(1)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y entró en vigor el 16 de agosto de 2012. Los requisitos que contiene, concretamente la compensación centralizada de los contratos de derivados extrabursátiles normalizados; los requisitos en materia de márgenes; las exigencias de reducción del riesgo operativo en los contratos de derivados extrabursátiles que no se compensen de manera centralizada; las obligaciones de notificación aplicables a los contratos de derivados; y los requisitos aplicables a las entidades de contrapartida central (ECC) y a los registros de operaciones contribuyen a reducir el riesgo sistémico al incrementar la transparencia del mercado de derivados extrabursátiles y reducir el riesgo de crédito de contraparte y el riesgo operativo conexo a los derivados extrabursátiles.

(2)

La simplificación de ciertos ámbitos cubiertos por el Reglamento (UE) n.o 648/2012 y la adopción de un planteamiento más proporcionado con respecto a dichos ámbitos está en consonancia con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación de la Comisión, que enfatiza la necesidad de reducción de costes y de simplificación de tal manera que las políticas de la Unión alcancen sus objetivos del modo más eficiente, y está destinada, en particular, a reducir la carga normativa y administrativa. Dicha simplificación y un planteamiento más proporcionado debe entenderse sin perjuicio de los objetivos superiores de fomento de la estabilidad financiera y reducción de los riesgos sistémicos, en línea con la declaración de los dirigentes del G20 el 26 de septiembre de 2009 en la cumbre de Pittsburgh.

(3)

Unos sistemas de posnegociación y unos mercados de garantías eficientes y resilientes son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la Unión de Mercados de Capitales que sustentan los esfuerzos por apoyar las inversiones, el crecimiento y el empleo en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión.

(4)

En 2015 y 2016, la Comisión llevó a cabo dos consultas públicas sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 648/2012. La Comisión recibió también información de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) establecida en el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) establecida por el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo del Consejo (6) y el Sistema de Bancos Centrales Europeos (SBCE) sobre la aplicación de dicho Reglamento. De esas consultas públicas se desprende que las partes interesadas apoyan los objetivos del Reglamento (UE) n.o 648/2012 y que no es necesaria una revisión a gran escala de dicho Reglamento. El 23 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó un informe general de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012. Si bien no todas las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 648/2012 eran aun plenamente aplicables y, por lo tanto, no era posible una evaluación exhaustiva del Reglamento en dicho informe, se establecieron ámbitos en los que eran necesarias medidas específicas para garantizar el logro de los objetivos del Reglamento (UE) n.o 648/2012de una manera más proporcionada, eficiente y eficaz.

(5)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 debe cubrir a todas las contrapartes financieras que puedan suponer un riesgo sistémico importante para el sistema financiero. La definición de contraparte financiera debe, por lo tanto, modificarse.

(6)

Un plan de adquisición de acciones destinado a empleados, establecido generalmente por una empresa, en virtud del cual las personas pueden suscribir, adquirir, recibir o poseer, directa o indirectamente, acciones de dicha empresa o de otra empresa perteneciente al mismo grupo, siempre que este plan beneficie al menos a los empleados o a los antiguos empleados de dicha empresa o de otra empresa perteneciente al mismo grupo, o a miembros o antiguos miembros del consejo de administración de dicha empresa o de otra empresa perteneciente al mismo grupo. En la Comunicación de la Comisión de 8 de junio de 2017, «Revisión intermedia del Plan de acción de la Unión de Mercados de Capitales» se determinan medidas relativas al plan de adquisición de acciones para empleados como medidas posibles para reforzar la Unión de Mercados de Capitales con el objetivo de fomentar las inversiones minoristas. Así pues, y con arreglo al principio de proporcionalidad, no deben definirse como contrapartes financieras los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) ni los fondos de inversión alternativos (FIA) establecidos exclusivamente a efectos de dar servicio a uno o más planes de adquisición de acciones para empleados.

