5.9.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 301/69


RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 9 de julio de 2019

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Italia

(2019/C 301/12)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Este estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «las recomendaciones para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 5. En particular, la adopción de medidas en el ámbito de la Administración pública, la justicia y la competencia contribuirá a poner en práctica la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la resiliencia de los mercados de productos y a la calidad de las instituciones; centrar la política de inversiones en los ámbitos especificados y utilizar los resultados positivos no previstos para la reducción de la deuda pública ayudará a poner en práctica la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta al apoyo a la inversión y a la reconstitución de las reservas presupuestarias; las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad y hacer que la presión fiscal deje de ejercerse predominantemente sobre los factores de producción contribuirán a la puesta en práctica de la tercera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al funcionamiento del mercado de trabajo, y las medidas para mejorar los balances de los bancos ayudarán a aplicar la cuarta recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la reducción de los préstamos dudosos.

(3)

El informe específico de 2019 sobre Italia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la prolongada dinámica de alto nivel de endeudamiento de la Administración pública y de escasa productividad entraña riesgos con incidencia transfronteriza. Reviste especial importancia adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y sobre la unión económica y monetaria, habida cuenta del tamaño y la incidencia transfronteriza de la economía de este país.

(4)

El 19 de abril de 2019, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones. El Programa Nacional de Reformas de Italia para 2019 solo aborda parcialmente los problemas estructurales puestos de manifiesto en las recomendaciones específicas por país de 2018 y en muchos casos no aporta información pormenorizada sobre los escasos nuevos compromisos que figuran en él, ni sobre su calendario de aplicación. Sin embargo, la estrategia de reforma que plantea se basa en importantes reformas que se encuentran ya en fase de preparación en diferentes ámbitos, lo que pone de manifiesto una continuidad general con respeto a anteriores programas nacionales de reforma.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han tenido en cuenta las recomendaciones específicas pertinentes por país. Tal como dispone el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones a su acuerdo de asociación y programas correspondientes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el déficit global aumente, pasando del 2,1 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 2,4 % en 2019, y disminuya gradualmente a continuación hasta situarse en el 2,1 % en 2020 y el 1,5 % en 2022. Estas previsiones se basan en una subida del IVA (1,3 % del PIB en 2020 y 1,5 % del PIB a partir de 2021) que se adoptaría mediante la activación de una «cláusula de salvaguardia» a fin de alcanzar los objetivos presupuestarios a partir de 2020. Basándose en el saldo estructural recalculado (6), durante el período de duración del Programa no está previsto alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, que se ha modificado (de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales en 2019 a un superávit del 0,5 % del PIB en términos estructurales en 2020). Por lo que respecta a la ratio deuda pública/PIB, el Programa de Estabilidad de 2019 prevé que, tras el aumento registrado en 2018 (hasta el 132,2 % del PIB, frente al 131,4 % en 2017), aumente en 0,4 puntos porcentuales del PIB, hasta el 132,6 %, en 2019, y descienda al 128,9 % en 2022. Estas previsiones se basan en el supuesto de que se obtendrán ingresos procedentes de la privatización equivalentes al 1 % del PIB en 2019 y el 0,3 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Sin embargo, en los últimos años, las subidas del IVA adoptadas mediante «cláusulas de salvaguardia» han sido derogadas sistemáticamente sin que se hayan adoptado las oportunas medidas de financiación alternativas, y los objetivos en materia de privatización no se han alcanzado. Basándose en que no haya cambios en las políticas, las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión se inclinan por un crecimiento del PIB nominal más bajo y un déficit público más elevado en 2020 que los previstos en el Programa de Estabilidad de 2019. Las previsiones de la Comisión no incorporan la subida del IVA mediante la activación de una «cláusula de salvaguardia» en 2020.

(7)

El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Italia de la norma en materia de deuda en 2018. Tras una evaluación de todos los factores pertinentes, el informe concluye que debe considerarse que no se cumple el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/1997 del Consejo, y que se justifica por tanto la activación de un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda.

(8)

A raíz de la solicitud formulada en el proyecto de plan presupuestario revisado para 2019, el Programa de Estabilidad de 2019 confirma que el impacto presupuestario del derrumbe del Puente Morandi en Génova y de las condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas registradas en 2018 ha sido significativo y aporta pruebas suficientes del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. En particular, el Programa señala que el presupuesto de 2019 incluye gastos excepcionales equivalentes a aproximadamente el 0,2 % del PIB vinculados a un programa extraordinario de mantenimiento de la red de carreteras y a un plan de prevención para limitar los riesgos hidrogeológicos. Debido a su vinculación directa con el derrumbe del Puente Morandi en Génova y las adversas condiciones meteorológicas de 2018, puede concederse un trato específico a los gastos de mantenimiento extraordinario de las carreteras y de prevención de riesgos hidrogeológicos aplicándoles la «cláusula relativa a acontecimientos excepcionales». Según la Comisión, los gastos adicionales admisibles en 2019 en relación con estas medidas ascienden al 0,18 % del PIB. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional en la medida en que el derrumbe del Puente Morandi y las condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas se consideran acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas de Italia es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida por permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. En la primavera de 2020 se realizará una evaluación final en la que se incluirán los importes admisibles, sobre la base del análisis de los datos de 2019 facilitados por las autoridades italianas.

