31.7.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 210/79

(1)

El Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (4), define el nuevo marco en el que se inscribe la actuación de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión y establece, en particular, los objetivos, los principios y las normas de cooperación, programación, evaluación y gestión. Resulta oportuno, por tanto, especificar la misión del Fondo de Cohesión en relación con el referido nuevo marco para su acción y con la finalidad que se le asigna en el Tratado, y, en aras de la claridad, derogar el Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión (5).

(2)

Los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión en el ámbito de las redes transeuropeas han de ajustarse a las orientaciones adoptadas en la materia por el Consejo y el Parlamento Europeo. A fin de concentrar el esfuerzo, debe concederse prioridad a los proyectos de interés común, según se definen en la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (6).

(3)

La Comunidad puede contribuir, a través del Fondo de Cohesión, a aquellas medidas que persigan los objetivos de la Comunidad en materia de medio ambiente previstos en los artículos 6 y 174 del Tratado.

(4)

De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1083/2006, las normas sobre la subvencionabilidad de los gastos deben determinarse a escala nacional, con algunas excepciones, respecto de las cuales es preciso establecer normas específicas. Procede, por tanto, establecer normas específicas para precisar las excepciones en lo que respecta al Fondo de Cohesión.

(5)

Las normas de condicionalidad que regulan la concesión de ayuda financiera continuarán aplicándose teniendo en cuenta asimismo el cumplimiento de los criterios de convergencia económica establecidos en el artículo 99 del Tratado, y atendiendo a la necesidad de disponer de una hacienda pública saneada. A este respecto, los Estados miembros que hayan adoptado el euro deben aplicar programas de estabilidad, y los Estados que no hayan adoptado el euro, programas de convergencia, según se definen en el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (7), de forma que se eviten los déficit públicos excesivos a que se refiere el artículo 104 del Tratado. Las normas de condicionalidad no deben sin embargo aplicarse a los compromisos que ya hayan sido contraídos en el momento de la suspensión.

a)

redes transeuropeas de transporte, y en particular los proyectos prioritarios de interés europeo definidos en la Decisión no 1692/96/CE;

b)

medio ambiente, en actuaciones que se inscriban en el marco de las prioridades asignadas a la política comunitaria de protección del medio ambiente, en virtud del programa de política y actuación en materia de medio ambiente. En este contexto, también podrán concederse ayudas del Fondo en ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible que presenten beneficios claros para el medio ambiente, como la eficiencia energética y las energías renovables y, por cuanto se refiere a los transportes que no formen parte de las redes transeuropeas, el transporte ferroviario, fluvial y marítimo, los sistemas intermodales de transporte y su interoperabilidad, la gestión del tráfico marítimo, aéreo y por carretera, el transporte urbano limpio y el transporte público.

a)

intereses deudores;

b)

adquisición de terrenos por importe superior al 10 % del gasto total subvencionable de la operación considerada;

c)

vivienda;

d)

desmantelamiento de centrales nucleares, así como

e)

impuesto sobre el valor añadido recuperable.

a)

en caso de que el Consejo haya decidido, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, apartado 6, del Tratado, que existe un déficit público excesivo en un Estado miembro beneficiario, y

b)

haya comprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, apartado 8, del Tratado, que el Estado miembro de que se trate no ha seguido efectivamente las recomendaciones formuladas por el Consejo a tenor de lo establecido en el apartado 7 de ese mismo artículo,