En el caso de la Unión Europea, el período transitorio no debe exceder de diez años.

En el caso de los países ACP, se aplicará de manera flexible un período de transición, que en principio no deberá superar los quince años, que sea compatible con los objetivos del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo que lo sustituya y las normas de la OMC, a fin de tener en cuenta las limitaciones específicas de los países ACP de que se trate.

Los países ACP que hayan suscrito un AAE se comprometerán a aplicar entre ellos al menos las mismas disposiciones que apliquen a la Unión Europea.

Los AAE reafirmarán los compromisos relativos a los servicios contraídos en virtud del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

4.2.   Disposiciones prácticas

Cuando las dificultades económicas, sociales y medioambientales a las que se enfrentan los países ACP así lo justifiquen, podrán aplazarse las negociaciones. En tal caso, las Partes evaluarán periódicamente la situación en el transcurso de las negociaciones de los AAE. Asimismo, las Partes velarán por que se aproveche activamente la fase preparatoria para planificar las negociaciones, en particular movilizando el apoyo adecuado a fin de desarrollar servicios acordes con las disposiciones del Acuerdo de Cotonú, concretamente su artículo 41, apartado 5, y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

5.   Pagos corrientes y movimientos de capital

Los AAE reafirmarán los compromisos contraídos en el marco del artículo 12 del anexo II del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

Los Acuerdos de Asociación Económica deben tener por objetivo la plena liberalización de los pagos corrientes y movimientos de capital relacionados con las transacciones a las que se aplican. Deben incluir todas las disposiciones de salvaguardia y exclusión (por ejemplo, en relación con la balanza de pagos y la unión económica y monetaria de la Unión), que deben ajustarse a las disposiciones del TFUE sobre la libre circulación de capitales.

6.   Ámbitos vinculados al comercio

6.1.   Consideraciones generales

Los AAE reafirmarán los compromisos respectivos asumidos en los ámbitos vinculados al comercio en el marco del Acuerdo de Cotonú y del acuerdo que lo sustituya, en particular por lo que respecta a la política de competencia, la protección de los derechos de propiedad intelectual (incluidas las indicaciones geográficas), la normalización y certificación, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el comercio y el medio ambiente, el comercio y las normas laborales, la política de los consumidores y la protección de la salud de los consumidores. Estas disposiciones de los AAE se revisarán a la luz de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales, plurilaterales y bilaterales.

6.2.   Ámbitos específicos

Además, en los ámbitos que figuran a continuación se aplicará lo siguiente:

 

Inversión: de conformidad con el objetivo de «reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza, de forma coherente con los objetivos del desarrollo sostenible» (y con respecto a los artículos 1, 29 y 75 a 78, y al anexo II del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable), las Partes acordarán establecer un marco regulador que facilite, mejore y estimule una inversión sostenible mutuamente beneficiosa entre ellas, teniendo en cuenta las iniciativas multilaterales de facilitación de las inversiones. Este marco se basará en los principios de no discriminación, apertura, transparencia y estabilidad. Las Partes fomentarán el desarrollo de entornos atractivos y estables para la inversión apoyando normas estables y transparentes para los inversores, y tratarán de mejorar la inclusión financiera y el acceso a la financiación.

En caso de que ambas Partes consideren la protección de las inversiones como un posible ámbito de negociación, y a reserva de las directrices de negociación de un país o de una región concretos, podrán negociarse disposiciones en ese ámbito. Estas estarán en consonancia con el planteamiento reformado de la UE en materia de protección de las inversiones, en particular en lo que respecta a la solución de diferencias en materia de inversiones. Estas disposiciones deberán garantizar también una sólida protección de los inversores y las inversiones, al tiempo que se preserva plenamente el derecho de las Partes a legislar en sus territorios para la consecución de objetivos políticos legítimos. Las posibles negociaciones deben tener en cuenta asimismo los principios y orientaciones pertinentes sobre desarrollo sostenible y conducta empresarial responsable reconocidos a escala internacional, tal como se recoge en el planteamiento reformado de la UE en materia de protección de las inversiones.

 

Contratación pública: los Acuerdos de Asociación Económica velarán por la plena transparencia de las normas y los métodos de contratación pública en todos los niveles de las Administraciones, con arreglo a los principios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. Además, las Partes podrán orientarse hacia la liberalización progresiva de sus mercados de contratación pública sobre la base del principio de no discriminación y teniendo en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo.

