20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/6

(1)

Con el fin de garantizar la eficiencia de la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, el intercambio de información debe ser bidireccional, dentro de las competencias de supervisión respectivas de dichas autoridades. Resulta necesario, por tanto, especificar la información relativa a las entidades y, en su caso, al funcionamiento de sus sucursales, que deben facilitar las autoridades competentes del Estado miembro de origen a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, así como la información relativa a las sucursales que deben facilitar las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

(2)

El intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida debe considerarse en el contexto más amplio de la supervisión de los grupos bancarios transfronterizos, y en su caso, se podría facilitar información en base consolidada. En particular, si una entidad tiene la empresa matriz última en el Estado miembro en que tenga su domicilio social, y la autoridad competente afectada es también el supervisor en base consolidada, se debe reconocer la posibilidad de facilitar la información en base consolidada y no al nivel de una entidad que opere a través de una sucursal. No obstante, en este caso, la autoridad competente debe notificar a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida que la información se facilita en base consolidada.

(3)

El intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida no se limita a los tipos de información que se especifican en el artículo 50 de la Directiva 2013/36/UE ni, por lo tanto, a los tipos de información que se especifican en el presente Reglamento. En particular, los artículos 35, 36, 39, 43 y 52 de la Directiva 2013/36/UE establecen una disposición separada para el intercambio de información relativa a la verificación in situ de las sucursales, las notificaciones del ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, y las medidas, incluidas las medidas cautelares, adoptadas por las autoridades competentes en relación con las sucursales y sus empresas matrices. El presente Reglamento no debe, por tanto, especificar requisitos de intercambio de información en estos ámbitos.

(4)

Es necesario establecer los requisitos relativos a la información que debe intercambiarse entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida con el fin de armonizar las prácticas de regulación y supervisión en toda la Unión. Esta información ha de abarcar todos los ámbitos especificados en el artículo 50 de la Directiva 2013/36/UE, a saber, la dirección, gestión y propiedad, incluidas las líneas de negocio, como las contempladas en el artículo 317 del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la liquidez y las constataciones relacionadas con la supervisión en materia de liquidez, la solvencia, la garantía de depósitos, las grandes exposiciones, el riesgo sistémico, la organización administrativa y contable, y los mecanismos de control interno. A fin de facilitar el control de las entidades, las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben mantenerse informadas acerca de los casos de incumplimiento de lalegislación nacional o de la Unión, así como sobre las medidas de supervisión y las sanciones impuestas a las entidades. Además, entre la información que deben intercambiar las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, de modo que estas últimas estén en condiciones de controlar las entidades de forma eficiente, debe incluirse información adicional sobre el apalancamiento y los preparativos para situaciones de urgencia.

(5)

Cuando una crisis de liquidez afecte o se espere que afecte a una entidad, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben tener una idea clara de la situación para poder adoptar medidas cautelares en las condiciones establecidas en el artículo 43 de la Directiva 2013/36/UE. Por consiguiente, el presente Reglamento debe prever normas claras sobre los tipos de información que han de intercambiar las autoridades cuando se produzca una crisis de liquidez. También es necesario especificar la información que se va a intercambiar, de forma que las autoridades estén preparadas con la suficiente antelación para situaciones de urgencia como las contempladas en el artículo 114, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE.

(6)

Habida cuenta de las diferencias de tamaño, complejidad e importancia de las sucursales que operan en los Estados miembros de acogida, es importante aplicar el principio de proporcionalidad en el intercambio de información. A tal fin, las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben intercambiar una gama más amplia de información cuando las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida sean responsables de sucursales consideradas significativas de conformidad con el artículo 51 de la Directiva 2013/36/UE.

(7)

Para garantizar que la información pertinente sea intercambiada dentro de unos límites razonables, evitando al mismo tiempo las situaciones en las que las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida están obligadas a enviar cualquier información sobre una entidad, independientemente de su naturaleza e importancia, a todas las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida, en casos específicos, solo la información que sea pertinente para una sucursal específica debe transmitirse exclusivamente a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de esta sucursal. Para fines similares, en una serie de ámbitos específicos, solo debe intercambiarse entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida la información que ponga de manifiesto casos de incumplimiento, lo que significa que no es necesario intercambiar información cuando la entidad se atenga a la legislación nacional y de la Unión.

