19.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 212/13

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El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

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El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

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El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

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El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

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El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

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El 29 de abril de 2011, los Países Bajos presentaron la versión actualizada de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2015, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

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A medida que la crisis se iba profundizando, y pesar de su sólida situación anterior, la economía neerlandesa, tradicionalmente muy abierta, sufrió plenamente su impacto; en 2009, el PIB real se contrajo en casi un 4 %. La recuperación comenzó en el segundo semestre de 2009, impulsada por el repunte de la demanda externa, y se aceleró en el primer semestre de 2010, lo que se tradujo en un incremento del PIB del 1,8 %. El impacto de la crisis en el mercado laboral se mantuvo bastante contenido. Se prevé que el desempleo disminuya gradualmente en los dos próximos años, pasando del 4,5 % en 2010 al 4 % en 2012. La crisis afectó duramente a la hacienda neerlandesa; el déficit de las administraciones públicas aumentó a un 5,5 % del PIB en 2009 y a un 5,4 % en 2010. Las gestiones efectuadas por el Gobierno para respaldar las entidades de crédito y estabilizar los mercados financieros acarrearon un aumento del ratio de deuda pública de 15 puntos porcentuales del PIB, alcanzando en 2009 un 60,8 % del PIB.

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Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Estabilidad es verosímil. El Programa de Estabilidad se basa en unas previsiones de crecimiento para 2011 y 2012 más prudentes que las previsiones de la primavera de 2011 de los servicios de la Comisión. El Programa de Estabilidad se propone reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB para 2012, es decir, un año antes que lo que impone el procedimiento de déficit excesivo (PDE). Según las cifras del Programa de Estabilidad, el objetivo a medio plazo, a saber, llegar a un déficit estructural del 0,5 % del PIB, se conseguiría prácticamente para finales del período del Programa de Estabilidad, ya que el saldo estructural calculado por la Comisión se situaría en un -0,8 % del PIB para 2015. La estrategia presupuestaria está bien respaldada hasta 2015 por un número suficiente de medidas concretas, aunque su aplicación está sujeta a algunos riesgos, en particular en lo que se refiere a la capacidad de compensar eventuales desbordamientos de los costes de la sanidad y de controlar los gastos de la administraciones locales. El esfuerzo presupuestario anual previsto para el periodo 2011-2013 se sitúa en un 0,75 % del PIB, lo que se ajusta a la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 en el marco del PDE. En los años siguientes al plazo fijado para la corrección del déficit excesivo (2014 y 2015), el saldo estructural recalculado mejoraría en un 0,25 % en 2014 y en un 0,5 % en 2015, lo que queda ligeramente por debajo de la mejora del saldo estructural prescrita (0,5 % del PIB) hasta que se alcance el objetivo a medio plazo.

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La consolidación presupuestaria planeada y llevada a la práctica por las autoridades neerlandesas se basa en recortes de gasto, principalmente de carácter estructural, que supondrán en torno a un 3 % del PIB en relación con el nivel de referencia para finales del periodo del Programa de Estabilidad (2015). La senda de ajuste resultaría en una disminución del déficit de las administraciones públicas de un 3,8 % del PIB en 2011 a un 2,4 % del PIB en 2012, y una disminución posterior anual del 0,5 % aproximadamente durante el periodo 2013-2015. Los Países Bajos se han comprometido plenamente en el logro de estos objetivos. Su política de proteger de recortes excesivos determinados ámbitos de importancia primordial para el crecimiento futuro, como sería el caso de la educación, se propone no comprometer el potencial de crecimiento económico y corregir de forma sostenible el déficit excesivo.

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Aparte del saneamiento a corto plazo, uno de los principales desafíos es reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, gravemente lastradas por los costes provocados por el envejecimiento de la población. El gasto a largo plazo que se deriva de éste se sitúa claramente por encima de la media de la UE, especialmente tratándose de la asistencia de larga duración y las pensiones. El aumento previsto del gasto de la asistencia de larga duración es el mayor de Europa, como se recoge en el Informe de 2009 de la Comisión sobre el envejecimiento demográfico. Ello se explica fundamentalmente por la existencia de un sistema global formalizado de asistencia de larga duración (prestaciones sociales a largo plazo que cubren la atención personal, el cuidado de enfermeros, los tratamientos y las estancias en diversos centros); la asistencia de carácter informal tiene menos preponderancia en los Países Bajos. Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos relativos a la viabilidad de las finanzas públicas a largo plazo aparecen elevados. Más allá de los planes de saneamiento, el Gobierno neerlandés ha presentado medidas al Parlamento para sostener la viabilidad a largo plazo, incluido un retraso de la edad de jubilación que todavía no ha sido adoptado.

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El mercado laboral neerlandés se caracteriza por tasas de actividad relativamente altas, una alta productividad por hora trabajada y un bajo nivel de desempleo. El gran desafío del mercado laboral sería el de aprovechar el potencial de trabajo aún sin utilizar, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de compensar la disminución de la población en edad de trabajar como consecuencia del envejecimiento de la población. El promedio de horas trabajadas al año es el más bajo de la UE, como confirman los datos más recientes. El bajo número de horas trabajadas se deriva de la existencia de un gran porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial, especialmente mujeres, lo que es reflejo de preferencias personales, pero también de la existencia de desincentivos financieros a la entrada en el mercado laboral o al aumento del número de horas trabajadas. En la actualidad, en los Países Bajos uno de los principales desincentivos para los segundos perceptores de renta a entrar en el mercado laboral o a trabajar más horas es el elevado tipo impositivo marginal que grava la segunda fuente de ingresos familiares, que en algunos casos puede superar el 80 %, debido, en particular, a los descuentos impositivos generales y a la reducción de prestaciones que dependen de los ingresos, tales como los subsidios para cuidados infantiles.