(7)

Algunas contrapartes financieras cuentan con un volumen de actividad en los mercados de derivados extrabursátiles demasiado baja para presentar un riesgo sistémico para el sistema financiero y demasiado baja para que la compensación centralizada sea económicamente viable. Estas contrapartes, a las que se denomina normalmente contrapartes financieras de pequeño tamaño, deben quedar exentas de la obligación de compensación a la vez que siguen estando sometidas al requisito de intercambio de garantías para reducir cualquier riesgo sistémico. Sin embargo, cuando la posición adoptada por una contraparte financiera sobrepase el umbral de compensación, calculado a nivel del grupo, en relación con al menos una categoría de derivados extrabursátiles debe activar la obligación de compensación para todas las categorías de derivados extrabursátiles, dada la interconexión de las contrapartes financieras y el riesgo sistémico para el sistema financiero que puede surgir si esos contratos de derivados no se compensaran de manera centralizada. La contraparte financiera debe tener la posibilidad de demostrar, en cualquier momento, que sus posiciones no exceden ya del umbral de compensación de cualquier categoría de derivados extrabursátiles en cuyo caso dejaría de aplicarse la obligación de compensación.

(8)

Las contrapartes no financieras están menos interconectadas que las financieras. Además, a menudo centran sus actividades de manera predominante en una sola categoría de derivados extrabursátiles. Su actividad supone por tanto para el sistema financiero un riesgo sistémico más reducido que la de las contrapartes financieras. Por tanto, debe reducirse el alcance de la obligación de compensación para las contrapartes no financieras que elijan calcular su posición cada 12 meses en función de umbrales de compensación. Estas contrapartes no financieras deben someterse a la obligación de compensación únicamente en lo que se refiere a las categorías de derivados extrabursátiles que excedan del umbral de compensación. Dichas contrapartes no financieras deben, no obstante, permanecer sujetas al requisito de intercambiar garantías cuando se exceda de cualquiera de los umbrales de compensación. Las contrapartes no financieras que elijan no calcular su posición en función de los umbrales de compensación deben someterse a la obligación de compensación para todas las categorías de derivados extrabursátiles. Las contrapartes no financieras deben tener la posibilidad de demostrar en cualquier momento que su posición ha dejado de superar el umbral de compensación para una categoría de derivados extrabursátiles, en cuyo caso dejaría de aplicarse la obligación de compensación para dicha clase de derivados.

(9)

Para tener en cuenta cualquier evolución de los mercados financieros, la AEVM debe revisar periódicamente el umbral de compensación y en su caso actualizarlo. Esta revisión periódica debe ir acompañada de un informe.

(10)

El requisito de compensar ciertos contratos de derivados extrabursátiles suscritos antes de que la obligación de compensación entre en vigor provoca inseguridad jurídica y complicaciones operativas a cambio de beneficios limitados. En particular, ese requisito supone costes y cargas adicionales para las contrapartes de esos contratos y podría además afectar al buen funcionamiento del mercado sin aportar mejoras significativas para la aplicación uniforme y coherente del Reglamento (UE) n.o 648/2012 o para el establecimiento de condiciones de competencia equitativas entre los participantes en el mercado. Por tanto, ese requisito ha de suprimirse.

(11)

Las contrapartes con un volumen limitado de actividad en los mercados de derivados extrabursátiles se enfrentan a dificultades en el acceso a la compensación centralizada, ya sea como clientes de un miembro compensador o a través de acuerdos de compensación indirecta. Debe por lo tanto exigirse a los miembros compensadores y a los clientes de los miembros compensadores que presten servicios de compensación, ya sea directamente a otras contrapartes o indirectamente permitiendo a sus propios clientes prestar dichos servicios a otras contrapartes, que lo hagan en términos comerciales equitativos, razonables, no discriminatorios y transparentes. Si bien esta exigencia no debe dar lugar a ninguna regulación de precios ni obligación de contrato, ha de permitirse a los miembros compensadores y a sus clientes que controlen los riesgos relacionados con los servicios de compensación ofrecidos, por ejemplo, los riesgos de contraparte.