 

Normas, reglamentos técnicos y evaluaciones de la conformidad: los AAE deberán incluir un capítulo exhaustivo sobre los obstáculos técnicos al comercio, que se base en lo dispuesto en el Acuerdo de la OMC y lo supere. Este capítulo tendrá por objeto, entre otras cosas, la compatibilidad y convergencia de los reglamentos técnicos a través de la aplicación de normas internacionales, la racionalización de los requisitos de ensayo y certificación mediante la adopción de procedimientos de evaluación de la conformidad basados en el riesgo y el refuerzo de la transparencia.

 

Normas sanitarias y fitosanitarias: los AAE deberán incluir un capítulo exhaustivo sobre normas sanitarias y fitosanitarias, en consonancia con otros acuerdos recientes de la UE. Basándose en los principios del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, las negociaciones deben aspirar a incluir cuestiones como el uso de las normas internacionales (CIPF, OIE y el Codex), la transparencia y la no discriminación, la prevención de retrasos injustificados, la armonización, el reconocimiento de equivalencia, el reconocimiento de la situación sanitaria y de plagas de las Partes, la regionalización (zonificación), el control, inspección y aprobación de los procedimientos, el principio de precaución, la auditoría, la certificación, el control de las importaciones, las medidas de emergencia, elaboración de listas preliminares en el ámbito veterinario, el tratamiento de la Unión Europa como una entidad única, la cooperación técnica, la mejora de la cooperación en materia de resistencia microbiana y bienestar animal y los mecanismos para abordar problemas comerciales concretos relacionados con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, el capítulo deberá insistir en la importancia del intercambio de información entre las Partes en caso de modificación de las normas y en la necesidad de medidas complementarias, en particular la cooperación técnica.

 

Protección de datos: los AAE tendrán por objetivo garantizar un elevado nivel de protección de la intimidad y de los datos personales mediante regímenes jurídicos y medidas apropiados, incluida su ejecución efectiva por autoridades de supervisión independientes, como factor esencial de la confianza de los ciudadanos en la economía digital y como elemento clave para facilitar los intercambios comerciales y la cooperación en materia de ejecución entre las Partes.

 

Derechos de propiedad intelectual: los AAE deberán crear un nivel adecuado, equilibrado y efectivo de protección y establecer disposiciones de aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del Derecho civil y en las fronteras, en particular en relación con las indicaciones geográficas, que superen lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC. Los AAE deberán reafirmar su flexibilidad en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y deberán reconocer la importancia de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Conferencia Ministerial de la OMC. En lo que respecta a la interpretación y aplicación de los derechos y las obligaciones con arreglo a los AAE, las Partes garantizarán la coherencia con la Declaración de Doha. Entre otras cosas, las Partes deben aplicar el artículo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC, así como su anexo y el apéndice de su anexo, que entraron en vigor el 23 de enero de 2017.

Los AAE deberán ofrecer una protección directa y el reconocimiento efectivo mediante el establecimiento de una lista de indicaciones geográficas (vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y productos alimenticios) sobre la base del nivel de protección establecido en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC; dicha protección deberá incluir la prohibición de la evocación y la usurpación de denominación, un control del cumplimiento adecuado y eficaz, la coexistencia con marcas anteriores de buena fe, la protección contra la genericidad posterior y disposiciones sobre la inclusión de nuevas indicaciones geográficas. Deberán abordarse los aspectos relativos a los derechos individuales anteriores, por ejemplo respecto a las obtenciones vegetales, las marcas, los usos genéricos u otros usos anteriores legítimos, con el fin de resolver los conflictos existentes de forma satisfactoria para ambas partes.

 

Comercio y competencia: los AAE deberán procurar minimizar las distorsiones de la competencia mediante disposiciones en materia de política de competencia, subvenciones y empresas públicas. Las disposiciones no impedirán la prestación de servicios públicos. Además, las disposiciones permitirán una adecuada flexibilidad a la hora de aplicar medidas para fomentar el desarrollo económico, luchar contra la pobreza o alcanzar otros objetivos de política pública, como la seguridad alimentaria.

 

Comercio y desarrollo sostenible: los AAE deberán promover la aplicación de la Agenda 2030 y adherirse a los correspondientes principios y normas acordados a escala internacional en materia de derechos laborales, en particular de no discriminación por razón de género.