(9)

El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Italia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no superara el 0,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Esta conclusión no se modificaría incluso aunque el impacto presupuestario del programa de mantenimiento extraordinario de la red de carreteras tras el derrumbe del Puente Morandi en Génova y del plan preventivo para limitar los riesgos hidrogeológicos a raíz de unas condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas no se tuviera en cuenta en la evaluación del requisito del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019.

(10)

En 2020, habida cuenta de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas italianas, superior al 60 % del PIB, y la brecha de producción prevista del –0,1 %, el gasto público primario neto debería reducirse en un 0,1 %, en términos nominales, en consonancia con el ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión en el supuesto de que no se modifique la política económica, existe el riesgo de que se produzca una desviación significativa respecto del requisito en 2020. En principio, no se prevé que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2019 y 2020. Además, la elevada ratio de deuda pública de Italia, que se sitúa en torno al 132 % del PIB, supone que se están asignando recursos significativos para financiar los costes del servicio de la deuda, en detrimento de partidas más generadoras de crecimiento, tales como la educación, la innovación y las infraestructuras. En general, el Consejo considera que para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento deben adoptarse las medidas necesarias ya a partir de 2019. Sería importante utilizar los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas.

(11)

El sistema tributario italiano sigue imponiendo una pesada carga a los factores de producción, en detrimento del crecimiento económico. La elevada presión fiscal sobre el trabajo y el capital desincentiva el empleo y la inversión. En el presupuesto de 2019 se ha reducido la imposición de los trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas. Sin embargo, se ha incrementado al mismo tiempo de forma temporal la presión fiscal de las empresas a nivel agregado, en particular de las entidades financieras. El recurso a bases imponibles menos perjudiciales para el crecimiento, como las correspondientes a la propiedad y el consumo, es una opción infrautilizada, lo que deja cierto margen para desplazar de manera neutra desde el punto de vista presupuestario la presión fiscal sobre el trabajo y el capital. El impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles que grava las primeras residencias fue derogado en 2015, incluso para las rentas más altas. Además, los valores del suelo y de la construcción («valores catastrales»), que sirven de base para el cálculo del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, han quedado en gran parte obsoletos, y aún sigue pendiente una reforma que los adapte a los actuales valores de mercado. El número y el volumen de los gastos tributarios, en particular de los relativos a la reducción de los tipos del impuesto sobre el valor añadido, son elevados, y su racionalización se ha pospuesto sistemáticamente en los últimos años. También existe margen para aliviar la carga que pesa sobre las empresas y las familias que cumplen con sus obligaciones tributarias mediante la reducción de la complejidad de la legislación tributaria y el aumento del nivel general de dicho cumplimiento. En particular, la brecha del IVA (o sea, la diferencia entre los ingresos en concepto de IVA que deberían percibirse en teoría y los recaudados realmente) es una de las más elevadas de la Unión. Una de las razones de este fenómeno es el elevado nivel de evasión fiscal, vinculado especialmente a la omisión de facturación. La transmisión electrónica obligatoria de los tickets de compra correspondientes a todas las operaciones comerciales con consumidores finales supone un paso positivo de cara a la subsanación de esta brecha. Sin embargo, en los últimos años, se han incrementado los umbrales legales aplicables a los pagos en efectivo, lo que podría desincentivar el recurso a los pagos electrónicos. En cambio, el fomento de dichos pagos podría incentivar la expedición de facturas, mejorándose así el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

(12)

El gasto en pensiones en Italia, que en 2017 se situó en torno al 15 % del PIB, es uno de los más elevados de la Unión, y aumentará previsiblemente a medio plazo debido al empeoramiento de la ratio de dependencia de las personas de la tercera edad. El presupuesto de 2019 y el decreto-ley por el que se aplica el nuevo régimen de jubilación anticipada de enero de 2019 suponen un retroceso en comparación con algunos aspectos de las anteriores reformas de las pensiones y menoscaban la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Estas disposiciones nuevas aumentarán aún en mayor medida el gasto en pensiones a medio plazo. Entre 2019 y 2021, el nuevo régimen de jubilación anticipada («Quota 100») permitirá a los trabajadores retirarse a los 62 años si han cotizado durante 38 años. Además, se ha ampliado el ámbito de aplicación de las disposiciones vigentes en materia de jubilación anticipada, por ejemplo a través de la suspensión hasta 2026 de la indexación de la cotización mínima requerida en función de la esperanza de vida, medida que se había introducido mediante anteriores reformas de las pensiones. Los fondos asignados en el presupuesto de 2019 a la financiación de estas disposiciones equivalen al 0,2 % del PIB en 2019 y el 0,5 % del PIB en 2020 y 2021, aunque también se prevén costes adicionales en los años siguientes. El elevado gasto público en pensiones limita otros gastos sociales o favorables al crecimiento, como los correspondientes a la educación y la inversión, y restringe los márgenes existentes para reducir la pesada carga fiscal y la elevada deuda pública. Por otra parte, la ampliación de la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada podría afectar negativamente a la oferta de mano de obra, en un contexto en el que Italia se encuentra ya rezagada con respecto a la media de la Unión en lo que se refiere a la participación de los trabajadores de más edad (55 a 64 años) en el empleo, lo que frena el potencial de crecimiento y empeora la sostenibilidad de la deuda pública. A fin de limitar el aumento del gasto en pensiones, deberían aplicarse plenamente las reformas de las pensiones adoptadas previamente para frenar los pasivos implícitos derivados del envejecimiento de la población. Además, se podría lograr un ahorro mediante la intervención en los derechos de pensión elevados no compensados con cotizaciones, respetando al mismo tiempo los principios de equidad y proporcionalidad.