(12)

En la información sobre los instrumentos financieros cubiertos por autorizaciones de ECC no es obligatorio especificar todas las categorías de derivados extrabursátiles que la ECC está autorizada a compensar. Para garantizar que la AEVM puede realizar sus tareas y funciones en relación con la obligación de compensación, las autoridades competentes deben notificar sin demora a la AEVM cualquier información recibida de una ECC de su intención de dar comienzo a la compensación de una categoría de derivados extrabursátiles que esté incluida en su autorización vigente.

(13)

Ha de ser posible suspender temporalmente la obligación de compensación en ciertas situaciones excepcionales. Dicha suspensión ha de ser posible cuando hayan dejado de cumplirse los criterios sobre cuya base se decidió que unas categorías específicas de derivados extrabursátiles estuvieran sujetas a la obligación de compensación. Éste podría ser el caso particular cuando algunas categorías de derivados extrabursátiles resulten ya inapropiadas para la compensación centralizada obligatoria o cuando haya habido un cambio significativo en uno de esos criterios en relación con categorías concretas de derivados extrabursátiles. Del mismo modo, la suspensión de la obligación de compensación ha de ser posible cuando una ECC deje de ofrecer servicios de compensación para categorías específicas de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte y las demás ECC no puedan asumir esos servicios de compensación con la suficiente rapidez. La suspensión de la obligación de compensación también debe ser posible cuando se considere necesaria para evitar una amenaza grave a la estabilidad financiera de la Unión. Para garantizar la estabilidad financiera y evitar las perturbaciones del mercado, la AEVM, teniendo presentes los objetivos del G20, debe garantizar que cuando convenga derogar una obligación de compensación, se incentive durante la suspensión de la obligación de compensación y con tiempo suficiente la posibilidad de modificación de las correspondientes normas técnicas reglamentarias.

(14)

La obligación establecida en el Reglamento (EU) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) para las contrapartes que negocian derivados que están sujetos a la obligación de compensación en plataformas de negociación, con arreglo al procedimiento de obligación de negociación que se especifica en dicho Reglamento, se activa cuando se declara que una categoría de derivados queda sujeto a la obligación de compensación. La suspensión de la obligación de compensación podría impedir que las contrapartes pudieran cumplir la obligación de negociación. En consecuencia, cuando se haya solicitado una suspensión de la obligación de compensación, y vaya a tener efecto un cambio significativo en los criterios negociación, la AEVM debe tener la posibilidad de proponer la suspensión de la obligación de negociación sobre la base del Reglamento (EU) n.o 648/2012, y no con arreglo al Reglamento (EU) No 600/2014.

(15)

La notificación retroactiva de contratos ha planteado dificultades porque determinados datos cuya notificación es exigida en la actualidad no se exigían antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Ello ha redundado en elevadas tasas de incumplimiento de la obligación de notificación y en la notificación de datos de escasa calidad, siendo además la carga asociada a la notificación de esas operaciones considerable. Por ello es muy probable que esos datos históricos no lleguen a usarse nunca. Por otra parte, en el momento en que se haga efectiva la obligación de notificación retroactiva de contratos, algunos de ellos habrán ya expirado, y con ellos las correspondientes exposiciones y riesgos. Por ello, ha de eliminarse el requisito de notificación retroactiva de contratos.

(16)

Las operaciones intragrupo que implican a contrapartes no financieras representan una fracción relativamente pequeña de los contratos de derivados extrabursátiles y se usan principalmente para la cobertura interna dentro de un grupo. Por consiguiente, estas operaciones no contribuyen de manera significativa al riesgo sistémico ni a la interconexión, pero la obligación de notificarlas supone importantes costes y cargas para las contrapartes no financieras. Las operaciones entre contrapartes dentro de un grupo cuando al menos una las contrapartes es una contraparte no financiera deben, por tanto, estar exentas de la obligación de notificación, independientemente del lugar de establecimiento de la contraparte no financiera.

