13.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/1

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo (2) se adoptó en 2005 y entró en vigor el 30 de julio de 2006. En respuesta a las solicitudes formuladas por el Parlamento Europeo en 2010 (3) y a indicaciones de que medicamentos exportados de la Unión fueron utilizados para aplicar la pena de muerte en un tercer país, las listas de productos enumerados en los anexos II y III de dicho Reglamento, cuyo comercio está prohibido o controlado, fueron modificadas mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1352/2011 de la Comisión (4). La Comisión, asistida por un grupo de expertos, examinó la necesidad de nuevas modificaciones del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 y de sus anexos. En julio de 2014, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 775/2014 de la Comisión (5) modificó los anexos II y III en consecuencia.

(2)

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») adquirió carácter vinculante con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. La definición de la tortura utilizada en el Reglamento (CE) n.o 1236/2005 procede de la Convención de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y sigue siendo válida. La definición de «otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», que no figura en dicha Convención, debe modificarse para armonizarla con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También es preciso aclarar el significado del término «sanciones legítimas» en las definiciones de «tortura» y de «otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», teniendo en cuenta la política de la Unión respecto de la pena de muerte.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 1236/2005 estableció un régimen de licencias de exportación destinado a evitar que los productos enumerados en el anexo III de dicho Reglamento sean utilizados para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(4)

El régimen de licencias de exportación no debe ir más allá de lo que es proporcionado. Por lo tanto, no debe impedir la exportación de medicamentos utilizados para fines terapéuticos legítimos.

(5)

Teniendo en cuenta las diferencias entre la pena de muerte, por un lado, y la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por otro, es conveniente establecer un régimen de licencias de exportación específico a fin de evitar la utilización de determinados productos para aplicar la pena de muerte. Un sistema de estas características debe tener en cuenta que varios países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y han suscrito un compromiso internacional al respecto. Dado que existe un riesgo de reexportación hacia países que aún no han abolido la pena de muerte, deben imponerse determinadas condiciones y requisitos al autorizar las exportaciones a países que la han abolido. Procede, por tanto, conceder una licencia general de exportación para las exportaciones a los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos y han confirmado esa abolición mediante un compromiso internacional.

(6)

Si un país no ha abolido la pena de muerte para todos los delitos y no ha confirmado esa abolición mediante un compromiso internacional, las autoridades competentes deben comprobar, al examinar una solicitud de licencia de exportación, si existe el riesgo de que el usuario final en el país de destino utilice los productos exportados para ese tipo de pena. Deben imponerse condiciones y requisitos adecuados para controlar las ventas o las transmisiones a terceros por parte del usuario final. Si se producen envíos múltiples, entre el mismo exportador y el usuario final, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de examinar periódicamente la situación del usuario final, por ejemplo, cada seis meses, en lugar de cada vez que se concede una licencia de exportación para un envío, sin perjuicio del derecho de las autoridades competentes a anular, suspender, modificar o revocar una licencia de exportación conforme al artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, si procede.

(7)

Con el fin de limitar la carga administrativa para los exportadores, se debe permitir a las autoridades competentes que concedan una licencia global a un exportador para todos los envíos de medicamentos del exportador a un usuario final específico por un período de tiempo determinado, en la que se especifique, cuando sea necesario, una cantidad correspondiente al uso normal de tales productos por parte del usuario final. De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, esa licencia tendrá validez por un período de uno a tres años, con una posible prórroga por otros dos años.

(8)

Conceder una licencia global también resultaría adecuado cuando un fabricante tenga la intención de exportar medicamentos que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 a un distribuidor de un país en el que no se ha abolido la pena de muerte, siempre que el exportador y el distribuidor hayan suscrito un acuerdo jurídicamente vinculante por el que se exija del distribuidor que aplique un conjunto adecuado de medidas que garanticen que los medicamentos no se utilizarán para aplicar la pena de muerte.

(9)

La lista de productos cuya exportación requiere una licencia con el fin de evitar que tales productos sean utilizados para aplicar la pena de muerte debe incluir únicamente productos que hayan sido utilizados para aplicar la pena de muerte en un tercer país que no la haya abolido, así como productos cuya utilización para aplicar la pena de muerte haya sido aprobada en cualquier tercer país, aunque todavía no hayan sido utilizados con ese propósito. No debe incluir productos no letales que no sean esenciales para ejecutar a una persona condenada, como mobiliario corriente que también pueda encontrarse en la cámara de ejecuciones.