En consecuencia, los AAE deberán incluir disposiciones relativas al trabajo, la igualdad de género y el refuerzo de las oportunidades para las mujeres en el comercio, los aspectos medioambientales del comercio y el desarrollo sostenible, incluida la pesca y la acuicultura sostenibles, la diversidad biológica, los bosques y los productos de la silvicultura, y los aspectos relacionados con el cambio climático, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y las iniciativas relacionadas con la mitigación del cambio climático, como las emprendidas en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Los AAE deberán incluir disposiciones para fomentar el cumplimiento y la aplicación efectiva de las normas y los principios pertinentes acordados a nivel internacional, incluidas las normas laborales y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos medioambientales multilaterales, así como de las normas y principios relativos a la seguridad y la salud en el trabajo, las inspecciones laborales y el diálogo social y la protección social y laboral. Asimismo, deberán incluir el compromiso de cada una de las Partes de trabajar de forma continua y sostenida para la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT.

Los AAE deberán confirmar el derecho de las Partes a legislar en materia de trabajo y medio ambiente, de forma coherente con sus compromisos internacionales y de manera que se fomenten niveles elevados de protección, en particular teniendo en cuenta las opciones más favorables desde el punto de vista medioambiental. Deberán reiterar el respeto del principio de precaución. También deberán incluir disposiciones para que no se reduzcan los niveles de protección laboral y medioambiental a fin de fomentar el comercio y la inversión extranjera directa. En dichas disposiciones debe figurar el compromiso de no establecer excepciones a la legislación nacional en materia laboral o de medio ambiente o dejar de aplicarla.

Los AAE deberán fomentar una mayor contribución del comercio y la inversión, incluida la inversión extranjera directa, al desarrollo sostenible, en particular abordando cuestiones como la facilitación del comercio de productos y servicios medioambientales y respetuosos con el clima y el fomento de sistemas voluntarios de garantía de la sostenibilidad y de responsabilidad social de las empresas, respetando los instrumentos reconocidos internacionalmente y animando a las Partes a que apliquen las prácticas internacionales, incluidas las directrices de la OCDE, los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las orientaciones sectoriales específicas.

Los AAE deberán prever normas para la aplicación y el control eficaces de estas disposiciones, así como un mecanismo para resolver las diferencias que puedan surgir entre las Partes. Los AAE deberán prever la participación de los órganos de la sociedad civil, lo que incluye consultas y acciones de comunicación periódicas. Dichos órganos deberán supervisar la aplicación del conjunto del acuerdo y desempeñar un papel consultivo con respecto a las Partes.

 

Diálogo en el ámbito agrícola: dada la importancia del sector agrícola para el desarrollo socioeconómico y la seguridad alimentaria de los países ACP, los AAE deberán prever un diálogo sobre la agricultura (asociación en el ámbito agrícola), que podrá abarcar cuestiones como los productos primarios (especialmente los pertinentes para la seguridad alimentaria) y las cadenas de valor regionales, la utilización de las nuevas tecnologías, la facilitación del comercio, el acceso al mercado, las inversiones responsables, la investigación e innovación, prestando la atención debida a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de este, así como a la diversidad biológica y a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

6.3.   Aplicación

El Consejo del AAE (véase el punto 8), con el apoyo de un Comité Conjunto de Aplicación compuesto por expertos técnicos de alto nivel, supervisará la aplicación de estas disposiciones. El Comité Conjunto de Aplicación se reunirá periódicamente y, como mínimo, una vez al año. Este Comité elaborará informes anuales de evaluación de los progresos realizados y recomendará medidas que propicien nuevos logros, incluida la cooperación al desarrollo de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Cotonú y la disposición pertinente del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable. Si fuera necesario, podría considerarse la creación de subcomités especiales para determinados ámbitos relacionados con el comercio.