(17)

En 2017, la Comisión emprendió un «control de adecuación» sobre la notificación pública por parte de las empresas. El objetivo de dicho control es reunir pruebas sobre la sistematicidad, coherencia, efectividad y eficacia del marco de notificación de la Unión. En este contexto, es preciso seguir analizando la posibilidad de evitar una duplicación innecesaria de la notificación y la posibilidad de reducir o simplificar la notificación de los contratos de derivados no extrabursátiles, teniendo en cuenta la necesidad de una notificación a tiempo y de las medidas adoptadas con arreglo a los Reglamentos (UE) n.o 648/2012 y (UE) n.o600/2014. En particular, dicho análisis debería considerar los datos notificados, la accesibilidad de los datos por parte de las autoridades correspondientes, las medidas para seguir simplificando las cadenas de notificación para derivados no extrabursátiles, en particular con respecto a las contrapartes no financieras que no están sujetas a la obligación de compensación. Es preciso plantearse una evaluación más general de la eficacia y eficiencia de las medidas introducidas en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 para mejorar el funcionamiento y reducir la carga de la notificación de derivados extrabursátiles cuando se disponga de suficiente experiencia y datos sobre la aplicación de dicho Reglamento, en particular en relación con la calidad y accesibilidad de los datos notificados a los registros de operaciones, así como la asunción y la ejecución de la notificación delegada.

(18)

A fin de reducir la carga que la notificación de contratos de derivados extrabursátiles supone para las contrapartes no financieras exentas de la obligación de compensación, la contraparte financiera debe, como norma general, asumir la responsabilidad exclusiva, incluida la legal, de notificar, tanto en su propio nombre como en el de las contrapartes no financieras exentas de la obligación de compensación, los contratos de derivados extrabursátiles suscritos entre dichas contrapartes, y de garantizar la exactitud de los datos notificados. Con vistas a garantizar que la contraparte financiera disponga de los datos necesarios para cumplir su obligación de notificación, la contraparte no financiera debe facilitar los detalles relativos a los contratos de derivados extrabursátiles que no quepa razonablemente esperar que obren en posesión de la contraparte financiera No obstante las contrapartes no financieras deben tener la opción de notificar por cuenta propia sus contratos de derivados extrabursátiles. En ese caso, la contraparte no financiera debe informar de ello a la contraparte financiera y debe tener la responsabilidad, incluida la legal, de notificar los datos correspondientes y garantizar su exactitud.

(19)

También ha de determinarse a quién incumbe la responsabilidad de notificar contratos de derivados extrabursátiles en los que una o ambas contrapartes sean OICVM o FIA. Por tanto, es necesario especificar que la sociedad de gestión de un OICVM debe asumir la responsabilidad, incluida la legal, de notificar en nombre de dicho OICVM los contratos de derivados extrabursátiles que éste haya suscrito y de garantizar la exactitud de los detalles notificados. De modo similar, el gestor de un FIA debe asumir la responsabilidad, incluida la legal, de notificar en nombre de dicho FIA los contratos de derivados extrabursátiles que éste haya suscrito y de garantizar la exactitud de los datos notificados.

(20)

Para evitar la aplicación incoherente de las técnicas de reducción del riesgo en la Unión, dada la complejidad de los procedimientos de gestión del riesgo, que exigen el intercambio oportuno, adecuado y con la debida segregación de garantías de las contrapartes, y la utilización de modelos internos, las autoridades competentes deben validar dichos procedimientos, o cualquier modificación significativa de los mismos, antes de que se apliquen.

(21)

La necesidad de lograr una convergencia reguladora a escala internacional y de que las contrapartes no financieras y las contrapartes financieras de pequeño tamaño reduzcan los riesgos relacionados con su exposición a los riesgos de cambio exige que se establezcan procedimientos de gestión del riesgo especiales para los contratos a plazo sobre divisas liquidadas mediante entrega física y para los contratos de permutas de divisas liquidados mediante entrega física. Habida cuenta de su perfil de riesgo específico, conviene que el intercambio obligatorio de márgenes de variación con respecto a los contratos a plazo sobre divisas liquidadas mediante entrega física y para los contratos de permutas de divisas liquidados mediante entrega física se limite a las operaciones realizadas entre las contrapartes más sistémicas, con el fin de limitar la acumulación de riesgo sistémico y evitar divergencias normativas a escala internacional. También debe garantizarse la convergencia reguladora a escala internacional en relación con los procedimientos de gestión del riesgo para otras categorías de derivados.