(8)

El presente Reglamento debe abordar asimismo el intercambio de información en relación con la realización de actividades en un Estado miembro de acogida en forma de prestación de servicios transfronterizos. Dada la naturaleza de los servicios transfronterizos, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida se enfrentan a una falta de información sobre las operaciones que se llevan a cabo en su territorio, por lo que es esencial especificar en detalle la información que es necesario intercambiar con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera y controlar las condiciones de las autorizaciones, en particular para comprobar si la entidad presta servicios de conformidad con las notificaciones realizadas. El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, ABE) a la Comisión.

(9)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

a)

la estructura del órgano de dirección y la alta dirección, incluida la asignación de responsabilidades para la supervisión de una sucursal;

b)

la lista de los accionistas y socios con participaciones cualificadas sobre la base de la información facilitada por la entidad de crédito, de conformidad con el artículo 26, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE.

a)

cualquier deficiencia significativa en la gestión del riesgo de liquidez de una entidad de la que tengan constancia las autoridades competentes y que pueda afectar a las sucursales, cualquier medida de supervisión relacionada que haya sido adoptada en relación con dichas deficiencias, y el alcance del cumplimiento de estas medidas de supervisión por parte de la entidad;

b)

la evaluación global llevada a cabo por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la gestión del riesgo y del perfil de riesgo de liquidez de una entidad, en particular en relación con una sucursal;

c)

las ratios de una entidad que indiquen su posición de liquidez y financiación estable a nivel nacional o de la Unión en la moneda nacional del Estado miembro de acogida de la entidad y en todas las demás monedas que sean significativas para la entidad;

d)

los componentes del colchón de liquidez de una entidad;

e)

el nivel de los gravámenes que pesan sobre los activos de una entidad;

f)

la ratio de los préstamos de una entidad en relación con sus depósitos;

g)

cualquier ratio de liquidez nacional que sea aplicable a una entidad, en el marco de las medidas de política macroprudencial, por las autoridades competentes o la autoridad designada, ya sea como requisitos vinculantes, directrices, recomendaciones, advertencias o de otra forma, incluidas las definiciones de estas ratios;

h)

cualquier requisito de liquidez específico aplicado de conformidad con el artículo 105 de la Directiva 2013/36/UE;

i)

cualquier obstáculo a la transferencia de efectivo y garantías hacia o desde las sucursales de una entidad.

a)

la política de liquidez y financiación de la entidad, incluidas descripciones de los regímenes de financiación de sus sucursales cualquier régimen de apoyo dentro del grupo, y los procedimientos de centralización de tesorería;

b)

los planes de emergencia en materia de liquidez y financiación de la entidad, incluida información sobre los supuestos escenarios de crisis.

a)

los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 575/2013, teniendo en cuenta cualquier medida adoptada o reconocida de conformidad con el artículo 458 de dicho Reglamento y, cuando proceda, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias establecidas en la parte décima de dicho Reglamento;

b)

cualquier requisito de fondos propios adicional impuesto de conformidad con el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE;

c)

los requisitos de colchones de capital establecidos en el título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE.

a)

la ratio de capital de nivel 1 ordinario de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

la ratio de capital de nivel 1 de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 575/2013;

c)

la ratio total de capital de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) no 575/2013;

d)

el importe total de la exposición en riesgo de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013;

e)

los requisitos de fondos propios aplicables en el Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 92 del Reglamento (UE) no 575/2013, teniendo en cuenta cualquier medida adoptada o reconocida de conformidad con el artículo 458 de dicho Reglamento y, cuando proceda, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias establecidas en la parte décima de dicho Reglamento;

f)

el nivel del colchón de conservación de capital que la entidad está obligada a mantener de conformidad con el artículo 129 de la Directiva 2013/36/UE;

g)

el nivel del colchón de capital anticíclico específico por entidad que la entidad está obligada a mantener de conformidad con el artículo 130 de la Directiva 2013/36/UE;

h)

el nivel de cualquier colchón contra riesgos sistémicos que la entidad esté obligada a mantener de conformidad con el artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE;

i)

el nivel de cualquier colchón para entidades de importancia sistémica mundial (EISM) o para otras entidades de importancia sistémica (OEIS) que la entidad esté obligada a mantener de conformidad con el artículo 131, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/36/UE;

j)

el nivel de cualquier requisito de fondos propios adicional impuesto de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE y cualquier otro requisito impuesto relativo a la solvencia de la entidad de conformidad con dicho artículo.

