1.

Elaborar una política de la PI como parte de la estrategia y la misión a largo plazo del organismo público de investigación, hacerla pública interna y externamente y establecer un único punto de contacto responsable.

2.

Esa política debe proporcionar normas claras al personal y a los estudiantes en relación, en particular, con la divulgación de las ideas nuevas de potencial interés comercial, la titularidad de los resultados de la investigación, el mantenimiento de registros, la gestión de conflictos de intereses y las relaciones con terceras partes.

3.

Promover la identificación, la explotación y, cuando proceda, la protección de la propiedad intelectual, de conformidad con la estrategia y la misión del organismo público de investigación y con miras a maximizar los beneficios socioeconómicos. Para tal fin, pueden adoptarse diferentes estrategias —posiblemente diferenciadas en los respectivos ámbitos científicos o técnicos—, como el enfoque del «dominio público» o el de «la innovación abierta».

4.

Proporcionar incentivos adecuados para que todo el personal competente desempeñe un papel activo en la aplicación de la política de PI. Estos incentivos no deben ser solo de naturaleza económica, sino que deben promover también el progreso de la carrera profesional, teniendo en cuenta en los procedimientos de evaluación, junto a los criterios académicos, los aspectos de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos.

5.

Considerar la creación, por el organismo público de investigación, de carteras de propiedad intelectual coherentes –por ejemplo, en ámbitos tecnológicos específicos— y, cuando proceda, la creación de consorcios de patentes y derechos de PI que incluyan la propiedad intelectual de otros organismos públicos de investigación. Gracias a la obtención de una masa crítica y a la reducción de los costes de transacción para terceras partes, estas iniciativas podrían facilitar la explotación de los derechos.

6.

Fomentar la sensibilización y las cualificaciones básicas en relación con la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos mediante acciones de formación dirigidas a los estudiantes y al personal investigador, y garantizar que el personal responsable de la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos tiene las cualificaciones necesarias y recibe una formación adecuada.

7.

Elaborar y dar a conocer una política de publicación/divulgación que promueva una amplia difusión de los resultados de la labor de investigación y desarrollo (por ejemplo, abriendo el acceso a las publicaciones) y que, al mismo tiempo, acepte posibles retrasos cuando se pretenda proteger la propiedad intelectual, aunque estos deberían reducirse al mínimo.

8.

A fin de promover la utilización de los resultados de la investigación financiada públicamente y de maximizar su repercusión socioeconómica, han de examinarse todos los tipos de mecanismos de explotación posibles (como la concesión de licencias o la creación de empresas derivadas) y todos los socios de explotación posibles (como empresas derivadas o ya existentes, otros organismos públicos de investigación, inversores o servicios u organismos de apoyo a la innovación) y seleccionarse los más apropiados.

9.

Si bien una política activa de PI/TC puede generar ingresos suplementarios para el organismo público de investigación, esto no debe considerarse el objetivo primordial.

10.

Asegurarse de que el organismo público de investigación posee servicios profesionales de transferencia de conocimientos o puede acceder a ellos; estos servicios incluirían los de asesoría jurídica, financiera, comercial y en materia de protección y respeto de la propiedad intelectual, además de personal con preparación técnica.

11.

Elaborar y difundir una política de concesión de licencias a fin de armonizar las prácticas dentro del organismo público de investigación y de garantizar la equidad de trato en todos los casos. Deben evaluarse con especial cuidado las transferencias de propiedad intelectual, cuando el titular de esta propiedad sea el organismo público de investigación, y la concesión de licencias exclusivas (1), sobre todo cuando se trate de terceras partes no europeas. Las licencias con fines de explotación deben incluir una compensación adecuada, económica o de otro tipo.

12.

Elaborar y difundir una política para la creación de empresas derivadas, que permita y facilite al personal del organismo público de investigación participar en la creación de empresas derivadas, cuando proceda, y que aclare las relaciones a largo plazo entre las empresas derivadas y el organismo público de investigación.

13.

Establecer principios claros relativos a la distribución de los beneficios económicos que generen los ingresos derivados de la transferencia de conocimientos entre el organismo público de investigación, el departamento y los inventores.

14.

Supervisar las actividades de protección de la propiedad intelectual y transferencia de conocimientos así como los éxitos conexos, y darlos a conocer periódicamente. Los resultados de la investigación del organismo público de investigación, los conocimientos técnicos y los derechos de propiedad intelectual conexos deben hacerse más visibles para el sector privado, a fin de promover su explotación.

15.

Las normas que regulen las actividades de investigación en régimen de colaboración y bajo contrato deben ser compatibles con la misión de cada parte. Deben tener en cuenta el nivel de financiación privada y ser acordes con los objetivos de las actividades de investigación con el fin de, en particular, maximizar la repercusión comercial y socioeconómica de la investigación, apoyar el objetivo del organismo público de investigación de atraer financiación privada para la investigación, mantener una posición en relación con la propiedad intelectual que permita proseguir la investigación académica y en colaboración, y no obstaculizar la difusión de los resultados de la actividad de I + D.

16.

Las cuestiones relacionadas con la PI deben exponerse claramente lo antes posible en el proyecto de investigación, a poder ser antes de que comience. Las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual son la asignación de la titularidad de la propiedad intelectual que se genera en el marco del proyecto (en lo sucesivo denominada «la información adquirida»), la determinación de la propiedad intelectual que poseen las partes antes de comenzar el proyecto (en lo sucesivo denominada «la información previa») y que es necesaria para la ejecución del proyecto o con fines de explotación, los derechos de acceso (3) a la información adquirida y la información previa a tal efecto y la distribución de los beneficios.