(13)

Pese a la ralentización de la economía, el empleo siguió aumentando en 2018, aunque a un ritmo algo más lento que en el año anterior. El número de personas con empleo alcanzó los 23,2 millones al final del año, superándose los niveles previos a la crisis. La tasa de empleo (en la población de entre 20 y 64 años) aumentó al 63 % el año pasado, pero sigue situándose muy por debajo de la media de la Unión (73,2 %). Por otra parte, las diferencias regionales son importantes y se mantiene la segmentación de un mercado laboral en el que en 2018 se registró un crecimiento adicional del porcentaje de contratos temporales. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido hasta situarse en el 10,6 %, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración siguen siendo elevados, lo que lastra el potencial de crecimiento y la cohesión social. La inactividad es predominante entre las mujeres, las personas poco cualificadas y los jóvenes. Por otra parte, el porcentaje de jóvenes (de edades comprendidas entre 15 y 24 años) que carecen de empleo, pero que tampoco cursan estudios ni siguen una formación profesional, es el más elevado de la Unión y alcanzó un 19,2 % en 2018. El trabajo a tiempo parcial no voluntario es asimismo un fenómeno ampliamente extendido, lo que apunta a la persistencia de la atonía del mercado laboral.

(14)

Las desigualdades de renta y el riesgo de pobreza son elevados, con grandes disparidades regionales y territoriales. En 2017, el 28,9 % de la población se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que se sitúa por encima de los niveles anteriores a la crisis y muy por encima de la media de la Unión de 2017 (22,4 %). Los menores, sobre todo los de origen inmigrante, se ven especialmente afectados por este problema. La pobreza de las personas con empleo es elevada y va en aumento, en particular entre los trabajadores temporales y de origen inmigrante. Los trabajadores autónomos, que representan el 20,8 % de la población activa (frente a una media del 13,7 % de la Unión), suelen gozar de menor protección frente a los riesgos sociales que los trabajadores por cuenta ajena. El acceso a una vivienda asequible y digna también supone un reto, y la prestación de servicios sociales sigue adoleciendo de fragmentación y falta de desarrollo. El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y de las desigualdades es uno de los más bajos de la Unión. El mecanismo de lucha contra la pobreza que se introdujo en 2018 ha sido sustituido por un nuevo régimen de gran calado (la renta de ciudadanía), que mantiene un enfoque de inclusión activa, supeditado a determinadas condiciones. La considerable carga administrativa de los servicios sociales y de empleo representa un reto para la aplicación de la reforma. Su impacto real dependerá del grado de eficacia de las políticas a la hora de facilitar trabajo o formación a las personas, de la medida en que se presten servicios sociales personalizados y de los controles que se efectúen. En particular, la capacidad real para llegar a los más necesitados influirá en el impacto sobre la reducción de la pobreza y la exclusión social. Los resultados del sistema sanitario son, en conjunto, satisfactorios, a pesar de que el volumen de gasto se sitúa por debajo de la media de la Unión. Sin embargo, la prestación de asistencia sanitaria varía en gran medida dependiendo de las regiones, lo que tiene repercusiones en el acceso a dicha asistencia y en la equidad y la eficiencia, y podría mejorarse mediante una mejor administración y un seguimiento de la prestación de niveles de servicios estándar. Es fundamental que la asistencia y los cuidados de larga duración se presten en mayor medida a domicilio y en centros de proximidad para subvenir a las necesidades de las personas discapacitadas y de otros grupos de población desfavorecidos.

(15)

En Italia, el trabajo no declarado es un fenómeno muy extendido, especialmente en las regiones meridionales. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, el valor de la economía sumergida ascendía a unos 210 000 millones EUR (12,4 % del PIB) en 2016. En torno al 37,2 % de esta cifra corresponde al trabajo no declarado, que afecta en particular a los grupos vulnerables, como los inmigrantes, las mujeres y los menores. La nueva Agencia de Inspección de Trabajo, operativa desde 2017, ha prestado especial atención al fenómeno del «caporalato» en el sector agrario, que se caracteriza por la elevada incidencia de irregularidades y por el riesgo de explotación laboral que entraña, en particular de los inmigrantes irregulares. Con el fin de abordar y prevenir el trabajo no declarado y la explotación laboral y de garantizar unas condiciones laborales justas y seguras, es preciso seguir de cerca las medidas recientemente adoptadas, así como prever otras suplementarias. Por último, es importante garantizar que la puesta en práctica de la renta de ciudadanía maximice los incentivos para el trabajo regular y la transformación del trabajo no declarado en empleo regular, tanto a través de un estrecho seguimiento como de incentivos.