(10)

Los medicamentos que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 pueden estar sujetos a controles con arreglo a los convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, como el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Dado que dichos controles no se aplican para evitar que los medicamentos de que se trata sean utilizados a fin de aplicar la pena de muerte, sino para evitar el tráfico ilícito de drogas, los controles a la exportación del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 deben aplicarse además de los controles internacionales. Ahora bien, debe animarse a los Estados miembros a utilizar un procedimiento único para aplicar ambos sistemas de control.

(11)

Con el fin de limitar la carga administrativa para los exportadores, se debe permitir a las autoridades competentes que concedan una licencia global a un exportador en relación con los productos enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 para evitar que los productos de que se trata puedan utilizarse para torturar o infligir otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(12)

Los controles a la exportación con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1236/2005 no deben aplicarse a los productos cuya exportación esté controlada con arreglo a la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (6), el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo (7) y el Reglamento (UE) n.o 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(13)

El Reglamento (CE) n.o 1236/2005 prohíbe la exportación e importación de los productos enumerados en el anexo II de dicho Reglamento, así como la prestación de asistencia técnica relativa a dichos productos. Cuando tales productos se encuentren en terceros países, es necesario prohibir a los intermediarios de la Unión que presten servicios de intermediación en relación con esos productos, en la medida en que no tienen más uso práctico que el de aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de prestar dichos servicios de intermediación contribuiría a la finalidad de proteger la moral pública y de respetar los principios de dignidad humana que subyacen a los valores europeos, tal y como se inscriben en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta.

(14)

La prestación de servicios de intermediación y de asistencia técnica respecto a los productos enumerados en el anexo III o en el anexo III bis del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 deben ser objeto de licencia previa a fin de evitar que los servicios de intermediación o la asistencia técnica contribuyan al uso de los productos a los que se refieren con la intención de aplicar la pena de muerte, o para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(15)

Los servicios de intermediación y la asistencia técnica que el presente Reglamento somete a licencia previa son aquellos que se prestan desde la Unión, es decir, desde los territorios que forman parte del ámbito de aplicación territorial de los Tratados, incluido el espacio aéreo y cualquier aeronave o buque que se encuentre dentro del ámbito de competencia territorial de un Estado miembro.

(16)

A la hora de autorizar la prestación de asistencia técnica relativa a los productos enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, las autoridades competentes deben esforzarse por garantizar que la asistencia técnica y cualquier formación sobre la utilización de estos productos que se preste o se ofrezca junto con la asistencia técnica para la que se ha solicitado la licencia se presten de forma que promuevan las normas de aplicación de la ley que respetan los derechos humanos y contribuyan a evitar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(17)

Habida cuenta de que los productos enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 no tienen más uso práctico que el de aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conviene prohibir a los intermediarios y prestadores de asistencia técnica que presten formación sobre la utilización de estos productos a terceros países y prohibir, asimismo, tanto la promoción de dichos productos en ferias o exposiciones que tengan lugar en la Unión, como la compraventa de espacios publicitarios en medios de comunicación impresos, en internet, en televisión o en radio relacionados con estos productos.

(18)

Con el fin de evitar que los agentes económicos obtengan beneficios del transporte de productos que pasan por el territorio aduanero de la Unión en su camino hacia un tercer país y que están destinados a ser utilizados para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es necesario prohibir el transporte de esos productos en el interior de la Unión si se enumeran en el anexo II o, en caso de que el agente económico tenga conocimiento del uso previsto de los productos, si se enumeran en los anexos III o III bis del Reglamento (CE) n.o 1236/2005.

(19)

Conviene aclarar que los Estados miembros pueden aplicar medidas restrictivas a la prestación de determinados servicios relacionados con los productos enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, de conformidad con las normas de la Unión aplicables.