17.

En un proyecto de investigación en régimen de colaboración, la titularidad de la información adquirida debería corresponder a la parte que la ha generado, pero puede asignarse a las diferentes partes con arreglo a un acuerdo contractual celebrado previamente, en el que se recojan adecuadamente los respectivos intereses, las tareas y las contribuciones financieras o de otro tipo de las partes en el proyecto. En el caso de la investigación bajo contrato, la información adquirida generada por el organismo público de investigación es propiedad de la parte del sector privado. En cuanto a la información previa, el proyecto no debería afectar a su titularidad.

18.

Las partes deben exponer claramente los derechos de acceso (3) lo antes posible en el proyecto de investigación, a poder ser antes de que comience. Cuando sea necesario para la realización del proyecto de investigación, o para la explotación de la información adquirida de una parte, deberían concederse derechos de acceso a la información adquirida y la información previa de las otras partes, en condiciones que reflejen adecuadamente los respectivos intereses y tareas de las partes y su contribución financiera o de otro tipo al proyecto.

1.

La transferencia de conocimientos entre las universidades y la industria quedará determinada como prioridad política y operativa permanente de todos los órganos de financiación de la investigación pública en un Estado miembro, a nivel nacional y regional.

2.

El cometido será claramente competencia de un ministerio determinado, que se encargará de coordinar las iniciativas de promoción de la transferencia de conocimientos con otros ministerios.

3.

Cada ministerio y cada órgano de gobierno regional que llevare a cabo actividades de transferencia de conocimientos designará un funcionario responsable de supervisar su repercusión. Se reunirán periódicamente a fin de intercambiar información y estudiar las maneras de mejorar la transferencia de conocimientos.

4.

Se promoverá una gestión adecuada de la propiedad intelectual resultante de financiación pública que deberá ajustarse a unos principios establecidos que tengan en cuenta los intereses legítimos de la industria (por ejemplo, requisitos temporales de confidencialidad).

5.

La política de investigación promoverá la confianza en el sector privado para ayudar a determinar las necesidades tecnológicas y para promover la inversión privada en investigación y fomentar la explotación de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.

6.

Los organismos públicos de investigación y su personal dispondrán de unos recursos e incentivos suficientes para participar en actividades de transferencia de conocimientos.

7.

Se tomarán medidas para asegurar que los organismos públicos de investigación dispongan de personal debidamente formado (por ejemplo, expertos en transferencia de tecnologías) y para facilitar su contratación.

8.

Se constituirá una serie de modelos de contrato, así como un órgano de toma de decisiones que ayude a elegir el modelo más apropiado en función de una serie de parámetros.

9.

Antes de establecer nuevos mecanismos para promover la transferencia de conocimientos (como regímenes de movilidad o de financiación), se consultarán las agrupaciones de partes interesadas, y, en concreto, a las PYME, a las grandes empresas y a los organismos públicos de investigación.

10.

Se promoverá la puesta en común de los recursos entre los organismos públicos de investigación a nivel local o regional cuando estos no tengan una masa crítica de inversión en investigación que les permita disponer de su propia oficina de transferencia de conocimientos o de su propio gestor de la propiedad intelectual.

11.

Se lanzarán programas de apoyo a las empresas de investigación derivadas, que incluirán una formación en iniciativa empresarial y promoverán una marcada interacción entre los organismos públicos de investigación y las incubadoras locales, los organismos financieros y de apoyo empresarial, etc.

12.

Se ofrecerán fondos públicos para apoyar la transferencia de conocimientos y la participación de las empresas en los organismos públicos de investigación, incluida la contratación de expertos.

13.

A fin de promover la transferencia transnacional de conocimientos y de facilitar la cooperación con partes de otros países, el titular de la propiedad intelectual de la investigación financiada con fondos públicos quedará determinado mediante normas claras y esta información, junto con cualesquiera condiciones de financiación que puedan afectar a la transferencia de conocimientos, será fácilmente accesible. La propiedad institucional —frente al régimen de «privilegio de los profesores»— se considera en los organismos públicos de investigación de la mayoría de los Estados miembros de la UE el régimen jurídico por defecto para la titularidad de la propiedad intelectual.

14.

Cuando se suscriban acuerdos internacionales de investigación en régimen de cooperación, las condiciones relativas a los proyectos financiados con arreglo a los planes de ambos países concederán a todos los participantes derechos similares, especialmente en cuanto al acceso a los derechos de propiedad intelectual y a las consiguientes restricciones de utilización.

15.

Los órganos de financiación de la investigación pública pondrán en práctica el acceso abierto a las publicaciones científicas revisadas por pares resultantes de la investigación financiada con fondos públicos.

16.

Se promoverá el acceso abierto a los datos de la investigación de acuerdo con los Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding de la OCDE, teniendo en cuenta las restricciones vinculadas a la explotación comercial.

17.

En relación con las políticas de apertura del acceso, se destinarán fondos públicos al desarrollo de servicios de archivo para los resultados de la investigación (como bases de datos en Internet).

18.

Se implantarán los mecanismos necesarios para supervisar y revisar los progresos realizados por los organismos nacionales de investigación pública en actividades de transferencia de conocimientos, por ejemplo mediante informes anuales de estos diferentes organismos. Esta información, junto con el Código de buenas prácticas, se pondrá también a disposición de otros Estados miembros.