(22)

Los servicios de reducción de riesgos post-negociación incluyen técnicas tales como la compresión de carteras. La compresión de carteras está excluida del ámbito de la obligación de negociación que figura en el Reglamento (EU) n.o 600/2014. Para adaptar el Reglamento (EU) n.o 648/2012 al Reglamento (EU) n.o 600/2014 cuando sea necesario y adecuado, a la vez que se tienen en cuenta las diferencias entre ambos Reglamentos, la posibilidad de eludir la obligación de compensación y el grado en el que pueden reducir o mitigar los riesgos los servicios de reducción de riesgo posnegociación, la Comisión, en cooperación con la AEVM y la JERS deben evaluar qué operaciones, en su caso, que resulten de los servicios de reducción de riesgo posnegociación, deben recibir una exención de la obligación de compensación.

(23)

Para incrementar la transparencia y la previsibilidad de los márgenes iniciales e impedir que las ECC modifiquen sus modelos de margen inicial de un modo que pueda percibirse como procíclico, las ECC deben proporcionar a sus miembros compensadores herramientas para simular sus requisitos en materia de margen inicial así como una descripción general pormenorizada de los modelos de margen inicial que utilizan. Esto está en consonancia con las normas internacionales publicadas por el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado y el Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, en particular con el marco de divulgación de diciembre de 2012 y las normas en materia de publicación de información cuantitativa aplicables a las ECCs publicadas en 2015, que contribuyen a favorecer una comprensión adecuada de los riesgos y costes aparejados a cualquier participación de miembros compensadores en una ECC y a reforzar la transparencia de las ECC frente a los participantes en el mercado.

(24)

Las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de insolvencia no deben impedir que las ECC realicen la transferencia de las posiciones de los clientes con suficiente certidumbre jurídica o paguen los ingresos por una liquidación directamente a los clientes en caso de insolvencia de un miembro compensador en relación con activos mantenidos en cuentas ómnibus de cliente y en cuentas individuales de clientes segregadas. Con el fin de fomentar la compensación y facilitar el acceso a ella, las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de insolvencia no deben impedir que una ECC siga los procedimientos de incumplimiento con arreglo al Reglamento (UE) n.o 648/2012 en relación con los activos y las posiciones registrados en cuentas ómnibus de clientes o en cuentas individuales de clientes segregadas mantenidas en el miembro compensador y en la ECC. Cuando se establezcan disposiciones indirectas de compensación, los clientes indirectos deben continuar no obstante disfrutando de una protección que sea equivalente a la que se facilitaba en virtud de las normas de segregación y portabilidad y de los procedimientos de incumplimiento establecidos en el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(25)

Las multas impuestas por la AEVM a los registros de operaciones que están bajo su supervisión directa han de ser suficientemente eficaces, proporcionadas y disuasorias para garantizar la eficacia de los poderes de supervisión de aquella y para incrementar la transparencia de las posiciones y exposiciones en derivados extrabursátiles. La cuantía de las multas inicialmente previstas en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 ha demostrado ser insuficientemente disuasoria, habida cuenta del volumen de negocios actual de los registros de operaciones, lo que podría limitar la eficacia de los poderes de supervisión de que goza la AEVM en virtud de dicho Reglamento en relación con los registros de operaciones. En consecuencia, debe aumentarse el límite máximo de los importes de base de las multas.

(26)

Las autoridades de terceros países deben tener acceso a los datos notificados a los registros de operaciones de la Unión siempre que el tercer país cumpla ciertas condiciones que ofrezcan garantías en cuanto al tratamiento de dichos datos y haya establecido una obligación jurídicamente vinculante y exigible de conceder a las autoridades de la Unión acceso directo a los datos notificados a los registros de operaciones de dicho tercer país.

(27)

El Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) dispone un procedimiento de inscripción simplificado para los registros de operaciones ya inscritos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 y que deseen ampliar esa inscripción para prestar servicios con respecto a las operaciones de financiación de valores. Debe instaurarse un procedimiento simplificado de inscripción análogo para los registros de operaciones que ya estén inscritos de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365 y que deseen ampliar esa inscripción para prestar servicios con respecto a los contratos de derivados.