(20)

Al igual que las autoridades aduaneras deben compartir cierta información con otras autoridades aduaneras a través del sistema de gestión del riesgo aduanero, de acuerdo con la legislación aduanera de la Unión, las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 deben compartir cierta información con otras autoridades competentes, de conformidad con el artículo 11 de dicho Reglamento. Es conveniente exigir que las autoridades competentes utilicen un sistema seguro y cifrado para el intercambio de información sobre denegaciones, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 1236/2005. A tal efecto, la Comisión debe poner a disposición una nueva función en el actual sistema, creado en virtud del artículo 19, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 428/2009.

(21)

Conviene aclarar que, en la medida en que se refiera a datos de carácter personal, el tratamiento y el intercambio de información debe ajustarse a las normas aplicables al respecto de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(22)

A fin de adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que respecta a las modificaciones de los nuevos anexos III bis, III ter, VI y VII del Reglamento (CE) n.o 1236/2005. Cabe recordar que el Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) delegaba en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a las modificaciones de los anexos I, II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.o 1236/2005. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (12). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(23)

A fin de permitir a la Unión responder con rapidez en caso de que se desarrollen nuevos productos que puedan ser utilizados para aplicar la pena de muerte, o para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en caso de que exista un riesgo claro e inmediato de que esos productos vayan a ser utilizados con fines que comporten ese tipo de violaciones de los derechos humanos, conviene disponer la aplicación inmediata del correspondiente acto de la Comisión cuando, en caso de modificación de los anexos II o III del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, existan razones imperiosas de urgencia para dicha modificación. A fin de permitir a la Unión responder con rapidez en caso de que uno o más terceros países aprueben la utilización de determinados productos para aplicar la pena de muerte, o bien acepten o incumplan un compromiso internacional de abolir la pena de muerte para todos los delitos, conviene disponer la aplicación inmediata del acto pertinente de la Comisión cuando, en caso de modificación de los anexos III bis o III ter del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, razones imperiosas de urgencia lo requieran. Siempre que se recurra al procedimiento de urgencia, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos.

(24)

Procede establecer un grupo de coordinación. Este grupo debe actuar como plataforma para que los expertos de los Estados miembros y la Comisión intercambien información relativa a las prácticas administrativas y aborden las cuestiones relacionadas con la interpretación del presente Reglamento, los aspectos técnicos sobre los productos enumerados, los progresos relacionados con el presente Reglamento y todas las demás cuestiones que pudieran surgir. El grupo podría, en particular, abordar los aspectos relacionados con la naturaleza y el efecto perseguido de los productos, su disponibilidad en terceros países y la cuestión relativa a si los productos están diseñados o modificados específicamente para aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si la Comisión decidiera consultar al grupo con respecto a la elaboración de actos delegados, debe hacerlo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

(25)

La Comisión no adquiere material con el fin de hacer cumplir la ley, dado que no es responsable del mantenimiento de la ley y el orden, de los procedimientos judiciales en materia penal ni de la ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito penal. Por lo tanto, debe establecerse un procedimiento para garantizar que la Comisión reciba información sobre el material destinado a hacer cumplir la ley y los productos comercializados en la Unión que no figuran en las listas, a fin de garantizar que las listas de productos cuyo comercio está prohibido o controlado se actualicen para tener en cuenta nuevos cambios. Cuando un Estado miembro presente una solicitud a la Comisión para añadir productos a los anexos II, III o III bis del Reglamento (CE) n.o 1236/2005, el Estado miembro solicitante debe remitir su solicitud a los demás Estados miembros.

(26)

Con el fin de dar a los agentes económicos y a las autoridades competentes cierto tiempo para solicitar y conceder las autorizaciones necesarias, conviene prever un corto período de transición para la aplicación de los nuevos controles aplicables a los servicios de intermediación y a la asistencia técnica.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece las normas de la Unión que rigen el comercio con terceros países de productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las normas que rigen la prestación de servicios de intermediación, de asistencia técnica, formación y publicidad relacionada con dichos productos.».

2)

El artículo 2 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 3, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Se prohibirá toda exportación de los productos enumerados en el anexo II, independientemente de su origen.

El anexo II comprenderá productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se prohibirá a un prestador de asistencia técnica prestar asistencia técnica relativa a los productos enumerados en el anexo II a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella.».

4)

En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Se prohibirá cualquier importación de los productos enumerados en el anexo II, independientemente de su origen.