a)

la cobertura máxima del sistema de garantía de depósitos por depositante admisible;

b)

el alcance de la cobertura y los tipos de depósitos cubiertos;

c)

cualquier exclusión de la cobertura, incluidos los productos y tipos de depositantes;

d)

el régimen de financiación del sistema de garantía de depósitos, en particular si el sistema se financia ex ante o ex post, y el volumen del sistema;

e)

los datos de contacto del administrador del sistema.

a)

las sanciones administrativas impuestas u otras medidas administrativas aplicadas con arreglo a los artículos 64 a 67 de la Directiva 2013/36/UE;

b)

las medidas de supervisión impuestas con arreglo a los artículos104 o 105 de la Directiva 2013/36/UE;

c)

las sanciones penales impuestas en relación con infracciones del Reglamento (UE) no 575/2013 o de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE.

a)

los datos de contacto de urgencia de las personas responsables de la gestión de las situaciones de urgencia dentro de las autoridades competentes;

b)

los procedimientos de comunicación aplicables en situaciones de urgencia.

a)

una descripción de cualquier situación respecto de la cual las autoridades competentes hayan determinado que una entidad no ha cumplido la legislación nacional o de la Unión o los requisitos en relación con la supervisión prudencial o la supervisión de la conducta en el mercado de las entidades, incluidos los requisitos del Reglamento (UE) no 575/2013 y de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE, junto con una explicación de las medidas de supervisión adoptadas o previstas para subsanar el incumplimiento;

b)

una descripción de cualquier incumplimiento de las condiciones en las cuales, por motivos de interés general, se deben llevar a cabo las actividades de la sucursal en el Estado miembro de acogida;

c)

cualquier riesgo sistémico detectado que plantee la sucursal o sus actividades en el Estado miembro de acogida, incluida cualquier evaluación del impacto probable de la suspensión o el cese de las operaciones de la sucursal en los aspectos siguientes:

d)

la cuota de mercado de la sucursal, si supera el 2 % del total del mercado en el Estado miembro de acogida en una de las categorías siguientes:

e)

cualquier obstáculo para la transferencia de efectivo y garantías desde o hacia la sucursal.

a)

cualquier situación respecto de la cual las autoridades competentes del Estado miembro de origen hayan determinado que la entidad no ha cumplido la legislación nacional o de la Unión o los requisitos en relación con la supervisión prudencial o la supervisión de la conducta en el mercado de las entidades, incluidos los requisitos del Reglamento (UE) no 575/2013 y de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE, junto con una explicación de las medidas de supervisión adoptadas o previstas para subsanar el incumplimiento;

b)

el volumen de depósitos procedentes de residentes en el Estado miembro de acogida;

c)

el volumen de préstamos otorgados a residentes en el Estado miembro de acogida;

d)

en relación con las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2013/36/UE que una entidad haya notificado su deseo de ejercer en el Estado miembro de acogida en régimen de prestación de servicios:

a)

una descripción de la situación que se haya producido, en particular la causa subyacente de la situación de crisis, el impacto previsto de la crisis de liquidez en la entidad y la evolución de la situación en lo que respecta a las operaciones intragrupo;

b)

una explicación de las medidas que se hayan adoptado o se prevea adoptar, ya sea por las autoridades competentes o por la entidad, en particular cualquier requisito impuesto a la entidad por las autoridades competentes para mitigar la crisis de liquidez;

c)

los resultados de las evaluaciones de las consecuencias sistémicas de la crisis de liquidez;

d)

la información cuantitativa disponible más reciente relativa a la liquidez especificada en el artículo 4, apartado 1, letras c) a h).