7.   Complementariedad

Los AAE y las estrategias de desarrollo de los socios ACP deberán apoyarse mutuamente. En particular, con el fin de facilitar la consecución de los objetivos de los AAE, los países ACP se comprometerán a integrar plenamente los AAE en sus estrategias de desarrollo y la Unión Europea se comprometerá a integrarlos en sus estrategias de cooperación para el desarrollo. En el marco de esta integración se debe fomentar el apoyo al desarrollo del sector privado, en particular de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, especialmente por lo que respecta a la dimensión de género, y hacer hincapié en la importancia de la recogida de datos desagregados por género para el seguimiento y la aplicación. Además, las Partes asignarán los recursos adecuados para ello dentro de los programas indicativos nacionales y regionales, de conformidad con las disposiciones correspondientes del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

8.   Marco institucional

Se creará un Consejo Conjunto del AAE para cada Acuerdo de Asociación Económica, que desempeñará las funciones siguientes:

velará por que el AAE funcione correctamente;

estudiará el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre las Partes;

buscará métodos adecuados para prevenir los problemas que puedan surgir en los ámbitos cubiertos por el AAE, en particular en lo que se refiere a la consecución de los objetivos de desarrollo del acuerdo;

intercambiará opiniones y formulará recomendaciones sobre cualquier asunto de interés común relacionado con la cooperación económica y comercial, incluidas las acciones futuras para la correcta aplicación del AAE y, en particular, la necesidad de que se preste la cooperación para el desarrollo conforme a las disposiciones correspondientes del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones correspondientes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

La composición, la frecuencia, el orden del día y el lugar de celebración de las reuniones del Consejo Conjunto del AAE se acordarán mediante consultas entre las Partes.

El Consejo del AAE estará facultado para adoptar decisiones con respecto a todas las materias que sean objeto del AAE. Además, deberá informar al Consejo de Ministros establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, acerca de cuestiones de interés común para la totalidad del Grupo de Estados ACP y la Unión Europea.

Los AAE deberán prever consultas periódicas y la comunicación con la sociedad civil.

9.   Cláusula de excepciones

Los AEE incluirán una cláusula normalizada de excepciones, aplicable a las partes pertinentes de estos acuerdos, que permitirá adoptar medidas, por ejemplo, por motivos de protección del orden público, de protección de la salud y la vida de personas, animales y plantas o de la conservación de los recursos naturales no renovables., siempre que dichas medidas se apliquen de conformidad con las normas de la OMC.

10.   Disposiciones finales

Los AAE recogerán lo siguiente:

un capítulo sobre la solución de diferencias y una cláusula de incumplimiento, que incluirá disposiciones correspondientes a los artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú y a las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable; las disposiciones en materia de solución de diferencias sobre comercio o asuntos relacionados con el comercio no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de las normas de la OMC, en particular el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias;

una cláusula sobre la evolución futura que establezca que los AAE podrán ampliarse, especialmente mediante adhesión, o fusionarse, en función de los progresos realizados en materia de integración regional;

una cláusula sobre su entrada en vigor, duración (ilimitada), rescisión, preaviso necesario para la denuncia y una cláusula de aplicación territorial.

A efectos de los AAE, se entenderá por «Partes ACP» el grupo regional o sus Estados miembros, o bien el grupo regional y sus Estados miembros, de conformidad con sus competencias respectivas. Los AAE se aplicarán también a las medidas adoptadas por las autoridades estatales, regionales o locales en los territorios de las Partes.

11.   Estructura y organización de las negociaciones

De conformidad con las disposiciones correspondientes del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, el período de negociaciones se empleará también para el desarrollo de capacidades en los sectores público y privado de los países ACP, con el fin de mejorar su aptitud para definir y aplicar estrategias y políticas comerciales regionales y multilaterales adecuadas. Esto incluirá medidas para aumentar la competitividad, reforzar las organizaciones regionales y apoyar las iniciativas de integración comercial regional, en su caso prestándose ayuda para los ajustes presupuestarios y las reformas fiscales, así como para la mejora de las infraestructuras y la inversión. Dichas medidas se supervisarán a escala regional; cuando proceda, se encargarán de ello el grupo regional responsable de las negociaciones de los AAE y la Unión Europea. Entre otras tareas, se encomendará al grupo regional que presente propuestas, que deberán tenerse en cuenta en el diálogo de programación nacional y regional entre la Unión Europea y los países ACP.

Asimismo, se establecerán mecanismos apropiados para velar por que los agentes no estatales de la Unión Europea y de los países ACP sean informados y consultados sobre el contenido de las negociaciones y por que se garantice la coordinación con los diálogos en curso entre los países ACP y la UE.

Las presentes directrices se revisarán y, cuando proceda, se modificarán al menos cada diez años.