(16)

La mejora de los servicios públicos de empleo a través de la oferta de recursos adicionales y de unas prestaciones de mayor calidad es crucial para la aplicación de la reforma relativa al nuevo régimen de renta de ciudadanía. En el contexto del nuevo régimen de renta de ciudadanía en favor de los trabajadores con salarios más bajos y de los desempleados, la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo que sean eficaces es una herramienta importante para reducir las fricciones en el mercado laboral e incentivar la búsqueda de empleo. A este respecto, es esencial que los servicios de empleo dispongan de suficiente personal cualificado. Una asistencia eficaz en la búsqueda de empleo encaminada a reforzar la formación y mejorar las cualificaciones profesionales es esencial con el fin de mejorar la movilidad laboral y proporcionar a los trabajadores las competencias adecuadas para enfrentarse a los futuros retos del mercado de trabajo y a un entorno laboral cada vez más difícil y competitivo. Recientemente, se han tomado algunas medidas para aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, tales como la definición de indicadores de seguimiento y de normas mínimas, la adopción de una estrategia en favor de los desempleados de larga duración y el desarrollo de una herramienta cualitativa de elaboración de perfiles. No obstante, la eficiencia global de los servicios públicos de empleo y su capacidad para facilitar puestos de trabajo siguen siendo insuficientes, sus resultados varían significativamente entre regiones y su integración con las políticas sociales y educativas es limitada. También es escasa la cooperación con los empresarios.

(17)

La brecha de género en materia de empleo de Italia sigue siendo una de las más elevadas de la Unión y la tasa de empleo femenino del país, aunque en ligero aumento, es considerablemente inferior a la media de la Unión (un 53,1 % frente a un 67,4 % en 2018). La inversión en servicios de asistencia y la participación de la mujer en el mercado laboral siguen siendo insuficientes, como lo son las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y unas políticas adecuadas de conciliación de la vida familiar y profesional. Sigue faltando una estrategia global que fomente la participación de la mujer en el mercado laboral. Aunque el permiso de paternidad obligatorio se ha ampliado marginalmente de cuatro a cinco días, el sistema sigue siendo insatisfactorio. Este factor, unido al escaso desarrollo de los servicios de guardería y de cuidados de larga duración, tiende a impedir que las mujeres con hijos u otros familiares dependientes accedan a un empleo. En 2017, solo el 28,6 % de los niños menores de tres años asistía a establecimientos oficiales de educación de la primera infancia, muy por debajo de la media de la Unión. A la hora de invertir en cuidados infantiles, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración deberían tenerse en cuenta las amplias disparidades geográficas existentes en cuanto a disponibilidad de los servicios. Además, la elevada cuña fiscal que soportan los segundos perceptores de renta en la unidad familiar reduce los incentivos financieros de las mujeres para aceptar un trabajo. Una mayor tasa de actividad de las mujeres, así como unas mayores tasas de actividad en general, podrían fomentar el crecimiento económico, elevando la oferta de mano de obra, aliviando la pobreza y atenuando los riesgos sociales y financieros derivados del envejecimiento de la población.

(18)

La reforma del marco de negociación colectiva prevista inicialmente tenía por objeto adecuar en mayor medida los sueldos y salarios a las condiciones económicas a nivel regional y empresarial. En marzo de 2018, Confindustria firmó un acuerdo marco con los tres principales sindicatos italianos (Cgil, Cisl y Uil) a fin de ampliar la negociación de segundo nivel. Además, el acuerdo aumentaba la seguridad jurídica estableciendo normas más claras de representación de los interlocutores sociales en las negociaciones e introducía un algoritmo mejorado para la fijación de los salarios mínimos. La patronal y los tres principales sindicatos firmaron el primer acuerdo de aplicación en materia de representatividad, salud y seguridad laboral a finales de 2018.

(19)

La inversión en educación y capacitación es esencial para promover un crecimiento inteligente, integrador y sostenible. La lenta evolución de la productividad en Italia se ve afectada por las deficiencias del sistema de educación y formación y por la escasa demanda de cualificaciones elevadas. La mejora de la calidad del sistema de educación y formación supone un reto importante. La tasa de abandono escolar (abandono escolar prematuro) sigue situándose muy por encima de la media de la Unión (el 14,5 % frente al 10,6 % en 2018) y los resultados en materia de educación divergen ampliamente en función de las regiones y territorios. Aunque la proporción de fondos dedicados a la educación primaria y secundaria se ajusta en líneas generales a la media de la Unión, emprender esfuerzos adicionales por atraer, contratar de manera eficaz y motivar al profesorado podría contribuir a mejorar los resultados en materia de aprendizaje. El sistema de contratación se basa excesivamente en los conocimientos teóricos, en detrimento de las competencias prácticas, mientras que el componente de formación es limitado. Además, el nivel de los salarios de los docentes italianos sigue siendo bajo en comparación con los niveles internacionales y frente a otros trabajadores con títulos de enseñanza superior. Sus salarios aumentan a un ritmo más lento que los de sus homólogos de otros países, y sus perspectivas de carrera son más limitadas y están basadas en una única trayectoria profesional. Por otro lado, en las promociones se tiene en cuenta exclusivamente la antigüedad, en lugar del mérito. Como consecuencia de ello, la profesión reviste escaso atractivo para las personas muy cualificadas, y el personal docente se encuentra desmotivado, lo que, a su vez, repercute negativamente sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El sistema de contratos de aprendizaje había ido cobrando impulso en los últimos años, pero las medidas adoptadas lo han ido reduciendo. Los estudiantes italianos, ya sean jóvenes o adultos, se encuentran entre los que obtienen peores resultados de la Unión en competencias clave y capacidades básicas. La participación de adultos en el aprendizaje es muy limitada y está disminuyendo, en un contexto en el que la brecha de empleo entre los trabajadores más cualificados y los menos cualificados es una de las más elevadas de la Unión. La mejora de las capacidades es especialmente necesaria en el ámbito de las competencias digitales. Hasta la fecha se han registrado avances limitados en el desarrollo de capacidades e infraestructuras digitales. La inversión en capital humano es un requisito previo para estimular la inversión pública y privada, y las medidas actuales para impulsar las competencias digitales y el aprendizaje de adultos carecen de un enfoque global. Los niveles de competencia digital básica y avanzada son inferiores a la media de la Unión: solo el 44 % de las personas de edades comprendidas entre 16 y 74 años disponen de competencias digitales básicas (frente al 57 % en la Unión).