(28)

La insuficiente calidad y transparencia de los datos facilitados por los registros de operaciones supone que las entidades a las que se ha concedido acceso a esos datos tengan dificultades al utilizarlos para supervisar los mercados de derivados e impide que los reguladores y los supervisores identifiquen oportunamente los riesgos para la estabilidad financiera. Con el fin de mejorar la calidad y la transparencia de los datos y de que los requisitos en materia de información del Reglamento (UE) n.o 648/2012 concuerden con los de los Reglamentos (UE) 2015/2365 y (UE) n.o 600/2014, es necesaria una armonización más profunda de las normas y requisitos en materia de notificación, en particular de los estándares de datos, los formatos, los métodos y los mecanismos de notificación, así como mayor armonización de los procedimientos que han de aplicar los registros de operaciones para la validación de la integridad y corrección de los datos notificados y de los procedimientos para la conciliación de los datos con otros registros de operaciones. Además, los registros de operaciones deben conceder a las contrapartes que no notifican información, a petición de éstas y en condiciones comerciales razonables, acceso a todos los datos notificados en su nombre.

(29)

En lo que respecta a los servicios prestados por los registros de operaciones, el Reglamento (UE) n.o 648/2012 establece un entorno competitivo. Las contrapartes deben, por lo tanto, tener la opción de elegir el registro de operaciones al que desean efectuar las notificaciones y han de poder cambiar de registro de operaciones si así lo deciden. Para facilitar ese cambio y garantizar la disponibilidad continua de los datos sin duplicaciones, los registros de operaciones deben establecer las políticas adecuadas para garantizar la transferencia ordenada de los datos notificados a otros registros de operaciones cuando lo solicite una contraparte sujeta a la obligación de notificación.

(30)

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 dispone que la obligación de compensación no debe aplicarse a los sistemas de planes de pensiones hasta que las ECC no conciban una solución técnica adecuada para la transferencia de garantías diferentes del efectivo como márgenes de variación. Dado que hasta ahora no se ha puesto a punto solución viable alguna que facilite la compensación centralizada para los sistemas de planes de pensiones, ese período transitorio ha de prorrogarse de modo que se aplique durante, al menos, otros dos años. La compensación centralizada, sin embargo, debe seguir siendo el objetivo final, considerando que la evolución actual de la regulación y de los mercados permite a los participantes en el mercado aportar soluciones técnicas apropiadas en ese período. Con la ayuda de la AEVM, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) establecida por el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), la Autoridad Europea de Supervisión (la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (AESPJ) establecida por el Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y la JERS, la Comisión ha de supervisar los avances realizados por las ECC, los miembros compensadores y los sistemas de planes de pensiones en la búsqueda de soluciones viables que faciliten la participación de estos últimos en la compensación centralizada y preparar un informe sobre dichos avances. El informe debe exponer asimismo las soluciones y costes conexos para los sistemas de planes de pensiones, tomando en consideración a tal efecto la evolución de la normativa y de los mercados, por ejemplo los cambios en el tipo de contraparte financiera que está sujeta a la obligación de compensación. Con objeto de atender a elementos no previstos en el momento de la adopción del presente Reglamento, la Comisión ha de estar facultada para prorrogar dicho período transitorio dos veces por un período de un año, tras haber evaluado cuidadosamente la necesidad de dicha prórroga.

(31)

El período transitorio por el cual los sistemas de planes de pensiones quedan exentos en lo que respecta a la obligación de compensación expiró el 16 de agosto de 2018. Por cuestiones de seguridad jurídica y con el fin de evitar cualquier discontinuidad, es preciso aplicar, con efectos retroactivos, la extensión del período transitorio a los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por los sistemas de planes de pensiones desde el 17 de agosto de 2018 hasta el 16 de junio de 2019.