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Por lo que se refiere a un grupo creciente y heterogéneo de personas (discapacitados parciales, desempleados de larga duración) que corren el peligro de caer en el desempleo estructural, la puesta en marcha de determinadas políticas activas del mercado de trabajo no parece haber dado buenos resultados. Los ciudadanos procedentes del exterior de la UE son los que experimentan más dificultades, lo que amplía la brecha persistente entre empleo y desempleo.

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El sistema de investigación e innovación (I+I) de los Países Bajos ha conseguido mantener su carácter innovador, pero la escasa participación del sector privado en la investigación y desarrollo (I+D) puede afectar negativamente al futuro crecimiento económico y la competitividad de la economía neerlandesa. El Gobierno se propone crear un entorno atractivo para las empresas de alta intensidad en I+I, incluidas las extranjeras, en términos de incentivos fiscales, espacio para la iniciativa empresarial y excelencia de la investigación. Sin embargo, dadas las necesidades de consolidación presupuestaria de este año, algunas ayudas a las empresas serán suprimidas y otras reducidas o restringidas a sectores punta de la economía, sustituyéndolas por instrumentos fiscales más genéricos.

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El entorno empresarial se ve negativamente afectado por los niveles de congestión del transporte por carretera y ferrocarril, que son de los más altos de la UE. En este contexto, una infraestructura de transporte relativamente poco eficiente incide negativamente en la movilidad de la mano de obra, lo que repercute en la productividad, y ésta a su vez en el crecimiento. Los trabajadores se enfrentan a largos desplazamientos diarios, tiempos de desplazamiento poco fiables y costes de congestión elevados. Se espera que, si no se producen cambios en la política económica, tales costes seguirán incrementándose hasta 2020. Si aumentara la eficiencia en el uso de las infraestructuras (por ejemplo, a través de una tarificación de las carreteras), ello traería consigo un aumento de la movilidad de la mano de obra, y por tanto de la productividad y el crecimiento potencial.

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El 4 de abril de 2011, los Países Bajos hicieron pública una serie de compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Entre ellos, determinadas medidas para fomentar la competitividad (introducción de una nueva política de bonificaciones fiscales más genéricas para las empresas y reducción de las cargas administrativas de éstas) y el empleo (promover una seguridad social más incentivadora y con menos dependencia de los subsidios de desempleo), impulsar la sostenibilidad de las finanzas públicas (incorporar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al ordenamiento jurídico nacional) y reforzar la estabilidad financiera (otorgar más atribuciones a los organismos de supervisión). Tales compromisos afectan a todos los ámbitos del Pacto. No son sino una continuación del plan de reformas más amplias que se perfilaba en el Programa de Estabilidad y en el Programa Nacional de Reforma. Ahora bien, no se especifica un calendario preciso para estos compromisos ni las medidas necesarias para su cumplimiento. Los compromisos han sido evaluados y tenidos en cuenta en las recomendaciones.

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La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta, no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de los Países Bajos, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. La Comisión considera que la estrategia de consolidación presupuestaria pormenorizada de los Países Bajos debe ejecutarse tal cual está prevista, aunque preservando el gasto en aquellos ámbitos que puedan favorecer el crecimiento a largo plazo. Es necesario adoptar medidas adicionales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente en materia de pensiones y de asistencia de larga duración, y para aumentar la participación y la integración en el mercado laboral y resolver los problemas que se derivan de la congestión del transporte.

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A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la Recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de los Países Bajos, y su dictamen (3) se refleja particularmente en las recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de los Países Bajos.

1.

Aplicar la estrategia presupuestaria para el año 2012 de conformidad con las recomendaciones del Consejo sobre la corrección del déficit excesivo reduciendo el elevado ratio de deuda pública hacia una trayectoria descendente. A continuación, progresar hacia el objetivo a medio plazo conforme a las exigencias del pacto de estabilidad y de crecimiento, al mismo tiempo que se respetan los límites de los gastos y las exigencias de saneamiento, garantizando así que el saneamiento sea sostenible y no perjudique el crecimiento; para ello debe protegerse el gasto en ámbitos que inciden directamente en el crecimiento, tales como la investigación y la innovación, la educación y la formación.

2.

Tomar medidas para retrasar la edad legal de jubilación adecuándola a la esperanza de vida y reforzar tales medidas con otras que retrasen efectivamente la edad de jubilación y mejor en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Elaborar un proyecto de reforma de la asistencia de larga duración, dado el fenómeno del envejecimiento de la población.

3.

Fortalecer la participación en el mercado de trabajo reduciendo los desincentivos fiscales a ocupar un puesto de trabajo para los segundos perceptores de renta y elaborar medidas que favorezcan a los grupos más vulnerables y les ayuden a reintegrarse en dicho mercado.

4.

Promover la innovación y la inversión en I+D y reforzar los vínculos entre los ámbitos de la ciencia y las empresas proporcionando unos incentivos adecuados en el contexto de la nueva política empresarial «Naar de top».