(20)

En Italia, la escasa inversión en el desarrollo de competencias está ralentizando la transición hacia una economía basada en el conocimiento, frenando el crecimiento de la productividad y limitando el potencial para mejorar la competitividad no relacionada con los precios y el crecimiento del PIB. Las lagunas existentes en materia educativa también contribuyen a explicar la menor productividad de las microempresas y pequeñas empresas italianas en comparación con las de otros países. El sistema de enseñanza superior está infrafinanciado y carece de personal suficiente, y el alcance de la enseñanza superior con orientación profesional es limitado, pese a los elevados índices de empleabilidad. La proporción de personas con un título universitario sigue siendo baja (el 27,9 % de la población de 30 a 34 años en 2018) y ello va unido a una disponibilidad relativamente escasa de estos titulados superiores, especialmente en los ámbitos científico y técnico; las inversiones específicas en capacitación son un requisito previo para impulsar tanto la inversión pública como la privada, especialmente en activos intangibles. Es necesario impulsar los estudios en ámbitos relacionados con los sectores intensivos en conocimientos y reforzar las competencias específicas, como las digitales y las financieras.

(21)

La adopción por parte de las empresas más pequeñas de estrategias para aumentar la productividad, relacionadas con la innovación en materia de productos, procesos y organización, sigue siendo limitada, especialmente en el sur de Italia. La inversión en activos intangibles se ha situado considerablemente por debajo de la media de la Unión desde principios del siglo XXI. El gasto de las empresas en investigación y desarrollo equivale casi a la mitad de la media de la zona del euro. El apoyo público a los gastos de las empresas en investigación y desarrollo sigue siendo escaso, aunque va mejorando gracias al mayor papel que están cobrando los incentivos fiscales. El gasto público en investigación y desarrollo también se encuentra por debajo de la media de la zona del euro. La exigua innovación podría ralentizar asimismo la transición hacia una economía ecológica. La mejora de los resultados del país en materia de innovación exige una mayor inversión en activos intangibles, así como un mayor énfasis en la transferencia de tecnología, tomando en consideración las deficiencias regionales y el tamaño de las empresas. Recientemente se han anunciado en el presupuesto algunas medidas para promover tecnologías innovadoras. El apoyo público al gasto de las empresas en investigación y desarrollo puede mejorarse mediante una combinación equilibrada de medidas directas e indirectas y una evaluación en profundidad de los incentivos fiscales temporales existentes a fin de conferir carácter permanente a los que resulten más eficientes. Las medidas de apoyo al conocimiento (como las agrupaciones tecnológicas) y la cooperación interempresarial ayudan a las empresas, en particular a las más pequeñas, a hacer frente a estas dificultades y a incrementar su baja productividad.

(22)

Para mejorar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras del país se requiere inversión. En el sector de los transportes, Italia no ha cumplido su estrategia de inversión en infraestructuras (Connettere l’Italia). Se han realizado progresos muy limitados en la ejecución de las inversiones previstas en transporte ferroviario y por carretera, y en movilidad urbana sostenible. Ello se debe a los retrasos administrativos, a la ineficiencia del gasto, a la aplicación incompleta del nuevo Código sobre contratación pública y concesiones y sobre litigios. El cuadro de indicadores del transporte de la Unión muestra que la calidad de las infraestructuras italianas es inferior a la media de la Unión. El estado de mantenimiento de las mismas es una fuente de preocupación evidente, que ha quedado patente tras el hundimiento del Puente Morandi en Génova. El Gobierno ha otorgado prioridad al mantenimiento y la seguridad con la adopción de un plan para supervisar el estado de mantenimiento de todas las infraestructuras y la creación de una nueva agencia encargada de la seguridad de las infraestructuras ferroviarias y de carreteras. A este respecto, se concedió a Italia una dotación de 1 000 millones EUR para 2019, en virtud de las normas presupuestarias de la Unión, para que aplicara un plan de inversión destinado a garantizar la seguridad de las infraestructuras de carreteras similares al Puente Morandi. Invertir en transporte e infraestructuras sostenibles es también una manera de abordar los desafíos medioambientales. A fin de alcanzar los ambiciosos objetivos de la Unión para 2030 en materia de cambio climático y energía, son necesarias inversiones sostenidas en el ámbito ecológico. El plan nacional integrado de energía y cambio climático es una fuente de orientación esencial para determinar las necesidades de inversión en el ámbito de la reducción de las emisiones de carbono y la energía. Se necesitan inversiones para mejorar la infraestructura energética: contribuirían a lograr un sistema energético más resiliente, limpio, seguro y flexible, al tiempo que fortalecerían la integración del mercado y reducirían las diferencias de precios. La red eléctrica italiana todavía no está suficientemente equipada para hacer frente al aumento de los intercambios transfronterizos ni a la magnitud de la intermitencia de las energías renovables según se prevé para 2030. Es necesario invertir en la prevención de riesgos hidrogeológicos y sísmicos a fin de reducir los gastos para hacer frente a casos de urgencia, incluidos los destinados a infraestructuras. Se ha concedido a Italia una dotación de 2 100 millones EUR para 2019, en virtud de las normas presupuestarias de la Unión, a fin de que garantice la prevención frente a los principales riesgos hidrogeológicos. Por último, no se están realizando suficientes inversiones efectivas en gestión de residuos ni en infraestructura hídrica en la Italia meridional, a pesar de la persistencia de los riesgos de escasez de agua y de sequía. La fragmentación del sector, unida al débil perfil de crédito de los operadores más pequeños, sigue siendo un obstáculo a la inversión. La inversión, como la destinada a atajar el cambio climático y a promover la sostenibilidad medioambiental, la prevención de riesgos y la conectividad rural, también contribuiría a atenuar las disparidades regionales. En las zonas rurales, la instalación de la red de banda ancha se encuentra también menos avanzada. Por lo que se refiere a la cobertura de la banda ancha ultrarrápida (100 Mbps y superior), Italia sigue rezagada (un 24 % únicamente, frente a una media del 60 % en la Unión) y se clasifica casi en el último puesto (el vigesimoséptimo), con una tasa de crecimiento aún muy moderada. Tanto la cobertura de la banda ancha ultrarrápida como su grado de adopción por la población muestran resultados muy inferiores a las medias de la Unión.

(23)

La escasa capacidad del sector público para administrar fondos, especialmente a escala local, representa un obstáculo a la inversión en todos los sectores y se debe a la complejidad de los procedimientos, el solapamiento de responsabilidades y la mala gestión del empleo público. La inadecuación de las competencias de los empleados del sector público limita su capacidad para evaluar, seleccionar y gestionar los proyectos de inversión. Ello socava a su vez la ejecución de los fondos de la Unión, aspecto en el que Italia va a la zaga en comparación con la media de la Unión. En el sur del país, la menor calidad de la gobernanza limita gravemente la capacidad de gasto y de formulación de políticas. La mejora de la capacidad administrativa es un requisito previo para la aplicación eficaz de la inversión pública y el uso de los fondos de la Unión, con efectos indirectos positivos sobre la inversión privada y el crecimiento del PIB. Estas mejoras podrían conferir mayor impacto a las inversiones en los ámbitos de la banda ancha, el transporte, la gestión hidrológica y la economía circular, especialmente en la Italia meridional, que acumula retrasos principalmente en términos de inversiones inmateriales. La mejora de la capacidad administrativa de los entes centrales y locales tendría una repercusión favorable sobre la planificación, la evaluación y el seguimiento de los proyectos de inversión, así como sobre la determinación y la superación de los posibles obstáculos.

(24)

El aumento de la eficiencia de la Administración Pública italiana y de su capacidad de responder a las necesidades de las empresas tendría un impacto favorable sobre el entorno empresarial, la inversión y la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades de innovación. En 2015, se adoptó una Ley general de reforma de la Administración Pública. La reforma se refería a la mayor parte de las fuentes de ineficiencia, como la larga duración y la complejidad de los procedimientos, la falta de transparencia, la gestión ineficaz del empleo público, la gestión ineficiente de las empresas de propiedad pública y la escasa informatización. A finales de 2017, se había aplicado la mayor parte de la reforma, y en la actualidad prosigue su ejecución con el apoyo de la nueva ley de «Concretezza». Sin embargo, la falta de coherencia en la planificación, los escasos recursos financieros y una coordinación insuficiente están retrasando la implantación de los servicios públicos digitales en ámbitos clave tales como los sistemas de pago en línea, que contribuiría a reducir la complejidad y a aumentar la transparencia. La elevada media de edad y las escasas competencias digitales medias de los empleados públicos están ralentizando aún más el proceso. No obstante, cuando se combinan unos objetivos claros con una aplicación efectiva, se obtienen resultados evidentes, como ha dejado patente el rápido desarrollo del mercado electrónico para las Administraciones Públicas y la facturación electrónica. La reforma de la Administración Pública de 2015 también preveía un nuevo marco de reforma de la gestión de los servicios públicos locales. Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional de Italia declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de una serie de decretos legislativos, incluido el relativo a los servicios públicos locales. Así pues, será preciso adoptar una nueva iniciativa legislativa que fomente la eficiencia y la calidad de estos servicios, en particular otorgando prioridad a las ofertas competitivas sobre las soluciones internas o las subvenciones.