Se prohibirá a toda persona, entidad u organismo de la Unión la aceptación de asistencia técnica relativa a los productos enumerados en el anexo II, prestada desde un tercer país, con contrapartida o sin ella, por cualquier persona, entidad u organismo.».

5)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 4 bis

Prohibición de tránsito

1.   Se prohibirá el tránsito de los productos enumerados en el anexo II.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente podrá autorizar el tránsito de los productos enumerados en el anexo II si se demuestra que, en el país de destino, estos serán utilizados exclusivamente para su exposición pública en un museo debido a su significado histórico.

Artículo 4 ter

Prohibición de servicios de intermediación

Se prohibirá a un intermediario proporcionar a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país servicios de intermediación en relación con los productos enumerados en el anexo II, independientemente de su origen.

Artículo 4 quater

Prohibición de formación

Se prohibirá a un prestador de asistencia técnica o a un intermediario proporcionar u ofrecer a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país formación sobre la utilización de los productos enumerados en el anexo II.

Artículo 4 quinquies

Ferias

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya sean residentes o estén establecidos en un Estado miembro o no, mostrar o poner a la venta cualquiera de los productos enumerados en el anexo II en una exposición o feria que tenga lugar en la Unión, a menos que se demuestre que, dada la naturaleza de la exposición o feria, su muestra o venta no conlleva ni promociona la venta o suministro de los productos en cuestión a ninguna persona, entidad u organismo de un tercer país.

Artículo 4 sexies

Publicidad

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, residente o establecido en un Estado miembro que vende o compra espacios publicitarios desde dentro de la Unión, a toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado miembro que vende o compra espacios publicitarios o tiempo publicitario desde dentro de la Unión, y a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido en virtud del Derecho de un Estado miembro que vende o compra espacios publicitarios desde dentro de la Unión, comprar o vender a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país espacios publicitarios en medios de comunicación impresos, en internet, en televisión o en radio relacionados con los productos enumerados en el anexo II.

Artículo 4 septies

Medidas nacionales

1.   Sin perjuicio de las normas de la Unión, incluida la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad, los Estados miembros podrán adoptar o mantener medidas nacionales que restrinjan el transporte, los servicios financieros, el seguro o reaseguro, o la publicidad o promoción generales en relación con los productos enumerados en el anexo II.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda medida adoptada en aplicación del apartado 1. Las medidas vigentes deberán comunicarse a más tardar el 17 de febrero de 2017. Las nuevas medidas, las modificaciones y las derogaciones se notificarán antes de su entrada en vigor.».

6)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Se requerirá una licencia para cualquier importación de los productos enumerados en el anexo III, independientemente de su origen. No obstante, no se requerirá licencia para los productos que se limiten a pasar por el territorio aduanero de la Unión, es decir, aquellos a los que no se dé otro tratamiento aduanero que el régimen de tránsito externo en virtud del artículo 226 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, incluido el almacenamiento de productos que no proceden de la Unión en una zona franca.

El anexo III incluirá exclusivamente los siguientes productos que pueden utilizarse para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

El anexo III no incluirá los productos siguientes:

(*2)  Reglamento (UE) n.o 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la falsificación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, y por el que se establecen autorizaciones de exportación y medidas de importación y tránsito para las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (DO L 94 de 30.3.2012, p. 1)."

(*3)  Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1)."

(*4)  Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).»."

7)

El artículo se modifica como sigue:

8)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 6 bis

Prohibición de tránsito

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya sean residentes o estén establecidos en un Estado miembro o no, proceder al tránsito de productos enumerados en el anexo III en caso de que tenga conocimiento de que cualquier parte de un envío de tales productos está o puede estar destinado a usarse para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en un tercer país.».

9)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 7 bis

Requisito de licencia para determinados servicios

1.   Se requerirá una licencia para toda prestación, por parte de un prestador de asistencia técnica o de un intermediario, respectivamente, de uno de los servicios que figuran a continuación a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella:

2.   Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de servicios de intermediación en relación con los productos enumerados en el anexo III, el artículo 6 se aplicará mutatis mutandis.

Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de asistencia técnica en relación con los productos enumerados en el anexo III, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 6 para considerar:

3.   El apartado 1 no se aplicará a la prestación de asistencia técnica en caso de que:

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, un Estado miembro podrá mantener una prohibición de prestación de servicios de intermediación en relación con esposas para tobillos, cadenas colectivas y aparatos portátiles para provocar descargas eléctricas. En caso de que un Estado miembro mantenga dicha prohibición, notificará a la Comisión las medidas que haya adoptado a más tardar el 17 de febrero de 2017 e informará a la Comisión en caso de que estas medidas se modifiquen o se deroguen.».

10)

Tras el artículo 7 bis, se inserta el capítulo siguiente:

«CAPÍTULO III bis

Productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte

Artículo 7 ter

Requisito de una licencia de exportación

1.   Para cualquier exportación de los productos enumerados en el anexo III, se requerirá una licencia independientemente del origen de tales productos. No obstante, no se requerirá licencia para los productos que se limiten a pasar por el territorio aduanero de la Unión, es decir, aquellos a los que no se dé otro tratamiento aduanero que el régimen de tránsito externo en virtud del artículo 226 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, incluido el almacenamiento de productos que no proceden de la Unión en una zona franca.

El anexo III bis solamente incluirá productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte y hayan sido aprobados, o efectivamente utilizados, para aplicar la pena de muerte por uno o varios terceros países que no han abolido la pena de muerte. No incluirá:

2.   Cuando la exportación de medicamentos requiera una licencia de exportación con arreglo al presente Reglamento y la exportación esté asimismo sujeta a requisitos de licencia de conformidad con convenios internacionales que controlen los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, como el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, los Estados miembros podrán utilizar un procedimiento único para cumplir las obligaciones que les imponen tanto el presente Reglamento como el correspondiente convenio.

Artículo 7 quater

Criterios para la concesión de licencias de exportación

1.   Las decisiones sobre solicitudes de licencia de exportación de los productos enumerados en el anexo III bis serán tomadas por las autoridades competentes, atendiendo a todas las consideraciones pertinentes, incluida en particular la de que durante los tres años anteriores otro Estado miembro haya denegado la solicitud de licencia de una exportación esencialmente idéntica, y las consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desviación.

2.   La autoridad competente no concederá la licencia si existen razones fundadas para creer que los productos enumerados en el anexo III bis puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte en un tercer país.

3.   Se aplicarán las normas siguientes a la comprobación del uso final previsto y al riesgo de desvío:

4.   Además de los criterios establecidos en el apartado 1, al examinar una solicitud de licencia global la autoridad competente tendrá en cuenta la aplicación, por parte del exportador, de medios y procedimientos proporcionados y adecuados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos del presente Reglamento, así como los términos y las condiciones de la licencia.

Artículo 7 quinquies

Prohibición de tránsito

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya sean residentes o estén establecidos en un Estado miembro o no, proceder al tránsito de productos enumerados en el anexo III bis en caso de que tenga conocimiento de que cualquier parte de un envío de tales productos está destinado a usarse para aplicar la pena de muerte en un tercer país.

Artículo 7 sexies

Requisito de licencia para determinados servicios

1.   Se requerirá una licencia para toda prestación, por parte de un prestador de asistencia técnica o un intermediario, respectivamente, de uno de los servicios que figuran a continuación a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella:

2.   Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de servicios de intermediación en relación con productos enumerados en el anexo III bis, el artículo 7 quater se aplicará mutatis mutandis.

Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de asistencia técnica en relación con productos enumerados en el anexo III bis, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 7 quater para considerar:

3.   El apartado 1 no se aplicará a la prestación de asistencia técnica en caso de que:

11)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Tipos de licencias y autoridades expedidoras

1.   El presente Reglamento establece, para determinadas exportaciones, una licencia general de exportación de la Unión, que figura en el anexo III ter.

La autoridad competente del Estado miembro en el que reside o está establecido el exportador podrá prohibir al exportador el uso de esa licencia si existen sospechas justificadas en relación con la capacidad del exportador de cumplir las condiciones de la licencia o las disposiciones de la legislación relativa al control de las exportaciones.

Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán información sobre todos los exportadores a los que se haya privado del derecho de uso de una licencia general de exportación de la Unión, salvo que se cercioren de que un determinado exportador no va a intentar exportar productos enumerados en el anexo III bis a través de otro Estado miembro. Se utilizará a tal efecto un sistema seguro y cifrado para el intercambio de información.

2.   La autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el exportador, cuya lista figura en el anexo I, concederá una licencia para las exportaciones distintas de las mencionadas en el apartado 1, que requieran una licencia en virtud del presente Reglamento. Dicha licencia podrá ser individual o global, si se refiere a productos enumerados en el anexo III o en el anexo III bis. Las licencias para productos enumerados en el anexo II serán licencias individuales.

3.   Las licencias para el tránsito de productos enumerados en el anexo II serán concedidas por la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecida la persona física o jurídica, entidad u organismo que transporte los productos en el territorio aduanero de la Unión, cuya lista figura en el anexo I. Si esa persona, entidad u organismo no reside o no está establecido en un Estado miembro, las licencias serán concedidas por la autoridad competente del Estado miembro en que tenga lugar la entrada de los productos en el territorio aduanero de la Unión. Esas licencias tendrán carácter de licencia individual.

4.   La autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el museo, cuya lista figura en el anexo I, concederá una licencia para las importaciones que requieran una licencia en virtud del presente Reglamento. Las licencias para productos enumerados en el anexo II serán licencias individuales.

5.   Las licencias para prestar asistencia técnica relativa a los productos enumerados en el anexo II serán concedidas por:

6.   Las licencias para el prestación de asistencia técnica relativa a los productos enumerados en el anexo III o en el anexo III bis las concederá la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el prestador de asistencia técnica, cuya lista figura en el anexo I, o, a falta de tal Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro del que el prestador de asistencia técnica sea nacional o en virtud de cuyo Derecho se haya establecido o constituido.

7.   Las licencias para la prestación de servicios de intermediación en relación con los productos enumerados en el anexo III o en el anexo III bis las concederá la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el intermediario, cuya lista figura en el anexo I, o, a falta de tal Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro del que el intermediario sea nacional o en virtud de cuyo Derecho se haya establecido o constituido. Esas licencias se concederán para la circulación de una cantidad fija de productos entre dos o más terceros países. Se indicarán claramente la ubicación de los productos en el tercer país de origen, así como el usuario final y su ubicación exacta.

8.   Los solicitantes facilitarán a la autoridad competente toda la información pertinente requerida para su solicitud de licencia individual o global de exportación o de servicios de intermediación, de licencia para prestar asistencia técnica, de licencia individual de importación o de licencia individual de tránsito.

En el caso de las exportaciones, las autoridades competentes recibirán información completa, en particular sobre el usuario final, el país de destino y el uso final de los productos.

En lo relativo a servicios de intermediación, las autoridades competentes recibirán, en particular, precisiones sobre la ubicación de los productos en el tercer país de origen, una descripción clara de los productos y su cantidad, los terceros implicados en la transacción, el tercer país de destino, el usuario final en dicho país y su ubicación exacta.

La concesión de una licencia podrá estar supeditada a una declaración relativa al uso final, si procede.

9.   No obstante lo dispuesto en el apartado 8, si un fabricante o un representante de un fabricante tiene intención de exportar o vender y de transferir productos incluidos en el punto 3.2 o 3.3 del anexo III o en la sección 1 del anexo III bis a un distribuidor en un tercer país, el fabricante proporcionará información sobre las disposiciones adoptadas y las medidas tomadas para impedir que los productos incluidos en el punto 3.2 o 3.3 del anexo III se utilicen para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o para impedir que los productos incluidos en la sección 1 del anexo III bis se utilicen para aplicar la pena de muerte, en el país de destino, y, si se dispone de ella, información sobre el uso final y los usuarios finales de los productos.

10.   Previa solicitud de un mecanismo nacional de prevención previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención de 1984 contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las autoridades competentes podrán decidir que la información que han recibido de un solicitante sobre el país de destino, el consignatario, el uso final y los usuarios finales o, en su caso, el distribuidor y las disposiciones y medidas a que se refiere el apartado 9, se ponga a disposición del mecanismo nacional de prevención solicitante. Las autoridades competentes oirán al solicitante antes de que se ponga a disposición la información y podrá imponer restricciones sobre el uso que pueda hacerse de la información. Las autoridades competentes adoptarán sus decisiones de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

11.   Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de licencias individuales o globales en un plazo que ha de determinar la legislación o la práctica nacionales.».