(32)

A fin de simplificar el marco normativo, se debe considerar en qué medida es necesario y conveniente armonizar la obligación de negociación con arreglo al Reglamento (UE) n.o 600/2014 con los cambios introducidos por el presente Reglamento en relación con esa obligación, en particular en lo que respecta a la determinación de las entidades sujetas a la obligación de compensación. Cuando se disponga de experiencia y datos suficientes en relación con la aplicación del presente Reglamento, se debe llevar a cabo una evaluación más general de los efectos del presente Reglamento en el nivel de compensación por distintos tipos de contraparte y la distribución de la compensación dentro de cada categoría de contraparte, así como la accesibilidad a los servicios de compensación, y determinar, en particular, si los cambios introducidos por el presente Reglamento en relación con la prestación de servicios de compensación en condiciones comerciales equitativas, razonables, no discriminatorias y transparentes son eficaces a la hora de facilitar el acceso a la compensación.

(33)

A fin de garantizar una armonización coherente en lo que respecta a los supuestos en los que las condiciones comerciales de prestación de servicios de compensación se consideran equitativas, razonables, no discriminatorias y transparentes, y con el fin de establecer que, en determinadas circunstancias, los participantes en el mercado dispongan de más tiempo para la elaboración de soluciones de compensación para los sistemas de planes de pensiones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta a la determinación de los supuestos en los que las condiciones comerciales de prestación de servicios de compensación han de considerarse equitativas, razonables, no discriminatorias y transparentes y en lo que respecta a la prórroga del período transitorio en el que la obligación de compensación no ha de aplicarse a los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por sistemas de planes de pensiones. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (11). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, los cuales también tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(34)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, y en particular en lo que respecta a la suspensión de la obligación de compensación y de la obligación de negociación así como al acceso directo de las autoridades pertinentes de terceros países a la información consignada en los registros de operaciones establecidos en la Unión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables para suspender la obligación de compensación y la obligación de negociación para categorías específicas de derivados extrabursátiles, porque es necesaria una decisión rápida que garantice la seguridad jurídica del resultado del procedimiento de suspensión y, por consiguiente, está debidamente justificado por razones imperiosas de urgencia.

(35)

A fin de garantizar una armonización coherente de la normativa relativa a las técnicas de reducción del riesgo, la inscripción de los registros de operaciones y los requisitos de notificación; debe conferirse a la Comisión la facultad de adoptar normas técnicas de regulación elaborados por la ABE o la AEVM en relación con los siguientes elementos: los procedimientos de supervisión destinados a garantizar la validación inicial y continua de los procedimientos de gestión del riesgo que exigen un intercambio de garantías oportuno, exacto y con una segregación adecuada; los pormenores de la solicitud simplificada de extensión de la inscripción de un registro de operaciones que esté ya inscrito con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2365; los procedimientos para la conciliación de los datos entre registros de operaciones y de los procedimientos que debe aplicar el registro de operaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de notificación por parte de la contraparte notificante o la entidad que presenta la información, para verificar la integridad y corrección de los datos notificados, los términos y condiciones, modalidades prácticas y requisitos en materia de documentación con arreglo a los cuales determinadas entidades obtienen acceso a los registros de operaciones. La Comisión debe adoptar las citadas normas técnicas de regulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE y los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 1095/2010.

(36)

La Comisión debe estar facultada asimismo para adoptar las normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM en relación con los estándares de datos por lo que respecta a la información que ha de ser notificada para las diferentes categorías de derivados y los métodos y mecanismos para notificarla, así como el formato de la solicitud de extensión de la inscripción de los registros de operaciones ya inscritos con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2365. La Comisión debe adoptar las citadas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución de conformidad con el artículo 291 del TFUE y el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

(37)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar que las normas son proporcionales, no conllevan cargas administrativas y costes de conformidad innecesarios, no ponen en riesgo la estabilidad financiera, y aumentan la transparencia de las posiciones y exposiciones en derivados extrabursátiles, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, ésta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(38)

La aplicación de ciertas disposiciones del presente Reglamento ha de posponerse para establecer todas las medidas de ejecución esenciales y permitir a los participantes en el mercado adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento.

(39)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 648/2012 en consecuencia.