(25)

La Nota de Actualización del Documento Económico y Financiero 2018 (NADEF 2018) determinó que la preparación de los proyectos y la mejora de la calidad del ciclo del proyecto eran factores esenciales para la reactivación de un gasto en inversión efectivo en Italia. En el mismo documento, se informaba de la constitución de un fondo de subvenciones específico para la preparación y revisión de proyectos relacionados con infraestructuras clave. Se preveía además otro fondo de subvenciones para la preparación de proyectos de menor envergadura ejecutados por entes locales. Sin embargo, aún no se ha dictado el decreto de aplicación de ninguno de los dos fondos, y la dotación asignada a los mismos podría ser inferior a la que se presentó inicialmente en el DEF de 2018. En la Ley de Presupuestos de 2019, se menciona la creación de una «Centrale per la proggetazione», pero este organismo aún no está operativo, y su creación parece requerir un esfuerzo a largo plazo. Por lo que se refiere a la funcionalidad, no está claro el modo de interacción de esta Centrale per la proggetazione con los municipios y otros entes locales.

(26)

La mejora del entorno empresarial facilitaría el emprendimiento, y la mejora de las condiciones marco para la competencia favorecería una asignación más eficiente de los recursos y traería consigo un aumento de la productividad. La ley anual en materia de competencia de 2015, adoptada en agosto de 2017, ha de aplicarse correctamente. Por otro lado, persisten importantes obstáculos a la competencia en determinados sectores, como los servicios empresariales y el comercio minorista. La mejora de la calidad del marco regulador garantizaría unas condiciones de competencia equitativas tanto en favor de las plataformas innovadoras como de los operadores tradicionales, liberando todo el potencial de la economía colaborativa y favoreciendo una competencia más leal en todos los sectores. Potenciar los procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público y concesiones de acceso a bienes públicos repercutiría positivamente en la calidad de los servicios. La falta de estabilidad normativa en el sistema de contratación pública podría poner en peligro algunos beneficios esenciales de anteriores reformas y contribuir a aplazar la inversión. La vigilancia del mercado de productos se reparte entre diversas organizaciones, presenta numerosos solapamientos y carece de sistemas para una coordinación eficaz. Ello reduce la eficacia de los controles destinados a evitar la competencia desleal de las empresas que no cumplen las normas.

(27)

La escasa eficiencia del sistema judicial civil italiano sigue siendo motivo de preocupación. En 2017, el tiempo necesario para resolver contenciosos civiles y mercantiles en Italia seguía siendo el más largo de la Unión en todas las instancias. Aunque la duración de los procedimientos en primera instancia registró un aumento frente a 2016, las anteriores reformas están empezando a incidir positivamente en la duración de los juicios en las instancias superiores, aunque todavía hay margen para limitar abusos en los procesos y garantizar un funcionamiento más eficiente de los tribunales. El elevado número de causas que entran en el Tribunal Supremo de Casación, combinado con unos porcentajes de resolución inferiores en su sección tributaria, afecta negativamente a la eficiencia del Tribunal y suscita preocupación respecto del sistema de justicia tributaria en primera y segunda instancia. En general, la adecuada aplicación de unas normas procesales más sencillas podría contribuir a acelerar de forma decisiva los juicios civiles. A este respecto, se ha anunciado una reforma para racionalizar los procesos civiles que, no obstante, aún no se ha presentado al Parlamento. Otros retos aún pendientes son la utilización limitada y poco sistemática del filtro de inadmisibilidad en los recursos en segunda instancia, las numerosas vacantes para el personal administrativo y las diferencias persistentes entre los órganos jurisdiccionales en cuanto a la eficacia de la gestión de los casos.

(28)

Italia ha realizado recientemente algunos avances en la mejora de su marco de lucha contra la corrupción, en particular mediante una mayor protección de los denunciantes de irregularidades, un papel reforzado de la autoridad nacional de lucha contra la corrupción en la aplicación de dicho marco y la adopción de una nueva ley de lucha contra la corrupción en enero de 2019. Esta última pretende impulsar la detección y represión de la corrupción a través de la imposición de sanciones más severas, mejores técnicas de investigación y un régimen de clemencia para quienes denuncien la corrupción. La ley también suprime los plazos de prescripción tras una condena en primera instancia, pero solo a partir de 2020. Esta última medida es una paso positivo y esperado desde hace tiempo que está en consonancia con las normas internacionales. Sin embargo, en Italia, la represión de la corrupción sigue siendo ineficaz, debido principalmente a la duración de los procesos penales, que aún es excesiva, puesto que no se ha procedido a su necesaria reforma (en particular en cuanto al sistema de recurso para evitar un uso abusivo de los litigios). Además, persisten lagunas en la persecución de delitos específicos, como la malversación de fondos públicos.

(29)

Los bancos italianos han seguido progresando adecuadamente en el saneamiento de su balance, pese a haber surgido nuevas presiones del mercado. Sin embargo, como consecuencia de su elevado nivel de exposición a la deuda soberana, la volatilidad del mercado ha afectado negativamente a sus posiciones de capital, lo que ha incidido en los costes de financiación y dificultado en mayor medida su acceso a financiación mayorista no garantizada. La continuación de la reducción del remanente de préstamos dudosos y morosos sigue estando justificada, especialmente en el caso de los bancos pequeños y de segundo nivel, a fin de continuar defendiendo la estabilidad financiera y reforzando la concesión de crédito a la economía. Lograr que los bancos, especialmente los de pequeñas dimensiones, progresen en el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de financiación impulsaría también la resiliencia del sistema frente a perturbaciones externas. Es importante asimismo hacer frente a la baja rentabilidad de los bancos, que reviste carácter estructural, mediante el aumento de la eficiencia y la optimización de los modelos de empresa. Una aplicación oportuna de los decretos de reforma en materia de insolvencia contribuiría a acelerar los procedimientos de ejecución hipotecaria y de ejecución de garantías, que siguen siendo lentos, y a reforzar aún más la resiliencia del sector bancario. Toda indemnización concedida por el Estado a los accionistas y titulares minoristas de deuda subordinada de bancos inmersos en el pasado en procedimientos de liquidación administrativa debería destinarse estrictamente a paliar los efectos sociales de anteriores ventas abusivas. Es preciso seguir mejorando la gobernanza del sistema bancario mediante la rápida compleción de la reforma de las grandes cooperativas de crédito de 2015, una vez conseguida la claridad jurídica.

(30)

El crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiación de las empresas. Sin embargo, las más pequeñas e innovadoras siguen teniendo dificultades para acceder al crédito, especialmente en la Italia meridional. El mercado de capitales está poco desarrollado en comparación con el de otros Estados miembros, debido en particular a factores que limitan la demanda, como por ejemplo la escasa cultura financiera, el temor a perder el control sobre la empresa y los gravosos requisitos administrativos. En los últimos años, se han introducido diversas medidas para mejorar el acceso a la financiación que se han orientado en su mayoría hacia el canal de crédito bancario, aunque se han adoptado asimismo otras basadas en el mercado como, por ejemplo, los «minibonos», el mercado de inversiones alternativo, el capital riesgo y el apoyo público directo, que también han contribuido a que las empresas más pequeñas e innovadoras obtuvieran financiación. La supresión en el presupuesto de 2019 de la bonificación aplicada al capital social puede reducir los incentivos para que las empresas recurran a la financiación con fondos propios. El impulso efectivo del acceso a financiación no bancaria requiere tener en cuenta las necesidades de las empresas más pequeñas e innovadoras, así como la capacidad de los inversores para evaluar los proyectos de inversión. La diversificación de las fuentes de financiación permitiría proteger mejor la inversión de las empresas frente a los choques en el sector bancario, apoyando al mismo tiempo la innovación y el crecimiento.

(31)

La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Italia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores señalados, habida cuenta de las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

(32)

En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

(33)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(34)

En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de las cuatro primeras recomendaciones para la zona del euro. Las políticas presupuestarias a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios asociados a la deuda pública elevada.

RECOMIENDA a Italia que adopte medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

1.   

Garantizar una reducción nominal del gasto público primario neto del 0,1 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los resultados positivos no previstos para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. Aligerar la fiscalidad del trabajo, en particular reduciendo el gasto tributario y reformando los valores catastrales, que han quedado obsoletos. Combatir la evasión fiscal, especialmente la derivada de la ausencia de facturación, en particular reforzando el uso obligatorio de los pagos electrónicos, por ejemplo, mediante la disminución de los umbrales legales para los pagos en efectivo. Aplicar plenamente las anteriores reformas del sistema de pensiones con el fin de reducir el porcentaje del gasto público que se destina a las pensiones y de disponer de margen para financiar otros gastos sociales y favorables al crecimiento.

2.   

Intensificar los esfuerzos por combatir el trabajo no declarado. Velar por una integración efectiva de las políticas activas del mercado de trabajo y de las políticas sociales y por la aplicación de las mismas, en particular, en favor de los jóvenes y de los grupos vulnerables. Apoyar la participación de la mujer en el mercado laboral mediante una estrategia global que incluya el acceso a servicios de guardería y a cuidados de larga duración de calidad. Mejorar los resultados en materia educativa, particularmente a través de inversiones adecuadas y específicas, y fomentar una mejora de las capacidades, en especial reforzando las competencias digitales.

3.   

Centrar la política de inversiones en la investigación y la innovación, así como en la calidad de las infraestructuras, tomando en consideración las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de la Administración Pública, en particular invirtiendo en las capacidades de los funcionarios, acelerando la digitalización y aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales. Abordar las restricciones a la competencia, concretamente en el sector minorista y en el ámbito de los servicios empresariales, especialmente mediante la adopción de una nueva ley anual sobre competencia.

4.   

Reducir la duración de los procesos civiles en las diferentes instancias mediante la racionalización y el cumplimiento de las normas procesales, en particular las que están siendo examinadas por el legislador y con especial énfasis en los regímenes de insolvencia. Mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción mediante la reforma de las normas procesales a fin de reducir la duración de los procesos penales.

5.   

Fomentar la reestructuración de los balances, especialmente de los bancos de pequeñas y medianas dimensiones, mejorando la eficiencia y la calidad de los activos, prosiguiendo la reducción de los préstamos dudosos y diversificando las fuentes de financiación. Mejorar la financiación no bancaria en favor de las empresas pequeñas e innovadoras.

Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

Por el Consejo

El Presidente

M. LINTILÄ


(1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

(3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

(4)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 48.

(5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

(6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

(7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

(8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.