12)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Licencias

1.   Las licencias de exportación, importación o tránsito se expedirán en un formulario conforme con el modelo establecido en el anexo V. Las licencias relativas a los servicios de intermediación se expedirán en un formulario conforme con el modelo establecido en el anexo VI. Las licencias relativas a la asistencia técnica se expedirán en un formulario conforme con el modelo establecido en el anexo VII. Dichas licencias serán válidas en toda la Unión. El período de validez de una licencia será de tres a doce meses, con una posibilidad de prórroga de hasta doce meses. El período de validez de una licencia global será de uno a tres años, con una posible prórroga de hasta dos años.

2.   Las licencias de exportación concedidas de conformidad con el artículo 6 o el artículo 7 quater implican una licencia concedida al exportador para prestar asistencia técnica al usuario final en la medida en que dicha asistencia sea necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o las reparaciones de aquellos productos cuya exportación está autorizada.

3.   La licencia podrá expedirse por medios electrónicos. Los procedimientos específicos serán establecidos en cada país. Los Estados miembros que se acojan a esta posibilidad informaran de ello a la Comisión.

4.   Las licencias de exportación, importación y tránsito, la prestación de asistencia técnica o de servicios de intermediación estarán sujetas a los requisitos y condiciones que la autoridad competente considere apropiados.

5.   Las autoridades competentes, en aplicación del presente Reglamento, podrán denegar la concesión de una licencia y podrán anular, suspender, modificar o revocar una licencia de exportación que ya hayan concedido.».

13)

En el artículo 10, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   En caso de que se efectúe una declaración en aduana relativa a productos enumerados en los anexos II, III o III bis y se confirme que no se ha concedido ninguna licencia de conformidad con el presente Reglamento para la exportación o importación prevista, las autoridades aduaneras retendrán los productos declarados y señalarán al exportador o importador la posibilidad de solicitar una licencia con arreglo al presente Reglamento. Si no se presenta una solicitud de licencia dentro de un plazo de seis meses a partir de la retención, o si la autoridad competente deniega la solicitud, las autoridades aduaneras dispondrán de los productos retenidos de conformidad con el Derecho nacional aplicable.».

14)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

Requisito de notificación y consulta

1.   Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro, cuya lista figura en el anexo I, adopten una decisión por la que se deniegue una solicitud de licencia en virtud del presente Reglamento o anulen una licencia que hayan concedido, el Estado miembro de que se trate lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión. Dicha notificación deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la decisión o de la anulación.

2.   La autoridad competente, a través de canales diplomáticos cuando así se requiera o sea adecuado, consultará a la autoridad o autoridades que, durante los tres años anteriores, hayan denegado una solicitud de licencia para una exportación, tránsito, prestación de asistencia técnica a una persona, entidad u organismo en un tercer país o la prestación de servicios de intermediación en virtud del presente Reglamento, cuando reciba una solicitud de licencia relacionada con una importación, tránsito, prestación de asistencia técnica a una persona, entidad u organismo en un tercer país o la prestación de servicios de intermediación relativos a una transacción esencialmente idéntica mencionada en una de esas solicitudes anteriores y, no obstante, considere se debe conceder una licencia.

3.   Si, tras efectuar las consultas mencionadas en el apartado 2, la autoridad competente decide conceder una licencia, el Estado miembro de que se trate informará inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión sobre su decisión e indicará las razones que la han motivado, presentando la información justificativa que convenga.

4.   Cuando una denegación de concesión de una licencia se base en una prohibición nacional según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, o en el artículo 7 bis, apartado 4, no constituirá una denegación de solicitud a los efectos del apartado 1 del presente artículo.

5.   Todas las notificaciones exigidas en virtud del presente artículo se harán mediante un sistema seguro y cifrado para el intercambio de información.».

15)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

Modificación de los anexos

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 bis, por los que se modifiquen los anexos I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI y VII. Los datos del anexo I sobre las autoridades competentes de los Estados miembros se modificarán en función de la información proporcionada por los Estados miembros.

En caso de modificación de los anexos II, III, III bis o III ter, cuando así lo exijan razones imperiosas de urgencia, el procedimiento previsto en el artículo 15 ter se aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del presente artículo.».

16)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 12 bis

Solicitudes de inclusión de productos en una de las listas de productos

1.   Cada Estado miembro podrá dirigir una solicitud debidamente motivada a la Comisión para añadir productos diseñados o comercializados con el fin de hacer cumplir la ley en los anexos II, III o III bis. Dicha solicitud incluirá información sobre:

Cuando presente su solicitud a la Comisión, el Estado miembro solicitante remitirá asimismo dicha solicitud a los demás Estados miembros.

2.   La Comisión podrá, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud, pedir al Estado miembro solicitante que aporte información complementaria, si considera que la solicitud no responde a uno o varios puntos pertinentes o que es necesaria información adicional sobre uno o varios puntos pertinentes. Comunicará los puntos para los que sea necesario facilitar información complementaria. La Comisión transmitirá sus preguntas a los demás Estados miembros. Los demás Estados miembros también podrán facilitar a la Comisión información adicional para examinar la solicitud.

3.   Cuando considere que no hay ninguna necesidad de pedir información complementaria o, en su caso, a partir de la recepción de la información adicional solicitada, la Comisión podrá iniciar en el plazo de veinte semanas a partir de la recepción de la solicitud o de la recepción de la información suplementaria, respectivamente, el procedimiento para la adopción de la modificación solicitada o informar al Estado miembro solicitante de los motivos para no hacerlo.».

17)

En el artículo 13, se inserta el apartado siguiente:

«3 bis.   La Comisión elaborará un informe anual compuesto por los informes anuales de actividad a que se refiere el apartado 3. Dicho informe anual se pondrá a disposición del público.».

18)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 13 bis

Tratamiento de datos personales

Los datos personales se tratarán e intercambiarán de conformidad con las normas que establecen la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*5) y el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (*6).

(*5)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31)."

(*6)  Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).»."

19)

El artículo 15 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15 bis

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 12 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 16 de diciembre de 2016. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 12 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (*7).

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

(*7)  DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.»."

20)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 15 ter

Procedimiento de urgencia

1.   Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.

2.   Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 15 bis, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto sin demora alguna tras la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.

Artículo 15 quater

Grupo de coordinación contra la tortura

1.   Se crea un Grupo de coordinación contra la tortura, presidido por un representante de la Comisión. Cada Estado miembro nombrará un representante en este Grupo.

2.   El Grupo examinará cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento, incluido, sin carácter limitativo, el intercambio de información sobre prácticas administrativas y cualquier pregunta que puedan plantear tanto la presidencia como el representante de un Estado miembro.

3.   Siempre que lo considere necesario, el Grupo de coordinación contra la tortura consultará a los exportadores, los intermediarios, prestadores de asistencia técnica y otros interesados a quienes concierne el presente Reglamento.

4.   La Comisión presentará por escrito un informe anual al Parlamento Europeo sobre las actividades, exámenes y consultas del Grupo de coordinación contra la tortura.

El informe anual se elaborará teniendo debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales de las personas físicas o jurídicas. Los debates del Grupo tendrán carácter confidencial.

Artículo 15 quinquies

Revisión

1.   A más tardar el 31 de julio de 2020, y a partir de entonces cada cinco años, la Comisión revisará la aplicación del presente Reglamento y remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe exhaustivo de aplicación y de evaluación de impacto, que podrá incluir propuestas para su modificación. La revisión considerará la necesidad de incluir las actividades de los ciudadanos de la Unión en el extranjero. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información apropiada para la elaboración del informe.

2.   En secciones especiales del informe se tratarán los aspectos siguientes:

21)

En el artículo 18, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El Reglamento tendrá el mismo ámbito territorial de aplicación que los Tratados, excepto en lo que se refiere al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, los artículos 4 bis, 5, 6 bis, 7, 7 ter y 7 quinquies, el artículo 8, apartados 1 a 4 y el artículo 10, que se aplicarán:

22)

Los anexos se modifican como sigue: